viernes 29 de abril de 2016
MACRI LO HIZO
LAS CINCO CENTRALES OBRERAS HARÁN SU PRIMER ACTO CONJUNTO
CONTRA EL AJUSTE Y LOS DESPIDOS DEL MACRISMO
Una movilización inédita en defensa del empleo
Las tres CGT y las dos CTA realizarán una protesta unificada en el Monumento al Trabajo, en Independencia y Paseo Colón. Será la mayor movilización contra el gobierno de Macri. Adhirieron varios partidos y organizaciones sociales.
Hugo Moyano, Antonio Caló, Hugo Yasky y Pablo Micheli serán los cuatro oradores
del acto en el Monumento al Trabajo.
Imagen: Sandra Cartasso.
POR LAURA VALES
Las tres CGT y las dos CTA realizarán hoy la primera protesta unificada contra los despidos y políticas de ajuste de Cambiemos. A la movilización al monumento al Trabajo – ubicado en el cruce de Paseo Colón e Independencia – se sumarán además el PJ, los movimientos sociales, un arco de gremios independientes – que se mantienen por afuera de las cinco centrales – los partidos de izquierda y los cooperativistas de la economía social, en un arrastre que anticipa una demostración masiva contra el gobierno de Mauricio Macri y su postura de negar que haya una crisis de empleo. No habrá paro, aunque de hecho muchas actividades quedarán afectadas en el horario de la marcha, es decir a partir del mediodía y hasta pasadas las 16.
La movilización es un reflejo de cómo las duras políticas del macrismo – con un combo de cesantías, suspensiones, tarifazos, suba de precios y protocolo antiprotesta – obligaron a los jefes de las cinco partes en que está fragmentado el movimiento obrero a modificar rumbos y posturas para dar una respuesta común. La CGT moyanista, por ejemplo, que tenía como prioridad el reclamo por Ganancias, movió el orden de sus reclamos y puso en primer lugar la necesidad de frenar los despidos. También los sectores gremiales que se definen "independientes", así como la izquierda, hicieron a un lado su falta de empatía con algunos de los convocantes para adherir.
La marcha – que está motivada también en el día de los trabajadores – incluirá un acto con cuatro oradores: Hugo Yasky (CTA de los Argentinos), Pablo Micheli (CTA Autónoma), Antonio Caló (CGT Alsina) y Hugo Moyano (CGT Azopardo). Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca), optó por la salida elegante de autoexcluirse de tomar la palabra. Los gremios de la CGT Azul y Blanca irán a la movilización, y el dirigente participó del encuentro del miércoles en el que las cinco centrales consensuaron un documento que leerán desde el palco.
Preparando el terreno para la jornada, los gremios del transporte anticiparon que reforzarán los servicios en la Capital Federal y el conurbano para garantizar la movilidad de los manifestantes. Así lo aclaró el secretario de prensa de la UTA, Mario Caligari, mientras que el titular de La Fraternidad Omar Maturano, dijo que el servicio de trenes de pasajeros "será normal".
Aunque la movilización será sin paro, algunos dirigentes advirtieron que lo habrá en el futuro próximo si el presidente Macri anula la ley antidespidos, que el miércoles recibió media sanción en el Senado. "Si veta la ley, las centrales vamos a defender en la calle lo que propusimos al Congreso. Eso activaría el primer paro nacional con movilización a Plaza de Mayo", señaló en este sentido Hugo Yasky. Su central, sin llegar a la huelga, dispuso para hoy un cese de tareas, para que sus afiliados puedan trasladarse a la protesta.
Hugo Moyano agregó que "la movilización es por la falta de respuesta del gobierno: no hemos sido escuchados hasta ahora y eso nos preocupa", definió.
Desde la CTA Autónoma, José Rigane señaló el contrasentido de un discurso que promete pobreza cero mientras "aumentan los productos de la canasta familiar, hay despidos masivos, davalúan un 60 por ciento y benefician con millones a los sectores concentrados de la economía".
La multitudinaria protesta se realizará dos días después de que las centrales obreras lograran que los senadores del Frente para la Victoria, el Peronismo Federal y otros bloques menores dieran media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional y suspende por seis meses los despidos. La votación fue la primer derrota de Cambiemos en el recinto.
