lunes 09 de mayo de 2016
NO ME MOLESTE MOSQUITO
DOS SANITARISTAS DENUNCIAN LA FALTA DE PREVISIÓN Y LA
INACCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL EN TORNO AL DENGUE
"Es una vergüenza lo que están haciendo"
Ginés González García y Hugo Spinelli coincidieron en criticar la falta de respuesta integral. Objetan que se haya delegado en las personas la prevención, que se minimizara el problema, que no se atacara los focos y que no se hiciera suficiente campaña.
El ex ministro de Salud Ginés González García y
el director del Instituto de Salud Colectiva de la
UNLa, Hugo Spinelli.
Mientras ya son 11 los muertos por el dengue desde que comenzó la epidemia, se multiplican los casos en el país aunque no entren en la estadística oficial: solo le aplican el reactivo para confirmar si se trata de la enfermedad a 1 de cada 10 pacientes que llegan a los hospitales con la sintomatología típica, lo que demuestra que el número oficial de 35 mil casos confirmados constituye un subregistro enorme. Así lo admitió ante Página/12 el propio viceministro de Salud de la Nación, Néstor Pérez Baliño: "El número total de afectados ya no tiene valor", se desentendió el funcionario. ¿Cómo se llegó a la peor epidemia de dengue en la historia del país? Dos reconocidos especialistas consultados por este diario coincidieron en señalar que el origen está relacionado con lo que el gobierno nacional hizo y lo que dejó de hacer. "Es una vergüenza lo que están haciendo. No es incompetencia, es desidia", criticó el sanitarista y ex ministro de Salud Ginés González García sobre la falta de una respuesta integral para enfrentar el problema. "El Estado está delegando en cada persona la responsabilidad de la prevención, al pedir que cada uno descacharrice y se ponga repelente. Los estilos de vida sirven para culpabilizar a la víctima", cuestionó Hugo Spinelli, director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, quien consideró además que las muertes registradas hasta el momento "podrían haberse evitado".
"Cada paciente con dengue es un reservorio del virus. Se deben atacar los focos para mitigar la epidemia. Porque si un mosquito Aedes aegypti lo pica va a convertirse en transmisor del virus al picar a otra persona. Pero el Estado nacional se desentendió del problema. Declararon la epidemia de dengue y ningunearon el problema. El gobierno hizo una publicidad muy simple. Y concibe como si fuera responsabilidad de cada uno que no haya mosquitos en su casa. No fumigaron ni distribuyeron insecticidas en las provincias. El Ministerio de Salud tuvo una actitud indiferente y no se hizo cargo de una epidemia nacional. Debería haber mantenido la fumigación de los focos, especialmente en los espacios públicos y los barrios carenciados. Brasil incorporó al Ejército para controlar la epidemia", objetó el ex ministro de Salud del gobierno kirchnerista.
Para Spinelli, el Estado no puede delegar la responsabilidad de prevención en los individuos, con mensajes de descacharrar y ponerse repelente. "La medicina dominante transforma las vulnerabilidades sociales en riesgos individuales", objetó. También cuestionó que cada persona afectada no tenga conocimiento de cuál cepa la afectó. El problema es que si la gente desconoce qué cepa la afectó en esta oportunidad, y vuelve a tener dengue en el futuro con una cepa distinta, podría desarrollar dengue hemorrágico, una versión más virulenta de la enfermedad, que puede llegar a ser mortal, advirtió Spinelli. "Se le debería informar a la población que no se le va a realizar el test que determine la cepa. El gobierno debería aclarar a quién le aplican el reactivo y a quién no", consideró Spinelli.
La denuncia de un gremio docente en la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de la falta de iniciativa oficial. Desde Ademys, que agrupa a profesores de escuelas medias y superiores, reclaman desde marzo que el gobierno porteño realice fumigaciones "sistemáticas" en los colegios, sobre todo aquellos rodeados de parques, y que además entregue repelente tanto a docentes como al alumnado. "Estamos viendo casos de dengue en casi todas las escuelas, en docentes y en alumnos. El 31 de marzo se murió una maestra de Barracas, Laura López. Fue diagnosticada en el Hospital Muñiz y luego derivada al Méndez, donde fue mal atendida. Tenía diabetes, pero el dengue la mató", contó a este diario María Isabel Grau, secretaria de prensa del sindicato. El reclamo por fumigaciones y repelente no tuvo eco en el gobierno del PRO.
Desde la cartera de Salud, Pérez Baliño adjudicó a la gestión kirchnerista la falta de acciones de prevención durante 2015, consideró que "el índice de mortalidad es muy bajo" y afirmó que la epidemia ya está "en la rama descendente", debido a la llegada del frío.
Sin reactivo
Jorge vive en el conurbano, es enfermero y trabaja desde hace más de tres décadas en un hospital porteño. Tres semanas atrás empezó a tener un cuadro febril, típico del inicio del dengue: tuvo entre 38,5 y 39 grados varios días. Y se le sumaron dolores articulares, sin ningún otro foco agregado. Seis días después de caer enfermo fue al Hospital Santojanni a consultar. Le realizaron análisis de sangre, pero no de serología para confirmar cuál cepa lo había afectado. Le explicaron que solo le aplican el reactivo a 1 de cada 10 pacientes con síntomas de dengue. Lo mismo ocurre en otros hospitales en el país. Salvo que la persona afectada tenga alguna otra patología asociada, como por ejemplo, diabetes. Jorge no sabe cuándo fue picado por el mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus. Pero se enteró de que un vecino, que tiene un vivero, también tuvo los mismos síntomas unos días antes que él. Le preocupa no saber qué cepa lo afectó. Se sabe, por el momento, que en el país está circulando la 1, que es la más benigna, igual que en el resto de la región. Después de que cayera enfermo con dengue, Jorge no recibió ninguna visita en su domicilio, en el conurbano, para fumigar su casa y las áreas aledañas.
Subregistro
Según informó el Ministerio de Salud, desde el 3 de enero y hasta el 30 de abril - último registro disponible - se notificaron 63.952 casos con sospecha de dengue (incluyendo probables, confirmados, descartados y en estudio). De ellos, 32.441 corresponden a casos confirmados o probables autóctonos distribuidos en 15 jurisdicciones del país, mientras que 2.551 corresponden a casos confirmados y probables importados, distribuidos en 23 provincias. Se descartaron 14.035 casos y permanecen en estudio 14.925. Los datos indican que en las primeras 17 semanas de 2016, desde que se declaró la epidemia, los casos acumulados superan casi en un 32 por ciento a los registrados en el 2009 para el mismo período. La diferencia entre ambos años para el mismo período es menor a la registrada en las pasadas semanas -que daban cuenta que superaban el 70 por ciento a los del 2009- a expensas del menor número de notificaciones observadas desde la semana del 13 al 19 de marzo. Hasta el momento, indica el parte oficial, "se reportaron 11 pacientes fallecidos con dengue que están siendo evaluados para su clasificación final". Esta es la peor epidemia de dengue de la historia argentina. Pero el subregistro de casos, en realidad, sería altísimo.
-Si no le aplican el reactivo a todos los pacientes con síntomas de dengue, ¿esa cifra no es mentirosa? -observó este diario en diálogo con el viceministro de Salud.
-Las epidemias tienen tres etapas: la de prevención, la segunda, cuando ya llegó, de contención, y la tercera, de mitigación, tratar de que la gente no se muera. Estamos en esa etapa. El número de casos pierde valor. No es necesario aplicarles el reactivo a todos los pacientes para conocer la serología -respondió el funcionario.
Se realiza el análisis cada diez casos, para confirmar qué cepa sigue circulando. Las provincias más afectadas, señaló Pérez Baliño, son Formosa y Misiones. Pero la transmisión sostenida del virus se mantiene, de acuerdo con el reporte semanal del Ministerio, en las provincias de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Por otra parte, se verifica transmisión circunscripta a localidades, barrios o conglomerados con casos autóctonos y probables en Catamarca y Tucumán, y casos aislados autóctonos en La Rioja.
Por debajo de los 12 grados de temperatura el mosquito adulto ya muere, pero las larvas, no, (pueden sobrevivir hasta un año sin agua y resisten temperaturas bajas), con lo cual, indicó Pérez Baliño, entre julio y agosto deberían comenzar las tareas de prevención, eliminando los reservorios donde puedan permanecer. Será tarea para cada hogar.
