Página/12
miércoles 07 de diciembre de 2016
LA OPOSICIÓN EN BLOQUE, A EXCEPCIÓN DEL FIT, CONSENSUÓ UN PROYECTO DE GANANCIAS PARA SUPERAR LA MEZQUINA PROPUESTA OFICIAL
Todos contra Cambiemos, que no cambia nada...
El proyecto oficial de reforma de Ganancias ni actualizaba el mínimo no imponible. El que defendía la oposición en bloque en Diputados lo sube a 44 mil pesos (33 mil para solteros) y compensa la detracción gravando la renta financiera, a jueces, mineras y juegos de azar.
Todos juntos tras un mismo proyecto. La foto impensada. La terquedad de Cambiemos para modificar el propio lo hizo posible.
(Foto: Leandro Teysseire)
Por Cristian Carrillo
El conservador proyecto del gobierno para modificar el impuesto a las Ganancias logró ayer algo impensado hasta hace algunos días, que casi todo el arco opositor se aglutine para rechazarla y consensuar una propuesta superadora. Mientras que en el recinto de Diputados se extendía la discusión acerca de la Ley de Emergencia Social, representantes del Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista llevaron a cabo una reunión en la que acordaron una serie de puntos que conforman un solo proyecto. Apoyaron la propuesta el Progresismo y el peronismo disidente. La alternativa de la oposición eleva el mínimo no imponible en torno al 40 por ciento, con lo cual comenzarán a tributar solteros a partir de los 35.000 pesos de salario bruto y los casados con hijos desde los 44.000 pesos. Para compensar el costo fiscal se restituyen las retenciones a las mineras, se aplica un impuesto al juego online y a las tragamonedas, se incorporan a los nuevos jueces y se crea una línea divisoria entre las escalas más bajas y más altas a fin de que las deducciones de los últimos sean menores. Al cierre de esta edición, los diputados discutían aún el proyecto del macrismo.
Desde las 9, dos horas y media antes de que comience la sesión, los diputados de los tres bloques mayoritarios de la oposición comenzaron a trabajar para presentar una propuesta alternativa. Tal como anticipó este diario, pese a que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había hecho hincapié en la vocación dialoguista del Gobierno y deslizado la posibilidad de sumarse a una negociación con la oposición, no hubo contactos para sumarse a ese diálogo. La jugada de Cambiemos se centraba en que salga su proyecto, con algunas tibias reformas, pero evitar que se tratase alguno de los otros tres dictámenes de minoría (FpV, Frente Renovador y Frente de Izquierda, según orden de tratamiento). La oposición buscará hacer fracasar el oficial e incluir las reformas en el proyecto del kirchnerismo. La oposición buscará imponer su mayoría para cumplir con los 129 votos necesarios para que se apruebe el texto consensuado y se rechace la propuesta oficial.
Por la tarde, los referentes del acuerdo opositor hicieron la presentación oficial de la propuesta. La conferencia se vio demorada porque hubo que cambiar la mesa redonda del Salón de los Pasos Perdidos por una cuadrada, para que no hubiese preferencias en el paneo de las cámaras de televisión. Los encargados del anuncio (foto que acompaña esta nota) fueron los jefes de bancada por el FpV, Héctor Recalde; por el massismo, Graciela Camaño; Bloque Justicialista, Oscar Romero; socialismo, Alicia Ciciliani, y por Libres del Sur, Victoria Donda. El jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Pichetto, había sido notificado más temprano sobre el acuerdo, aunque aguardaría al texto final antes de garantizar el respaldo de su bancada, que no sólo es mayoría, sino que está estrechamente ligada a la postura de los gobernadores peronistas. "Tenemos un preacuerdo con el Senado", aseguró Camaño en la conferencia.
El proyecto
La iniciativa de la oposición prevé elevar el mínimo no imponible a 33.500 pesos de ingreso bruto para solteros y 44.000 pesos para casados con dos hijos. Este piso, al igual que las deducciones, se actualizará todos los años siguiendo el criterio de que sólo pague el 10 por ciento de los asalariados que más ganan. Esta es una propuesta del kirchnerismo que aceptó el resto de las fuerzas de la oposición. Para llevar a cabo esa actualización, la AFIP deberá informar cada año cómo evolucionaron los salarios y, a partir de esos datos, definir el corte. Se supone que los valores propuestos (33.500 y 44.000) equivalen a ese porcentaje. Para las escalas, la actualización se realizará a través del Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Estas dos actualizaciones permitirían contemplar cambios en la distribución de los ingresos.
