miércoles, 20 de abril de 2016

LA MINISTRA PREFECTA

miércoles 20 de abril de 2016



LA MINISTRA PREFECTA


CASANELLO ACUSÓ A PATRICIA BULLRICH DE BUSCAR 

ENTORPECER LA INVESTIGACIÓN SOBRE TIME WARP

Una ministra amiga de los prefectos


El juez allanó una dirección de la Prefectura y la ministra contestó con un escrito en el que aseguraba que dos secretarios de su juzgado habían ordenado a los prefectos "no molestar a los chicos". Casanello la desmintió.
La ministra Patricia Bullrich y el juez federal Sebastián Casanello tuvieron 
un duro cruce por la investigación.



Por     Irina Hauser


El juez federal Sebastián Casanello acusó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de intentar entorpecer la investigación sobre la responsabilidad de la Prefectura Naval respecto de la venta de drogas de diseño que causaron la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp. Después que el juez allanara en persona la Dirección de Investigaciones Penales y Administrativas de la Prefectura y sus oficinas de la zona Norte, la funcionaria hizo una presentación donde responsabilizó a dos secretarios del juzgado, que el viernes desde la medianoche estaba de turno, de darles instrucciones a los prefectos de "no molestar a los chicos que iban a divertirse". En un escrito, Casanello desmintió rotundamente a la ministra, y señaló que el deber de esa fuerza es informar ante cualquier posible infracción a la ley de estupefacientes, algo que no sucedió ni en esta fiesta ni en otras anteriores.

Entre la documentación secuestrada en las oficinas de Prefectura, el personal del juzgado detectó que había contratos de servicios adicionales de la fuerza para la empresa Dell Producciones, organizadora de las fiestas electrónicas, que se remontan al año 2010. El juzgado recibió ya decenas de testimonios de jóvenes que estuvieron en el lugar y que frecuentan estos eventos. Como declararan en función de la ley de estupefacientes, pueden hacerlo de manera reservada, es decir, queda preservada su identidad pero se le da valor testimonial al contenido de su relato. Esto ayuda a que hablen sin temor. La descripción común a la mayoría de los relatos hasta ahora es que dentro del complejo Costa Salguero había venta de drogas, que era evidente, y que hasta el personal de seguridad privada consumía. Los vendedores ofrecían keta, LSD, éxtasis, cocaína y Superman (esta última es de muy alta toxicidad). En el lugar faltaba ventilación, los baños estaban colapsados y había que hacer largas colas para acceder a una botella de agua. Facilitar el lugar para la comercialización también es un delito.

Después del procedimiento en Prefectura, el Ministerio de Seguridad presentó un escrito en el juzgado ayer a la mañana, firmado por Guillermo Soares Gache, subsecretario de articulación con los poderes judiciales y ministerios públicos. Relataba que el prefecto Rubén Eduardo Farrus y el subprefecto Meraldo Verón, del área que investiga Narcotráfico, se reportaron en los juzgado federales 6 (de Rodolfo Canicoba Corral) y 7 (de Casanello) que estarían de turno, uno hasta las 12 de la noche y el otro a partir de ahí. Como se realizaría la fiesta Time Warp querían recibir instrucciones.

La presentación dice que el secretario Gustavo Russo les dijo que "la tarea debía enfocarse especialmente en una eventual comercialización de estupefacientes" pero recomendaba "no molestara los chicos que van a divertirse" y que incluso jóvenes que trabajan en el juzgado asistirían. Ante una infracción a la ley de drogas, debían informar a la autoridad judicial. Según ese texto, la Prefectura asumía "la responsabilidad por la organización del operativo de seguridad externo al predio". "Nunca fue convocada por la comisión de hechos ilícito dentro." El argumento es que a ellos nunca les avisaron lo que pasaba adentro de la fiesta.

Casanello decidió enseguida contestar con otro escrito. Más aún cuando vio que el de Bullrich había salido publicado, con el facsímil completo y todo, en una web de noticias. A lo largo de tres páginas, cita los testimonios de sus secretarios Russo y Martín Smietniansky, que negaron haber mantenido encuentro alguno con los prefectos Farrus y Verón. Si bien se presentaron dos hombres de Prefectura, sin decir quiénes eran, la instrucción que les dieron fue clara (luego se vio que no la cumplieron): intervenir o informar al juzgado ante violaciones a la ley de drogas, y avisar desde el lugar donde se cometen. La referencia a dejar a los chicos tranquilos dijeron que era "falsa".

La actuación de los agentes, y la "filtración" periodística, según dejó sentado el juez, "puede significar el intento de entorpecimiento de la investigación". Para el juzgado, el despliegue de Bullrich es una maniobra y "llamativamente acontece", especifica, después del allanamiento a la fuerza, efectuado por el juzgado.

Prefectura Naval había mandado 20 efectivos de la policía adicional, que se sumaban a cuatro de Inteligencia que actúan en la zona del río de la Plata y dos patrulleros con tres efectivos a bordo de cada uno. Según los datos oficiales del gobierno porteño, en la fiesta había 10.900 personas.

Hay varios datos llamativos sobre cómo se movió la Prefectura esa noche del viernes 15 y la mañana del 16 de abril. Una es que las muertes recién fueron informadas a la justicia a las 9 de la mañana, aunque ocurrieron más de dos horas antes. Y no fueron notificadas al fuero federal –que les había dado las instrucciones por las sospechas de comercialización de drogas – sino al de instrucción. Ni un juez ni un fiscal se pueden declarar incompetentes por teléfono, sino que todo lleva un acto burocrático hasta que se concreta. Así ocurrió acá: finalmente Sandro Abraldes pasó la causa a Comodoro Py.

Otro de los datos que compromete a la Prefectura, y a otros también, es que cuando la gente llegaba a Costa Salguero pasaba por un cacheo. En esa inspección, que hacía personal de la empresa de seguridad privada del predio, Siseg, todas las sustancias prohibidas que encontraba las iba poniendo en una bolsa. Ahí fueron juntando pastillas, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana. Uno de los prefectos, Gabriel Pandiani, recibió esa bolsa de manos de uno de los hombres de seguridad a quien dijo que sólo conoce como El Chino, alrededor de las tres de la madrugada. En su testimonio, contó que le dejó la bolsa a una compañera, la cabo segunda Ivana Gómez, quien recién cuando se enteró de la muerte de dos personas, cerca de las siete de la mañana, le entregó la bolsa a su jefe, Adrián Alvarez. Cuando la bolsa llega a la fiscalía de instrucción, se supo que estaba llena de droga. En el ínterin, nadie de Prefectura denunció nada.

El fiscal Federico Delgado plantea que existía una "connivencia" entre el personal de seguridad y la Prefectura que "hicieron la vista gorda". Ya pidió que sean indagados Pandiani, Gómez y Alvarez y que se identifique a El Chino. A última hora de ayer, y después de su cruce de cartas virulentas con Casanello, la ministra Bullrich dejó trascender que los prefectos más comprometidos fueron preventivamente separados de sus tareas.