ANDREA GAMARNIK, INVESTIGADORA SOBRE EL DENGUE
"Las medidas sobre la marcha nunca alcanzan"
Fue premiada por descubrir cómo se multiplica el virus. Aquí, explica las medidas que debieron tomarse para evitar la actual magnitud del problema. Y alerta sobre lo que hay que hacer con la llegada del frío.
"La epidemia que estamos enfrentando ahora es la peor de la historia en Argentina. El dengue es un problema serio, una vez que empiezan los casos no hay forma de pararlo, es explosivo y las medidas que se toman sobre la marcha nunca alcanzan", dice Andrea Gamarnik, investigadora principal del Conicet y jefa desde hace 15 años del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir (FIL). Unas semanas atrás fue galardonada en París con el Premio Internacional L'Oreál-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia" por "sus importantes descubrimientos sobre los mecanismos de multiplicación del virus del dengue". Esta científica, que creció en un barrio del sur del conurbano, fue a la universidad pública, y pudo estudiar, dice, gracias a su gratuidad, es reconocida por su excelencia y su lucha por la igualdad de género en las ciencias. En una entrevista de Página/12, poco antes de subirse a un avión rumbo a Nueva York, respondió sobre el problema del dengue en el país, analizó las medidas que debieron tomarse para enfrentarlo y no se tomaron, se refirió al lugar de las mujeres en el mundo científico y a la actualidad de la ciencia con el gobierno macrista. "El ministro Lino Barañao expresó su intención de mantener las políticas científicas iniciadas con el gobierno anterior. Pero esa intención debe ir acompañada con hechos concretos. Hasta el momento lo concreto es que los sueldos de los becarios e investigadores han disminuido estrepitosamente", denunció y advirtió que esta situación puede generar una nueva fuga de cerebros, como la que ocurrió durante el menemismo. "En los últimos 10 años se logró la repatriación de una gran cantidad de científicos pero la situación actual los está volviendo a echar", señaló.
Tiene 51 años y vive en el barrio porteño de Parque Patricios. Cuenta que está casada gracias al matrimonio igualitario. Gamarnik vivió nueve años en San Francisco, California. Regresó en 2001, cuando el Instituto Leloir abrió un concurso para incorporar gente nueva y ella pudo presentarse. Hacía tiempo que quería volver al país pero no podía, porque la carrera del Conicet estaba cerrada. Volvió con la idea de llevar adelante una investigación que tuviera impacto en el entramado social y al mismo tiempo, formar recursos humanos en virología en el país. "Creo que mi vuelta tuvo un componente ideológico importante", destaca.
En Estados Unidos trabajó en relación al virus de la polio, de la hepatitis C y del sida. "Pero cuando decidí volver pensé en trabajar en un virus que fuera relevante para nuestro país. En el 2001 el dengue ya era un problema de salud importante en gran parte de América Latina. Por eso tuvo sentido para mí volver a Argentina para trabajar en ese virus. Ahora el dengue es el virus más importante trasmitido por mosquitos a nivel mundial. Esto se debe a la cantidad de personas infectadas sumado al impacto socioeconómico que tiene. A pesar de esto aún no hay medios efectivos para controlarlo", subraya Gamarnik.
–¿Cuáles medidas debieron tomarse una vez declarada la epidemia y no se tomaron?
–El dengue no se frena en las fronteras. Ya estaba en el norte del país desde hace muchos años, pero la epidemia que estamos enfrentando ahora es la peor de la historia en Argentina. El dengue es un problema serio, una vez que empiezan los casos de dengue, no hay forma de pararlo, es explosivo y las medidas que se toman sobre la marcha nunca alcanzan. Es indispensable estar preparados antes de que comience un brote. Por ejemplo, ahora en mayo comienza el frío y empezarán a disminuir los casos de dengue, pero es precisamente cuando es necesaria la organización. Hay mucha experiencia en otros países de América Latina que Argentina puede tomar para no cometer los mismos errores. Se requiere armar equipos de trabajo que vigilen la presencia de vectores, en este caso el mosquito Aedes aegypti, se necesita generar la capacidad para responder a la demanda de diagnóstico, de profesionales de la salud entrenados. En fin, se requiere pensar en el tema en forma estratégica. Esto no se hizo antes de la epidemia de este año. Evidentemente el dengue entró en nuestro país y no hay vuelta atrás. Por esto hay que exigir a las autoridades de Salud Pública a nivel nacional que se tomen medidas preventivas para el próximo verano.
–¿Cómo recibió el premio L'Oreal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia ? ¿Qué significa para usted?
–El premio me da orgullo por haber llevado adelante un proyecto de investigación de alta calidad científica en nuestro país. Es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo desde hace 15 años en el Instituto Leloir sobre el virus del dengue. Pero además, este es un premio que promueve la participación de las mujeres en ciencia y pone en evidencia la problemática de género en el campo de la investigación científica, donde las mujeres encuentran obstáculos permanentes para llegar a posiciones de liderazgo.
–¿Sintió a lo largo de su carrera discriminación por el hecho de ser mujer?
–Durante mi carrera vi numerosas situaciones de discriminación. En la época en que empecé, cuando aún estaba estudiando en la universidad, fines de los 80, me enfrenté a que la directora del laboratorio donde quería entrar a trabajar prefería no incorporar mujeres para hacer el doctorado. Fue un golpe duro. Entré de todas formas a esa misma cátedra pero con otra persona, quien acordó firmar los papeles para mi beca. Una vez que empecé a trabajar me llevó casi un año demostrarle a la directora del laboratorio que tenía capacidad y motivación para hacer investigación y ahí recién me aceptó. En ese momento lo sentí como un logro, haber podido cumplir con mi objetivo. Mirando para atrás, me parece terrible haber transitado ese camino.
–¿Cuál diría que es el problema en la actualidad en términos de discriminación de género?
–El problema que enfrentamos en el ámbito científico es la falta de mujeres en posiciones de liderazgo. Esos puestos están ocupados mayormente por hombres pero hay muchas mujeres científicas en nuestro país que hacen un trabajo formidable. El tema es complejo, ya que es una sumatoria de factores. Hay un componente cultural relacionado con los estereotipos de género que lleva a una percepción de la sociedad de que las mujeres no están capacitadas o no tienen las aptitudes para liderar proyectos científicos. Esta construcción cultural en una sociedad patriarcal como la nuestra condiciona a las mujeres a seguir una carrera científica o, una vez en la carrera, condiciona a plantearse el desafío que representa aspirar a un cargo de liderazgo.
–¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
–La libertad de pensar. La posibilidad de descubrir algo nuevo usando el razonamiento junto al trabajo experimental. Nuestro trabajo es muy creativo, es apasionante. No solo cuando llegamos a un descubrimiento sino también son fascinantes los procesos de elaboración, los intercambios de ideas con los integrantes de mi laboratorio, los debates, el diseño de experimentos para trazar el camino a seguir. Me encanta el trabajo en equipo, contribuir a la formación de investigadores jóvenes, ver como adquieren un pensamiento y criterio propio. Por supuesto que al final es gratificante cuando hacemos aportes al conocimiento, en nuestro caso aportes para entender cómo funciona el virus del dengue a nivel molecular. Yo no hubiera podido estudiar si no hubiera sido que la UBA es una universidad pública. El haber tenido esa oportunidad fue una fuerte motivación para volver al país después de casi 9 años en Estados Unidos. Mi equipo de trabajo actual está formado por investigadores jóvenes de distintas universidades del país y es gente brillante, muy preparada, con gran entusiasmo y motivación para la investigación. Siento en lo personal que cierra el círculo de devolver al país la oportunidad que me dio de estudiar.
–¿Cómo ve la política científica del gobierno de Mauricio Macri?
–Desde la creación del Ministerio de Ciencia se han realizado enormes esfuerzos para la puesta en marcha de proyectos estratégicos para nuestro país, la construcción de nuevos institutos, formación de recursos humanos, repatriación de investigadores del exterior. El ministro Lino Barañao expresó su intención de mantener las políticas científicas iniciadas con el gobierno anterior. Pero esa intención debe ir acompañada con hechos concretos. Hasta el momento lo concreto es que los sueldos de los becarios e investigadores han disminuido estrepitosamente. Un profesional universitario que comienza su doctorado tiene un sueldo de 11.000 pesos, y un investigador destacado en su área de trabajo con más de 20 años de experiencia y reconocimiento internacional gana alrededor de 26.000 pesos. ¿Cómo hacer para que los investigadores quieran seguir trabajando en el país cuando se enfrentan a esta realidad? Por otro lado, los subsidios para realizar tareas de investigación se perciben en pesos, mientras que gran parte de los insumos de laboratorio hay que adquirirlos en dólares. Lo que hace imposible llevar adelante el trabajo propuesto. En los últimos diez años se logró la repatriación de una gran cantidad de científicos pero la situación actual los está volviendo a echar. Para mantener la política científica, si eso es lo que pretenden las nuevas autoridades, se requiere de algo más que buenas intenciones. Se requiere de un presupuesto que permita llevarlo adelante. Espero que el gobierno no reaccione demasiado tarde ya que construir lleva muchos años pero para derrumbar se necesita muy poco.
