viernes 29 de abril de 2016
ARGENTINA
Congreso y deuda: de su histórica omisión al protagonismo en la era K
Desde 1983 hasta la llegada de los Kirchner a la Rosada, el Parlamento se replegó y prácticamente dio carácter legal a las decisiones que tomaba el Ejecutivo. A partir de 2003, con sus más y sus menos, hubo mayor protagonismo legislativo que durante el decenio de la Convertibilidad.
POR GERMÁN ALEMANNI
La deuda externa fue el principal flagelo que padeció la sociedad argentina a lo largo de su historia. Es la matriz de sus problemas más acuciantes, entre ellos, su pobreza estructural, la desigualdad de sus habitantes, su déficit sanitario, tecnológico y educativo, la primarización de su economía, la fuga espuria de una riqueza cada vez más concentrada y la sujeción del país por parte de las naciones ricas y los centros mundiales del poder fáctico.
Como si esas y otras calamidades no hubieran expoliado el futuro de generaciones de argentinos, y lejos de ocupar el rol protagónico que le concede la Constitución en su artículo 75, desde 1983 el Congreso Nacional delegó en los presidentes de turno su responsabilidad para establecer a qué proyecto de nación debía estar destinado un eventual financiamiento internacional. Su papel se resumió a dar carácter legal a las decisiones del Ejecutivo. Con sus más y sus menos, la excepción a esa deserción fueron los tres gobiernos kirchneristas.
La era alfonsinista
La crisis de la deuda desatada en los '80 condicionó desde un inicio a la democracia. Por entonces, el gobierno de Raúl Alfonsín intentó un camino que se apartaba en parte del Consenso de Washington que había hecho propio, a sangre y fuego, la dictadura.
El primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, buscó estimular el mercado interno a través de salarios fuertes y una política fiscal expansiva. En el frente externo, el gobierno buscó conformar un "frente de deudores" y avanzar hacia una moratoria coordinada.
Quedó en el intento. La inflación galopante llevó a Alfonsín a capitular ante el FMI –corría 1984- y a declarar una "economía de guerra" que catapultó en Hacienda a Juan Vital Sourrouile, quien ejecutó un férreo ajuste, el Plan Austral. ¿La receta? Apertura de la economía, disminución del déficit fiscal y del papel del Estado como agente económico, actualización de tarifas y reducción de salarios.
Tras un "éxito" inicial, la caída de la actividad económica y la vuelta de la inflación dejó al PJ a las puertas de la Presidencia. El Plan Primavera fue el último manotazo de ahogado de Alfonsín antes de dejar seis meses antes la Presidencia.
Con Carlos Menem en la Rosada, el Parlamento se aprestaría a aceptar la multiplicación del financiamiento externo y a dar luz verde a la entrega del patrimonio nacional, ésa que el PJ le había negado a Alfonsín.
La defección de Menem
Las promesas de salariazo y la revolución productiva de Menem se disiparon tan pronto como sus patillas. Pero su acuerdo con la multinacional Bunge &Born y la banca extranjera no lo eximió de un "brote" hiperinflacionario, el segundo del dramático 1989.
En los '90, el Plan Brady se implementó a escala regional. Aquí, lo que fue promovido como un "alivio" se trató de un ejercicio contable para que la banca limpie sus balances de títulos "contaminados" y se dé inicio al despilfarro de las "joyas de la abuela".
En ello fue clave el Congreso. Es que tal andamiaje sólo calzaba con la profundización neoliberal que había iniciado la dictadura. A las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, le siguieron otras herramientas que convalidaron una mayor apertura al comercio exterior y a los capitales especulativos, la desregulación económica, la flexibilización laboral, la privatización de empresas públicas, el despido de miles de estatales y la eximición tributaria a las corporaciones.
Con todo, la inflación recién pudo ser contenida tras la llegada de Domingo Cavallo. La convertibilidad entre el peso y el dólar fue el artificio que ideó el establishment local y el sistema financiero para estabilizar la economía. Y trocar bonos a precio de remate por activos estratégicos. La ilusión de prosperidad de parte de la sociedad le permitió a Menem revalidar sus títulos en 1995.
La crisis sobrevino cuando, de la mano del dólar barato y las importaciones a mansalva, la cuenta corriente y la banca ya no proveían los dólares necesarios para seguir manteniendo aquel artificio. La recesión empezó en 1998.
