lunes 12 de diciembre de 2016
La Justicia no imputará a Macri por lavado
Panama Papers. Cambio de operador judicial y un mea culpa de Franco Macri, parte de la operación para salvar al Presidente.
Los Macri. Mauricio y Franco, padre e hijo y una relación donde
lo que importa son los negocios
Por Andrés Klipphan
El juez federal Sebastián Casanello no imputará al Presidente Mauricio Macri por el delito de "lavado de dinero" en la causa conocida como "Panama Papers" y en la cual están involucrados tanto él como su padre, Franco, y directivos de sus empresas. Al menos así se lo hizo saber al primer mandatario Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que se "estrena" de esta forma como operador judicial del oficialismo.
Ferrari sabe por boca del mismo juez Casanello que tanto él como el fiscal de la causa, Federico Delgado, acreditaron que el Grupo Macri, entre septiembre y octubre de 1998 – a través de la firma off shore Fleg Trading – "realizó operaciones de triangulación compatible con lavado de dinero por unos nueve millones de dólares", y que ese dinero viajó electrónicamente a Bahamas. Desde ese paraíso fiscal llegó a SOCMA Brasil, la firma madre del clan Macri, y que desde el vecino país los nueve millones de dólares ingresaron a la Argentina como supuestas operaciones comerciales.
Hasta ahora la AFIP no respondió a los oficios de Casanello preguntando si esa actividad económica del Grupo SOCMA fue declarada ante la antigua Dirección General Impositiva (DGI).
En caso de no haberlo realizado, no habría configurado el delito de "lavado de dinero" tal como se lo califica ahora, sino otro tipo de figura contemplada en las leyes penales económicas, ya que en los años que se realizaron esas operaciones, en la Argentina solo estaba configurada la figura de "lavado de dinero" para activos provenientes del tráfico de drogas o de armas.
Tan sólo a partir del año 2000, y mucho más desde el 2008 – cuando se introdujeron modificaciones de peso en la legislación argentina para combatir esta actividad, impulsadas por presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) – las triangulaciones realizadas por SOCMA podrían haber sido calificadas como "lavado de dinero".
El fiscal Delgado, a pesar de la opinión del juez de la causa, continúa investigando para determinar si aún quedan resquicios legales para imputar al presidente de la Nación. Por ejemplo, en las últimas semanas determinó que el Grupo Macri se instaló en Brasil en 1995 y desarrolló actividades por lo menos hasta 2007.
En unos de sus dictámenes, que ya elevó a Casanello, le recordó que, tal como apuntó en un escrito el diputado del FpV Darío Martínez, las empresas de Franco Macri, y de las cuales participaba como "directivo" Mauricio, "diseñaron un entramado de sociedades a partir de una firma creada en Bahamas, Fleg Trading Ltd" y que "Fleg compró el 99,9 % del capital social de la firma Owners do Brasil Participacoes Ltda. Es decir, dueños de Brasil Participaciones Limitada" en la cual figuraban los directivos de Socma, es decir los Macri. De hecho, según el fiscal Delgado, llegaron a ser propietarios de "Sevel, de Sideco, de Socma financiera, de Manliba, de Itron y de Lecsa".
Según pudo establecer Veintitrés en la fiscalía de Delgado, sería correcto el análisis realizado por Casanello sobre la no vinculación de Mauricio Macri con el lavado de dinero desde las empresas de su padre.
– ¿Y qué va a hacer la fiscalía?, le pregunto Veintitrés a uno de los investigadores.
– Dejar por escrito que lavaron dinero pero que en esa época no había leyes que lo persiguieran, como ahora, a no ser que proviniese del tráfico de drogas.
En simultáneo con la noticia que recibió el Presidente de boca del ministro Ferrari, Macri firmó un decreto mediante el cual permite que ingresen al blanqueo los parientes de los funcionarios públicos que evadieron impuestos, un hecho que estaba prohibido en la ley votada por el Congreso de la Nación. El decreto presidencial parece estar hecho a la medida de su padre, Franco Macri, que sigue bajo la lupa de la justicia.
De hecho, la publicación del cuestionado decreto en el Boletín Oficial fue realizado cinco días después de que el padre del jefe de Estado se hiciese cargo ante la Justicia de la creación y las operaciones que realizaron las sociedades offshore por las que son investigados tanto él como su hijo. Esa fue la primera presentación ante la Justicia Federal de Franco Macri, quien en el escrito que presentó ante Casanello también cuestionó "a determinados actores de la política" que buscan denunciar a su hijo "por la responsabilidad institucional que representa".
En el documento, al que accedió Veintitrés, Franco Macri se comprometió a entregar la documentación que probaría que no cometió ningún ilícito con las firmas Fleg Trading Ltd y las otras cuestionadas en la causa, como por ejemplo Kagemusha SA, sociedad en la que el primer mandatario es vicepresidente. Franco le dijo a Casanello que "designó a sus hijos Mauricio y Mariano como directores, pero que en la práctica" sólo él ejerció el cargo – como ya lo había anticipado el propio titular del Ejecutivo nacional cuando salió a defenderse de las acusaciones.
Es más, Franco Macri le dijo al juez que "por las edades de sus hijos en esa época Mauricio (22) y Mariano (15) era imposible pensar que ellos hubieran decidido o tomado intervención". Y agregó: "El esquema siempre era igual, quien decidía era yo. Creo que ni siquiera estuvieron al tanto de su designación. Se trata de sociedades y actividades del pasado y un período en el cual era yo quien gobernaba los designios del grupo familiar".
Así las cosas, todo se encamina a que el jefe del PRO quede desligado de los entuertos familiares de los cuales participó en los años '90 y que su papá y hermanos puedan ingresar al "blanqueo" del cual estaban quedando marginados.
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