DESPIDOS, LA IDEA FIJA

domingo 08 de mayo de 2016

DESPIDOS, LA IDEA FIJA

LA DESOCUPACIÓN PASÓ AL TOPE DE LAS PREOCUPACIONES  

SEGÚN LOS ENCUESTADORES

El nuevo miedo argentino

El año pasado el tema apenas se registraba, pero para más del 60 por ciento ya superó hasta la inflación y la inseguridad. Más de la mitad de los encuestados teme por su trabajo o por el de alguien en su familia.

Por     Raúl Kollmann

A contramano del discurso del oficialismo, que considera que no hay crisis de desempleo, casi todos los encuestadores afirman que más del 60 por ciento de los consultados sostiene que existe una grave situación de despidos y pérdida de empleo. Además, hay dos encuestas que señalan que la mitad de los ciudadanos piensan que ellos mismos o alguien de su familia podría perder el trabajo este año. Sondeos de opinión recién terminados indican que el desempleo ya pasó a ser la principal preocupación de los argentinos, por encima de la inflación –un tema más que candente– y la corrupción, en éste último caso pese a las horas que algunos medios le dedican a realizar un show del caso Lázaro Báez. Muy lejos, en cuarto lugar, quedó la inseguridad, otrora tema preferido de algunos medios. Los consultores están de acuerdo en que durante 2015 menos del diez por ciento de los encuestados decían que estaban preocupados por el desempleo, porcentaje que ahora trepó sideralmente. En línea con este cuadro de situación, una amplia mayoría está de acuerdo con la ley antidespidos (ver aparte).

Las conclusiones surgen de una serie de encuestas realizadas por distintos consultores y en las que, cada uno por su lado, llega a resultados casi idénticos. Mientras el Gobierno afirma que no hay despidos o que la ocupación sigue siendo la misma, los ciudadanos piensan muy distinto: el desempleo pasó a ser su principal preocupación, casi a la par del otro efecto del plan económico, el aumento de precios y la pérdida del salario real.

Federico Aurelio, uno de los titulares de Aresco, sostiene que "la mayor parte de la sociedad (el 67 por ciento) considera que hay una crisis de empleo, y es después de la inflación el problema económico más relevante para los argentinos. Esto se produce en un marco de gran preocupación y valoraciones negativas de la situación económica actual del país. Cuando a la gente se le pregunta por su situación personal, también las valoraciones son negativas respecto de lo que pasa en su economía familiar, aunque por supuesto, como es tradicional, algo menos negativas que cuando el encuestado habla sobre la situación del país. El empleo es un factor que tiene una gran incidencia en el humor social de la población".

Hugo Haime, de Haime y Asociados, tiene también datos muy recientes. "Más allá de las estadísticas oficiales y oficiosas, en el último mes la desocupación pasó a la cabeza del ranking de problemas importantes del país. El 33 por ciento de los encuestados dijo que era el problema más importante, desplazando al incremento de precios o la inflación, con el 29 por ciento y la corrupción con el 28 por ciento. Aclarando que no nos ocupamos de estadísticas sobre el nivel de ocupación y condiciones laborales, sí tenemos mediciones mensuales respecto a la percepción de la opinión pública sobre temas económicos y sociales. Específicamente en relación a los temas de empleo"

Como todos los consultores, Haime le preguntó a los encuestados qué pasa en su familia. Así resume su conclusión: "En este nivel, que es más personal, ya no preguntamos sobre problemas del país, sino el problema que más le afecta personalmente. En ese terreno, el 18 por ciento dijo en marzo que la desocupación es el problema que más le afectaba, pero ese porcentaje pegó un salto al 24 por ciento en abril. En 2015 todos estos niveles eran más bajos, siete puntos por debajo de lo que es ahora. No estamos diciendo que la desocupación creció siete puntos respecto a un año atrás, ni seis puntos respecto al mes pasado, sino que lo que creció es la preocupación de las familias por el empleo, lo que abarca desocupación, subocupación o temor a la pérdida de trabajo. Y esto no se puede dejar de unir a otros indicadores asociados a problemas con los ingresos familiares, que también han crecido. Así creció cuatro puntos en el último mes la preocupación por los bajos salarios: el 28 por ciento de los entrevistados lo manifiestan. Y la inflación sigue figurando como uno de los principales problemas que afectan la vida cotidiana".

Analía Del Franco, de Analogías, acaba de cerrar una encuesta en el Gran Buenos Aires. Es una muestra de 500 casos en el conurbano. "El clima social respecto de este tema es de gran preocupación e incertidumbre. Un 48 por ciento de la población del Gran Buenos Aires considera que personalmente o alguien de su familia podría quedar sin empleo este año, y la sensación es peor cuando se generaliza llegando a un 64 por ciento que piensa que el desempleo va a aumentar durante este año."

Los sectores que según nuestros datos son los que presentan mayor nivel de preocupación corresponden a la franja de edad de 30 a 45 años y los niveles económicos de clase media. Los sectores populares comparativamente muestran menor nivel de preocupación que la clase media. Una hipótesis puede ser que aquellos con trabajo formal, es decir que tienen puestos fijos, pueden sentir más seguridad o protección. Por lo menos más que la clase media que, en gran parte, están fuera de convenio".

"No queda duda alguna –afirma Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP)– al menos desde la perspectiva de las opiniones de los argentinos en los últimos tiempos, la existencia de una creciente preocupación por la desocupación. Junto con la inquietud por la marcha de la economía y la inflación, el desempleo se ha convertido en uno de los dos principales factores que en la actualidad definen de manera más contundente al humor social de esta época. Dicho en otras palabras, en el imaginario colectivo se ha internalizado una significativa percepción que existe en nuestro país una crisis de empleo. De esto tampoco quedan dudas. Asimismo es posible concluir que la desocupación es un indicador perceptual que crece de manera asociada a la ola de despidos que se han producido estos últimos meses, tanto en el ámbito público como en el privado. Es más: las percepciones de la opinión pública acerca de lo realizado por el gobierno nacional para combatir la pobreza son negativas. Nadie puede olvidarse que Macri anunció a lo largo de su campaña pobreza cero. Las últimas encuestas realizadas lo ubican muy lejos de respetar la palabra empeñada: el 70,1 por ciento de los argentinos se muestran insatisfechos con lo realizado para lograr la disminución de la pobreza. Desocupación y pobreza son dos variables inevitablemente asociadas. Desde el punto de vista estrictamente estadístico no es un dato menor que al día de hoy casi 3 de cada 10 argentinos (28,2 por ciento para expresarlo con mayor exactitud) estén manifiestamente preocupados por la posible pérdida de trabajo; percepción que, incluso, está fuertemente asociada al nivel socioeconómico del entrevistado y trepa hasta casi cuatro de cada diez entre los argentinos que pertenecen a los estratos más bajos. Una percepción de tan alto impacto con relación a la posibilidad latente de la perdida del empleo no es una cuestión puramente individual: pesa la realidad y el clima de época generado, los medios de comunicación, las redes sociales y los grupos primarios (que no son otras cosa que vecinos, amigos y familiares) que comienzan a alarmarse por el desempleo".

Artemio López, titular de Equis, ratifica que "la percepción de la crisis de empleo es muy extendida El principal problema de los argentinos vuelve a ser el temor a la pérdida del trabajo. Más de un 60 por ciento de los consultados por cualquier estudio no oficialista así lo muestra. No es para menos. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), y tal como lo muestra el cuadro (ver cuadro), la cantidad de trabajadores asegurados cayó en 90.000 desde diciembre, de ellos 57.000 pertenecen a la construcción que vio caer su actividad verticalmente por el freno a la obra pública y el Plan Procrear, así como una fuerte caída en la actividad privada a punto que los proveedores de insumos muestran un descenso de 22,3 por ciento respecto al mes de abril de 2015. Por cada puesto que se pierde en la construcción de manera directa, caen otros dos, indirectamente, muchos informales, por lo que la magnitud del daño es mayor que la que refleja la estadística de la Uocra. Por otra parte se registraron hasta hoy 33.052 despidos estatales por lo que el conjunto del sector formal privado y estatal ha perdido ya no menos de 200.000 puestos de trabajo a los que hay que sumar los puestos informales de difícil registro pero que elevan ese número a un piso total de 250.000 puestos de trabajo perdidos en solo cuatro meses, algo así como 2000 puestos diarios".

DESEMPLEO

POSIBILIDADES DE PERDER EL TRABAJO

 

Asociados a las A.R.T.

ABRUMADOR APOYO AL PROYECTO QUE BUSCA PROTEGER  

LOS PUESTOS DE TRABAJO

Dos tercios por la ley antidespidos

Un 64 por ciento está a favor de la ley y un 61 por ciento apoya la doble indemnización. Más de la mitad apoyó también la marcha de la CGT, lo que termina de pintar la preocupación por la rápida pérdida de empleo.

En la encuesta realizada por Analogías en el conurbano bonaerense, un 64 por ciento se pronuncia a favor de la ley antidespidos y un 61 por ciento dice estar de acuerdo con la doble indemnización. No se trata de personas que saben exactamente en qué consisten esas leyes, sino que se pronuncian a favor en sintonía con la preocupación que tienen por el crecimiento del desempleo y los despidos. En ese mismo terreno, una proporción alta (53 por ciento) dijo que está de acuerdo con la marcha que hizo la CGT el Primero de Mayo. Como señala Analía Del Franco habitualmente el ciudadano está más de acuerdo con determinadas medidas – ley antidespidos o doble indemnización – que con los dirigentes gremiales o los métodos como la movilización. Sin embargo, que más de la mitad de los consultados dijera que vio con buenos ojos la marcha por el Primero de Mayo es un índice de la preocupación por los despidos.

Federico Aurelio estuvo evaluando, en una encuesta terminada la semana que pasó, las opiniones sobre los proyectos. El titular de Aresco señala que "como suele suceder en la sociedad frente a la preocupación que genera un problema, las medidas que se quieren implementar para intentar paliar el problema suelen ser evaluadas de manera favorable. En este caso puntual, una amplia mayoría, el 62 por ciento de los argentinos, apoya el proyecto de la doble indemnización. No todos los que están de acuerdo con implementar esta medida están seguros que sirva para resolver el problema del empleo, pero sí consideran que puede ayudar a paliar los despidos que perciben que están habiendo. Estamos transitando una instancia importante de debate sobre cuales son las medidas que pueden ser más efectivas para resolver los problemas del empleo. A los fines de que este debate sea fructífero es esencial que todas las partes reconozcan la existencia y magnitud del problema. El pasado reciente demostró que la negación de la existencia del problema de la inflación sólo llevó a deteriorar esta problemática".

Roberto Bacman sintetiza así su mirada: "Si se tiene en cuenta que a lo largo de todo este año la desocupación se ha convertido en la principal preocupación de los argentinos es lógico suponer que cualquier medida que tome el Estado para proteger fuentes de trabajo y frenar los despidos tendrá una alta aceptación en la opinión pública. Obviamente esta conformidad no será homogénea: la fuerte división ideológica de los argentinos hoy está más vigente que nunca. Pero es fundamental no perder de vista que más que aceptación es necesario que el Estado asuma el rol necesario de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que están más expuestos a las durísimas consecuencias sociales que se desprenden como consecuencia de la pérdida de las fuentes de trabajo. Y este es el verdadero desafío para la actual gestión: encontrar soluciones para frenar la ola de despidos ya desatada, paliar sus efectos y encauzar la economía. La oposición en su conjunto tomó cartas en el asunto al impulsar el proyecto de doble indemnización. Ahora le toca al gobierno nacional mostrar sus cartas".

Ni Bacman ni Haime encuestaron en los últimos días sobre la ley antidespidos o la doble indemnización, porque se trata de polémicas muy recientes. Bacman intuye que debe haber una mayoría a favor de esos proyectos, en sintonía con los datos que surgen de la encuesta de Del Franco y Aurelio. Por su parte Haime cree que las opiniones están más divididas. "En relación a cómo reacciona la opinión pública ante proyectos como el de la suspensión de despidos o la doble indemnización, si bien carecemos de estadísticas respecto a esa cuestión puntual, podemos suponer que dado que estamos volviendo a vivir un momento de alta polarización y que el tema se politizó, lo más probable es que la población se divida prácticamente en dos."

Artemio López, en cambio, está convencido de que los proyectos tienen respaldo. "Todas las medidas protectivas del empleo son aceptadas por una mayoría de ciudadanos nunca inferior al 60 por ciento. Tanto la mejora y extensión del seguro de desempleo como la ley de doble indemnización cuya impugnación además se sostiene en argumentos falaces por parte del gobierno. Se sugiere que la protección dificulta la generación de empleo ocultando que con doble indemnización la tasa de desempleo cayó entre 2003 al 2007 del 23,4 por ciento al 8,9 por ciento, generándose más de 2,5 millones de puestos de trabajo. Hoy sin doble indemnización la pérdida de puestos de trabajo es una realidad que sacude como preocupación al 60 por ciento de los argentinos, la diferencia entre una y otra circunstancia no son las leyes sino el modelo socioeconómico de crecimiento basado en el mercado doméstico y el poder adquisitivo del salario que encarnó Néstor y Cristina Kirchner y el neoliberal de estanflación sostenido en la valorización financiera que despliega hoy Mauricio Macri. Es de manual."

Doble indemnización

Una ley antidespidos

Un tema que explotó en la agenda

Uno de los hechos más significativos que registran las encuestas es que la preocupación por el desempleo o los despidos es una novedad. En los años anteriores y específicamente en 2015, por ejemplo, ni siquiera figuraba entre los primeros motivos de preocupación. Invariablemente se hablaba de inseguridad o inflación, a veces figuraba la cuestión de la corrupción, pero el desempleo casi no aparecía.

