viernes 02 de diciembre de 2016
OLA DE CRÍTICAS POR LA DECISIÓN DE MACRI DE HABILITAR EL INGRESO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS AL SINCERAMIENTO FISCAL
Un decreto que oscureció el blanqueo
Por Miguel Jorquera
El presidente Mauricio Macri "negocia y hace concesiones" en el Congreso pero luego completa sus deseos por decreto. La decisión de modificar a través de un decreto – cuatro meses después de haber promulgado su reglamentación – la ley de Sinceramiento Fiscal y habilitar el blanqueo de capitales de familiares de funcionarios, fue duramente cuestionada por todo el arco opositor y por los propios aliados de Cambiemos como la UCR y la CC (ver aparte).
Diputados del Frente para la Victoria presentaron una denuncia penal "por abuso de autoridad" contra los firmantes del decreto (Macri, Marcos Peña y Alfonso Pray Gay), donde sostienen que se "viola la voluntad expresa del legislador" y se abre la sospecha sobre la intención de favorecer a los funcionarios macristas y a sus familiares investigados por evasión mediante empresas offshore en paraísos fiscales. Pese a que la ley aprobada por el Parlamento lo prohibía expresamente, la nueva decisión de Macri favorece – entre otros – a Franco, su padre y la cabeza de la fortuna familiar del Presidente. El massista Felipe Solá amenazó con impugnar judicialmente el decreto presidencial y propuso crear una Comisión Bicameral para investigar a los familiares de funcionarios que blanqueen capitales con la ley del Gobierno. "Creemos que lo que firmamos es una herramienta correcta y que no viola el espíritu de la ley", se defendió ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, uno de los denunciados.
El miércoles cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto presidencial los diputados del FpV-PJ decidieron hacer una denuncia penal. "No tenía sentido esperar. Pasó lo mismo con el decreto presidencial que modificó la ley sobre extranjerización de tierras y no hubo fiscal ni juez que actuara de oficio. Esperamos que con la denuncia se movilicen", sostuvo a PáginaI12 María Emilia Soria (FpV-PJ), que como vicepresidenta de la comisión de Justicia fue la encargada de elaborar el escrito que acompañaron los diputados Teresa García, Claudio Doñate, Darío Martínez, Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio, Héctor Recalde, Eduardo Seminara, José Ruiz Aragón, José Ciampini, Silvina Frena y Rodrigo Rodríguez.
Ahora, el magistrado del juzgado federal porteño Sebastián Ramos, y el fiscal federal Gerardo Pollicita (en los que recayó el sorteo de la causa) deberán analizar la denuncia "por abuso de autoridad" contra el Presidente Macri, el jefe de Gabinete Peña Braun y el ministro de Hacienda Prat Gay. "Los denunciados han dictado, con fecha 29/11/16, el decreto 1206/2016, que violenta flagrantemente el texto y espíritu de la Ley 27.260 y de la propia Constitución Nacional", sostiene el escrito.
"Mediante el decreto 1206, entre otras modificaciones, se autoriza a ingresar al régimen de sinceramiento fiscal a familiares de funcionarios que se encontraban expresamente excluidos por el art. 83 de la Ley 27.260, incorporando una excepción con el objeto de otorgar un privilegio evidentemente direccionado para salvaguardar intereses personales", insiste la denuncia.
Entre sus argumentos, el escrito judicial afirma que "la modificación sorpresiva de una reglamentación dictada con solo cuatro meses de antelación permite sospechar sobre la verdadera intencionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, que podría tener como finalidad favorecer a familiares de funcionarios del gobierno actual que provienen de la gestión privada y que en muchos casos están siendo investigados por evasión mediante la creación empresas offshore en paraísos fiscales".
Las empresas offshore vinculadas al Presidente y su padre, así como otros funcionarios del gobierno fueron reveladas en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas (CIJ, según su sigla en inglés) conocido como Panamá Papers por las filtraciones del estudio de abogados Mossack Fonseca, que se encargaba de crearlas. Otros medios, entre ellos PáginaI12, ampliaron la información y el número de empresas pertenecientes a funcionarios y empresarios argentinos en guaridas fiscales.
