jueves 20 de abril de 2017
El plan de Macri para los trabajadores: 1 millón de despidos y flexibilización
Por DÉBORA ASCENCIO
La flexibilización laboral es central en el proyecto económico que el gobierno de Mauricio Macri pretende instaurar. El "trazo grueso" se llevó a cabo en 2016, con 230 mil despidos y suspensiones, y la abrupta caída del salario real. La "sintonía fina" de la flexibilización pretende inaugurarse en 2017 y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela en su último informe los tres ataques que tienen listo Macri y el ministro Triaca contra los trabajadores, incluida la reducción de 1 millón de puestos de trabajo en las ramas industriales del calzado, textil, electrónica y muebles.
El plan es claro y preciso: recortes en los derechos laborales adquiridos con el pretexto de la "adecuación de los convenios colectivos de trabajo a la "nueva etapa" (como es el caso testigo de los trabajadores de Vaca Muerta, que pretende aplicarse en otras ramas de la industria), la aplicación de "cláusulas gatillo" y la "reconversión productiva", eufemismo expresado en el Plan Productivo Nacional para la destrucción planificada del empleo industrial en ramas que son fuertemente dependientes del mercado interno y pasar de lleno a un modelo que concentra en la capacidad exportadora el motor de la demanda. El salario es concebido como un costo laboral para las empresas, con consecuencias negativas en el nivel de empleo, el salario real y el nivel de vida del conjunto de los trabajadores. En síntesis, una estrategia que tiene como horizonte la flexibilización laboral.
1. La reconversión productiva significa desempleo
El "Plan Productivo Nacional" elaborado por el Ministerio de Trabajo en 2016, diagnostica la situación industrial argentina y expone un recorrido donde es posible identificar las principales medidas económicas que actualmente afectan a la industria nacional. En materia laboral, el Plan plantea la "reconversión industrial", con precisiones sobre la destrucción del empleo "excedente" en determinadas ramas de la industria, pero sin establecer la creación de puestos de trabajo alternativos. La promesa de la creación "genuina" de los 900 mil puestos de trabajo de la meta anterior duerme junto a la eliminación del impuesto a las ganancias.
Bajo la premisa de que determinados sectores de actividad no son competitivos a nivel internacional, la propuesta de Cambiemos radica en reducir la economía a los sectores que pueden competir a precios internacionales, cuestionando la protección comercial característica del Gobierno anterior que buscaba preservar el empleo y el mercado interno.
La mira del Gobierno apunta a 4 actividades que sufrirán los mayores ajustes: calzado, textiles, electrónica y muebles. Se agregan las ramas "latentes": automotriz y autopartes, maquinaria agrícola y medicamentos.
El Plan propone lograr un aumento de la productividad a los fines de alcanzar precios competitivos internacionalmente. Para ello, se plantea la reducción del 50% del personal (poniendo en puerta de salida a un millón de empleos) manteniendo los niveles de producción.
La gráfica anterior resulta particularmente ilustrativa del mecanismo de aumento de la productividad según Cambiemos. Allí, se plantea la reconversión laboral asociada directamente a la desocupación. Por un lado, esta reconversión significa el 20% del empleo industrial, es decir, 2 puntos en el desempleo. Por otro lado, se cuantifica la cantidad de empleados "en exceso": el 31% de los empleos de los sectores debe "reconvertirse" (255.000 trabajadores) a lo que es necesario sumarles el 38% de los sectores "latentes" (109.000 trabajadores). Si consideramos que desde noviembre de 2015 la industria manufacturera expulsó 52 mil trabajadores, es posible estimar en 312 mil los puestos de trabajo del sector que aún "exceden" el nivel esperado por el Gobierno.
2. Recorte de derechos laborales: el caso de Vaca Muerta
El Presidente Mauricio Macri ha sostenido en numerosas oportunidades la necesidad de rediscutir los convenios colectivos y "adecuarlos a la etapa". En este sentido, a raíz de la baja en el precio del petróleo, el Gobierno avanzó en un acuerdo con el sindicato petrolero que implica una "reducción del gasto" de las petroleras y la flexibilización de los contratos laborales. Entre las principales modificaciones se destacan: un nuevo régimen de jornada de trabajo, un nuevo régimen de descanso y rotaciones, la suspensión del pago de "horas taxis", la incorporación de la posibilidad de realizar operaciones simultáneas para ahorrar tiempo, aumento de la tolerancia para operar con fuertes vientos, entre otras. La estrategia radica en disminuir el salario real sin discutirlo en paritarias, eliminando elementos referidos a derechos y condiciones laborales conquistados en los últimos años.
Tal como anunció Mauricio Macri en Córdoba junto al Gobernador, y ha sostenido en otras oportunidades el Ministro de Trabajo, el Gobierno se propone avanzar en este tipo de convenios en la industria automotriz, la construcción, la industria textil y del calzado.
3. Las cláusulas gatillo
El impulso por parte del Gobierno para firmar cláusulas gatillo trajo aparejadas, por un lado, la escasa probabilidad de que la paritaria se reabra en el caso de que la inflación supere el porcentaje acordado y; por otro lado, las dudas con respecto a la validez de un indicador para dar cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del salario.
En relación a lo primero, el antecedente más cercano de aplicación de este mecanismo remite a la Asociación Bancaria (en abril de 2016) que acordó un 33% de aumento sumado a la denominada cláusula. Sin embargo, los bancarios tuvieron que realizar paros para reabrir la paritaria logrando la renegociación y fue el propio Ministerio de Trabajo quién boicoteó el acuerdo para evitar la discusión paritaria en otros sectores que pretendieran recomponer la pérdida de poder adquisitivo.
En relación a lo segundo, el hecho de atar la actualización paritaria a un indicador implica validarlo como representativo de la variación del poder adquisitivo y existen, según CEPA, una serie de factores que permiten poner en duda el IPC (Índice de Precios al Consumidor) calculado por el INDEC como criterio válido para dar cuenta de la pérdida de poder adquisitivo: la utilización de ponderadores de la ENGHO 2005, que difícilmente refleje las pautas de consumo actuales; variación de algunos precios cuyo peso en la elaboración del IPC resultan llamativos, entre otros.
@DeboraAscencio
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