Página/12
domingo 11 de diciembre de 2016
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, miles de personas marcharon a Plaza de Mayo para repudiar el desmantelamiento de las políticas de memoria y la criminalización de la protesta social, reclamar por la continuidad de los juicios y exigir la libertad de Milagro Sala.
LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS SE MOVILIZARON AYER A LA PLAZA DE MAYO
Por la memoria y la resistencia al neoliberalismo
Miles de personas pasaron ayer por la tarde por la Plaza de Mayo con la consigna "Seguimos resistiendo". (Foto: Carolina Camps)
Por Ailín Bullentini
Durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri el movimiento de derechos humanos se unió con fuerza detrás de dos acciones que no le son desconocidas: la resistencia y la lucha. Ayer, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, que coincidió en esta ocasión con la llegada de Cambiemos al poder, llenó la Plaza de Mayo en una jornada combinó la demanda de memoria, verdad y justicia y el reclamo por la continuidad de las políticas de derechos humanos con el rechazo al ajuste. "Nos sostienen razones, convicción, la potencia de la unidad y la organización y, hoy como ayer, la Memoria, La Verdad y la Justicia siguen guiando nuestros pasos", resumieron en un documento consensuado por los 14 organismos que convocaron a la movilización.
"Venimos a esta Plaza a reivindicar las luchas de los 30.000 detenidos-desaparecidos, a exigir el respeto de los derechos humanos, a reclamar la continuidad de los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado, a denunciar la banalización de la memoria", puntualizó el texto en el que trabajaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), H.I.J.O.S. Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH La Matanza, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico (MEDH), la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj). La unidad se vio reflejada en la lectura colectiva del documento, que también fijó posición frente a las "políticas represivas" del gobierno de Macri. Un referente de cada organismo estuvo a cargo de un fragmento.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida mandaron abrazos desde Medellín y España, donde se encuentran ambas respectivamente. "Esta fecha es especial, pero más este año, cuando los derechos humanos de los argentinos fueron violados permanentemente. Una vez más en nuestra querida plaza les demostramos a los responsables que no les será fácil y que el pueblo unido jamás será vencido", escribió Almeida.
La convocatoria, construida en torno de la consigna "Seguimos resistiendo", hizo pie fuerte en los reclamos por la continuidad de los juicios contra los genocidas y por que "se reactiven y profundicen las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia", políticas "que los organismos habíamos reclamado durante décadas y que fueron reconocidas desde el Estado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner", plantearon los organismos.
Graciela Daleo, sobreviviente de la ex ESMA, se encontró con Alejandro Garfagnini en el medio de la plaza, de casualidad. Charlaban de Milagro Sala, la dirigente social jujeña detenida desde hace casi 11 meses, mientras La Bersuit, banda que cerró la jornada, probaba sonido y aún ingresaban algunas organizaciones políticas. "Atravesamos un momento de resistencia a esta ofensiva del neoliberalismo que tiene la tremenda dimensión latinoamericana y mundial", reconoció Daleo. "Fue un año muy duro para el pueblo argentino. Después de 30 años y de ser ejemplo mundial, tenemos presos políticos, tenemos extrema pobreza y exclusión, desocupados, cierre de fábricas. Como mínimo hay que estar en la calle ante una involución de estas características", reflexionó Garfagnini.
Algo de eso denunció el texto con el que los organismos cerraron la jornada: "En un año de Gobierno de Macri, nuestro país ha retrocedido décadas, generando una Argentina con miles de personas despedidas, con un Estado que genera beneficios para pocos y deja de garantizar y proteger los derechos de todos y todas", postularon frente al micrófono.
Entre los shows de Peteco Carabajal y La Franela, los actores Paola Barrientos y Conrado Geiger leyeron en homenaje al revolucionario cubano fallecido hace algunos días fragmentos de los poemas "Fidel tendrá siempre todo el tiempo" y "Fidel". Entre las canciones de La Franela y Ariel Prat, compartieron la carta que envió Sala desde el penal de Alto Comedero, donde sigue encerrada (ver aparte).
El reclamo de liberación de la dirigente social jujeña fue otro de los ejes del documento consensuado. Para Paloma, "acalorada, pero contenta de estar" en la Plaza de Mayo, "defender lo conquistado" se trata de "defender la justicia social, de medidas que no atraviesen a los sectores más sufridos y los hagan sufrir más". En ese sentido, "la intransigencia de este gobierno en temas como la libertad a Milagro" la sorprende, pero no la alarma: "Acá estamos. Sin reclamo constante, nos pasan por encima."
Los organismos también denunciaron un "aumento de la violencia institucional" y a los medios de comunicación que "justifican la violencia y la persecución a los sectores populares, principalmente a los jóvenes y a los migrantes". Exigieron la aparición con vida de Jorge Julio López y también la restitución de la identidad a más de 300 jóvenes apropiados. Lucía aplaudió como pudo la lectura. Tenía a su beba en brazos. Tiene treintaitantos y habló de resistencia como "un legado", el del "camino demostrado" que emprendieron los organismos de derechos humanos "para que los dirigentes los escuchen". "Nosotros, el pueblo, tenemos que aprender de ellos. A reclamar y a resistir", opinó.
HOMICIDIO DE UN PRESO EN JUJUY Y DESCONOCIMIENTO DE LA ONU Y LA OEA
Suicidio a golpes del Estado de Derecho
Mientras el gobierno sufría su tercera derrota seguida en el Congreso (rechazo a la manipulación electrónica del voto, emergencia social y reforma del impuesto a los altos ingresos), el asesinato en una cárcel de Jujuy de un preso cuyo tío no colaboró en la persecución a Milagro Sala marcó la agonía del Estado de Derecho en uno de los distritos que gobierna la Alianza Cambiemos, esbozando un amanecer sombrío para su segundo año en el poder mientras la economía no despierta del letargo recesivo.