La postura del gobierno nacional ha sido en este camino la de negar que exista una ola de despidos. Días atrás, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Trabajo Jorge Triaca llamaron a una conferencia de prensa en la que aseguraron que en el sector privado aunque se perdieron puestos de trabajo también se crearon nuevos, por lo que – concluyeron – hay incluso más empleo que el año pasado.
En cambio, los relevamientos no oficiales hablan de más de 141 mil despidos en los cuatro primeros meses de gestión de Cambiemos. Así lo señaló un reciente relevamiento del CEPA (Centro de Economía Política Argentina, un centro de estudios que dirige el economista Hernán Letcher). El número va en consonancia con el de los informes del Observatorio del Derecho Social (de la CTA Autónoma, que fue opositora a los gobiernos del FPV) y de otros centros privados.
Detrás del reclamo contra los despidos, las centrales llevarán otros puntos de su agenda, como el de Ganancias, el 92 por ciento móvil para los jubilados, la universalización de las asignaciones familiares, contra el tarifazo y la inflación y por el cese de la criminalización de la protesta, entre otros.
El peronismo engrosará la demostración de las cinco centrales. Una veintena de intendentes del conurbano se preparaban anoche para movilizar. Algunos de ellos son Gustavo Menéndez (Merlo), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Julio Pereyra (Florencio Varela), Verónica Magario (La Matanza), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Alberto Descalzo (Ituzaingó). A su vez, el PJ nacional y el bonaerense anticiparon su apoyo a la marcha a través de su nuevo titular, José Luis Gioja, que asistiría "como ciudadano". También La Cámpora anticipó su participación en la marcha, encuadrados con los sindicatos y a través de sus diputados.
El Frente de Izquierda, junto con sus agrupaciones sindicales, marchará de manera independiente. Concentrará a las 13 hs en el Ministerio de Economía, para movilizar al Monumento al Trabajo.
Los lugares de concentración
- Las columnas de la CGT ingresarán por la Avenida Independencia, mientras que las dos CTA lo harán por Paseo Colón.
- La CTA de los Argentinos llamó a un "cese de actividad", aunque sin paro, para facilitar la participación de sus afiliados. Concentrará junto a la CTA Autónoma a partir de las 12 en San Juan y Paseo Colón.
- El PJ bonaerense y los intendentes del conurbano movilizarán desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, según adelantó Fernando Espinoza.
- En la concentración estarán además organizaciones sociales como Miles, de Luis D'Elía, el Movimiento Evita y Barrios de Pie.
- La Unión de Docentes Argentinos (UDA) en consonancia con la protesta realizará un paro de 24 horas.
- El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) se reunirá a las 13 frente a la agencia Télam, para sumarse después a una columna gremios independientes como Aceiteros, Asociación Gremial Docente UBA y Ademys.
- La Fempinra que agrupa a una veintena de gremios de la
actividad marítimo-portuaria se concentrará en la esquina de la Avenida
Juan de Garay y Perú.
- También marcharán agrupaciones de trabajadores de la economía popular, como la CTEP, de cooperativas de trabajo.
El Momo no va
Ante algunas dudas que habría mostrado en las últimas horas, el gastronómico y secretario de la CGT Azul y Blanca Luis Barrionuevo participaría finalmente del acto de hoy por pedido de otros líderes cegetistas. Lo haría con bajo perfil "para no dejar espacios vacíos". En cambio, quien resolvió no participar fue el dirigente de los peones rurales, Gerónimo "Momo" Venegas, aliado al macrismo. Venegas instruyó ayer a sus voceros para que adelantaran que no estará en la movilización al Monumento al Trabajo.
LA NUEVA CONDUCCIÓN EXPRESÓ SU ADHESIÓN "FERVIENTE" A LA
PROTESTA
El PJ se unió en el apoyo
Luego de la adhesión que habían adelantado desde el PJ Capital y el bonaerense, ayer las flamantes autoridades nacionales también expresaron su respaldo al acto de las cinco centrales sindicales.
Los carteles identificados con el peronismo ya se empezaban a ver ayer en los
alrededores del escenario del acto.