En el Muñiz "asistimos el 20 por ciento de casos autóctonos de la Ciudad y uno de cada cuatro que llegan del Conurbano; desde el 1 de enero fueron 5000 pacientes con síndrome febril, que vienen a tres o cuatro consultas (cada 48 horas): ese es el impacto que vivenciamos", informó el infectólogo Tomás Orduna, jefe del servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical y coordinador de Medicina del Viajero.
Según el infectólogo, los 7000 casos entre Capital Federal y Conurbano, respecto del millón que reportó la ciudad brasileña de San Pablo, son "un botón de muestra, un entrenamiento en dengue para pensar lo que puede ocurrir en algún momento" con la circulación virológica, que está condicionando la salud.
Por cada caso sintomático, los infectólogos calculan multiplicando por cuatro los sintomáticos totales, la mayoría de los cuales no concurre al hospital; y por 14 los asintomáticos, que son aquellos que no presentan síntomas notables pero sin embargo ponen en circulación al virus, al ofrecerle un reservorio humano.
En promedio, los pacientes cursaron la enfermedad durante 12 días, con 10 jornadas de perdida laboral y seis de escolaridad, lo cual plantea, ante la previsión de nuevas epidemias, evaluar las ventajas de la inmunoprotección a través de vacunas.
"La vacuna de dengue se recomienda que se administre antes de la ocurrencia de un brote, porque está diseñada para tener tres dosis, separadas por seis meses", dijo la infectóloga Carmen Deseda, pediatra en San Juan, Puerto Rico, y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.
Son cuatro las vacunas que están en desarrollo o en curso a nivel mundial, ninguna de las cuales están validadas todavía para su uso en Argentina.
CADA VEZ SURGEN MAS PRUEBAS DE LAS OPERACIONES DE LA
OFFSHORE DE MAURICIO MACRI EN BRASIL
Hace agua el relato oficial sobre Fleg Trading
Fleg Trading ingresó en Global Collection Service do Brasil-Pago Fácil en enero de 2003 a través de Owners do Brasil Participacoes, una inversora del holding familiar donde la empresa offshore de Macri tuvo una participación mayoritaria.
Mauricio Macri dijo que Fleg Trading no llegó a operar en Brasil, pero su actividad fue intensa.
Por Tomás Lukin
La firma offshore Fleg Trading, sociedad radicada en Bahamas donde el presidente Mauricio ocupó el cargo de director, no solo estuvo activa en Brasil sino que formó parte de la estrategia societaria del Grupo Socma para instalar Pago Fácil en el país vecino. Hasta ahora ese vínculo se había mantenido oculto ya que el desembarco de Fleg Trading en esa compañía se dio en 2003 a través Owners do Brasil Participacoes: una inversora del holding familiar donde la offshore encabezada por Franco Macri junto con sus hijos Mauricio y Mariano mantuvo una participación mayoritaria en el capital. Cuando estalló el escandalo de los Panama Papers, el mandatario informó que la firma encabezada por su padre fue creada en 1998 para "extender Pago Fácil a Brasil" pero aseguró que la empresa quedó inactiva porque esa operación nunca se concretó. "Ni siquiera tuvo cuenta corriente la sociedad, con lo cual fíjense lo poco que llegó a operar", esbozó Macri a comienzos de abril. La documentación de la Junta Comercial del Estado de San Pablo a la que accedió Página/12 contradice definitivamente el relato oficial.
A través de los registros comerciales paulistas este diario reveló en abril cómo el grupo Socma puso en marcha Pago Fácil en Brasil a comienzos de 2001. El emprendimiento que según afirmó el Gobierno nunca se llevó a cabo fue canalizado con una subsidiaria del holding llamada Global Collection Service. Aunque afirman que el negocio nunca prosperó, la puesta en marcha de Pago Fácil en Brasil fue confirmada a este diario por ex directivos de Socma. En segundo lugar, la publicación del Comprobante de Inscripción de Fleg Trading en el país vecino demostró la registración formal de la offshore para diciembre de 2002. Esa información dejó en offside la explicación de Macri pero hasta ahora no se habían hallado vínculos directos entre el negocio de Pago Fácil y la compañía radicada en Bahamas ni operaciones de la offshore en Brasil.
Novedades offshore
Creada en 1998 con la colaboración del estudio panameño de Mossack Fonseca, Fleg Trading ingresó en Owners do Brasil Participacoes en noviembre de ese mismo año, un dato hasta ahora ignorado. La empresa offshore de acuerdo a la versión oficial estuvo inactiva fue admitida como "Socio Gerente" con una participación valuada en 11.715.449 de reales. Su desembarco en la firma brasileña del holding Macri coincidió con la salida de Socma Americana, empresa argentina utilizada por el grupo en el exterior que tenía un capital de 11.316.010 de reales.
Aunque ese "cambio" de dueños incrementó levemente el capital social de Owners, cinco semanas después del ingreso de Fleg Trading la compañía le informó a las autoridades brasileñas una redistribución de sus acciones y la reducción en el capital que pasó de 11,7 a 1,4 millones de reales. El semanario Tiempo Argentino publicó ayer una investigación que deja al descubierto el destino de esos fondos y la intensa actividad de Fleg Trading en Brasil a través de Owners do Brasil Participacoes. Allí se afirma que, una vez radicada en Brasil, la offshore bahameña de Macri se utilizó para cancelar un préstamo otorgado en 1996 por el Hotel Nuraghe Protorotondo. El establecimiento era propiedad de Giorgio Nocella, productor cinematográfico e íntimo amigo de Franco Macri.
Los archivos consultados por este diario corroboran la versión sobre la descapitalización de Owners do Brasil Participacoes: "Considerando excesivo para las operaciones de la sociedad el capital de la misma, los socios decidieron reducir el Capital Social por un monto de 10,3 millones de reales entregando a título de devolución del capital de forma proporcional a la participación societaria a los socios cuotistas los derechos del crédito que la sociedad posee resultante del contrato celebrado el 6 de mayo de 1996 y sus aditamentos posteriores con la empresa Hotel Nuraghe Protorotondo", afirma la empresa en la alteración de su contrato comercial realizada tras el desembarco de Fleg Trading. Sobre el monto total de la descapitalización, una cifra cercana a los 8 millones de reales fueron transferidos y utilizados por Nocella para financiar la apertura de una sucursal de Iter Producciones en Buenos Aires.
Mamushkas brasileñas
Los registros comerciales paulistas no solo revelan que Fleg Trading tuvo actividad en Brasil sino que dejan al descubierto su participación en el desarrollo de Pago Fácil. Los dos elementos negados de cuajo pr Macri. Aunque ya había desembarcado en el país vecino, la empresa bahameña fue inscripta formalmente en Brasil recién en diciembre de 2002. De acuerdo a los registros del Catastro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda del país vecino la recibió el CNPJ 05.456.410/0001-65. Concretado el trámite la empresa offshore concretó en enero de 2003 su desembarco en Global Colletion Services-Pago Fácil. No lo hizo con nombre propio sino a través de Owners do Brasil Participacoes. Ese esquema de cáscaras ofrece una herramienta adicional para garantizar la opacidad de la operatoria de las empresas que las bases de datos públicas del país vecino empiezan a desnudar.
Entre los directivos a cargo de las operaciones de Owners do Brasil Participacoes-Fleg Trading y Global Collection Services-Pago Fácil se repite en ambas empresas el nombre de Iván Santos de Nadai, ex gerente de importaciones de Sevel que fue procesado en la causa por contrabando. Cuando quedó implicado en la investigación judicial Santos de Nadai fue retirado de ambas empresas del holding y reemplazado p el hermano menor del presidente y compañero en el directorio de la bahameña Fleg Trading, Mariano Macri. El empresario radicado en Brasil fue asignado como administrador de Global Collection Service do Brasil el 25 de marzo de 2004 de acuerdo a la Ficha Catastral Completa de la compañía. Tres meses después, Mariano también quedó como gerente en Owners do Brasil Participacoes.