Roberto Bacman da datos muy cercanos. El titular del CEOP describe que "a lo largo del último año de gestión de CFK, la preocupación por el desempleo nunca superó el 10 por ciento, pero la serie cronológica que se desprende de las mediciones realizadas desde la asunción del gobierno de Cambiemos dejan al descubierto el cambio de clima de época con respecto a esta cuestión. Vale la pena puntualizarla: 19 por ciento hacia fines de diciembre de 2015; 26 en enero de 2016; leve descenso al 23 en marzo hasta llegar al 28,2 de abril, que hasta el momento expresa el valor más alto de la serie". En términos concretos, la preocupación por el empleo se triplicó en apenas cuatro meses. Como se ve, los datos de Bacman coinciden con los de Haime, quien percibe un salto de seis puntos en la preocupación por el desempleo entre marzo y abril.

Para Federico Aurelio, el temor al despido o al desempleo se duplicó en un año. "La preocupación de la problemática del empleo ha crecido con intensidad en el último año. Hace un año para el siete por ciento de los argentinos los problemas del empleo eran considerados como principal problema del país en el ranking de problemas de los argentinos que elabora nuestra firma mensualmente. Hoy es el principal problema para el 15 por ciento de los argentinos, siendo la tercer problemática después de la inflación y la corrupción. La preocupación de la crisis del empleo es amplia e implica no sólo que la gente considera en su amplia mayoría que hay despidos, sino que por incidencia de la inflación los salarios han perdido poder adquisitivo". Hay que aclarar que los números entre unas y otras encuestas difieren por una cuestión metodológica. En algunos sondeos cuando se pregunta por el principal problema se admite una única respuesta y en otros sondeos se permiten dos y hasta tres respuestas.

Bacman hace un recuento histórico sobre el temor al desempleo. "La desocupación (junto con la inseguridad) se convirtió en la principal preocupación de los argentinos durante la década del noventa. A tal punto que se la definió como uno de los efectos indeseados más ostensibles de la aplicación del modelo de la convertibilidad. La posibilidad de resolver, o al menos atemperar esta cuestión, fue una de las promesas centrales de la campaña de la Alianza en 1999. Sin embargo nada cambió y recién hacia mediados del año 2003 comenzó a cambiar la estructura de las preocupaciones con relación a la pérdida del trabajo. En esos tiempos, de cambio de clima de época, la preocupación por la recuperación del rol social del Estado – educación, salud, seguridad –  perdido durante la convertibilidad, lideró las preocupaciones de los argentinos. Lo cierto es que la posibilidad de la falta de trabajo dejó de ser una intranquilidad y fue disminuyendo de manera notable.

Artemio López habla de las cifras. "Durante el año 2015 la menciones al desempleo y el temor a la pérdida del trabajo había desaparecido de la agenda de problemas y nunca superaron en promedio al 10 por ciento de los encuestados. Esta circunstancia era de toda lógica puesto que al finalizar su mandato, Cristina Kirchner entrega el gobierno con el 5,9 por ciento de desempleo, según la Encuesta Permanente de Hogares, la menor tasa desde octubre de 1987, cuando ese dato tocó el 5,7 por ciento. Esto es bien distinto a lo que sucedió a partir del 10 de diciembre de 2015 donde el actual gobierno ya proyecta tasas de desempleo de 7,4 por ciento en solo cuatro meses, aún baja, pero con perspectiva muy preocupante".

raulkollmann@hotmail.com

 OPINIÓN

El capital combatiendo

La frase premiada de Aranguren. La ideología al rojo vivo. Isela, epistolario y discursos. El Estado y el mercado en la narrativa macrista. La emergencia ocupacional, el posible veto bronca. La amenaza del desempleo, más allá de los ñoquis y La Cámpora. Brasil, decime qué se siente.

Por     Mario Wainfeld

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, se alzó con el Olimpia de Platino de la semana (¿del mes?) en la disciplina "Macrismo explícito". El jurado, por unanimidad y aclamación, premió la frase: "Si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en comparación a otros gastos de su economía, dejará de consumir. En cambio, si entiende que el costo no es tan alto, continuará cargando nafta". Ninguneó, canchereando, el impacto de un nuevo, consuetudinario, aumento de los combustibles líquidos.

Los Olimpia de Oro y Plata fueron declarados desiertos. Fiel a su idiosincrasia, Aranguren había elevado mucho la vara de la competencia.

La medalla de bronce quiso estimular a Isela Costantini, titular de Aerolíneas Argentinas, que se mostró muy comunicativa, en varios géneros. Optó por el epistolar para los empleados, un texto afectuosamente titulado "La carta de Isela". Tras llamarlos, creativamente, "colegas" la ex CEO de General Motors anunció una reducción de costos formidable. En un texto similar, fechado en enero, "Isela" afirmaba que su tijera no cortaría gastos en Recursos Humanos. Esa minucia no se menciona en su carta reciente.

Luego, en formato discurso, Costantini comentó ante otra vertiente de colegas (empresarios): "Dentro de una empresa es natural que llegue alguien que es el jefe de tu jefe y te diga que vas a tener que ajustar. Uno dice 'okay' y no lo toma en pánico (...) pero en el mundo de la función pública cualquier palabra puede ser utilizada contra cualquier persona dentro del sector o dentro del Gobierno". Costantini prometió, antigardeliana ella, que "el día que los empleados no me quieran voy a ser la primera en irme".

El jurado, tras prolongado cabildeo, confirió la distinción valorando que el dilema de la funcionaria no es ajustar sino cómo se comunica.

Lástima que el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay se haya autoexcluido de la premiación, aplicado a despotricar off the record contra el titular del Banco Central Federico Sturzenegger. "Alfonso" se alzó con varios Olimpia de Oro por hallazgos tales como "cada uno sabe dónde le aprieta el zapato" anunciando que los sindicatos deberán elegir entre una reducción del valor adquisitivo de los sueldos o los despidos.

Un antecedente conceptual del proverbio de Aranguren, que ranquea en buen orden al capitalismo y a la democracia, al consumidor y al ciudadano, si tal categoría existe.

Okay, sigamos con el relato.



Derechos, vade retro: El consumidor agudo aunque con billetera flaca es libre de elegir entre llenar el tanque o, póngale, renovar el vestuario o comprar alimentos. Si escoge ese rubro puede optar por reducir la ingesta de carne o inclinarse por las segundas marcas, con beneplácito de los editores de Clarín: ¡ha nacido una tendencia!

En el ideario macrista (que Aranguren expresa con menos ambages que sus pares en el gabinete) la sociedad es un hipermercado. A nadie se le ocurriría llenar el changuito si no tiene con qué pagar en la caja.

De derechos, ni hablar. La palabra escapa al vocabulario oficialista: se "ayuda", hay dirigentes "ocupados y preocupados" y se hace "lo necesario". La necesidad tiene cara de hereje neo–con: para construirla no se computan los derechos establecidos por la Constitución y las leyes laborales todavía vigentes.

"Lo necesario" es una ecuación económica, ideológica al extremo.

La prensa oficialista le hace chas chas a Aranguren. Le falta tacto, dictaminan los más ingeniosos. Ahorremos bromas veloces o procaces sobre el tacto real existente del ministro deslenguado. "Niño, que eso no se dice."

Consultores económicos no marxistas, Miguel Bein a la cabeza, dictaminan que la supresión de subsidios resuelta por el ex CEO de Shell son desmesuradas, que benefician desmedidamente a las empresas y descalabran equilibrios económicos.

El conflicto de intereses es un problema nodal de la CEOcracia, subestimado o ignorado por académicos, opineitors o periodistas aliados de PRO. Eppur si muove, siempre en la misma dirección Aranguren es uno de los ejemplos más chocantes porque maneja la cartera que más concierne a las petroleras. Hasta acá no se equivocó nunca: imposible negarle amor a la camiseta. Si alguna vez retorna a la actividad privada, tendrá las puertas giratorias abiertas. Lo ha ganado, meritocráticamente.

El conflicto de intereses no atañe al imaginario dominante porque presupone una escala jerárquica de valores entre lo público y lo privado. Si Aranguren lo tuviera en cuenta viviría excusándose. Estaría paralizado, delegando o tercerizando barbaridades. Fácticas, en lo esencial: las verbales son accesorias, las siguen como la sombra al cuerpo.



La plata es mía, mía, mía: El oficialismo propugna y encarna una visión del mundo, tributaria de su extracción de clase. Sería reduccionista hablar de economicismo. El operador cultural Darío Lopérfido divaga así, cuando justifica reducción de inversiones en su área: "Es mejor que la gente pague menos impuestos y que hagan lo que quieran con su dinero". La cita se toma de "Las veinte verdades" publicadas por Ernesto Semán en el portal Panamarevista.com. Agrega el autor: "Pocos líderes serían peor descriptos como economistas carentes de ideales que los economistas que han hecho de la evidencia dura de los datos del mercado su horizonte. Lo que hay no es una contradicción, lo que presenciamos es un espiral de violencia ofuscada contra la realidad, cuyas víctimas directas no serán precisamente ellos".

Una utopía contradictoria en los términos, una distopía tal vez anima al macrismo, en palabras de quien esto firma. En las de Semán: (fantasean que) "la liberación de las fuerzas productivas provocará en la riqueza nacional el milagro de elevar socialmente a los más postergados sin tocar la riqueza de los que más tienen". El orden de prelación se conoce: lo primero es garantizar la intangibilidad de la riqueza, el resto vendrá por añadidura.

A los "colegas" se les pide comprensión y apoyo, mientras se le cortan los víveres, se mutilan derechos, se licuan salarios o en el extremo se los despide. Entonces podrán elegir qué hacer, si son hábiles.

Los impuestos o los subsidios son un modo de reasignar la riqueza. Desde ya eso no convalida cualquier gabela, cualquier escala, cualquier imputación. Pero la intervención estatal, como compensatoria de las injusticias del mercado, es básica en un sistema capitalista que quiera conciliar con los ideales o las normas democráticas.

"Si los impuestos vuelven al pueblo ¿para qué los cobran?", bromeaba un comerciante exitoso que conocimos en el pasado remoto. La respuesta es que los impuestos debe(ría)n cobrarse en forma progresiva por lo que la plata no se reintegra, sino se re adjudica. O se redistribuye, otro vocablo ausente del neo diccionario M.

Un fundamentalismo banal predica que la riqueza de pocos favorece al conjunto por vía del derrame o hasta del ejemplo subjetivo. Un ideal vetusto y peligroso. En la Argentina hasta se usó para desprestigiar a uno de los sistemas jubilatorios más inclusivos del continente. La experiencia falló de modo patético y le cupo a los gobiernos kirchneristas reparar parcialmente el desquicio.



De los ñoquis al temor: "Somos un equipo", proclama el presidente Mauricio Macri, jefe de los jefes. La máxima es repetida en la propaganda oficial, Costantini le hace eco mientras les pide a sus colegas-dependientes que pongan las barbas en remojo.

Las cautas reacciones sindicales cegetistas enardecen al oficialismo que no termina de asumir la relación pragmática entre los líderes y los trabajadores. Macri pide comprensión y otra clase social le responde con el bolsillo.

La manifestación del 29 de abril fue una advertencia, encarnada por trabajadores sindicalizados, en su mayoría. No los convocó el estandarte del Frente para la Victoria, sino la sensata lectura de sus derechos y conquistas jaqueados. Los ciudadanos tienen derecho a trabajar y hasta a tener ingresos si están desocupados o ganan poco. He ahí una diferencia fundante con los clientes de las estaciones de servicio.

"La gente" teme al desempleo, revelan las encuestas que cualquier gobierno lee devotamente (ver páginas 2/3). La propaganda oficial quiso disipar temores: solo fueron, son y serán despedidos los ñoquis o los nefastos militantes de La Cámpora.

El macrismo buscaba la empatía de la opinión pública, ajena a esos colectivos. El receptor masivo lo acompañó, unos meses. Cuando el cuadro general se espesó, el Gobierno divulgó entusiastas lecturas sobre el número de despedidos, en el sector público o en el privado. No le creen, achalay. Algo falló en la comunicación o en la realidad, usted dirá.



Argumentos flojos: La ley de emergencia laboral (alias "antisespidos") que cuenta con media sanción en el Senado, se transforma en un casus belli para el Gobierno.

Los argumentos macristas son flojos. Una norma similar dictada en 2002 coincidió con el mayor aumento de puestos de trabajo de la historia nacional desde 2003. No fue la letra escrita, fue la economía política, claro. La regla sirvió como marco, como señal al empresariado que tampoco tenía muchos incentivos para despedir con el crecimiento a tasas chinas.

El espantajo "van a ahuyentar las nuevas inversiones" es insostenible: los (muy virtuales) nuevos empleos estarán fuera de la nueva cobertura legal.

Tampoco es consistente aducir que no hay ni habrá cesantías. Si así fuera, poco importarían los "procedimientos de crisis" previos o la indemnización agravada, si la patronal es porfiada.

Ninguna norma es panacea ni generadora masiva de empleo. Lo que subleva y violenta al gobierno es que el Congreso dicte una ley protectoria mayormente testimonial, que contradice su Dogma laico.

Ocurre que en la caja de herramientas esperan turno leyes flexibilizadoras, reformas "a la baja" del sistema previsional. Y un blanqueo generoso para los evasores, instrumento que ningún gobierno ha dejado de lado... Bajo cualquier administración, fue y será nefasto éticamente solo para empezar.