El resultado: un Estado más debilitado, más desempleo, más pobreza. Los piquetes en la Patagonia y el Norte fueron el preludio de una fenomenal crisis socioeconómica que hasta entonces Argentina no había vivido en toda su historia. Las corporaciones hicieron su propia contribución al festival de la deuda. Fue a través de obligaciones negociables, que el Estado debió rescatar a costa de un mayor desfinanciamiento de sus programas sociales.
Ajuste aliancista
Para sortear los efectos sociales de la Convertibilidad, Fernando de la Rúa apeló a más Convertibilidad. Su decisión dinamitó las promesas de cambio de la Alianza, y a la propia Alianza. Su ajuste agravó el cuadro recesivo.
Profundizó el círculo vicioso de tomar más deuda para pagar intereses de vieja deuda saciar la voracidad creciente de los llamados "mercados".
De la Rúa suscribió el Blindaje, que no fue debatido por el Congreso. Instituciones financieras y la banca prometieron el desembolso de fondos a cambio del congelamiento del gasto público, una nueva elevación de la edad jubilatoria y otros tijeretazos. El gobierno no cumplió, el fantasma de default provocaba nervios – y nuevos negocios - y la fuga de los grandes capitales.
José Machinea dejó su lugar a Ricardo López Murphy. El "Bulldog" llegó con anuncios de más podas – a los salarios, a las jubilaciones, a las universidades, a los hospitales -. Todo quedó en mero ladrido. Su sucesor fue Domingo Cavallo, el creador de la Convertibilidad, el que -confiaba De la Rúa- podría aplicarle la reanimación necesaria para sacarla de su agonía.
El cordobés se sirvió de un nuevo acuerdo con el FMI y de otra delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo. Lo que no aprobó el Parlamento fue poner los impuestos como garantía de las acreencias. Eran tiempos en los que Cavallo daba conferencias de prensa diarias para anunciar más parches a una Convertibilidad que estaba hecha jirones.
Competitividad, Déficit Cero y otros planes pretendían sacar al país de la recesión desfinanciando aún más al Estado. El final estaba cantado. El cierre del grifo externo evidenció que el sistema financiero había dejado de creer a uno de los suyos y avizoraba que más temprano que tarde Argentina iría al default.
De la Rúa apeló a DNU para otorgar los impuestos como garantía de la deuda. El Congreso hizo ley la propuesta de déficit cero, pero aun así la Alianza no logró aquietar el fantasma del default. La fuga masiva de capitales precedió al corralito, primero, y al corralón, después.
La protesta de la clase media, que terminó sumándose al reclamo de los sectores populares, los primeros en sucumbir al desempleo y el repliegue del Estado, contra el sistema político y los bancos fue la exteriorización final de la hecatombe social del país.
Los K desandan la deuda
Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia en 2003, Argentina estaba oficialmente en default y tardaría dos años en reasumir el pago de sus compromisos.
La cesación de pagos fue dispuesta desde el Parlamento en los albores de 2002. Adolfo Rodríguez Saá lo anunció ante la Asamblea Legislativa. "Nuestro gobierno abre las puertas a este Congreso para tomar conocimiento de todos los expedientes y los actos administrativos que estén vinculados con la deuda externa", les dijo a los legisladores.
Nada de eso ocurrió. Una semana después el puntano cedía su lugar a Eduardo Duhalde, que había convenido con la liga de gobernadores y las empresas locales endeudadas que avanzaría en la pesificación asimétrica y la licuación de sus pasivos.
La declaración del default vino con la ley de Presupuesto de 2002. El Congreso autorizó al Ejecutivo a diferir los pagos de los servicios de la deuda para "atender las funciones básicas del Estado".
Con Kirchner en la Rosada, la última vez que el Congreso ratificó la cesación de pagos fue en 2004 hasta que el Ejecutivo declarase la finalización del proceso de reestructuración de la deuda heredada. El canje 2005, que tuvo como protagonistas al patagónico y a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue una compleja operación nacional e internacional, inédita por su volumen en la historial mundial. Tuvo una adhesión superior al 76% y marcó el inicio de la era del desendeudamiento y decisiones soberanas del Estado. Poco antes de que concluyera ese año, el presidente saldó la deuda que el país tenía con el FMI.