SE AGUDIZAN LAS DISPUTAS EN EL EQUIPO ECONÓMICO
ANTE LA FALTA DE RESULTADOS
Sin rumbo y a los codazos
Sturzenegger insiste en mantener la tasa de interés alta para evitar presiones inflacionarias, mientras Prat-Gay cuestiona su efecto recesivo. Melconian toma distancia de los créditos hipotecarios que impulsa el titular del Banco Central.
Prat-Gay, Sturzenegger y Melconian con recetas diferentes para salir a flote.
Por Federico Kucher
Las internas entre los funcionarios del equipo económico de Mauricio Macri empezaron a tomar fuerza en las últimas semanas. El nivel de la tasa de interés que rinden las Lebacs es uno de los principales puntos de discusión entre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el titular del Palacio de Hacienda, Alfonso Prat Gay. El primero insiste en mantener la tasa alta para evitar presiones sobre la inflación, mientras que el segundo asegura que es tiempo de bajarla para no potenciar el enfriamiento de la economía. Pero el 37,5 por ciento de las Lebacs no es el único foco de discusión en el elenco estable de funcionarios de Cambiemos. Sturzenegger también enfrenta las críticas del presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, quién es uno de los economistas más escuchados por Mauricio Macri. El Banco Nación, que explica más del 50 por ciento de los activos de todo el sistema financiero, se negó a ingresar a los planes de créditos indexados por inflación propuestos por el Central y comenzó a armar su propio esquema de préstamos hipotecarios, en donde las cuotas ajustarán en función de la evolución de los salarios.
Las Lebacs fueron la estrategia central de la autoridad monetaria en los últimos meses para contener la emisión, restar presiones sobre el tipo de cambio y, según las autoridades del Central, controlar el proceso inflacionario a través de la tasa de interés, en un esquema que transita hacia los modelos de metas de inflación que aplican otros países de la región. El costo de esta estrategia fue subir la tasa de interés que rinden las Lebacs hasta el 38 por ciento. En lo que va del año, la entidad a cargo de Sturzenegger pagó más de 40 mil millones de pesos en concepto de intereses generados por estos títulos y el monto para todo 2016 subiría a más de 200 mil millones, una cifra que equivale a la tercera parte de la base monetaria. La crítica del ministerio de Hacienda no se vincula únicamente al enorme pasivo que ha generado este esquema de bicicleta financiera alentado desde la autoridad monetaria, sino que se concentra en el incremento sobre el costo del financiamiento para los consumidores y empresas que provocó la suba de más de 10 puntos porcentuales en el rendimiento de Lebacs. Para tomar un ejemplo, las líneas de crédito personal para consumo pagaban una tasa del 35 por ciento a mitad del año pasado, mientras que ahora el costo de estos préstamos ascendió a 42 por ciento. "Lo que falta es que el Banco Central, que es una entidad independiente, encuentre cuál es el momento ideal para hacer el recorrido de tasas a la baja, pero no hay duda de que eso va a ocurrir más pronto que tarde", dijo Prat Gay en los últimos días dando un mensaje directo al titular del Central. Pero por el momento Sturzenegger sólo tuvo un gesto diplomático, al hacer pasar la tasa de 38 al 37,5 por ciento, una reducción que no alcanza para modificar costos del financiamiento para la población.
Los conflictos internos entre los funcionarios de Cambiemos acerca de cómo llevar adelante la política económica fueron más allá del nivel de las tasas y se observaron también en el caso de los créditos para la vivienda a la clase medida. Esta fue una de las promesas de campaña de Mauricio Macri que, a diferencia de lo ocurrido con la unificación del tipo de cambio y la quita de retenciones, todavía no ha se ha concretado. Sturzenegger lanzó en el último mes una normativa para que los bancos comerciales empiecen a ofrecer préstamos hipotecarios con cuotas indexadas por el nivel de precios minoristas. Hubo varias entidades públicas y privadas que se comprometieron a promocionar los créditos, pero a más de tres semanas del anuncio no se han concretado operaciones. El detalle llamativo fue que el Banco Nación, la entidad financiera con mayor proporción de depósitos de todo el sistema, no acompañó la propuesta de la autoridad monetaria, quedando fuera de la lista de bancos adheridos al plan de créditos ajustables por inflación. En los últimos días desde el Banco Nación fueron aún más lejos y anticiparon que ya trabajan en una contrapropuesta a los créditos del Central. La entidad pública lanzará en el corto plazo financiamiento para adquirir una vivienda con cuotas ajustadas a la evolución de los salarios. Melconian ya le había advertido a Sturzenegger que sacar créditos indexados por precios no tenía sentido hasta que baje la inflación, la cual lejos de desacelerar continúa en alza, con abril cerrando por encima del 7 por ciento, la cifra más elevada para un mes de los últimos 14 años.
EL GOBIERNO DE MACRI VOLVIÓ A CARGAR CONTRA LA LEY
ANTIDESPIDOS
No quieren límites para echar
Triaca comparó al proyecto opositor para frenar la ola de cesantías con "el cepo al dólar". "Lo del Gobierno pidiéndoles a los empresarios que no despidan es admitir el problema", afirmó Recalde. Massa dijo que la ley va a salir y que sería un error vetarla.
Triaca, ministro de Trabajo. Recalde, diputado del FpV. Massa, dirigente del FR.
El gobierno nacional continúa su cruzada en contra de la ley antidespidos. Sin que dé frutos su estrategia de que los empresarios expresen públicamente un compromiso de no despedir, el presidente Mauricio Macri sostuvo que su sueño "es que cada argentino tenga la posibilidad de desarrollarse a partir de un buen trabajo en el lugar que haya elegido para vivir". Su Gobierno despidió a 10 mil personas, que llegan a 30 mil si se suman provincias y municipios. En el sector privado, las cifras de las ART indican una baja de 90 mil puestos de trabajo desde el inicio de la administración PRO. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue otro de los encargados de atacar el proyecto opositor que avanza en Diputados: aseguró que es comparable con "el cepo al dólar". Desde el Frente Renovador, Sergio Massa sostuvo que la ley va a salir y que "sería un error que Macri la vete". "Lo del Gobierno pidiéndoles a los empresarios que no despidan es admitir el problema", dijo Héctor Recalde, del Frente para la Victoria.
El Gobierno viene haciendo lo imposible por frenar el proyecto de ley antidespidos. Macri le salió al cruce en varias oportunidades y sostuvo que cuando se aplicó una ley de ese tipo "destruyó trabajos", una afirmación que no se sostiene con los datos de 2002-2007. En el Senado, los macristas sufrieron su primera derrota con la aprobación del proyecto que fija doble indemnización para las empresas que despidan trabajadores y deja fuera de esa premisa a los nuevos empleos que se creen. Mientras Macri amenazaba con el veto, la vicepresidenta Gabriela Michetti demoró todo lo que pudo el giro del proyecto a Diputados. Mientras tanto, los operadores del PRO intentaban negociar con Massa o con Diego Bossio para quebrar el bloque opositor que respalda la iniciativa.
Hasta ahora, esas negociaciones no arrojaron el resultado que esperaban los macristas, si bien hay un debate sobre si hacerle modificaciones al proyecto para excluir a las pymes de la norma. Mientras tanto, el Gobierno intentó llegar a un acuerdo con sectores del empresariado para anunciar un "compromiso" de que no despedirán masivamente. Tampoco han obtenido hasta ahora una respuesta satisfactoria. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, expresó la frustración del oficialismo: dijo que estaban "enojados y desilusionados" con los empresarios. No esbozó ninguna autocrítica sobre el rol pasivo del Ministerio de Trabajo.
En una nueva intervención pública, tras cuestionar el ausentismo y las licencias en el Día del Trabajador, el Presidente publicó una columna de opinión en un diario de Catamarca El Ancasti, que se tituló "Con el corazón en el trabajo". Como recomienda el libreto de Jaime Durán Barba, el texto tiene un tono intimista y describe encuentros nunca comprobables con personas de distintas provincias. El Presidente sostuvo que el país transita "un año difícil desde el punto de vista económico. Estamos haciendo todo lo posible para salir de la situación en la que nos dejaron y poder crecer".