Del veto bronca al pedido de gauchada: Por ofuscación Macri incurrió en apresuramiento político al anticipar el veto, que sería rechazado por los dos tercios del Senado y se sostendría merced a poco más de un tercio de los diputados. Todos con la casaca amarilla de Cambiemos, en flagrante soledad.

Flojo escenario para el oficialismo que lanza globos de ensayo para disuadir a los diputados. Ayer mismo, el ministro de Producción Francisco Cabrera imploró-"exigió" a los empresarios: "Digan que durante 60, 70 u 80 días no van a despedir a nadie". Procura reemplazar una ley por una pequeña ayuda de los amigos. Una regla general por una promesa imprecisa, un marco institucional por una gauchada de los patrones. Solidaridad de clase, bien light.



Representaciones y amenazas: La representación democrática es, como intuye la sagaz Constantini, más endiablada que la praxis empresaria. El macrismo se engolosinó con movidas inteligentes y taimadas, dividiendo el campo opositor. Pero los gremialistas, los gobernadores o los legisladores defienden sus posiciones. Arrimarse a un oficialismo triunfador en las elecciones es una táctica transitoria, condicionada a los vaivenes de la legitimidad de ejercicio.

Hasta los adversarios gremiales o políticos más transigentes se distancian porque es imposible adherir al macrismo sin perder sustento propio.

Macri culpa al kirchnerismo de todos los males, hasta de arrastrar a las demás vertientes opositoras. El manual de Cambiemos predica que solo se es kirchnerista por ignorancia o corrupción o por ambos factores. Mala lectura y mal mensaje para un gobierno que ensalza el diálogo, el parlamentarismo, el consenso.

El rumbo económico es apenas uno de los problemas del oficialismo. "El mundo" que supuestamente nos está abriendo los brazos, agrega otros. El más preocupante, no apenas para el oficialismo sino para la Argentina, es la crisis política del Brasil. El golpe de estado "blando" parece encaminarse a una salida suicida y riesgosa para la gobernabilidad regional. Un logro que se sostuvo desde 2003 tiembla en la principal potencia de este Sur, asediado por otra derecha del vecindario.

Los fanáticos de derecha son peligrosos. De eso se trata, colegas y amigos.

El estado de malestar

Los encadenamientos son ajenos a la narrativa macrista. El ministro Juan José Aranguren desconoce las cadenas de valor que potencian los efectos de un aumento de combustibles (ver aparte).

En otro registro, los oficialismos porteño y nacional niegan posibles encadenamientos de responsabilidades en la tragedia de Costa Salguero. La prensa afín coopera generosamente con el escamoteo.

El fiscal federal Federico Delgado, que está a cargo de la investigación, piensa y actúa de modo diferente. Como hiciera respecto de la tragedia ferroviaria de Once, pesquisa lo que ocurrió en el momento vinculándolo con un sistema que lo propició y lo precede.

Delgado expresó en declaraciones periodísticas que se había conformado una suerte de "mercado ideal" para la venta y consumo de drogas.

La evidente corresponsabilidad de inspectores municipales y prefectos fuerza a buscar evidencia para averiguar hasta donde asciende la escala de responsabilidades.

La actuación de uniformados y funcionarios no fue pura pasividad, cabe conjeturar. Su presencia facilitaba la realización de la fiesta Time Warp. Le garantizaba, perversamente, un aura de protección.

Si esa hipótesis verosímil se corroborara, las responsabilidades políticas y penales no se dejarían explicar culpando al "estado ausente". La presencia del estado o, mucho mejor dicho, la participación de algunos de sus agentes fue una condición necesaria de la tragedia, aunque no exclusiva ni suficiente.

La soltura con que se vendían drogas, más allá de su eventual adulteración agregando peligrosidad, sugiere la existencia de una "zona liberada". La fiesta no fue la primera de su tipo, ni la segunda, ni la quinta. El modus operandi tenía historia.



El Consejo Consultivo de la Comuna 4 discutía el miércoles pasado la cesión del predio Casa Amarilla al club Boca Juniors. Muchos vecinos participaban, para oponerse a la medida.

Una patota irrumpió amenazando y golpeando a los asistentes. Los agresores hirieron con arma blanca a Matías Scinica, militante de la organización Boca es Pueblo. Y golpearon hasta producirle desmayo y politraumatismo de cráneo a Fernando Abal Medina, militante de la agrupación Descamisados.

En la aldea global casi todo se filma y graba. Abundan imágenes del ataque con visión nítida. Sucedió en un ámbito público estatal, en el que se congregaron alrededor de 300 personas.

Integrantes de Boca es Pueblo y testigos presenciales denunciaron la ausencia de policías durante la reunión, que se presumía "pesada" por los intereses en juego.

Se pidió auxilio médico para las víctimas y presencia policial. La ambulancia, cuentan los testigos, llegó en un lapso razonable. Mucho antes que un móvil de Gendarmería que demoró mucho más, sugestivamente.

Los vecinos atacados acusan a militantes de PRO o de Cambiemos o ligados al presidente de Boca, Daniel Angelici. La pasión futbolera no es el único lazo que vincula a Angelici con el presidente Mauricio Macri. Es su operador predilecto en Comodoro Py, sede de los tribunales federales a quienes el oficialismo heavy reclama que encarcele kirchneristas, empezando por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los ciudadanos participantes identifican a los agresores con nombres y apellido. Describen que el espacio comunal fue, de facto, una "zona liberada". No entramos al detalle de las investigaciones, que se abordan en otras páginas de esta edición.



En la Boca, como días atrás en las puertas del Concejo Deliberante de Lanús, fueron agredidos personas que enfrentaban, en ejercicio de su derecho, a figuras prominentes del macrismo. Angelici en la Ciudad Autónoma, el intendente Héctor Grindetti en Lanús.

La coincidencia no prueba automáticamente complicidad de los dirigentes con los agresores pero genera sospechas justificadas. Las respuestas oficiales rechazaron todo tipo de relación. Declamaron gran interés en que "la Justicia investigue". Así debe ser y la presunción de inocencia en materia penal sigue vigente para todos los argentinos.

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta no visitó a víctimas de Costa Salguero o

Comuna 4.

En política, se alega con razón, dos más dos no siempre es cuatro. Pero a menudo sí.

mwainfeld@pagina12.com.ar

LA POSICIÓN DE LOS BLOQUES EN DIPUTADOS FRENTE AL  

DEBATE DE LA LEY ANTIDESPIDOS

Con cambios o sin cambios, esa es la cuestión

El FpV-PJ y Progresistas reclaman que se apruebe esta semana la emergencia ocupacional. El Bloque Justicialista pidió cambios pero acompañará igual si no hay consenso. El massismo empuja modificaciones y recibe un guiño de Cambiemos, que advierte sobre un posible veto.

Producción: Miguel Jorquera y Sebastian Abrevaya.

ALICIA CICILIANI, PROGRESISTAS

"Que no haya más demoras"

–¿El interbloque de Progresistas – PS, Libes del Sur y GEN – va a acompañar la media sanción del Senado sobre la emergencia ocupacional?

–Estamos apoyando la emergencia ocupacional desde el primer proyecto que ingresó a la Comisión de Legislación del Trabajo, que fue el de Facundo Moyano, luego se sumaron otros. Apoyamos la que tenga mayoría y la que pueda salir lo más rápido posible. De modo que estamos abiertos a trabajar para sumar nuestro apoyo para que la ley salga con los acuerdos necesarios para que no haya más demoras.

–¿Cómo evalúa la situación laboral desde que la oposición parlamentaria consensuó el proyecto contra los despidos hasta ahora?

–Nosotros tenemos diálogo con todos los sectores sindicales y nos informan que hay una situación complicada en diferentes sectores. Sabemos que hay negociaciones en empresas donde los trabajadores están aceptando rebaja salarial para evitar los despidos. En otras ramas, como la metalmecánica, la UOM informa que hay más de 11 mil despidos. Solicitamos el informa de la AFIP sobre altas y bajas laborales pero esa información todavía no la tenemos, vamos a ver que informa el ministro de Trabajo la semana que cuando venga a la Cámara de Diputados.

–Hay sectores de la oposición que consideran necesario separar a las pymes de esta normativa ¿Cómo lo evalúan ustedes?

–Nosotros no nos negamos a discutir apoyo a las pymes pero ellas mismas alegaron ante la Comisión de Pymes de Diputados problemas de mercado, de baja de ventas por la recesión, problemas de competitividad porque están ingresando al país productos importados de diferentes rubros, de financiamiento y ninguna dijo que tenía problemas con la nómina salarial ni con sus trabajadores. De modo que lo que tenemos que hacer es actuar sobre las dificultades económicas que aquejan a las Pymes y que no tienen que ver con un a ley de emergencia ocupacional.

–¿Entonces el tema de las pymes no debería ser un escollo para sancionar la ley?

–Creo que deberíamos votar la resolución que viene del Senado porque es una solución inmediata y frenaría esta ola de despidos. Si no hay consenso, nosotros estamos abiertos a alcanzar el consenso necesario para que salga. Una ley de empleo joven es una política distinta a la que estamos hablando que es preservar los puestos de trabajo que tenemos en este momento. Obviamente que si vamos a pensar en el futuro y queremos privilegiar a los jóvenes con incentivos especiales lo podemos hacer pero esto no impide que declaremos la emergencia ocupacional ya, no podemos demorarla innecesariamente.

–¿Qué piensa si el Presidente veta la ley?

–Me preocupa muchísimo no por la ley en sí misma sino mucho más me preocupa porque sería un mensaje claro de que no tiene una visión estratégica moderna sobre la protección de los sectores más débiles de las sociedades como son los trabajadores. Es un error muy grueso del Presidente como ha planteado políticamente la discusión del tema: esta no es una ley del FpV, es una ley de absolutamente todos los sectores sindicales de la Argentina. Cuando vinieron al Congreso nosotros pensábamos que nos iban a plantear algo sobre el Impuesto a las Ganancias pero nos dijeron no, estamos más preocupados por los despidos y esa es la prioridad. Los que vivimos los despidos en diferentes circunstancias de la Argentina estamos muy preocupados por evitar repetir esa situación.





FACUNDO MOYANO, FRENTE RENOVADOR

"Es necesario hacer modificaciones"

¿Van a plantear modificaciones o van a votar el proyecto tal como vino del Senado?

–Creemos que hay algunos errores técnicos del proyecto y por eso necesita alguna modificación, sino la Justicia lo va a tirar para atrás. Pero más allá de eso, queremos introducir el tema de Pymes, que lo teníamos planteado en otro proyecto aparte. Lo que pasa es que si queremos sancionar el otro proyecto vamos a tardar y contribuir a la dilación que pretende el oficialismo. Es necesario hacer modificaciones y ya que eso hace falta queremos meter el tema de las Pymes y mandarlo de vuelta al Senado. Ahí el tiene el FpV mayoría así que no sería estirarlo tanto.

–El kirchnerismo y otros bloques plantearon que cualquier demora contribuye a que aumenten los despidos porque los empresarios están previendo la posibilidad de la emergencia ocupacional...

–Por eso estamos planteando que la vigencia de la ley sea al momento que comenzó el tratamiento en el Senado. El Bloque Justicialista quiere la retroactividad al primero de marzo pero en ese caso sería cuestionable constitucionalmente por el principio de irretroactividad de las leyes. En cambio si lo planteamos al tratamiento del proyecto en el Senado, hay un argumento que lo hace defendible, que es que el trabajador se ve afectado por el conocimiento del empresario.

–El FpV-PJ ya planteó que no va a incorporar modificaciones y va a aprobar así como está el proyecto del Senado. En ese caso, ¿ustedes cómo van a actuar?

–Yo no puedo hablar por todos. Si el FpV no acompaña (los cambios) yo voto a favor. Y varios diputados del FR votan a favor también. Creo que hasta el propio Massa lo votaría pero no puedo hablar por todos. Nosotros vamos a tratar de impulsar esto. Nuestra propuesta mantiene siempre la doble indemnización tanto para Pymes como para empresas grandes. O sea, añadimos el fomento a las pymes, los Repro, que quien recibe un plan social sea tomado como parte del salario, pero siempre rigiendo la doble indemnización.

–Las centrales obreras pidieron que se trate el tema tal como se aprobó en el Senado para que no haya más dilaciones...

–Ayer y hoy lo estuve charlando con mi viejo (Hugo Moyano, líder de la CGT Azopardo). Si hay una decisión del Frente para la Victoria de sacarlo en el Senado, esto tarda un día más. Si Pichetto junta los bloques...

–¿Pero no podría el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, demorar el envío al Senado como hizo Gabriela Michetti que retuvo el proyecto ocho días?

–Ahí habría que ver si están dispuestos a pagar ese costo político ellos también. Creo que cuando el proyecto sale, ya con todas las modificaciones, inclusive el oficialismo se va a ver obligado a acompañarlo. Sería un consenso total del Congreso y ¿el oficialismo cómo quedaría ante esa situación?

–Desde el oficialismo ya adelantaron que Macri lo va a vetar...

–Nosotros desde la oposición no queremos hacer una ley para que se vete. Queremos hacer una ley para que rija sobre la realidad de los argentinos. Querer sancionar una ley para que se vete es tener una lógica destructiva o especulativa. Con esta situación Macri ya está comiéndose un costo político, el veto ya sería un costo tremendo. Queremos ver cómo podemos hacer para consensuarlo con todos.