Se excluye del impuesto el medio aguinaldo, horas extras y bonos por productividad, y a los jubilados que ganan hasta 60.000 pesos mensuales. Se pueden deducir los alquileres y los viáticos. También se crea una deducción por zona desfavorable para provincias al sur del Río Colorado, con la incorporación de La Pampa.
Durante la conferencia, la diputada Cornelia Schmidt Liermann (Unión PRO) abrazada a una columna del salón les gritó: "Cómo lo van a pagar". Desde el oficialismo criticaron que la propuesta le resta unos 30.000 millones de pesos adicionales al fisco de la Nación y a las provincias. Según explicaron los diputados, se compensará con un impuesto del 7,5 por ciento para el juego por medios online y del 10 por ciento para máquinas tragamonedas. Se gravará la renta financiera, los plazos fijos por encima de 1,5 millones de pesos y la operatoria con Lebac (Letras del BCRA). Se dará marcha atrás con la quita de retenciones a las mineras. Además, comenzarían a pagar Ganancias los nuevos magistrados. También pagarán las firmas que distribuyen dividendos al exterior. No pagarán los jueces ya nombrados y los empleados judiciales. Otro punto que permitiría un ahorro a las cuentas fiscales es la posibilidad de hacer un corte en las escalas en torno a un salario de 75.000 pesos mensuales. Por encima de ese monto, el contribuyente podrá hacer deducciones en menor valor que los que menos cobran, a quienes se les incorpora mayores descuentos anuales a los que existen actualmente.
El debate
"Quiero destacar el esfuerzo de las autoridades de los bloques para condensar más de 40 proyectos de reforma de Ganancias, de los cuales cuatro contaban con dictamen, hasta llegar a esta propuesta alternativa y superadora", sostuvo el renovador Romero. Recalde resaltó que "para lograr los 129 votos necesarios se requirió de mucha comprensión y consenso". "Todos cedimos algo. La realidad es que hoy 2,5 millones de argentinos están tributando Ganancias", agregó. La diputada Camaño se manifestó confiada en que "mañana (por hoy) los trabajadores, jubilados y monotributistas dejarán de pagar este impuesto tan injusto". "Y no vamos a aceptar que nos tilden de irresponsables", aclaró Camaño, como anticipándose a lo que sería la exposición del titular de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO).
"Esta es la noche de la política. No queremos imponer nada. Y si les toca perder, no piensen que vamos en contra de ustedes", dijo Romero en referencia al oficialismo. Laspina insistió en que la propuesta de la oposición es un "acto de irresponsabilidad que, como oficialismo, no vamos a avalar". "Nuestro deber como oficialismo es defender un proyecto de gobierno como una integralidad. Se quieren llevar puesto al gobierno nacional con una propuesta de reforma que no hicieron en 12 años", señaló Laspina, quien focalizó su enojo con el kirchnerismo. La respuesta del diputado Axel Kicillof (FpV) no se hizo esperar y recordó la promesa de campaña presidencial de Cambiemos de eliminar Ganancias para todos los trabajadores. "No sólo hubo incumplimiento sino oportunismo durante la campaña", afirmó el ex ministro de Economía. "El Ejecutivo no quiso buscar consensos con la oposición. Estuvimos dispuestos a hacer todos los consensos que hiciesen falta, pero no quisieron hacerlo", apuntó Marco Lavagna (Frente Renovador). Al cierre de esta edición, continuaba un debate que apuntaba a estirarse hasta las primeras luces de la mañana.
DOS NUEVAS DENUNCIAS PARA IMPEDIR EL BLANQUEO A LOS FAMILIARES DE FUNCIONARIOS
Más rechazos al decreto de Macri
Se presentó una nueva denuncia penal en la Justicia y una cautelar con un pedido de inconstitucionalidad. Además, Recalde reclamó que el Congreso lo declare inconstitucional. Solá planteó una cuestión de privilegio contra Macri, Peña y Prat-Gay.
Recalde, Di Tullio, Conti y Tailhade (FpV); Solá (FR) y Donda (Libres del Sur), todos contra el decreto de Macri.
El decreto de Mauricio Macri que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales sigue sumando nuevos rechazos. En el Congreso, el Frente para la Victoria presentó ayer un proyecto para declararlo inconstitucional, mientras que el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, en un encendido discurso, planteó una cuestión de privilegio contra Macri, Marcos Peña y Alfonso Prat Gay, firmantes del decreto. Por otro lado, la Asociación Civil AJUS, en conjunto con los diputados Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti (FpV) presentaron una cautelar con un pedido de declaración de inconstitucionalidad. Además, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda presentó una denuncia penal por "abuso de autoridad" contra el Presidente y los otros dos funcionarios nacionales. La denuncia es similar a la que ya había realizado la diputada María Emilia Soria, acompañada por otros colegas suyos del FpV. La reacción de los distintos sectores de la oposición se suma a las críticas que hicieron en público hasta los propios socios de Cambiemos, la UCR y la Coalición Cívica, quienes llamaron a revisar la decisión.
