Página/12
sábado 03 de diciembre de 2016
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS TAMBIÉN RECLAMÓ POR MILAGRO SALA
Volver al mundo de la peor manera
La CIDH, que depende de la OEA, urgió al Estado argentino a "dar pronta respuesta" a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que calificó como arbitraria la detención de la dirigente de la Tupac Amaru. El Gobierno contestó que "tomó nota".
Por Victoria Ginzberg
Ya no quedan instancias internacionales de protección de los derechos humanos que no hayan reclamado al gobierno de Mauricio Macri por el arresto de la dirigente social de la Tupac Amaru Milagro Sala, quien fue detenida en enero luego de encabezar una protesta contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió ayer al estado argentino a "dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que califica la detención preventiva de Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata". La Cancillería sacó rápidamente un comunicado para contestar el pronunciamiento, que deja al país en un lugar todavía más incómodo ante la comunidad internacional. El Gobierno señaló que "toma nota" de la opinión de la CIDH y que "se notificará de inmediato su contenido a la Justicia de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que corresponda". Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos que se presentó ante la CIDH y la ONU por el caso Sala, señaló que "la excusa de que es un tema del Poder Judicial y de la provincia de Jujuy está claramente fuera de lugar. La responsabilidad ante los organismos internacionales de protección es del estado argentino".
La CIDH está integrada por siete expertos independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal. La Comisión tiene un vínculo histórico con la Argentina, ya que su visita de 1979 contribuyó a visibilizar y legitimó en el plano internacional las denuncias sobre los crímenes de la última dictadura. Luego, tanto la CIDH como la Corte Interamericana intervinieron en importantes casos para la Argentina, como el de Walter Bulascio, el atentado a la AMIA y la despenalización de los delitos de injurias y calumnias. En este momento su presidente es el norteamericano James Cavallaro y su secretario ejecutivo es el brasileño Paulo Abrao. La CIDH está sesionando en Panamá y esta semana realizó dos audiencias vinculadas con la Argentina: una sobre una comunidad Qom y otra sobre el sistema de justicia juvenil. La detención de Milagro Sala no estaba en la agenda oficial, pero el organismo tenía a estudio el reclamo que habían hecho el CELS, Amnistía Internacional y Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y por el que ya había recibido información por parte del Gobierno. Ayer, el organismo fijó su posición sobre el tema.
"Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy que fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy", consideró la CIDH. En el comunicado también se menciona que la dirigente de la Tupac Amaru es una diputada del Mercosur, la invitación que hizo el Gobierno para que la CIDH visite el país y, por supuesto, la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que determinó que la detención preventiva de Milagro Sala fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte.
En su comunicado, la CIDH reiteró que "la presunción de inocencia es la base para la regla general de que toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad y que la prisión preventiva es excepcional, solo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva" y señaló que "las autoridades argentinas han reafirmado su compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos". Por eso, llamó "al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo" de la ONU.
El Gobierno respondió que "ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables, con las especificidades propias de un Estado federal" y que confía en que "la Comisión aceptará la invitación que se le formulara para visitar la Argentina y en particular Jujuy a fin que sus integrantes puedan tomar contacto directo con los distintos actores y sectores sociales, políticos y judiciales de dicha provincia que se encuentran vinculados al caso de la Sra. Sala".
Apenas conocido el reclamo de la ONU, que se hizo público el 21 de octubre pasado, en el Gobierno minimizaron el asunto, afirmaron que era una "opinión" e intentaron instalar que los expertos no tenían información suficiente porque solo se habían basado en la causa por la protesta contra Morales, en la que Sala ya había sido excarcelada.
Esto último se revelaba falso con solo leer el texto del Grupo de Trabajo, que señalaba que la detención de la dirigente social era "arbitraria" porque había sido realizada por ejercer su libertad de expresión, pero además, porque luego hubo un "entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo". Uno de esos expedientes irá en los próximos días a juicio. Allí Sala está acusada por "amenazas y daño" por un "escrache" contra Morales del que ni siquiera participó. En otros casos la acusan por hechos de corrupción.
Las consecuencias de haberle restado importancia al planteo de la ONU están a la vista. Algunos integrantes del gobierno que consideraban que Argentina debía cumplir con el reclamo buscaron convencer a los que se oponían con argumentos pragmáticos. Señalaron que pronunciamientos similares iban a multiplicarse y que el costo político internacional iba a ir en aumento. El Gobierno se inclinó por la postura de buscar "convencer" a los integrantes de los organismos internacionales (sin tener en cuenta que los expertos se convencen antes de pronunciarse) y de desligar, en última instancia, la responsabilidad en la justicia jujeña. El vocero de esta posición es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien estaba ayer en Panamá y se reunió con integrantes de la Comisión antes de que se conociera el pronunciamiento.
