Página/12
jueves 15 de diciembre de 2016
EL GOBIERNO PROYECTA SUBAS DEL 75 POR CIENTO PARA UN USUARIO PROMEDIO EN LAS BOLETAS DE LUZ DE FEBRERO
Cables pelados por el aumento de tarifas
El Gobierno completó las audiencias públicas para ajustar los valores de la electricidad. Una factura de 280 pesos actuales sumaría 210 desde el verano, y las autoridades proyectan otra suba para el segundo semestre.
Por Javier Lewkowicz
El Gobierno anticipó que la factura de luz de un usuario promedio de Edenor o Edesur aumentaría 210 pesos mensuales desde febrero del año que viene a raíz de la quita de subsidios para generación y la suba de la remuneración para las distribuidoras. Según estos números, el incremento de tarifas a comienzos de 2017 sería del 75 por ciento, que se monta sobre el tarifazo del 500 por ciento aplicado este año, mientras que para la segunda parte del próximo año se proyecta otro incremento. El horizonte tarifario luce desalentador para el usuario: la intención oficial es que el Estado pase de subsidiar el 70 por ciento de la generación eléctrica como sucede en la actualidad a apenas un 10 por ciento en 2019. En paralelo, correrán los aumentos del servicio de gas y agua. El porcentaje de suba sobre las boletas también está influenciado por la suba del dólar y por la modificación del costo de generación, en donde tiene mucho peso el gas que se vende a las centrales térmicas, aunque sólo las empresas petroleras saben cómo se forma ese precio clave.
Ayer tuvieron lugar las audiencias públicas en donde se discutieron nuevos aumentos en el servicio eléctrico para remunerar la parte de transporte y generación. Esto completa la serie de audiencias que durante octubre se celebraron para analizar el sector de distribución de electricidad. Según la información volcada en esos encuentros, para el caso del consumo de 200 Kw/h de un usuario residencial, Edesur pretende cobrar 228 pesos por mes, mientras que esa boleta representativa es de 176 pesos actualmente y hace un año era de 30 pesos. Es decir, de un incremento total de 660 por ciento (de 30 a 228 pesos), apenas el 29 por ciento (de 176 a 228 pesos) se discutió en aquella audiencia pública de las distribuidoras. El Gobierno todavía no publicó el nuevo cuadro tarifario para la distribución eléctrica.
A la suba en la distribución se le adiciona el aumento previsto para la parte de la generación eléctrica. Según los cálculos que presentó ayer el secretario de Energía Eléctrica de la Nación, Alejandro Sruoga, el usuario actualmente paga el 30 por ciento del costo de generación, el resto lo financia el Estado. Son 320 pesos el mw/h que están incluidos en las boletas de luz sobre un precio de generación de unos 73 dólares (1150 pesos). Este punto no está exento de polémica, porque el Gobierno no detalla cómo se componen los costos de extracción de gas, que es el principal insumo para la generación eléctrica, a pesar de que la Corte Suprema definió la necesidad de alcarar esos números.
El proyecto oficial es que en los próximos años el usuario afronte una proporción cada vez mayor del costo de generación de la electricidad. En 2017 la relación sería de 53 por ciento de subsidio y 47 por ciento de costo asumido por el usuario; en 2018, de 37 y 63 por ciento, y en 2019, de 10 y 90 por ciento, respectivamente. "Las tarifas que pagan los usuarios representaron en el período 1993-2002 el 100 por ciento de los costos, pero con la aplicación del subsidio generalizado la tarifa se situó por debajo del 20 por ciento de los costos reales. Las tarifas deben reflejar los costos económicos", dijo Sruoga.
El funcionario difundió los siguientes cálculos teniendo en cuenta la quita de subsidios para la generación: un 30 por ciento de los usuarios residenciales metropolitanos consume hasta 150 kwh por mes y recibirá un aumento en febrero de 30 pesos; el 40 por ciento consume entre 150 y 300 kwh y tendrá subas de 110 pesos; el 25 por ciento con consumos de 300 a 600 kwh pagará 150 pesos más y 5 por ciento que consume entre 600 y 1200 kwh recibirá facturas con 430 pesos mensuales de incremento.
En febrero, un usuario promedio pagará, según la estimación del Gobierno, 490 pesos al mes de luz teniendo en cuenta también el aumento de la remuneración para las distribuidoras. Ese mismo cliente abona actualmente 280 pesos y pagaba alrededor de 40 pesos por mes antes del tarifazo de comienzos de este año, lo que representa un incremento superior al 1000 por ciento.