Las críticas llegaron no sólo de la oposición más dura, sino de fuerzas cercanas a Cambiemos en el Congreso. El diputado Solá (Frente Renovador) definió como "muy grave" el decreto presidencial que "viola el espíritu de la ley" y constituye "una amnistía a un delito". Anticipó que el massismo también impugnará "judicialmente" el decreto, al tiempo que propuso crear una comisión bicameral en el Congreso para investigar a los familiares de los funcionarios que se acojan al decreto presidencial. El ex gobernador bonaerense recordó su discurso en el recinto de la Cámara baja, donde reclamó específicamente la prohibición de incluir a los familiares de funcionarios en el blanqueo, algo que finalmente quedó plasmado como el artículo 83 de la ley. Además, le pegó a Elisa Carrió, que hasta anoche no se había pronunciado. "Los padres de los funcionarios no pueden blanquear. Blanquear es amnistiar y Macri ahora amnistía a su padre. Carrió votó la ley. Que hable", twitteó. El diputado evaluaba junto a los abogados de su bloque si acudirían finalmente a la justicia o acompañarían desde afuera las denuncias ya presentadas. Otro massista, Facundo Moyano, se sumó al reclamo en las redes sociales: "El blanqueo para familiares de funcionarios es una medida incomprensible y una falta de respeto para los legisladores de Cambiemos", posteó en su cuenta.
"Que el Presidente cambie leyes por decreto no es una buena señal. Cuando se aprobó la ley en el Congreso quedó expresamente prohibido que los familiares directos puedan acceder al blanqueo", afirmaron los diputados del Bloque Justicialista. La bancada que comandan Oscar Romero y Diego Bossio es parte de la oposición amigable que acordó con el Gobierno su respaldo a la mayoría de los proyectos oficiales. Ahora puso en duda la continuidad de esos acuerdos: "el oficialismo pone en riesgo cualquier acuerdo político futuro porque no respeta la voluntad del Poder Legislativo. Este decretazo es un duro golpe a la institucionalidad del Congreso y va en sentido contrario al espíritu de la ley", señalaron.
Victoria Donda (Libres del Sur) expresó su disidencia dentro de Progresistas: "todo blanqueo favorece la corrupción", dijo la diputada en una entrevista radial y sostuvo que el decreto "violenta el espíritu de una discusión de ley que dimos en la Cámara de Diputados".
Desde Chapadmalal, en el retiro espiritual del Presidente junto a su gabinete, Peña Braun justificó el decreto que firmó. El ministro coordinador lo asoció a medidas de transparencia "para evitar el desfile por tribunales que estamos viendo hoy".
El miércoles cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto presidencial los diputados del FpV-PJ decidieron hacer una denuncia penal. "No tenía sentido esperar. Pasó lo mismo con el decreto presidencial que modificó la ley sobre extranjerización de tierras y no hubo fiscal ni juez que actuara de oficio. Esperamos que con la denuncia se movilicen", sostuvo a PáginaI12 María Emilia Soria (FpV-PJ), que como vicepresidenta de la comisión de Justicia fue la encargada de elaborar el escrito que acompañaron los diputados Teresa García, Claudio Doñate, Darío Martínez, Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio, Héctor Recalde, Eduardo Seminara, José Ruiz Aragón, José Ciampini, Silvina Frena y Rodrigo Rodríguez.
Ahora, el magistrado del juzgado federal porteño Sebastián Ramos, y el fiscal federal Gerardo Pollicita (en los que recayó el sorteo de la causa) deberán analizar la denuncia "por abuso de autoridad" contra el Presidente Macri, el jefe de Gabinete Peña Braun y el ministro de Hacienda Prat Gay. "Los denunciados han dictado, con fecha 29/11/16, el decreto 1206/2016, que violenta flagrantemente el texto y espíritu de la Ley 27.260 y de la propia Constitución Nacional", sostiene el escrito.
"Mediante el decreto 1206, entre otras modificaciones, se autoriza a ingresar al régimen de sinceramiento fiscal a familiares de funcionarios que se encontraban expresamente excluidos por el art. 83 de la Ley 27.260, incorporando una excepción con el objeto de otorgar un privilegio evidentemente direccionado para salvaguardar intereses personales", insiste la denuncia.