"Sé que esta transición es dolorosa para muchos, y por eso desde el Estado los estamos acompañando a través de medidas concretas", indicó.
Triaca se ocupó de fustigar la ley antidespidos: "La generación de empleo no se logra con un cepo, ese proyecto lo que hace es evitarla, es una situación análoga con el cepo al dólar", aseguró, aunque no se ocupó de explicar cuál sería la analogía. "Sabemos la dificultad que genera el sinceramiento de la economía, esta situación no la provocó este Gobierno", se defendió.
Feliz en el centro de la escena, Massa retrucó: "Habrá ley antidespidos con doble indemnización porque vamos a llegar a un acuerdo entre muchas fuerzas políticas. Muchos de los que despidieron van a tener que retrotraer su decisión". El dirigente del Frente Renovador sostuvo que un veto presidencial "sería un error, porque si veta una decisión del Parlamento se va a quedar con su propia verdad y no con la verdad construida por muchas fuerzas políticas". "Nosotros creemos que hay que proteger al empleo y también a la PyMEs. Las PyMEs tienen un techo muy bajo pero es el laburo que hace todos los días el comerciante, no tiene las herramientas para poder progresar", indicó.
"Si alguno le está diciendo a Macri que con eso reafirma el poder, me parece que se equivoca. Vetarla tendría un costo político innecesario", estimó el diputado Héctor Daer. El diputado Facundo Moyano, en tanto, indicó que "preocupa la estrategia dilatoria del oficialismo. Buscamos alcanzar consensos con los opositores y el oficialismo, no proponemos leyes para que las veten y pague el costo político". Sobre los empresarios, afirmó que ve "difícil que asuman el compromiso de que no haya despidos, porque en el empresariado siempre prima el interés económico". "Acá hubo un ajuste brutal promovido a partir de recetas económicas liberales y los sindicatos ya le dieron al Gobierno un buen margen de tiempo, sin lanzar medidas", consideró.
"Las pymes están sufriendo las causas que hoy hacen que estemos debatiendo una ley para proteger los despidos", sostuvo el ex gobernador Daniel Scioli. "Macri no quiere una ley que proteja a los trabajadores porque su plan es que haya cada vez más despidos", sostuvo por su parte el dirigente kirchnerista Martín Sabbatella. El jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara baja, Héctor Recalde, indicó que "la posición de nuestro bloque no es realizar ninguna modificación al proyecto que prohíbe los despidos y las suspensiones por 180 días, aunque entendemos que el que se había dictaminado en Diputados era mejor, pero a veces es preferible que sea rápido", dijo. "Nosotros queremos defender el empleo y ayudar a las pymes, porque los derechos de los trabajadores son los mismos aunque trabajen en empresas chicas, medianas o grandes."
OPINIÓN
¿Tiene límites?
Por Eduardo Aliverti
Hace pocos días, un directivo de la banca extranjera dijo en declaraciones obviamente reservadas que el crédito está tan muerto como la actividad y que, de seguir así, con tasas de interés por las nubes y una caída irrefrenable del consumo, será tan probable reducir la inflación como acabar en un ejército de pequeñas y medianas empresas desaparecidas.
Esa confesión de partes es una de las tantas circulantes, de modo casi permanente, entre los grandes sectores corporativos que son beneficiados por el brutal programa ajustador del Gobierno. Hay, entre ellos, quienes piensan que debió haberse aprovechado la luna de miel, inmediatamente posterior a la asunción de Macri, para ejecutar un shock generalizado. Cuestionan a las autoridades económicas por derecha, aunque pueda resonar inverosímil. Son quienes entienden a la receta aplicada como "gradualista", en lugar de haberse dispuesto de entrada un remedio ortodoxo que, según pasa el tiempo, se torna inviable por la reacción social y el desgaste gubernamental. Son los gurkas que extrañan el sinceramiento del menemato a comienzos de los 90. En aquel entonces, después de la apuesta a Bunge & Born en el comando directo de la economía con la pretensión de que el grupo más relevante de la burguesía interna se hiciera cargo de los negocios nacionales, terminó resolviéndose que Argentina debía ser estrella de la ola mundial de neoliberalismo, especulación financiera y desguace del Estado. Cavallo fue el agente del uno a uno con el dólar que reprodujo a Martínez de Hoz, literalmente remataron al país y la fiesta, sostenida por las expectativas consumistas de unas vastas franjas de clase media que no aprenden más, acabó como se sabe. La diferencia con esa etapa, para quienes sueñan con su reproducción, es que al revés de ahora no había un proyecto político, o una experiencia, capaz de demostrar que se podía otra cosa. El vacío de alternativas se había llevado puesto al alfonsinismo y la bandeja, en términos de esperanzas masivas, estaba servida para el saqueo. Hoy, con todos los errores e insuficiencias que quieran atribuirse a la etapa kirchnerista, el escenario dista de ser el mismo porque –aunque no parezca, gracias a la maquinaria comunicacional hegemónica– sí que continúa existiendo el piso, más un liderazgo recortado pero liderazgo al fin, de las conquistas sociales y la energía combativa, protestataria o disgustada. La muchedumbre masiva el 24 de marzo, la que acompañó a Cristina el 13 de abril y la impresionante manifestación gremial de días pasados son prueba incontrastable de una capacidad de reacción que nada tiene que ver con el desierto popular de hace 25 años.
Las gerencias intelectuales y operativas de esos núcleos convencidos de que a la derecha de Macri no está la pared, sino algunas probabilidades más feroces todavía, confían en que el momento da para creer en un símil del comienzo noventista. Lo que se vive, de acuerdo con esa interpretación, es una instancia fusible y sería esperable que el gobierno de Macri tenga un as bajo la manga, a poner sobre la mesa cuando las papas de inflación y recesión terminen de quemar. Pero no saben explicar en qué consistiría esa quimera, como no fueren las pócimas archisabidas de flexibilización laboral para servirse de los dos dígitos de desocupados que necesita un modelo como el vigente. O un blanqueo de capitales, previsto para el dichoso segundo semestre como si esa zanahoria pudiera ser mejor que el formidable negociado financiero a que habilita la política del Banco Central. De Macri, es decir. Las prevenciones del Gobierno contra la denominada ley antidespidos, que tal como quedó sancionada por el Senado es más el efectismo político de una oposición alarmada que un instrumento confiable, no deja de ser emblemática. La ley, claro está, regiría hacia delante, por seis meses, y nunca para atrás. Si tanto se descansa en la recuperación económica a partir de mediados de año, ahora dicen que por vía de reactivar obra pública, ¿cuál es el problema de impedir los despidos durante un lapso tan corto? Uno solo, y no precisamente relativo al efecto en las empresas sino a la ejemplaridad de que ni el Gobierno ni el Congreso deben meterse con la fantástica mano invisible del mercado. Por fuera de artilugios parlamentarios, a lo que el Ejecutivo ya echa mano para sacar al corner a como sea, Macri tiene la decisión de vetar la ley porque obedece a sus intereses de clase, no a dudosos perjuicios políticos. La mayoría relativa, silenciosa y achicada, que según todas las encuestas aún lo apoya, seguiría esperando de él que muestre imagen de dureza frente a las presiones de atorrantes sindicales, mierda K y esferas por el estilo que más bien responden a la sección estrictamente gorila de sus votantes. En el alrededor de tercio variable de su electorado, el cambiante de humor entre la noche y la mañana, ya se sienten los efectos de que ni se come, ni se conserva el trabajo, ni se mantiene el consumo, ni se afronta el pago de luz y nafta, con la cadena nacional sobre las andanzas de unos kirchneristas corruptos. El chiste del viernes pasado de Daniel Paz y Rudy refirió justamente a eso. A la pregunta de cuánto aguantará Lázaro Báez, un oficinista de la Gerencia de Felicidad responde que uno o dos tarifazos más porque, después, habrá que inventar otra cosa.
