martes 08 de noviembre de 2016
#NI UNA MENOS Y JUEZAS CONTRA EL CAMARISTA GEMIGNANI
Suma voces en contra
El juez de la Cámara de Casación Penal Juan Carlos Gemignani.
El colectivo #Ni Una Menos denunció como un intento de "disciplinamiento brutal" la recusación planteada por el juez de la Cámara de Casación Penal Juan Gemignani contra la fiscal Paloma Ochoa porque participó de la movilización del 19 de octubre, el "miércoles negro" contra la violencia machista en todas sus formas. Ochoa está a cargo de una investigación contra el camarista y pidió su indagatoria por la privación ilegal de la libertad de una prosecretaria del tribunal a quien mandó a detener por no cumplir una orden suya. En una interpretación sorprendente, el juez consideró que la protesta que ese día hubo en Comodoro Py, igual que en el resto del país, fue un escrache contra su persona, liderado por Ochoa. Ella, al rechazar la recusación, dijo que el planteo era otro acto de violencia de género. Susana Medina, jueza y titular de la Asociación de Mujeres Juezas, puso énfasis en la paradoja de que quienes trabajan en el Poder Judicial "tenemos la obligación moral de trabajar para erradicar la violencia de género", y que ése fue el sentido de la protesta. "Los argumentos de Gemignani dan cuenta del impacto de la estructura patriarcal en la conducta de algunos jueces", señaló Leticia Kabusacki, abogada y miembro del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Desde #Ni Una Menos destacaron que la llegada de la protesta y el paro de mujeres a los tribunales federales de Comodoro Py el 19 de octubre fue un hecho sin precedentes en un ámbito acostumbrado a las reglas de un sistema vertical donde se les rinde pleitesía a los jueces y la actividad está condicionada por una jerarquía masculina. La movilización dentro de tribunales interpeló a esa cultura tan arraigada. Ochoa, es la única fiscala del fuero federal de instrucción. Señala el colectivo que "se la acusa de tener una mirada sesgada por tener perspectiva de género en sus decisiones, porque es la perspectiva que desarticula al patriarcado como sistema de dominación". Recuerda que el paro de mujeres precisamente pretendía plantear que así como existe una situación social y económica capaz de avalar los femicidios "también construye relatos acerca de que las mujeres que toman ciertas actitudes corren determinada suerte". En este caso "Ochoa es castigada por hacer esos mecanismos visibles" desde su trabajo como fiscala y en su manifestación contra las inequidades y diversas formas de violencia. "Si esto le cabe a ella que es titular de una fiscalía, qué les depara a las meritorias, a las empleadas, las secretarias, que son muchas", señalan. En esos cargos, de hecho, están concentradas la mujeres que trabajan en el sistema de justicia, que son mayoría (ocupan 55 por ciento de lugares) pero siguen sin llegar a cargos jerárquicos.
"Desde #Ni Una Menos queremos denunciar este disciplinamiento. Se trata de otro acto de violencia de género: impedir que las mujeres se manifiesten por sus derechos y en defensa de los de sus congéneres, contra el femicidio y haciendo visibles las inequidades que construyen el discurso de la violencia en general", plantea el colectivo. Ahora analiza en qué ámbito e instancias denunciar a Gemignani: podría ser el Inadi, el Consejo de la Mujer y/o el Consejo de la Magistratura. Subrayan que, de por sí, el caso que investiga Ochoa sobre la detención de Amelia Expucci, una prosecretaria que se negó a hacer un inventario de material informático en una sala de audiencias que Gemignani le exigía, "es un ejemplo clarísimo de violencia de género". Ochoa, de hecho, al pedir la indagatoria del juez había señalado que abusaba de su poder frente a Expucci. "El machismo no es una ideología más. Es una posición política, directamente asociada a la opresión, que no se puede tolerar . Si este juez incurre en actos machistas no debe ejercer un puesto como el que ejerce", advierte el colectivo.