Los usuarios no residenciales actualmente afrontan un 68 por ciento del costo de la generación eléctrica. El Gobierno espera que el año que viene ese porcentaje suba hasta el 80 por ciento y que en 2019 se eliminen por completo los subsidios para ese segmento de usuarios.
El horizonte de aumentos tarifarios que plantea el Gobierno, de por sí ambicioso y preocupante para los usuarios, no contempla el impacto de la suba del dólar ni el aumento en el costo de generación.
EN MEDIO DE UNA FUERTE TENSIÓN, EL SENADO LE DIO AL GOBIERNO UN PLAZO HASTA EL MIÉRCOLES
Entre gritos y acusaciones
A propuesta de Pichetto, la Cámara alta votó tratar el tema en la próxima sesión. Los senadores kirchneristas no participaron de la sesión, denunciaron "una maniobra dilatoria" y el bloque del FpV-PJ quedó al borde de una fractura.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Angel Pichetto. (Imagen: DyN)
El presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Angel Pichetto. (Imagen: DyN)
Por Sebastian Abrevaya
"¿Cómo que no hay reunión de bloque? Decile a Miguel que si no convoca, yo rompo", estalló de bronca ayer al mediodía uno de los senadores más importantes del Frente para la Victoria-PJ. Miguel, que es Pichetto, llamó a una reunión de urgencia. Hubo gritos, acusaciones cruzadas y pedidos de renuncia a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Después de esa pelea y en una señal de rechazo a la conducción del bloque, más de una docena senadores del Frente para la Victoria decidieron no participar de la sesión que comenzó pasadas las 15. Así, en ese clima de enorme tensión en la principal fuerza política del Senado, la Cámara alta resolvió finalmente facilitarle una semana más al Gobierno para encontrar una solución al problema de la reforma del impuesto a las Ganancias. A propuesta de Pichetto, se aprobó a mano alzada una "moción de preferencia con o sin dictamen de comisión" para la próxima sesión, lo que implica que el miércoles que viene habría una definición sobre el tema. En el entorno del rionegrino aseguran que no tenían el número para avanzar con la media sanción de Diputados y confían en que el Poder Ejecutivo logre articular un proyecto "de consenso" entre los gobernadores, la CGT y los bloques legislativos.
El Senado vivió ayer otro día de alta tensión. La reforma del impuesto a las Ganancias dejó al borde de una fractura al bloque del Frente para la Victoria-PJ. La bancada se había reunido largamente el martes por la noche, luego de una jornada también intensa, en donde se cruzaron negociaciones y disputas entre representantes del Gobierno nacional, mandatarios provinciales y senadores. El martes por la mañana Pichetto le pidió al Ejecutivo que convoque a una mesa de diálogo multisectorial donde estén presentes todos los actores involucrados: gobernadores, centrales sindicales y bloques legislativos de ambas cámaras. La respuesta del Gobierno debía llegar ayer, antes de la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 11. Si no había una reacción positiva, la oposición intentaría avanzar con la media sanción de la Cámara de Diputados.
La respuesta del Gobierno no fue lo que se había pedido, pero tampoco un rechazo. El jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dieron una conferencia de prensa poco antes de las 14, en la que anunciaron un llamado al diálogo, pero en reuniones por separado con los distintos actores.
En este escenario y ante la decisión de suspender la reunión de la comisión de Prespuesto y Hacienda prevista para la mañana, el malestar de un sector del bloque del FpV-PJ desbordó. Lo senadores referenciados en Cristina Fernández consideraron la actitud de Pichetto como parte de "una maniobra dilatoria" y le exigieron de urgencia una reunión antes de que comenzara la sesión. "Quieren venderle a la sociedad que es un acuerdo político pero se esconden otro tipo de acuerdos en las sombras. Parte del PJ en el Senado vuelve a ser cómplice del Gobierno y le da la espalda a los trabajadores al no tratar Ganancias", denunció públicamente la senadora por Chubut, Nancy González. Ella, junto al neuquino Marcelo Fuentes, fueron los protagonistas de un duro cruce con Pichetto.
