lunes 10 de abril de 2017
El oficialismo buscará cerrar acuerdos salariales con los gremios más dialoguistas y así debiliar a los que quieren profundizar el plan de lucha...
Por Pablo Galand
Cuando aún resuenan los ecos de las acusaciones cruzadas, el Gobierno y los dirigentes sindicales de la CGT comienzan a reconstruir la relación, tras el paro nacional del jueves pasado. La estrategia oficial de radicalizar el discurso, acorde con su idea de polarizar al electorado, deterioró los canales de diálogo que nunca llegaron a cortarse con un sector de la central obrera.
Nada bien cayó en la previa a la huelga del 6 de abril la caracterización de "mafiosos" hecha por Mauricio Macri en las narices de dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Tampoco ayudó al sector más político del Gobierno, encabezado por el ministro de Interior Rogelio Frigerio, quien trabajosamente sigue alimentando el vínculo precisamente con estos dos dirigentes.
De todos modos, más allá del chisporroteo verbal, en la Rosada confían que a partir de este grupo de dirigentes comenzará a reconstruirse el ámbito de convivencia que se había inaugurado durante todo el año pasado.
Claro que tras el paro del 6 de abril ya nada sigue siendo igual. En este nuevo escenario, la intención del Gobierno ahora es la de retomar el diálogo y las negociaciones con los sectores conocidos como los "gordos" y los "independientes" – cuya característica principal es la de posicionarse como dialoguistas con todos los gobiernos – y a partir de allí aislar el poder de daño que pueden llegar a ocasionar sindicatos más combativos, como en estos momentos se muestran la UOM, Camioneros y la Bancaria.
"La Mesa de Diálogo Social no va a volver", afirman desde la Casa Rosada. Se trata de una instancia que nunca convenció al propio Macri y que trajo más fracasos que éxitos durante la corta duración que tuvo el año pasado. "Lo que se acuerda nadie lo cumple y los que terminamos pagando el costo político somos nosotros", completa la fuente gubernamental.
El camino que sí el Gobierno buscará transitar e intensificar es el de los acuerdos sectoriales. En el entorno del Presidente entienden que esta metodología tiene un doble beneficio. Por un lado, crea condiciones favorables para la inversión y garantiza la estabilidad laboral. Por el otro, destraba la conflictividad social.
Como fruto de las negociaciones subterráneas que el Gobierno mantuvo aun en los momentos de mayor beligerancia, en la Rosada confían que en no más de dos semanas cerrarán acuerdos con gremios de peso y dentro de los parámetros deseados. Concretamente, hablan de los estatales de UPCN y de los trabajadores de la construcción. Se trata de dos organizaciones no sólo importantes por su número de afiliados, sino porque también juegan un rol clave en la interna política de la CGT.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, viene negociando con Rodríguez, de UPCN un acuerdo salarial que ronde el 20% más un plus por productividad. La idea es que cada dependencia estatal establezca una serie de objetivos y, de cumplirlos, el Estado pagará una suma que sería similar a la de un medio aguinaldo. En el Gobierno aseguran que las conversaciones están avanzadas.
Con respecto a la UOCRA, quien mantiene el diálogo desde el Gobierno es Rogelio Frigerio, el hombre del gabinete nacional que administra la obra pública. Bajo su gestión se cerró esta semana un acuerdo tripartito para reactivar la construcción.
En esos encuentros se avanzó también en la paritaria de este año. De las charlas, cerca de Frigerio indican que es posible cerrar un aumento que no supere el 20%, sazonado con una cláusula gatillo que actualiza el salario según el índice inflacionario. A la hora de ampliar el abanico de acuerdos, el ministro de Transporte, Guillermo Diretrich, tiene la tarea de cerrar con los ferroviarios de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria y los colectiveros de la UTA.
