sábado 25 de febrero de 2017
OPINIÓN
EL GOBIERNO PROMULGÓ Y REGLAMENTÓ LA NUEVA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
A la medida de los intereses empresarios
La normativa que ayer entró en vigencia restringe las posibilidades de que los trabajadores inicien acciones legales imponiendo una instancia médica administrativa obligatoria. Advierten que la normativa es inconstitucional y que lesiona derechos de los trabajadores.
La Casa Rosada promulgó y reglamentó la nueva ley de Riesgos del Trabajo. El diagnóstico compartido entre el gobierno, las empresas y las aseguradoras sostiene que el principal problema del sistema es la elevada cantidad de demandas por accidentes y enfermedades laborales. La normativa que ayer entró en vigencia restringe las posibilidades de que los trabajadores inicien acciones legales imponiendo una instancia médica administrativa obligatoria. Con la nueva legislación recién después de que un caso sea evaluado por una Comisión Médica, el trabajador afectado podrá iniciar un recurso legal. Distintos colectivos de abogados defensores advierten que la normativa es inconstitucional y que lesiona los derechos de los trabajadores. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo sostiene que los cambios acelerarán los plazos para que los afectados reciban una reparación sin afectar la sustentabilidad de las ART. A contramano de la evidencia empírica, en la cartera laboral consideran que la iniciativa promoverá la creación de empleo ya que reduce los costos de las empresas.
Las Comisiones Médicas obligatorias formaron parte del esquema creado en la reforma de 1995 en pleno auge neoliberal pero, tras ser declaradas inconstitucionales, pasaron a ser un procedimiento opcional en 2004. Desde la perspectiva de organizaciones como la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), la reposición de esa instancia administrativa lesiona el derecho de acceso a la justicia y hace que el Estado argentino incurra en responsabilidad internacional. Quienes sostienen esa posición advierten que las causas de los juicios residen en las bajas reparaciones ofrecidas, el reducido listado de dolencias contempladas, el restrictivo mecanismo para reconocer la existencia de una enfermedad profesional, las altas médicas apresuradas, la negativa de las ART a cubrir reagravaciones y, fundamentalmente, la ausencia de prevención y seguridad laboral. Ninguno de esos elementos, enfatizan en la AAL, es abordado por la ley promulgada ayer donde solamente se tapona la posibilidad de iniciar acciones legales. En sintonía, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia solicitando la "inconstitucionalidad" de los principales artículos de la ley.
A finales de enero, previo a la sanción en la Cámara de Diputados de la semana pasada, el Poder Ejecutivo había determinado implementar las reformas que ya tenían el visto bueno del Senado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Ese decreto estuvo vigente hasta ayer y ya recibió cuestionamientos en la justicia. En una demanda puntual iniciada por una trabajadora accidentada, el miércoles pasado el titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº41 dictó la inconstitucionalidad del primer artículo del DNU que es idéntico al que figura en la ley. Esa decisión no es extensiva a todos los casos sino que dependerá de la interpretación de cada juez.
"La ley nos retrotrae a 1995. La obligatoriedad de las Comisiones médicas fue declarada inconstitucional pero la nueva normativa intenta revestirlas de legalidad proponiendo que las provincias adhieran. Le quita la posibilidad de ser oídos ante los jueces naturales, un magistrado especializado laboral. Afecta el acceso a la justicia. A partid de la reforma, médicos resolverán cuestiones propias de competencia jurisdiccional para lo cual hay que estar especializado. Por más que son expertos en arte de curar no están capacitados para determinar la existencia de un accidente de trabajo", consideró María Paula Lozano, secretaria general de la AAL.
Además de los cuestionamientos a su carácter restrictivo, la escala obligatoria en las comisiones médicas representará un desafío para el sistema y una carga adicional para los asalariados accidentados y enfermos. Hoy existen solo 35 comisiones médicas y 1 comisión central. En 16 de 24 provincias sólo funciona una oficina. Esa situación determina que los trabajadores se encontrarán obligados a recorrer cientos de kilómetros para reclamar por sus derechos. Las dos jurisdicciones con más comisiones médicas son CABA, con 11, y Buenos Aires, con 5. Con la reforma, esas entidades deben asumir las tareas de 70 tribunales de trabajo bonaerenses y 80 juzgados en la Ciudad que, hasta ayer, no resultaban suficientes. En la SRT sostienen que se abrirán 9 nuevas comisiones en el conurbano de las cuales 2 se abrirán en marzo. "El año pasado se puso en practica un programa de fortalecimiento de las comisiones médicas que comprende la adecuación de espacios físicos y, en algunos casos su relocalización", expresan desde la SRT.
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