domingo 06 de noviembre de 2016
GEMIGNANI RECUSÓ A LA FISCAL PALOMA OCHOA POR HABER
PARTICIPADO DEL #NI UNA MENOS EN TRIBUNALES
El juez las prefiere sumisas y devotas
El camarista que metió presa a una prosecretaria busca dilatar la causa en su contra por “privación ilegal de la libertad agravada”. Con un argumento insólito, afirmó que la fiscal “aniquiló” el debido proceso por haberse sumado al reclamo contra la violencia machista.
Gemignani tiene una causa penal por privación ilegal de la libertad agravada de la prosecretaria Amelia Expucci.
El juez de la Cámara de Casación Penal Juan Carlos Gemignani recusó a la fiscala Paloma Ochoa por participar en la protesta de #NiUnaMenos en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género el 19 de octubre último. Según el juez es un factor que le resta objetividad en su trabajo. Ochoa es quien pidió su indagatoria por la privación ilegal de la libertad agravada de la prosecretaria de Casación Amelia Expucci, a quien Gemignani tuvo casi dos horas detenida por no cumplir una orden. Para cuestionar a Ochoa, el camarista hizo una interpretación peculiar de la manifestación que hubo en el edificio de Comodoro Py como parte del llamado “miércoles negro” que se extendió por todo el país: para él era un escrache dirigido contra su propia persona. Al responderle, la fiscala recuerda que la movilización tuvo respaldo de la Corte Suprema, del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa. Muestra que lo que intenta el camarista es dilatar su indagatoria y separarla a ella, única mujer a cargo de una fiscalía federal en el fuero, de la causa en contra. Y deja en evidencia que la teoría del escrache sólo “vuelve más verosímil” la acusación “por la que está siendo investigado”, como producto de un abuso de poder basado en el desequilibro entre varones y mujeres.
El miércoles 19 de octubre buena parte de las mujeres que trabajan en el edificio de los tribunales federales de Retiro fueron vestidas de negro, como forma de participar de la protesta contra la violencia machista y tras el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. “En Argentina, y a raíz de la cantidad de femicidios ocurridos en el mes de octubre de 2016, puede decirse que una mujer muere víctima de violencia de género cada 26 horas y no ya cada 30 horas; de hecho, durante los primeros 19 días de octubre de este año murieron 17 mujeres víctimas de violencia. Estas circunstancias por sí solas nos obligan a movilizarnos no sólo por ser mujeres, sino todavía con mayor énfasis para quienes somos fiscalas o ingresamos en la genérica categoría de funcionarias públicas o agentes del Estado. Si esto no nos da derecho ni siquiera a gritar, tenemos todavía más problemas de lo que pensamos”, dice un tramo del escrito de contestación a la recusación presentado por Ochoa. Ahora tendrá que analizarlo el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien está a cargo de la causa contra Gemignani por privación de la libertad y violencia de género.
La fiscala – la forma en que ella hace referencia a su cargo – relata que “prácticamente no conocía a las mujeres con las que ese día recorrimos el edificio (…) recorrimos una y otra vez todos los pisos de los tribunales de Comodoro Py bajo la consigna ‘NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS’. No comprendo cómo esta consigna salvo para quien pretenda nuestra muerte, o cuanto menos sojuzgarnos, pueda ser considerada un escrache a su persona. Nadie en todo el edificio de tribunales entendió que nuestro recorrido que entre aplausos clamaba por poder vivir, por ser libres e iguales, por tener derecho, fuera ofensivo o violento. Algunas magistradas y magistrados nos aplaudieron con gran emoción al vernos pasar por las puertas de sus despachos, e incluso, algunas magistradas nos acompañaron subiendo y bajando por el edificio”.
Historia de película
Gemignani, radical de origen, fue nombrado como juez de la Cámara Federal de Casación – máxima instancia penal antes de la Corte – en 2011. Suele tener enfrentamientos feroces con algunos de sus colegas y, en particular, con la jueza Ana María Figueroa. Pero lo que sucedió con Expucci fue un hecho sin precedentes. En el último día de la feria judicial, cuando había poco personal, la mandó a hacer un inventario de un material que estaba en una sala de audiencias, que había sido enviado por el Ministerio de Planificación, en un acuerdo previo al cambio de Gobierno. La intención del juez habría sido generar algún escandalete porque quien habría aceptado el equipamiento informático que estaba allí era Figueroa. Expucci le dijo que inventariar el material escapaba a sus funciones durante la feria y que en todo caso le pidiera permiso a su jefe directo. Gemignani montó en cólera y ante la resistencia de la joven la hizo detener por los policías que estaban de custodia allí. Estuvo cerca de dos horas encerrada e incomunicada. El camarista la denunció, pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó liberarla y cerró la causa. Ella también lo denunció a él, y ésta es la investigación que quedó a cargo de Paloma Ochoa, quien le pidió al juez Canicoba Corral que cite al casador a indagatoria. También tiene un pedido de juicio político.