–Algunos señalan que si se introducen cambios se podría favorecer a Macri para que no tenga que hacer un veto total sino sólo algunas cosas.

–Vamos a ver cómo se redacta para ver si lo puede vetar por separado o no.





HECTOR RECALDE, FRENTE PARA LA VICTORIA

"Queremos la ley ya"

–¿Insistirán la semana próxima para sancionar la ley antidespidos?

–Nosotros creemos que sí. Estamos hablando con otros bloques para pedir una sesión especial para la semana que viene porque ya llegó, tarde, el expediente y la idea es, más que allá que toda norma es perfectible, es aprobar la media sanción del Senado tal como viene.

–¿La prioridad es sancionar la ley?

–Parafraseando a (Armando) Tejada Gómez, a esta hora exactamente hay un trabajador en la calle, entonces queremos la ley ya. Además es lo que piden todas las centrales de trabajadores, queremos eso. Seguramente, habrá que ver que dicen los otros bloques, una ley para apoyar a las pymes sin sacarles derechos a los trabajadores.

–¿Cuáles serían las prioridades para las Pymes?

–Tiene que ver con las tarifas, los créditos, las importaciones. Tenemos un proyecto en ese sentido y habría que charlar con otros bloques para tratar de elaborar un proyecto en común. El Derecho del Trabajo no crea ni destruye empleo, pero si la política económica, como los tarifazos, la apertura de las importaciones como las 32 mil heladeras o las naranjas de España, lo que no favorece tampoco a las economías regionales como pregona el Gobierno que de la industria no habla.

–Hay bloques como el massismo que proponen incluir las dos cosas en un solo proyecto.

–Eso no, porque es mezclar la hacienda y demoraría el trámite de emergencia cuando hoy mismo están despidiendo. Cada hora que pasa somos más responsables.

–¿Cómo interpreta la dilación del Gobierno?

–El Gobierno no quiere prohibir los despidos y las suspensiones porque es un gobierno para los ricos, para las grandes empresas, la concentración económica, la timba financiera. Todas las medidas que están tomando van en ese sentido.

–El argumento desde el Gobierno es que en su momento Cristina Fernández de Kirchner y el FpV tomaron una postura similar.

–Son circunstancias distintas. En 2002 explotó todo. En 2014, veníamos de diciembre de 2013 con las sublevaciones de policías en 17 provincias, en Entre Ríos hay condena firme contra 17 policías, era una cosa muy bien orquestada, el aumento irrazonable de todos los precios de la canasta familiar, la corrida cambiaria del actual ministro de Energía, Aranguren – que está un violación de la ley de ética total en su cargo – que compró el dólar a 8,70 al HSBC estando el dólar oficial a 7,20, que obligó a una devaluación del Gobierno, una crisis generada. En ese contexto, Massa dijo, sin presentar proyecto, que había que suspender los despidos por 180 días. Esa voz alarmista en medio de la crisis, lo que hacía era alimentar la crisis.

–El proyecto lo había presentado Facundo Moyano.

–En abril. Yo era presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Durante los diez años que estuve al frente de la comisión, me pedían tratar un proyecto y los tratábamos, jamás lo pidió. Además para pedir el tratamiento solo hacen falta tres firmas de diputados. En ese momento de crisis política, generada, no hubo ni un despido estatal ni despidos en la actividad privada. Es más, a fines de 2013 y principios de 2014 había crecido el empleo.

–Es la misma que ahora esgrime el gobierno de Cambiemos para decir que el empleo ha crecido.

–Pero el Gobierno compara febrero de 2015 con el mismo mes de 2016. Esa es una foto, hay que ver la película.






DANIEL LIPOVETZKY, CAMBIEMOS

"No es constitucional"

–Sectores de la oposición denunciaron una estrategia de dilación por parte del oficialismo y reclamaron que se sancione la emergencia ocupacional la semana próxima. ¿Qué actitud van a tomar?

–Cuando se trató el proyecto en la Comisión de Legislación del Trabajo, hace ya 20 días, le planteamos a la oposición que se escuchara a todas la partes involucradas. Como en ese momento no aceptaron nuestra propuesta y en le dieron dictamen cuando el tema pasó a la Comisión de Presupuesto armamos este cronograma de trabajo. La semana pasada tenían que venir las centrales obreras que no pudieron venir y ahora el martes vienen los otros sectores, pymes y empresarios. Y el miércoles el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La idea dictaminar el día jueves. Trabajaremos para encontrar un consenso de una norma distinta a la que viene del Senado. Si no lográramos ese consenso, habrá un dictamen de mayoría y uno de minoría.

–¿Pero van a buscar modificaciones al proyecto del Senado o van a proponer una iniciativa nueva?

–Hay algunas propuestas que nos parecen buenas, como las del Frente Renovador, para darle un tratamiento a las pymes diferenciándolas de una empresa grande. Por el otro lado, nos parecía importante sumarle a esto una propuesta proactiva como es la ley de primer empleo que envió el Poder Ejecutivo. El camino debería ir por ahí.

–O sea que van a votar en contra de la prohibición de despidos...

–Sin entrar en la discusión sobre el número de despidos, el instrumento tiene un error que es que la ley no es constitucional en cuanto la prohibición de despedir. El sector privado no tiene prohibido despedir, sino que la Constitución establece que hay una protección contra el despido arbitrario que implica indemnizar al trabajador despedido sin justa causa. Por lo tanto, la parte de la ley que establece que un trabajador despedido puede ir a la Justicia y que el juez le ordene inmediatamente al empleador que lo reinstale, es inconstitucional.

–Pero hubo fallos de la Justicia ratificando la doble indemnización...

–Una cosa es agravamiento indemnizatorio como la doble indemnización, que ha sido reconocido constitucional, y otra la acción de reinstalación. En 2002, en una de las peores crisis del país, ni siquiera en ese momento se suspendieron los despidos. Esto es un error de la oposición que quiere ir más allá de lo que se votó en aquel momento. No vamos a dar el consenso para una ley de esas características.

–¿Macri va a vetar la ley? ¿No le genera un costo político muy alto?

–Si la ley tiene un problema de constitucionalidad es muy posible que el Presidente ejerza el veto porque no va a promulgar una ley que sea violatoria de la Constitución. Acá hay que despojar un poco el tema político. Yo recordaba al propio Recalde oponiéndose a este tema, a la ex presidenta en 2010 también y diciendo que esto ahuyenta el capital. No hay que tenerle miedo a que haya empleadores y empleados y que haya que tratar de cuidar a los dos. El empleo depende de las dos cosas.

–¿Cómo queda la relación con los gremios que incluso alertaron sobre un posible paro nacional?

–Vamos a seguir en el mismo marco de diálogo con los sindicatos, cada uno representando a quien le corresponde, ellos a los trabajadores y el presidente a todos los argentinos. El tema de los paros hay que evaluarlo bien, la historia argentina indica que hay que ser cuidadoso. Tienen que darle la posibilidad a este gobierno de que demuestre que queremos que crezca el empleo.

OSCAR ROMERO, BLOQUE JUSTICIALISTA
"La prioridad es frenar los despidos"

–¿Considera que Diputados logrará convertir en ley la emergencia ocupacional?

–Nosotros hemos asumido un compromiso, nos juntamos el bloque que presido con el FpV y el FR y personalmente tomé contactos con otros bloques políticos de la oposición: tenemos que sacar la ley en el recinto la semana que viene.

–¿Tal como viene del Senado?

–Estamos charlando a ver si existe la posibilidad de hacer algún tipo de modificaciones, yo estoy planteando la retroactividad, hay otros sectores que están planteando el tema Pymes. Si no hay consenso para modificaciones, sacaremos la ley como viene del Senado.

–Algunos sectores también han planteado también darle media sanción a un proyecto para las Pymes por separado para poder convertir en ley la emergencia ¿Sería una fórmula de consenso?

–Nosotros tenemos presentado proyecto sobre el tema pymes y sobre autopartismo, y existen proyectos de otros bloques en el mismo sentido. La idea es consensuar una ley de la misma forma que lo hicimos con la emergencia ocupacional en Diputados.

–¿La prioridad es frenar los despidos?

–Hay una estrategia de enfrentar esta ley con las Pymes. Nuestro compañero Pablo Kosiner (diputado por Salta) preside la comisión de Pymes a las que recibió el mismo jueves por la mañana. El problema que ellas tienen hoy, y lo expresaron ahí, no son las fuentes de trabajo si no en primer lugar la recesión que estamos viviendo donde cayeron las ventas terriblemente. El otro es el de las tarifas, como pagan la luz, el aumento del combustible. Otro es el tema financiero, los créditos con un 38 o 40 por ciento de interés y ni hablar si tienen que vender un cheque donde las quitas son impresionantes. Vamos a trabajar para haya soluciones para las pymes pero la prioridad es frenar los despidos.

–Las cinco centrales sindicales han llevado al Parlamento semanas atrás el tema de los despidos como prioridad ¿Cómo dirigente sindical cuál es la situación hoy?

–Lo que está empeorando es la situación del Estado. El jueves, mientras estábamos discutiendo el tema en la comisión de Presupuesto y Legislación Laboral, habían despedido más de 200 compañeros en la Anses y el viernes otros cien en el Ministerio de Economía. Mientras el oficialismo nos hablaba de generar un pacto laboral, el Estado generaba despidos. Estamos ante un gobierno que dice que hay que dar señales claras al mercado y las señales que da son los despidos.

–¿Considera que la dilación del oficialismo ha sido para continuar con los despidos en el Estado?

–Sí, está a la vista. Mientras desde el oficialismo nos hablaban de construir una mesa de diálogo y consenso, despiden más gente. Algunos de ellos con quince años de antigüedad y con situaciones graves de salud. Lo hemos planteado en el mismo plenario y no nos pudieron responder.

–¿Reunirán los votos necesarios para aprobar la ley?

–Estoy convencido. Hay intención en todos los partidos políticos y bloques de la oposición que vayamos en ese sentido.