Por Horacio Verbitsky
El martes, el Servicio Penitenciario jujeño informó que el detenido Nelson Mariano Cardozo, de 21 años, se había ahorcado en la cárcel de Villa Gorriti. Pero sus compañeros de cautiverio tenían motivos para descreer de esa versión, pidieron explicaciones y recibieron golpes, gases y balas de goma, igual que los familiares de muchos internos que ante las noticias inquietantes se habían concentrado frente al penal.
La autopsia de Cardozo reveló que lo habían matado a golpes y que las marcas de estrangulamiento habían sido realizadas sobre su cadáver para simular el suicidio. No era un preso cualquiera. Su tío, Alberto Esteban Cardozo, había denunciado que el sábado 27 de octubre de 2007, Jorge Rafael Páes y el Chato Alberto Avila intentaron matarlo a tiros. Los disparos hirieron en el abdomen a Soraya Pamela Belen Centellas, una nena de 11 años que hacía las compras en una carnicería próxima. Páes y Avila estuvieron años prófugos. Según diversos testimonios, se trató de un enfrentamiento entre dos grupos de 20 a 40 personas, por razones familiares, futboleras y políticas: Avila también es sobrino de Cardozo, ambos formaban parte de bandos enfrentados en la hinchada de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y militaban en agrupaciones distintas en el justicialismo local, que dirimirían en las elecciones del día siguiente, domingo 28 de octubre.
Grupo de familia
En noviembre de 2010 el juez Raúl Gutiérrez procesó a los prófugos por lesiones culposas y abuso de armas, calificación que la Cámara de Apelaciones cambió por la de homicidio simple en grado de tentativa. Avila fue detenido en marzo de 2015. La causa tomó un giro distinto a partir de la asunción del gobierno de los contadores Gerardo Morales y Carlos Haquim, en diciembre de 2015. Al mes siguiente ingresó al expediente una escucha telefónica a la hija de Páes, Jésica Silvana. El 15 de enero de este año, la mujer le dice a Páes que habló en la plaza con Mili o La Flaca, quien le prometió darle dinero para dos meses de alquiler. Un nuevo juez, Pablo Pullen Llermanos, ordenó la detención de Milagro Sala por encubrimiento. Páes fue detenido el 15 de febrero en Tartagal. Pero en su declaración indagatoria del 26 de febrero, Páes dijo que el día anterior al tiroteo, en una reunión realizada en el domicilio de Milagro Sala, con su esposo Raúl Noro, Ávila, Augusto Choque (a quien llaman El Peruano) y "varios más que no recuerda", la dirigente de la Túpac Amaru mandó "a limpiarlo a Beto Cardozo". Agregó que él no quería pero Milagro lo amenazó con la pérdida de su trabajo y dijo que le pagaba a Ávila con una casa; que durante el trayecto trató de convencer a Ávila de no hacerlo; que él iba sin armas y que muerto de miedo se agachó "en el asiento del acompañante, escondido". La disculpa de Páes también incluyó que "vivimos en el barrio de la Tupac, rodeados de los matones que hacen cualquier cosa por unos pesos". Cardozo es dirigente de la organización social Tekuré, que entonces estaba enfrentado con la Tùpac Amaru y ahora es su aliado.
Avila negó la existencia de la reunión, de la cual no se produjo otra prueba que la indagatoria de Páes, sin juramento de decir verdad porque estaba procesado, pese a lo cual el juez sostuvo que era una "declaración testimonial". Ávila dijo que la casa la había comprado un año antes, con un préstamo de su suegro y la venta de dos motocicletas. Incluso pidió ser careado con Páes para establecer quien mentía. Al fiscal Diego Cussal y al juez Pullen Llermanos les bastó el descargo del procesado Páes para cambiar la calificación de homicidio simple a homicidio agravado por pago o promesa remuneratoria y procesar a Ávila como autor y a Milagro Sala como coautora, mientras desvinculaban al ahora colaborativo Páes, pese a que estuvo presente en el momento del supuesto encargo, acompañó a Avila y escapó con él. Pese a que varios testigos, entre ellos el policía Gastón Brajeda, dijeron que también Páes había disparado, Pullen Llermanos le concedió primero la prisión domiciliaria y luego lo sobreseyó. El 26 de abril Pullen Llermanos ordenó la detención del denunciante, Beto Cardozo, a quien también procesó porque según otros testigos, se defendió a tiros de quienes querían matarlo. El caso sigue una pauta recurrente en la Jujuy de Morales, donde a cada uno se le permite elegir entre ser acusador o acusado:
- En enero de este año varios cooperativistas imputados por defraudación con los planes de vivienda para acusar a Milagro Sala declararon en contra de sí mismos y así fueron excluidos de la persecución judicial.
- La senadora Liliana Fellner reveló que el contador Morales la conminó a votar el acuerdo con los fondos buitre porque de otro modo también serían procesados los intendentes justicialistas cuya firma era imprescindible para certificar el avance de la construcción de viviendas y permitir el pago.
- La diputada Mabel Balconte, procesada igual que Milagro Sala por asociación ilícita y defraudación, pagó su libertad y la de sus hijos acusando a Milagro Sala, transacción que quedó al descubierto cuando ingresó dormida al Hospital de San Pedro con una sobredosis de barbitúricos por la tensión padecida ante la alternativa que enfrentó.