La recusación contra la fiscala pretende, como apuesta de máxima, sacarla del caso. De mínima, dilatar el proceso en su contra. El texto es una increíble revelación, casi una confesión, sobre cómo el camarista configura su razonamiento al decir que se siente escrachado por una manifestación en contra la violencia de género que es de alcance nacional. Dice que le pegaron un panfleto en la puerta de su despacho y que Ochoa lideraba la protesta. Los volantes estaban en todo el lugar, en todos los pisos, en casi todos los despachos y proclamaban la consigna “Ni una menos”, algunos reivindicaban la adhesión de una u otra dependencia al paro de mujeres d ese día, que duró una hora al mediodía. Pero ninguno aludía a él. La fiscala dice que no pegó carteles en el segundo piso, donde está el despacho del camarista: “sí pegué personalmente en el quinto piso del edificio de Comodoro Py donde trabajo cotidianamente, carteles que decían Ni una Menos y ninguno de los fiscales, todos ellos varones, entendió que tener ese cartel pegado en la mesa de entradas (…) podía ser interpretado como un escrache a su titular”.
¿Qué alega Gemignani? Su punto de partida es un recuadrito publicado por el diario Clarín que contaba como había sido la protesta y en una línea decía: “un grupo reducido de manifestantes pegó carteles contra la violencia machista en la puerta del despacho de Gemignani”. Entre las mujeres, mencionaba a Ochoa. Uno de los argumentos centrales del juez es que Ochoa violó “el estándar de imparcialidad y también la objetividad con que debió haber obrado en relación a mi persona cercenando así los derechos de debido proceso y defensa en juicio”; “participó y condujo un escrache por ‘violencia de género’ contra mi persona materializado en la puerta de mi oficina (…) adjudicándome ser un violento de género (…) aniquiló mi inocencia, la dignidad humana y el debido proceso”.
Ochoa le retruca que él no distingue entre la función de jueces/as y fiscales/as. Le recuerda, citando una decena de prestigiosos autores argentinos y extranjeros, desde Julio Maier, Gustavo Bruzzone, Esteban Righi, María Angélica Gelli hasta Claus Roxin, y precedentes de la propia Casación, que el Ministerio Público es autónomo, independiente, que no puede ser equiparado al Poder Judicial y que no tienen deber de imparcialidad sino de objetividad. Es “garante de la legalidad del proceso” y representa “los intereses generales de la sociedad”.
Gemignani la acusa de perder la objetividad porque cada decisión que toma ella como parte del juicio fue difundida en la página institucional fiscales.gob.ar. Ella le dice que está habilitada a difundir lo que quiera, y que siempre lo hizo con posterioridad a sus presentaciones o medidas. Lo toma como un acto para “transparentar su labor”, como lo hacen otros fiscales. También defiende la perspectiva de género que aplica en esta y otras causas: “Mi posicionamiento y, en particular, la mirada sensible al género que observé en este caso, como en todos los que intervengo, es claro que no puede llamarse nunca tendenciosidad, toda vez que la tendenciosidad no podría jamás estar basada en el cumplimiento de obligaciones legales, tanto a nivel nacional como internacional”. En el caso de Expucci analizó que además estaba frente a una situación de abuso de poder producto del desequilibrio de géneros. “Esta fue una de las razones que me llevó a no volver a citar a la denunciante cuando ya había ratificado su denuncia ante el juez, a efectos de evitar toda posible revictimización”, explicó.
Nada nuevo bajo el sol
Otro fundamento de Gemignani es que están cuestionados los concursos para fiscales/as en un amparo del Colegio de abogados de la calle Montevideo (el que avaló los golpes de Estado) por el modo de armar los jurados. Ochoa le dice que ni él ni ella son parte en ese amparo, y que de todos modos ella rindió examen, fue ternada, no tuvo ninguna impugnación y le prestó acuerdo el Senado. Luego insiste el juez que lo hechos de ese amparo “acreditan una clara subordinación de la nombrada Ochoa con la señora Procuradora General de la Nación, conspicua integrante de la agrupación Justicia Legítima, en la que también abreva el doctor Alejandro Slokar (presidente de la Casación), y de pública y notoria militancia kirchnerista” (sic). Ochoa le contesta que la Procuración es un organismo jerárquico, el procurador o la procuradora tienen carácter de jefes/as y dan instrucciones generales.
En ninguno de estos puntos el camarista explica qué relación tiene su planteo con la causa en la que tiene una grave imputación. Ochoa dice que, ya sea que se trate de un artilugio para dilatar la causa en su contra o que realmente responda a las “creencias del imputado” (“que manifestarse por el edificio bajo la consigna NI UNA MENOS, pueda ser entendido como un escrache a su persona”), nada de esto puede ser avalado por el juez Canicoba Corral “sin que ello implique violentar los derechos de las mujeres y, en particular, los derechos y autonomía que como mujer y fiscala, poseo”. “Hacer lugar al planteo de recusación implicaría por un lado enviar como mensaje a la sociedad, que las mujeres no sólo no podemos estar en lugares de decisión como lo es el lugar de fiscala, porque nuestra condición de mujeres altera nuestra objetividad, sino que además no tenemos derecho a movilizarnos en la reivindicación de nuestros derechos. Pero además, este razonamiento habilitaría el absurdo de que los varones recusaran a las fiscalas que tienen a su cargo la investigación de casos de violencia de género por la sola circunstancia de haber participado de movilizaciones en defensa de nuestros derechos”, advierte. A la vez pone en evidencia que en su papel de fiscal en la causa iniciada por Expucci, el planteo de Gemignani refuerza y hace verosímil su acusación: no se trató de un mero abuso de un jefe, sino de un jefe contra una secretaria por su condición de mujer.