Delgado reclamó además que declaren como sospechosos Néstor Bogado, titular del predio Costa Salguero, el responsable de la organización y apoderado de Dell, Maximiliano Avila, el responsable de la seguridad privada Ezequiel Venturino (Siseg), Carlos Garat, quien estaba a cargo del plan de evacuación y representantes de la Dirección de Fiscalización y control. Casanello le negó el pedido de eximición de prisión a Adrián Conci, el organizador de la Time Warp, quien ahora se encuentra en condición de prófugo.

Desde el sábado hasta ayer hubo múltiples allanamientos. Entre ellos de Telemetrix, que explota Costa Salguero, tres domicilios vinculados a la provisión de Speed y otras sustancias, la de seguridad Siseg, y la de asistencia sanitaria, Semec, además – entre otras – de la dirección de habilitaciones del gobierno porteño. Todo apunta a que el predio sería un gran centro de venta de drogas sintéticas que no se consiguen en otros lugares, con la venia, en este caso, de la Prefectura Naval.
















DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN LA HABILITACIÓN

Un predio con historia


El ex legislador Facundo Di Filippo le presentó a Casanello un escrito con los aspectos cuestionables de la situación legal de Costa Salguero, que plantea desde 2009.
El Centro Costa Salguero SA perdió por estos días su glamour y 
quedó en el ojo de la tormenta.



Tras la muerte de cinco personas que habían asistido a la fiesta Time Warp, el ex diputado porteño Facundo Di Filippo, del Partido Social, que forma parte de la Coalición Cívica, patrocinado por el abogado Enrique Viale, presentó un escrito ante el Juzgado Federal número 7, a cargo de Sebastián Casanello, con información referida a la ilegalidad de la habilitación del predio Costa Salguero y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Di Filippo viene bregando desde hace años contra la situación irregular de este complejo. En 2009 presentó el primer amparo, en el fuero en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Su planteo se basó en que el complejo está ubicado en terrenos con zonificación UP (urbanización parque) en el Código de Planeamiento Urbano. El código prohíbe expresamente toda actividad de explotación comercial en los predios con esta zonificación.
Consultado por este diario, Di Filippo recuerda: "En 2009 tuvimos un dictamen favorable. El juez fue Andrés Gallardo. Se probó que los locales comerciales no estaban habilitados, que habían funcionado así durante quince años. Entonces Gallardo los clausura. En 48 horas el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les concede una habilitación exprés".
Y aclara: "Los principales puntos de nuestra presentación ante Gallardo son tres. El primero es que si está en una zonificación UP tiene expresamente prohibido desarrollar actividades comerciales. El segundo es que no hay un camino de sirga (N. de R.: camino costero de cualquier curso de agua que debe ser de acceso libre al público), ya que la costa está obstaculizada por las terrazas de bares y restaurantes, como la del salón en el que festejó su casamiento el Presidente. Y el tercero, las habilitaciones truchas de los locales, que no las tuvieron en quince años y las consiguieron en 48 horas".
Luego de innumerables obstáculos y chicanas judiciales, el único punto que tiene firme una resolución favorable es el del camino de sirga, aunque sigue sin respetarse la orden de abrirlo y mantenerlo libre. La cuestión de fondo, la prohibición de actividades comerciales en una zona UP, sigue planteada.
Para destrabar la situación, en 2014 presentó, junto al actual legislador Gustavo Vera y al ex Pablo Bergel, una nueva denuncia, esta vez por cuarenta concesiones ilegales en toda la Ciudad, incluyendo la de Costa Salguero SA. La causa pasó entonces al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (donde sigue hasta hoy, "durmiendo en algún cajón") y la instrucción recayó en la fiscal Paula Asaro.
Di Filippo plantea: "Costa Salguero SA fue concesionada a Telemetrix, que es dueña de Emaco, una constructora que consiguió muchas licitaciones en la Ciudad. La concesión fue en 1992 por treinta años, o sea hasta 2022. Paga un canon irrisorio, de $260.000 pesos mensuales. Lo ridículo de la suma salta a la vista si se compara con lo que Telemetrix recibe de las subconcesionarias. Y hay además otra cuestión a tener en cuenta. Telemetrix consiguió la habilitación exprés para 23 espacios (el número 24 sigue sin habilitación al día de hoy. Es la estación de servicio que está a la entrada del predio. Esta sigue clausurada desde 2009). Ninguno de estos 23 espacios tiene habilitación para bailes o fiestas. Si la habilitación original no lo permite y no hubo reformas o modificaciones en los locales (en lo tocante a ventilación, suministro de agua y otras exigencias específicas), ¿por qué se concedió el permiso especial pedido por la empresa organizadora para esta rave?".
"Costa Salguero es un predio de 17 hectáreas de tierras públicas ganadas al río y cuya zonificación está expresamente establecida como un parque, donde no se permite ninguna de las actividades que allí se desarrollan, por lo que jamás la fiesta electrónica debería haber obtenido una habilitación válida. Las irregularidades de la concesión de este predio se enmarcan en una situación general de manejo fraudulento de una gran parte de las concesiones que otorga el gobierno de la Ciudad", resumió.
En su presentación actual, Di Filippo le solicita al juez Casanello que le pida el Superior Tribunal de Justicia porteño copias certificadas de los expedientes y los incorpore a la causa. También que cite al juez Andrés Gallardo y a la fiscal Paula Asaro, ya que por su participación en las causas anteriores disponen de información muy valiosa sobre las particularidades de las habilitaciones en la CABA. "La incorporación de estos expedientes y el testimonio de Gallardo y Asaro le permitirían a Casanello ahorrar mucho tiempo de investigación. Por eso confío en que esta presentación tenga un curso favorable."






 LA SESION ESPECIAL EN LA ONU

Nuevo enfoque sobre la droga


Mientras en el gobierno argentino prevalece una postura punitiva, la Asamblea General acordó centrar el problema en la salud pública.

