jueves 03 de noviembre de 2016
OPINIÓN
Violencia, derechos, valores
º
Por Mario Wainfeld
Muchos militantes de la Resistencia peronista solían explicar que, cuando apelaban a la violencia contra la dictadura apodada Revolución Libertadora, ejercían violencia contra las cosas y no contra las personas. Los "caños" trataban de dañar edificios o monumentos pero no herir ni matar. La referencia a sesenta años atrás puede parecer historia antigua: a los fines de esta nota se resalta que esa lucha se entablaba contemplando una escala de valores (la vida o la integridad física son más importantes que la propiedad).
Los códigos penales contemporáneos en países capitalistas de Occidente defienden acendradamente la propiedad privada sin dejar de jerarquizar, en general, la vida como más importante. Las penas por homicidio, simplificamos, tienden a ser más severas que las de hurtos o robos.
La valoración social de los derechos vulnerados ilegalmente muda o se rectifica en diferentes etapas: en el siglo XXI, en la Argentina y otras comarcas se castiga con mucha severidad los delitos sexuales o la violencia de género. Una ética compartida organiza ese esquema. Por si hace falta aclararlo: este cronista la comparte.
En la esfera de la opinión pública y usualmente en medios dominantes se razona (y ranquea) distinto. La propiedad raya muy alto, a menudo sobre la vida misma. La igualdad ante la ley se relativiza o suprime: los juicios de valor sobre quienes son sospechosos varían según su clase, condición social, color de la tez, país de origen. Cada una de esas selectividades contraviene los principios de la Constitución, lo que no se percibe como un obstáculo.
Si una persona considerada "normal", "de bien" mata a un "delincuente" la vindicta pública se inclina, con frecuencia a justificarla a priori, cuando no a ensalzarla. "Mató a un chorro, en defensa propia" se transforma en algo distinto a un eximente o atenuante que debe probarse sino a una argumentación de autoridad que no debe ser corroborada. La defensa propia debe estudiarse caso por caso, se sustituye ese criterio igualitario y casuista por una presunción que no admite prueba en contrario.
Otro tanto sucede si un conjunto de personas enardecidas lincha a un ladrón o arrebatador. Son héroes civiles, no ciudadanos cuya conducta debe ser analizada, con imparcialidad, por los Tribunales.
La libertad personal es otro bien jurídico importante, que las dictaduras agreden con frecuencia. Penosamente, durante la democracia recuperada hay miles de personas privadas de libertad durante años sin condena, transformando una excepción en tendencia masiva. El tremendo caso de Fernando Carrera, resuelto hace días por la Corte Suprema, es un ejemplo llamativo aunque para nada único.
En general, las presas y presos sin condena pertenecen a un estamento social, considerado sospechoso (filo culpable) por su apariencia o el lugar en donde vive. La praxis, perversa, no comenzó con la llegada al gobierno del presidente Mauricio Macri, para nada.
Durante los gobiernos kirchneristas hubo tensiones internas, hasta intra gubernamentales, entre funcionarios garantistas y preocupados por corregir o atenuar esos males y compañeros mano dura. O entre reparticiones con orientaciones diferentes La ex ministra Nilda Garré por ejemplo y el ex secretario Sergio Berni, fueron ejemplos de las dos posturas. El ministro del gobierno provincial de Daniel Scioli, Ricardo Casal, no hubiera tenido discrepancias con el macrismo en ese aspecto.
Este conflicto no existe dentro Cambiemos, una fuerza de derecha homogénea en lo económico, lo social y la política criminal.
Milagro Sala es presa política desde hace meses. Se parece mucho a encarceladxs sin condena pero se la privó de libertad como escarmiento por su militancia social, también como aviso para lo que podía esperar a otras personas que se movilizaran en defensa de derechos.