El PRO llegó al poder prometiendo, en su campaña, la unión de todos los argentinos, y desde hoy podrá jactarse de haber cumplido, al menos, una parte importante del objetivo: juntar a todo el peronismo detrás de una sola bandera. Ayer, las flamantes autoridades del Partido Justicialista difundieron un comunicado en el que expresan su adhesión "ferviente" a la marcha convocada por las cinco centrales obreras en protesta contra la pérdida generalizada de poder adquisitivo y puestos de trabajo durante los primeros meses de gobierno macrista. Así sumaron su apoyo al que ya habían manifestado intendentes bonaerenses, el PJ a nivel ciudad y provincia de Buenos Aires, La Cámpora, el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales y políticas, que sumados a todo el arco sindical representan a prácticamente la totalidad del justicialismo decidido a oponerse a la administración macrista, dejando en franca minoría a los pocos dirigentes que se obstinan en sostener una postura friendly con el oficialismo.
No es casualidad que el primer acto conjunto de la nueva conducción pejotista sea manifestar su apoyo a esta convocatoria: es una señal doble. Hacia afuera, mirando al gobierno nacional, pone en evidencia el rol "eminentemente opositor" que tendrá el peronismo en esta etapa. "Con responsabilidad, claro, pero eso no significa hacerse el boludo o ceder cada vez que haya un debate", aclara uno de las principales figuras de la nueva conducción. Hacia adentro, el mensaje es que se privilegiará la unidad a las viejas rencillas, algo que fue aceptado por prácticamente todas las partes en pugna. "Tenemos que dejarnos de joder con lo que pasó en 2012, 2013 o 2015. Ahora hay que estar juntos para pensar en cómo solucionar los problemas que surgen día a día", diagnostica la misma fuente.
Esto se vio reflejado en la actitud que tuvo ese espacio esta semana en el Congreso, donde a través de la unidad del bloque de Senadores pudo imponerle al Ejecutivo el proyecto del ley de emergencial ocupacional. También en la forma en que se bajó el tono al conflicto público entre los distintos sectores del peronismo: con las pocas excepciones de algunos dirigentes que siguen sangrando por viejas heridas, esta semana tanto los sectores más kirchneristas como los más recalcitrantes críticos del último gobierno dejaron de lado las diferencias para concentrarse en las críticas al gobierno nacional. Ese armisticio tácito, acordado en estos días a través de interlocutores en común, permitirá que esta tarde todo el peronismo pueda mostrarse unido por primera vez en muchos años.
"Adherimos fervientemente a la movilización convocada por los compañeros que representan a los trabajadores. Este es nuestro compromiso, defender las conquistas y los derechos alcanzados, mirando hacia adelante en busca de más derechos", dice el texto que lleva las firmas del diputado José Luis Gioja, que en estos días asumirá como presidente del PJ, y del gobernador Gildo Insfrán, titular del Congreso Nacional Justicialista. Según el comunicado de prensa difundido ayer, según exponen con "absoluta claridad acerca de los principios doctrinarios" del peronismo, el lugar de ese espacio "es acompañar y apoyar la defensa de los derechos de los trabajadores, a la par del movimiento obrero organizado".
El documento también critica las medidas tomadas por el gobierno en los primeros meses de gestión que "han afectado el poder adquisitivo del salario y del ingreso de las familias" a partir de una "política ambigua e incierta y la falta de planes que garanticen el trabajo y la productividad", lo que favorece que "existan despidos tanto en el sector público como en el privado". Las autoridades del PJ agregaron que "el aumento del precio de los alimentos y el incremento en las tarifas de los servicios públicos son solamente dos evidencias claras de la pérdida en el salario real que afectan la calidad de vida de millones de ciudadanos".