Es un escenario, advierte Ochoa, de “una gravedad insospechada” y avalarlo sería admitir “que se ejerza violencia institucional sobre mi persona, en razón de que la recusación tendría por fin desplazar del caso, a la única fiscala en el fuero federal, para esta etapa del proceso, por la sola circunstancia de ser mujer y de movilizarse y trabajar en defensa de los derechos de las mujeres victimizadas por la violencia del patriarcado. Este apartamiento significaría, a su vez, violentar el ordenamiento nacional y los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado argentino, en tanto éste debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, a más de garantizar una vida libre de violencia”.
OPINION
Pichetto y un pensamiento sombrío
Por Espacio Carta Abierta
La pregunta de Michel Rocard sobre “¿cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo inmigrantes pobres?” (de la que parte Miguel Angel Pichetto para una reflexión que avergüenza), puede responderse fácilmente a condición de no darle el giro de la discriminación, el gesto del cierre de fronteras o el aire siniestro de una teoría de la desigualdad social, construyendo naciones de estamentos homogéneos, principio de los neoconservadurismos y neofascismos. Pero si se acepta en cambio que los grandes flujos migratorios enriquecen todas las formas culturales previas de una nación, como lo demuestra la historia moderna de la construcción de naciones, Rocard estaba equivocado en su anuncio de los primeros síntomas del viraje a la derecha del socialismo francés. Y Pichetto, más equivocado aún; luego de treinta largos años de la expresión citada, no solo se presenta como un amicus curiae de todas las derechas antiinmigratorias del mundo, sino que anuncia un futuro de indignidad, chatura y catástrofe moral para nuestro país. Lejos del paradigma igualitario que construyeron los movimientos populares de los siglos XX y XXI en el país, que repudia – y lo ve en la base del “problema argentino” – se suma sonriente a los promotores y beneficiarios de desigualdad.
El macrismo está empeñado en remover los cimientos fundacionales de la Argentina, incluso los que pertenezcan a las tradiciones jurídicas y democráticas que provienen del siglo XIX y que no le interesa invocar. Dictámenes claros de la ONU, como el referido a Milagro Sala, le son indiferentes, por caso. El senador Pichetto, a su turno, hablando de resacas poblacionales, no pertenece al partido de gobierno, pero por su boca expele la globalización a martillazos, ofreciéndose como guardián exaltado del parque temático del macrismo. Autor de frases xenófobas y racistas para no olvidar (“...murieron – en la AMIA – ciudadanos argentinos de religión judía y argentinos...” y también y solo como ejemplo entre muchas otras “...en la década de los 90 entraron los chinos, y ahora la mafia senegalesa. Yo no los veo trabajando en las obras, sino vendiendo truchadas...”), ¿por qué elige este momento argentino para lanzar su ataque tremendo contra los hermanos de América Latina? Porque el deterioro de la situación económica producto de políticas públicas realizadas con toda intención por el actual gobierno está configurando una situación social insoportable y el jefe de la bancada de senadores del FpV/PJ, que no le ha presentado ninguna batalla en la cámara en la que maneja la mayoría “opositora”, siente la necesidad de facilitarle el curso siniestro que conduce a la discriminación más abyecta, la salida cloacal. Cumple el papel del primer alemán que dijo ante la crisis de los 20 “la culpa es de los judíos”. El buen senador le dice al pueblo necesitado, preocupado, incluso resentido “¿no conseguís turno en el hospital? Es porque te lo ocupan los ‘paraguas’”, o “¿te quedaste sin laburo? Algún ‘bolita’ te lo estará ocupando”. Su programa es vasto, desde reintegrar a las Fuerzas Armadas a temas de seguridad interior, hasta expulsar paraguayos del Hospital Rivadavia, colombianos de nuestros sistemas médicos y universitarios, pasando por denunciar a Bolivia por realizar su “ajuste” social a expensas de la Argentina, a Perú de exportar cuotas de irregulares, narcotraficantes, que asolarían las villas del país realizando con ello su “ajuste delincuencial”. Una auténtica geopolítica poblacional de la guerra.
Todavía hay numerosas personas vinculadas al Partido Justicialista, del que el senador Miguel Angel Pichetto es nada menos que Secretario Nacional de Acción Política, que recuerdan los propios actos formativos del peronismo. Por ejemplo, la relación con el socialista latinoamericanista Manuel Ugarte, que en Francia fue amigo de Henri Barbusse y en nuestros países embajador de Perón en México y Cuba. O los alcances que los primeros planes quinquenales tuvieron para los vecinos de la América mestiza. Para no mencionar las políticas protectivas e inclusivas de los inmigrantes y el reconocimiento de sus derechos, bajo los gobiernos kirchneristas, de las que el programa “Patria Grande” es su manifestación más contundente. Sería bueno que en nombre de una historia que supo ser otra, se invite a Pichetto a retirar sus palabras o que, con adecuadas palabras se lo retire a él, tanto de la dirección del peronismo, cuya memoria degrada, como de la jefatura del bloque senatorial que ha largamente deshonrado. Y para que no engrose sus meditaciones groseras al amparo de cargos que no merece, entrechocando en forma tripartita la conciencia xenófoba de Marie Le Pen, la derecha “socialista” del tremendo Rocard y la piedra viva del macrismo que emerge y brilla de verdad cuando Pichetto le da lustre.
El personaje del que venimos hablando fue desde Menem hasta acá el jefe de bloque de senadores del PJ primero y del FpV/PJ a continuación. Todos quienes luchamos por y apoyamos a los gobiernos populares de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner somos responsables de que esto haya sucedido y suceda.