Entre sus argumentos, el escrito judicial afirma que "la modificación sorpresiva de una reglamentación dictada con solo cuatro meses de antelación permite sospechar sobre la verdadera intencionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, que podría tener como finalidad favorecer a familiares de funcionarios del gobierno actual que provienen de la gestión privada y que en muchos casos están siendo investigados por evasión mediante la creación empresas offshore en paraísos fiscales".
Las empresas offshore vinculadas al Presidente y su padre, así como otros funcionarios del gobierno fueron reveladas en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas (CIJ, según su sigla en inglés) conocido como Panamá Papers por las filtraciones del estudio de abogados Mossack Fonseca, que se encargaba de crearlas. Otros medios, entre ellos PáginaI12, ampliaron la información y el número de empresas pertenecientes a funcionarios y empresarios argentinos en guaridas fiscales.
Las críticas llegaron no sólo de la oposición más dura, sino de fuerzas cercanas a Cambiemos en el Congreso. El diputado Solá (Frente Renovador) definió como "muy grave" el decreto presidencial que "viola el espíritu de la ley" y constituye "una amnistía a un delito". Anticipó que el massismo también impugnará "judicialmente" el decreto, al tiempo que propuso crear una comisión bicameral en el Congreso para investigar a los familiares de los funcionarios que se acojan al decreto presidencial. El ex gobernador bonaerense recordó su discurso en el recinto de la Cámara baja, donde reclamó específicamente la prohibición de incluir a los familiares de funcionarios en el blanqueo, algo que finalmente quedó plasmado como el artículo 83 de la ley. Además, le pegó a Elisa Carrió, que hasta anoche no se había pronunciado. "Los padres de los funcionarios no pueden blanquear. Blanquear es amnistiar y Macri ahora amnistía a su padre. Carrió votó la ley. Que hable", twitteó. El diputado evaluaba junto a los abogados de su bloque si acudirían finalmente a la justicia o acompañarían desde afuera las denuncias ya presentadas. Otro massista, Facundo Moyano, se sumó al reclamo en las redes sociales: "El blanqueo para familiares de funcionarios es una medida incomprensible y una falta de respeto para los legisladores de Cambiemos", posteó en su cuenta.
"Que el Presidente cambie leyes por decreto no es una buena señal. Cuando se aprobó la ley en el Congreso quedó expresamente prohibido que los familiares directos puedan acceder al blanqueo", afirmaron los diputados del Bloque Justicialista. La bancada que comandan Oscar Romero y Diego Bossio es parte de la oposición amigable que acordó con el Gobierno su respaldo a la mayoría de los proyectos oficiales. Ahora puso en duda la continuidad de esos acuerdos: "el oficialismo pone en riesgo cualquier acuerdo político futuro porque no respeta la voluntad del Poder Legislativo. Este decretazo es un duro golpe a la institucionalidad del Congreso y va en sentido contrario al espíritu de la ley", señalaron.
Victoria Donda (Libres del Sur) expresó su disidencia dentro de Progresistas: "todo blanqueo favorece la corrupción", dijo la diputada en una entrevista radial y sostuvo que el decreto "violenta el espíritu de una discusión de ley que dimos en la Cámara de Diputados".
Desde Chapadmalal, en el retiro espiritual del Presidente junto a su gabinete, Peña Braun justificó el decreto que firmó. El ministro coordinador lo asoció a medidas de transparencia "para evitar el desfile por tribunales que estamos viendo hoy".
YPF DA DE BAJA 33 EQUIPOS PETROLEROS EN LA CUENCA NEUQUINA, AFECTANDO A 1700 TRABAJADORES
El petróleo, con olor a crisis y ajuste
La petrolera YPF informó a las firmas contratistas la decisión de dar de baja definitivamente 33 equipos que cumplían tareas de preparación de pozos, perforación, terminado, mantenimiento, workover (reparación o reacomodamientos) y pulling (fijación de herramientas en el fondo del pozo y otras tareas livianas). La medida afecta a casi el 40 por ciento de los pozos que opera actualmente YPF en la cuenca neuquina y amenaza la estabilidad de 1700 trabajadores de más de una docena de empresas contratistas involucradas. Estos empleados petroleros cobran, desde el mes de febrero pasado, los sueldos planos (sin extras ni accesorios) sin cumplir tareas, como parte del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) acordado entre la cámara del sector (Ceope) y los gremios del sector (petroleros privados y jerárquicos), con aval del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este programa de emergencia venció el 31 de julio, aunque se siguió aplicando hasta ahora. Fuentes de YPF informaron que "el costo de mantener la fuerza laboral ociosa no se puede sostener", por lo cual tomaron la decisión de comunicar a las empresas contratistas que prescindirán del servicio de sus equipos.