El senador Ernesto Sanz lo reconoció: se la detuvo para proteger "la gobernabilidad". Traduzcamos: lo que su correligionario radical, el gobernador jujeño Gerardo Morales interpreta como gobernabilidad. Un motivo que nada tiene que ver con la competencia de los tribunales: una decisión política, autoritaria, sin arraigo legal.
El dispositivo montado el lunes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las inmediaciones de los tribunales federales respondió a una lógica similar. Una cohorte de uniformados prepeó a personas que se manifestaban pacíficamente. Las empujaron con escudos, las prepearon. Lastimaron a la diputada nacional Juliana Di Tullio. Uno imagina que en el "mundo", que tanto se alaba, sería un escándalo. Para los medios dominantes y sus intelectuales orgánicos no tuvo interés.
Bullrich, que gusta disfrazarse poniéndose uniformes o pecheras (tal vez un revival de sus años juveniles), justificó la barbarie aduciendo que el control de la calle es del Estado y no de la militancia. Colemos dos líneas sobre como usa el oficialismo la palabra "militancia": como sinónimo de delincuentes, muertos civiles a los que se puede golpear, despedir arbitrariamente y varios etcéteras. Volvamos al eje de esta columna.
La calle, el espacio público en general es territorio de la sociedad civil, para transitarlo, expresarse y manifestarse en libertad.
El control abusivo y violento escapa a las prerrogativas del Estado y del gobierno. Dejarle manos libres a las fuerzas de Seguridad es promover la represión. Quienes formaron parte del equipo del presidente Fernando de la Rúa deberían saberlo y recapacitar acerca de cómo terminó su noción de orden.
En Comodoro Py se sustancian pilas de causas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el oficialismo se discute, con alta dosis de cinismo, si conviene o no que Cristina vaya presa. Charlas de quincho, mesas de arena, consultas de encuestas. Los operadores judiciales y los magistrados aliados (que los hay en todas las instancias del Poder Judicial) esperan atentos dictamen oficial.
La diputada Margarita Stolbizer, aliada culposa del Gobierno, franqueó la lógica del debate. Si Fernández de Kirchner llega a estar libre en 2019 existe el riesgo de que gane las elecciones. Si eso no es proscripción latente, la proscripción donde está…
La sinceridad de Stolbizer y de Sanz, menos guionados que los voceros habituales de PRO, explica las desviaciones institucionales del Gobierno. Sus tres objetivos principales por ahora son Cristina, Milagro Sala y la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Tres mujeres, redundemos, a las que se quiere correr de escena sin apego a derecho. Esa coincidencia de género también remite a la escala de valores del oficialismo, cuyos preocupantes derrapes a la violencia física son congruentes con sus designios a mediano y largo plazo.
CRIÍICAS AL INFORME DEL GOBIERNO ARGENTINO
ANTE UN COMITÉ DE LA ONU SOBRE GÉNERO
"Los DD.HH. de las mujeres, una deuda"
La presentación ante el comité de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación hacia las Mujeres fue cuestionada por las ONG que presenciaron el examen en Ginebra. Los temas en debate: Milagro Sala, aborto, el protocolo que bajó Vidal y violencia de género, entre otros.
La delegación oficial fue encabezada por Fabiana Túñez, del Consejo Nacional de las Mujeres.
Con respuestas poco consistentes. Así fue la presentación argentina ante el Comité de la ONU que monitorea la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación hacia las Mujeres, según la evaluación que hicieron cuatro referentes de ONG, que el examen en Ginebra, y fueron consultadas ayer por Página/12, poco antes de regresar al país. El Comité Cedaw (por su sigla en inglés) abrió su intervención con el pedido del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de liberar de forma inmediata a Milagro Sala y preguntó a las representantes del Estado cómo se cumplirá con la solicitud. También le planteó a la delegación oficial, encabezada por Fabiana Túñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, su preocupación por la implementación de políticas regresivas, que signifiquen un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, travestis y trans y por la discriminación persistente que sufren en el acceso a la justicia. Además, pidió al Estado que asegure la coordinación entre los niveles federal, provincial y local en la implementación de leyes, programas y políticas para enfrentar la violencia de género. Cuando le preguntaron sobre la reciente decisión tomada por la gobernadora María Eugenia Vidal de dar marcha atrás en la adhesión al protocolo nacional de aborto no punible, Túñez no respondió. Y en relación a la aplicación de esa regulación en el resto de las provincias, la funcionaria admitió dificultades y dijo: "Es un desafío, lo reconocemos".
