Página/12
domingo 04 de diciembre de 2016
VIOLENCIAS
Boquitas congeladas
Las cuotas alimentarias fijadas por ley para hijos e hijas de progenitores separados no pueden actualizarse ni indexarse salvo mediante eternas demandas judiciales. Es que la Ley de Convertibilidad todavía las ampara y son muchos los que se aprovechan para seguir pasando monedas sin que se haga visible esta violencia económica. Un proyecto de ley para modificar esto espera su turno para sesiones extraordinarias, igual que la paridad.
Por Luciana Peker
No es que volvieron los noventa, el reinado de Domingo Cavallo en economía y el uno a uno. Es que, para las jefas de hogar, nunca se fueron. Crease o no la vieja y denostada Ley de Convertibilidad (23.928), que impide la indexación por variación de precios o costos, sigue vigente para las cuotas alimentarias que los padres -generalmente- tienen que pagar para el sustento de los hijos e hijas. La ley marca que no se pueden aggiornar las cuotas y, apenas, deja lugar al sendero judicial (tan esquivo a la equidad de género) para reactualizar los gastos infinitos en la crianza de chicas y chicos. Recién ahora y, todavía de manera no definitiva, avanza un proyecto para quitarle el candado de la norma menemista a las cuotas alimentarias y fijar un modo de actualización acorde a la inflación.
El 23 de noviembre pasado la Cámara de Diputados dio media sanción (por 220 votos positivos) a un proyecto para actualizar las cuotas alimentarias que, por supuesto, se ven disminuidas por la inflación. La iniciativa de Margarita Stolbizer (GEN) elimina la prohibición que rige imperturbable desde las leyes de convertibilidad y de emergencia económica de los noventa y que es esquivada (solo en algunos casos) con pautas judiciales, caso por caso, para que el progenitor pague –por ejemplo– la prepaga o la escuela privada o con cuotas escalonadas, pero no sin antes establecer una demanda, recopilar la prueba (con miles de tickets y facturas de todos los gastos que, muchas veces, no se pueden comprobar o no dan recibo impositivo o, de todos modos, constituyen un trabajo no remunerado extra para las mujeres y que, además, implica tener paciencia y resto económico para esperar la sentencia. Sin embargo, los parches no son justos y no alcanzan. "Con la prohibición actual los jueces no pueden actualizar las cuotas. Entonces, las mujeres con hijos o hijas a cargo, tienen que iniciar reclamos judiciales lo que genera, además de demoras, tensiones y conflictos familiares y una litigiosidad que llena los tribunales de pleitos que podrían y deberían evitarse", señaló Stolbizer.
La paritaria con el que tiene que llevar al hospital al hijo enfermo cuando le toca a él o quedarse con los chicos si la mujer tiene un viaje de trabajo o participar del cumpleaños en el pelotero es la negociación más costosa, desamparada y extorsiva. No puede depender de buenas intenciones, ni de un Poder Judicial que actúe con una perspectiva de género y agilidad de la que suele no dar muestras. Por eso, el proyecto parece más que una necesidad, una obviedad. Pero todavía resta que el Senado sancione definitivamente la norma. "Está incluido en extraordinarias. Es imposible que se sigan haciendo concesiones a los grupos económicos y no se atienda esta demanda tan importante para paliar un conflicto que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana. Lo que está en juego son los derechos humanos y en particular el derecho alimentario de niños y niñas que terminan pagando por la separación de sus padres y por una legislación que no los protege frente a la inflación", reclamó Stolbizer.
En el 40, 1 por ciento de los hogares las mujeres son jefas de hogar, según el INDEC. En la mayoría de los casos las mujeres asumen el lugar de jefas cuando no hay un varón en la casa –aunque podrían ser las que ganen más que sus parejas– y, por eso, la cifra refleja que cuatro de cada diez mujeres está a cargo de sostener la luz, el gas, el agua y el pan (la carne, el choclo, las frutillas, la chocolatada y las viandas endemoniadas de cada jornada escolar), generalmente, separadas, viudas, solas o abandonadas. En la gran mayoría de los casos los progenitores no se hacen cargo de la mitad de los costos de sus hijos e hijas por diversas razones: se borran; no tienen empleo (y ni la justicia ni los marcos sociales los incita a tenerlos para cumplir con su rol paterno) ; consiguen o prefieren empleo informal con el que no se los puede perseguir judicialmente; fugan dinero que no quieren blanquear no al gobierno sino a sus ex esposas; se declaran drogadictos, alcohólicos, depresivos o victimas forzados a una paternidad de la que no se hacen cargo; la guerra judicial o cotidiana tiene un costo tan alto que las mujeres abandonan la demanda; regatean hasta el antitérmico, alegan que si pagan natación y el profesor particular de química ya están haciendo su mayor esfuerzo; se excusan que hoy no tienen pero mañana sí (los chicos generalmente no se acuestan con el cartel de "hoy no tengo" y las madres, como sea, resuelven, trabajan más, disfrutan menos de su propio dinero, redoblan el trabajo, piden prestado o se arremangan para estirar el mango); dicen que ya aumentaron la cuota el año pasado y que pagaron el campamento del menor hace seis mesies; alegan que los ven mitad y mitad del tiempo en nombre de una tenencia compartida que no equivale a una billetera igualitaria sino a una contabilidad de días que después no descuenta gastos maternos.