"Nunca tuvimos dudas acerca del reclamo, pero lo que dice la CIDH despeja cualquier duda que otros pudieran tener. Entendemos que el Gobierno esperaba la opinión de la CIDH y ahora debe implementar la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU, sino habrá una responsabilidad política del Estado argentino", señaló Chillier a PáginaI12.
Aunque formalmente el Gobierno nacional se deslinda del caso y apunta a la justicia jujeña, su incomodidad es cada vez mayor. La carta que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió a Sala esta semana, fue lapidaria. "El más firme apego al pleno respeto de los derechos civiles y políticos, a la libertad de expresión, así como a las garantías del debido proceso y al no abuso del instituto de la prisión preventiva me convencen de la necesidad de su inmediata liberación", escribió el ex canciller uruguayo. Además, el Gobierno se encuentra con que muchos de los reclamos sobre la situación de Sala provienen de organismos que también fueron críticos con Venezuela por el encarcelamiento del opositor Leopoldo López, a quien Macri respaldó personalmente. El Presidente, además, debió escuchar al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau hablar sobre Sala en la conferencia de prensa que dieron juntos en la Casa Rosada. Y Avruj tuvo que escuchar críticas por este tema por parte de organizaciones argentina y francesas cuando viajó a París. Situaciones de este tipo podrían repetirse: integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala fueron recibidos en la Delegación de la Unión Europea y por los representantes de las Embajadas de Italia, Francia, España, México y Canadá. Según informaron desde ese Comité, consejeros políticos de las delegaciones diplomáticas solicitaron precisiones sobre la situación de Jujuy y el impacto de las detenciones de los integrantes de la Tupac Amaru.
CRISIS EN LA ACUMAR DESPUÉS DE LA AUDIENCIA EN LA CORTE SURPEMA POR EL SANEAMIENTO DEL RIACHUELO
Un organismo que hace agua
El presidente ejecutivo de Acumar, Julio Torti, es hijo de un represor y defensor de la dictadura. No estuvo en la audiencia de la Corte, donde quedó en evidencia la falta de políticas del organismo. El Consejo Directivo pedirá renuncias. 
Julio Torti, hijo del represor Julio Torti, negacionista del terrorismo de Estado.
Julio Torti, hijo del represor Julio Torti, negacionista del terrorismo de Estado.
Por Alejandra Dandan
La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el saneamiento del Riachuelo con autoridades del Acumar puso al desnudo un proceso de parálisis, desbande y estancamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo desde el recambio de gobierno. Las respuestas ofrecidas por sus autoridades a los ministros de la Corte fueron malas, no contuvieron datos y resultaron tan pobres que uno de los jueces les reprochó la falta de interlocutor para realizar los seguimientos. Los funcionarios se pasaron unos a otros la obligación de responder mientras buscaban salir a flote de lo que todos los actores evaluaron como un papelón. La cabeza ejecutiva máxima ni siquiera fue, decidido a tomar unos días de vacaciones en las sierras de Córdoba. Y organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantean que hay una ausencia total de políticas de Estado sobre la cuenca. El jueves, luego de la audiencia, hubo una primera señal de reacción. Los integrantes del Consejo Directivo se reunieron de urgencia para convocar también de urgencia una nueva reunión para el martes. Según la información oficial, si ninguno de los directivos presenta sus renuncias, las pedirán.
Uno de los hombres más afectados por los resultados de la audiencia fue Julio Torti. Torti es ingeniero químico y presidente ejecutivo de Acumar, es decir su autoridad máxima. Es uno de los ex CEO colocados por el Gobierno al frente de la gestión pública. En este caso, viene de ser CEO Regional durante dos años de ERM Environmental Resources Management, una compañía con localización global dedicada a la gestión de recursos ambientales. Llegó al gobierno de la mano del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain.
