martes 11 de abril de 2017
El femicidio de Micaela
OPINIÓN
Las consecuencias de jugar en baja política
Por Eugenio Raúl Zaffaroni
No quiero adjetivar, sino sólo describir, pero es difícil no hacerlo. Creo que toda persona sensata estaría de acuerdo en que la política debe tener algún límite ético y, fundamentalmente, que no se puede jugar con la vida humana. Transgredir ese límite es grave y alimenta la antipolítica que, como sabemos, es el preámbulo de cualquier aventura irresponsable.
Es sabido que hay algunos – por suerte pocos – psicópatas sexuales, pero los hay. Las leyes deben hacerse cargo de estos casos, muy excepcionales, pero reales. Al mismo tiempo, debe evitar que cualquier previsión al respecto sirva para marcar como tales a los que no lo son, por más que hayan cometido delitos y, por ende, deban cumplir la pena que merecen.
En el anteproyecto de código penal de 2014, la comisión redactora propuso el siguiente texto: "Artículo 18. ... inciso 4º. En todos los casos serán circunstancias de máxima gravedad: ... b) La inusitada crueldad del medio utilizado o del modo de comisión, o la vulnerabilidad de la víctima, en hechos contra la vida, la integridad física, la libertad o la integridad o libertad sexual".
Para estos supuestos de máxima gravedad el artículo 31 del anteproyecto propuso lo siguiente: "Cuando se trate de penas mayores de tres años impuestas ... en razón de las circunstancias establecidas en el inciso 4 del artículo 18, deberá requerirse opinión fundada del Ministerio Público. En estos supuestos, el juez sólo podrá disponer el reemplazo, previo informe de tres peritos como mínimo, designados por el juez, y propuestos por el propio juez, el Ministerio Público y la universidad nacional más cercana".
No se puede comparar un informe administrativo de cualquier servicio penitenciario con un peritaje judicial, donde los peritos asumen una responsabilidad igual a la de los testigos, deben responder detalladamente y dar razón bien fundada de sus dichos y de los procedimientos utilizados.
Un peritaje en equipo como el propuesto no se compara con una simple opinión en que muchas veces no se mencionan los fundamentos, las horas de trabajo con el preso, los tests utilizados, el estudio biográfico, etc., elementos todos necesarios para establecer dentro de las humanas posibilidades el máximo de probabilidad posible acerca de una conducta futura o respecto de una patología.
Consideró la Comisión que era importante establecer esto en el Código Penal, para que rigiera por igual en toda la República y no quedase librado a reglamentaciones o previsiones procesales provinciales.
De haberse sancionado esa previsión, hubiese sido casi imposible que la muerte de la muchacha que hoy lamentamos se hubiese producido.
Desgraciadamente, la inescrupulosa maniobra política que hizo que un irresponsable se instalase como candidato, con el apoyo de toda la parafernalia del monopolio mediático hoy oficialista, no sólo impidió la sanción sino incluso la discusión de este y de otros dispositivos importantes como prevención de hechos de esta naturaleza, en reemplazo de la absurda "reincidencia" vigente, para la cual parece que es lo mismo librar un cheque sin fondos que violar a una mujer o matar a un semejante.
Ante el engaño a la opinión pública orquestado en ese momento, fue penoso que incluso algún partido desautorizase al propio jurista respetable y de prestigio que intervino activa y positivamente en la Comisión.
Hoy lamentamos una víctima más y, para colmo, se sigue engañando. Más allá de si el juez actuó bien o mal, no es posible negar el hueco legislativo y, por ende, la responsabilidad de ciertos políticos inescrupulosos, de otros timoratos y amedrentados y del monopolio mediático hoy oficialista.
Si de "causalidades" hablamos, que cada cual revise su propia conciencia: hay una muerte y no sirve que traten de eludir responsabilidades con injurias y difamaciones, pues la conciencia de cada uno sabe que éstas no redimen de los pecados.
Por más que peguen aullidos insultantes, no podrán disimular una verdad que quedará marcada en la historia: si no se hubiese jugado en baja política para invalidar una obra legislativa que preveía el caso y extremaba el cuidado, con previsiones extendidas a toda la República, es casi seguro que hoy no habría que llorar una muerte inocente.
* Profesor emérito de la UBA
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