"La violencia de género crece de manera alarmante y exponencialmente", dijo Susana Medina, jueza del Superior Tribunal de Entre Ríos y titular de AMJA. Por eso, señaló, "la obligación moral de trabajar para erradicarla" de parte de quienes ejercen poder como en el sistema judicial, y en todos los ámbitos posibles. "Por nosotras mismas y por las demás, por las otras, por las que sufren, por las que menos tienen y las que no tienen voz. Ese fue el sentido de la marcha a la que todas adherimos", señaló. "No hay que ver nada personal en la ocasión señalada", dijo, en relación a la interpretación de Gemignani. "No creo que algo así pueda ser motivo de recusación", añadió. La magnitud del problema de la violencia machista, dijo, quedó a la vista en su provincia el caso del prefecto que mató a su ex pareja y a su novia.
"Es impactante el escozor que produce en ciertas personas que las mujeres tomemos el espacio público, y es impactante cuando se transforma en acción de parte de quien debe impartir justicia conforme a las leyes y tratados internacionales, como Gemignani. Los argumentos de su recusación ponen en juego no solo motivos machistas o personales sino simbólicamente los derechos y la vida de las mujeres; este juez como todos los actores de la administración de justicia deben tomar en serio el marco jurídico de protección y prevención contra la violencia de género, que atraviesa clases, credos, edades y posiciones socioeconómicas", dice Kabusacki, de ELA. La abogada reclamó "una mirada crítica sin la cual será difícil avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres".
CUATRO MUERTES, UNA MUJER, SUS DOS HIJAS Y SU
PAREJA, EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
El horror femicida en Entre Ríos
Un hombre, que tenía restricción de acercamiento, mató a puñaladas a su ex pareja, también a las dos nenas de 5 y 7 años, hijas de ambos, y al hombre con quien vivía. El femicida fue hallado herido en el lugar.
La casa de Concepción del Uruguay donde fueron cometidos los cuatro asesinatos.
En la provincia de Entre Ríos, un día después del doble femicidio cometido por un prefecto, un hombre tras discutir con su ex pareja – que lo había denunciado por violencia de género y tenía una orden de restricción de acercamiento – la asesinó, degolló a las hijas de ambos y mató al concubino de la mujer. El hombre fue hallado gravemente herido en la misma vivienda donde ocurrieron los hechos: los investigadores sospechan de un intento de suicidio, pero no descartan que las lesiones se hayan producido durante una pelea con la pareja de la mujer. El cuádruple homicidio ocurrió en Concepción del Uruguay, a unos 300 kilómetros de la capital entrerriana de Paraná donde las organizaciones de mujeres habían convocado para la tarde de ayer a una marcha por los femicidios de Miriam Romina Ibarra, de 35 años y Norma Milessi, de 45 a manos del prefecto Orlando Ojeda, ex pareja de las mujeres (ver aparte). Luego de conocidos los cuatro crímenes, las organizaciones autoconvocadas sumaron al reclamo los nombres de las las nuevas víctimas.
Silvina Calveyra de Red Alerta Entre Ríos, una de las convocantes a la marcha condenó los femicidios y dijo a Página/12 que "lamentablemente se repiten los hechos, hay una matriz patriarcal vigente, que está instalada, y hay que hacer mucho para desinstalarla. Acá, como en muchos casos hay fallas institucionales, había denuncia previa, tenía restricciones y fueron violadas".
Durante la madrugada de ayer, Juan Pablo Ledesma, de 29 años, quien vive en Basavilbaso, a unos 70 kilómetros de Concepción del Uruguay, llegó en un remís hasta la casa de su ex pareja Johana Carranza, de 23 años, en el barrio 134 Viviendas. En la casa, junto a la joven madre, se encontraban sus dos hijas, Luciana de 5 años y Candela Ledesma de 7, y la actual pareja, Carlos Peralta de 23.
Carranza se había separado a principios de año. En agosto ella denunció por violencia de género a Ledesma y por no haber devuelto en tiempo y forma a sus hijas tras las visitas parentales convenidas. Tras la intervención del juzgado de familia, le dieron una orden de restricción de acercamiento por noventa días informó a este diario Sergio Olivera, Jefe Departamental de la Policía de Concepción del Uruguay.
Esa medida aún se encontraba vigente cuando Ledesma se presentó ayer en lo de su ex pareja para increparla. Según los investigadores, a la denuncia, se sumaba que Ledesma no soportaba que su ex mujer tuviera una nueva relación sentimental.