Lo del miércoles en la Corte fue el estallido de ese paradigma de esa gestión tecnocrática, explica a PáginaI12 Eduardo Reese, director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Fronteras adentro del Acumar, Torti cultivó otros perfiles. Es un hombre con posturas públicas violentas sobre la gestión kirchnerista. Negacionista del terrorismo de Estado y reivindicador de sus alfiles. Es hijo, además, del vicealmirante Julio Torti, una de las máximas autoridades de la Armada a partir de 1976. Torti padre fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de diciembre 1976 a diciembre de 1977, comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependía la ESMA. Y Comandante de Operaciones Navales, área de la que dependían jerárquicamente todas las Fuerzas de Tareas a cargo de la represión. Carlos Menem lo indultó en 1989 y murió en abril de este año. Había sido proceso y estaba siendo juzgado en la megacausa ESMA. En ese momento, su hijo, el ingeniero, se tatuó un ancla en el brazo derecho como homenaje. En su perfil de Facebook pueden leerse aún frases que no borró a pesar que vienen circulando hace semanas en distintos espacios virtuales. Entre ellas, hay un homenaje a su padre, de noviembre de 2012. "La opinión de una mayoría no convierte en lo falso en verdadero. La dignidad de un hombre no se afecta por una injusticia. La necesidad de una masa sin valores, olvidadiza y cómoda no cambia los hechos. Si nuestro país tiene algún futuro es gracias a hombres como mi viejo". En los textos también repite la lógica con la que los marinos justificaron el exterminio. "Qué estoy pensando me pregunta Facebook", escribió ese mismo año. "Les cuento. Acabo de leer esta noticia y pienso en que me da vergüenza este gobierno, asco el 54 por ciento que votó y miedo por el país que se viene. Mañana se celebra el día del asesino impune, o sea del Montonero, y este gobierno adhiere al festejo. Lean", y enlaza a una nota de La Nación. El 9 de noviembre de ese año le dijo a Cristina. "Kretina". Y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, vieja kretina.
Esa suerte de odio no es clandestino ni desconocido por sus empleados del Acumar. Desde el área de prensa, por ejemplo, le preguntaron si quería salir a responder algo sobre la cantidad de mensajes de su autoría que se habían viralizado en la web, pero dijo que no. No los borró. No los niega. Sólo limitó el acceso a su Facebook. "Esa es su manera de ver el mundo", dicen quienes lo rodearon durante estos meses. Tanto es así que este último fin de semana, mientras ardía el organismo por los pases de factura ante la convocatoria de la Corte, se encerró en las sierras cordobesas. Clausuró el teléfono. Y escribió nuevamente en Facebook un mensaje en el mismo sentido.
La convocatoria de la Corte agudizó su proceso de desgaste. Quienes trabajan con él dicen que se borró. Quienes conocen el tema y las convocatorias de la Corte, saben que una audiencia por la Cuenca es cuestión de Estado. Torti designó a una de las directoras para reemplazarlo en la ponencia. Y también buceó alternativas entre segundas y terceras líneas. Durante el proceso de búsqueda de algún funcionario que saliera a poner la cara, uno de los directores mandó un mensaje de muy mal humor y puso a disposición la renuncia.
"Les comunico que hoy a las 16 horas me enteré por un mail enviado por la directora de Asuntos Jurídicos (Dra. Vallejos) que el Ing. Torti mañana no concurrirá a la audiencia de la CSJN", dijo en el enojadísimo whastapp el director general de Administración, Martín Prezioso. "En el mismo se nos consultaba tanto a Gabriela (Seijó) como a mí quién sería el expositor de la presentación (…). Teniendo en cuenta que Gabriela no dio respuesta y que en el escrito presentado ante la CSJN se me puso a mí como suplente (sin siquiera consultarme), entiendo que yo debo ser quien exponga. A su vez, a esta hora todavía no existe la presentación final, ni un documento relatorio de la misma que yo pueda estudiar para exponer". Así las cosas, el hombre dice que como la Corte sostiene que no iba a aceptar que el relator principal pudiera hacer intervenir a otros directores, tomó la decisión de no ir a la audiencia. "Dada la falta de trabajo en equipo y la no respuesta de Julio y de Gabriela durante todo el fin de semana y hasta ahora, ante mis reiterados pedidos de información para exponer a tan importante audiencia de carácter político e institucional, no cuento con las herramientas necesarias de las ares que no son mi competencia para mañana defender al Acumar". Allí dice que no irá. Y pone a disposición su renuncia.
La audiencia se hizo el miércoles. Tal como señaló este diario, luego de las presentaciones, los cinco jueces del máximo tribunal preguntaron al organismo sobre los indicadores para evaluar el proceso de saneamiento. Gabriela Seijó, vicepresidenta ejecutiva de Acumar respondió que después de un año aún no tienen indicadores definitivos: "tras el nuevo 'plan' del organismo, se han estado planteando nuevos indicadores, que dependen de cada proyecto en particular, sin un carácter definitivo". Cuando los jueces quisieron saber respuestas concretas sobre asistencia a los niños con problemas, los funcionarios tampoco supieron responder. Al punto que el juez Horacio Rosatti observó que "si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte". Como respuesta a la presentación del informe, se lo escuchó también a Ricardo Lorenzetti: "Y lo que nos dice el informe es que ya hay 5200 millones de dólares invertidos pero sólo se cumplió el 20 por ciento de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?"