En dirección a ese sentido común, hay otra parte del establishment, integrada por empresas dependientes del mercado interno sin por eso atribuirle pretensiones de justicia social, que se pregunta cuál es en definitiva el plan económico del Gobierno como no sea el ajuste por el ajuste mismo. Incluso, esa inquietud es admitida por las consultoras de los grandes grupos que son insospechables de rasgo populista alguno. La agencia calificadora Moody's, una de esas sedes del pensamiento liberal ultraortodoxo que funciona pronosticando no lo que ocurrirá sino lo que debe hacerse para maximizar ganancias, avisó esta semana que Argentina enfrenta desafíos de largo plazo, que el retorno a los mercados internacionales (¿cuál?) no alcanza, que la economía ya está en recesión, que habrá aumento del desempleo y que la inflación de este año será superior al 30 por ciento. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL), otro cubil de la derecha más recalcitrante, reconoció que el costo de la canasta básica para una familia tipo trepó en casi un 8 por ciento sólo respecto de abril pasado, y ya había advertido que la devaluación multiplicó los costos en pesos de los subsidios energéticos. Del aumento de la nafta, que según el humorista Juan José Aranguren, ministro de Energía y hombre de Shell, debe llevar a que llegado el caso no se saque el auto, apenas un tercio se destina a ingresos fiscales. El resto va a las arcas petroleras y eso se llama decisión política, por la cual implementan el mecanismo extorsivo de no perjudicar los trabajadores de esas compañías porque, de otra manera, cesarían en la actividad. Una falacia: se trata del Estado retirándose como árbitro regulador. Eso es lo que se multiplica en todos los ámbitos de la economía. Es lo determinante del ajuste general en la seguridad o ilusión de que los ajustados no reaccionen, porque comprenderán que el pasado fue peor y que la copa derramada de los ricos, como jamás se produjo, habrá de alcanzarlos.
El modelo no cierra ni para los grupos empresariales ni para las pymes que, ajenos a la rentabilidad agroexportadora y a los sectores que no ocupan mano de obra dinámica, requieren intervención del Estado en defensa de sus intereses. No es concepción de burguesía nacional, es necesidad. La rueda de la economía no gira y el Gobierno se limita a crear un imaginario de prosperidad, desde ese mentado segundo semestre del año en que llegarían las inversiones productivas. ¿De qué inversiones hablan si la bicicleta financiera permite el rendimiento en dólares más alto del mundo? Es un escenario de rapiña, sólo sustentable con aquella ilusión de una economía desmayada y en que la cantidad de gente sin trabajo, y amenazada por perderlo, discipline el descontento. La liberación del dólar da más espíritu de libertad, eso sí, y ya pueden comprarse no dos sino cinco millones de dólares por mes. El comercio de al lado, de la vuelta o de más allá vio triplicados sus costos tarifarios, pero no puede trasladarlos a precios porque se depreció la capacidad adquisitiva. Se reducen el que vende y el que compra, es una lógica que alcanza a toda escala económica que estribe en la actividad interna y la evaporación del referí estatal no alienta perspectivas de mejora alguna. Momentáneamente, los dos o tres emporios de comunicación que manejan la opinión publicada se las arreglan para centrar el mensaje en la corrupción K, ignorar el Panamacri, hacer que todo consiste en lo mal que estábamos y lo mejor que estaremos. Se supondría que esa ficción tiene un límite, so pena de perder credibilidad por completo. La pregunta es cómo se fuerza el límite ése, porque está claro que el Gobierno no habrá de autocontrolarse. No son una gestión con sensibilidades socialdemócratas. Son conservadores duros y avasallantes.
Cansa repetirlo, pero tampoco hay tanta vuelta: la fragmentación peronista permite que sigan avanzando, junto – antes o después – con una construcción de subjetividad por la cual pareciera que los días más felices, o más estimulantes, o menos malos, sólo consistieron en una fiesta de corruptos. El límite, entonces, arribará cuando esa percepción llegue a su fin. Un límite que no será porque el macrismo, si acaso le diera la estatura para ser definido así, con el "ismo", como si fuese una identidad, vaya a ser capaz de inteligenciarse cual derecha compasiva. Será porque lo saque del poder una fuerza popular y un liderazgo que haya aprendido de sus errores, mucho antes que arrepentirse de sus virtudes.
TEMAS DE DEBATE LA POLÍTICA LABORAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE MAURICIO MACRI
Despidos y manipulación estadística
En lo que va de su gestión, el Gobierno desplegó una política laboral que combinó despidos en el sector público, que sirvieron de modelo para el sector privado, ocultamiento de cifras de empleo y reducción de aportes patronales para promover el trabajo de los jóvenes.
Producción: Javier Lewkowicz debate@pagina12.com.ar
Diagnóstico equivocado
Por Juan Manuel Ottaviano *
Hace pocos días el Gobierno presentó el Plan de Primer Empleo (PPE), proyecto que constituye su primera gran medida laboral. Orientado a jóvenes de 18 a 24 años y a la población general en las provincias del Plan Belgrano, el PPE tiene como supuesto objetivo generar nuevos puestos de trabajo y formalizar empleos. A pesar del anuncio, el PPE presenta dos graves problemas: el diagnóstico sobre la realidad del empleo que lo sustenta y los instrumentos de política laboral que propone.
La propuesta del PPE se basa tanto en un diagnóstico erróneo sobre la situación del empleo heredada del kirchnerismo, como en una representación engañosa de la crisis laboral generada por las políticas implementadas desde diciembre. Primero, porque es falso que en los últimos años no creció el empleo juvenil. Según datos del Ministerio de Trabajo, entre 2003 y 2014, casi 300 mil nuevos puestos de trabajo formales en el sector privado se crearon en la franja joven y el trabajo registrado de ese segmento creció un 77 por ciento. En la actualidad, el número de jóvenes con empleo formal es el mayor desde 1998. Esta situación ha sido confirmada por la OIT, organismo que destaca a la Argentina por haber sido uno de los países que más ha avanzado en la inclusión laboral juvenil.
En el relato macrista, la urgencia del desempleo juvenil aparece como agravada por el estancamiento en la creación de empleo producto de la "pesada herencia". Tanto el presidente como el ministro de Economía han repetido que durante los últimos cuatro años la economía no creció y se perdieron dos millones de puestos de trabajo. Días atrás, la AFIP desmintió este relato con la publicación de la serie estadística sobre las altas netas (altas-bajas) registradas por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): el empleo creció ininterrumpidamente en todo el período 2011-2015 y, de hecho, alcanzó su mayor dinamismo durante este último año.
Pero las primeras políticas del Gobierno cambiaron drásticamente las condiciones del mercado de trabajo, a través de la destrucción masiva de puestos de empleo. La renuencia del Gobierno a mostrar las series estadísticas sobre la dinámica del empleo público y privado para todo el período de diciembre-abril oculta mal su manipulación con la presentación de datos parciales. Los únicos dos datos oficiales publicados corresponden a estimaciones mensuales de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) para meses aislados y áreas diferentes. Según estos datos, el empleo creció un 0,5 por ciento en el mes de febrero para el total del país y un 0,4 por ciento en enero-marzo para el interior. Sin embargo, fuentes con acceso a los datos del SIPA argumentan que la publicación de estos datos fragmentarios responde a un recorte intencionado para ocultar la destrucción casi ininterrumpida del empleo desde diciembre a la actualidad proceso que, sólo interrumpida en febrero (único dato que dieron a conocer), se aceleró fuertemente en marzo con una caída cercana al 200 por ciento respecto del mes anterior. La discusión acerca de cuándo comenzó la "crisis ocupacional" se resolvería si el Gobierno presentara la serie completa de datos sobre la evolución del empleo en el período diciembre-abril. Pero esto significaría reconocer la destrucción de empleos.
A la luz de estos datos es evidente que el PPE no es una política de empleo sino otra medida más de transferencia regresiva del ingreso. Con la reducción de contribuciones patronales, el PPE propone una transferencia de recursos: mientras ofrece a las empresas beneficios para financiar hasta un 30 por ciento del salario de sus trabajadores desfinanciando el Tesoro, los ciudadanos maìs vulnerables reciben una devolucioìn indirecta del IVA por consumos de la canasta baìsica con un tope de 300 pesos. Además, sin certezas de que en el actual contexto las grandes empresas sean creadoras de empleo, lo cierto es que son las uìnicas que podriìan beneficiarse de estas transferencias bajo el ala del primer empleo.
Por último, en la experiencia argentina durante la década del 90, la reducción de aportes no contribuyó a la generación de empleo y además desfinanció al Estado, que dejó de recaudar 47.939 millones de dólares. Más allá de la experiencia argentina, de acuerdo con un reciente informe de la OIT, los programas de este tipo son los menos efectivos desde punto de vista del análisis de las trayectorias posteriores de sus beneficiarios?. En suma, el PPE reproduce lo que este gobierno mejor sabe hacer: darles dinero a los que más tienen.
