La Tecl@ Eñe
Editor/Director: Conrado Yasenza
martes 06 de diciembre de 2016
Cuál es la situación actual del Estado Argentino, qué diferencia existe entre la división de poderes y la separación de funciones en el Estado; qué presiones ejerce el monopolio mediático sobre políticos y jueces, y cómo la existencia de ese monopolio pone en serio riesgo el Estado de Derecho que resulta malherido con la arbitraria detención de Milagro Sala. Raúl. E. Zaffaroni analiza en esta nota las aberraciones jurídicas de un tiempo de revanchismo político.
Del Estado de Derecho al Estado de Policía
Por E. Raúl Zaffaroni *
(especial para La Tecl@ Eñe)
Los Estados de Derecho reales o históricos nunca son perfectos, puesto que el modelo ideal en que todos los habitantes sean iguales ante la ley, que no haya nadie que no sea en la práctica tratado como persona y que todos estemos por igual sometidos a la ley, directamente no existe. Se trata de algo así como una figura geométrica que permite valorar si el objeto real se aparta mucho o poco del modelo ideal.
Es así que, en el arco que va desde imperfecciones más o menos corrientes e inevitables hasta la degradación total en Estado de policía (en que todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda), reconoce diferentes intensidades de apartamiento del modelo.
¿Cuál sería la situación actual del Estado Argentino? Creemos que se trata de un apartamiento notorio del modelo ideal, que permite señalar casi una situación de excepción, debido a un marcado deterioro institucional.
Superficialmente se podría objetar que no se respeta la división de poderes, pero en verdad, en el Estado no hay división de poderes, porque el poder del Estado es único, pero debe haber separación de funciones, para que opere un sistema de pesos y contrapesos que impida que un Poder y, menos aún, una persona, ejerza todo el poder sin control, que es el extremo del Estado de policía, en que desaparece el de Derecho.
En principio, es más que dudoso que hoy se respete la separación de funciones en el Estado, puesto que el reparto de la coparticipación en manos del Ejecutivo unipersonal permite presionar a los gobernadores para que éstos operen sobre los legisladores nacionales de sus provincias, en forma que voten los proyectos del Ejecutivo en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con lo cual el Ejecutivo puede manipular al Legislativo.
A su vez, la presión sobre el Senado permite que el Ejecutivo obtenga el acuerdo para los jueces que quiera proponer, eligiendo a los más amigos o menos peligrosos para sus objetivos, de las ternas que le remita el Consejo de la Magistratura. De esta forma incide en el Judicial, sin contar con otro tipo de operaciones con los jueces dispuestos a partidizarse.
El monopolio mediático -que de momento es oficialista- da lugar a un discurso único que, como es de sobra sabido, no es justamente propio de las democracias, sino de los autoritarismos y totalitarismos. Mientras se conserve oficialista permitirá amedrentar a políticos y jueces, con la amenaza de linchamientos televisivos llevados a cabo por sus conocidos ventrílocuos.
De esta nefasta combinación resulta que el principio del Estado de Derecho (que también es el republicano) sale maltrecho. Si a eso sumamos un gobernador que se atribuye el ejercicio de la función judicial declarando a esta mujer no la voy a soltar (en el caso de Milagro Sala), nos hallamos con una provincia que no asegura su administración de justicia, en abierta violación al artículo 5º constitucional, lo que en un Estado de Derecho daría lugar a la intervención federal del artículo 6º, para garantir la forma republicana de gobierno, hipótesis hoy políticamente imposible.
Si a ello agregamos que el Ejecutivo Nacional justifica la permanencia en prisión de una persona sólo porque la mayoría de la gente cree que es autora de muchos delitos, cuando sabemos que esta es la versión del monopolio mediático hasta ahora oficialista, llegamos a la conclusión de que si ese monopolio difunde que cualquier ciudadano es autor de numerosos delitos, queda expedita la vía para su prisión preventiva efectiva por tiempo indeterminado.
No podemos dejar de observar que vivimos una etapa de revancha política arbitraria que no se vio nunca desde 1983 hasta la fecha, y que no repara en aberraciones jurídicas: se habla de traición a la Patria pasando por sobre la garantía del art. 119 de la Constitución, se esgrime generosamente el tipo anormal de asociación ilícita, se clonan causas penales, se procura humillar a los imputados, se lanzan sospechas para generar auditorías desde el Ministerio Público que involucran a todos los rectores universitarios del país, descaradamente se quiso destituir a la Procuradora General, se intentó nombrar dos ministros de la Corte Suprema por decreto, se rechazan reclamos internacionales invocando el federalismo, y un largo etcétera.
Todo eso y mucho más, que nos coloca en el límite del deterioro hacia el Estado de policía, se comete con la soberbia propia de quien cree que el poder es eterno, porque se ha perdido la más elemental moderación, que al menos exige que quien haga algo se asegure de no abrir el camino para que en el futuro otro lo ahorque con la misma soga, o sea, que la arbitrariedad de hoy no opere como boomerang dentro de un tiempo. Veamos un claro ejemplo de esta total pérdida de límites.
Se procesa a Cristina por supuesta infracción al inciso 7º del art. 173 del código penal, que pena al que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar un daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos.
Esta figura se copió de Alemania, donde se llama infidelidad o deslealtad, y donde nunca se pensó en aplicarla a medidas políticas o de gobierno, porque claramente es un delito contra la propiedad. Los alemanes no son tontos: no se cortan tocando el hacha.
Aquí no faltaron los genios que procesan a Cristina, con beneplácito del oficialismo y de los ventrílocuos del monopolio hoy aún oficialista, por una política cambiaria (de cuya derogación apresurada se beneficiaron los amigos del oficialismo).
Pero veamos:
1) Se suprimieron las retenciones al agro y a la minería.
2) Con eso el Estado dejó de recaudar unos cuantos millones.
3) Eso benefició a los exportadores, obteniendo un lucro que hasta ese momento no debían tener.
4) Eso perjudicó los intereses del Fisco, que debe seguir cubriendo los gastos públicos.
5) Para compensar ese perjuicio y solventar esos gastos se contrajo en 10 meses una deuda de 50.000 millones de dólares.
¿No se dan cuenta de que cualquiera ve que esto encaja sin esfuerzo en la definición que hoy esgrimen contra Cristina sin la prudencia alemana? ¿No se percatan de que se están cortando por tocar el hacha?
Es obvio que no se dan cuenta, porque la soberbia les impide verlo: creen que el poder es eterno y que el esbozo de Estado de policía al que se están aproximando no tendrá fin. La imprevisión es siempre muestra de inmadurez. ¿Son inmaduros? No, son gerentes de transnacionales, sólo saben del provecho inmediato, no son políticos y hasta de jactan de no serlo.
* Ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Profesor Emérito de la UBA.
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