Un pedido a las empresas El ministro de Producción, Francisco Cabrera, cuestionó ayer a los empresarios por los altos índices de inflación y la ola de despidos. En declaraciones radiales, dijo estar "enojado" y "desilusionado" ante la suba de precios y volvió a pedirles "que digan que durante 60 o 70 días no despidan a nadie", reclamo que viene planteando el Gobierno a las patronales como alternativa de consenso para evitar que la doble indemnización se convierta en ley. También despotricó contra el proyecto que impulsa la oposición: "Es contraproducente. No va a cumplir con los objetivos que se propone sino todo lo contrario", dijo. En respuesta, el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, manifestó que la entidad empresaria estaría dispuesta a acompañar la propuesta alternativa del Gobierno a la ley contra los despidos que avanza en el Congreso. Funes de Rioja dijo que la UIA "desde ya que acompañaría" la convocatoria del Gobierno a que las empresas se comprometan a parar con los despidos durante un período a consensuar. En línea con el macrismo, el dirigente del sector empresario, consideró que la doble indemnización "es contraproducente" dado que en la actualidad "no hay emergencia ocupacional" como sí la hubo durante la crisis de 2001. RESPALDO A LA EMERGENCIA OCUPACIONAL Y  ACUERDO  PARA IMPULSAR UN PROYECTO DE  EMERGENCIA PYME Cuando las pymes se expresan  por sí mismas Cinco entidades pymes llevaron a la Cámara baja su posición con respecto a la Ley de Emergencia Ocupacional. Se diferenciaron de la posición de rechazo del Grupo de los Seis y reclamaron una ley de Emergencia Pyme.                                    Reunión del jueves en la Comisión Pyme de Diputados.                                                                  Las pequeñas empresas se diferenciaron del Grupo de los Seis. Por      Raúl Dellatorre La presencia y el testimonio de las entidades que representan directamente a la pequeña y mediana empresa en el Congreso desarticularon la maniobra que las cámaras empresarias que representan a los núcleos más concentrados, reunidas en el Grupo de los Seis, habían armado junto al gobierno nacional para trabar el avance en Diputados del proyecto de ley de emergencia ocupacional y prohibición de despidos por seis meses. Durante la semana que pasó, se sucedieron por lo menos tres reuniones en Diputados, en las que dirigentes de cinco entidades que representan a sectores pyme manifestaron su repudio a quienes quieren oponer las urgencias de las pymes a las necesidades de los sectrores laborales. El bloque del PRO se había montado en tal argumento para intentar frenar el proyecto contra los despidos en la Cámara baja, mientras que integrantes del sector Renovador (massismo) que reportan a organizaciones de la cúpula empresaria, operaban a favor de modificar la ley "en favor de las pymes", con la implícit intención de demorar la sanción de la ley. Pero la postura de la dirigencia pyme desmontó la maniobra e inclinó la cancha: sin más excusas, el proyecto votado en el Senado avanza en Diputados para su sanción. Por separado, la Cámara baja tratará un proyecto de "ley de emergencia mipyme" (micro, pequeñas y medianas), con el compromiso de darle tratamiento inmediatamente después que se apruebe la emergencia ocupacional. Con un argumento idéntico al expuesto por el presidente de la Nación y parte del gabinete económico, el denominado Grupo de los 6 (Unión Industrial, Adeba, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural, Cámara de la Construcción y Cámara Argentina de Comercio) sostuvo, desde la última semana de abril (antes que el proyecto se votara en el Senado), que "la contracción de la actividad económica y la falta de crecimiento en el empleo privado comenzó a fines de 2011 y ha persistido a través de estos años", pese a toda la evidencia estadística en contrario. La conclusión, por lo tanto, era que no había ninguna situación nueva que pudiera caracterizarse como "emergencia ocupacional". Y que prohibir las cesantías o encarecer las indemnizaciones ahuyentaría las inversiones, provocaría retracción en la generación de empleo y perjudicaría principalmente a las pymes, que ante la imposibilidad de acomodarse a una baja en la demanda con recortes de empleo, se iban a ver condenadas al cierre."No es cierto que las pymes estemos en contra de una ley de emergencia ocupacional", manifestaron, en cambio, representantes de cinco entidades que agrupan a pequeños y medianos empresarios, esta última semana en reuniones de comisión o con grupos multipartidarios de legisladores. De estos diferentes encuentros participaron Apyme (Asamblea de pequeños y Medianos Empresarios), CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales), Cgera (Confederación General Económica de la República Argentina), CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y Cadieel (industrias electrónicas y electromecánicas), que tuvieron como interlocutores a legisladores de prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria. El CEEN manifestó explícitamente su apoyo al proyecto de emergencia ocupacional y criticó a las entidades empresariales "que rechazaron apresuradamente el proyecto antidespidos y aplaudieron una iniciativa regresiva como la propuesta Plan Primer Paso". Apyme sostuvo que era comprensible la demanda del sector laboral de una ley que frenara los despidos, pero esto no podía ser considerado una medida contra las pymes. "Si no se atiende esta situación de emergencia económica con medidas urgentes, pequeños empresarios y trabajadores vamos a correr la misma suerte, vamos a bajar las persianas juntos. Ahí no hay indemnización doble ni simple", expresó uno de sus representantes, dando pie al reclamo de una ley de emergencia para micro, pequeñas y medianas empresas. CAME y Cgera habían manifestado, en principio, objeciones a la emergencia ocupacional. La última entidad había cuestionado el proyecto con media sanción del Senado porque "no se contempla que el empleo no es homogéneo, se estaría protegiendo a las empresas que tienen menos problemas y no a las que ya recibieron el impacto de la crisis". Según la Cgera, "el proyecto primario debería estar abocado a las pymes, que son las dadoras de trabajo", en un planteo similar al formulado por CAME. En cambio, no hubo diferencias entre la dirigencia pyme, ni siquiera de matices, en el diagnóstico de la crisis. La industria, el comercio, los servicios y la producción agraria afrontan "una situación de extrema fragilidad, con un alarmante y generalizado desmejoramiento de su situación económica y financiera que compromete seriamente su continuidad", dice uno de los documentos presentados. Esta situación reconoce su origen en políticas puestas en marcha por la actual administración, y no se resuelve con despidos, se aclaró. El debate en cada uno de estos encuentros fue acalorado e intenso. Como resultado, se consensuó en dos aspectos centrales: las pymes no se oponen a una ley de emergencia ocupacional. El otro, la necesidad de una ley que declare la emergencia mipyme, dado el cuadro de situación presentado. Hasta los representantes del Frente Renovador acordaron, al punto tal que el propio José de Mendiguren propuso adoptar la consigna "ni un despido más, ni una pyme menos". El proyecto, cuya formulación quedó en manos del Frente para la Victoria y las entidades que estuvieron presentes, se limitaría a los puntos más urgentes y de más rápida ejecución: financiamiento a tasa subsidiada, con requerimiento simple de acceso, para el pago de aumentos salariales y aguinaldos; subsidio a las tarifas en sectores seriamente afectados por los aumentos; limitar las importaciones en sectores sensibles; suspensión de los embargos de la AFIP por morosidad en el pago; y restablecimiento de los planes de facilidades de la AFIP con plazos más extendidos. El proyecto de emergencia mipyme podría presentarse en el transcurso de esta misma semana para su tratamiento a partir de la siguiente. Estos acuerdos se harían públicos en el transcurso de los próximos días, con la participación de las entidades pymes. Entre los dirigentes del sector hay confianza en que el proyecto que las protege tendrá rápido tratamiento en la Cámara Baja y no creen que pueda haber resistencias en el Senado. La cuestión será qué posición asumirá el oficialismo, o más concretamente el PRO, ya que incluso, recibieron algún guiño de los radicales. Imaginan que el macrismo no podrá trabar el tratamiento y aprobación en el Parlamento, pero se preguntan, ¿podrá vetar el Ejecutivo ambos proyectos? El interrogante, por ahora, no tiene respuesta.  OPINIÓN El chamuyo de la pesada herencia Por      Axel Kicillof ¿A qué se debe la insidiosa y sobreactuada invocación de Macri a la "pesada herencia"? La respuesta es simple: todos los argentinos somos testigos, o mejor dicho, víctimas del primer intento en toda nuestra historia de aplicar un durísimo plan de ajuste sin que antes se haya producido una crisis económica. El Plan de Convertibilidad de Menem y Cavallo, por caso, vino precedido – y "justificado" por quienes lo pusieron en práctica – por la hiperinflación desatada en el gobierno de Alfonsín. Algo similar ocurrió con los planes de ajuste de 1956 y 1976. Pero esta vez la situación es distinta porque, a decir verdad, no hace falta ser un especialista para reconocer una crisis económica cuando se la vive. Y en los años previos al triunfo de Macri en Argentina no hubo nada ni remotamente parecido a una crisis económica No obstante, el gobierno de Macri, con la crucial contribución de los medios de comunicación hoy oficialistas, está abocado a la extravagante tarea de fabricar una crisis que no fue, instalarla en la percepción de la opinión pública y, si puede, también en el recuerdo. Esta grotesca "crisis que no fue" en 2015, tiene al menos cuatro ingredientes: elevadísimo déficit fiscal, inflación desbocada, reservas extenuadas y economía estancada. La técnica de comunicación que emplean es ya bastante conocida. El macrismo nos acostumbró durante su etapa de oposición a un sofisticado y efectivo manejo del marketing político, especialmente diestro a la hora de transformar complejos conceptos en frases breves, "de impacto", que luego son repetidas de manera casi literal hasta el hartazgo por miles de trolls en la web; al mismo tiempo son reproducidas por los referentes de Cambiemos en cada discurso, en cada entrevista y en cada set de televisión usando métodos de la publicidad privada: el concepto, la repetición, la frecuencia. Los enunciados diseñados para machacar con el diagnóstico de la crisis que justificaría el plan de ajuste son cuatro: "hace cinco años que Argentina no crece y no se crea empleo", "el Banco Central estaba quebrado", "el déficit fiscal alcanzó 7 por ciento del PIB y fue el más alto de la historia argentina", "la inflación estaba desbocada". Pero este esfuerzo comunicacional para convencer a la sociedad de que el ajuste del macrismo no es una decisión política sino la única respuesta posible y necesaria ante una crisis choca con dos obstáculos. El primero: nos quieren convencer de que hubo una crisis que nunca vivimos, una rara especie de crisis: "invisible" o, como dijo el diario Cronista Comercial, "asintomática". Es como un médico que te quiere operar diciendo "usted nunca sintió absolutamente nada, pero está gravemente enfermo". El segundo obstáculo es que todas y cada una de las afirmaciones que componen el diagnóstico son mentira. Y es muy sencillo demostrarlo, incluso tomando los datos de las propias "fuentes" de Cambiemos. Empecemos por la más repetida de las mentiras: que no se creó empleo en los últimos cinco años. Basta con tomar la cifra de crecimiento publicada por el propio INDEC de Macri-Todesca el 30 de marzo pasado, una de las pocas que publicó saltando el apagón estadístico. Según el INDEC el PIB de Argentina creció 2,1 por ciento en 2015, y también creció en los tres años anteriores: 0,8 por ciento, 2,9 por ciento y 0,5 por ciento. Si preferimos tomar los datos de crecimiento de la oficina de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, los resultados son muy similares ya que en 2015 arrojan un crecimiento del 2,7 por ciento. Como es de esperar, los números de empleo reflejan la misma evolución. Utilicemos una fuente que no está cuestionada, la base de AFIP (el SIPA) que registra la cantidad de personas empleadas según la cantidad de aportes a la seguridad social que efectivamente se realizan. Como muestra el cuadro, el empleo registrado creció entre 2010 y 2015 todos los años, y de punta a punta en más de 830.000 personas. De modo que el empleo total, formal e informal, lo hizo aún en mayor medida. Nótese además que 2/3 del crecimiento está explicado por el empleo privado, de manera que la última declaración de Macri, realizada tristemente en el Día del Trabajo, es simplemente un bolazo cósmico: "Hace cinco años que no se genera empleo, porque ocultaron el desempleo con trabajo público inútil". En los últimos cinco años creció el empleo total, el empleo público y el empleo privado. Pasemos ahora a la cuestión del déficit fiscal de 2015. En una de sus primeras conferencias de prensa, el 13 de enero de 2016, el ministro de Hacienda mostró los números. Ahí admitió que el déficit fue de 2,3 por ciento del PIB cuando se lo calcula como lo hacen todos los países del mundo. Esa cifra es la que aparece en las estadísticas del FMI. Ese nivel de déficit es, para quien no conoce el tema, absolutamente razonable y está en línea con los países de la región. ¿Cómo es entonces que siguen sosteniendo que el déficit fue de 7 por ciento? En esa misma conferencia de prensa, ante las cámaras, el ministro empezó a hacer un ejercicio de "contabilidad creativa" sumando y restando conceptos por fuera de la metodología habitual, para abultar el tamaño del rojo fiscal. Sumó al déficit de 2015, las "promesas de campaña de Macri", que incluyen, por ejemplo, la reducción de las retenciones a granos y mineras, y otros aumento de gastos. Así y todo, nunca llegó a construir el famoso 7 por ciento con el que habían machacado durante meses. Es lisa y llanamente una falsedad. Vayamos ahora a la evolución de la inflación. Todas las mediciones, tanto públicas como privadas, muestran que entre 2014 y 2015 se produjo una marcada desaceleración de la inflación, en como mínimo 10 puntos. Es decir, la inflación estaba bajando cuando llegó Macri. Y esto se logró sin afectar el crecimiento, sin enfriar la economía. Pareciera en cambio que la reducción de la inflación del segundo semestre –la tierra prometida– se va a producir por la recesión, los despidos, la generalizada caída del poder adquisitivo de los ingresos y la apertura de la economía. Es inevitable marcar el parecido con el plan antiinflacionario que se aplicó en la década del noventa. - Nivel general de precios. Variación acumulada. Enero-Octubre 2014 vs. 2015. Veamos ahora la cuestión de las reservas. El 9 de diciembre de 2015 las reservas del Banco Central eran de US$ 25.092 millones (hay que recordar que en octubre se habían pagado 5900 millones de Boden 15). En campaña, Cambiemos se cansó de sostener que las reservas "netas" eran de 7000 millones, es decir, casi