* Usina de Estudios Políticos Laborales y Sociales (UEPLaS).
Menos Estado
Por Matías Maito **
La curiosa comparación esbozada por el presidente Macri entre el proyecto de ley (actualmente en tratamiento) para limitar transitoriamente los despidos y otro hipotético que establezca "que todos seamos felices", sugiere que para el oficialismo la posibilidad de que el Estado intervenga en el mercado para intentar detener la destrucción de puestos de trabajo resulta una abstracción carente de sentido. Pero, además de esta asociación, las discusiones en torno al referido proyecto de ley permiten delinear los principales ejes sobre los que se asienta la concepción macrista respecto de las políticas laborales.
El rechazo oficialista a dicho proyecto se sostuvo sobre dos argumentos. El primero supone que aprobar esta propuesta obstaculizaría la generación de nuevos puestos de trabajo debido al incremento de los costos laborales. "Muchas veces por cuidar un empleo se ponen en peligro más empleos" sostuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, durante el debate legislativo. El segundo planteo remarca que una ley así modificaría las reglas de juego, y esto desincentivaría la llegada de las inversiones que generarían nuevos empleos. Estos argumentos, a su vez, se desprenden del diagnóstico y el programa del macrismo para el mercado laboral.
Aunque los datos que manejan (e incluso los pocos que difunden) lo desmientan, desde el gobierno se insiste con que durante los últimos cinco años no se ha generado empleo. Según expresan, esto sería la consecuencia de un Estado que, como afirmó Macri, "fue obstáculo en vez de ser estímulo y sostén" ya que, además de haber promovido una inflación descontrolada a través de un excesivo gasto público, habría estructurado un sistema tributario "asfixiante" y colocado distintas "trabas" que obstaculizaron la creación de puestos de trabajo (retenciones a exportaciones, regulación del comercio exterior, etc.). El supuesto aumento de la desocupación -sostienen- se habría ocultado con la generación de empleo público "artificial" e "inútil".
En ese marco, el programa del oficialismo consiste en recuperar "la confianza de los mercados" para atraer inversiones y generar empleo. Esto resultaría de la reducción de la inflación y la liberación de las "trabas" colocadas por el Estado.
Ahora bien, ¿de qué modo el macrismo ha puesto efectivamente en práctica, hasta el momento, su paradigma en materia laboral? En primer lugar, para reducir la inflación ha promovido una retracción de la actividad económica que impactó fuertemente sobre el consumo. Como complemento, está impulsando negociaciones salariales por debajo de la inflación; y proponiendo asociar los aumentos a mejoras en la productividad, lo cual acrecentaría las diferenciaciones salariales. Por otro lado, ha llevado adelante miles de despidos en el sector público.
A su vez, como parte de la pretendida remoción de "trabas" para la generación de empleo, la administración de los conflictos laborales a través de la negociación y de un posicionamiento activo del Estado que preserve los puestos de trabajo (característico de los últimos doce años) ha dado lugar a un retiro del Estado de esa función, en paralelo a la intervención a través de la represión. De este modo, quedan validados los más de cien mil despidos estimados para el sector privado.
Otra traba que intenta ser removida parece ser la inspección laboral. Según denunciaron los trabajadores del Ministerio de Trabajo en su informe "El Estado del Trabajo", el área responsable de tal tarea fue especialmente debilitada tras los despidos de personal que se desempeñaba allí. Estiman que la reducción de la cantidad de inspectores obligará a que disminuyan en más de dos mil las inspecciones realizadas mensualmente.
Al programa se le sumó recientemente el proyecto de Ley de Primer Empleo que, para reducir los costos laborales, propone disminuir las contribuciones patronales. En definitiva, el macrismo está reinstalando un paradigma laboral que pregona acotar la intervención del Estado para no obstaculizar al sector privado; evitar el incremento de los costos laborales (o directamente promover su disminución); y garantizar las condiciones necesarias para atraer inversiones.
Si el proyecto de ley que propone limitar los despidos es la respuesta de los sectores afectados por la crítica situación del mercado de trabajo ante la desprotección del Estado; la denodada oposición del oficialismo a ese proyecto deja asentados dos preocupantes interrogantes: qué niveles de protección del trabajo considerarán que no son excesivos ni atentan contra la posibilidad de generar empleos; y, en qué medida creerán necesario avanzar en la desprotección del trabajo para atraer inversiones. Las respuestas a estas preguntas determinarán la situación laboral de miles de trabajadores.
** Círculo de Estudios Laborales IDAES/UNSAM
EL ATAQUE QUE PROTAGONIZARON BARRAS MACRISTAS Y LA
ENTREGA A BOCA DE TERRENOS DE LA CIUDAD
El negociado detrás de la patota del PRO
La agresión de barras vinculados al macrismo contra un grupo de vecinos de La Boca fue en defensa de la operación inmobiliaria propiciada por el gobierno porteño. El club Boca ya ganó una licitación hecha a medida para construir un estadio shopping.
Una de las fotos tomadas durante la agresión en la sede de Avenida del Barco Centenera.
Por Gustavo Veiga
La patota del PRO que atacó a vecinos de La Boca en una dependencia del gobierno porteño ubicada en el barrio de Pompeya, no actuó en nombre de alguna prebenda menor. La imagen de Rodolfo Corzo, un asesino en potencia, que empuña un cuchillo en forma amenazante – con el que habría herido en el cuello a Matías Scínica – es apenas la punta del iceberg de un gran negociado con tierras públicas. La operación inmobiliaria urdida por las gestiones de Mauricio Macri primero y Horacio Rodríguez Larreta después para beneficiar a Boca Juniors con la entrega de 3,2 hectáreas en el predio conocido como Casa Amarilla está direccionada hacia un solo objetivo: la construcción de un estadio shopping que reemplace a la mítica Bombonera o conviva con ella. Ahí no habrá ni 4 mil, ni 2 mil, ni 1231 viviendas a precios populares a las que la Ciudad estaba obligada. Tampoco espacios públicos para esparcimiento de los vecinos, porque el club ya ganó una licitación hecha a medida donde fue único oferente. Por las tierras acordó pagar 180.600.000 pesos, unos 12.541.000 dólares al cambio actual. Además, con un plan de financiamiento que podría considerarse una ganga: el 5 por ciento diez días después de la escritura y el resto en 41 cuotas trimestrales.
Los asistentes a la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna N° 4 trataban de hacer oír sus quejas en un día y lugar desacostumbrados. Desde 2013 que no eran escuchados en ese marco, al que nunca se había convocado hasta el miércoles pasado. Cuando lo hizo Jorge Apreda, el presidente de la Junta Comunal que pertenece al PRO, citó a la gente en la sede central de Pompeya, pero no en la subsede de Barracas, más próxima a La Boca. Los dos barrios integran la misma comuna, pero el primero está bastante alejado del que habitan los vecinos agredidos por la patota que lidera Rodolfo "el Cordobés" Corzo, padre del hombre que utilizó el cuchillo. No había vigilancia policial y tampoco se hizo presente Apreda, de licencia por un viaje.
En ese marco se produjo el ataque que quedó documentado en al menos veintinueve fotografías aportadas por Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad. Todas fueron tomadas en la sede de la Avenida del Barco Centenera. En una imagen se ve cómo aparece Scínica, un joven muy alto de la agrupación Boca es Pueblo, en un entrevero donde ya se identifica a Corzo cuchillo en mano. En la siguiente fotografía el primero ya tiene el cuello ensangrentado y en una de las que siguen – la que se volvió más viral – es muy nítida la actitud del patotero con el arma blanca en la mano enfrentando a un hombre de camisa a cuadros. De lo que no hay imágenes con semejante claridad es del ataque brutal a Fernando Abal Medina a las puertas del centro comunal.
Todo había comenzado cuando Facundo, un militante del Comedor Los Pibes, pidió la palabra. Iba a leer un acta de la red La Boca Resiste y Propone pero nunca pudo hacerlo. Scínica quiso interceder en su defensa cuando se le vinieron encima los Corzo. El padre cayó al suelo, el joven de Boca es Pueblo recibió el corte en el cuello del que perdió mucha sangre y la reunión se desnaturalizó.
¿Qué es lo que estaba en juego en la Comuna N4? La dinámica del conflicto por las tierras de Casa Amarilla se aceleró al menos en los últimos cinco años. En 2011, en su plataforma electoral titulada Compromiso con el Socio, el presidente de Boca, Daniel Angelici, ya sostenía que para hacer un nuevo estadio había que "comprar las dos manzanas que están al lado de Casa Amarilla. Son terrenos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está dispuesta a vendérselos a Boca". Sabía por qué lo decía. Los hechos posteriores lo demostrarían.