Por     Mariana Carbajal


En tanto la Argentina sigue conmocionada por la muerte de cinco jóvenes tras consumir pastillas cuya composición aún se desconoce en una fiesta electrónica, ayer la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, abrió una sesión especial para debatir el futuro de la política de drogas a nivel mundial. En la primera jornada, se aprobó un documento que busca establecer un nuevo enfoque centrado en la salud pública, luego de más de cuarenta años de una guerra, promovida por Estados Unidos, que demostró su fracaso.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, parte de la delegación argentina que encabeza la canciller Susana Malcorra, tendrá que enfrentar a su regreso la investigación judicial sobre efectivos de la Prefectura y su rol en la seguridad del predio de Costa Salguero, donde se ingresaron y vendieron las drogas de diseño que habrían causado las muertes, según los testimonios recogidos por la fiscalía que interviene.
La resolución aprobada por los representantes de los 193 estados miembros de la ONU cambia la aspiración de lograr "un mundo libre de drogas" por el objetivo de "un mundo libre de abuso de drogas", además de que enfatiza la importancia de respetar los derechos humanos para enfrentar el problema. A pesar de los cambios de un paradigma centrado en el prohibicionismo y la mano dura, varios países, como Brasil y Costa Rica, expresaron su decepción por no incluir una referencia contra la aplicación de la pena de muerte aplicada en algunos países para delitos de narcotráfico, y otros, como Uruguay y Jamaica, criticaron que no se haya hecho referencia a la despenalización de la tenencia de ciertas sustancias. La sesión especial, que se extenderá hasta mañana, fue convocada a pedido de Colombia, México y Guatemala. Ayer, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto destacó que las respuestas brindadas hasta el momento "fueron francamente insuficientes" y pidió avanzar en "un nuevo entendimiento internacional". "El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, que se inició en los años 70, no han logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo", dijo el presidente mexicano. "Como presidente de México, en esta sesión especial doy voz a quienes han expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo, para autorizar el uso de la marihuana con fines médicos y científicos", agregó. En la misma línea, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sostuvo que las políticas para luchar contra las drogas "deben tener congruencia con la declaración de los derechos humanos" y poner "a las personas y no a las sustancias en el centro".
Otro mandatario latinoamericano que hablará en el plenario será el colombiano Juan Manuel Santos. "No estoy proponiendo la legalización. Estoy proponiendo que cambiemos de enfoque, de prioridades. Porque llevamos más de 40 años en esta guerra contra las drogas y no la hemos ganado", declaró Santos a la prensa. Santos destacó varios avances en el documento aprobado, entre ellos el reconocimiento de la "autonomía de los Estados para implementar con mayor flexibilidad las convenciones de drogas", la inclusión de los "derechos humanos", y la admisión de que "la dependencia es un problema de salud pública".
Más de doscientas ONG que trabajan en la temática alrededor del mundo -entre ellas el CELS, de Argentina, cuestionaron la forma en que se llegó a ese documento, debatido en Viena en la Comisión de Estupefacientes, donde apenas 54 naciones tienen representación y muchas voces quedaron excluidas. Ann Fordham, directora ejecutiva del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), declaró: "La Ungass fue llamado por tres países latinoamericanos que están desesperados por una evaluación crítica de los fracasos de la guerra global contra las drogas, y un diálogo abierto y honesto exploración de las alternativas. Sin embargo, el documento final no lo hace. En su lugar, refleja la posición de consenso mínimo común denominador que está desconectado casi por completo de la realidad".
Desde Nueva York, el coordinador del proyecto "Crimen Organizado y Economías Criminales", del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Juan Carlos Garzón, señaló que "estos documentos suelen ser genéricos" y en buena medida "eso se explica porque son producto del consenso", pero consideró que habría que mirar la resolución aprobada ayer en perspectiva. "Visto de manera individual, varios de sus contenidos parecen no decir mucho. Pero comparándolo con lo que teníamos años atrás sí se pueden reconocer varios avances, incorporando de manera más clara la perspectiva de derechos humanos, la salud pública y el desarrollo", apuntó, al ser consultado por Página/12. Garzón es además investigador del Woodrow Wilson Center, con sede en Washington DC y de las Fundación Ideas para la Paz, de Colombia.
El documento señala la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas contra las drogas. "Para mí el punto más importante es el de la 'flexibilidad', que según la declaración debe ser aplicada con arreglo a las prioridades y necesidades de cada país. Esto es significativo porque nos saca las miradas monocromáticas que pretendía la aplicación de una política de talla única para todos", indicó.

–¿Qué cambia en relación al planteo de guerra contra las drogas?

–Hay algunos cambios y pequeñas victorias. Hoy tenemos menciones más claras con respecto a medidas alternativas al encarcelamiento, es decir, que se consideren otro tipo de respuestas para los eslabones más débiles; la inclusión de medidas para la prevención de sobredosis y la reducción de los impactos negativos del uso de drogas inyectables; la perspectiva al desarrollo y a la atención de las causas subyacentes. Pero sin embargo, no hubo un acuerdo sobre la abolición de la pena de muerte de los delitos relacionados con drogas y tampoco sobre la despenalización del consumo.













FAMILIAS EMBLEMÁTICAS DEL PODER ECONÓMICO,   

CON SOCIEDADES EN GUARIDAS FISCALES

Ricos, poderosos y adictos al paraíso


La participación de Mauricio Macri en sociedades radicadas en guaridas fiscales forma parte de una práctica extendida en el empresariado local, que utiliza estructuras diseñadas para evadir impuestos y fugar divisas. Otra revelación de los Panama Papers.
   Eduardo Eurnekian, Luis Pagani, Alejandro Bulgheroni, Gregorio Pérez Companc,             Alfredo Coto, Héctor Magnetto, Alejandro Roemmers, Javier Madanes, Francisco           de Narváez, Matías Garfunkel, Claudio Belocopitt, Antonio Tabanelli.

Algunos de los empresarios más importantes de la economía argentina también operan con guaridas fiscales. La información surgió de los "Panama Papers" y fue elaborada a nivel local por el diario La Nación. Allí se detalla la vinculación offshore de directivos como Eduardo Eurnekian (Corporación América), Gregorio y Jorge Pérez Companc, Amalia Lacroze de Fortabat (cuyos bienes gestionaba el ministro Alfonso Prat-Gay), la familia Blaquier, Héctor Magnetto de Clarín, Luis Pagani (Arcor), Alfredo Coto, Mercedes Bulgheroni (hija del fundador de la firma energética Bridas), la familia Madanes (Aluar), Alejandro Roemmers (Laboratorios Roemmers), Daniel Carlos Garbarino, Claudio Belocopitt (Swiss Medical Group), Antonio Tabanelli (Boldt), Francisco de Narváez (dueño de El Cronista y accionista minoritario de América TV) y Matías Garfunkel (Grupo 23). La participación de Mauricio Macri en sociedades radicadas en paraísos fiscales muestra que el Presidente forma parte del elenco del empresariado local que utiliza estructuras diseñadas para evadir impuestos y fugar divisas.

Las guaridas fiscales proveen regímenes tributarios preferenciales, con muy baja o nula imposición fiscal y sistemas de opacidad financiera. Por eso albergan el dinero de las personas más ricas del mundo y son un medio para evadir impuestos por parte de grandes multinacionales, cuyas actividades "reales" se desarrollan en países con regímenes regulares, pero sin embargo están constituidas u operan con cuentas y otras sociedades en las Islas Caimán, Panamá, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo. Esa característica de los offshore es independiente de si la cuenta o la empresa fue declarada o no ante la autoridad fiscal local.

Según consigna el diario La Nación, los empresarios consultados dicen que recurrieron a inversiones offshore para salvarse de las restricciones derivadas "del cepo" cambiario y las "trabas al comercio" en la Argentina, por oportunidades de inversión y hasta por la incertidumbre electoral de 2015. También por las "facilidades operativas y los bajos costos que ofrecen esos paraísos fiscales". Las justificaciones empresarias apuntan a una táctica circunstancial. Sin embargo, los paraísos fiscales cumplen un papel estructural en el funcionamiento de la economía argentina.

A través de diversas herramientas financieras y comerciales canalizan la fuga de capitales, que desde los últimos 40 años es fuente predilecta de ganancias del empresariado nacional, así como de merma de divisas y de recaudación para el Estado. Según estimaciones de distintas fuentes, el stock de capital propiedad de residentes argentinos radicado en el exterior oscila entre los 205 mil millones de dólares y 376 mil millones. Según la ONG Red de Justicia Federal, entre 1970 y 2010 Argentina figura en el octavo lugar entre los principales orígenes de fondos depositados en paraísos fiscales. A continuación, los empresarios implicados:

- Amalia Lacroze de Fortabat, dueña de la cementera Loma Negra hasta su venta a la brasileña Camargo Correa, operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. La empresaria falleció en 2012 pero todas sus compañías permanecen activas. El actual ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso PratGay, fue apoderado de la cuenta de Fortabat en la sede del HSBC en Ginebra, Suiza.

- Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, cuenta con un poder de administración que abarca una cuenta bancaria abierta en el banco UBS de Ginebra, Suiza, vinculada a la sociedad East River Associates Corporation, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, que operó entre 2001 y 2012, cuando fue disuelta.

- Gregorio y Jorge Perez Companc aparecen como dueños de las firmas panameñas Pima Investments e Impex Holdings, respectivamente, atadas al Banco Itaú. Impex Holdings posee inmuebles.

- Los Blaquier, dueños de los ingenios jujeños donde se produce el azúcar Ledesma, están vinculados a dos offshore en las Bahamas (Financiere Translemanique y Derby Services, también con lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor International Corp, donde aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini como beneficiarios finales).

- Eduardo Eurnekian operó Corporación América desde Panamá entre 1996 y 2003. Lo hizo como parte de un consorcio internacional dedicado a administrar aeropuertos. Además, Martín Eurnekian, uno de sus sobrinos, apareció como beneficiario de Airfuel International, creada en 2005.

- Los Pagani, dueños de Arcor SA, también guardan relación con los paraísos fiscales. Luis Alejandro es "beneficiario final" de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad. Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited.

- Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados, controla Leopold Company desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani. La firma permanece activa, sin cuentas bancarias asociadas.

- María de las Mercedes Bulgheroni, hija del fundador de la compañía energética Bridas y hermana de Carlos y Alejandro Bulgheroni, figuraba como titular de la offshore First Financial Worldwild Limited, aunque con actividad sólo entre 2002 y 2003. El diario La Nación aclara que un vocero de los Bulgheroni dijo que "mientras negociaba una operación le ofrecieron completarla mediante esa sociedad, pero ella se negó a firmar y a hacer esa operación de ese modo. Debieron disolver esa sociedad".

- La familia Madanes, de la monopólica Aluar, figura en la lista de Panamá Papers a través de varias compañías. La panameña Mylton Services Portfolio es controlada por Miguel Madanes, mientras que otros miembros de la familia aparecen vinculados a sociedades en Islas Cook y Bahamas.

- Alejandro Roemmers, del laboratorio homónimo, figura como dueño y accionista de Light 31 Portfolio, creada en las Islas Vírgenes, para comprar bienes inmuebles en Estados Unidos. Además, aparece la firma Roemmers Internacional (Panamá), aunque figura como "suspendida".

- Daniel Carlos Garbarino, aparece con la sociedad Russelville Holding International, con sede en Panamá, activa desde 2012. "La sociedad se creó para comprar departamentos en Argentina y Uruguay, pero eso no prosperó", indicó un vocero de la firma.

- El presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, registró seis firmas en las Islas Vírgenes durante 2015, que se suman a una sociedad panameña creada en 2005 y luego disuelta.

- Mastellone Hnos., que controla junto a Sancor el mercado lácteo local, aparece vinculada a Across Enterprises Ltd. "Es un broker que intermedia en el mercado internacional entre importadores y exportadores y, por lo cual, cobra servicios. Tuvimos relaciones comerciales años atrás, pero no tiene vinculación societaria con Mastellone", aclararon desde la empresa.

- Antonio Tabanelli, fundador de Boldt SA, dedicada a la explotación de juegos de azar, es accionista de tres sociedades: Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automación Gráfica (Bahamas). Su hija Rosana Tabanelli aparece, además, como directora de la firma ICM SA de Panamá.

- Francisco de Narváez, dueño de El Cronista, accionista minoritario de América TV y ex diputado nacional, está vinculado a cuatro sociedades offshore: Willowbrook Trading Inc., Power Horse Properties Inc. y Titan Consulting Ltd. (con una cuenta en Suiza), todas en Islas Vírgenes Británicas; y La Esperanza Associated Corp., en Panamá. La mayoría se utilizaron para canalizar operaciones vinculadas a Casa Tía.

- Matías Garfunkel también eligió a Mossack Fonseca y las Islas Vírgenes Británicas. El socio de Sergio Szpolski en el Grupo 23, que fue vaciado en apenas unos meses, figura como director y con un poder general otorgado en 2010 para actuar en nombre de Collette Finance Ltd.















LA EX PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER SE REUNIÓ AYER 

CON ARTISTAS, ESCRITORES Y PERIODISTAS

El desafío de construir un sentido común


En el Instituto Patria, Teresa Parodi ofició de anfitriona de los artistas convocados. CFK destacó la existencia de una "matriz política, comunicacional, judicial" que ahora está cercando a Dilma Rousseff. Apuntó a un "movimiento Ciudadano".
                     Axel Kicillof, Andrés Larroque, Gabriela Cerruti, Mariano Recalde y                                   Víctor Santa María se sumaron al encuentro.