El registro de la justicia electoral indica que Pullen Llermanos está afiliado a un partido político en Jujuy y si bien no consigna a cuál, en su perfil de Facebook el justiciero jujeño declara su agrado por el presidente Mauricio Macrì, con foto incluida.
La intromisión foránea
El viernes el diario regional El Tribuno publicó una solicitada firmada por las instituciones representativas del poder económico jujeño. La Unión Industrial, la Unión de Empresarios, la Sociedad Rural, la Cámara del Tabaco, la Cámara Minera, la Unión de Cañeros, la Cooperativa de Tabacaleros, el Consejo de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados y Procuradores y el Colegio de Escribanos de Jujuy denunciaron la "intromisión o avasallamiento del derecho interno del país" por parte de los organismos internacionales, sin "un exhaustivo conocimiento previo y debidamente informado de las causas en juzgamiento". Añaden que el gobierno lleva adelante un proceso de pacificación y diálogo por lo cual reclaman "resguardar nuestra institucionalidad para mantener la paz y la concordia de los jujeños". Entienden que Milagro Sala está detenida por delitos comunes y graves por "nuestro Poder Judicial, cuya independencia debe defenderse" y que considerarla presa política mueve a escándalo. Este texto que invoca la "libre determinación de los pueblos" como basamento del orden mundial, está escrito en el estilo con que hace cuatro décadas las organizaciones patronales respondían a la denominada campaña antiargentina, como llamaban a las denuncias por las violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado. Ya en 2009, el entonces senador Morales presentó un pedido de informes sobre la Túpac Amaru, en cuyos considerandos sostuvo que mediante la protesta y la movilización por "los intereses de los sectores más desprotegidos" la Túpac Amaru ejercía "una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local". Irónicamente, en la semana del asesinato en la penitenciaría, Morales celebró el primer año de su gobierno con una ceremonia realizada el viernes con la consigna Paz, Unión y Libertad Civil, que explicó como libertad de transitar por las calles, primicia que atribuye como las cámaras patronales a la detención de Milagro Sala. Morales sostuvo que ni la ONU, ni la OEA ni la CIDH habían refutado "ni una de las razones de la causa que tengamos presa a Milagro Sala", en sincera primera persona. Ante apenas unos miles de personas, exhibió la reconstrucción del bipartidismo que Milagro Sala había puesto en crisis, al rodearse de 20 de los 21 intendentes y 35 de las 39 comisiones municipales. Poco antes había recibido a la dirigente de un "Centro de Atención a las Víctimas de Milagro Sala", Soledad Mendoza, quien reveló que también habían visto al ministro de Justicia Germán Garavano. "Cuando fuimos víctimas de la violencia, de las golpizas, del amedrentamiento y atropello de Sala, no se formó ningún comité, ni desde la ONU vinieron a defendernos", recitó. El obispo de Jujuy, Daniel Fernández, apoyó la convocatoria y el presidente del radicalismo provincial, Mario Fiad, repudió "las presiones externas y amenazas a las instituciones jujeñas". Estas invocaciones a la soberanía provincial, desconociendo los tratados internacionales que obligan a la Nación Argentina y que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, superior a la de las leyes, son propias de un núcleo oligárquico que no mira más allá de sus intereses pero sorprenden en el gobierno nacional, que representa a la Argentina ante la comunidad internacional. Esto no ocurre por falta de medios de presión sobre el contador Morales. El gobierno jujeño financia el 87 por ciento de su presupuesto con transferencias del Estado Nacional por el régimen de coparticipación federal. Además, Jujuy encabeza el ranking de transferencias extraordinarias, discrecionales del Poder Ejecutivo desde que asumieron Morales y Macrì. La libertad de Sala fue pedida al Estado Nacional por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero Morales dijo que no la liberaría y Macrì lo respaldó aduciendo que está bien detenida porque muchos piensan que cometió graves delitos. A esta persecución, iniciada en defensa de la gobernabilidad de Morales según confesó su aliado Ernesto Sanz, se suma ahora el riesgo no sólo para la libertad sino también para la vida de quienes se opongan a sus designios. Para revestir estas agresiones a la convivencia democrática de la jerga tecnoburocrática que legitima las peores arbitrariedades, el gobierno jujeño recurrió al fiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana, de 36 años, quien recorre los medios de difusión nacionales defendiendo las decisiones de una justicia provincial subordinada al poder político. El último invento de ese dispositivo autoritario de poder, expuesto por el juez Pablo Pullen Llermanos, es que Milagro Sala encabeza "el crimen organizado en Jujuy". Macrì había dicho antes que se trataba de una organización armada y Millón Quintana la denominó organización mafiosa. Al mismo tiempo, el gobierno nacional firmó acuerdos con Estados Unidos para combatir el terrorismo y anunció que está preparando una reforma de la denominada ley antiterrorista. Uno de sus objetivos es suprimir la salvedad que por reclamo del CELS introdujo la ex presidente CFK: sólo se aplica a "actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales" y excluye "de cualquier intención criminalizante los hechos de protesta social", que están dirigidos a "reclamar por derechos individuales o colectivos". Aun cuando esos reclamos transgredieran la ley penal, "no dejarían de constituir el ejercicio de un derecho constitucional". Contra esa reserva se pronunció el viernes el gobernador de Chubut Mario Das Neves en una denuncia penal contra diversas organizaciones de la resistencia Mapuche y su lonco, Facundo Jones Huala, a quienes su ministro coordinador Alberto Gilardino menciónó como guerrillero. La intención de criminalizar los reclamos sociales y políticos como actos terroristas unifica al gobierno nacional con el radical-renovador de Jujuy y el justicialista berreta de Chubut.