Según pudo reconstruir PáginaI12, en un momento el jefe de bloque acusó a Fuentes de buscar un nuevo veto del presidente Mauricio Macri. "Yo no me meto con tus intenciones. Yo tengo el culo limpio", le advirtió Fuentes, quien se retiró dando un portazo. Otros senadores le reprocharon a Pichetto no sólo su relación con el Gobierno nacional sino no haber "trabajado" para conseguir que se firme dictamen el mismo martes. En ese encuentro se pidió también que renuncien a la comisión de Presupuesto y Hacienda los senadores del Frente para la Victoria que no habían acompañado el dictamen con la media sanción de Diputados. Fue un tiro directo al salteño Rodolfo Urtubey y el catamarqueño Dalmacio Mera, quienes se negaron a renunciar. De hecho, a Urtubey le cuestionaron que ni siquiera hubiera presentado su propio proyecto. Si eso ocurría, varios de los senadores del FpV-PJ estaban dispuestos a firmarlo para conseguir dictamen de mayoría y después, una vez en el recinto, votar a favor del proyecto acordado por toda la oposición en Diputados. "Al final, tanto decían algunos que tenía que unirse el massismo, el kirchnerismo y bloque justicialista... ahora que acordaron un proyecto en Diputados parece que tampoco alcanza", disparó con ironía una senadora.
Al finalizar ese encuentro, un grupo se reunió en el despacho de Fuentes, donde se decidió no bajar a la sesión en señal de disconformidad con Pichetto. "Los trabajadores tendrán que esperar por decisión de la cúpula del bloque FpV. Cuando se levantaron las retenciones al trigo, la soja y las mineras no escuche a los defensores de las provincias. Terminamos siendo un bloque funcional a Macri y NO al pueblo, a los trabajadores que esperan de un desahogo", denunció Ana Almirón, de La Cámpora.
Hasta ayer, la media sanción tenía sólo cuatro firmas: Las de Juan Manuel Abal Medina, Omar Perotti, Pedro Guastavino y Graciela De la Rosa. A pedido de Alicia Kirchner, la santacruceña María Labado se comprometió a apoyar pero sólo en último lugar, si ya estaban garantizadas las demás firmas. Es decir que se necesitan cuatro firmas más para conseguir despacho de mayoría. Además de Mera y Urtubey, tampoco habían firmado el misionero Juan Manuel Irrazábal y el correntino Carlos "Camau" Espínola. Estos dos senadores sí aceptaron ser reemplazados en la comisión por otros dos integrantes del FpV-PJ, José Alperovich (Tucumán) y José Mayans (Formosa). Con ese cambio podrían llegar a las siete firmas y buscar dos más por fuera del bloque: el del cordobés Carlos Caserio (tensionado entre el rechazo del gobernador Juan Schiaretti y el respaldo del aliado de Sergio Massa, José Manuel De la Sota) y de Jaime Linares (cuya líder, Margarita Stolbizer, también está cerca de Massa).
De todas maneras, en caso de conseguir dictamen de mayoría, habrá debate sobre cuántos votos harán falta para aprobar la iniciativa el miércoles. La pelota quedó ahora del lado del Gobierno, que buscará imponer modificaciones al proyecto de Diputados y así evitar una dura derrota en el cierre de su primer año de gestión.
UNA INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA REVELÓ OTRAS DOS SOCIEDADES DE LA FAMILIA MACRI RADICADAS EN GUARIDAS FISCALES
Cuentas y firmas que se inflan como globos
Una panameña, BF Corporation, y otra uruguaya, EQT, a nombre de Gianfranco y Mariano Macri, hermanos de Mauricio, se agregan a la ya larga lista de firmas offshore vinculadas con la familia presidencial. Fondos acreditados y no justificados motivaron la investigación.
Gianfranco, hermano de Mauricio Macri, involucrado en dos firmas con movimientos bancarios sospechosos en Alemania.
Gianfranco, hermano de Mauricio Macri, involucrado en dos firmas con movimientos bancarios sospechosos en Alemania.
Por Tomás Lukin
La Fiscalía de Hamburgo identificó dos sociedades offshore de los hermanos del presidente Mauricio Macri, Gianfranco y Mariano, que poseen colocaciones bancarias y financieras en entidades alemanas. La firma panameña BF Corporation S.A y la uruguaya EQT S.A salieron a la superficie como parte de una investigación sobre las entidades alemanas por maniobras vinculadas a los Papeles de Panamá donde se detectó intervención de ciudadanos argentinos.
Las nuevas empresas de los Macri ubicadas en guaridas fiscales están vinculadas a una cuenta en el UBS Deutscheland. La pesquisa de los fiscales hamburgueses presenta un extracto bancario con movimientos en esa cuenta por más de 1 millón de dólares durante octubre de 2015. La imposibilidad de esas firmas para justificar el origen de los fondos derivó en una serie de reportes de operaciones sospechosas.