Por      Nora Veiras


Las sillas no alcanzaban, la sala desbordaba. En la primera hilera charlaban Dady Brieva y Rita Cortese. Un poco más atrás se sucedían Liliana Herrero, Miguel Angel Estrella, Víctor Heredia, Daniel Santoro, Alejandro Dolina, Carolina Papaleo, Darío Grandinetti, Donna Caroll. Muchos habían estado frente a Comodoro Py, pero todos esperaban tenerla al lado, cargar energías. La expectativa desembocó en un estallido: "Vamos a volver/ Vamos a volver". Apenas entró Cristina Kirchner al salón del Instituto Patria, las fotos registraron besos abrazos y más besos y abrazos. La ex presidenta amagó sentarse frente al escritorio y en un instante cambió el escenario y la escena. "Me encanta ese patio", dijo y caminó entre todos buscando la claridad en una tarde desapacible. Apeló a un asiento improvisado y les habló a artistas, escritores, periodistas. "El pueblo demanda que den testimonio como lo saben hacer, cada uno en cada lugar con sus convicciones, mostrando lo que está pasando no sólo acá, en la región" dijo y puso el foco "en Brasil, esa matriz política, comunicacional judicial que está armada de afuera" y atenta contra proyectos que "incluyeron a millones".
–Quiero agradecerles que estén hoy acá... a todos y todas...
–¡A vos Cristina! –irrumpió el vozarrón de Claudio Rissi, el protagonista de Terrenal.
–¡Qué voz! –exclamó ella y aprovechó para mencionar el video No volvamos al Fondo en el que el actor y Rita Cortese leyeron un texto de San Martín. "Seamos libres que lo demás no importa nada", recitaban los actores en la campaña que se viralizó en las redes sociales contra la aprobación del pago a los fondos buitre. "Menos mal que lo decía San Martín, si no, lo que hubieran dicho", ironizó la ex presidenta. "Es que San Martín era kirchnerista", gritó uno y ella retrucó: "No, nosotros somos sanmartinianos". Después elogió a Dady Brieva por "esa pequeña obra" de un minuto en la que caracteriza a un policía que reprende a un joven que pide dos panchos con los dedos en V. "Pocas cosas más corrosivas que el humor para mostrar la estupidez, la mediocridad" , remarcó.
Sentada sobre una barra, la ex presidenta retomó los ejes de su discurso del miércoles pasado frente a la multitud que la acompañó tras la citación del juez Claudio Bonadio. La necesidad de formar un Frente Ciudadano, de comparar cómo estaba cada uno hace apenas cuatro meses y cómo está ahora y la decisión de no resignar "libertad" ni dejarse ganar por el miedo hilvanaron su exposición. Incorporó la preocupación por "la escalada regional" contra Dilma Rousseff. "Lo que está pasando en Brasil parece un sketch de Capusotto aunque Peter, con Saborido, lo hubieran hecho mejor", especuló para luego denunciar además el componente de "misoginia" que la hermanó con la presdienta brasileña.
CFK pidió que le alcanzaran dos facsímiles de tapas de revistas. En la brasileña Istoé un retrato de Dilma desencajada ilustraba el título: "Las explosiones nerviosas de la Presidenta"
–¿Qué les recuerda? –provocó al auditorio.
–Noticias –corearon y ella mostró la tapa en la que la pusieron también desencajada bajo el título "Escenas increíbles del miedo a Cristina". Recordó que la última vez que había estado con su par brasileña le dijo: "'Dilma, esto es calcado, es una réplica de lo que yo viví desde el 2008'. Esto viene empaquetado de afuera. Es una matriz política, comunicacional, judicial. Esto está estudiado, no lo hacen acá estos que no saben articular sujeto y predicado, está diseñado en otras latitudes", dijo y los aplausos la interrumpieron.
La construcción del sentido común que logra que el "sujeto promovido se desvincule" de su contexto fue analizado por la ex presidenta desde el ejemplo de su abuela Amparo hasta un nuevo escrito del vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera. Contó que nunca pudo convencer a su abuela que como inmigrante había venido "con una mano atrás y otra adelante" que su bienestar no había sido solo producto de su esfuerzo sino de un contexto político que le había permitido trabajar, tener derechos. García Linera "habla de un sentido común que produce desclasamiento y reclasamiento. Muchos creen que todo es producto solo de su propio esfuerzo. Muchos creen que haber tenido casi el 50 por ciento de los trabajadores en el PBI, el 5,9 por ciento de desocupación, jubilaciones, , libertad era el país normal y, en verdad, si uno mira la historia argentina fueron doce años bastante atípicos", destacó.
Como desafío para que las conquistas alcanzadas no queden presas del derrotero de líderes populares, la ex presidenta instó a construir un "Movimiento Ciudadano, de modo tal que cualquiera sea el gobierno que esté, haya cosas que no se puedan quitar a ningún argentino. Tenemos que lograr que nos respeten como ciudadanos libres".
–¿Cómo hacemos? – susurró una chica. CFK no alcanzó a escuchar. La respuesta a esa pregunta quedó flotando en la inquietud de muchos de los participantes. El tetè a tetè terminó, esta vez, sin el ida y vuelta que muchos habían imaginado.






 PRESENTACIÓN JUDICIAL DE CFK

Pidió ser querellante


El juez Claudio Bonadio. Federico Sturzenegger

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ser querellante en caso de que la Justicia federal decida impulsar la causa contra el juez Claudio Bonadio y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por la operatoria de dólar futuro. La presentación había sido realizada la semana pasada por diputados del Frente para la Victoria, recayó el juzgado que encabeza por Sergio Torres y ahora es analizada por el fiscal Jorge Di Lello que deberá pronunciarse acerca de si avanza o no la investigación.

La denuncia apunta a Bonadio (que investiga a CFK por la misma operación) y a Sturzenegger por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, prevaricato, estafa procesal y privación ilegal de la libertad, entendiendo que el juez y el funcionario actuaron de mala fe y son responsables de las pérdidas a causa de los contratos a futuro que tenía suscritos el Banco Central cuando se decidió devaluar la moneda en diciembre.

La presentación judicial había sido realizada el miércoles pasado, luego de que la ex presidenta acudiera a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante Bonadio, y lleva la firma del jefe de la bancada del FpV, Héctor Recalde, y sus compañeros y compañeras de bloque Juliana Di Tullio, Nilda Garré, Diana Conti, Teresa García, Carlos Kunkel, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade.

Los argumentos de la querella coinciden con lo que planteó Fernández de Kirchner en el escrito que presentó ante Bonadio en el marco de su indagatoria, donde ya se apunta contra el juez (que también fue recusado en la causa y acusado ante el Consejo de la Magistratura) por tomar decisiones como magistrado reñidas con la ley, y también contra Sturzenegger, por haber tomado decisiones de política económica que beneficiaron a "empresarios cercanos" al gobierno nacional.

Ahora, la ex mandataria intentará formar parte del expediente como querellante, para lo que presentó un escrito en el que asegura que "los supuestos beneficiarios ilícitos de la compra de dólar a futuro, que fuera denunciada por los diputados Mario Negri y Federico Pinedo, y a los que ellos calificaban como grandes especuladores en el exterior, grandes empresar, grandes financieras, inversiones institucionales y personas físicas de alto patrimonio, terminaron apareciendo los funcionarios de su propio gobierno y empresarios del círculo más íntimo del presidente".









CRISTINA KIRCHNER VISITÓ UNA PARROQUIA DE LA      

ISLA MACIEL JUNTO A LOS CURAS EN LA OPCION POR  

LOS POBRES


"No quiero poner los criterios del frente"

En la visita, la ex presidenta conversó con los curas sobre su propuesta de armar un frente ciudadano, cuyas características dejó abiertas. Criticó el plan económico del Gobierno, que genera "desocupación y angustia".
Cristina Kirchner conversó con los chicos en el galpón de la 
parroquia Nuestra Señora de Fátima.



Por      Washington Uranga


Durante más de una hora Cristina Fernández de Kirchner se reunió ayer en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en la Isla Maciel (municipio de Avellaneda) con un grupo de Curas en la Opción por los Pobres con quienes dialogó sobre la situación social, la labor de los sacerdotes y la iniciativa del "frente ciudadano" anunciado esta semana por la ex presidenta. El encuentro se realizó a pedido de los sacerdotes católicos que trabajan en medios populares y, según lo confió uno de los asistentes, "la aceptación fue inmediata". "El lunes pedimos la reunión y el martes ya estaba confirmada" agregó, acotando incluso que la ex presidenta postergó otros encuentros ya previstos para poder dialogar con los curas. Según testimonios de los presentes la ex mandataria se mostró distendida y alegre, intercambió con los vecinos del lugar y con los niños de la parroquia, aceptando sacarse muchas fotos con quienes se acercaron hasta el lugar.

Durante la mayor parte del encuentro Cristina Fernández expuso su análisis sobre la coyuntura del país, con duras críticas al gobierno que encabeza Mauricio Macri, señalando que la "tristeza", la "angustia" y la "desocupación" son tres características de la situación actual. Hubo también afirmaciones en el sentido de que "este modelo económico mata". Además fue crítica respecto de las recientes medidas sociales anunciadas por el gobierno por considerarlas totalmente insuficientes frente a la realidad que se vive, y puso énfasis en rechazar la actualización del seguro de desempleo. Explicó que durante su gestión recibió varias propuestas en el mismo sentido y las descartó porque consideró que lo mejor es "invertir esos mismos fondos para generar más trabajo".

