lunes 02 de mayo de 2016
Ropa limpia, negocios sucios
Por Ari Lijalad
El gobierno de Mauricio Macri no impulsa las causas de lavado de dinero vinculadas al BNP Paribas, en la cual se investiga la fuga de casi 1.000 millones de dólares a paraísos fiscales. La punta del ovillo es el caso del ex juez José Luis Monti, en el que funcionarios macristas desistieron de continuar la investigación que había comenzado durante la gestión anterior. Este accionar dilatorio se repite, en distintas medidas, con los casos del actual diplomático Roberto García Moritán, el prefecto Rubén Rodolfo Astiazarán y el ex funcionario de Afip Andrés Vázquez, entre otros.
El caso del ex juez Monti es paradigmático. Fue denunciado por enriquecimiento ilícito y omisión de declarar los fondos en sus declaraciones juradas, ya que figura con cuentas en el ING Bank NV de Suiza y en el BNP Paribas de Luxemburgo. En el primero había 1.500.000 dólares depositados, en el año 2002. En el segundo, depósitos de 70.000 y 72.000 dólares del 2008. En las maniobras aparece también su esposa, María Carmen Foltyn, prosecretaria letrada de la Corte Suprema. La Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la gestión de José Sbattella, solicitó ser querellante en la causa. En primera instancia, el ex juez Monti logró su sobreseimiento y el fiscal Guillermo Marijuan no apeló. Por el contrario, la UIF sí apeló, pero con la salida de Sbattella del organismo y la decisión de Macri de designar en su lugar a Mariano Federici las cosas cambiaron radicalmente. Federici retiró el recurso interpuesto por la UIF contra el sobreseimiento del ex juez Monti, a pesar de que la función del organismo es justamente investigar el lavado de dinero. Así, la Cámara Criminal y Correccional no tuvo otra opción: los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler dieron por desistido el recurso el 23 de febrero de 2016.
En esta causa, la defensa del ex juez Monti estuvo a cargo del Estudio Gil Lavedra & Romero Acuña, del cual es socio el radical Ricardo Gil Lavedra, actual coordinador del Programa Justicia 2020, el plan de reformas judiciales que impulsan Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano. Todo se encadena.
El accionar de la UIF se desarrolla acorde con las nuevas autoridades designadas por Macri, vinculadas con el Estudio Marteau, patrocinante de empresas denunciadas por lavado de dinero. Federici proviene del FMI, y junto a él asumió María Eugenia Talerico, ex litigante ante la UIF que llegó a descalificar la función del organismo ante la Corte Suprema como abogada del HSBC, otro de los bancos denunciados por lavado. Trabajadores de la UIF aseguran que desde que asumieron Federici y Talerico las investigaciones de lavado, como la de Monti, se paralizaron. Quienes informaron esto pidieron reserva de identidad, por temor a represalias de la nueva gestión que ya despidió al menos 60 trabajadores, especialmente de las áreas de supervisión y control del sistema financiero, y licuó así la capacidad de control de la UIF.
Señor Embajador
Otro caso que revela la relación de Macri con personas investigadas por lavado de dinero es el del ex vicecanciller Roberto García Moritán, otro de los nombres que se desprende de la investigación al BNP Paribas. En su caso, figura con depósitos en el ING Bank NV de Suiza y en el BNP Paribas de Luxemburgo por montos de 364.000, 509.000 y 530.380 dólares depositados entre 1999 y 2008. Esta causa por lavado de dinero está en trámite actualmente en el juzgado de Luis Rodríguez, desde donde advirtieron que no pueden brindar información, pero fuentes cercanas a la causa advirtieron que la UIF no impulsará la investigación. Macri, por su parte, incorporó a García Moritán a su equipo de asesores a pesar de que esta causa por lavado de dinero sigue abierta. El 20 de enero de 2016, García Moritán fue designado en el Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior y a principios de abril acompañó a Macri a la Cumbre de Seguridad Nuclear.
En el caso del ex funcionario de la Afip Andrés Vázquez, figura con cuentas en el ING Bank BN de Curazao y en el BNP Paribas de Luxemburgo por montos de 442.113 y 461.000 dólares, depositados entre 2004 y 2008. En su caso, la UIF insistió durante la gestión Sbattella y llegó hasta la Cámara de Casación, que la aceptó como querellante a pesar de que en las instancias previas el juez y la Cámara la habían rechazado. Resta saber qué actitud tomará la UIF al respecto. Por último, el prefecto general Rubén Roberto Astiazarán (retirado en 2004) y su familia siguen el mismo patrón. En la investigación figuran con depósitos por montos de 110.000, 124.000, 10.300 y 126.880 dólares en el ING Bank NV de Curazao y en el BNP Paribas de Luxemburgo, entre 2000 y 2008. La UIF se presentó como querellante en 2012. Fue rechazada e insistió hasta llegar a la Cámara de Casación. Sin embargo, fuentes con acceso a la causa sostienen que las nuevas autoridades de la UIF dejarán caer la querella.