nulas. En particular, restaban el famoso swap de China porque según el macrismo no podía utilizarse. Sin embargo, a los pocos días de asumir, el gobierno de Macri convirtió 3000 millones de dólares del swap y los volcó en el mercado cambiario. Y empezó entonces una festival de deuda. Tomaron US$ 5000 millones desde el Central (con garantía en títulos por US$ 10.000), YPF se endeudó en US$ 1000 millones, la provincia de Buenos Aires tomó US$ 1250 millones a una tasa de 9,75 por ciento y, finalmente, para pagarle a los fondos buitres una suma que supera lo que Singer esperaba, realizaron la colocación de deuda más grande de la historia (un dudoso orgullo) por US$ 16.500 millones. Entraron, en concepto de endeudamiento externo, y sólo sumando estos conceptos casi US$ 26.000 millones. Sin embargo, las reservas totalizan algo más US$ 31.500 millones. Si a ese número le restamos el vencimiento de US$ 5000 millones de diciembre por el préstamo del banco central, tenemos nuevamente US$ 26.500 millones. Sinteticemos. En la herencia que recibió Macri no figuran ni el estancamiento, ni la inflación desbocada, ni las arcas vacías del central, ni el déficit descontrolado. DETRÁS DE BÁEZ LA JAURÍA NO ENCONTRÓ A CFK  SINO A LA FAMILIA MACRÌ Ir por lana La jauría judicial y mediática corrió a Báez esperando toparse con los Kirchner, pero para su asombro dio con la familia Macrì. Mabel Balconte tomó 27 pastillas luego de acusar a Milagro Sala para salvar a sus hijos. La misma extorsión se aplicó con Fariña y se intentó con Báez, pero hasta Marijuan rechazó esa táctica repugnante. La vendetta judicial y la receta PRO contra la inflación. Los derechos civiles amenazados por una práctica mafiosa. El rol de Lorenzetti en la demolición institucional. El pontífice de la calle Talcahuano se ofrece como  salida a la emergencia. Por      Horacio Verbitsky A la jauría mediática y judicial lanzada tras Lázaro Báez con la fantasía de llegar hasta CFK y su hijo Máximo le saltó una liebre inesperada: el principal socio de Austral Construcciones no lleva el apellido del ex presidente Néstor Kirchner sino el del actual, Maurizio Macrì. Se trata de su primo hermano Angelo Calcaterra, hijo de Pía, la única hermana de Franco y Tonino Macrì, los respectivos padres de Maurizio y Jorge Macrì. En su declaración indagatoria, Báez mencionó su asociación con la empresa macrista para las represas de Santa Cruz, pero el vínculo no fue ocasional sino permanente e incluye numerosas obras en todo el país durante más de una década. Si durante la ejecución de esas obras hubiera habido sobreprecios, habrían beneficiado a la primera familia actual. Tampoco es fácil probar tal cosa: entre 2003 y 2015, todas las obras públicas nacionales se adjudicaron por licitación con precio tope, que dificulta la cartelización que rigió durante el siglo pasado y en la que sobresalieron las Sociedades Macrì (Socma), cuyo vicepresidente ejecutivo fue el actual presidente. La inversión en obras públicas nacionales en el ciclo kirchnerista ascendió a 596.000 millones, en valores constantes, al 31 de agosto de 2015. El 56,3 por ciento o 336.000 millones de pesos, correspondió a inversión centralizada en organismos nacionales, mientras el 43,7 por ciento o 260.000 millones de pesos se descentralizó en provincias y municipios. Un tercio de la inversión centralizada (112.000 millones de pesos) fue ejecutado por una docena de empresas, con obras por montos de 5.000 millones de pesos en adelante. El 22 por ciento (73.000 millones de pesos) correspondió a otras 68 empresas, por montos que oscilaron entre 500 y 5.000 millones de pesos. Los restantes 151.000 millones de pesos, o el 45 por ciento del total, se dispersaron entre un millar y medio de empresas con montos inferiores a los 500 millones. Subieron al podio la trasnacional italiana Techint, que con 16.420 millones ejecutó el 4,81 por ciento de las obras; seguida por Electroingeniería (15.494 millones, o el 4,61 por ciento) e Iecsa, la empresa de la familia presidencial (14.050 millones o el 4,18 por ciento). En ese ranking (elaborado por el ex Ministerio de Planificación Federal, Obras y Servicios Públicos), el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recién asoma en el 40º puesto, con 1.019 millones de pesos o el 0,3 por ciento. Esta sola cifra ridiculiza la afirmación del extorsionado ex colaborador de Báez, Leonardo Fariña, quien pagó su libertad declarando contra su empleador y los Kirchner, en la justicia y en los medios asociados. Hasta ahora ha tenido más suerte que la diputada provincial jujeña de la Organización Tupac Amaru Mabel Balconte, quien fue extorsionada por el gobierno del contador Gerardo Morales para acusar a Milagro Sala y Máximo Kirchner, porque en caso contrario no sólo sería detenida ella sino también sus hijos. Balconte cumplió con las condiciones de los delincuentes y repitió el mismo libreto de Fariña, un combo que incluye declaración judicial y recorrida televisiva con periodistas merecedores de la denominación que el Ejército estadounidense da a aquellos que acompañan a sus unidades en operaciones y que en la Nueva Argentina requerirá una traducción: embedded. El mismo tratamiento intentaron aplicarle a Báez, señalándole a gritos por los medios que encarcelarían a uno de sus hijos si no se convertía en un imputado colaborador que señalara a Cristina y Máximo. El uso de los hijos para extorsionar a los padres es la operación más clásica de la mafia. En este caso fue tan soez, que hasta el fiscal Guillermo Marijuan, que no es un tibio, entendió conveniente rechazar este grado de prostitución judicial y en una manifestación que lo honra dijo que antes de privar de su libertad a una persona para forzar a otra preferiría irse a su casa. Una vez que salvó a sus hijos cumpliendo con el libreto, Balconte no soportó más y el viernes fue internada en la clínica Santa María de San Pedro, Jujuy, donde le realizaron un lavaje de estómago, en cumplimiento del "protocolo de intervención médica en caso de suicidio" y dieron parte a la justicia penal. Los mismos medios que amplificaron su falsa denuncia ocultaron sus consecuencias personales y dieron por buena la versión del operador que supervisó el cumplimiento del trato, quien dijo que Balconte se descompensó cuando tomó por error un medicamento de su madre (sic). En la clínica mencionaron hasta el número de pastillas que tomó: 27. Ni Cavallo Al Grupo Clarín, Fariña le dijo que Báez era testaferro de Néstor Kirchner y que juntos "se robaron el Producto Bruto de un año, cien mil millones de dólares". Así no se hubiera realizado ninguna obra y los 1019 millones de pesos íntegros hubieran pasado al patrimonio de Báez y/o Kirchner, la conversión de esa cifra en cien mil millones de dólares es imposible. Ni a Domingo Cavallo podría ocurrírsele ese tipo de cambio 1 peso=100 dólares. Lo más notable es que ninguno de los grandes periodistas que entrevistaron a este patético desesperado, ni los columnistas que opinaron sobre sus palabras o los encumbrados políticos que sacaron de ellas conclusiones lapidarias sobre la política y la moral hizo el menor esfuerzo por inteligir la verosimilitud de esos dichos. Los datos de Planificación se ciñen a las obras con inversión centralizada en organismos nacionales. Reconstruir las descentralizadas en provincias y municipios requeriría una investigación exhaustiva en cada uno de ellos. Pero como mera aproximación, si el porcentaje de Austral fuera el mismo en esa nómina, las obras que le fueron adjudicadas importarían otros 780 millones de pesos, lo cual no modificaría la desproporción entre las acusaciones (no probadas) y los hechos (posibles). Esto de ninguna manera equivale a minimizar la gravedad de ningún hecho en función de su magnitud, ni postular la indiferencia social ni la negligencia institucional. Sea mucho o poco, se haya cometido algún delito o no, Lázaro Báez camina sobre la misma falla sísmica que el primo Angelo Calcaterra, cuyo anuncio de puesta en venta de IECSA, justo ahora, sugiere que desearía estar lejos cuando se abriera la caja de Pandora que los rastreadores husmean batiendo la cola con simpática inconsciencia canina. Iecsa y Austral se presentaron juntas en diversas licitaciones por casi 10.000 millones de dólares, lo cual muestra un affectio societatis estable, pero sólo ganaron algunas, lo cual tampoco confirma el favoritismo que se le atribuye a Báez. Iecsa obtuvo la pavimentación de uno de los cinco tramos de la extensa ruta 9 y luego su explotación. En ambos casos, Báez lo acompañó como subcontratista. Lo mismo ocurrió en la denominada "Línea Fría" en Santa Cruz, destinada a interconectar la Patagonia con la red eléctrica nacional. En la ruta Nacional 18 de Entre Ríos se asociaron en una UTE. Báez ganó el contrato por la Ruta Provincial 20, también de Entre Ríos, pero lo cedió a Calcaterra. También fueron asociados en el Complejo Terminal de Cargas de frontera, en Paso de los Libres. Otras obras para las cuales Báez y el primo Angelo se asociaron fueron la interconexión Pico Truncado-Río Gallegos, por 118 millones de dólares; la planta Terminal de Petrobras en Caleta Paula, por 15 millones de dólares; infraestructura vial en Yacyretá por 68,5 millones de dólares y obras en la Central Nuclear Atucha por 40 millones de dólares. En cambio sus apuestas más grandes no fueron exitosas: las licitaciones para las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, por 5.000 millones de dólares y por el gasoducto del NEA, por 4000 millones de dólares, que no les fueron adjudicadas. Tampoco es fácil mostrar que haya sobreprecios en el costo proyectado de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, de 2,24 millones de dólares por cada Mw instalado, si se lo compara con el de las represas ya existentes de Chaglla, Perú (2,97 millones/Mw); Santo Antonio, Brasil (3,10 millones/Mw), Tocoma, Venezuela (3,11 millones/Mw); Sogamoso, Colombia (3,13 millones/ Mw); Simplicio, Brasil (3,26 millones/Mw)o Diamer-Basha, en Pakistán, (2,53 millones/ Mw). Por supuesto, no puede subestimarse el virtuosismo de la patria contratista argenta para renegociar contratos con aumentos de costos que siempre recaen sobre el comitente, pero aún así la diferencia sigue siendo grande, entre 13 y 45 por ciento a favor de la obra patagónica. Espejito, espejito Esta causa que llevan el fiscal Marijuan y el juez Sebastián Casanello es sólo una de las desplegadas a partir del 10 de diciembre con el propósito transparente de acorralar a la ex presidente y a otros miembros de su gobierno. Las principales que deben sumarse son aquellas que instruyen los jueces Julian Ercolini y Claudio Bonadio, con objetos que se superponen, vinculados con los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz, el propio Bonadio por las operaciones con el dólar futuro y la que se intenta reabrir por la muerte del ex fiscal general Natalio Alberto Nisman. Sobre esta arquitectura se yergue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien le cuesta discernir entre el rol de justiciero y el de juez y que se ha reunido con cada uno de estos jueces para incitarlos a proceder con energía y premura. A partir de la homilía con que inauguró el año judicial 2015, ha procurado instalar que la Argentina es el reino de la impunidad, que él y sus huestes judiciales estarían llamados a sanear, como quien ciega un pantano. El video que preparó entonces su asesora de imagen María Bourdin, de la escudería Hadad, presentó una sucesión de fotografías y filmaciones que ejemplificarían esa plaga; incluyó casos que fueron juzgados con condenas para los autores, como los crímenes de lesa humanidad, Cromañón y el accidente de Once, y otros en los que ni siquiera se estableció que existiera un delito, como la muerte del fiscal. Ninguno encuadra en la hipótesis de impunidad. El catedrático de Rafaela no se arredra por contratiempos, como la denuncia por enriquecimiento ilícito en su contra que presentó la heroína radical Elisa Carrió; la declaración del zar antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, de que pese al aumento en el consumo de estupefacientes la Argentina sigue siendo un país de tránsito pero no productor; o el arresto del ex juez federal de Orán de la Nueva Frontera, Raúl Reynoso, procesado como jefe de una asociación ilícita que vendía protección a narcotraficantes. Reynoso era el juez predilecto de Lorenzetti, quien debió excluirlo de apuro de la comisión de magistrados que creó la Corte Suprema, con la discutible intención de privilegiar la persecución de unos delitos sobre otros, cosa que no entra dentro de sus competencias y atribuciones. En las primeras semanas del nuevo gobierno, Lorenzetti citó a cuatro jueces federales a quienes Macrì les tenía particular inquina y les sugirió la conveniencia de renunciar para impedir males mayores: ellos fueron Norberto Oyarbide (el primero que procesó a Macrì por las escuchas telefónicas ilegales), Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, quienes revocaron su primera absolución en esa causa, y Rodolfo Canicoba Corral, quien se encargó de que toda la operación trascendiera. Por su parte, el ministro de Justicia Germán Garavano exige por los diarios el alejamiento de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, porque no puede conseguir los dos tercios del Senado necesarios para removerla en juicio político. Pero tampoco tiene la mayoría simple para reformar la ley del Ministerio Público, que acortaría el mandato de la Procuradora, licuaría su poder entre cuatro subprocuradores generales dependientes del Poder Ejecutivo y desvirtuaría uno de los institutos más virtuosos creados por la reforma constitucional de 1994. Lorenzetti también dispuso la creación de un observatorio en el que la Corte sistematizaría información sobre delitos de narcotráfico, trata de personas y corrupción. Esa es una denominación caprichosa que junto con el sonsonete de la impunidad, condesciende al léxico vulgar de la prensa en un llamativo nivelamiento por abajo, indicativo de la cota a la que ha caído la Corte de Lorenzetti. En el Código Penal vigente los únicos delitos de corrupción son aquellos referidos a la sexualidad en su capítulo III. El proyecto personal de Lorenzetti se refleja en las páginas que dirige en Internet su asesora de imagen y que se presenta como sitio del Poder Judicial. La cobertura realizada durante el último año, desde mayo de 2015, muestra que el 30 por ciento del espacio está dedicado a pulir, lustrar y dar esplendor al ego lorenziano; el 11,6 por ciento menciona a la vicepresidenta Elena Highton; el 4,1 por ciento al ministro Juan Carlos Maqueda y el 1,4 por ciento al ex juez Carlos Fayt. El 13,5 por ciento de las notas informa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y el 39,5 por ciento a temas varios. A juicio de Lorenzetti, el país se aproxima a una crisis como la de 2001 y en sus rumiaciones llega a afirmar que hay tres presidentes, uno por cada poder el Estado, y que sólo uno podría hacerse cargo de la primera responsabilidad en la emergencia que prevé: el pontífice de la calle Talcahuano. Macrì ha sido hasta ahora el beneficiario de este activismo, del que participa a través de Lorenzetti