Millón Quintana, quien trabajó en la Auditoría General de la Nación con el auditor radical Alejandro Nieva, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvo el doctorado en derecho y un magister en derecho constitucional en la de Palermo y una maestría en Teoría del Derecho en la New York University School of Law, cuando allí era profesor de Derecho Global el flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz. Es profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho en las universidades de Palermo y San Andrés y ha dictado conferencias en la Universidad de la Sabana, en Bogotá, regida por el Opus Dei. Todo esto no le ha bastado para comprender algunos conceptos básicos del derecho internacional. En los últimos reportajes concedidos en Buenos Aires, que la página oficial de la Cancillería reprodujo en signo de apoyo del Estado Nacional, Millón cuestionó a las organizaciones no gubernamentales que presentaron el caso ante la ONU y la OEA (Amnistía Internacional, el CELS y Andhes) porque habrían llevado opiniones de izquierda y no pruebas de las causas, que los comisionados recién conocerán cuando visiten el país. Estas organizaciones presentaron la denuncia y no les compete a los denunciantes sino al Estado aportar todos los elementos en defensa de su posición. Así lo hizo, pero no fue convincente y ambas resoluciones concluyeron que la detención era arbitraria y debía cesar, por el principio de inocencia hasta que un juicio por jueces independientes e imparciales determine por medio de un debido proceso la culpabilidad del acusado. Millón Quintana también alegó que ninguna de esas decisiones era vinculante, ignorando que tanto el Tratado de Viena sobre el Derecho de los Tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos obliga a los estados signatarios a cumplir con las decisiones que emanan de ellos y de sus órganos de interpretación. En su gestión como propagandista oficial, Millón mencionó como pruebas contra Milagro Sala el hallazgo en su casa de una máquina de contar dinero (que hasta el corte de los recursos oficiales se usaba en la sede central de la Tupac Amaru para preparar los sobres de los sueldos que se pagaban) y de una serie de bolsos, en los que según la denuncia de la arrepentida Balconte se trasladaban sumas millonarias a la residencia presidencial de Olivos. El argumento mueve a risa, de solo imaginar que por economizar el costo de veinte bolsos los regresaban vacíos a Jujuy para volver a usarlos. La impresionable justicia jujeña dio por buena la declaración de Balconte, cuando comprobó un viaje a Buenos Aires y una reserva de alojamiento en un apart hotel porteño en la fecha mencionada por la imputada arrepentida, pero nada sobre el supuesto dinero transportado. Entre las pruebas que las ONG denunciantes habrían ignorado, Millón menciona la filmación en la que un grupo de cooperativistas hace efectivos cheques en un banco de Jujuy, en la primera semana de diciembre del año pasado. Lo que no dice es que se trataba de un adelanto financiero del 20 por ciento de una nueva obra, que debía rendirse en un mes, con la certificación de comienzo de los trabajos, cosa que no ocurrió porque el 16 de enero Milagro Sala fue detenida junto con otros cooperativistas por el acampe en la Plaza Belgrano, con lo cual el contador Morales desarticuló el mecanismo de funcionamiento de la organización, muy distinto del de la empresa privada. Este episodio muestra los límites de la estatalización de los movimientos sociales, según la definición del Frente de Izquierda y los Trabajadores.
Dentro de los desatinos oficiales, Macrì rechazó cualquier comparación con el caso del opositor venezolano Leopoldo López, cuya libertad fue solicitada por los mismos organismos y con idénticos argumentos a los que usaron con respecto a Milagro Sala. La persecución a López es política, no hay cargos de corrupción, dijo el presidente argentino, argumento que esta semana fue retomado por el columnista de La Nación Carlos Pagni. En el mismo sentido, el editor de Clarín Ricardo Roa dijo que no había habido pronunciamientos del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en favor de los presos venezolanos ni de la CIDH sobre Cuba. El énfasis que se ponga en una afirmación falsa no la volverá verdadera y sólo demuestra la ignorancia de quien la sostiene.
La Corte Interamericana condenó en 2011 a Venezuela por violación al debido proceso de López, quien fue juzgado y condenado en dos casos de corrupción a multas por casi cinco millones de dólares e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por seis años. En el primer caso, Pedevesa, donde López era analista económico, realizó donaciones por 85 millones de bolívares a la Asociación Civil Primero Justicia, de la que López era miembro fundador. La madre de López autorizó las donaciones, como gerente de Asuntos Públicos de Pdvsa, lo que fue definido como un "conflicto de intereses". Como alcalde de Chacao, fue condenado por desviar fondos hacia una finalidad diferente a la que la ley establecía para esa partida presupuestaria.
En junio de este año, el Secretario General de la OEA cuestionó ante el Consejo Permanente la situación venezolana, apoyó el reclamo opositor de un plebiscito revocatorio este año, el reemplazo del tribunal de justicia, la liberación de los presos políticos, la creación de una oficina anticorrupción independiente y la aplicación de la Carta Democrática, lo cual le valió una dura réplica del ex presidente José Mujica, de quien había sido canciller. La Comisión Interamericana fue creada en 1959, como respuesta a la revolución de los barbudos y desde entonces Cuba ha sido su objeto principal, con informes anuales del llamado Capítulo IV, que luego de la elección de Hugo Chávez se extendieron a Venezuela y que no se dedican a ningún otro país miembro. Esta direccionalidad recién se modificó en 2013, de modo que cada año se elijan países distintos. Pero también con la nueva normativa, Cuba y Venezuela fueron seleccionados. El informe del año pasado señala "violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos" en la isla. El del año anterior, sobre Venezuela, menciona una violación grave de las instituciones de la democracia representativa prevista en la Carta Democrática, que son medios fundamentales para la realización de los derechos humanos". Es decir que la similitud con el caso de Sala es indisimulable.