Esta política de abandono de la UIF se extiende a las causas de lesa humanidad. El 30 de marzo el organismo que conduce Federici no se presentó a la audiencia en la causa por robo de bienes a los hermanos Iaccarino, donde fue aceptada como querellante durante la gestión Sbattella. Las nuevas autoridades despidieron al personal que investigaba e impulsaba un rol activo de la UIF en las causas por delitos de lesa humanidad, incluido Papel Prensa.
Lavado francés
La causa BNP Paribas tiene relevancia por varios motivos: primero, es uno de los casos más grandes de fuga y lavado de dinero en el país; segundo, involucra a ex funcionarios públicos y se investiga si se enriquecieron de forma ilícita y contrataron los servicios del BNP Paribas para mover esos fondos a través de la Banca Privada Internacional. Tercero, la causa sigue abierta, y entre los paraísos fiscales involucrados está Panamá. Cuarto, una de las empresas utilizadas para las operaciones ilegales esta relacionada con el estudio Mossack Fonseca, responsable de crear miles de empresas offshore reveladas en los Panamá Papers (ver aparte).
Todo comenzó en 2007, con un allanamiento del piso 27 de Leandro N. Alem 855 que descubrió una oficina clandestina de Banca Privada del BNP Paribas donde ofrecían opciones para fugar dinero del país y evadir impuestos. Se incautaron 17 computadoras, agendas electrónicas, discos ZIP, CD y discos externos, además de folletería, carpetas y biblioratos. El fiscal Carlos Gonella, que intervino en la investigación como titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), expuso el caso ante la Tracfin, el organismo de control de lavado de Francia, país de origen del BNP Paribas. Allí describió todos los servicios ilegales de la oficina clandestina en Buenos Aires, un accionar sistemático, institucional y jerarquizado. Según datos del allanamiento, para marzo de 2007 habían pasado por esa oficina 904.500.000 dólares. Los destinos fueron todos paraísos fiscales. A Suiza fueron 375.800.000; a Luxemburgo 468.000.000; a Miami 50.300.000; y entre Panamá y Bahamas recibieron 10.400.000.
La causa BNP Paribas cayó en el Juzgado de Instrucción 35, a cargo del juez Osvaldo Daniel Rappa, que demoró sistemáticamente su avance. En 2011, el fiscal Sandro Abraldes presentó la instrucción que incluía a empleados del banco y sus clientes, lo que derivó en la apertura de varias causas por enriquecimiento ilícito que se radicaron en el fuero federal. En octubre de 2015, la fiscal Paula Asaro junto con los fiscales Horacio Azzolin y Gonella pidieron el procesamiento de 22 empleados y jerárquicos del banco. La investigación incluyó la revisión de 400.000 documentos. Por ejemplo, figura un e-mail de Alexis de Poligny, jefe de la oficina, que afirma: "El dinero que le está enviando, pareciera que no está declarado ante las autoridades fiscales argentinas". Entre los archivos figuran los nombres de las empresas que operaban como vehículos corporativos para las transacciones, entre ellas Falcon Continental LTD, IPA Asset Management SA, IPA Merchants (HK) LTD, Efex Trade LLC, Ipanema Trading SA, Devenport Capital Corp, Lipsel Finance SA y Pinto Services LTD. El juez Rappa volvió a declararse incompetente y los fiscales apelaron. La causa sigue abierta.
La conexión con Panamá Papers
En la causa del BNP Paribas queda al descubierto que las operaciones poco transparentes en Panamá exceden en mucho los Panamá Papers publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas. En el expediente figura la existencia de un archivo de texto titulado "Sociedades disponibles Panamá 2006", donde consta una lista de 29 personas jurídicas, o sea empresas, todas creadas el 27 de junio de 2006, con un mismo capital de 10.000 dólares dividido en 100 acciones de 100 dólares. Estas eran las empresas que creaban cuentas para canalizar el dinero sin declarar, y se les asignaban a los clientes por orden de llegada.
La conexión con los Panamá Papers proviene de una de ellas: Lipsel Finance SA. En Opencorporates.com, esta empresa figura fundada el 15 de julio de 1982 y disuelta el 23 de abril de 2013, con domicilio en Panamá. Según el pedido de procesamiento de los fiscales Asaro, Azzolin y Gonella, muchas de las operaciones que se realizaban desde las oficinas clandestinas del BNP Paribas en Buenos Aires tenían como destinatario común Lipsel Finance SA. Entre los suscriptores de esta empresa figura Jürgen Mossack, socio fundador del estudio Mossack Fonseca, de donde surgieron las filtraciones de miles de empresas sin declarar, entre ellas las del presidente Macri.
Según consta en el expediente, entre Panamá y Bahamas recibieron 10.400.000 dólares. En el marco de las revelaciones vinculadas a los Panamá Papers y de las vinculaciones de Lipsel Finance SA con el estudio Mossack Fonseca, este dato debería aportar nuevos nombres de argentinos con dinero en ese país.
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