A cuatro meses de sancionada la ley de blanqueo de capitales, el decreto presidencial que la semana pasada habilitó a los familiares de los funcionarios públicos a suscribir al "régimen de sinceramiento fiscal" abrió varios frentes. Uno más político, en el Congreso Nacional, donde tanto el Frente Renovador como el Frente Para la Victoria encabezaron distintas iniciativas para frenarlo. El FpV, en cabeza de su presidente de bloque, Héctor Recalde, presentó un proyecto de resolución para declarar inconstitucional la decisión del Presidente. Se utilizó la figura de un proyecto de resolución porque el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias y sólo se pueden tratar los proyecto de ley incluídos en el temario por parte del Poder Ejecutivo.
Recalde afirmó que la disposición firmada por Macri es "absolutamente inconstitucional" porque "va en contra del artículo 83 de la Ley de Blanqueo y viola la letra expresa de la ley". "Un decreto no puede decir todo lo contrario a lo que dice la ley", insistió el jefe de la bancada del FpV y pidió que la declaración sea tratada el próximo 14 de diciembre.
Con un discurso más duro, Solá aseguró que se trata de un acto "violatorio del Parlamento y de la Constitución". El ex gobernador bonaerense cargó sin nombrarlos contra "los que se adjudican la condición de jueces morales de la República": "Permanentemente tenemos que soportar la calidad de jueces morales de la República. Permanentemente quieren instalar que una mitad de la argentina es corrupta y la otra mitad no, que viene a limpiar la corrupción de 20 o 30 años. Nos quieren vender ese pescado podrido y después sacan estas cosas. No dijeron nada de los Panama Papers, de eso no se habla", disparó Solá y remató: "El niño mimado quiere que su 'papi' pueda blanquear porque si no es injusto, esa es la verdad de la milanesa". El diputado del Frente Renovador adelantó que también presentará en la Justicia un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar, en línea con lo que ya presentó ayer el Frente para la Victoria y la asociación AJUS.
"Observamos que el decreto no solo atenta y excede el espíritu y la propia letra expresa de la Ley, al incorporar "solapadamente" a sujetos excluidos de los beneficios de la misma, sino que además atenta contra todo principio de republicanismo, desnaturalizando la voluntad expresa del Congreso de la Nación", sostiene el escrito presentado ayer por el abogado Mariano Lovelli. Además, la denuncia remarca que el Presidente no puede emitir decretos en materia tributaria, ya que la Constitución Nacional establece que es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Incluso, en este caso ni siquiera se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sino de un decreto simple.
Lovelli también planteó la necesidad de interponer una medida cautelar y una medida interina para suspender los efectos del decreto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el decreto está vigente y los familiares de funcionarios que pidan adherirse al blanqueo podrán hacerlo. Fuentes del Frente para la Victoria consideraban que aún si se declarara posteriormente la inconstitucionalidad del decreto, no podría revertirse la situación de los familiares que ya se hayan adherido al sinceramiento fiscal.
La diputada Donda también presentó una denuncia penal contra Macri, Peña y su ex aliado político, Prat Gay. La legisladora de Libres del Sur, junto a sus compañeros de bancada, Federico Masso y Graciela Coussinet, los acusó del "delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". La causa recayó en el Tribunal Criminal y Correccional Federal a cargo de Ariel Lijo.
"Nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates, ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Solá, quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido", agregó Donda.
Desde la UCR el diputado Mario Negri también había criticado el decreto, igual que la titular de la CC porteña, Paula Oliveto. Hasta la vicepresidenta, Gabriela Michetti, tuvo que ensayar una curiosa justificación que remató con una confesión tácita de su desacuerdo: "no voy a decir lo que a mí me parece", sostuvo.
De cómo ocultar la herencia recibida
Por Adriana Puiggros
Desde que las grandes corporaciones descubrieron que la educación puede ser un mercado de enormes ganancias potenciales, cuya clientela está asegurada porque la natalidad humana es persistente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cumpliendo con su mandato como "Club de los países ricos" asumió la tarea de gendarme de la "calidad" educativa en el mundo. Las herramientas que utiliza son pruebas de evaluación tomadas en una muestra de escuelas de los países que son socios de aquel organismo. Estos deben someterse a evaluaciones bianuales cuyos resultados son ordenados en un ranking. Esa escala se construye en base a una comparación de objetos incomparables pues los sistemas escolares son distintos entre muchos países: la cantidad de años obligatorios, la relación entre educación pública y privada, la cantidad de horas diarias y anuales de clase, las diferencias culturales y el ritmo de desarrrollo regional de los sistemas.