Por eso, en paralelo a la investigación abierta en Hamburgo, los investigadores alemanes remitieron la información a la Argentina como parte de un paquete más amplio de datos sobre maniobras cuestionables canalizadas en el sistema financiero germánico, mediante estructuras societarias que controlan otros 67 argentinos. Entre esos datos enviados a través de la Interpol figura un directivo de Iecsa, la firma del primo del presidente, Angelo Calcaterrra.
Desprendimientos de Panamá
Sociedades y fundaciones constituidas en paraísos fiscales, intervención de presuntos testaferros, depósitos y transferencias de activos en cuentas bancarias registradas a nombre de estructuras que ocultan a los verdaderos beneficiarios finales, son algunas de las maniobras sospechosas realizadas por los argentinos que identificó la Fiscalía de Hamburgo.
La documentación arribó al país en septiembre. La recibió el Ministerio Público Fiscal y la derivó a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). A partir de una serie de investigaciones preliminares, ese organismo presentó ayer 20 denuncias por presuntas maniobras de lavado de activos y evasión tributaria. Los hermanos Gianfranco y Mariano Macri serán investigados en la justicia federal por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, que llevan la causa por la vinculación del Presidente con los Papeles de Panamá. El resto de las denuncias recayó en los distintos juzgados del fuero Penal Económico y Tributario. En esos casos, las pesquisas estarán impulsadas por el fiscal Emilio Guerberoff. Fuentes judiciales confirmaron a este diario que en los próximos días comenzarán a solicitar medidas de prueba.
Hermanos presidenciales
La Fiscalía de Hamburgo reportó que los titulares de las sociedades offshore BF Corporation y EQT son Mariano y Gianfranco Macri. Las empresas vinculadas a los hermanos del Presidente habrían acumulado reportes de operaciones sospechosas de lavado en el sistema financiero alemán. Entre la información suministrada figuran como apoderados de la panameña BF Corporation los uruguayos Santiago Lussich Torrendel y Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti. Los investigadores argentinos sospechan que podría tratarse de una actuación para dificultar la identificación de los verdaderos dueños de la firma. Los especialistas del estudio encabezado por Lussich Torrendel que fueron requeridos para prestar ese servicio son los mismos que contrataron los Macri para montar y mantener Fleg Trading LTD, la offshore radicada en Bahamas durante 1998 que se conoció a partir de la filtración de los Papeles de Panamá. El directorio de esa firma estaba conformado por Mauricio, su padre Franco y Mariano. El hermano mayor del mandatario argentino, Gianfranco, tampoco desconoce cómo funcionan los paraísos fiscales: Le Mare A-18, Joy B-28, Serenity C-44 y Yoo H-45 son algunas de las empresas panameñas inscriptas a su nombre.
A partir de la investigación de Procelac que gatillaron los datos provistos por los hamburgueses, BF Corporation y EQT se sumaron al extenso listado de sociedades montadas por la familia Macri a través de la red global de servicios financieros offshore que revela un comportamiento sistemático de sus miembros para canalizar sus negocios. De acuerdo a la información aportada por los fiscales de Hamburgo, BF Corporation habría dado instrucciones al banco de capitales suizos UBS Deutschland AG - Private Banking para reubicar los activos de la sociedad allí depositados y cerrar las cuentas bancarias de su titularidad en esa entidad. Las instrucciones para transferir el saldo de esa cuenta se emitieron el 19 de octubre de 2015 desde Montevideo. Proclives a compartir la información surgida en su pesquisa, los alemanes pusieron una fecha límite para que la Justicia argentina libre los exhortos para recibir la documentación original antes de que sea destruida.
Un socio del primo
Entre los individuos denunciados por la Procelac a partir de los datos recibidos desde Hamburgo, figura un socio y directivo en varias empresas de Angelo Calcaterrra, primo del presidente Macri. De acuerdo a esa información, el ingeniero Juan Ramón Garrone sería beneficiario final de una cuenta bancaria a nombre de Somerset Capital Investment LTD con un saldo superior a los 500 mil dólares. La dirección comercial de la compañía es en Uruguay pero su sede está en las Islas Vírgenes Británicas. Además de Iecsa, Garrone figura como directivo de otras firmas del grupo que encabeza Calcaterra como ODS y Creurban. Esa causa quedó radicada en el fuero Penal Económico y Tributario.