y de sus propios agentes, como Daniel Angelici, Fabián Rodríguez Simón y el ministro Garavano. Pero más temprano que tarde el índex acusatorio podría volverse en su contra, como espera Lorenzetti. La última semana no sólo el primo Angelo entró en foco. También fueron imputados por la operatoria con el dólar futuro el segundo de Marcos Peña Braun en la jefatura de gabinete, Mario Quintana; el director del Banco Central Pablo Curat, el asesor y amigo presidencial José Torello, partícipes en la decisión de devaluar que les reportó ganancias instantáneas. La investigación se extiende a otros beneficiarios, como el amigo-socio Nicolás Caputo y el padre Franco Macrì. Con apenas cinco meses en el gobierno aún es posible disimular las operaciones en Tribunales protestando que el gobierno no actúa sobre la justicia y confiando en los corresponsales de guerra engarzados en su dispositivo que lo repiten con la misma convicción con que The New York Times difundía en la década pasada las informaciones falsas del gobierno de su país sobre las armas de destrucción masiva que nunca existieron en Irak. ¿Se llegarán a leer en la Argentina autocríticas y pedidos de disculpa a los lectores como las que aquel diario publicó años después? Máxima tensión La extorsión oficial no sólo indujo al suicidio a Mabel Balconte. También dio lugar a una causa presentada por el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, por las amenazas contra Máximo Kirchner del contador Gerardo Morales y del fiscal de Estado y apoderado del PRO jujeño Mariano Miranda. El propio Máximo, junto con Andrés Larroque pidieron ser tenidos por querellantes a la jueza María Servini, y narraron lo sucedido en la reunión del 21 de abril de CFK con más de la mitad del bloque del FpV en el Senado. Allí la senadora jujeña Liliana Fellner "habría manifestado que ya no existen garantías constitucionales" y que eran práctica habitual las promesas de "alivianar supuestas cargas judiciales, incluso por hechos inexistentes, a cambio de involucrar a Milagro Sala y a otros dirigentes políticos en la supuesta comisión de delitos". A esa extorsión habría atribuido el cambio de su voto que se convirtió en apoyo al acuerdo con los fondos buitre, "modificado a cambio de la libertad de sus "compañeros intendentes", ya que les habían prometido "alivianarles las cargas judiciales" en las investigaciones que irregularmente se llevan adelante sobre Milagro Sala y su organización". Además Morales hizo circular entre los intendentes un escrito que debían presentar a la Justicia descargando cualquier desvío de fondos en la organización Tupac Amaru, pese a que quienes certificaban el avance de las obras y liberaban los pagos eran los intendentes. Kirchner y Larroque pidieron que se citara como testigos a los 22 senadores que asistieron a la reunión y que se pidiera al Instituto Patria cualquier grabación de audio o video sobre la reunión. Esto repercutió en la intimidad del bloque, ya que quienes asistieron hablaron con libertad confiados en que las cámaras presentes sólo tomarían imágenes para ilustrar el encuentro. Servini consideró que esta denuncia era un hecho independiente y lo remitió a sorteo, que recayó en el juzgado de Sergio Torres, quien debe decidir si la acepta. Una tercera causa, por denuncia del Comité por la Libertad de Milagro Sala, se tramita en el juzgado de Julián Ercolini. Los kirchneristas solicitan la unificación de las tres y, sobre todo, que no terminen en la justicia de Jujuy, donde el Estado de Derecho pasó a mejor vida. ¿Qué tal, cómo Lebac? Si después de algunas dudas Macrì permitió la ofensiva judicial (azuzada por los grandes medios que claman venganza, por algunos grupos económicos dispuestos a hacer un escarmiento y por sus aliados radicales en la alianza Cambiemos) es porque su política económico-social no está dando los resultados apetecidos. La revista Noticias publicó un editorial titulado "Todos presos; la receta PRO contra la inflación", en el que afirma que la búsqueda de bóvedas en el desierto constituye "el único relato que el nuevo oficialismo ha encontrado para intentar calmar a las fieras". El Banco Central redujo la tasa de interés que paga por las Lebac, de 38 a 37,5 por ciento anual. Sin desmerecer el valor de los símbolos, es tan insignificante como el auxilio que el presidente concedió a las universidades nacionales durante una seca reunión con sus rectores que no duró más de cinco minutos: la partida extra de 500 millones de pesos que les comunicó apenas ronda el 1 por ciento de su presupuesto anual, cuando sólo en el último mes la inflación dio un salto del 7 por ciento y las facturas de los servicios públicos inevitables, como agua, gas y luz, se encarecieron hasta siete veces. Hace dos semanas, el director del Banco Central Pedro Biscay dirigió una comunicación a Sturzenegger objetando la política monetaria que también perturba a De Prat-Gay. Sostiene que la inflación no baja pero los niveles de absorción monetaria por medio de la colocación de letras han alcanzado niveles exorbitantes y los títulos de deuda del Banco en pesos ya superan al circulante monetario. La tasa fijada para controlar el tipo de cambio define la tasa de referencia de la economía y desincentiva cualquier actividad productiva, que no puede competir con tal rentabilidad. Si a ello se suma la desregulación del mercado cambiario, las medidas que incentivan la dolarización de carteras, la eliminación del encaje al ingreso de capitales y su límite mínimo de estadía, la posibilidad de comprar Letras por parte de no residentes y el aumento a cinco millones de dólares por mes la formación autorizada de activos en el exterior, están haciendo del sistema financiero "un paraíso de altos rendimientos en dólares y en inversiones de muy corto plazo, incentivando operaciones de carry trade", que es el nombre elegante de la bicicleta financiera. Las Lebac´s se convirtieron en la opción más lucrativa para los bancos locales, que pagan del 22 al 29 por ciento por los depósitos y, sin riesgo, colocan esos fondos al mismo plazo en Lebac al 38 por ciento. Como gatos gordos perezosos los bancos abandonan su función crediticia y sólo se dedican a la rentabilidad especulativa. Este esquema es nocivo para la economía real y desprotege los derechos patrimoniales de los consumidores y los agentes de la producción frente a las finanzas. Esto eleva los costos de financiamiento de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas, y también afecta la estabilidad financiera, porque en un contexto de alta inflación, aumenta el riesgo de incobrables en las carteras de crédito de los bancos. Para Biscay la estabilidad financiera está ligada al crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y de la pobreza, todo lo contrario de la actual política que, además, dibuja nubes negras sobre el futuro del propio Banco Central. Esta inundación de letras condiciona su poder y en el momento en que se decidiera no renovar esos títulos a su vencimiento, se generaría una formidable expansión monetaria, el peor veneno para el credo neoliberal. Las medidas de alivio, presentadas en favor de la producción y el trabajo, son simulaciones de finalidad publicitaria, para negar que éste sea "el gobierno de los ricos", un estigma que inquieta a quienes piensan en las elecciones legislativas que ocurrirán dentro de 17 meses. Con las anheladas inversiones limitadas al endeudamiento, a las colocaciones financieras y, tal vez, a la compra de empresas en dificultades; con la retracción de las exportaciones por la recesión brasileña y la desaceleración china, y con el consumo en un letargo profundo, los tres motores de la demanda agregada están apagados y fríos como en el peor invierno. LA BÚSQUEDA DE LA UNIDAD ESTÁ AHORA EN LA   AGENDA DE LOS DISTINTOS SECTORES PERONISTAS Por la vuelta del peronismo con todos El peronismo muestra señales de dirigirse hacia un acuerdo amplio. A la confluencia de las centrales sindicales, se suma la conformación de una lista de unidad para conducir y la lectura de que el mandato recibido en las urnas fue ejercer la oposición.                                     El acto del PJ en el Teatro Avenida juntó a peronistas que transitaban                                                                                                  diferentes caminos.                                                                               Imagen: Bernardino Ávila. Por    Nicolás Lantos Abril, postuló el poeta, es el más cruel de los meses. La frase cae con el peso de una sentencia sobre el gobierno nacional, que atraviesa el trance más difícil de su todavía joven gestión. El prematuro invierno económico no solamente erosionó la relación con la sociedad sino que funcionó como un bálsamo sobre un peronismo que hasta el verano parecía ante un proceso irreversible de atomización y hoy muestra señales de dirigirse hacia un acuerdo tan amplio como no se ve desde 2008, o incluso antes, que corre desde los Rodríguez Saá hasta La Cámpora, sin solución de continuidad. Las claves son la paulatina confluencia de las cuatro centrales obreras; la conformación de una lista de unidad para la conducción del Partido Justicialista, con representantes de todos los sectores, incluyendo algunos que no formaban parte del Frente para la Victoria; y la coincidencia entre los principales referentes del espacio acerca de dos cuestiones clave: la necesidad de abrir puertas y realizar una convocatoria amplia, que contemple matices del peronismo y también otros espacios aliados; y la lectura política de que el mandato recibido en las urnas en diciembre fue ejercer el rol de opositores. "Lo importante es que los que queremos defender los derechos de los trabajadores estemos todos juntos. No somos enemigos del Gobierno sino de las políticas que lleva a cabo este gobierno en contra de los trabajadores", dijo Hugo Moyano en el acto que organizó el sindicalismo el 29, ante una multitud cuya composición se parecía bastante a lo que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner esbozó como "frente ciudadano" durante su estadía porteña: peronismo, centroizquierda e izquierda, partidos, sindicatos y organizaciones sociales. "No hay una máquina de medir quién es más y quién es menos peronista. Nadie tiene el derecho de decir quién sí y quién no. Todos están convocados", dijo José Luis Gioja unos días más tarde, al asumir como presidente del PJ, al frente de un escenario donde estaba la nueva conducción del partido, cerca de cien hombres y mujeres de todo el espectro del peronismo. Para algunos, la sorpresa de ver allí a la senadora puntana Liliana Negre fue grande, aunque no tan grande como cuando la histórica aliada de los Rodríguez Saá comenzó a cantar, a tono con el todo el teatro, el "ohhh vamos a volver". El regreso de los disidentes a la vida institucional del partido fue una tarea a varias bandas. El flamante vice del PJ, Daniel Scioli, fue quien llevó adelante las negociaciones con los Rodríguez Saá, con quienes tiene una añeja amistad. El visto bueno de los dos patriarcas le abrió lugar en la lista de consejeros nacionales a la senadora Negre de Alonso y al histórico colaborador de los puntanos Luis Lusquiños. Gioja fue en cambio el encargado de convencer a los caciques pampeanos Rubén Marín (cuatro veces gobernador de esa provincia) y Carlos Verna, actual mandatario provincial, quienes habían roto con el Frente para la Victoria en 2008 durante el conflicto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con las patronales rurales. Entre ambos también establecieron líneas de diálogo con los cordobeses José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, que siguen abiertas. Otro ámbito clave fue el Senado, donde muchos de los líderes del peronismo disidente establecieron su base de operaciones estos años, en contacto permanente con sus pares del Frente para la Victoria. El alarmante devenir de la economía, cuyas consecuencias ya golpean a buena parte de la población, fue el último empujón necesario para arrimar voluntades. "Macri pensaba que arreglando con los gobernadores cerraba el Senado, pero puede llevarse sorpresas", dijo un legislador que lleva más de una década transitando los pasillos del Congreso. En la Cámara baja, en cambio, el escenario es más difuso: el tratamiento de la ley de emergencia ocupacional, que continuará esta semana, mostrará una foto muy diferente que la que hubo hace dos meses cuando se votó el acuerdo con los fondos buitre. Sin embargo el peronismo sigue disperso. El Bloque Justicialista "por ahora no evalúa" reincorporarse al FpV, a pesar de la cercanía que tienen sus principales dirigentes con Gioja, titular del peronismo unificado. Mientras tanto, los peronistas que aún revistanen el Frente Renovador esperan a ver al resolución de este conflicto para tomar, acaso, una decisión. Advertido, su líder, Sergio Massa, busca salvaguardar su tropa y su capital político. Mientras hace malabares para salvar su vínculo con el oficialismo, tantea por las dudas una salida de emergencia que vuelva a acercarlo al peronismo. Nadie podrá acusarlo de ser muy quisquilloso eligiendo a sus interlocutores: en las últimas semanas tuvo reuniones con una amplia gama de peronistas que van desde el jefe del bloque de senadores, Miguel Angel Pichetto, hasta referentes de primerísima línea de La Cámpora. En las obras de la línea Roca El presidente Mauricio Macri aseguró que "se terminó la época en que la obra pública sólo estaba ligada a la corrupción". Fue durante una recorrida que hizo para supervisar el avance de las obras de electrificación del Ferrocarril Roca en la localidad bonaerense de Quilmes, en la que estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y por el intendente de esa localidad, Martiniano Molina. Las obras forman parte de la electrificación total de la línea Roca hasta La Plata, una obra comenzada durante el gobierno anterior que beneficiará a más de 400 mil personas. LA DIRIGENCIA PERONISTA HOMENAJEÓ AYER A  EVA PERÓN Todos unidos en el recuerdo A 97 años de su nacimiento, el PJ bonaerense la recordó en Los Toldos, su ciudad natal. "Nos diría que luchemos por los mismos derechos por los que luchó ella", dijo el titular del partido, Fernando Espinoza. Muchos peronistas la evocaron en las redes sociales. Como cada año, el peronismo bonaerense le rindió homenaje a Eva Perón en Los Toldos. Como cada año, el peronismo bonaerense le rindió homenaje ayer a Eva Perón en el 97 aniversario de su nacimiento con un acto en Los Toldos – ciudad natal de la histórica referente – que reunió a un variopinto grupo de dirigentes partidarios, quienes coincidieron que remarcar que de vivir, Evita sería opositora al gobierno de Macri. "Estoy seguro de que Evita no estaría a favor de un presidente que defiende a los más ricos y posterga a los más pobres", disparó contra Mauricio Macri el anfitrión del cónclave, Fernando Espinoza, en lo que fue el tramo más coyuntural de su discurso. Además de llamar a sus compañeros a "ponerse al frente de los reclamos contra este Gobierno, como lo haría ella", el titular del PJ provincial procuró dar muestras de la "unidad" de ese espacio: "Hoy el peronismo está más unido que nunca y eso lo