Nos comprometemos a impedir – en la medida de nuestras posibilidades, y llamamos a los compañeros a unir fuerzas en esto – que señores de esta calaña ocupen cargos en un futuro gobierno nacional, popular y democrático y que tampoco lo hagan como parlamentarios en representación de un pueblo al que reiteradamente traicionan.
LA JUSTICIA DEMORA UNA RESOLUCION SOBRE EL FUTURO DE
HOPE FUNDS, EMPRESA ACUSADA DE UNA GIGANTESCA
OPERATORIA DE LAVADO
Negocios y maniobras al filo de la ley
Macri, Tinelli, Massa, Messi, Elzstein, el Burrito Ortega y hasta el papa Francisco, entre muchos otros, son cómplices, víctimas o socios ocasionales de Hope Funds, en un gigantesco entramado de negocios donde se hace difícil establecer la diferencia.
Juan Enrique Blaksley, CEO de Hope Funds, en la mira de la Justicia.
Por Santiago O’Donnell
Podría tratarse de la estafa más grande los últimos años. Por cantidad de dinero en juego, cientos de millones de dólares, por cantidad de víctimas o potenciales víctimas, cerca de dos mil, y por persistencia en el tiempo, ya que lleva años y no terminó.
Mauricio Macri, Marcelo Tinelli, Sergio Massa, Lionel Messi, Rodríguez Larreta, el magante inmobiliario Eduardo Elzstein, Adolfito Cambiaso, el “burrito” Ortega y hasta el Papa Francisco, entre muchos otros, cómplices, víctimas o socios de ocasión, en un gigantesco entramado de negocios donde se hace difícil establecer la diferencia.
En el centro de esos negocios y esas relaciones está el empresario Juan Enrique Blaksley, a quien algunos de sus denunciantes se refieren en privado como “el Madoff argentino”. Su apodo viene de Bernie, el Madoff original. Bernie Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel por una estafa valuada en 52 mil millones de dólares, el fraude más grande en la historia de Estados Unidos. Bernie se había hecho famoso por un esquema criminal de inversiones de alto riesgo llamado “pirámide,” que al principio produce altísimos rendimientos para los inversores pero rápidamente el dinero desaparece. Enrique, el contraparte argentino de Bernie, fue denunciado por dos organismos federales que lo acusan de lavar dinero: la agencia impositiva o AFIP y la procuraduría especializada crímenes económicos y lavado de activos, llamada Procelac. Blaksley también enfrenta un número indeterminado de embargos e inhibiciones por juicios de personas que reclaman la devolución de su dinero en la justicia local. Sin embargo, la mayoría de quienes se sentirían estafados o que han reclamado la devolución de su dinero se abstienen de hacer denuncias judiciales, ya que según los propios instructivos de la firma, muchas de las inversiones debían ser en efectivo y al contado, con lo cual Hope Funds captaba (y capta) un alto porcentaje de sus inversiones en dinero no declarado o negro. Según ex empleados de Blaksley, algunos famosos han logrado recuperar su dinero con amenazas de armar escándalos mediáticos, mientras que otros inversores con menor capacidad de daño han optado por unirse para consultar abogados o golpear la puerta de la financiera hasta ser atendidos y aceptar las promesas o reintegros parciales que pudieran conseguir a cambio de su silencio.
En base a las denuncias de la AFIP y la Procelac, Blaksley ha sido acusado en la justicia federal de lavar dinero por el fiscal Fernando Domínguez de San Isidro, el distrito donde Blaksley fija residencia, y ha sido indagado hace diez meses por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien todavía no se ha pronunciado sobre el procesamiento y las inhibiciones que oportunamente pidiera el ministerio público. Si Blaksley es culpable de lo que se le acusa, la demora de la jueza en expedirse – el plazo legal es de diez días – permite que el llamado Maddoff argentino y su firma, llamada Hope Funds, siga cometiendo delitos.
Claro que las fotos de Blaksley con Messi o Del Potro o Usain Bolt, con Macri, Massa o Rodríguez Larreta son cosa del pasado, asi como los intercambios con el Vaticano o los negocios con Boca, Tinelli, Andrés Ibarra, Fernando Marín y el Payaso Plin Plin. La insignia “Hope Funds” ya no viste las camisetas del multicampeón de polo La Dolfina en el Abierto de Palermo, ni decora los pasillos del Luna Park en partidos de básket de la selección, ni esponsorea las visitas a la Argentina de las estrellas del tenis Federer, Roddick y hermanas Williams. El Hard Rock Café, la empresa de alquiler de autos Hertz y Zurich Seguros ya no figuran en su página web como franquiciantes de Hope Funds y todos los viejos socios y contactos de Blaksley hacen lo posible por despegarse discretamente de él, como si nunca lo hubieran conocido.
El negocio – o la maniobra – parece haber entrado en su fase terminal, la más rapaz. Es que en la base de la pirámide sólo quedan los más vulnerables: ancianos confiados que no leen los diarios, personas sin mucha educación, ingenuos recién llegados a Buenos Aires.
Sin embargo, mientras el fiscal Domínguez trabaja en estos días en un nuevo pedido de procesamiento, paso previo a un eventual pedido de pronto despacho, alrededor de Hope Funds mucho se especula sobre la influencia que podrían estar ejerciendo los contactos políticos de Blaksley, sobre todo hoy con el macrismo y el massismo, para demorar o frenar medidas judiciales en contra de Hope Funds.