Para que esto fuera posible, en 2010 el Instituto de la Vivienda (IVC) le había transferido las tierras a la Corporación Buenos Aires Sur gracias al decreto 723/2010. En abril de 2005, 4337 solicitudes de viviendas fueron presentadas en el CGP N3 para vivir en aquel lugar. En 2014, La Boca tenía 9050 personas con problemas de vivienda. Nunca se resolvió esta cuestión.
Desde la época en que el IVC era manejado por Eduardo Petrini – un ex intermediario de futbolistas que Macri designó como director – Boca aumentó sus expectativas de quedarse con lo que restaba de Casa Amarilla. En 1992 había dado su primer paso en el predio. Construyó la Bombonerita gracias a que la Comisión Municipal de la Vivienda le vendió dos manzanas durante la gestión del intendente Carlos Grosso. Ese organismo que antecedió al IVC le había comprado en 1981 al Estado nacional unas 12 hectáreas en Casa Amarilla para mejorar el déficit habitacional del barrio. Pero el lobby del club pudo más. Sobre todo a partir de que Macri llegó al Gobierno de la Ciudad en diciembre de 2007.
Los vecinos organizados del barrio no se quedaron quietos pese a que se consumó la adjudicación de las tierras a Boca el 25 de febrero pasado. Presentaron una acción de amparo en la Justicia Contenciosa Administrativa porteña para pedir que se declare la ilegalidad de la venta. La causa que se tramita está caratulada Quinto Natalia Gimena y otros contra Corporación Buenos Aires Sur sobre amparo en el juzgado N° 24 a cargo de Darío Reynoso.
Según informó el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad "la Corporación Buenos Aires Sur sigue reticente a enviar el expediente administrativo al Juzgado. Por esta razón, el 4 de mayo, el juez de la causa impuso una multa de 100 pesos por día de demora a la Corporación y a su titular Karina Spalla, bajo apercibimiento de subir dicha multa a 10 mil pesos de continuar la reticencia".
Los vecinos tienen argumentos legales de peso para seguir el litigio. Sostienen que la venta es ilegal e inconstitucional por diferentes razones. El artículo 82 inciso 4 de la Constitución porteña establece que no se puede vender tierra pública de la ciudad sin aprobación de la Legislatura. Esta operación inmobiliaria ni siquiera fue tratada por los diputados.
También argumentan que se viola la Ley 1251 que autoriza al IVC sólo a transferir predios de su propiedad – como hizo cuando se los vendió a la Corporación del Sur – cuando se cumplan fines educativos, de seguridad o salud. Eso no sucedió. La norma permite desafectar tierras destinadas al uso de viviendas sólo en aquellos casos, pero no para levantar un estadio de fútbol como pretende Angelici. También se está violando la Ley 2240 que declara la Emergencia Urbanística y Ambiental del Barrio de la Boca.
La adjudicación al club – que consta en la licitación N° 7 de este año de la Corporación Sur – menciona como objeto la "Iniciativa Privada para el Desarrollo y Mejoramiento Urbano de Casa Amarilla". Boca, cuando elevó su proyecto a la Corporación Sur para que le vendieran las tierras, señaló: "En los últimos treinta años llegó el desastre para toda esa zona". Quizá sus dirigentes supongan que una futura mole de cemento levantada a escasa distancia de otra – l a histórica Bombonera inaugurada en 1940 – representa una opción desarrollista. No importa si ahí hacían falta viviendas y espacios verdes. El fútbol y su poder de convocatoria están por encima de esas necesidades básicas insatisfechas. El costo del futuro estadio podría aproximarse a los 400 millones de dólares. Los desarrolladores ya se están frotando las manos.
OPINION
Por una educación pública de calidad
Por Roberto Baradel *
Una preocupación permanente de los docentes es la de contribuir a una educación pública de calidad, concepto que - cabe aclararlo desde el comienzo - diferenciamos del de "calidad educativa", una definición impuesta en los `90 y que busca encuadrar a la educación como un producto más en los términos de las leyes del mercado. Bajo ese paraguas ideológico se fue construyendo la idea de que la educación es de baja calidad, atribuyéndole la responsabilidad casi con exclusividad a una formación docente deficiente y a que el ausentismo es alto. Nosotros sostenemos que se trata de una mirada reduccionista del problema. Una educación pública de calidad pone en juego múltiples factores.
Si bien hay que valorar los avances obtenidos en la última década, desde la Ley de Financiamiento Educativo hasta los programas socio educativos, como los CAJ y los CAI, Conectar Igualdad y Fines, entre otros, o el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de Formación, todavía queda mucho por hacer. Partimos de una buena base para lograr esas transformaciones.
Una educación pública de calidad implica una actualización permanente de los docentes y mejoras en las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada una de las escuelas. Se requiere de docentes reconocidos y valorados por su tarea, respetando la carrera docente, la calidad del salario y una remuneración acorde, permitiendo que, con un solo cargo con horas frente alumnos y horas institucionales, puedan vivir dignamente.
Respecto a la formación docente, ésta se fue fortaleciendo a través del tiempo hasta llegar en la actualidad a una carrera de nivel superior de cuatro años. Por supuesto que hay aspectos para mejorar, entre ellos darle otro dinamismo y actualizar la currícula. Pero a la par de la formación, es central la actualización permanente de los docentes. Por eso fue un logro muy importante incluir en las paritarias el Programa Nacional de Formación Continua, con una inversión de 1.200 millones de pesos, al que el actual gobierno prometió darle continuidad.
Otro aspecto central son las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Si se suspenden las clases por problemas de infraestructura, si hay chicos que no pueden ir todos los días a clases porque hay escuelas que no tienen capacidad edilicia o porque no tienen maestro suplente, es difícil alcanzar una educación de calidad. Todas estas son causas de ausentismo escolar, que no sólo hay que lograr que disminuya, sino que hay que avanzar hacia la jornada completa en todas las escuelas, porque además de tener más horas de escolarización, los estudiantes tendrán acceso a un segundo idioma, al conocimiento de nuevas tecnologías y otro tipo de saberes al que hoy sólo acceden si sus familias pueden costearle cursos privados.
También atenta contra una educación de calidad la falta de equipos de orientación escolar en cada escuela y en cada turno, así como tutores en las escuelas secundarias. Hay situaciones sociales, familiares, que dificultan el proceso de aprendizaje, más aún en la actual coyuntura en la que vemos crecer los niveles de pobreza e indigencia y donde cada vez más chicos necesitan asistir a los comedores escolares.
En el mismo sentido, otro grave problema es la carencia de cargos directivos. No se nombran vicedirectores y secretarios, por lo que el director se debe ocupar de múltiples tareas, muchas de ellas burocráticas, alejándose de su rol esencial que es el acompañamiento del proceso pedagógico, con el maestro en el aula.
También se debe mejorar la asistencia de docentes, en particular en algunos niveles que por la organización del trabajo escolar y la dispersión de los lugares de trabajo se genera una discontinuidad mayor que en otros. Y por supuesto es necesario que el Estado establezca los controles y las sanciones correspondientes en caso que haya docentes que incurran en conductas abusivas e ilegales.
Con referencia a la evaluación, ésta tiene que ser en términos integrales. Tenemos que construir dispositivos de evaluación que superen las limitaciones que tienen las pruebas PISA. Por ejemplo, tomando aportes de sistemas como el Terce que implementa la Unesco o el IACE, que impulsa Unicef, junto a los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), para resignificarlos de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema educativo. La evaluación no debe ser entendida como un arma punitiva contra el docente, sino como una herramienta pedagógica que nos permita hacer un diagnóstico para saber qué áreas hay que reforzar o en cuáles hay que cambiar las estrategias didácticas para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para alcanzar esos objetivos es necesaria una nueva Ley de Financiamiento Educativo que aumente sustancialmente la inversión.
El compromiso de los docentes es construir las condiciones para lograr una educación pública de calidad. La responsabilidad del Estado es garantizarla. La obligación del gobierno y de los legisladores es cumplir con esa responsabilidad. El deber de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto, es exigírselo. Sólo así lo vamos a lograr.
* Secretario general de Suteba y miembro de la Junta Ejecutiva de Ctera.
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