"Es problemático que el Estado reconozca que tiene muchas dificultades para implementar el protocolo de aborto no punible. Túñez dijo en varias oportunidades que las provincias tienen autonomía. Eso es preocupante porque no hay ninguna organización política que justifique que no se cumplan esos derechos", observó Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, uno de los organismos de control que junto con una amplia coalición de 18 ONG – entre ellas Cels, FEIM, ELA, Otrans, Cladem – presentaron informes "sombra" sobre distintos ejes vinculados a los derechos humanos de las mujeres, mujeres trans y travestis, para que el Comité Cedaw, tuviera otra visión, distinta a la del informe del Gobierno.
"En muchos casos el Comité le pidió a la delegación oficial que diera respuestas concretas y no 'meras declamaciones'. Quedó en evidencia que la agenda de derechos humanos de las mujeres en Argentina es una deuda pendiente", comentó la abogada Edurne Cárdenas, del Cels.
El lunes el Estado argentino rindió cuentas sobre las políticas que garantizan los derechos de las mujeres, travestis y trans ante las 23 expertas del organismo, en el examen periódico –cada 4 o 5 años–, que pasan los países que ratificaron la Convención Cedaw. Las recomendaciones del Comité –observaciones en la jerga de la ONU–serán publicadas el 21 de noviembre.
"Hubo mucho énfasis puesto en la implementación del Plan Nacional contra la violencia de género y las respuestas fueron muy acotadas", analizó Malacalza. "Llamó mucho la atención que no haya respuestas concretas en áreas sensibles como salud, trabajo, acceso a la tierra y al agua. En algunos casos, se vio que la delegación no tenía idea de los temas. Es preocupante que la conformación del equipo que fue no pudiera dar respuesta", opinó Milena Páramo, de Cladem, organización regional que articula a personas y organizaciones feministas de América latina y el Caribe. "Túñez hizo una presentación institucional del CNM, separada de otras áreas del Estado. Habló de las 169 acciones previstas en el Plan Nacional contra la violencia de género. Pero el tema de pobreza de ninguna manera se puede trabajar desde el CNM, un organismo con escasa jerarquía, que no puede interferir en la política económica. Falta a la verdad cuando dice que se va a solucionar el problema de la pobreza, cuando las políticas económicas del Gobierno la fomentan, como ya lo hemos vivido", agregó. Páramo observó además que cuando una de las expertas le preguntó a Túñez sobre las 3000 niñas que se convierten en madres cada año en el país, la respuesta fue que habían intervenido en el caso de Juana, la niña-wichi embarazada tras una violación en una zona rural de Salta, a quien se le había negado un aborto no punible y terminó la gestación forzada con un parto prematuro de feto anencefálico. "Dio respuestas por un caso pero no por el problema general. Esa fue una constante. Pareciera que la problemática se va a enfrentar a partir de dar respuesta a lo más crítico de lo más crítico. Es la vuelta al paradigma de la focalización", advirtió Páramo.