En ese contexto se habla de Joaquín y Manuel, los hermanos Romero Victorica, hijos del otrora influyente operador político–judicial de la zona norte, el ex fiscal Juan Martín Romero Victorica. Manuel Romero Victorica es el abogado de la jueza Arroyo Salgado en la causa por la muerte de su ex marido, el fiscal Alberto Nisman. Y Joaquín Romero Victorica es, según el Diario La Nación, “director del Centro Profesional de Entrenamiento de Hope Funds” desde diciembre del 2008. Ex empleados de Hope Funds juran haber visto más de una vez a los hermanos tomando café en el Café Martínez de la calle Sarmiento, a metros de las oficinas de Hope Funds, y dicen haber tomado dichos encuentros casi como una señal de que el frente judicial de la empresa estaría controlado, tal como les habría asegurado el propio Blaksley más de una vez.
No siempre había sido así. Hasta hace un año y pico nadie hablaba de juicios en Hope Funds. La firma de Blaksley ofrecía varios tipos de inversiones: plazos fijos de alto rendimiento en negro, doce por ciento anual en dólares, a través de una financiera fantasma en las Islas Vírgenes Británicas; inversiones en clubes de campo privados en Luján y Pilar en negro al principio y luego en blanco a dólar oficial para aprovechar la brecha cambiaria en los tiempos del control de capitales; inversiones en negro en departamentos a construirse en Nordelta a través de instrumentos llamados CIP (certificado de inversión y participación); inversiones en dólares y al contado en empresas de eventos y marketing deportivo, espectáculos y emprendimientos gastronómicos, en un club de polo en Indonesia y en departamentos en Florida, Estados Unidos. Hasta ofrecía la posibilidad de invertir en los derechos de imagen del Payaso Plin Plin, a quien Hope Funds promovía como futura estrella del canal Disney en América latina y de obras de teatro, ropa, juegos, libros, cotillón y DVD.
Y la frutilla del postre: la chance de invertir en franquicias de “Café Messi” en España y eventualmente todo el mundo. “La sociedad con los derechos de explotación y desarrollo de la marca estará conformada por la firma HOPE FUNDS y MESSI quienes participarán en partes iguales de la composición accionaria. La misma será la encargada de otorgar Masterfranquicias en distintas partes del mundo, comenzando por España”, reza un instructivo para los vendedores de Hope Funds. Para tranquilidad de los inversores Blaksley se había hecho fotografiar junto a Messi y una gigantografía de un cheque a nombre de Hope Funds y la Fundación Messi para Unicef, durante un partido a beneficio jugado en Perú en julio del 2013.
Hope Funds tenía, además, la franquicia del Hard Rock Café y de Hertz y vendía participaciones en las utilidades de las franquiciantes a través de instrumentos llamados CCU (contrato de cesión de utilidades). También era agente registrado de Zurich Seguros y le vendió cerca de diez mil de pólizas. Además era dueño de la concesión del shopping Buenos Aires Design en el corazón de la Recoleta, en sociedad con la firma IRSA del magnate Eduardo Elzstein. Dicha concesión fue renovada a precio de ganga en 2012 entre gallos y medianoche durante el gobierno de Macri en la ciudad, cuando Horacio Rodríguez Larreta era jefe de gabinete y su hermano, Augusto, apoderado de IRSA.
Con el dinero captado, Hope Funds invertía en las empresas de Marcelo Tinelli de eventos deportivos Ideas Sports y Pro IDS y en el mechandising de Boca Juniors a través de las empresas Ilmen y ProEnter durante la gestión del actual ministro de Modernización, Andrés Ibarra, como gerente de márketing del club. Hope Funds era también el sponsor principal de la selección de básquet a través de la empresa Sociedad Expansiva que había fundado Hernán Lombardi y que por entonces tenía al funcionario macrista como principal acreedor, al tiempo que se alzaba en tiempo récord con préstamos del Banco Municipal, según informara el sitio “Nuestras voces” de Gabriela Cerrutti. Hope Funds también invirtió en negocios de tango con el empresario del rubro Juan Fabbri y puso plata en una sociedad con Fernando Marín, actual gerente residual de Fútbol Para Todos, para producir una obra de teatro en la calle Corrientes.
Todo marchaba sobre ruedas. El 2012, sin ir más lejos, había sido una fiesta. Ese año Hope Funds había organizado Del Potro–Federer con Massa en Tigre, un Súper 4 con la generación dorada de básquet en el Luna, una muestra de Rafael, Tiziano y Rubens en el Museo Nacional de Arte Decorativo y el estreno de la camiseta La Dolfina-Hope Funds con la presencia Batistuta y Nalbandián. Al año siguiente llegarían la despedida del “burrito” Ortega en el Monumental, la muestra de arte gauchesco en el Vaticano, foto de Blaksley con Bergoglio incluida, la carrera de Usain Bolt contra el Metrobus con Macri sosteniendo la bandera a cuadros y la presentación del merchandising de Los Simpson en la Bombonera. En el 2014, poco antes de anunciar el esponsoreo del auto de rally de Nalbandián con un cóctel para la prensa en el Hard Rock Café, Hope Funds premió a sus cien mejores vendedores. Lo hizo con un crucero cinco estrellas all inclusive por el mar Báltico tocando puerto en ocho países. En el barco, por las noches, los empleados de Blaksley se hacían decorchar vinos de 300 euros que escogían del menú. En la última noche del viaje los vendedores fueron agasajados con un extravagante banquete en un castillo de San Petersburgo, para el cual cada comensal se visitió con atuendo, maquillaje y peluca de la época del zar, como si fueran parte de aquella vieja nobleza.