"Lo que sucedió en la audiencia del jueves en la Corte fue que se desnudó la incapacidad de trabajo sobre la complejidad de la cuenca, donde la lógica de la tecnocracia propuesta por el gobierno de la derecha demostró su rotundo fracaso", explicó Reese. "Lo único que tenían para decir fue excusarse en la lógica de la herencia recibida, y cuando podían decir algo acerca para explicar lo que hicieron ni siquiera tuvieron la capacidad de explicarlo. El fracaso fue grosero. Lo dijimos. Demuestra la situación de desbande y desastre en la gestión desde el cambio de gobierno que durante el año no pudo dar respuesta a ninguna de las cuestiones expresadas en las mandas de la Corte. Y las razones pueden ser varias, pero por un lado lo que se observa es la falta de conducción en un organismo que además tiene un segundo desafío que es el trabajo y la necesidad de articulación con una multiplicidad de problemas y cuestiones territoriales. Hay un universo múltiple de actores, 14 municipios, provincia de Buenos Aires, Ciudad. Y que para coordinarlos, también hay que tener capacidad de conducción y de liderazgo. Hubo muchos errores previos pero se hicieron muchas cosas hasta diciembre del año pasado. Había una lógica política subyacente. Acá no hay nada de nada. Hoy Acumar no existe como institución con capacidad de nuclear, coordinar y trabajar de modo asociado en un contexto y un problema que además es muy difícil acá, en Alemania y en dónde sea".
Antollín Magallanes fue vicepresidente del Acumar durante tres años, hasta diciembre de 2015. "Lo que me preocupa es que aún no definieron qué hacer de la gestión", dice. "Nosotros dejamos listo un plan con indicadores que siempre dijimos que debían ir variando porque recuperar la cuenca es un tema complejo que requiere la responsabilidad de múltiples actores. Tengo la sensación de que todo ese proceso se cortó: cortaron todo lo que se había estado instalando. Y es un límite muy fino pero hay un problema muy grande cuando se te rompe la continuidad de la gestión en la cuenca y vos estás trabajando con temas como la pobreza, carencias, marginación, contaminación pero además situaciones muy técnicas como territorio, espacios verdes, son múltiples relaciones para armonizar".
Cada 15 días, los jueves se reúne en consejo directivo del Acumar, compuesto por siete integrantes de las tres jurisdicciones que integran el organismo. Por arriba de ellos está el ministro de Ambiente, Sergio Bergman y por abajo, y hasta ahora, Torti. Ayer se reunieron cinco de los siete. Sergio Federovsky, Ivan Kerr, María Fernanda Reyes, Miguel Saredi y Alberto Términe. De acuerdo a la información oficial, convocaron a la plana ejecutiva a una reunión extraordinaria para el próximo martes. Ayer circularon rumores de renuncias. Cuando PáginaI12 quiso confirmar si eran ciertos, respondieron desde el organismo que si no hay renuncias el Directorio va a pedirlas.
PANORAMA ECONÓMICO
Plan de desintegración
Más de un tercio de las pymes del sector electrotécnico redujo su dotación de personal durante 2016. El uso de capacidad instalada en el sector promedia el 66 por ciento, es decir que un tercio del capital físico productivo está fuera de servicio. Sólo un 3 por ciento de las empresas del sector mantienen los tres turnos diarios de trabajo, 21 por ciento trabaja en dos turnos y el 76 por ciento restante redujo la jornada diaria a un solo turno. Una crisis que no es exclusiva del sector, pero ilustra sobre la situación del renglón de actividad en el que el gobierno anunció la baja de aranceles a la importación de equipos informáticos, que a juicio de las autoridades de la cámara del sector, Cadieel (que suministró los datos anteriores), pondrá en riesgo otros cinco mil puestos de trabajo de la cadena de valor del sector. La respuesta de las áreas específicas del gobierno a esta preocupación –ministerios de Trabajo y de Producción– es notable: lanzó el denominado Plan Nacional de Transformación Productiva, que propone brindar asistencia técnica y financiamiento a la reconversión de empresas que no estén en condiciones de afrontar la competencia importada. En buen romance, habrá crédito subsidiado para las firmas que presenten planes de liquidación de su actividad actual, para que puedan afrontar las indemnizaciones.