El gobierno del patagónico y los dos posteriores de Cristina Fernández recurrieron al Congreso en distintas oportunidades para dictar leyes que permitieran ganarse la confianza de los tenedores de bonos y concluir con éxito los procesos de reestructuración de la deuda. Cuando el canje 2005 promediaba la mitad de su período de vigencia, la Casa Rosada presentó un proyecto para prohibir una futura mejora en la oferta. Los acreedores sabrían que era en ese momento o nunca la chance de cobrar porque, como dijo el propio Kirchner ante la ONU, "los muertos no pagan".
La Ley Cerrojo fue sancionada aquel verano. Planteaba la necesaria "sustentabilidad" de la deuda. Obtuvo el voto monolítico a favor de 146 diputados del PJ y la UCR y apenas ocho rechazos (el Senado ya había dado su aprobación). El radical Noel Breard justificó por entonces ante La Nación que la iniciativa "era una política de Estado". "Si el presidente dice que la oferta no se va a modificar, ¿por qué necesita que el Congreso lo reafirme?", lo contrariaba el arista Eduardo Macaluse.
Algunos de los que se opusieron apuntaron al controvertido artículo 5 del proyecto, que daba un margen de discrecionalidad a la Rosada: "El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un informe que refleje los efectos del canje y los nuevos niveles de deuda".
Lo cierto fue que se trató de una de las contadas ocasiones en que el Parlamento debatiría sobre los compromisos externos del país. De hecho, durante los tres gobiernos kirchneristas el Congreso tuvo un protagonismo mayor en materia deuda que durante el decenio de la Convertibilidad.
"Nosotros siempre hemos cumplido y hemos enviado al Congreso todo lo negociado en materia de deuda externa porque creemos que así debe ser", se atajó Cristina con la intención de confrontar la decisión de su gobierno respecto del de la Alianza en tiempos del Megacanje y Blindaje.
No sólo eso. A partir de 2003, los discursos de los legisladores mutaron – con la excepción de quienes siempre alertaron sobre los efectos de las acreencias para el país y el rol geopolítico de esos compromisos - de la justificación del endeudamiento a la defensa del desendeudamiento.
El 9 de diciembre de 2009, un día antes del recambio parlamentario que alumbró el opositor Grupo A en Diputados, el Congreso aprobó por ley la reapertura de las negociaciones de la deuda. Con el aval del FpV, la UCR, el PJ restaurador y el PRO, el canje 2010 prohibía al Poder Ejecutivo a mejorar la oferta de un lustro atrás. Los tenedores de bonos debían renunciar a sus derechos y eventuales acciones judiciales. Así y todo, la propuesta local llevó la adhesión a casi el 93% de los acreedores.
Los nubarrones, de todos modos, no cesaron. Un fallo probuitre del juez neoyorquino Thomas Griesa, ratificado con posterioridad a lo largo del espiral judicial estadounidense, incluida la Corte Suprema, obligó a Argentina a saldar en un pago unos U$S 1300 millones a diversos fondos, entre ellos el NML Capital, del carancho Paul Singer.
Además de sus infructuosas acciones ante los poderes político y judicial de Estados Unidos, Cristina pidió autorización al Parlamento para volver a suspender la Ley Cerrojo y negociar mano a mano con el 7% de los acreedores que habían quedado fuera, los buitres, que compraron a precios de saldo los títulos argentinos tras el default a sus tenedores originarios y perseguían ganancias de más del 1000%.
El fantasma de la cláusula RUFO, que vencía el 31 de diciembre de 2014 y obligaba a igualar las ofertas a quienes participaron de los canjes de 2005 y 2010, puso techo a la negociación con los buitres. El Congreso dio a la presidenta el instrumento que necesitaba y delegó en el Ejecutivo la negociación, que no llegó a buen puerto y ahora, con Cambiemos en el poder, entró en un nuevo e incierto capítulo. «
Inicio de la dictadura
8
fueron los miles de millones de dólares que recibió la dictadura cívico militar en 1976.
Herencia militar
45
fueron los miles de millones de dólares que heredó Alfonsín. Buena parte, deuda estatizada.
Más pagos, más deuda
75
fueron los miles de millones de dólares en los que treparon las acreencias tras el ciclo radical.
"Joyas de la abuela"
120
fueron los miles de millones de dólares que dejó Menem pese a malvender activos del Estado.
Paridad reloaded
143
fueron los miles de millones de dólares a los que trepó la deuda en los dos años de la Alianza.
Desendeudamiento
186
fueron los miles de millones de dólares de acreencias con los que lideó Kirchner desde 2003.
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