Pero un día el sueño terminó. Blaksley cumplió 50 años el 14 de enero de 2015 y esa fecha marcó el principio del fin. Ese día el periodista Juan Graña firmó un artículo en el sitio Infobae.com dando cuenta de las investigaciones de la AFIP, Procelac y fiscalía federal de San Isidro, que hasta entonces los inversores y empleados de Hope Funds desconocían. Por la fecha elegida para la publicación y por el medio que la hizo, dentro de Hope Funds el artículo se leyó como una venganza del empresario Daniel Hadad, dueño del sitio informativo, por un negocio con Blaksley que habría salido mal. En la empresa la relación entre uno y otro era conocida. Es que en los buenos tiempos solían almorzar juntos en la Rosa Náutica de Puerto Madero, donde Blaksley era el dueño y Hadad un habitué. El artículo informaba que la AFIP había detectado que de los 531 clientes que entonces tenía Hope Funds, sólo tres tenían dinero suficiente para hacer la inversión y la habían declarado al fisco, mientras que el resto o bien había usado dinero en negro, o bien se trataba de jubilados por la mínima que nunca antes habían tenido ingresos. El artículo también decía que para la Procelac Hope Funds operaba de manera ilegal, ya que no tenía permiso del Banco Central para captar ahorros y realizar inversiones, siendo que su actividad declarada era “servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contraprestación”. Además el artículo decía que ya por entonces fuentes de la fiscalía de San Isidro hablaban de “demoras en la causa” para favorecer a Hope Funds, que a su vez contaba con “aparente información de los movimientos del juzgado” en relación a una serie de allanamientos que la fiscalía había solicitado de manera urgente y que la jueza no dio a lugar.
La estampida no tardó en llegar. Los primeros en despegarse públicamente fueron los Messi, y lo hicieron el mismo día del artículo de Infobae, con declaraciones de Jorge, el padre del futbolista, en ese mismo medio. “No existen los ‘cafés Messi’, no sé de dónde sacó eso esta persona”, afirmó enfático. “Ni yo ni mi hijo ni la fundación tenemos ningún vínculo con esta empresa”. Otros empresarios hasta entonces muy cercanos a Blaksley como Guillermo Marín y Javier Schmidt también se abrieron, con más o menos discreción. Sin embargo, el tema no pasó a mayores porque tres días después la noticia sería tapada por la muerte de Nisman.
El segundo golpe para Hope Funds fue la publicación en este diario, en mayo de este año, de dos artículos basados en los Panama Papers. El primero informaba sobre la exisitencia de más de 30 empresas offshore a nombre de Blaksley en distintos paraísos fiscales, pero sobre todo Panamá e Islas Vírgenes Británicas. El segundo daba cuenta de las relaciones de Blaksley con el poder político. La reacción no tardó en llegar. Arroyo Salgado ordenó medidas de prueba. Hard Rock Café y Hertz exigieron y lograron desaparecer de la página web de Hope Funds, argumentando que nunca habrían autorizado el uso de la marca para las inversiones ideadas por Blaksley.
Consultado por Página/12, el experto Segio Chodos, ex director del Banco Central, ex representante de Argentina ante el FMI, dijo que la creación de un entramado de empresas offshore puede tener dos propósitos. Por un lado, ocultar dinero del fisco. Pero para eso alcanza con una sola offshore, aclaró. Cuando son muchas las offshore interrelacionadas, la principal sospecha es que sean usadas para engañar a inversores y accionistas a través de transferencias y movimientos que disimulen u oculten utilidades y ganancias. “Las offshore le permiten al beneficiario ocultar movimientos de dinero, no sólo del Estado sino sobre todo de socios minoritarios o acreedores de todo tipo”, señaló Chodos.
Para entonces, más allá de los traspiés de imagen, Hope Funds ya venía experimentando serios problemas con sus inversiones inmobiliarias. El desarrollo en Lujan no había terminado mal, salvo por un problema de liquidez que habría llevado a Hope Funds a vender el fideicomiso antes de haber terminado las obras, lo cual habría redundado en algunas quejas de los propietarios, pero nada grave. En cambio la inversión en Pilar terminó siendo desastrosa. Hope Funds había comprado una tosquera y había loteado 1600 terrenos. Pero como se trataba de un humedal sobre el Río Lujan, nunca obtuvo permisos de construcción por razones medioambientales (recordar la reciente inundación que llegó hasta la catedral de Lujan), ya que la construcción sobre dichos terrenos está prohibida. Pero Blaksley le habría dicho a sus vendedores que tenía todo arreglado con el entonces gobernador Scioli y el entonces de intendente de Pilar, Zuccaro. Confiado, Blaksley presentó el proyecto con una fiesta a todo trapo en el Sheraton de Pilar el 11 de febrero del 2011. Desde entonces se vendieron unos 600 lotes a un promedio de cien mil dólares por un total aproximado de 60 millones de dólares. Cuando llegaron los inesperados resultados de las últimas elecciones, Blaksley habría intentado tranquilizar a sus huestes informando la novedad de que ya estaba todo arreglado con la nueva gobernadora Vidal y el nuevo intendente Ducoté. Pero los permisos nunca llegaron y el paraíso llamado Verazul sigue siendo poco más que una tosquera abandonada una película de venta animada con casas, lagunas y chicos haciendo windsurf que nunca existieron y que difícilmente vayan a existir. La debacle en Pilar y la mala prensa a su vez habrían hundido el negocio en Nordelta de los departamentos llamados Antares. Allí la construcción estaba a cargo de otra empresa y Hope Funds sólo canalizaba inversiones en el proyecto, que se vendían por metro cuadrado. Pero cuando llegó la hora de pagar, Hope Funds ya no estaría en condiciones de hacerlo y la compañía constructora se habría desentendido del tema, argumentando que el acuerdo era con Hope Funds y no con sus clientes, y que Hope Funds ya había cobrado su parte.