La ex presidenta se explayó ante los sacerdotes acerca de su idea de un "frente ciudadano" lanzada en varios encuentros que sostuvo esta semana desde su regreso a la capital desde Santa Cruz. Entre otras definiciones Cristina Fernández aseguró que se trata de una iniciativa para que "los pobres se sientan sujetos" aunque, frente a la pregunta que le formularon los sacerdotes, declinó explayarse sobre las formas organizativas que puede tener dicho frente dado que "yo no quiero poner los criterios" y que deben ser los propios actores ciudadanos quienes le vayan dando forma.

En la mesa principal junto a Cristina Fernández estuvo sentado el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien le dio la bienvenida al municipio. También participaron del encuentro pero sin hacer uso de la palabra los diputados Mayra Mendoza y Andrés Larroque y el ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, hoy uno de los responsables del Instituto Patria, elegido como centro de operaciones de la ex presidenta.

Por el grupo de curas, uno de cuyos coordinadores es el sacerdote Eduardo de la Serna, participaron una docena de curas, incluido Francisco Oliveira, párroco de la iglesia que sirvió de sede para el encuentro. La ex presidenta había solicitado especialmente que la reunión se realizara en "un lugar pobre" como los que habitualmente frecuentan los sacerdotes. Después de barajar distintas alternativas se eligió un galpón (conocido como "el convento") de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. En años anteriores ese lugar funcionó como un taller para la producción de indumentaria con participación y como fuente de trabajo para los vecinos, pero hoy el emprendimiento productivo está desactivado y el local se ha convertido en un comedor popular para atender las urgencias de los miembros de la comunidad.

Cuando Cristina Fernández fue consultada por algunos curas sobre el papel que les podría corresponder como tales en el futuro "frente ciudadano", la ex mandataria fue categórica al decirles "ustedes sean curas de los pobres, porque esa es la opción que hicieron".

Los sacerdotes le entregaron a la ex presidenta las cuatro "Cartas al Pueblo de Dios" producidas hasta el momento por el grupo de Curas en la Opción por los Pobres. Se trata de textos elaborados por los sacerdotes que contienen noticias y análisis de la coyuntura social, política y económica y tienen el propósito de ser leídos en los servicios religiosos para información de los fieles participantes como una forma de superar "el bloqueo informativo" de los medios de comunicación hegemónicos. En la oportunidad los curas le adelantaron también a Cristina el borrador de la quinta carta que están preparando y que será difundida el próximo viernes.











Siguen las reuniones


La ex presidenta Cristina Kirchner continuará durante toda la semana con su agenda de reuniones. Esta tarde, a las 18, mantendrá un encuentro con dirigentes y referentes de organizaciones sociales en el ND Teatro. Mañana, en tanto, se reunirá con científicos, y a las 14 recibirá en el Instituto Patria a los senadores del Frente para la Victoria, tal como ya lo hizo con el bloque de diputados y con los intendentes bonaerenses. La senadora por Santa Cruz María Ester Labado confirmó el encuentro y adelantó que "nadie está obligado a ir", ante la posibilidad de que algunos integrantes del bloque pudieran sentirse incómodos en la reunión. En la última votación, en la que se decidió la aprobación del acuerdo con los fondos buitre cerrado por el gobierno de Mauricio Macri, la bancada del Frente para la Victoria votó dividida. Mientras que el kirchnerismo lo rechazó, los senadores más vinculados con los gobernadores lo aprobaron. "Tanto los gobernadores como los senadores están donde están gracias a Cristina", consideró la senadora Labado, con la idea de que todos deberían concurrir al encuentro de mañana.














LA DENUNCIA CONTRA NÉSTOR GRINDETTI POR EL CASO     

DE SU OFFSHORE

En la misma causa que Macri


El titular de la Procelac, Carlos Gonella, le remitió al juez Casanello la denuncia de Leandro Santoro contra el intendente de Lanús por la posible relación entre una emisión de bonos de la ciudad en 2010 y su manejo de una empresa en Panamá y una cuenta en Suiza.
Néstor Grindetti no dio hasta ahora explicaciones sobre la offshore 
y la cuenta en Suiza.


Por     Santiago Rodríguez


El juez federal Sebastián Casanello sumó un nuevo elemento en la causa por presunta omisión en sus declaraciones juradas abierta contra Mauricio Macri luego de que se conociera su vínculo con dos sociedades radicadas en paraísos fiscales. El magistrado incorporó al expediente la denuncia contra el intendente de Lanús Néstor Grindetti por la posible relación entre una emisión de bonos que realizó el gobierno porteño en 2010 y su designación como apoderado de una empresa fantasma en Panamá y de una cuenta en un banco en Suiza.

La denuncia contra Grindetti fue remitida al juzgado de Casanello por el titular la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella. El intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires fue denunciado por el ex candidato a vicejefe de gobierno porteño Leandro Santoro, quien solicitó que también se investigado Macri.

Macri ya estaba bajo investigación de Casanello a raíz de la denuncia que hizo el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez, cuando se conoció su vinculación con dos empresas radicadas en paraísos fiscales: Fleg Trading, la sociedad creada en Bahamas en 1998 en la que el Presidente fue director, y Kagemusha, constituida en 1981 en Panamá, y que según el Registro Público de ese país tiene a Macri como vicepresidente. Tras la presentación de Martínez, el fiscal Federico Delgado impulsó la acción penal y solicitó a Casanello distintas medidas para determinar si Macri cometió un delito al no mencionar estas empresas en sus declaraciones juradas.

En la denuncia que formuló contra Grindetti ante la Procelac, Santoro hizo referencia a esa causa en trámite en el juzgado de Casanello y también a la presentación que realizó Eduardo Barcesat para que Macri sea investigado por presunta evasión fiscal agravado y lavado de activos. Gonella decidió por eso remitírsela a Casanello.

Santoro pidió que Grindetti sea investigado por lo que salió a la luz con los Panama Papers: que el ex ministro de Hacienda porteño manejó entre 2010 y 2013 la empresa panameña de dueños desconocidos Mercier Internacional SA y también una cuenta de esa sociedad en el banco Clariden Leu AG, con sede en la ciudad suiza de Zurich.

Grindetti obtuvo un "poder especial" para manejar esa firma pocos meses después de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entonces a cargo de Macri, colocara en el mercado los bonos Tango Serie 8. Aquella emisión de deuda estuvo rodeada de sospechas porque la se realizó a una tasa de interés del 12,5 por ciento, muy superior a la que entonces consiguieron otras provincias que emitieron bonos, y se pagó el equivalente al 2 por ciento de la operación, una cifra ocho veces mayor a la que pedían otros agentes financieros. La administración macrista obtuvo 475 millones de dólares que supuestamente serían para extender las líneas de subte A, B y H, pero que al final se usaron con otros fines porque las obras no estaban siquiera licitadas.

Para emitir los bonos Tango Serie 8 el gobierno porteño contrató de manera directa al banco Credit Suisse y KBR Corporate Finance, una firma sin mayor trayectoria en el mercado que tenía entre sus directores a Edgardo Srodek, quien fue jefe de campaña del PRO en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2005, aportante de la campaña macrista en 2007, y hermano de Jorge Srodek, entonces diputado provincial por ese espacio político. El banco Credit Suisse, a su vez, controlaba al Clariden Leu AG, en el que justamente Grindetti pasó a operar al poco tiempo una cuenta radicada en Suiza.