Hace poco más de diez días, el gobierno anunció un supuesto acuerdo con cámaras empresarias y sindicatos para garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo hasta marzo de 2017. Pero la tranquilidad social anunciada no superó ni el umbral de la Casa de Gobierno. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, aclaró de inmediato que el acuerdo no implicaba obligaciones, sino simplemente una expresión de voluntad. No pasó mucho tiempo para que la realidad permitiera verificarlo. No había transcurrido una semana cuando ya se tuvo noticias de 60 despidos en Electrometalúrgica Andina, 80 trabajadores de Acindar "forzados" al retiro voluntario, 270 telegramas de despido a trabajadores de Pecom Energía, 38 despidos en Tejedurías Naiberger, otros 60 despidos en Nevares, además de la decisión de YPF de desactivar definitivamente 33 equipos de yacimientos neuquinos, poniendo en peligro 1700 empleos de las empresas contratistas. Son apenas una muestra de los conflictos sociales que se multiplican en cadena, tan sólo en los primeros días posteriores al pregonado acuerdo de estabilidad laboral.
Si no se encienden señales de alarma en el gobierno es porque un panorama como el presente no escapaba a las previsiones oficiales. Desde hace por lo menos tres meses, las autoridades de las áreas de producción y trabajo vienen pregonando un Plan Productivo Nacional, en el que se define un esquema de sectores de alta, mediana y baja competitividad, de acuerdo a su capacidad de sustentabilidad en un modelo que los exponga a una apertura importadora. Dicho plan toma como ejemplo la estrategia de crecimiento de Australia, destacando como factor a imitar la generación de empleo de calidad por medio de una apertura gradual de la economía y una reconversión productiva. El país oceánico echó mano, para ese objetivo, también, a la reducción de la representación sindical y a un fuerte esquema de privatizaciones.
El Plan Productivo Nacional se fue presentando, en forma parcial y nunca como un documento acabado, en diferentes ámbitos empresarios. Uno fue el Foro de Inversiones que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, en el que se ofreció como anzuelo para los capitales extranjeros. Luego, en diversos encuentros empresariales, en los que el acento se puso sobre las facilidades que se le ofrecían a las industrias para reconvertirse y lograr mayor competitividad. Pero nunca había ido el gobierno tan directo al hueso como en la Resolución conjunta (ministerios de Trabajo y de Producción) 1 - E/2016, bajo el título "Programa Nacional para la Transformación Productiva", publicada en el boletín oficial del 15 de noviembre.
En su presentación, los dos ministerios involucrados presentaron el programa como una oferta de "financiamiento, asistencia técnica y capacitación para empresas que busquen mejorar su competitividad". Sin embargo, los más atentos rápidamente identificaron la norma conjunta como la propuesta para "reconvertir las industrias afectadas por la inminente baja de aranceles a productos importados, en particular del sector informático" (Mariano Martín, Ambito Financiero). La Unión Obrera Metalúrgica rechazó de plano el programa de reconversión, entendiendo que era el preanuncio de la destrucción de empleo en el sector, y lanzó una campaña de afiches callejeros contra las importaciones.
El Programa de Transformación Productiva consta de 14 artículos y un Anexo, en donde plantea que su aplicación "implica la acción coordinada de los Ministerios de Producción y de Trabajo, junto a las empresas, cámaras, trabajadores y sindicatos, en tres niveles". Dos de ellos están referidos a las empresas, que identifica como aquellas "que detecten oportunidades de transformación productiva", o las "empresas dinámicas que tienen proyectos de inversión genuinos y sustentables". Para unas y otras se ofrece financiamiento y asistencia técnica. Pero lo más revelador está en el nivel referido a "los trabajadores, tanto que requieran capacitación para realizar nuevas tareas dentro de la misma empresa, como con aquellos que necesiten reinsertarse laboralmente". E inmediatamente agrega el mismo párrafo, ya dando por sentado que estamos hablando de flamantes desocupados: "los trabajadores que elijan ingresar al Programa recibirán un seguro de desempleo ampliado (durante seis meses, 50 por ciento del último salario percibido, con un piso de un salario mínimo), facilitando su reinserción en las empresas que forman parte del programa".
"Lo que están ofreciendo es financiar la indemnización para las empresas que decidan no seguir: no hay otra forma de entenderlo, nos están entregando por adelantado nuestra propia acta de defunción", expresó tajante Federico Cuomo, ex presidente de la Unión Industrial de Avellaneda. No fue el único, pero él mismo llamó la atención sobre el silencio de otras entidades empresarias que no se pronunciaron pese a la gravedad del tema.