Este cronista intentó comunicarse varias veces con Blaksley pero no tuvo suerte. Anteayer el teléfono que figura de manera destacada en su página web dio ocupado durante horas. Antes, Blaksley había declinado pedidos de entrevista a través de su secretaria y luego un asesor de prensa. En un escrito judicial del mes pasado contestando un pedido de quiebra, Blaksley negó estar en cesación de pagos y señaló que “de miles de individuos que contratan con la firma, solo un número muy reducido, inferior a 30, son los que han judicializado sus reclamos.” En el escrito, Blaksley denuncia que “distinas exposiciones mediáticas... falsamente han expuesto a la empresa como operación de lavado de dinero.” Cerca de él se dice que la pirámide se mantiene a pesar de los contratiempos y que un nuevo negocio de reciclado de basura con el actual gobierno porteño sacará a la empresa de su momentáneo apremio financiero.
De la gloria a la rapiña, de la fama al ostracismo, del polo a la basura. Todo puede cambiar muy rápido, aun cuando tarde demasiado.
OPINIÓN
El operativo proscripción
Por Edgardo Mocca
La persecución de Cristina Kirchner no es un dato más de la escena política, es su centro excluyente. La coalición mediático-político-judicial que reclama su prisión no está guiada principalmente por ningún odio personal; claramente se entiende que es una estrategia política. ¿De qué se trata? Se trata de la necesidad del bloque neoliberal de despejar un obstáculo principal para la construcción de un orden político “normal” y duradero que sea soporte de una reestructuración neoliberal del país más profunda que la que se desarrolló en la década de los noventa. El obstáculo no consiste estrictamente en la persona de Cristina sino en el lugar que ocupa en el tablero político. CFK es líder de una importante fuerza política que no se define dentro de los límites de uno u otro partido, sino por su compromiso con un rumbo del país. Con todas las debilidades que puedan señalársele, el período de gobiernos kirchneristas dejó una herencia muy importante que no es exactamente la que describen sus enemigos y se expresa en cambios materiales, en la expansión de derechos y en la subjetividad social argentina. A eso se agrega que la ex presidenta terminó su mandato en una absoluta normalidad política que no pudo ser ensuciada por la trasnochada jugada judicial que restringió doce horas su mandato y tuvo además un marco multitudinario y emotivo para su despedida de la Casa de Gobierno. Eso no ha sido muy tenido en cuenta a la hora del balance de doce años signados por una profunda tensión política, básicamente vinculada a la creciente resistencia del establishment a las políticas puestas en marcha. Un final anticipado y caótico del gobierno de Cristina hubiera sido el modo más eficaz para cimentar la nueva etapa de la revolución neoliberal. Y no puede decirse que no lo buscaron, pero no tuvieron éxito y la tarea de quemar en el incendio social la memoria de una etapa política quedó incumplida. Por eso todo el tiempo que pasó desde la asunción del nuevo gobierno estuvo signado por una agenda dominante concentrada casi excluyentemente en la demonización del “antiguo régimen”. Por eso la política económica se funda en la lucha contra los efectos de una crisis que nunca existió. Por eso las noticias judiciales ocupan sistemáticamente las portadas de los diarios y el lugar central en las radios y la televisión manejadas por el bloque dominante. Claro que la estrategia también sirve, de paso, para desviar la atención de las visibles y crecientes dificultades que sufre el gobierno. Pero esa función distractiva, que es frecuentemente denunciada desde el campo del kirchnerismo, es secundaria respecto del objetivo de sacar a Cristina del campo de juego.