El primer juicio
El jueves 15 comenzará en San Salvador el primer juicio contra Milagro Sala, por denuncia de Morales cuando era Senador. El 16 de octubre de 2009, mientras daba una conferencia en el Consejo de Ciencias Económicas de la Capital, Morales fue interrumpido por Ramón Salvatierra, Graciela López y otras personas que arrojaron sillas y huevos y entonaron consignas críticas sobre su gestión. Milagro Sala recién fue vinculada un año después con el episodio, del que no participó. Como de costumbre, por dichos de terceros. Morales constituido en querellante presentó al matrimonio formado por los cooperativistas René Orlando Arellano y Cristina Noemí Chauque, quienes el 13 de agosto de 2010 declararon que Milagro Sala era violenta y que durante una reunión en su casa, les exigió que agredieran a Morales. Como se negaron, los amenazó. No faltan detalles pintorescos. Según su versión, Sala les dijo que "les daría para los huevos", lo palpó en los genitales para ver si tenía armas e "hizo que le besen los pies, que la llamen Mami". Es decir, como en el caso del tiroteo, ninguna prueba directa, sólo dichos de terceros que se presentan mucho después y que no fueron comprobados. La calidad del testigo no es la mejor. Como se sentía en peligro, Arellano pidió custodia. Como Morales era senador nacional, intervino la justicia federal, que dispuso una custodia para el testigo. El informe de la Policía Federal no lo favorece: un día se toma a golpes con su hermano, luego de un incidente de tránsito agrede a su hijo y a un colectivero, alcoholizado porta armas para las cuales no tiene autorización, grita y pega a cualquiera. ¿Qué dirán los señores de las fuerzas vivas que firman la solicitada cuando vean en acción a este único testigo que vincula a Milagro Sala con un episodio en el que no estuvo presente?
OPINIÓN
La oposición hace agenda
Errores y traspié del Gobierno con la reforma del Impuesto a las Ganancias. El devenir en el Senado, perspectivas. La oposición unida reforma el presupuesto y condiciona al Gobierno. La reacción de Macri ante un escenario que cambió. La perspectiva electoral y los cambios de tácticas. Una nueva agenda, de matriz opositora.
Por Mario Wainfeld
La bronca es mala consejera, el despecho es peor. El presidente Mauricio Macri rezumó despecho cuando criticó al diputado Sergio Massa tildándolo de "impostor". "¿Cómo me hacés eso si te llevé a Davos?" clamó, apenas con otras palabras. Trascartón se refugió en el relato básico de Cambiemos: el kirchnerismo es mancha venenosa o por ahí el mal mismo. Y acusó de kirchneristas a todo el espectro opositor no K con énfasis especial en Massa, en todo el Frente Renovador (FR), en la diputada Graciela Camaño. Olvidó que Camaño era la nave insignia del apodado Grupo A en la Cámara Baja cuando la oposición anti K aprobó la implantación del 82 por ciento móvil para las jubilaciones, allá por 2010. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la norma y fue reelecta un año después. El porvenir de Macri es más vidrioso, porque no viene mejorando la vida de los argentinos. El escenario mutó. Nada es eterno en política, menos que nada la buena estrella.
La media sanción de la Reforma al Impuesto a las Ganancias fue consecuencia de una serie de errores oficialistas. El Ejecutivo tiene, por imperio constitucional, "ventaja deportiva" sobre el Legislativo en las sesiones extraordinarias. Propone el temario, lo que presupone que solo impulsa leyes que está en capacidad de aprobar. Las espadas parlamentarias midieron mal, el negociador más hábil del Gabinete, el ministro del Interior Rogelio Frigerio (nieto), estaba en China…
Macri quiso, por enésima vez, maquillar la burla a su "contrato electoral" con un régimen chirle, engañoso, diferido a futuro. Leyó mal la coyuntura, aunque la había sabido reconocer cuando acordó el nuevo texto de la ley de Emergencia Social con las organizaciones sociales y buena parte de las fuerzas opositoras. "Si no puedes vencerlos ni bloquearlos, únete a ellos", pudo ser su lema.
El real impacto de las concesiones está pendiente de dilucidación, lo cierto es que hubo retroceso y se cedió a demandas ajenas.
El martes 13 desfilarán por el Senado gobernadores y representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT). Para que el proyecto llegue al recinto el miércoles, sobre tablas, es necesario el apoyo de dos tercios de los senadores. Vara muy alta que el Frente para la Victoria (FpV) puede saltar si sus senadores van unidos. Si así no fuera, deberán posponer la sesión para el miércoles 20.
El gobierno presiona a los mandatarios provinciales, que han expresado públicamente posiciones disímiles frente al proyecto. El peronismo unido parece dispuesto a aprobar la ley, ese es el desenlace más probable al cierre de esta nota, mientras siguen los tironeos. Un rechazo total, da la impresión, es casi imposible. Una aprobación en general con correcciones en la votación en particular es otra chance, en un escenario abierto. En promedio, el desenlace pinta adverso para el Gobierno aunque todavía hay tiempo para torcer voluntades.
Al final del camino puede estar el veto, herramienta predilecta de Macri. La vicepresidenta Gabriela Michetti, que no tiene superyó ni nadie que le inculque qué decir, lo dio por hecho para luego retractarse.