Desde Alemania también reportaron datos sobre el director nacional de Relaciones con el Sistema Financiero del Ministerio de la Producción, Federico Zin. El funcionario es hijo del ex ministro de Salud de Daniel Scioli y actual senador en Italia, Claudio Zin. El médico mediático había sido designado por Macri como embajador en Suiza pero su posición no fue confirmada. Los investigadores informaron que una entidad crediticia con sede en Alemania habría reclamado a Zin y sus familiares/socios en esa colocación bancaria - María Zin, Aurora Juri y Francisca Pardo que aporten documentación fiscal respaldatoria de las operaciones realizadas. Como esos datos no habrían sido suministrados, la entidad emitió un reporte de operación sospechosa.
Una situación similar se registró con un grupo de individuos vinculados a los Laboratorios Casasco que no respondieron los pedidos de información de las entidades alemanes. Las autoridades alemanas remitieron a la Argentina fotocopias de documentación bancaria que incluye, entre otros elementos, resúmenes de cuenta de donde se desprenden activos netos por 1,3 millones de dólares y movimientos varios que alcanzan los 5 millones de dólares.
POLÉMICA AUTORIZACIÓN AL PRIMO DE MACRI PARA COMPRAR INTERFINANZAS
Banco con sede en Caimán
Fabio Calcaterra, hermano de Angelo, el dueño de la constructora Iecsa, ambos primos del Presidente, consiguió tras un año y medio, permiso del BCRA para quedarse con un banco que también opera en Caimán.
Sturzenegger concedió al primo de Macri una licencia para operar en el sistema financiero.
(Imagen: Carolina Camps)
Por Cristian Carrillo
Tras casi un año y medio de tratativas, Fabio Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, consiguió el vía libre del Banco Central para sumar otra licitación ganada durante el gobierno de Cambiemos. Fabio, hermano de Angelo, líder en la adjudicación de obra pública con el macrismo, ingresó de lleno a la actividad financiera con la adquisición del Banco Interfinanzas, de la familia Angelino, que sólo cuenta con sedes en Buenos Aires e Islas Caimán. La operación, sobre la cual no se informó el monto, fue extensamente discutida en el directorio del Central, que conduce Federico Sturzenegger, en donde se expuso el riesgo de incompatibilidad por provenir los fondos de la obra pública. El Interfinanzas mantenía una deuda de unos 10 millones de dólares con el UniCredit Bank Austria AG (ex Bank Austria Creditanstalt) luego del desprendimiento de la mitad del paquete accionario del banco por parte de la entidad austriaca, según explicó un ex director de la autoridad monetaria. La venta del Interfinanzas se había visto frenada en varias oportunidades debido a irregularidades en torno a esta deuda y la anterior administración del BCRA le había pedido informes y documentación. El primo de Macri se hizo cargo de la deuda junto con la compra de los activos de la entidad bancaria.
Fabio Calcaterra fue CEO de la compañía Farm Frites durante 18 años, una de las principales productoras de papas congeladas. El proceso de compra se remonta a agosto del año pasado, pero recién se pudo concretar la semana pasada bajo la conducción de Sturzenegger en el Central, quien aprobó la transacción. El interés por quedarse con los negocios del Interfinanzas no es nuevo, pero la viabilidad legal de la operación había hecho imposible su concreción al menos hasta el año pasado.
Durante al año pasado Calcaterra había avanzado en un acuerdo para adquirir el Interfinanzas, pero no hubo autorización del Central, debido a la situación de fragilidad patrimonial de la entidad. En las discusiones del entonces directorio del BCRA se había expuesto una serie de irregularidades detrás de esa adquisición y la propuesta que se barajaba entonces entre el presidente del Central, Alejandro Vanoli, el superintendente de Entidades Financieras, Germán Feldman, y el director Pedro Biscay, era retirarle la licencia. En ese momento, según relató un ex funcionario de ese organismo, el problema era que "había inconsistencias respecto de los procedimientos habituales contra el lavado de activos", debido a que el banco opera con sede en el país e Islas Caimán. "Se le pedía que primero cancele la deuda y presente la documentación", explicó.
El tema fue discutido nuevamente en el transcurso de este año y con una mayor posibilidad de conseguir aprobación oficial, Calcaterra continuó con las negociaciones con la familia Angelino. Durante el debate en el directorio del BCRA se expuso que la operación "no era conveniente por la cercanía de Fabio al presidente Macri". También se había dejado en evidencia que no estaba bien definida la operación por el origen de los fondos y se hizo hincapié en el riesgo de que el dinero proviniera de la obra pública. A pesar de todas esas advertencias, Sturzenegger aprobó la compra.