Según fuentes empresarias, las empresas de servicios a las que YPF les comunicó que desistía de sus servicios son, en las diferentes tareas en yacimiento, las siguientes:
* Perforación: H&P, DLS, Nabors, Quintana y SAI.
* Workover: Nabors, Petroneu, SAI, SPA, Tracker, Tronador y Venver.
* Pulling: SAI, Clear y Petroneu.
Además, fueron afectadas otras empresas de servicios asociados como logística, movimientos de suelos, montaje y soldadura, y otras que cumplen funciones de optimización de operación y mantenimiento.
De acuerdo con cálculos de la propia YPF, el costo total anualizado del programa preventivo de crisis (es decir, el pago de salarios al personal inactivo) "se estima en cien millones de dólares, abarcando aproximadamente unos 1700 trabajadores que mantuvieron sus puestos de trabajo sin carga laboral efectiva". Fuentes de la empresa indicaron a Página 12 que "este procedimiento finalizó formalmente en el mes de julio, aunque posteriormente se continuó incorporando personal al mismo. El costo de mantener la fuerza laboral ociosa no se puede sostener en el tiempo, tampoco la situación con empresas contratistas que están muy por debajo de los estándares que YPF requiere actualmente. En este escenario, la compañía debe avanzar en la adecuación de sus niveles de actividad en la cuenca para garantizar la sustentabilidad de su actividad. Por esa razón, YPF decidió comunicarle a las empresas se servicios petroleros que prescindirá de reincorporar a los equipos que habían ingresado en stand by durante el plan preventivo de crisis".
YPF reducirá así en casi un 40 por ciento la cantidad de equipos en operación en la cuenca, ya que estima mantener sólo 57 equipos activos, "un nivel de actividad sostenible que, con las medidas de productividad que se implementarán, permitirá encarar inversiones para el crecimiento de la actividad en la cuenca y en el país", según indicaron fuentes empresarias. De los 33 equipos desactivados, 10 son de perforación. El destino del objetivo de autoabastecimiento es incierto, al igual que el de la situación de los 1700 trabajadores afectados.
La novedad se produce un día después de que directivos la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), con Techint a la cabeza, le reclamaran al ministro Juan José Aranguren un precio mayor para el petróleo. Y en la misma semana en que Pecom Energía, empresa de servicios del grupo Pérez Companc, anunciara el despido de 270 empleados por la reducción de su actividad en el Golfo San Jorge, hoy en suspenso por la conciliación obligatoria dictada por las autoridades de Chubut.
OPINIÓN
Los 10 puntos más polémicos
* Por Mariano Recalde *
Por iniciativa del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la Legislatura aprobó la extensión de las áreas de estacionamiento medido en la Ciudad, mediante la instalación de una importante cantidad de parquímetros.
Aquí repasamos los diez puntos más polémicos de esta iniciativa.
2 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires van a tener un parquímetro en la puerta de su casa (el 68% de la población).
Se van a instalar parquímetros en 7800 cuadras que abarcan 14 de las 15 comunas de la Ciudad, con grúas circulando de manera permanente para remolcar autos a las nuevas playas de acarreo que planean construir. En total, habrá 10 playas para llevar los autos.
Actualmente, las grúas sólo pueden acarrear los autos que, por estar estacionados en un lugar indebido, entorpecen el tránsito o ponen en peligro la seguridad vial. Con la aprobación de esta ley, las grúas también podrán acarrear los autos a los que se les haya vencido el ticket de estacionamiento.
Los corredores por donde se proyectó hace 15 años la construcción de las nuevas líneas de subte F, G e I tendrán parquímetros. Es decir, se pretende desalentar el uso del automóvil pero no se ofrece un medio de transporte público que pueda suplir al transporte privado.