El hombre comenzó a discutir con Carranza, hubo gritos, según relataron los vecinos y, en medio de la pelea, la atacó con un cuchillo de grandes dimensiones. Según el relato de los vecinos, la mujer herida y ensangrentada alcanzó a salir de la casa con sus hijas detrás, aunque el agresor las obligó a reingresar y las asesinó puñaladas al igual que a la actual pareja de ella.
El comisario Olivera informó que "tras el llamado de los vecinos, personal de la seccional primera de Concepción del Uruguay llegaron al lugar, al igual que la fiscal que intervino, Melisa Ríos, que dio la orden para que se ingresara a la vivienda".
Los uniformados debieron forzar la puerta de entrada ya que el atacante había trabado todas las aberturas desde el interior.
Al ingresar los policías encontraron "que había cinco cuerpo tendidos en el piso, dos chicos y tres adultos. Los forenses constataron que las niñas estaban muertas, y que de los adultos solo Ledesma, herido a puñaladas, estaba vivo. Fue trasladado en estado crítico al Hospital Justo José de Urquiza" explicó Olivera.
El hombre ingresó al centro asistencial "con más de diez cortes; uno de ellos le tocó un pulmón y es lo que complica su situación, y ahora estamos esperando que los médicos hagan un estudio profundo de las heridas para establecer si fueron autoinfligidas o hubo defensa de las víctimas" dijo el comisario.
Los cuerpos de las víctimas, todos con heridas punzo cortantes, fueron retirados del lugar y enviados a la ciudad de Paraná para la autopsia.
La fiscal Melisa Ríos aguardaba ayer los informes de los forenses y de la División Criminalística de la Departamental Uruguay.
Claudia Florentín de la Red Par entrerriana (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista) explicó que "desde el año pasado las organizaciones venimos pidiendo que se declare la emergencia por violencia de género. En el caso de las cuatro muertes en Concepción, había una orden de restricción y no se cumplió. El problema es que no hay ningún control, nadie vigila que las restricciones se cumplan y cuando llegan, llegan tarde".
Reclamos en Paraná
La marcha convocada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) a la que se adhirieron distintas organizaciones de mujeres, se realizó ayer a la tarde en Paraná, para reclamar justicia por los femicidios de Miriam Romina Ibarra, de 35 años y Lidia Milessi de 45. "Lamentablemente tuvimos que sumar a Johana Carranza, y a Evangelina Moledo, de 33 años, (baleada ayer por su ex pareja) que pelea por su vida en Concordia".
La marcha que congregó a casi un millar de personas, comenzó a las cinco de la tarde en la Escuela Normal y culminó en el palacio de Tribunales. Silvina Calveyra (Red Alerta) contó que "tenemos que trabajar mucho para desterrar la cultura patriarcal que está instalada. Para lograr que la justicia modifique la mirada que tiene, sin perspectiva de género". "Estamos reclamando la emergencia en la provincia por los femicidios, porque las mujeres estamos en emergencia, nos están matando" resaltó. Y agregó que "además del diagnóstico y la batería de medidas que se necesitan aplicar, hace falta presupuesto para que se puedan instrumentar las herramientas como el botón antipánico, la pulsera para controlar a los denunciados. Las casas refugio para las mujeres, que debe contemplar el después de la víctima, mujeres que hay que incluirlas socialmente a través de la emergencia, y una educación con perspectiva de género" resaltó, y advirtió que "en el caso del prefecto, con solo ver su perfil de facebook, violento y misógino, tal vez no estaríamos lamentando esos dos femicidios".
HOY DECLARA EL EX FISCAL BENITO PONT,
ACUSADO DE CÓMPLICE DE TRATA Y EXPLOTACIÓN
SEXUAL
Hora de indagatoria para el ex funcionario judicial
El ex titular de la fiscalía de Paso de los Libres, que obstaculizó causas con allanamientos cantados y clausuras violadas, deberá explicar por qué no se excusó en trámites que afectaban a su cuñado, ex jerarca de Gendarmería, y su ex socia.
El Hotel Momentos, de acuerdo con la investigación, era clave en el negocio de la banda.