El origen del Interfinanzas se remonta a mayo de 1971 cuando se constituyó su antecesora, Interfinanzas SACI Financiera Inmobiliaria Mandataria Agropecuaria. Fue fundada por San Mateo, sociedad conformada por Miguel Angel Angelino, José María González de la Fuente y Nicolás Ruiz Guiñazú, en sociedad con Dow Chemical de Estados Unidos. En 1976, el Central la autorizó a operar como banco de inversión y un año más tarde como banco comercial bajo el nombre actual. En diciembre de 1988 Creditanstalt-Bankverein, de Austria, adquirió un 20 por ciento del capital, y luego, en 1990, elevó su participación al 30 por ciento, para llegar al 50 por ciento en 1996.
Luego de un proceso de diez años, que comenzó en 2002, UniCredit Bank Austria AG se desprendió de su participación accionaria y se la vendió al grupo San Mateo, de los Angelino y González de la Fuente. La operación de cesión de las acciones, perfeccionada en 2012, fue por un precio total convenido de sólo un peso. Desde el inicio del proceso (2002) el Central había solicitado a Interfinanzas la presentación de un plan de Regularización y Saneamiento que contemple la adopción de las medidas necesarias para recomponer la posición de liquidez de la entidad y que le permitan alcanzar los niveles necesarios para su operatividad. Pese a las sucesivas presentaciones, el banco continuó con malos resultados y con una deuda con su ex socio austriaco, por unos 10 millones de dólares. A raíz de estas irregularidades, la anterior composición del directorio del Central había analizado la posibilidad de "revocar la licencia" a los Angelino para operar en el sector bancario y se había negado a autorizar la venta de la entidad financiera.
En 2013 la entonces presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, frenó el expediente en proceso de aprobación para que la Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian, se quedase con el banco. En ese momento, la operación fue estimada 15 millones de dólares. Con un patrocinio neto de unos 76 millones de pesos, activos por 160 millones y depósitos por 5,6 millones. De todos modos, el atractivo para los Calcaterra no pasa por los números del banco sino con la posibilidad de obtener una patente para poder desarrollar negocios en el sector financiero, un rubro en el cual hasta ahora no operaba, mientras sus familiares, incluido el Presidente, tienen casi treinta cuentas en guaridas fiscales.
OPINIÓN
Un proyecto bienvenido
Por Horacio Verbitsky
El proyecto de los diputados Jujeños del Frente Renovador Cambiemos para realizar un plebiscito sobre la situación legal de la dirigente barrial Milagro Sala, tiende a revitalizar anquilosadas estructuras institucionales y podría constituirse en la avanzada de una reforma más profunda. Los diputados que responden al contador Gerardo Morales, de la UCR, y al contador Carlos Haquim, su vicegobernador justicialista entienden que el pueblo debe ser consultado para decidir una cuestión sobre la que gira la vida jujeña en los últimos meses. Las decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las reiteradas declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, están formuladas en términos complejos, con referencias a Tratados y Convenciones que la Argentina firmó hace muchos años, bajo otros gobiernos y cuya comprensión es dificultosa para el pueblo llano, que no tiene por qué estar preparado para debatir esas sutilezas. Por eso, y en una muestra de unidad política destacable, los legisladores del bipartidismo radical-justicialista han replanteado la cuestión en términos binarios: ¿Debe seguir detenida o no?
Siguen en esto las conclusiones espirituales que el presidente Maurizio Macrì comunicó la semana pasada al emerger sereno del retiro con sus ministros en Chapadmalal. Allí dijo que estaba bien que Milagro Sala siguiera detenida porque mucha gente piensa que cometió graves delitos. Ahora la Legislatura jujeña se propone cuantificar por medios democráticos esa masa a la que aludió Macrì. Las organizaciones internacionales sabrán entonces a qué atenerse y el pueblo entenderá qué se pone en juego.
Esta simplificación de los procedimientos podría generalizarse a otras cuestiones que interesan a la sociedad. Por via del plebiscito podría decidirse también si debe aplicarse la pena de muerte al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, acusado en la mesa de Mirta Legrand de acostarse con la esposa de un ex cantante cuando ella apenas tenía 13 años. Otros asuntos sensibles para ser dirimidos en forma rápida, sin papeleos superfluos es cuántos kilos debería pesar Elisa Carrió para que sus denuncias sobre funcionarios corruptos tuvieran carácter obligatorio; hasta cuantos millones de dólares pueden blanquear Franco Macrì, y los familiares de todos los CEOS del gabinete nacional; si la primera dama debe usa stilettos con pantalones o sandalias bajas; si los gendarmes que se defendieron a tiros de los pibes de la murga deben ser juzgados o ascendidos. Para mayor efectividad el escrutinio podría realizarse en la televisión que Gerard Depardieu acaba de definir como pornográfica pero que tiene programas cuya alta audiencia ningún actor francés puede negar. Si esta práctica se generalizara, el presupuesto que se dedica a mantener una compleja estructura de fiscales, defensores, jueces y camaristas podría dedicarse a finalidades más útiles, como la remodelación de la plaza Belgrano, con alambres de púas y barricadas que impidan futuras ocupaciones.