El estacionamiento gratuito para los residentes (de algunas zonas, ¡no de todas!) es solo para un auto por casa: si tenés dos autos, el segundo paga. Si el auto no está a nombre de nadie de la casa (por ejemplo, de una empresa o de alguien que no vive allí) el auto paga por estacionar en tu casa.
En algunos barrios como Palermo, Villa Crespo, Caballito o Belgrano, si tenés un solo auto, está a nombre de alguien de tu casa e hiciste el trámite para poder estacionar, igual vas a tener que registrarlo todos los días en el parquímetro de tu cuadra. Si te vas de viaje sin el auto, alguien tiene que registrarlo en el parquímetro, si no se lo lleva la grúa.
* La zona definida para la instalación de los parquímetros coincide mayoritariamente con las áreas donde se concentra la mayor cantidad de locales y comercios. Los clientes, proveedores, empleados, colegas y cualquier otro deberá pagar por estacionar allí, lo que sin dudas afecta al desarrollo comercial de esas zonas.
* El 55% de las escuelas estarán incluidas en la zona con parquímetros. Si estacionás el auto para dejar a tus hijos en la escuela y no pagás el estacionamiento, la grúa se lo puede llevar. También están incluidas en la zona de parquímetros el 68% de las sedes universitarias.
* El 51% de los hospitales públicos está incluidos en la zona de estacionamiento medido. Aunque tengas que ir en auto por dificultades de movilidad o por una urgencia, igual tenés que pagar para estacionar en esos hospitales.
Los corredores por donde se proyectó hace 15 años la construcción de las nuevas líneas de subte F, G e I tendrán parquímetros. Es decir, se pretende desalentar el uso del automóvil pero no se ofrece un medio de transporte público que pueda suplir al transporte privado.
El estacionamiento gratuito para los residentes (de algunas zonas, ¡no de todas!) es solo para un auto por casa: si tenés dos autos, el segundo paga. Si el auto no está a nombre de nadie de la casa (por ejemplo, de una empresa o de alguien que no vive allí) el auto paga por estacionar en tu casa.
En algunos barrios como Palermo, Villa Crespo, Caballito o Belgrano, si tenés un solo auto, está a nombre de alguien de tu casa e hiciste el trámite para poder estacionar, igual vas a tener que registrarlo todos los días en el parquímetro de tu cuadra. Si te vas de viaje sin el auto, alguien tiene que registrarlo en el parquímetro, si no se lo lleva la grúa.
* La zona definida para la instalación de los parquímetros coincide mayoritariamente con las áreas donde se concentra la mayor cantidad de locales y comercios. Los clientes, proveedores, empleados, colegas y cualquier otro deberá pagar por estacionar allí, lo que sin dudas afecta al desarrollo comercial de esas zonas.
* El 55% de las escuelas estarán incluidas en la zona con parquímetros. Si estacionás el auto para dejar a tus hijos en la escuela y no pagás el estacionamiento, la grúa se lo puede llevar. También están incluidas en la zona de parquímetros el 68% de las sedes universitarias.
* El 51% de los hospitales públicos está incluidos en la zona de estacionamiento medido. Aunque tengas que ir en auto por dificultades de movilidad o por una urgencia, igual tenés que pagar para estacionar en esos hospitales.
La Ciudad se endeudará en 18 millones de dólares para adquirir las máquinas, sin exigirle ningún tipo de inversión a las empresas concesionarias.
En definitiva, la extensión de los parquímetros implica un nuevo golpe al bolsillo de los porteños, que se suma al tarifazo de los servicios públicos, el subte y la canasta básica alimentaria. Entendemos que, en época de recesión y caída del consumo, no es el momento para adoptar medidas que incrementen los costos de vida de la familias de la Ciudad.
* Abogado, ex candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad.
En definitiva, la extensión de los parquímetros implica un nuevo golpe al bolsillo de los porteños, que se suma al tarifazo de los servicios públicos, el subte y la canasta básica alimentaria. Entendemos que, en época de recesión y caída del consumo, no es el momento para adoptar medidas que incrementen los costos de vida de la familias de la Ciudad.