A esta altura, la oposición viene consiguiendo con las dos medias sanciones mencionadas reformar drásticamente el Presupuesto 2017 que el oficialismo consiguió aprobar días atrás.
El problema principal para el macrismo trasciende a la reforma de Ganancias, que por ahí consigue arrumbar, postergar o vetar. Es que la oposición se recompuso, que el primer año de Macri terminó onda fines de noviembre. Y que el 2017, momento electoral, ya comenzó. Será muuuy difícil regresar a la edad dorada en la que los opositores "responsables" aprobaban el acuerdo penoso con los fondos buitre, el endeudamiento salvaje, el blanqueo. Alguna señal de no alineamiento automático había emitido, cuando frenó el ingreso de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por la ventana de la Corte. Claro que volvió a ser complaciente al validar sus pliegos sin tomar en cuenta su inconducta previa.
La ley antidespidos supo ser otro desafío a Macri que recorrió un itinerario que puede calcarse en las próximas semanas: Congreso, Casa Rosada, veto, su ruta.
Claro que tocar el bolsillo de los trabajadores es más lesivo y notorio que una tregua breve en los despidos.
Tácticas y cheques en blanco: El kirchnerismo se sostuvo siempre en su rol opositor, decisión congruente que pagó con disensos internos, deserciones absolutas o intermitentes.
Massa optó por la táctica que aplicó Carlos Menem cuando gobernaba el presidente Raúl Alfonsín. Menem fue el opositor más transigente en el momento de apogeo, a la espera del momentum para saltar el cerco. La estrategia del ex presidente riojano rindió frutos notables, tanto que el radicalismo hasta lo aupó en la interna peronista de 1988 contra Antonio Cafiero. No está escrito que Massa obtenga resultados tan lujosos pero sí se sabía que su afán es buscar posicionarse para ser presidenciable en 2019 lo que implica que en pocos meses debe ser una firme alternativa opositora.
El tiempo del viraje es ahora: al fin y al cabo, se está más cerca del comienzo del itinerario electoral (listas, Primarias, generales) que del día en que el presidente efímero Federico Pinedo le puso la banda a su líder, "Mauricio".
Cambiemos tiene minoría en las dos Cámaras, sacó menos de un tercio de los votos en la primera vuelta electoral, el 2016 ha sido gravoso para la mayoría de los argentinos.
El macrismo subestima los datos ominosos de la economía real y se aferra a las encuestas de opinión, que han hecho sapo en el Brexit, en Colombia y en las elecciones presidenciales estadounidenses. Hay que ser cauto para darles crédito y, aun haciéndolo, es imperioso saber analizarse. Se supone que muchas personas dicen que la economía (nacional y propia) anda mal pero que conservan optimismo para el porvenir. En ese hipotético y dudoso caso, es insensato contar esa intuición (tan equivocada, piensa este cronista, sin originalidad) como un apoyo en las urnas en la votación de medio término. Los estados de ánimo varían: el optimista despechado es un prospecto nítido de voto en contra si la economía no mejora, particularmente en su "metro cuadrado".
El ojímetro y el costo político: En la vastedad del cosmos existen instrumentos de medición todavía menos confiables que los sondeos. El peronómetro, el corruptómetro, tan usados para análisis simplistas. El ojímetro puede aplicarse para medir distintas magnitudes, a menudo de modo impreciso. De cualquier modo, se apela a esa herramienta en las mesas de arena VIP, en los quinchos, en las charlas de café. En las horas que corren, "sirve" para medir el costo político. ¿Lo pagará Macri solo o recaerá sobre la "opo", los gobernadores, el movimiento obrero? ¿Cuál será su magnitud, para cada quién?
Un error frecuente acecha a los ojimetristas: creer que el susodicho costo se determina instantáneamente. Sin embargo, las relaciones de poder varían constantemente, la opinión pública jamás queda fijada en un punto.
La mayoría de las personas del común no se interesan mucho en las vicisitudes parlamentarias pero todas saben cómo va su vida, si están mejor que un año atrás. Esas percepciones, digámosle calificadas, decantan en el cuarto oscuro, no al atender un sondeo telefónico. Cuando revisen la billetera o la cuenta sueldo (si la tienen) elaborarán un veredicto. La polémica minuciosa sobre la coherencia de la ley es ruido, que unos pocos escuchan mientras cenan haciendo zapping.
Otro costo ya erogado es el deterioro de la imagen del presidente que gobierna para los ricos… medida por esa minoría selecta. La diputada Elisa Carrió y Macri mismo pusieron el grito en el cielo: qué será de nosotros, qué dirán de nosotros los inversores.
Es encantador elogiar los consensos cuando la oposición es seguidista. Muy otro cantar es cuando comparte efectivamente el poder, frena la ofensiva de la derecha gobernante, en un borde hasta cogobierna. Zozobra la "seguridad jurídica", sinónimo de preservación de intereses concentrados. Esa es la razón que llevaría como por tubo, supone este cronista, al veto de Macri. Para demostrar poder ante el establishment debe asumir un grado de impopularidad.
La gobernabilidad macrista es peliaguda porque depende de la homologación en las urnas. Hasta ahora, el oficialismo ha construido poco o nada en ese sentido. Traicionar la promesa de campaña no lo ayudará aunque los "tributaristas" de mayor reputación (en la City) expliquen que la ley es inconsistente.
Hilando un cachito más fino, ha sido la política económica del Gobierno la que desfinanció al Fisco. La reducción de retenciones a la soja, la supresión a otros productos agropecuarios, la gracia presidencial concedida de yapa a las mineras, la disminución del impuesto al patrimonio, la baja del IVA, correlato de la contracción del consumo.