El hecho es que, de acuerdo a las pruebas internacionales, entre 2006 y 2009 los resultados de Argentina habían mejorado y luego se estabilizaron, pero la prueba tomada en 2015 muestra una significativa mejora. Estos resultados cayeron mal en el gobierno de Macri, que ha venido sosteniendo que la Argentina baja en la escala por culpa de "la herencia recibida", que el sistema educativo está diseñado "para hacer chorizos" (¡ay, pobre Sarmiento al que el Ministro de Educación dijo querer reivindicar!) y que harán una nueva "Campaña al Desierto". Se sospecha que el gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para evitar que la OCDE incluyera a la Argentina en el nuevo ranking, cosa que, de acuerdo a las declaraciones del director de la prueba Pisa Andreas Schleicher (La Nación 5/12), la organización tuvo en cuenta. ¡Lo pensaron! ¿Consideraron la posibilidad de eliminar a la Argentina del ranking porque la política educativa del gobierno kirchnerista fue exitosa pero sobre todo porque pone en cuestión la consideración de que hay "grasa que sobra" entre el alumnado, la culpabilización y descalificación de los docentes, la desvalorización de la escuela pública a favor de los negocios pedagógicos?. Como si fuera poco, "La Nación" acota que "aún cuando los resultados muestren una mejora, no serán buenas noticias para la Argentina". La OCDE optó por acordar una solución de compromiso, como expresan las declaraciones de Schleicher: colocar un asterisco, junto al resultado de Argentina en el listado para expresar duda, y echarle la culpa al país aduciendo que ellos solamente analizan la muestra que envía cada cliente( país) y que nuestra muestra contuvo errores. Pero precisamente aquellos que la OCDE considera errores no son otra cosa que las particularidades de la vida escolar de cualquier país. En el caso argentino,(recordemos que desde la reforma menemista existen tantos sistemas como provincias y una coordinación en el Consejo Federal de Educación) los sistemas escolares están en proceso de cambio de acuerdo a la elección que hizo cada provincia respecto a la duración de seis o siete años del nivel primario y cinco o seis del secundario. La rigidez de los instrumentos que utiliza la OCDE no permiten adecuación alguna a los cambios que se producen en el objeto que miden, de manera que toda inadecuación a las respuestas al formato aplicado es considerada negativa. Queda así confirmada la crítica que vienen haciendo Ctera, los demás gremios y muchos especialistas de los países afectados, sobre el desprecio de las pruebas internacionales estandartizadas por las distintas culturas y realidades sociales. Esta vez los instrumentos de la evaluación chocaron en la Argentina contra la realidad: los sistemas educativos cambian y no pueden ser medidos de un único momento sino que se requiere tomar en cuenta procesos. Evaluar como se debe la educación no admite la "instantánea" sino que requiere el análisis de una película. Una buena película argentina película no proporcionaría resultados satisfactorios ni para el gobierno de Macri ni para la OCDE. Por otra parte, hace unas semanas se dieron a conocer los resultados del TIMSS, otra prueba internacional que utiliza una lógica y metodología semejante al PISA de la OCDE. El objeto de análisis fue la educación en la ciudad de Buenos Aires y la prensa oficial no pudo ocultar los resultados negativos. Empero, el Pisa muestra una mejora significativa de la educación( o sea del trabajo que hacen docentes y alumnos) en la misma jurisdicción. ¿A quién creerle? Sin duda la vida en nuestros colegios transcurre en registros muy diferentes del que orienta a la OCDE o "Club de los países ricos" convertido en pedagogo, y al gobierno cuyo sentimiento profundo es "cuanto peor mejor". Pero el mayor escándalo es que un organismo internacional se preste a acuerdos sobre resultados con un gobierno, si esas conversaciones han existido de acuerdo a las declaraciones de Andreas Schleicher.
Evaluar significa en la lógica aristotélica que el orden social sigue las jerarquías del orden natural. Atribuir y adjudicar valor a un objeto o sujeto teniendo en cuenta jerarquías de inferioridad y superioridad en un orden que garantice su interdependencia es una condición de las pruebas que aplica el "Club de los países ricos" a sus países clientes. Que los resultados obtenidos por el PISA muestren una mejora de la Argentina en su escala, no quiere decir que esa evaluación y sus semejantes se hayan vuelto repentinamente confiables. Lo son menos aún, dado que la relatividad de la postura objetiva de quienes dirigen el PISA ha quedado en evidencia al acceder a los intercambios que haya habido con el gobierno antes de dar a conocer los resultados.