* Abogado, ex candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad.
FOTOGRAFÍA
El poder de la yerba
Las fotos de "Lo que persiste" muestran la labor incansable de las familias productoras de yerba mate y buscan visibilidad y difusión en otros territorios.
Por Irupé Tentorio
La muestra fotográfica "Lo que persiste" encuentra su razón de ser en la investigación que llevó a cabo Delia Ramírez, Licencia en Comunicación Social y doctora en Antropología (CONICET). Fueron 10 años investigando la vida rural en Misiones y también, a lxs familias colonas, lxs que residen en chacras yerbateras ubicadas en diferentes localidades en la provincia de Misiones, pero que su punto cumbre es la localidad de Oberá.
La investigación comenzó cuando Delia conoció el negocio de la desforestación en la provincia de Misiones que avanza contra estas pequeñas familias productoras de yerba mate, asfixiándolas y destruyéndoles su economía, pero que a la vez, se resignifican buscando su propia manera de seguir resistiendo. Las familias colonas fueron lxs primeros migrantes en cosechar la yerba mate. Son pequeñas productoras que eventualmente contratan mano de obra y se capitalizan cultivando yerba. Su economía es fluctuante, por esa razón no logran agrandar su maquinaria ni pueden contratar personal en época de tarefa. Aún en la actualidad persisten dentro de su comunidad y muchas veces gracias al trueque. Ramírez, cuenta que "es difícil correrse de los lugares de "clase" o encasillar a lxs trabajadorxs de la yerba mate en buenxs o malxs, sin embargo, luego de tantos años de investigación comprendí que todxs respondemos a diferentes estrategias de supervivencia en determinados contextos", dice.
En la década del 90, con las políticas económicas del gobierno de Carlos Menem para lxs tareferxs y las familias colonas, fue muy dura su cotidianidad. Se tiende a creer que durante el kirchnerismo ambas clases mejoraron, pero lo cierto es que dichas políticas públicas fueron dirigidas a sectores más vulnerables, como la de lxs tareferxs, pero no en recomposición del sector medio en donde estarían las familias colonas. Por eso la muestra fotográfica lleva el nombre "Lo que persiste", porque las mismas fueron las que lucharon para no desaparecer, porque tanto en los 90, como en la actualidad, el sistema de desarrollo económico puede eliminarlas, como cuenta la investigadora.
La pulsión de hacer fotos tuvo como disparador un encuentro que se dio con las familias una tarde de 2007, cuando Delia les regaló su tesis y la actitud inmediata de todxs fue buscarse en las imágenes. Sin embargo, en ese momento, sólo tenía fotografías de diarios misioneros. Cuando escuchó lo que hablaban sobre esas fotos, se dio cuenta lo importante que era para su tesis sumar otro tipo de lenguaje y el elegido fue la fotografía. "El lenguaje académico no es entendible para todxs, ni tampoco interesa a todxs por igual. En cambio, una imagen, sobre todo en los trabajos de campo, significa contextualizarnos dentro del mismo territorio junto a sus protagonistas, que en este caso es una investigación rural que lejos está de la academia" dice Delia.
Las fotos documentan la realidad cotidiana de muchas de las familias entrevistadas para la investigación. Todas fueron tomadas por la antropóloga social Ilana Reck, quien iba leyendo la tesis de su amiga y cuando volvieron a territorio, cuenta, las mismas personas les mostraban las fotos que había que hacer. "Las familias nos entregaban las imágenes, nos mostraban sus manos, sus máquinas, sus casas, sus plantaciones, porque están orgullosos de sus vida s" dice Reck.
De momento lograron llevar a cabo esta muestra de fotos que va a estar colgada en la Casa Nacional del Bicentenario en Oberá, misma localidad donde viven y trabajan dichas familias. "Ojalá pueda ser vista y viaje a muchos otros lugares, porque nuestra intención es poder abrir un debate acerca de lo que es nuestra cultura yerbatera rural" concluye Reck. ,
"Lo que persiste. Huellas de la agricultura colona yerbatera", hasta el 15 de diciembre en la Casa Nacional del Bicentenario. Av. José Ingenieros y Larrea, Oberá, Misiones.
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