Macri se enfurruña cuando sus adversarios reducen impuestos tanto cuando los reponen o los incrementan. El núcleo dista de ser el equilibrio fiscal, acentuado y descuajeringado por la política económica macrista. Es un modelo de país que cruje cuando se acerca el momento de pasar por la prueba ácida de la aprobación popular.
Jaque a la contrarreforma laboral: El nuevo comportamiento del Congreso causa incertidumbre sobre un objetivo central del gobierno: la reforma laboral regresiva en aras de la "competitividad" espuria de la derecha patronal. Las distintas facciones del peronismo son crecientemente refractarias a tamaños retrocesos, máxime en vísperas de elecciones. Los inversores extranjeros (colectivo virtual por ahora) y las grandes corporaciones empresarias se los exigen a "su" presidente.
Los compañeros de la CGT reunificada mostraron a veces las uñas pero han sido transigentes en general. De cualquier modo, como los gobernadores, intendentes o los referentes sociales, defienden-representan intereses que no es posible abandonar del todo. El mínimo no imponible es el piso de sus reclamos. El triunviro cegetista Héctor Daer, manso y tranquilo por antonomasia, le tira malas ondas al gobierno. Andrés Rodríguez, el Secretario General de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) se suma a las diatribas. Significativa señal que un oficialista contumaz enfrente al Gobierno: solo lo hace cuando lo percibe débil.
Pablo Moyano, el Secretario General de los Camioneros, habita siempre otro cuadrante: es opositor por perfil y convicción. El viernes envió un mensaje a los senadores peronistas recordándoles la defección en la Reforma laboral impulsada por el ex presidente Fernando de la Rúa, la apodada "Ley Banelco". Los compañeros parlamentarios deberán poner las barbas en remojo, tironeados entre los gobernadores filo amarillos y los representantes de los trabajadores, guste o no.
No todo es látigo y chequera: El Gobierno incurrió en dos torpezas manifiestas: el decreto de auto blanqueo familiar y lo sucedido en el Congreso.
Macri conserva poder, el estado fuerte es parte de la "pesada herencia". La gobernabilidad kirchnerista, que perduró doce años, se sustentó en el apoyo popular, revalidado en dos elecciones presidenciales. Su "modelo" económico es discutible y flaqueó en el último mandato de Cristina pero la sustentabilidad política y económica batió records en la historia argentina.
Muchos gobernadores, hasta algunos de origen radical, se sumaron al FpV, por estricta conveniencia. "Formadores de opinión" amantes de los slogans refieren que se los sometió con el mix entre "el látigo y la chequera". La imagen tiene tangencia con la realidad pero no la expresa en plenitud: es necio tomarla al pie de la letra. Entre 2003 y 2011 (tres votaciones para ejecutivos nacionales y locales) fueron regla las reelecciones. Los "gobernas" discrepaban con muchos aspectos del kirchnerismo, en especial con sus facetas más progresistas. Pero caminaban juntos por algo muy distinto al temor. Solo quien conoce poco el fenotipo de los líderes provinciales puede suponerlos medrosos, débiles, aquejados por el síndrome de Estocolmo. Son, en promedio, conservadores populares conocedores de su terruño, con poder fáctico y político, duros en la confrontación. De nuevo: se aliaron cuando (porque) los beneficiaba. Ahora deben diferenciarse de Macri no porque buscan la autonomía como Cataluña o Escocia sino para pujar con más fuerza. Son la parte débil de la cinchada pero no dejan de estar en conflicto relativo de intereses.
Macri entró en diciembre con el pie izquierdo. Afronta, con mal humor y modales huraños, una circunstancia que afrenta a cualquier oficialismo: "los Otros" le hacen agenda. Primero fueron ciudadanos movilizados, defendiendo derechos a través de la acción directa. Ahora la protesta entró en el terreno institucional. El gobierno atraviesa algo más serio que un mal momento: el comienzo de una etapa ripiosa, cuesta arriba.
La historia fluye, no ha cesado, continuará.
PANORAMA ECONÓMICO
Inflación recargada
Por David Cufré
El aumento del 6 por ciento en la cotización del dólar durante el último mes, desde el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, le agrega picante a la inflación. Para la castigada industria de línea blanca, por ejemplo, la incidencia de insumos importados sobre su estructura de costos es del 60 por ciento. Es decir que para compensar el alza de la divisa debería ajustar los precios de las heladeras y los lavarropas al menos 3,5 por ciento si no quiere ceder márgenes de rentabilidad, de por si comprimidos por la avalancha de importaciones. En el caso de los fabricantes de motos es peor. La participación de insumos importados en sus costos trepa al 65 por ciento, con lo cual una moto que hoy llega al público a 30 mil pesos debería pasar a 31.200 por el salto cambiario (que fue de 15,24 pesos el 8 de noviembre a 16,19 el último miércoles). Las terminales automotrices requieren de un 50 por ciento en promedio de insumos del exterior. La elaboración de pinturas carga con un 55 por ciento de componentes con precios dolarizados. La proporción es del 30 al 50 por ciento en productos de limpieza y del 45 por ciento tanto para el procesamiento del café como para la fabricación de alfajores. La tendencia se repite en prácticamente toda la cadena industrial, incluidos los proveedores de insumos difundidos. Los datos aparecen en un informe de la Secretaría de Comercio elaborado durante la gestión de Augusto Costa en esa dependencia. El documento alertaba a fines del año pasado sobre las implicancias de la devaluación que estaba cocinando Cambiemos, las cuales los consumidores argentinos pudieron constatar con amargura durante el primer año de Mauricio Macri. La devaluación no es gratis. Haber decidido eliminar la regulación cambiaria anterior desató una tormenta de inflación que aún no termina. El Gobierno la alimenta con nuevas dosis de incrementos en el valor del dólar y anuncios de tarifazos energéticos y de combustibles, que arrancarán en el verano. El equipo económico y el Banco Central pronostican para el año que viene una inflación de entre 12 y 17 por ciento. A juzgar por su puntería este año, cuando proyectaban entre 20 y 25 puntos y terminará arriba del 40, no habría que pensar en menos de 25 o 30 por ciento de inflación en 2017 con las mismas políticas.