Por Soledad Vallejos
Esta tarde, la Justicia federal tomará declaración indagatoria al ex fiscal de Paso de los Libres, Benito Pont, acusado de haber formado parte de "una organización criminal dedicada a la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de mujeres" en locales de esa ciudad. La declaración sobrevendrá un día después de que hiciera lo propio su cuñado, el gendarme retirado José María Viero, acusado de haber integrado la misma "organización criminal", que explotó mujeres en el circuito formado por sus locales, la whiskería Roxi y el Hotel Momentos, regenteados por una ex socia de Pont. En la causa, que avanzó mucho tiempo después de que Pont interviniera en al menos tres investigaciones en las que debía excusarse – por sus vinculaciones con los investigados, inicialmente; porque las sospechas llegaban a él, como se descubrió después – hay 25 acusados, diez de los cuales ya participaron de la ronda de indagatorias, aun cuando no todos hayan brindado declaración. Las pruebas acreditadas en el expediente hasta el momento dan cuenta del funcionamiento aceitado de una red que, casi como si de un manual de procedimientos ilícitos se tratara, demostró hasta qué punto la trata y la explotación sexual consisten en unir dos mundos: el de personas necesitadas y en situación de vulnerabilidad y el de un grupo munido de recursos, logística y protección de espacios del Estado para aprovecharse de esas vulnerabilidades y convertirlas en dinero para su provecho.
La acusación contra los 25 involucrados indica que al menos 12 mujeres fueron explotadas en la whiskería Roxi (también llamada Puro Movimiento) entre el 17 de junio de 2010 y el 10 de enero de este año, aunque la investigación podría determinar un período más extenso de tiempo. De acuerdo con los requerimientos de indagatoria, durante el período en que las causas estuvieron bajo el poder de Pont, en una de ellas el ahora ex fiscal – en mayo de este año, luego de que la Procuración General de la Nación lo apartara de los casos, presentó su renuncia efectiva a partir del primer día de junio – "confirmó que la mencionada whiskería funcionaba como un prostíbulo y sin más declinó la competencia federal a su respecto", aún cuando eso violara una ley y la competencia fuera federal. En 2010, cerrró la instrucción de una de esas causas antes de dar cuenta de toda la red de personas involucradas; con el tiempo, pidió el decomiso de los bienes que eran "objeto y/o medio del delito de lavado de activos, entre los que se encontraban la whiskería Roxi y el Hotel Momentos", pero eso nunca se efectivizó. De hecho, los locales volvieron a abrir y siguieron funcionando. "A veces iban los de Gendarmería y a veces la policía (...) esos mismos que realizaban los allanamientos eran clientes del lugar, y realizaban pases hasta uniformados", contó una de las mujeres. Otra testimonió que tuvo "clientes que trabajaban en los tribunales federales y abogados".
El año pasado, tras una denuncia anónima realizada a la línea 145, le fue encomendada a la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uesprojud) "Paso de los Libres" de Gendarmería Nacional la investigación de esos locales. Los gendarmes dieron cuenta de que allí, hasta diciembre del año pasado, al menos seis mujeres "oriundas de diferentes provincias del país y dos de ellas extranjeras" eran explotadas sexualmente de martes a domingo de diez de la noche a cinco de la mañana. "El sistema que se utilizaba para tener relaciones sexuales con las mujeres era por medio de un trago que costaba cien pesos o cervezas que costaban ciento veinte pesos, para que aquella se quedara sentada con el cliente hasta que lo terminara, y luego debían trasladarse la mujer y el cliente prostituyente al hotel Momentos, lindante al local. El costo del 'pase' de una hora era de seiscientos pesos, más la tarifa de ciento veinte pesos por la habitación del hotel". Ante el local había "gran cantidad de flujo de vehículos" y en la parte de atrás del bar "se observaban habitaciones de color amarillo" que "se utilizaban para los 'pases'". A las mujeres les cobraban los preservativos, aunque eran entregados gratuitamente por un hospital.
La encargada del lugar – que ya fue indagada – tenía prohibición de salir del país y pedido de captura pero sin embargo cruzaba la frontera, de acuerdo con algunas pistas, para captar mujeres. A ella le era advertido con tiempo que "estaba la gente de la trata", por lo que ella "hacía que todas las mujeres en situación de prostitución (...) se fueran corriendo del lugar y se escondieran en un estacionamiento de camiones que había detrás del local, en el medio del campo".