Santoro expuso en su denuncia ante la Procelac su sospecha de que hubo una maniobra de lavado de dinero que luego fue destinado a financiar la actividad política del PRO. Ahora la palabra la tiene Casanello.













EL OFICIALISMO BUSCA AVANZAR CONTRA RICARDO  

ECHEGARAY POR SU SITUACIÓN JUDICIAL.

Una apuesta para descabezar la AGN


El juez Casanello citó a indagatoria al ex jefe de la AFIP en el marco de la causa contra Báez. "Si hay procesamiento, se empujaría hacia la discusión de la remoción", aseguró Peña. Carrió, Negri y Massot pidieron que se suspenda ya la actividad de la auditoría.
Echegaray fue nombrado en la AGN a propuesta del PJ, el principal 
partido de oposición en el Congreso.



La decisión del juez federal Sebastián Casanello de llamar a indagatoria al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa que se investiga al empresario Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero, desató una nueva embestida del Gobierno para desplazar a Echegaray de la Auditoría General de la Nación (AGN). El jefe de Gabinete del gobierno macrista, Marcos Peña, indicó que desde el Ejecutivo "el consenso es que si hay procesamiento, se empujaría hacia la discusión de la remoción". En tanto, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, empujó a sus aliados de Cambiemos en el Congreso a que se pronuncien a favor de la remoción de Echegaray de la AGN y logró que los jefes del interbloque de la alianza oficialista en la Cámara baja – Nicolás Massot (PRO) y Mario Negri (UCR) – la acompañen en un pedido de suspender "cualquier eventual próxima reunión del Colegio de Auditores" hasta que Casanello cumpla con el pedido de indagatoria de Echegaray el próximo 3 de mayo.
La avanzada política contra Echegaray se entronca con las resoluciones judiciales que implican al titular de la AGN. Casanello pidió la indagatoria de Echegaray en el marco de la causa que investiga el eventual delito de lavado de dinero a Báez, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita pidió que se lo cite en la causa contra Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa por evasión impositiva.
Carrió, que resistió el nombramiento de Echegaray en la AGN, encabezó la nueva ofensiva contra el ex titular de la AFIP. "Ricardo Echegaray ha utilizado su cargo para cometer delitos o para encubrir y/o facilitar delitos cometidos por terceros", dijo la chaqueña en la misiva que envió a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso (del que depende la AGN), Emilio Monzó, de Diputados, y la vicepresidenta Gabriela Michetti, del Senado, para reclamar la remoción de Echegaray. "Se trata de hechos que finalmente, en estos días, se ventilan en los tribunales federales en lo criminal y correccional de la calle Comodoro Py", agregó Carrió.
La socia menor de Cambiemos, logró a medias su objetivo. Aunque no consiguió el pronunciamiento abierto de Monzó y Michetti, arrastró al diputado macrista Massot y al radical Negri a que la acompañen en un pedido de paralizar la actuación de la AGN "hasta tanto se lleve a cabo la medida judicial ordenada por el magistrado actuante". En este caso, la misiva está dirigida a los auditores generales de la AGN designados recientemente en representación del oficialismo y sus aliados parlamentarios: los radicales Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva.
Allí, los jefes de las bancadas del interbloque de la alianza oficialista mencionan los "hechos de público conocimiento" en referencia a la convocatoria a indagatoria y la prohibición de salir del país a Echegaray dictada por Casanello, y también la solicitud del fiscal Pollicita y la referencia a la causa Ciccone, en la que está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou. Las declaraciones judiciales del mediático financista Leonardo Fariña, que estuvo preso durante dos años por evasión fiscal agravada y liberado tras su declaración en calidad de "arrepentido", derivaron en la citación a indagatoria de Echegaray.
Desde el gobierno nacional también dieron luz verde a la intención de desplazar a Echegaray de la AGN. El ministro coordinador reconoció que en el Ejecutivo "el consenso es que si hay procesamiento, se empujaría hacia la discusión de la remoción". En una conferencia de prensa en Casa Rosada – tras la reunión de Gabinete –  Peña remarcó que es "muy importante ser respetuoso de los pasos institucionales y de la investidura de quien ocupa ese lugar", pero subrayó que "vamos a seguir con mucho interés" el tema.
El jefe de Gabinete también aclaró que "le ocupa a las autoridades parlamentarias" esa situación, y que "le corresponde al Partido Justicialista ese cargo", por ser primer bloque opositor, y luego dijo estar al tanto de que "se está discutiendo en el Congreso en las últimas semanas, por parte de varias fuerzas políticas", la situación judicial del ex titular de la AFIP durante la gestión kirchnerista. Un tema que, salvo las declaraciones de Carrió contra el titular de la AGN, no había trascendido públicamente ni en que ámbito legislativo se discute la destitución de Echegaray.
"De acuerdo a la ley, cualquier persona que tenga proceso pendiente se le pedirá la renuncia porque no puede estar al frente de la Auditoría; hoy no está en ese proceso", sostuvo Michetti en sintonía con el Gobierno, aunque la vicepresidenta no mencionó el debate puertas adentro del Congreso que – según Peña – se estaría dando para desplazar al titular de la AGN.








MEDIOS Y COMUNICACIÓN

El juego del tiempo en el relato PRO


Rodrigo Fernández Miranda advierte que, más allá del manejo del relato que hace el PRO, parece difícil que las políticas del hoy oficialismo se apliquen sin rechazo y resistencia social creciente.