Es posible, y los argentinos necesitamos, conocer la marcha de nuestra educación desde criterios elaborados desde un orden de ideas democráticas. Tenemos profesionales del mejor nivel y con amplia experiencia en evaluaciones cuanti y cualitativas y docentes dispuestos a participar activamente. Proseguir la serie comenzada por el Operativo Nacional de Evaluación del MCyE hace varios años sería una primera medida para sanear esta situación.
* Doctora en pedagogía.
OPINIÓN
Los investigadores que faltan
Por Daniel Schteingart *
El Conicet redujo casi 60 por ciento el ingreso a la carrera de investigador: los llamados a concurso para incorporar investigadores pasaron de 943 en 2015 a 385 en 2016. El dato es sumamente preocupante, habida cuenta del rol crucial de la ciencia y tecnología en los procesos de desarrollo.
La correlación entre investigadores por millón de habitantes y de- sarrollo es altísima. En los países desarrollados, tal cifra supera en promedio los 4 mil investigadores por millón de habitantes, siendo Corea del Sur y Suecia los países líderes, con casi 7 mil investigadores por millón de personas en 2014, según el Banco Mundial. Argentina se ubica bien posicionada en América latina, con 1202 investigadores por millón de habitantes, muy por encima de Brasil (en torno a los 700), Uruguay (504), Chile (428) y México (322). Sin embargo, todavía está muy lejos del grueso de los países desarrollados.
Si en lugar de ver la foto vemos la película, podremos comprobar que uno de los mayores aciertos de los doce años kirchneristas fue la puesta en valor de la ciencia y la tecnología, hecho reconocido por el propio Mauricio Macri en la campaña electoral de 2015. En 1997, Argentina tenía 692 investigadores por millón de habitantes; en 2002, tal cifra había caído a 688. Entre 2002 y 2014, Argentina incrementó sus investigadores per cápita a razón del 4,8 por ciento anual, cifra muy superior al promedio de la Unión Europea (2,9 por ciento), Canadá (1,7), Japón (0,7) y Uruguay (2,5), idéntica a la de China y solo por debajo de locomotoras emergentes como Corea (7,1), Malasia (17,6) y Turquía (10). Si la tendencia de 2016 continuase, la tasa de crecimiento de los investigadores per cápita del país disminuiría drásticamente, y la brecha con un mundo que sigue formando cada vez más científicos se volvería a agrandar.
Se han oído algunas críticas al Conicet, del estilo de "forman solo cientistas sociales que son pura ideología". Tal expresión es desafortunada por tres razones. Primero, el 78 por ciento de los investigadores proviene de ciencias duras, según datos del propio Conicet. Segundo, el 22 por ciento de investigadores en ciencias sociales que tiene el Conicet es una cifra muy razonable para los estándares mundiales. A modo de ejemplo, según el World Social Science Report de 2010 en Hungría tal cifra es del 36 por ciento, en Turquía del 28, en Portugal y México del 26, en Noruega y España del 25 y en República Checa del 19. El porcentaje de las ciencias sociales en el total de investigadores sí es bastante más bajo en países de altísima industrialización como Japón (12), Taiwan (11) o Singapur (8), o con alta focalización en las industrias de defensa (como Rusia, con 5), y que por tanto demandan proporcionalmente más ingenieros o profesionales de ciencias duras. Tercero, los cientistas sociales tienen mucho por contribuir al bienestar social, sea analizando los efectos de ciertas políticas públicas sobre la pobreza o contribuyendo a una mejor comprensión de los aprendizajes que nos deja la historia mundial y argentina a la hora de tomar decisiones políticas, por poner solo dos ejemplos triviales entre miles.
Si bien en Argentina la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el productivo dista de ser virtuosa (apenas el 25 por ciento de la I+D la realiza el sector privado), la situación actual es sustancialmente mejor que la de principios de los 2000. Para que la articulación entre la I+D pública y el sector privado sea más dinámica, necesitamos multiplicar investigadores de diferentes disciplinas y, a su vez, fomentar a nuestros sectores productivos a que hagan uso de los grandes aportes que tales investigadores tienen para ofrecerles.
* Magister en Sociología Económica (Idaes-Unsam), profesor UNQ, investigador del IET.
Investigadores en I+D por millón de habitantes.
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