Y así y mucho más. Pero los medios te cuentan de la abogada de los famosos que desvalija a los ricos y futbolistas obligados a pagar fortunas y las separadas se encarnan como una Wanda con troupe de valijas con V de venganza. Del imaginario vampiresco la realidad no tiene casi nunca, casi nada. Por el contrario, muchas mujeres postergan su carrera por la maternidad, trabajan menos o dejan de trabajar para cuidar a sus hijos e hijas y sufren discriminación por ser mujeres y, mucho más, por ser madres. En promedio, ganan un 28 por ciento menos que los varones. Pero si se separan, abrakadabra, deben mantener solas una casa con estilo -y cuenta- tamaño familiar y dar plata para cada disfraz, feria del plato, regalo de cumpleaños y estirón en pos de un nuevo par de zapatillas o recambio de cepillo de dientes.
La abogada feminista y especialista en violencia contra las mujeres Claudia Perugino, integrante del Frente de Mujeres Nacional y Popular resalta: "Una de las expresiones más crueles de la violencia económica es la imposibilidad de hacer efectivo el cobro de la cuota alimentaria por parte de las mujeres luego de un divorcio o una separación. La falta en nuestro país de un mecanismo ágil, que prevea el cumplimiento de esta obligación por parte de los progenitores varones transforma el acceso a este derecho en un calvario para las madres quienes son sometidas, en muchos casos, a extorsiones, amenazas, aprietes, cuando lo único que buscan es el efectivo acceso a los derechos de las niñas y los niños, que son los beneficiarios de este derecho. La violencia patrimonial o económica (incluida en la Ley 24.685) profundiza desigualdades estructurales del patriarcado, ya que subsume en la pobreza a miles de mujeres que deben hacer grandes esfuerzos para criar a sus hijos teniendo que multiplicar su tiempo de trabajo para compensar la falta del cumplimiento de la obligación alimentaria por parte de los padres quienes muchas veces, optan por trabajos no registrados para no pagar la cuota que le corresponde a sus propios hijos e hijas".
Malas mujeres
Por Soledad Vallejos
"Es interesante entender cómo a veces para nosotras, en nuestra condición de mujeres de clase media, hay armados y estrategias que nos resultan impensados. Por ejemplo, hay casos de mujeres que para sobrevivir encuentran la estrategia de mudarse de todo el tiempo, de casa, de ciudad de provincia. Nos puede resultar impensado, pero el estado de desesperación hace que esa sea definitivamente una mejor opción que quedarte en un lugar donde te hostiga, te persiguen", advierte la titular de Dovic, Derdoy. La psicóloga Susana Larcamón recuerda, por caso, la situación de "una mujer que para escapar estaba viviendo con su cuñada, la mamá de su cuñada y sus tres hijos en un departamento de un ambiente". "Hay situaciones donde se tienen que tomar decisiones pero en la precariedad más absoluta, no todas pueden mudarse, irse", advierte Ochoa.
–Pero las estrategias de protección que arman no siempre son las que socialmente están aceptadas. Por ejemplo, a veces deben dejar a los hijos con el imputado para poder salir de esa casa, fortalecerse, buscar un trabajo, posicionarse y recién después de eso empezar a gestionar una solución – señala la psicóloga Natalia López.
–¿A qué se refiere con que no eso no sería socialmente aceptado?
–Porque una madre que se va del domicilio y deja a su hijo es una madre abandónica. Entonces imaginate que cuando va a hacer una denuncia y va a declarar sobre la citación y le preguntan sobre el hijo, dice "no, lo tuve que dejar". Enseguida viene "¿lo dejaste sabiendo que era un golpeador?", y tiene que explicar "yo no me podía ir con él porque iba a pasar hambre, yo dormí en la calle, yo tuve que salir a vender café, yo tuve que estar boyando de casa en casa". Estas estrategias de protección a veces no son las socialmente aceptadas, y esto también es un costo muy grande.
–Son desaprobadas no solamente por el entorno más próximo.
–Son desaprobadas en general, no solamente por la red de vínculos de esa mujer. Las escuelas, los hospitales, las defensorías, las instituciones no siempre responden con perspectiva de género en estos casos – añade la trabajadora social Laura Di Bella.
–A mí me parece que ninguna estrategia de protección va a ser aceptada, porque justamente lo que hace es mover esa estructura donde la sociedad te dice a vos "cómo te vas a ir, te tenés que quedar, si es tu familia, es tu pareja, es el padre de tu hijo". Entonces, cualquier estrategia que desarrolle para salir de ese marco no es reconocida – reflexiona la trabajadora social Cristina Ochoa.
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