Por     Rodrigo Fernández Miranda   *


En una comunicación de gobierno signada por constantes anuncios de medidas de ajuste, es interesante observar en el armado discursivo del PRO el uso de los tiempos para explicar a la opinión pública el origen, las responsabilidades y los impactos de las políticas que adoptan en la actualidad. Un juego retórico en el que el pasado y el futuro se instrumentalizan para la legitimación y aceptación del presente.
El pasado todo lo origina: en el presente aparece un Estado y una economía en "crisis" que, aunque comienza a manifestarse en diciembre de 2015, su génesis se encuentra en el pasado. La escalada inflacionaria forma parte de una "inercia" de las políticas monetarias del Ejecutivo anterior. Los despidos masivos en el Estado tienen como causa los "ñoquis", "el clientelismo, el despilfarro y la corrupción" kirchnerista. La devaluación es el "sinceramiento" de una falsedad de los años precedentes. En el pretérito, la "herencia K", un balance que sólo tiene pasivo, depositario de las causas y los responsables del rumbo económico y social que, hoy, adopta el Gobierno.
El futuro alberga los beneficios: la eliminación de las retenciones a los agroexportadores fortalecerá las economías regionales. El aumento de tarifas repercutirá en la mejora del sistema y la soberanía energética. Pagarle a los fondos buitres y arreglar con el FMI permitirá atraer inversiones extranjeras y acceder al endeudamiento en los mercados financieros internacionales, condiciones para el crecimiento futuro de la economía, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Con el actual achicamiento del sector público se podrá, en otro momento, gozar de un Estado "moderno", "eficiente" y "transparente". En un porvenir más lejano también habitan las esperanzas: la "revolución de la alegría", "el país del acuerdo y el consenso" y los mentados mantras de la "pobreza cero" y la "unión de los argentinos".
En este juego del tiempo el relato sobre el pasado y el futuro confluye en un objetivo: la aceptación del ajuste en un presente en el que los recursos económicos van desde el sector público al privado concentrado, se reduce el poder adquisitivo y empeoran las condiciones de vida de clases medias y populares con una celeridad inquietante. Ahora, los sacrificios, en un proceso de "normalización".
Este esquema, en virtud de un armado mediático y de comunicadores afines sin precedentes, a fuerza de repetición y de pantalla se quiere instalar como una lógica y una verdad inapelables. Sin embargo, estudios de opinión publicados a partir de febrero muestran una rápida caída de la imagen del Presidente (Ricardo Rouvier y Asociados, Poliarquía, Haime y Asociados) y de la aprobación de su gestión (Poliarquía); que el 43,1% de los ciudadanos es pesimista en cuanto a las expectativas sobre la situación económica del país para 2016 (Analogías); que la preocupación por la inflación llegó hasta los niveles de la inseguridad (Analogías); que la imagen que los ciudadanos tienen del futuro es más negativa que positiva, y que "incertidumbre" y "temor" lideran el ranking de malas perspectivas (Ibarómetro). Más allá del relato que clama por el "optimismo" y diagnostica que "la negatividad es el principal problema de la Argentina", a principios de marzo un informe del consultor Hugo Haime destacaba que "el clima social cambió, la bronca y el desánimo hoy superan a la esperanza".
Este juego del tiempo es otra herramienta discursiva con la que se intenta avanzar en el camino del neoliberalismo con la mayor aceptación social posible, desviando los costos políticos y postergando la consecución de las esperanzas construidas en sus votantes durante la campaña electoral. Un artilugio que aspira a diluir el peso del presente y generar una resignación sobre la inevitabilidad de este modelo. Aunque, atendiendo a esas encuestas, la eficacia persuasiva de la propuesta de intercambio temporal entre gobierno y ciudadanía empieza a ser limitada.
Una mayoría de los que votaron por la continuidad y al menos un sector de los que optó por la alternancia, habiendo vivido estas mismas políticas en el pasado, saben o empiezan a atisbar qué futuro espera. No por nada, en ese pasado en el que el gobierno quiere sepultar las responsabilidades políticas de sus decisiones, sus dirigentes negaron y maquillaron sistemáticamente estas medidas tomadas en el presente. Los hechos superan el mundo de las palabras, y parece difícil que estas políticas se apliquen sin rechazo y resistencia social creciente. Justamente, a medida que transcurra el tiempo de gobierno con este rumbo, menos creíble será ese juego del tiempo en el relato PRO.
*   Docente e investigador social.
















MEDIOS Y COMUNICACIÓN

La convergencia como excusa


Paola Fernández asegura que las verdaderas intenciones del Gobierno en materia de comunicación apuntan a la concentración sin precedentes del mercado de telecomunicaciones, medios de comunicación e informáticos.


Por     Paola Fernández   *

La convergencia tecnológica nos afecta a todos/as. Esta afirmación parece una verdad de perogrullo, pues sus efectos han sido debatidos desde los planos académicos, políticos, económicos y sociales. Solo un ejemplo: las bajas de audiencia de la televisión abierta e incluso por cable, consecuencia del desembarco de actores como Netflix (televisión bajo demanda) o bien, del visionado de contenidos por plataformas digitales, entre otros, obligan a replantear los modelos de negocio de la industria audiovisual.
El proceso que une a las industrias de las telecomunicaciones, el audiovisual e Internet nos permite realizar consumos culturales (lecturas, audiovisual, prensa gráfica) a través de un mismo dispositivo: computadora –  portátil o fija  – tablets, smarthphones, entre tantos otros. Por supuesto que estas acciones no son determinantes pero sí definen los consumos de nuevas generaciones.
Desde esta premisa, la imposición de una reglamentación que regule al mismo tiempo todas estas actividades crea una ilusión normativa, fundada y justificada en el determinismo tecnológico. Así, la ilusión emancipadora que antaño suponían las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) no ha sido tal si analizamos la concentración del mercado. Google monopoliza la información personal y es un actor de gran incidencia en el mercado audiovisual a través de YouTube. Las empresas telefónicas son otros de los actores que inciden, dada su capacidad tecnológica, en la producción de contenido audiovisual. Por esta razón, debemos considerar la convergencia como un proceso multisectorial que articula una diversidad de actores y economías, con funcionamientos divergentes. A su vez, "dado que el escenario de la convergencia se combina con la estructura concentrada de la propiedad de las redes, productos, dispositivos, programas, aplicaciones, servicios y contenidos, resulta necesaria la composición de un marco que reconozca los trayectos históricamente divergentes" (Becerra, 2016, revista Fibra,http://papel.revistafibra.info/numeroseditados/corsetlaconvergencia/).
Bajo esta consideración, es preciso pensar que la necesidad de un instrumento legal que garantice la participación de todos los actores es indispensable, pues quienes operan en el nuevo ecosistema mediático son operadores de gran peso económico, cuya trascendencia es mundial. Por ello, una normativa que tienda a regular la convergencia debe sí o sí brindar un marco legal donde la actividad de grupos que operan fuera de las fronteras nacionales deban cumplir una normativa nacional. Y esto parece no ser posible. Tal como afirmó Damián Loreti en una mesa de discusión en la Universidad Nacional de Quilmes, "no existe una ley en el mundo que regule la convergencia" (puede consultarse en www.youtube.com/watch?v=tASw0XcdMOQ&feature=em-uploademail. Además de Damián Loreti, participaron del encuentro Luis Lázaro, Luis Lozano, Graciana Peñafort y Daniel Badenes).
Si la observación de esta situación se complementa con los mecanismos impuestos por el gobierno nacional para forzar la normativa "convergente", entre los cuales se encuentra la derogación mediante Decretos de Necesidad y Urgencia de los artículos centrales de las leyes 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital) que apuntan a la desconcentración y descentralización del mercado de medios y establece una autoridad de aplicación independiente del gobierno de turno, la amenaza de los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión son totales.
En este contexto, el análisis permite entrever las verdaderas intenciones del gobierno que preside Mauricio Macri: la concentración del mercado de telecomunicaciones, medios de comunicación e informáticos sin precedentes, excluyendo de la acción a cooperativas y medios sin fines de lucro sin capacidad económica para invertir; excluidos de antemano por la propiedad de las redes y la infraestructura. Si a ello le sumamos que son los medios tradicionales los que continúan marcando la agenda pública (basta ver el escándalo de Panamá Papers" y la cobertura de los principales medios) y su estructura económica, que se expande a los negocios que protege la anunciada convergencia, el riesgo de concentración de la palabra es casi total. Ello es peligroso, pues ya se ha comprobado analíticamente las consecuencias de la concentración mediática en Argentina en particular y América Latina en general. Y una normativa que regule la actividad sin garantizar la participación de todos los actores brinda un marco legal para una concentración mediática sin precedentes e irreversible.
*   Licenciada en Comunicación Social y docente UNQ,



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