El Programa de Transformación Productiva de Jorge Triaca y Francisco Cabrera (foto) trata de presentar como un plan de financiamiento y asistencia técnica lo que, en la práctica, puede convertirse en un sistema de selección para la eliminación de sectores considerados "no competitivos". Es lo que acaban de anticipar con el tratamiento a la industria informática, y lo que en la práctica está sucediendo en general con indumentaria, textil, metalúrgicas, etc. El Plan Productivo Nacional, el modelo australiano, era más explícito. El mismo definía tres grandes grupos de sectores. Los de alta competitividad, los llamados a subsistir, que apenas incluía a las ramas de la agroindustria; los de media competitividad, donde señala a biotecnología, software y servicios profesionales, que serían a los que se le ofrece asistencia para ganar competitividad; y los de baja competitividad, donde se agrupan la mayoría de las áreas manufactureras y pymes del país, algunos con "posibilidades mínimas de crecimiento (sectores latentes)", como automóviles, autopartes, agroquímicos y medicamentos, y otros directamente destinados a "reconvertirse", como calzados, textil, electrodomésticos y electrónica, entre muchos más.
Para los planes oficiales, el destino de todos estos sectores ya está trazado. Habrá que ver la resistencia que son capaces de ofrecer las miles de empresas y cientos de miles de trabajadores afectados, y la existencia de planes alternativos para evitarlo u ofrecer otra salida.
Ocurrido y ocurrencias
Por Roberto "Tito" Cossa
En los días en que Néstor Kirchner asumía la presidencia de la república visitaron el país Fidel Castro y Hugo Chávez. Todos recuerdan el discurso de Fidel en la escalinata de la Facultad de Derecho ante una verdadera multitud. Fue el 23 de mayo de 2003. Las primeras palabras del comandante fueron para explicar la demora en la iniciación del acto. Se había previsto que hablara en el salón de actos de la facultad. Miles de personas obligaron a llevar el encuentro a la calle. Fidel se mostró visiblemente emocionado por la convocatoria. Una imprevista casualidad me permitió comprobarlo.
Recibí una invitación para un encuentro de Chávez con gente de la cultura. Desde ya que acepté el convite y allí fui. Nos ubicaron en un pequeño salón para unas 30 personas en el hotel donde paraba la delegación venezolana. Me encontré con mi amigo Rubens Correa que estaba acompañado por su mujer, Pato Balado. En la edición del viernes pasado, Alcira Argumedo, también presente, narra parte del encuentro. Yo aporto el mío.
Chávez llegó dos horas tarde, nos dio la mano a cada uno y se interesó por saber a qué nos dedicábamos. Cuando mencioné la palabra teatro, me comentó: "Nosotros, en la Escuela Militar, hacíamos teatro para burlarnos de los superiores". Cuando Pato le dijo que era cantante entonó una par de versos de una canción de Leonardo Favio, de quien se confesó fanático.
Se dijo que por razones de agenda el comandante nos dedicaría media hora. La charla se prolongó por más de dos horas. Entre paréntesis, ahí comprobé por qué Chávez era el líder que era. Su cultura, su carisma, su poder de convicción eran imbatibles. En medio de la charla, un asistente le alcanzó un celular y le habló al oído. Y entre nosotros se produjo una conmoción:
–Sí, Fidel, es que estoy aquí con unos intelectuales argentinos.
Alguien gritó:
–Dígale que venga.
–Acá dicen que vengas…
Hasta ahí la conversación. Era evidente que Fidel no vendría pero seguimos fascinados con el discurso del presidente venezolano. Cuando terminó, varias personas lo rodearon. Correa, Pato y yo decidimos salir. Habíamos caminado unos pasos cuando les dije que deberíamos acercarnos para despedirnos. El había tenido la deferencia de saludarnos de a uno; correspondía darle la mano y agradecerle. Un rato después, Correa, Pato y yo rodeábamos a Chávez, junto a un pequeño grupo de personas. Fue en ese momento cuando sonaron unos pasos que retumbaron en el parquet. Y apareció Fidel.
–¿Dónde está el impuntual de Chávez? –bramó.
Chávez, divertido, se puso rodillas, juntó las manos como para un rezo y repetía "perdón, Fidel, perdón".
Quedamos unos pocos con Fidel y Chávez. Y allí Fidel confesó la importancia que había tenido el acto. Estaba visiblemente emocionado. Mencionó la palabra "maravilla" para definirlo. Y recuerdo, textuales, una de sus frases. Mientras apoyaba un brazo en el hombro de Correa, confesó:
–Me aconsejaron que no fuera. ¡¿Qué?! Muerto, aunque sea muerto, pero yo tengo que estar ahí.