En otros casos, siguió la referente de Cladem, las integrantes de la delegación oficial "faltaron a la verdad". Por ejemplo, cuando se les preguntó sobre las estrategias que tiene el Estado para que la prostitución no sea la única opción de vida para mujeres trans y tavestis, Túñez aseguró que podían acceder al programa Ellas Hacen, pero luego Claudia Vázquez Haro, de Otrans, señaló que en realidad no todas las que solicitan su incorporación pueden ingresar y además, con los 3000 pesos que otorga el programa – menor al costo de una canasta básica – "no soluciona el problema del acceso al trabajo para el colectivo trans". "Muchas preguntas dejaron sin respuesta o no fueron precisas", coincidió Vázquez Haro y destacó que las expertas de Comité "fueron al hueso, y repreguntaron".
Otros puntos analizados:
- Aborto: El Estado reconoció que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en la Argentina, pero no dio información sobre acciones concretas para evitarlas, dijo no tener datos oficiales sobre cuántos de los abortos contemplados por la ley se realizan, ni cifras sobre prácticas clandestinas. El Comité de la Cedaw invitó a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan. El Estado también dijo que era un desafío la implementación efectiva del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
- Mujeres, travestis y trans privadas de libertad: El Estado reconoció que no cumple las reglas internacionales de tratamiento de personas detenidas, como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok.
- Violencia de género: El Comité resaltó la importancia del paro de mujeres convocado por #Ni Una Menos y preguntó por acciones concretas.
UNA MIRADA CRITICA A LA NORMA RECIENTEMENTE
APROBADA
¿Ley de Dislexia o educación inclusiva?
La Ley sobre Dificultades Específicas del Aprendizaje fue sancionada a pesar de la profunda controversia que el tema origina entre los profesionales de la salud y la educación. La autora advierte sobre los riesgos que genera la tendencia actual a los diagnósticos que estigmatizan y patologizan procesos propios de la infancia. El lugar de la escuela y el docente. El debate pendiente.
Por Fabiana Neiman *
Hace pocos días se aprobó el proyecto de Ley DEA (Dificultades Específicas del Aprendizaje) - Dislexia a pesar de la profunda controversia que el tema suscita entre los profesionales de la salud y la educación. En los considerandos de la ley se manifiesta que la intención es garantizar la educación de las personas que presenten DEA, y las define como alteraciones de base neurobiológica que afectan procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático. Aclara que no son el resultado de una discapacidad sensorial, física, psíquica, motora o intelectual, ni son debidas a causas externas como las diferencias culturales, la instrucción inadecuada, ni tampoco a las condiciones socio-económicas. La dificultad es intrínseca a la persona, inherente a su base neurobiológica.
El debate se origina precisamente por las distintas posiciones conceptuales para definir a las denominadas DEA-dislexia y por las implicancias que conlleva optar por una u otra. Además, la oposición a la ley se fundamenta en los riesgos que genera la tendencia actual a impartir diagnósticos que estigmatizan y patologizan procesos propios de la infancia.
Los fundamentos
No hay acuerdos ni evidencia científica acerca del origen neurobiológico de las DEA-dislexia. Los niños pueden presentar dificultades en sus aprendizajes debido a diversas causas que incluyen aspectos psíquicos, orgánicos y sociales. La etiología y la expresión del problema de aprendizaje de cada niño es singular. Por ello, no hay programas educativos ni tratamientos de aplicación universal para cada dificultad, las intervenciones son dirigidas a un/a niño/a en particular.
Otro desacuerdo se refiere a la diferencia conceptual acerca de la lectura y la escritura. El diagnóstico de DEA-dislexia se elaboró desde una conceptualización particular acerca del aprendizaje de la lectura. La considera una habilidad mecánica de decodificación que consiste en oralizar un texto escrito a través de una operación de descifrado. Desde esta perspectiva la lengua escrita es un código de transmisión de sonidos organizado en una correspondencia biunívoca: a cada fonema le corresponde una letra.
Estas concepciones de la lectura y la escritura fueron muy cuestionadas desde hace décadas por reconocidas investigaciones.
El aprendizaje de la escritura y la lectura implica un activo proceso de construcción por parte de los niños en el cual están involucrados aspectos psíquicos, cognitivos, psicolingüísticos y sociales. Es sólo desde la perspectiva de la complejidad que podemos entender tanto los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura como los problemas que se suscitan en ellos.