demuestran ustedes cada vez que se juntan", arengó. Desde primera fila, lo siguieron dirigentes diversos del peronismo como los diputados Oscar Romero (Bloque Justicialista) y Juliana Di Tullio (FpV) y el ex precandidato a gobernador Julián Domínguez. "Si hoy Evita estuviese con nosotros, nos diría que luchemos por los mismos derechos por los que luchó ella, que sostuvo (Juan Domingo) Perón y que Néstor Kirchner vino a traer nuevamente en 2003", sostuvo Domínguez, quien manifestó a su vez que el peronismo quiere "ganar las próximas elecciones" en 2017 "para ser mayoría en el Congreso y devolverle al pueblo todos los derechos que fueron arrebatados" desde que Macri asumió la Presidencia. En sintonía, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez – sobrina nieta de Eva – llamó a "defender las conquistas" obtenidas durante el kirchnerismo "ante un Gobierno que profundiza los desaciertos para hundir a los trabajadores y llevarlos a la desesperación". A pocos días que la lista Unidad Peronista que encabezan el diputado nacional José Luis Gioja y el ex candidato a presidente Daniel Scioli sea proclamada como conducción del PJ a nivel nacional, Espinoza aprovechó para remarcar que "no hay un dirigente que sea el elegido" y llamó a sus compañeros a dejar de lado "egoísmos personales". "Acá hay militantes que son los que van a llevar al peronismo a la victoria. Eso sólo lo pueden hacer realidad todos los sectores del peronismo unido", dijo. El homenaje incluyó números musicales y un recorrido por el interior de la casa natal de Evita, donde los dirigentes dejaron ofrendas florales. Realizaron el recorrido los intendentes Verónica Magario (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Marisa Fassi (Cañuelas) y Gustavo Menéndez (Merlo), entre otros. Desde las redes sociales, el peronismo continuó reivindicando la figura de Eva durante todo el día de ayer, bajo el hashtag "EvitaEterna". "Donde existe una necesidad, nace un derecho", citó la ex ministra de Seguridad y ahora diputada Nilda Garré. La misma frase eligió Daniel Scioli, quien sumó "honremos su memoria defendiendo a trabajadores y humildes". "Su legado queda en nuestra memoria, para seguir su ejemplo de trabajo y vocación", le dedicó el gobernador de Chaco, Domingo Peppo. "Eterna en el alma de su pueblo", la definió Fernando "Chino" Navarro, del Movimiento Evita. ADELANTO DE UN LIBRO "EN TIEMPO REAL" SOBRE LA   GESTIÍN DE CAMBIEMOS Lo que hizo Macri Compilado por Ari Lijalad, Macri lo hizo es una antología de respuestas al ataque al empleo, la Justicia y la sociedad, con notas que van formando un retrato instantáneo. Como adelanto, parte del prólogo de Raúl Zaffaroni que habla de la ley bajo el macrismo. Por     Eugenio Raúl Zaffaroni Los autores de los diferentes capítulos de este libro se detienen en las medidas más significativas del actual gobierno en sus primeros cien días. Su lectura, en un juicio de conjunto, nos permite afirmar que, contra lo que una parte del electorado creyó de buena fe, no estamos viviendo una alternancia normal y saludable para la democracia, sino la pretensión de instalar un nuevo y diferente régimen. La sagrada ley democrática impone que quien gana, aunque fuera por un voto, debe gobernar. Pero un Estado de derecho debe gobernarse de acuerdo con la ley, ante la cual todos somos iguales – o, por lo menos, debemos serlo – en dignidad y derechos, como reza la Declaración Universal incorporada a la Constitución y el propio artículo 16 del texto histórico. Lamentablemente, estamos vivenciando un caos jurídico, donde el Poder Ejecutivo manipula la Justicia – o a un sector lo suficientemente decisivo de ésta  -  extorsiona al Senado nacional coaccionando a los gobernadores e intendentes, decide la coparticipación federal, legisla por decretos leyes al margen del Congreso de la Nación, despide a decenas de miles de empleados públicos impunemente, contrae deudas internacionales, negocia en condiciones dudosas, acepta condicionamientos al Congreso Nacional por parte de un juez provincial de Nueva York, alinea al país internacionalmente en consonancia con el poder mundial corporativo, estigmatiza a las universidades del conurbano bonaerense como centros de formación de militancia, desarticula organismos creados por ley y otras andanzas que sería largo enumerar, pero acerca de las que este libro ilustra sobradamente. Una verdadera democracia debe, ante todo, respetar la voluntad popular, no sólo de la mayoría sino también –y por sobre todo– de la minoría. Lo debe hacer porque el respeto a la minoría implica respeto a la mayoría, a la que nunca puede privar de su también sagrado derecho a cambiar de opinión. En este caso, además, se trata de una minoría de casi la mitad del electorado, aunque la magnitud de la minoría no sea determinante a los efectos de caracterizar a una democracia. La democracia que no guarde el debido respeto a la minoría, en rigor, deja de ser una democracia, aunque algunos la denominen democracia plebiscitaria. Es obvio que no es posible considerar democráticos a regímenes dictatoriales, como el nazi o el fascista, por mucho que hayan sido votados por una mayoría. Es bastante claro que si lo que está sucediendo puede suceder en la Argentina, es porque el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia funcionó bastante mal, por no decir pésimamente mal. Aunque hoy todas las constituciones contienen declaraciones de derechos, lo cierto es que –aunque esto sorprenda a muchos – una constitución puede no tenerla, como no la tenía la Constitución norteamericana originaria, porque la esencia de una constitución es la distribución del poder, a efectos de que ningún sector pueda hegemonizarlo y, por ende, los derechos de las minorías queden a salvo. Las declaraciones de derechos son importantes y hoy prácticamente no se concibe una constitución que no declare derechos, pero si la distribución del poder falla, la constitución falla en su función esencial y esas declaraciones quedan reducidas a expresiones de buenas intenciones declamadas líricamente. Lo que vivimos hoy es demostrativo de que esta esencia institucional ha fallado. Tenemos una Constitución, es la única que tenemos, debemos usarla y tratar de cuidarla, pero no por eso debemos creer que es buena. Al igual que si tuviésemos un vehículo defectuoso – sin la posibilidad de disponer de otro – no nos queda otra alternativa que usarlo, arreglarnos con el que tenemos, pero no por eso afirmaríamos que disponemos de un vehículo inmejorable, cuando es evidente que se detiene a cada rato y, en este caso, parece incluso que comienza a despedir humo negro del motor. En nuestra historia de diástoles y sístoles de movimientos populares que ampliaron inclusivamente la base de ciudadanía real, y de las resistencias proconsulares excluyentes que los atacaron y neutralizaron, respondiendo a intereses foráneos, estas últimas cometieron atrocidades institucionales y humanas que hacen empalidecer cualquier posible abuso de los primeros, al tiempo que se permitieron negociados de proporciones siderales, que deja reducida a una mezquina propina cualquier corrupción de los primeros. No obstante, las neutralizaciones de los movimientos de inclusión social tuvieron que pagar el costo de dejar en la historia manchas institucionales indelebles. Yrigoyen se las arregló con la Constitución histórica, porque le bastaba con hacer realidad la soberanía popular, que hasta su elección había sido burlada por completo. Para derrocarlo, la reacción excluyente necesitó esperar los efectos de una crisis mundial, pero también quebrar la Constitución histórica con un golpe de Estado brutal, que llevó al poder a un corporativista de extrema derecha, formado en el imperio alemán. La Corte Suprema firmó la vergonzosa acordada de 1930, pero también miró distraídamente hacia otro lado con los fusilamientos in situ, el sometimiento y la ejecución de civiles por consejos de guerra y otras aberraciones falsamente amparadas por la hoy felizmente desaparecida ley marcial, cuyo propio texto tantas veces se burló, para usar solo su nombre. Perón era un militar, pero inteligente, y aunque parezca que los militares no son muy cultores del derecho, como político se dio cuenta de que necesitaba otra Constitución, y se la encomendó a Sampay. Perón cayó en la cuenta de que su obra incluyente necesitaba un seguro institucional, un obstáculo normativo a la regresión, y eso fue la Constitución de 1949. Para derrocarlo, no solo fue necesario bombardear por primera vez desde el aire una capital del continente americano, ametrallar al Pueblo, fusilar sin proceso, sancionar el decreto 4161/56, sino también derogar por decreto una Constitución, con el pretexto de que la constituyente no había sido convocada con los matemáticos dos tercios de una de las dos Cámaras del Congreso. Lo curioso fue que, de inmediato, la dictadura convocó a otra constituyente, pero sin ningún voto del Congreso, que estaba disuelto. No creemos que lo normativo sea capaz de contener una violencia descontrolada, puesto que un tsunami no se detiene con normas jurídicas, como lo prueba la neutralización de la Weimarer Grundgesetz por el nazismo, pero por lo menos debe reconocerse que constituye un fuerte obstáculo y su remoción deja siempre una mancha imborrable en la historia, carga al violador con un estigma que no se olvida fácilmente, requiere de su parte un esfuerzo que lo ensucia para siempre. Pero ahora hemos llegado a la situación regresiva sin que quienes hegemonizan todo el poder carguen con ningún estigma, aunque en verdad, debe reconocerse que en este brevísimo tiempo han realizado un considerable esfuerzo por hacerse de él en la gestión misma. De todos modos, su llegada al poder no los mancha, el esfuerzo incluyente se vio frustrado por primera vez en nuestra historia, sin costo institucional. Dejando de lado la campaña de medios monopólicos y el actual blindaje mediático por parte del mismo monopolio, lo cierto es que se hicieron del poder absoluto solo ganando una elección por un puñado de votos. La llegada no tuvo costos análogos a los de 1930 ni a los de 1955 debido a que el modelo incluyente no había montado sus propias defensas institucionales, adecuadas al poder planetario de las corporaciones trasnacionales, característico de este momento y de esta etapa y modalidad del colonialismo en fase avanzada. Por ende, quedó en una clara situación de vulnerabilidad ante el empellón regresivo. No tenemos una Constitución que garantice los derechos de la minoría y, por ende, tampoco los de la mayoría. El sistema de pesos y contrapesos en el poder está fallado, la mitad del Pueblo carece de todo poder jurídico. ¿Fue esto un error? No dudamos de que lo fue, aunque como atenuante debe reconocerse que ese descuido, en alguna medida, respondió al hecho de que nuestro Pueblo no tenía mucha fe en el derecho y, por ende, se pensó quizá que un proyecto institucional no hubiese movido multitudes y hubiese chocado con obstáculos difíciles de sortear. Esa escasa fe en el derecho no es producto de ignorancia ni signo de inferioridad, como podrían afirmar algunos selectos intelectuales adueñados de la verdad elitista. Se trata del resultado natural de una larga experiencia histórica en la que el derecho siempre fue mentiroso con el Pueblo, hasta hipócrita podría decirse. Así sucedió desde que Isabel la Católica entregaba a los indios a los encomenderos para que los adoctrinasen – y todos sabemos que los esclavizaron – hasta la Constitución de 1853-1860 que garantizaba la soberanía popular, pero el Pueblo quedó al margen de todo protagonismo político y fue burlado por el fraude primero y por proscripciones de los partidos mayoritarios después. Aquí los peores crímenes se cometieron en nombre del derecho, de la República, de la democracia y hasta de la Constitución. La máscara del derecho hizo que nuestro Pueblo desconfiara siempre de su invocación; razones no le faltaban. Muchas veces hemos escuchado el comentario: los alemanes creen en el derecho, lo respetan, nosotros no. Tienen razón en creer en el derecho, porque, aunque pasaron atrocidades, nadie los engañó: el emperador fue de un imperio, la República de Weimar fue democrática, Hitler fue nazista, la DDR fue comunista, etc. Nadie, ni bueno ni malo o peor, se disfrazó de nada ni invocó nada diferente a lo que hizo, hayan sido aciertos o atrocidades. Pero esa no es nuestra experiencia, donde la máscara del derecho fue usada por las peores dictaduras, por los personeros del colonialismo, donde todos se disfrazaron incluso de liberales, como si las francesas que hace más de dos siglos avanzaban cantando "La Marseillaise" hubiesen estado en las cabinas de los aviones que bombardearon Plaza de Mayo (...). No obstante, creemos que esto ha variado en buena medida en los últimos treinta años; hoy gran parte del Pueblo sabe que debajo de las formas hay algo que es derecho y que también se esconde el no derecho. No se trata de una mera impresión y menos aún de una expresión de deseos, sino que este cambio se puede verificar en las protestas, en los reclamos de diferentes sectores, que se quejan de la inoperancia o arbitrariedades de la Justicia. Esos reclamos han corrido el velo de opacidad que cubría los estrados y todo lo que allí sucedía, lo critican, pero no para romper todo, sino para reclamar derecho. No abrigamos duda acerca de que la pulsión incluyente volverá a triunfar en algún momento, porque los Pueblos no se quedan quietos, y menos el nuestro, que ha generado una fuerte tradición popular y nacional (...) No olvidemos que venimos de una historia constitucional complicada y accidentada. La Constitución de 1853 dejó abierto un problema hasta el presente: hoy lo llamamos coparticipación federal; en aquel momento se llamó la aduana y determinó la segregación de Buenos Aires hasta los hechos que culminaron en 1860; una historia no muy feliz, por cierto. En 1949 entramos al constitucionalismo social, pero en 1956 se derribó esa Constitución para engancharnos en el sistema financiero mundial y, de inmediato, una constituyente mal nacida le agregó el famoso artículo 14 bis, como cuña de extraña madera. Una dictadura posterior le introdujo reformas temporales, que se disolvieron con el golpe de 1976. En 1994, el afán reeleccionista del momento dio lugar a una reforma que, luego de obtenido el despacho que se buscaba, se terminó a las apuradas, con instituciones mal definidas y perfiles difusos, que buenos problemas ha causado. En la urgencia final, tuvo al menos la virtud de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos al texto. Los derechos sociales, eliminados en 1949, volvieron a la Constitución por la insólita vía del derecho internacional, aunque algunos juristas quieran hoy neutralizarlos con argumentos de doble derecho, que hizo propios el colonialismo británico en la última posguerra. Esta historia, que refleja de alguna manera nuestras tribulaciones, llega hoy a una crisis mediante el caos jurídico creado por el actual gobierno, lo que no puede menos que convencernos de una buena vez de la necesidad y urgencia de una profunda refundación institucional de la nación. http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html