domingo 16 de abril de 2017El país
La vanguardia radical
Por Horacio Verbitsky
La escalada represiva se inició en Jujuy, con la detención arbitraria e ilegal de Milagro Sala, por acampar frente a la casa de gobierno, en demanda de una audiencia con Gerardo Morales para peticionar la continuidad de los planes de construcción de viviendas. Ernesto Sánz aclaró en un reportaje que defendería a su amigo Morales: está mal detener a alguien por protestar, pero si Morales no lo hubiera hecho no habría podido gobernar. Luego se iniciaron otras causas por corrupción que justifican privarla de su libertad, agregó. El caso está ahora a consideración de la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente, Ricardo Lorenzetti coquetea con la perversa idea de conceder la prisión domiciliaria, a la creadora de la organización barrial Túpac Amaru (que no la pidió ni la acepta) y al mismo tiempo a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad. La semana pasada, la Corte remitió los peritajes sobre la salud de Milagro Sala elaborados por el Servicio Penitenciario de Jujuy y por el Cuerpo Médico Forense de la propia Corte "a los jueces a cuya disposición se encuentra detenida la nombrada, a los efectos que pudiere corresponder", un gesto parecido al de lavarse las manos y que incluye un grave riesgo: el secretario de seguridad de Morales ya amenazó a Milagro con internarla y doparla, un tratamiento propio de la psiquiatría soviética.
Fuentes de la Corte Suprema afirman que el psiquiatra Leonardo Ghioldi recomendó la designación de un acompañante terapéutico, un psiquiatra y un asistente social, pero de ninguna manera la internación. Y hasta eso sería innecesario si el gobierno provincial dejara de hostigar en forma cotidiana a Milagro, con provocaciones de funcionarios, guardiacárceles e internas, traslados constantes con un despliegue espectacular como si se tratara del Chapo Guzman, la permanente presentación de nuevas denuncias y la difusión de cada novedad procesal como si constituyera la prueba de gravísimos delitos.
Esta semana, Morales subió un nuevo escalón, con el ingreso de su policía al campus de la Universidad Nacional de Jujuy, donde maltrató y se llevó detenidos a dos dirigentes estudiantiles. En su descargo posterior ante el estupor que causó esta violación a la autonomía universitaria, utilizó un argumento muy similar al del gobierno porteño hacia los docentes: la policía habría constatado una contravención municipal, una fiesta no autorizada, con música fuerte que molestaba a los vecinos y excesivo consumo de alcohol. El mismo Código Contravencional por el cual Milagro Sala fue despojada de sus derechos civiles y políticos durante lo que resta del mandato de Morales, se utiliza ahora para justificar la violación de la ley nacional que prohíbe a la policía ingresar a las casas de altos estudios.
Entre el aluvión de repudios, los organismos de derechos humanos de Jujuy dijeron que no se trata de un hecho aislado, sino de una continuidad en el accionar de un gobierno provincial que con audaz hipocresía se llena la boca de frases marketineras pero que en la práctica no respeta el derecho a la Libertad de las Personas, a la Libertad de Expresión, a la Huelga. "La autonomía Universitaria tiene rango Constitucional expreso, en el artículo 75, inciso 19, y es producto de una larga lucha, en la que ha participado históricamente la UCR y que este Gobierno destruye como tantos otros logros populares con su accionar claramente de derecha". Los organismos anunciaron que denunciarán penalmente la Privación Ilegítima de la Libertad de los compañeros detenidos y que lo harán en el fuero Federal, "no sólo por la competencia territorial, sino por la falta de independencia del Poder Judicial de Jujuy, luego de la modificación de la conformación del Superior Tribunal por decisión del Gobernador y que en su nueva conformación cuenta con cuatro ex diputados radicales".
Los organismos también denunciaron que el dirigente estudiantil Joaquín Quispe fue sometido a un intento de ahorcamiento, lo tiraron al piso y lo dejaron desabrigado a la intemperie. Un video muestra el momento en que Quispe, que tiene la contextura de un jockey es reducido en forma violenta por varios fornidos policías, a los que en vano advierte que lo están lastimando. Pese a ello, el gobierno provincial negó que la policía haya ingresado a la Universidad sino que "desde la calle hizo comparecer a dos hombres de 20 y 28 años que presentaban signos de ingesta de bebidas alcohólicas".
Una falsedad sobre otra. Pero al cruzar esta raya Morales entró en problemas con su propio partido, que tiene en las universidades nacionales un semillero de cuadros y una cantera de recursos. Con tres días de demora, pidió disculpas y dijo que como ex militante de Franja Morada le avergonzaba que esto hubiera ocurrido durante su gobierno. Lo que no hizo fue reflexionar sobre el contexto que estimula estos desbordes. Las fuerzas policiales no entienden las sutilezas, sólo leen las grandes líneas del discurso político. Y el de Morales, como el de Macrì, habilita para la brutalidad y el atropello.
La Túpac Amaru fue demonizada también en Mendoza, con la detención de su dirigente Nélida Rojas, su esposo y sus dos hijas, por la denuncia de una persona a la que no le otorgaron una vivienda, la usurpó y fue desalojada. Para esto volvió a emplearse la figura chicle de la asociación ilícita, sumada a la de extorsión. Gobernada como Jujuy por la UCR, Mendoza convierte en delito la asociación cooperativa con fines lícitos y considera que las condiciones generales que deben aceptarse voluntariamente para ingresar a las cooperativas de vivienda (pagar una cuota mensual, concurrir a marchas y actividades políticas, realizar ocho horas mensuales de trabajo en los barrios) constituyen una intimidación extorsiva.
En su campaña electoral el gobernador Alfredo Cornejo prometió perseguir a los delincuentes "hasta sus ratoneras" y postuló que debían permanecer detenidas hasta el juicio oral, aboliendo así la presunción de inocencia.
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