La doctora Emilia Ferreiro, psicóloga argentina radicada en México, cuyas primeras investigaciones fueron dirigidas por Jean Piaget, describió por primera vez (1979) los procesos psicogenéticos involucrados en la comprensión del sistema alfabético de escritura por parte de los niños. Sus hallazgos dieron lugar a relevantes implicaciones pedagógico-didácticas que transformaron la concepción de aprendizaje de la lectura y la escritura. Un concepto sustancial de su obra explica que el niño reconstruye el objeto de conocimiento para apropiárselo".
Complejos procesos protagonizan los chicos en la apropiación de la alfabetización inicial y en los aprendizajes subsiguientes que involucran la lectura y la escritura. El aprendizaje no es mecánico e individual, es un proceso constructivo en el cual los niños interactúan con otros pares y enseñantes.
Desde esta perspectiva teórica la lectura no es una decodificación, es una construcción de significados. Leer es comprender, no es un mecanismo de descifrado ya que al leer se realizan operaciones de interpretación y construcción de sentidos.
Los desacuerdos conceptuales marcan una diferencia entre comprender los modos en que se manifiestan las escrituras y las lecturas de los niños en plena construcción como parte de un proceso o como una patología (DEA) ya que muchos síntomas considerados propios de la dislexia forman parte de los procesos de apropiación de la lengua escrita.
En la clínica psicopedagógica nos encontramos con niños que, en pleno proceso de construcción de la escritura, se encuentran con dificultades para aprender. Atribuirle una única causa a los problemas en el aprendizaje de un/a niño/a lleva a conclusiones reduccionistas. Los procesos de aprendizaje y las vicisitudes que atraviesan dependen de un complejo sistema en el que interactúan dialécticamente distintos aspectos (estructura psíquica, la estructura orgánica, el contexto, los factores desencadenantes).
Las neurociencias han hecho un inmenso aporte al entendimiento del funcionamiento cerebral. No es eso lo que se discute. Lo que planteamos desde los espacios clínicos y educativos es que no podemos explicar los procesos de aprendizaje restringiéndolos a la actividad del cerebro.
Diagnósticos como certezas
Se adjudican diagnósticos y se los presenta como hallazgos científicos universales que terminan naturalizándose. Se transmite a los padres y/o madres una certeza: "su hijo tiene ADD, TGD, TEA, DEA". En la actualidad se diagnostica con mucha facilidad, sin dimensionar los efectos que conlleva en el/la niño/a y su familia una sigla que lo reduce a un trastorno que pasa a definir su ser. Un/a niño/a con dificultades para leer es "un/a disléxico/a" (así dice la ley: "los disléxicos"). Los padres y/o madres se llevan el peso de un diagnóstico con calidad de certeza presentado como si hubiera un acuerdo científico mundial. Nada de eso. La dislexia continua en debate como desde hace cien años, y las dificultades en el aprendizaje muchísimo más aún.
La escuela
El proyecto de ley propone que los maestros se formen para poder realizar detección temprana y adecuaciones curriculares para acompañar a los niños con dificultades. Quizás este momento nos sirva para poner en debate un tema que atraviesa a todos los niños que se encuentran con dificultades en la escuela y no solo a aquellos que tienen diagnóstico de dislexia.
El fracaso escolar es muchas veces desencadenado por la estructura del sistema educativo. La escuela graduada con su exigencia de homogeneización en tiempos estipulados convencionalmente produce estigmatizaciones, repitencias y deserciones en niños que aprenden y necesitan sólo un poco más de tiempo. En este punto es pertinente mencionar la ruptura positiva que introduce la Resolución N°174 (aprobada en 2012) en el dispositivo escolar que se mantiene estable desde hace más de un siglo. Esta resolución plantea al primer y segundo grado de la escuela primaria como una Unidad pedagógica que promueve, como alternativa a la institucionalizada repitencia, múltiples reagrupamientos que reconozcan variadas trayectorias de acuerdo con distintos ritmos de aprendizaje.