Los legisladores que firman el proyecto, cuya creatividad merece ser destacada porque rompe los límites de lo que se consideraba posible, también dicen que las organizaciones internacionales de derechos humanos han sido colonizadas por los organismos nacionales como el CELS. No me pareció que fuera así en abril, durante la audiencia por la ley audiovisual, cuando el presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, me interrumpió primero y me cortó después el uso de la palabra en forma ruda y desconsiderada. Pero es posible que la cercanía con los hechos obnubile mi percepción, y que la visión desapasionada que da la distancia y un menor conocimiento de las personas y de los hechos, ayude a modificar esa idea inicial.
También hay que agradecer a los legisladores de Morales y Haquim que retomen las tradiciones nacionales, igual que las cámaras empresarias cuya solicitada de la semana anterior contra la interferencia foránea evoca el tono y los razonamientos de la Sociedad Rural, la Unión Industrial y la Cámara de Comercio, que hace cuatro décadas repudiaron con energía la intromisión de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando vino en 1979 a perturbar la paz lograda por el gobierno de entonces con métodos cuya evaluación sólo compete a los argentinos que padecieron la agresión previa y a Dios Todopoderoso. Sólo les faltó rematar ese texto con una consigna que hizo historia: "Los jujeños somos derechos y humanos". Pero no hay que desanimarse: tal vez la usen esta mañana, cuando comience el primer juicio a la señora Sala.
PROTESTA Y TOMA DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONTRA EL AJUSTE PRESUPUESTARIO
Los científicos se hicieron escuchar
Investigadores, becarios, docentes y estudiantes se manifestaron para rechazar el recorte de fondos para la ciencia y la caída de ingresantes en el Conicet. Durante varias horas un grupo mantuvo una toma simbólica de parte del ministerio.
La manifestación sobre Godoy Cruz comenzó antes del mediodía y siguió hasta avanzada la tarde. (Imagen: Leandro Teysseire)
La manifestación sobre Godoy Cruz comenzó antes del mediodía y siguió hasta avanzada la tarde. (Imagen: Leandro Teysseire)
"¿Dónde está la inversión del 1,5 por ciento en ciencia? Macri vende humo", decía un cartel que sostenía una mujer con una beba en brazos. Frente al Ministerio de Ciencia, donde sesionaba el directorio del Conicet, desde el mediodía y hasta avanzada la tarde de ayer se congregaron investigadores, becarios, docentes y estudiantes universitarios para protestar contra el ajuste al sector científico y su primera consecuencia, el recorte del 60 por ciento que se anunció para la carrera del investigador del Conicet. Además de los cantos y una radio abierta, durante varias horas parte de los manifestantes mantuvieron una toma pacífica de un sector del edificio.
La toma fue promovida por la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), después de haber exigido que los recibiera el directorio del Conicet. En principio, los atendió Miguel Angel Laborde, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del organismo, "pero no respondió a ningún reclamo", señalaron los investigadores. A pleno sol, la temperatura subió cuando JCP comunicó que la respuesta del funcionario era "totalmente negativa". Por eso decidieron entrar al hall del edificio y tomarlo, no moverse de ahí "hasta que den una respuesta". Pasaron casi dos horas y ninguna autoridad apareció. Los becarios decidieron entonces subir y ocupar el piso 11º – también tomaron los pisos 8º, 9º y 10º – donde se encontraba reunido el directorio del Conicet. Allí finalmente se abrió un diálogo con representantes de todos los espacios presentes, JCP, AGD (profesores de Conadu Histórica) y ATE-Conicet, quienes presentaron su reclamo de mayor presupuesto. Según los manifestantes, que el directorio completo recibiera así los reclamos fue un hecho que "no sucedió nunca en la historia".
Futuro en riesgo
Mientras tanto, frente al Polo Científico ya se concentraban otras agrupaciones, como Científicos y Universitarios Autoconvocados (CUA), Grupo Ciencia y Técnica Argentina, los profesores de Conadu, Becarios Empoderados y otros, que a partir de las 16 pusieron en marcha una radio abierta: hablaron investigadores, becarios y docentes, que contaron sus experiencias y temores sobre lo que se viene si la desinversión continúa.