El hiperactivismo favorable a la detención ha adquirido un sesgo particular en el último período que consiste en que la campaña se enriquece con una teoría según la cual el gobierno estaría protegiendo a CFK para favorecer una división del voto opositor capaz de protegerlo de un traspié importante en la próxima elección. Proviniendo de periodistas siempre muy entusiasmados por la independencia judicial y que además auspician lo esencial del rumbo del gobierno macrista, el giro no puede dejar de llamar la atención: ¿cómo se le pide a un gobierno “republicano” que deje actuar a la Justicia? Lo real es lo contrario: lo que se le está pidiendo al gobierno es que intervenga, que no le tiemble el pulso para tomar una decisión que tiene una importancia estratégica decisiva. Acá es cuando surge lo que está detrás de esta grotesca discusión. Y se trata de que por más empresarial y neoliberal que sea, el gobierno tiene el reflejo de defenderse como tal y de no actuar de tal manera de arriesgarse a sufrir una crisis a causa de una decisión cuyas consecuencias todo el mundo reconoce como inciertas. La diferencia es que el bloque político que Macri representa no juega su suerte enteramente a la de su gobierno; quiere asegurar su proyecto político con cerraduras más sólidas que la alianza Cambiemos. Dicho de otro modo, el bloque de poder le otorga prioridad a la destrucción de la fuerza antagónica respecto del éxito de un gobierno. El neoliberalismo tiene la necesidad de construir no simplemente un gobierno sino un sistema político que garantice incondicionalmente la seguridad de los grandes negocios. Ese sistema está hoy esparcido por el mundo y consiste en una dinámica de alternancia entre dos partidos o coaliciones supuestamente opuestas entre sí pero respetuosas ambas de la seguridad del capital y dispuestas a cuanto haga falta para asegurarla. Dicho sea de paso, ese régimen no está en un momento floreciente en el mundo: el distanciamiento de grandes sectores del electorado europeo y de Estados Unidos respecto de los partidos integrados en una competencia puramente formal nutre la fuerza de experiencias antisistema de diversos y contradictorios signos que viven un proceso de crecimiento sostenido y cada vez más intenso.
Es previsible que la presión se intensifique en la medida en que se acerque la fecha de la elección legislativa. Ante todo porque la operación de deterioro de la imagen de Cristina parece haber tocado el techo de su eficacia y su lugar político ha ido adquiriendo una notoria centralidad. La “normalización” del peronismo con la extirpación del virus kirchnerista tampoco avanza con demasiada claridad; por el contrario, los vasos comunicantes en el interior del Partido Justicialista y en sus vecindades parecen haber ido multiplicándose y fracasado los intentos de quienes promueven una suerte de proscripción al kirchnerismo en el interior del partido. Lo que ha ido sucediendo en la realidad es un proceso de activación social en contra de las medidas más antipopulares del gobierno que obligó a modificar en algunos sectores del peronismo el discurso complaciente con el macrismo de los primeros días por uno que sintonice mejor con el nuevo clima. A partir de allí la protección de los intereses de la estructura justicialista no es demasiado compatible con un mensaje expulsivo hacia su interior. Desde el cierre por Cristina de una actividad del PJ de la Ciudad de Buenos Aires hasta la reunión de intendentes bonaerenses de todo el espacio peronista claramente concentrada en unificar sus demandas al gobierno provincial y pasando por el documento que reivindica al papa Francisco y a Perón desde una perspectiva claramente antagónica con el rumbo del gobierno actual, los hechos están expresando una tendencia inequívoca. Cuestiones de principio y lógicas pragmáticas se cruzan en una dirección favorable a alguna forma de síntesis peronista hacia la elección del próximo octubre. Una elección, además, en la que no se juega la presidencia, por lo cual existe un amplio margen para que florezcan las cien flores, es decir para que en cada territorio provincial se prueben las fuerzas internas y de ahí pueda nacer un cierto mapa de las relaciones de fuerza internas en el plano nacional.
En este cuadro de reactivación del mundo peronista hay que incluir la situación sindical. Aquí se había operado una tendencia de unidad configurada en la oposición a la política del macrismo con una expresión central en el acto común de la CGT y las dos CTA el 29 de abril pasado; el freno del triunvirato cegetista al paro nacional que se había anunciado desde allí mismo tiene mucha importancia porque establece una pausa para el gobierno y también porque tensa las relaciones internas en la central y en sus adyacencias. Así y todo se trata de una tregua provisoria y bastante precaria: habrá que ver qué balance hace cada gremio y cada sector del resultado real de las negociaciones de la cúpula con el gobierno. Y habrá que considerar también cómo se van articulando los movimientos partidarios con los sindicales en los meses previos a la elección de octubre. En cualquier caso, el perfil que adopten los reagrupamientos electorales y el rumbo que tome el operativo judicial de persecución a Cristina forman parte de la misma escena. Hay que considerar que la sola posibilidad de que sea candidata en la provincia de Buenos Aires es un dato fuerte del juego preelectoral, aun cuando no se concretara. Hay un principio en el ajedrez que dice que la amenaza es más fuerte que la ejecución. En este caso la insinuación de la candidatura de CFK tiene fuerza propia en cualquier mesa de arena en la que el peronismo trate de develar el futuro.
Mirada desde la perspectiva de la democracia argentina, la operación judicial-mediática tiene un sentido más profundo que desde la sola cuestión electoral. La judicialización de la política es un momento dentro de una empresa más global de sumisión de la política a los poderes fácticos. Una vez más se está poniendo en acto la fuerza destructiva de los poderes fácticos de la Argentina respecto de cualquier forma de autonomía de la política. Ni al gobierno más propio de los últimos tiempos le perdonan lo que suponen es la colocación de sus intereses como gobierno por encima de los del bloque en su conjunto. Las clases dominantes no creen en ningún “comité ejecutivo” que ordene sus intereses generales. Ahora solamente creen en la capacidad corporativa de constituirse en tribunal de alzada respecto de cualquier conflicto político. La defensa de la democracia está otra vez en la agenda política. La pusieron ahí los atropellos institucionales, la criminalización de la protesta social – que incluye la ignorancia de una decisión de la ONU contra el ilegal encarcelamiento de Milagros Sala – los intentos de generar condiciones para un fraude electoral y, en un lugar fundamental, la manipulación del Poder Judicial al servicio de una estrategia política de triste memoria en la historia argentina reciente, la proscripción.
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