Si observamos a los niños trabajando en un aula vemos que los grupos escolares son heterogéneos. No se trata de un grupo de chicos normales y otro grupo de chicos con problemas o patológicos. Lo cierto es que coexisten diferencias en sus tiempos, modalidades de aprendizaje, modos de interactuar con los contenidos, conocimientos previos, procesamientos, reflexiones y producciones.
La diferencia en tanto normal o patológica es una construcción del discurso social, no es natural de la persona. La escuela se apropió de él y lo reproduce cotidianamente. Sin embargo los grupos escolares son heterogéneos porque los niños y los adultos nos diferenciamos en nuestras subjetivas maneras de abordar al mundo y eso no es en sí mismo mejor o peor, normal o anormal.
La escuela no ha cambiado en su propósito homogeneizador desde su creación. Pretender que todos los niños aprendan de la misma manera y al mismo tiempo genera la necesidad de amoldarlos a todos en una misma estructura y quienes no responden a la norma, quienes no son lo esperable, encuentran otro lugar, no el de alumno normal sino un lugar patológico, el del que no se debería ser. Y así se los evalúa, diagnostica y también medica. Los niños que a diferencia de lo que el modelo pretende necesitan más explicaciones, otros tiempos o contenidos presentados de otra forma, se encuentran en problemas. Muchos problemas en el aprendizaje no lo serían si lo esperable fuera más amplio y hubiera lugar para la diferencia y la heterogeneidad.
En Argentina contamos con la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y con resoluciones que se crearon para garantizar políticas de inclusión educativa. Vale la pena detenernos al menos en fragmentos de algunas de ellas.
- La ley Nacional de Educación (2006): "El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias".
- La reglamentación de la Resolución 174/12: "La obligación de hacer efectiva la garantía al derecho de la educación para todos los niños, niñas y jóvenes establecidas en las leyes educativas vigentes, ha llevado al Ministerio de Educación Nacional y a los Ministerios Jurisdiccionales a desarrollar políticas que fortalezcan los procesos pedagógicos, institucionales, y socioeducativos". (…) "Se vuelve prioritario proponer y construir distintas formas de escolarización que permitan superar prácticas y saberes que esperan lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo, de todas y todos los estudiantes. Parte de las dificultades en la trayectoria escolar se vinculan con la existencia de formas rígidas de organización que responden a un modelo escolar homogeneizador. Este modelo escolar dificulta el trabajo con la heterogeneidad, excluye educativamente a muchos estudiantes y devalúa la propuesta escolar para el conjunto".
- Resolucioìn CFE Nº 134/11: "Implementar las siguientes estrategias y acciones en la Educación Primaria": (…) "Disponer el desarrollo sostenido y sistemático de prácticas de alfabetización inicial, de lectura y escritura a lo largo de todo el nivel, con especial énfasis en el primer ciclo" (…) "Acompañar las trayectorias escolares a través de medidas que permitan el desarrollo de propuestas pedagógicas, respetuosas de los tiempos de apropiación de todos los niños, a los fines de evitar la repitencia, especialmente en primer grado".
El sistema educativo cuenta con estas normas legales que de aplicarse darían lugar al acompañamiento que los niños que presentan dificultades en el aprendizaje necesitan. La ley DEA dice que los maestros deben formarse, hacer adecuaciones, diagnosticar. El debate es si tenemos que crear una ley para que los maestros se formen en el trabajo con una discapacidad, o tenemos que aplicar la ley y las resoluciones que ya existen y seguir formando a los docentes para que en la escuela haya lugar para todos los niños, y se les garanticen los derechos a recibir una propuesta educativa que los incluya.