Mercedes García Carrillo es becaria doctoral del Conicet y trabaja e investiga en el área de preservación de alimentos, "para que duren más tiempo y no transmitan enfermedades, para que sean microbiológicamente seguros y preserven mejor las vitaminas y antioxidantes que la pasteurización, que es el tratamiento tradicional". Para Carrillo, con el recorte que está aplicando el Gobierno se pone en riesgo su futuro ingreso a la carrera del investigador, así como los fondos con los que trabajará serán todavía más insuficientes que hoy.
A unos metros, un becario mostraba un cartel a una cámara de televisión: "La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia".
"Soy doctora en Relaciones Internacionales, especializada en Medio Oriente. Desde el sur necesitamos tener una mirada sobre los asuntos internacionales, hay mucho sobre Latinoamérica, pero a veces sobre otros países terminamos importando agenda de los países del Norte", dijo Mariela Cuadro, que cuenta con una beca posdoctoral del Conicet que se le termina en abril. "Estoy esperando sin mucha esperanza. El año pasado entraron más de 900 y ahora van a ser solo 385."
Declaración
Alejandro Muntó, de JCP, explicó a PáginaI12 el resultado del diálogo con el directorio del Conicet: "Se comprometieron a sacar una declaración pública pidiendo más presupuesto al gobierno nacional y que habría un bono de fin de año." Además, según aseguró, el martes que viene se publicarán los nombres de los 385 investigadores – de un total de 1520 postulantes – que podrán ingresar en la carrera de investigador en 2017.
Rocco Carbone, investigador del Conicet y miembro de CUA, señaló que reclamarle al directorio del Conicet "no tiene sentido, porque ellos no definen los recortes. Hay que hacerlo al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, que es quien impulsa el ajuste".
Informe: Gastón Godoy.
OPINIÓN
Ciudad de Buenos Aires: bienvenidos a la desigualdad
Por Eduardo López y Mariano Denegris *
No era necesario participar en el negocio de las pruebas PISA para descubrir que después de nueve años de gestión macrista, la ciudad de Buenos Aires está primera en el mundo en el ranking de desigualdad educativa.
Todas las evaluaciones nacionales e internacionales desde hace años vienen mostrando que los resultados escolares que miden las pruebas estandarizadas no se corresponden con desempeños individuales ni formas de aprendizaje sino con el contexto socioeconómico de los estudiantes. Esto lo venimos señalando desde UTE y Ctera al tiempo que reclamamos mayor inversión en políticas que reviertan la desigualdad socioeducativa. Los fanáticos de las mediciones estandarizadas se desayunan hoy con la noticia.
¡Bienvenidos! La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción más desigual en términos educativos del mundo según el Informe PISA. ¿Esto significa que los rankings educativos que construye la OCDE son fiables y reflejan la realidad de los sistemas educativos? En absoluto. Simplemente demuestra que no pueden tapar el sol con las manos. Preocupados por lograr la exclusión de Argentina de la última medición de PISA porque otorgaba un puntaje algo mayor que no les permitía compararse con un supuesto infierno educativo, a los funcionarios de Macri se les olvidó ocultar que la Ciudad, que participó de la prueba como si fuera un estado independiente, se hundía en la desigualdad de la mano de su gestión al frente de la educación porteña.
Después de nueve años de aplicar este neoliberalismo educativo de segunda generación basado en construir un gigantesco mercado para ONG y empresas, la jurisdicción más rica del país es la más desigual.
Contra los presupuestos ideológicos del macrismo, la desigualdad social impacta mucho más sobre el rendimiento que mide PISA que la gestión privada o estatal de los establecimientos. Incluso los datos de la ciudad muestran una leve ventaja en los resultados para las escuelas públicas. Miles de niños sin vacante, cierres de grados y cursos en escuelas pública, reducción sistemática del presupuesto es el futuro que ese espejo retrovisor augura para la Argentina si prospera la visión educativa de Bullrich y Macri.
Desde UTE y Ctera fuimos y seguiremos siendo críticos de las pruebas estandarizadas, fundamentalmente las PISA, y de los gobiernos que hayan decidido su aplicación cualquiera sea su signo político. La evaluación es imprescindible e irrenunciable pero debe ser integral, contextualizada y permanente y formativa. Estamos convencidos de que la desigualdad educativa comienza a resolverse con la presencia del Estado y mayor presupuesto, por eso hemos presentado en el parlamento una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Porque sabemos que en educación, no hay calidad sin inversión.
* Secretario General y secretario de Prensa de UTE.
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