La renovación de contratos de alquiler, de hecho, se está pactando con ajustes del 30 por ciento. El mercado lo justifica en parte en la necesidad de compensar supuestas pérdidas frente a la inflación de 2016, que superó sus previsiones. En cualquier caso, no acepta la indicación del Gobierno de fijar precios en función de la proyección oficial del 17 por ciento para el próximo año. Es una muestra de cómo los sectores del capital con poder para imponer condiciones no prestan atención a lo que digan Alfonso Prat Gay y Federico Sturzenegger. Del lado de los trabajadores, las señales son cada vez más inquietantes. El acuerdo paritario de María Eugenia Vidal con UPCN y otros gremios más chicos, que establece un aumento de salarios para los empleados estatales bonaerenses del 18 por ciento en los próximos 18 meses, confirma que aunque Cambiemos no logra parar la inflación no afloja en su otra línea de acción principal: mantener los sueldos apretados en una morsa. El presidente Macri, que semanas atrás le preguntaba a un periodista de Clarín cómo hacer para revivir el consumo, dejó en evidencia con su reacción frente a los cambios en el impuesto a las Ganancias que la recuperación del poder adquisitivo del salario -en este caso, de quienes más ganan- no es su prioridad.
Con precios que no ceden y salarios contenidos, en un contexto de aumento del desempleo por una recesión desbocada, con apertura importadora y Brasil que no levanta, empiezan a sumarse voces que alertan que 2017 puede ser incluso peor que 2016. El anhelado segundo semestre, por lo pronto, es peor que el primero, mientras que aquellos economistas que buscaban contagiar entusiasmo detectando brotes verdes como pokemones se van mudando al campo de los escépticos. Es una dinámica que recuerda lo que vivió el equipo económico de José Luis Machinea, Pablo Gerchunoff, Mario Vicens y Miguel Bein durante la primera Alianza. El "dream team" de la ortodoxia que dominaba en el gobierno de De la Rúa aguantó desde diciembre de 1999 a marzo de 2001: 15 meses. El de Prat Gay lleva 12, pero tiene a su favor que heredó colchones de desendeudamiento, empleo, cobertura social y previsional y recomposición del aparato productivo - como explicó Alfredo Zaiat el último domingo en este diario - de los que no gozaron sus antecesores radicales. A aquel equipo lo reemplazó el fugaz Ricardo López Murphy y después Domingo Cavallo, con Federico Sturzenegger, el mismo que ahora preside el Banco Central, en un lugar destacado. En ámbitos industriales se preguntan si se repetirá la historia de 2001, esta vez con Carlos Melconian, que hace banco en el Nación, saltando a la cancha. El tiempo dirá.
"En lo económico, la tendencia es a empeorar. Había que ordenar algunas cosas y el Gobierno las desordenó. Las expectativas no son buenas, el mundo cambió", se despachó ayer Aldo Pignanelli, economista del Frente Renovador que aplaudía la orientación económica del oficialismo y ahora, ante la evidencia y acompañando el giro de su partido, se muestra cada vez más crítico. "Nos están llevando a un callejón sin salida", agregó, en línea con Roberto Lavagna, del mismo espacio político, quien aseguró que si el Gobierno sigue por este rumbo todo puede terminar en un colapso. "La Argentina en vez de avanzar está retrocediendo, y la incertidumbre la genera el propio Gobierno", insistió Pignanelli.
De los tres motores que supuestamente harían que el PIB crezca 3,5 por ciento el año que viene, de acuerdo a la pauta oficial, dos están bajo observación: que los salarios aumenten más que la inflación y que Brasil empiece a crecer con fuerza. En este último caso, el relevamiento de expectativas de mercado en el país vecino ya bajó las previsiones para 2017 a un raquítico avance del PIB de 0,78 por ciento, desde el modesto 1,5 de hace dos meses.
"La debilidad de la demanda continúa siendo el principal factor que condiciona el ingreso en una fase sostenida de recuperación económica. El Gobierno apostaba a que la desaceleración en la tasa de inflación iba a contribuir a reimpulsar el crecimiento. Sin embargo, la pérdida en la masa salarial acumulada en lo que va del año constituye un ancla al consumo que no ha sido removida", advierte el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que encabeza Mercedes Marcó del Pont. Allí también dice que "es previsible que el año próximo el gasto público asuma un rol más expansivo, pero no alcanzará para revertir el deterioro general si no se dinamiza el consumo interno". La prometida reactivación de la obra pública es en este momento la única apuesta que el Gobierno sostiene en alto, al menos desde el discurso. Su otra ilusión para llegar a las elecciones de octubre con expectativas radica en que como la caída de la economía este año es tan fuerte, la comparación estadística con esas bases deprimidas permita mostrar números positivos, aunque más no sea bajos. Es una aspiración modesta para aquellos que venían a consagrar la revolución de la alegría.
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