Riesgos para los niños
Los diagnósticos estigmatizantes obturan la pregunta acerca de lo que le sucede al sujeto que consulta por un padecimiento, antepone una certeza e impiden la posibilidad de conocer la dimensión subjetiva de la problemática de cada uno. Con esta ley corremos el riesgo de que una maestra al ver que a un niño le cuesta leer vea a "un disléxico" y deje de preguntarse por los procesos que él protagoniza en la construcción de la lectura y la escritura y de su implicancia en ellos. Deje de preguntarse por los aspectos emocionales, sociales, personales, que son únicos de ese niño. Otro riesgo es el de patologizar los efectos educativos vinculados a la pobreza. Sabemos que en muchas oportunidades los niños en situación de vulnerabilidad socioeconómica se encuentran en desventaja a la hora de aprender contenidos escolares. ¿Pasará a ser un problema del funcionamiento cerebral el fracaso escolar? Aplicar un programa diseñado para "los disléxicos" puede dejar a los niños que presentan dificultades sin la intervención docente que necesitan para aprender y con una profunda sensación de no ser escuchados y mirados en su verdadero padecimiento. La mirada del maestro, su reconocimiento es lo que le otorga al niño un lugar de alumno. Los niños constituyen subjetividad en la escuela, los maestros les devuelven una imagen de sí mismos que es constitutiva. Entonces el cuestionamiento a esta ley implica una posición ética sobre la infancia, ya que estas nomenclaturas generan un "furor curandis" y un furor por diagnosticar que terminan acarreando una estadística aumentada como producto de la sobre diagnosticación.
Debate pendiente
El debate postergado que les debemos a los niños se refiere al dispositivo escolar que continúa, como desde su inicio, estructurado para grupos homogéneos. Es necesario conmover viejas estructuras para otorgarles el derecho que tienen a ser respetados en sus modos de aprender, en sus posibilidades y dificultades, en sus tiempos y trayectorias escolares. El respeto por la singularidad es el respeto a cada niño, por eso el debate que abrió el proyecto de ley DEA nos invita a revisar con urgencia el concepto de normalidad, porque los niños son sujetos que se constituyen y desarrollan a lo largo de toda la infancia, definirlos y estigmatizarlos desde pequeños es quitarles lo mas propio que tienen que es su derecho a ser simplemente niños.
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Licenciada en Psicopedagogía. Integrante del Equipo de Coordinación Clínica de FEPI - Centro Dra. Lydia Coriat.
Posdata
Ciberacoso. "Delitos sexuales contra menores en Internet", charla con Roxana Domínguez y Leandro Galletti (Mamá en Línea), Javier Gentilini (diputado nacional) y Mónica Litza (diputada nacional). Hoy a las 18 en el Espacio Cultural La Fragua, Rivadavia 4127, CABA. Gratis.Charla. Adolescencia: desafíos y desbordes. Presenta Rodolfo Urribarri. Martes 8 de 19 a 20.30. En APA, Rodríguez Peña 1674, CABA. 4812-3518. No arancelada.
Adolescencia. XXVIII Jornadas de Adolescencia: Salud Mental-Hebiatría. Miércoles 9, de 8 a 13. Aula Magna Hospital Posadas, Marconi y Pte. Illia, El Palomar, Buenos Aires. No arancelada. 4469-9286.adoleshospos@yahoo.com.ar
Jornada. 25 años de la Fundación Proyecto al Sur. Jornadas Anuales con Brück, Hochman, Ritvo y Stupía. Viernes 11 a las 18.45. En Avenida Figueroa Alcorta 228
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Celebración. A 40 años de Conversaciones con Enrique Pichón Riviere, sobre el arte y la locura, de Vicente Zito Lema. Con la presencia del autor. Presenta Oscar Mongiano. Lunes 14 a las 19 en Barbecho, Remedios Escalada de San Martín 832, CABA. Gratis. 4582-8744.
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