Siempre me pregunté por qué Fidel estaba tan emocionado. De última, había hablado ante multitudes diez veces más numerosas y en circunstancias mucho más importantes. Vaya a saber.
Enciendo el televisor en busca de un programa de noticias. Me detengo en "Dos voces". Entrevista a Lilita Carrió. La diputada dice:
–Cristina es nazi.
Tengo la sensación de que tambalea el cetro humorístico del maestro Alejandro Dolina.
Desde hace meses recibo, casi diariamente, un correo electrónico de la empresa Uber. Me trata como a un integrante de su flota de autos de alquiler. En más de una oportunidad les respondí que no podía aceptar ese trabajo. No es una cuestión de principios, ni de solidaridad con los tacheros. Simplemente, no puedo integrarme a Uber por dos motivos centrales: no tengo automóvil ni sé manejar.
Espero que por esta vía se informen de mi reclamo y me dejen de joder.
Una circunstancia imprevista me situó frente a un televisor junto a un pibe que no tenía más de diez años. Estaba fascinado mirando una película de ciencia ficción. Clásicas imágenes del género: naves espaciales, destrucción de ciudades planetarias, mucho estruendo y destellos de luz. Miré por un instante al pibe y me acordé de lo que yo veía a su edad. Íbamos en barra al cine Bijou de Villa del Parque donde pasaban tres películas y la serie, todas norteamericanas. Infaltables, una de guerra, otra de combois y alguna comedia. Una vez un psicólogo me explicó la influencia que el cine ejercía sobre el mundo imaginario de los chicos. Y es cierto. A mis diez años yo era pronorteamericano, enemigo de los nazis, admirador de la virilidad y del individualismo de los combois.
En eso estaba cuando en el televisor se produjo un corte comercial. Una joven mujer confesaba su estreñimiento y recomendaba la pastilla que la había aliviado; otra exaltaba las virtudes de unas toallas higiénicas que aparecían en cámara; después una tercera joven admitía que tenía pérdidas de orina; tras cartón, varios bebés corrían por el pasto en pañales y la locutora decía que era los más absorbentes y, por último una mujer mayor, maestra de escuela, se quejaba de no poder dar clases porque se meaba encima.
El pibe seguía con la mirada fija en la pantalla del televisor. Me pregunté para dónde iría a parar su imaginario.
OPINIÓN
Necesidad y urgencia
Por Horacio Verbitsky
Por Horacio Verbitsky
La Comisión Interamericana de Derechos humanos no deja margen de duda. En el marco de las medidas cautelares solicitadas, utiliza un lenguaje inequívoco. En el primer párrafo "urge al Estado de Argentina a dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria" que llamó a la "liberación inmediata de Milagro Sala". En el último, considerando "la necesidad de que los Estados actúen para asegurar que las recomendaciones de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos sean puestas en práctica, expresa su preocupación con respecto a la detención preventiva prolongada de Milagro Sala, y llama al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo". Sin más dilaciones ni subterfugios, es necesario y urgente que el gobierno nacional cumpla con sus obligaciones y evite colocarse en el rol de paria ante la comunidad internacional.
AVANCE DEL MAGNATE JOE LEWIS EN RÍO NEGRO
Otro negocio para un amigo
Por Adrián Figueroa Díaz
En la ciudad rionegrina de El Bolsón avanza un proyecto inmobiliario que revela una trama de influencias que alcanza al propio Mauricio Macri. La Municipalidad local impulsa la adjudicación de 600 hectáreas para el loteo de tierras de una reserva natural al pie del cerro Perito Moreno para la construcción de una villa turística, rechazada por ambientalistas. El proyecto Laderas no sólo prevé la deforestación de parte de esa superficie protegida sino que, al privatizar la zona, restringe la participación ciudadana en la explotación turística. Un dato para entender el contrapunto: la compañía es de Joseph Lewis, el magnate británico que cerró el acceso a Lago Escondido y que es "amigo" declarado del presidente argentino, a quien alojó en su casa de Bariloche cuando Barack Obama visitó esa ciudad en marzo pasado.
Detrás del proyecto Laderas está el operador inmobiliario Nicolás Van Ditmar, administrador de empresas del británico Lewis, un multimillonario que aparece en el ranking de Forbes como una de las 300 personas más ricas del mundo. Su fortuna es de alrededor de 5 mil millones de dólares, es uno de los dueños del club Tottenham y tiene activos en Pampa Holding, entre otros grupos.
