miércoles, 1 de febrero de 2017

¿Borrando huellas?: una resolución permite eliminar documentos del Poder Ejecutivo

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miércoles 1º de febrero de 2017




¿Borrando huellas?: una resolución permite eliminar documentos del Poder Ejecutivo


La disposición surgió del Ministerio de Modernización y puso en alerta a los especialistas. Para la asociación de historiadores, "puede afectar el control ciudadano de los actos de gobierno".
¿Borrando huellas?: una resolución permite eliminar documentos del Poder Ejecutivo
¿Borrando huellas?: una resolución permite eliminar documentos del Poder Ejecutivo


El registro de los actos de gobierno es uno de los pilares del sistema democrático. Sin embargo, una medida tomada recientemente por la actual administración puede ponerla en riesgo.

En ese sentido, un comunicado emitido por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) advierte sobre la "preocupación" que genera la resolución 44/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización de la Nación. La norma en cuestión, según la AsAHI, no garantiza la preservación de los documentos generados por el Poder Ejecutivo Nacional y habilita su eliminación.

La resolución de la cartera que conduce Andrés Ibarra salió publicada el 2 de enero último en el Boletín Oficial. La asociación de historiadores expresó que la medida "no asegura la integridad física ni la preservación electrónica, es decir ni la autenticidad ni la recuperabilidad de los documentos generados por el Poder Ejecutivo".

Los expertos apuntaron directamente a los artículos 8 y 9 de la citada resolución. En ellos, manifestaron,  se modifica la competencia del Archivo General de la Nación "para establecer qué documentación posee valor histórico y, por lo tanto, debe destinarse a guarda permanente. Esta atribución queda librada a autoridades administrativas y no especializadas, quienes podrán determinar qué documentos serán enviados al Archivo para ser conservados y cuáles, aun entre los digitalizados, pueden eliminarse vencidos sus plazos administrativos".

La Asaih solicitó al Gobierno que "deje sin efecto o modifique" los artículos mencionados. Caso contrario, el procedimiento "dejaría en manos no idóneas el destino de información potencialmente útil para la labor de los futuros historiadores" y "puede afectar el control ciudadano de los actos de gobierno". Por último, destacaron que la nueva normativa entra en contradicción con reglamentación previa y de mayor jerarquía.






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