Con ese plan de máxima, en el Gobierno consideran que, logrado ese fin, los gremios más combativos quedarán aislados y sin margen de acción como para empujar al resto de la CGT hacia una profundización del plan de lucha. Con esas herramientas y rogando con que más temprano que tarde la economía de muestras concretas de reactivación, en la Rosada confían que alcance para que el paro del jueves haya sido el punto más alto de conflictividad con el movimiento obrero y no su punto de inicio.
Nada bien cayó en la previa a la huelga del 6 de abril la caracterización de "mafiosos" hecha por Mauricio Macri en las narices de dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Tampoco ayudó al sector más político del Gobierno, encabezado por el ministro de Interior Rogelio Frigerio, quien trabajosamente sigue alimentando el vínculo precisamente con estos dos dirigentes.
De todos modos, más allá del chisporroteo verbal, en la Rosada confían que a partir de este grupo de dirigentes comenzará a reconstruirse el ámbito de convivencia que se había inaugurado durante todo el año pasado.
Claro que tras el paro del 6 de abril ya nada sigue siendo igual. En este nuevo escenario, la intención del Gobierno ahora es la de retomar el diálogo y las negociaciones con los sectores conocidos como los "gordos" y los "independientes" – cuya característica principal es la de posicionarse como dialoguistas con todos los gobiernos – y a partir de allí aislar el poder de daño que pueden llegar a ocasionar sindicatos más combativos, como en estos momentos se muestran la UOM, Camioneros y la Bancaria.
"La Mesa de Diálogo Social no va a volver", afirman desde la Casa Rosada. Se trata de una instancia que nunca convenció al propio Macri y que trajo más fracasos que éxitos durante la corta duración que tuvo el año pasado. "Lo que se acuerda nadie lo cumple y los que terminamos pagando el costo político somos nosotros", completa la fuente gubernamental.
El camino que sí el Gobierno buscará transitar e intensificar es el de los acuerdos sectoriales. En el entorno del Presidente entienden que esta metodología tiene un doble beneficio. Por un lado, crea condiciones favorables para la inversión y garantiza la estabilidad laboral. Por el otro, destraba la conflictividad social.
Como fruto de las negociaciones subterráneas que el Gobierno mantuvo aun en los momentos de mayor beligerancia, en la Rosada confían que en no más de dos semanas cerrarán acuerdos con gremios de peso y dentro de los parámetros deseados. Concretamente, hablan de los estatales de UPCN y de los trabajadores de la construcción. Se trata de dos organizaciones no sólo importantes por su número de afiliados, sino porque también juegan un rol clave en la interna política de la CGT.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, viene negociando con Rodríguez, de UPCN un acuerdo salarial que ronde el 20% más un plus por productividad. La idea es que cada dependencia estatal establezca una serie de objetivos y, de cumplirlos, el Estado pagará una suma que sería similar a la de un medio aguinaldo. En el Gobierno aseguran que las conversaciones están avanzadas.
Con respecto a la UOCRA, quien mantiene el diálogo desde el Gobierno es Rogelio Frigerio, el hombre del gabinete nacional que administra la obra pública. Bajo su gestión se cerró esta semana un acuerdo tripartito para reactivar la construcción.
En esos encuentros se avanzó también en la paritaria de este año. De las charlas, cerca de Frigerio indican que es posible cerrar un aumento que no supere el 20%, sazonado con una cláusula gatillo que actualiza el salario según el índice inflacionario. A la hora de ampliar el abanico de acuerdos, el ministro de Transporte, Guillermo Diretrich, tiene la tarea de cerrar con los ferroviarios de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria y los colectiveros de la UTA.
Con ese plan de máxima, en el Gobierno consideran que, logrado ese fin, los gremios más combativos quedarán aislados y sin margen de acción como para empujar al resto de la CGT hacia una profundización del plan de lucha. Con esas herramientas y rogando con que más temprano que tarde la economía de muestras concretas de reactivación, en la Rosada confían que alcance para que el paro del jueves haya sido el punto más alto de conflictividad con el movimiento obrero y no su punto de inicio.
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