Luego de que Pont fuera apartado y los allanamientos comenzaran a ser exitosos, las mujeres rescatadas dieron cuenta de que allí se aplicaba el clásico sistema que usan los tratantes para fortalecer y extender el dominio y la explotación sobre las víctimas captadas: retener sus documentos, inventar deudas que nunca terminaban, y que las mujeres debían cancelar vendiendo su cuerpo a los precios y durante las horas que los explotadores decidieran; no importaba si estaban enfermas, cansadas o menstruando. Una de las testigos contó que había quedado embarazada de un cliente, que le practicaron un aborto por el cual terminó hospitalizada; durante el tiempo de la internación, le dieron dinero para que no contara a nadie su situación, pero cuando le dieron el alta se lo retiraron y debió volver "a trabajar, realizando solo 'copas' pero los clientes se 'daban cuenta' de que ella no tomaba realmente las bebidas", por lo que al día siguiente le ordenaron tomar alcohol y enseguida también "pases". "Nunca le pagaron por lo que había trabajado, sino que le daban un poco de dinero para haerle giros a la hermana"; la encargada, dijo la mujer, le "encajó muchas multas" porque le contó su situación a un cliente.
En el prostíbulo anotaban los "pases" en un cuaderno, pero tenían un truco para evitar incriminarse: a cada una de las mujeres correspondía el nombre de un licor.
Cuando alguna mujer quería abandonar el lugar, sobrevenían las amenazas: a sus hijos o su familia, a su propia integridad física. En algunos allanamientos, las víctimas a las que dejaban permanecer para que hablaran con quienes llegaban para realizar el operativo mantenían el clásico discurso aleccionado: estaban por propia voluntad, no daban a nadie el dinero que obtenían a cambio de prostituirse; o bien estaban allí pasando el rato. Cuando la banda sospechaba que alguna mujer podría llegar a hablar y dar información a la justicia, dos abogados que la integraban recurrían a un ardid sofisticado: se presentaban como abogados de ellas y pedían "eximición de prisión", aun cuando ellas fueran testigos; la sola mención de esa gestión alcanzaba a atemorizar a las mujeres, que desconocían el funcionamiento del sistema judicial y los alcances de su situación legal.
Las mujeres que refirieron el día a día de esos lugares contaron, también, vidas de extrema pobreza y desesperación por falta de trabajo: en su lugar natal, una "robaba mandioca para comer"; otra "se crió desde bebé en institutos de menores"; las hicieron viajar hasta Paso de los Libres con promesas de otros trabajos.
Lazos en común, mundo pequeño
La actuación del ex fiscal federal Pont está cuestionada porque intervino en por lo menos tres causas judiciales que investigaban las operaciones de los prostíbulos "Puro movimiento", "Balizas" y "Momentos". Pont lo hizo aún sabiendo que este último local, un hotel, era propiedad de su cuñado, José Viero y que en los papeles era regenteado por Clelia Espada, la mujer había sido socia del ex fiscal y está casada con otro ex socio de él (Ricardo Aguirre, también investigado en esta causa). Pont podría haberse inhibido y no intervenido en el expediente, precisamente, por sus nexos con dos de los involucrados. En lugar de eso, les daba trámite y dejaba correr el tiempo para, bastante después, declararse incompetente con el argumento de que sólo se trataría de delitos de explotación sexual; finalmente, derivaba los expedientes a la jurisdicción provincial.
Viero, el cuñado del ex fiscal, en realidad es bastante más que un ex gendarme: de acuerdo con el expediente, se retiró de Gendarmería como "Comandante mayor", trabajó en la Dirección de Inteligencia y fue custodio presidencial en algún momento de su carrera. Los investigadores sospechan que aprovechaba esa trayectoria para cruzar mujeres menores de edad por la frontera.
Los vínculos de Pont no terminan ahí. En su carrera de fiscal, fue también quien intervino en 2009, tras la denuncia del periodista correntino Hernán González Moreno, fallecido poco después. La causa investigaba al entonces senador provincial y actual gobernador, Ricardo Colombi, y a otros tres funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito, "asociación ilícita", "evasión agravada tributaria y abuso de autoridad".
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