En marzo pasado, "Joe" alojó en su mansión patagónica al presidente Macri. El propio Van Ditmar dijo que el jefe de Estado "es un amigo de la familia Lewis desde hace 11 años y ha visitado la zona muchas veces, incluso antes de que fuera presidente y jefe de Gobierno de la Ciudad". La amistad llega a tal punto que la ex vocera del multimillonario fue designada directora de Radio Nacional Neuquén, tal como lo publicó PáginaI12 a finales de ese mes.
Los problemas por el proyecto en El Bolsón comenzaron luego de que la empresa Laderas adquiriera un predio de 600 hectáreas vecinas al Club Andino Piltriquitrón, con la idea de crear una villa turística. Lo hizo de una manera que fue cuestionada: ante la imposibilidad de adquirir tierras fiscales de una reserva natural para su loteo y explotación comercial, le compró a pobladores originarios la superficie que hacía poco tiempo les había cedido el Estado.
La adjudicación tuvo el aval de la Municipalidad y del Concejo Deliberante de El Bolsón pero en 2011 fue denunciada por la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua con los argumentos de que el loteo no sólo daría pie a una deforestación prohibida por la legislación ambiental sino que la adjudicación había sido hecha solo con la presentación de un informe de impacto ambiental y sin la audiencia pública establecida para esos procedimientos.
El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia provincial, que en 2013 suspendió la audiencia hasta tanto se resuelva la legalidad de esa convocatoria. El acuerdo entró en una calesita de anulaciones y ratificaciones, hasta que hace días el intendente Bruno Pogliano, de Juntos Somos Río Negro y aliado del gobernador Alberto Weretilneck, ratificó el loteo y, a pesar de que sigue vigente la decisión del máximo tribunal rionegrino, convocó a una audiencia pública de cuyo resultado depende el tratamiento del tema en el Concejo Deliberante de El Bolsón.
Pogliano es cuestionado tanto por los ambientalistas como por legisladores de la oposición. Los primeros lo denunciaron públicamente por haber sido uno de los contadores de Laderas. "Tenemos pruebas de que el domicilio de la empresa era el mismo que el del contador", afirmó a este diario un integrante de la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua que prefirió reservar su identidad ante la serie de hechos sospechosos que ocurrieron alrededor de esa organización: en abril del año pasado fue incendiado el Centro Comunitario de Mallín Ahogado, donde los asambleístas se reunían cada viernes, y 40 días antes había sido quemada una radio – "creada a los fines de esta lucha" – llamada FM Comarca Andina, que transmitía por la frecuencia 106.3.
La asamblea denuncia tanto el daño ambiental del proyecto de Lewis como el hecho de que su concreción dejaría a los habitantes de El Bolsón sin la posibilidad de participar de la explotación turística en la zona, por pasar a ser esta una propiedad privada. No es la primera vez que este empresario cierra accesos a un espacio. En 2010 adquirió las tierras que rodean el Lago Escondido (donde desarrolla un emprendimiento hidroeléctrico) y fue denunciado por varias ONG de no permitir el acceso público a ese espejo de agua. La Justicia falló a favor de los denunciantes, pero "Joe" no acató la decisión.
"Es una villa que estaría separada del pueblo, un polo turístico, una nueva ciudad anexada a un centro de esquí, un negocio que dejaría a El Bolsón sin acceso a la explotación turística", ratificó a PáginaI12 el legislador provincial por el Frente para la Victoria Mario Sabbatella. A instancia suya, el bloque de esa fuerza política presentó en la Legislatura rionegrina un proyecto de declaración de "repudio al proyecto de urbanización de Pampa de Ludden y al llamado de audiencia pública". Pero la mayoría oficialista rechazó la iniciativa.
Cuando distintos espacios políticos de la oposición se convocaron para apoyar el reclamo de la asamblea, "nos mandaron gente pagada por ellos" para defender la privatización, contó Sabbatella. "Lewis está convirtiendo un emporio británico en territorio argentino. En este sentido, estamos extranjerizando nuestras tierras", apuntó.
El caso confronta a quienes creen y apoyan la iniciativa de Lewis y los que la rechazan. "Es un intento de enfrentar a vecinos contra vecinos", añadió el legislador a la vez que habló de "intereses creados" del intendente Pogliano con el proyecto.
En su opinión, hay un punto en que el caso "posiblemente tenga algo que ver con el vínculo" que hubo entre Lewis y el jefe comunal. "También entre el gobernador (Weretilneck) y Pogliano, y entre Lewis y Macri. Uno sospecha de todo ante la facilidad con que se está dando esto", concluyó.
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