El apoyo del partido a nivel nacional se suma a la convocatoria inédita de las cinco centrales sindicales y la adherencia del justicialismo bonaerense y porteño, los dos distritos con mayor peso demográfico del país, La Cámpora y el Movimiento Evita, las dos organizaciones políticas que suelen movilizar más militantes entre las que se referencian en el peronismo, además de más de veinte intendentes del conurbano bonaerense, que gobiernan, en conjunto, sobre casi diez millones de personas. Esta sumatoria de voluntades, que incluye a dirigentes de San Luis, Córdoba y La Pampa, alejados del PJ nacional durante el kirchnerismo, podría regalar esta tarde una imagen de unidad del peronismo inédita en por lo menos quince años, desde las protestas durante el final del gobierno radical de Fernando de la Rúa.
Esto no significa que ya no haya diferencias al interior del PJ o que automáticamente se resuelvan asperezas que cicatrizaron mal durante largos años, pero sí que hay, por primera vez desde diciembre, un diagnóstico común de la situación. "Algunos se dieron cuenta de que el Gobierno no tiene la buena voluntad y la predisposición al diálogo que creían que iba a mostrar Macri. Otros entendieron que tirando piedras y exigiendo certificados de pureza sólo iban a profundizar las diferencias – explica otro de los flamantes consejero s–. Y todos entendimos que el peronismo dividido sólo le hace el juego a quienes apuestan por empeorar las condiciones de vida del pueblo como camino para controlar la macroeconomía. Eso es totalmente inaceptable para el peronismo."
También moviliza Nuevo Encuentro
Fuerzas políticas aliadas en el Frente para la Victoria también adhirieron a la marcha. "Es un momento dramático para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, que está siendo devastado en sus derechos por el gobierno de las corporaciones que encabeza Mauricio Macri", sostuvo el comunicado firmado por la conducción de Nuevo Encuentro, y en el que llaman "a todos y a todas a sumarse a las columnas de sus gremios y de las centrales sindicales para expresar el rechazo enérgico al modelo de ajuste implementado desde hace cuatro meses en Argentina". Para el partido encabezado por el ex titular de la Afsca Martín Sabbatella, "el ajuste, las suspensiones y los despidos en el sector público y en el privado, la suspensión de paritarias, el aumento de precios y tarifas, el freno a la obra pública, la destrucción del empleo en las PyMEs, las cooperativas y muchas ramas de la industria, son la evidencia de políticas económicas destinadas a concentrar la riqueza, aumentar la desigualdad y someter a millones de argentinos y argentinas en la pobreza", agrega el documento. Y concluye: "Todas las noticias que tuvieron los trabajadores y trabajadoras en estos cuatro meses fueron de retroceso, de pérdida acelerada de los derechos laborales conseguidos durante los 12 años de nuestro gobierno".
DIPUTADOS DEL FPV PEDIRÁN TRATAR LA EMERGENCIA
OCUPACIONAL EL 4 DE MAYO
Para apurar la ley antidespidos
Tras la aprobación en el Senado, el FpV solicitará una sesión especial para la semana próxima. Desde Cambiemos volvieron a criticar el proyecto y buscan dilatarlo. Dudas sobre la posición del Frente Renovador y el Bloque Justicialista.
En Diputados anoche no había ingresado el proyecto por la demora de
la titular del Senado, Gabriela Michetti.
Los diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) solicitarán una sesión especial para el miércoles 4 de mayo en la que intentarán refrendar la media sanción que dio el Senado a la declaración de emergencia ocupacional. La iniciativa, aprobada por amplia mayoría, establece la suspensión por 180 días de los despidos sin causa en el Estado Nacional y en el ámbito privado, y prevé también la doble indemnización. Otros bloques opositores como el massista Frente Renovador y el Bloque Justicialista dividen posturas internas entre sus representantes sindicales que quieren ponerle freno a los despidos y quienes prefieren atender los reclamos de las Pymes en contra de la medida. Progresistas y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) impulsarán que el debate llegue al recinto. En tanto, la alianza oficialista Cambiemos busca bloquear la iniciativa: la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, todavía anoche no había enviado a Diputados el proyecto aprobado el miércoles y el titular de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, girará la media sanción a las comisones de Presupuesto –a pesar que el proyecto no tiene afectación presupuestaria– y no solo a Legislación Laboral, donde no pudo paralizar el reclamo de las cinco centrales sindicales.
Tras una reunión de varias horas, la bancada de diputados del FpV-PJ decidió ayer por la noche solicitar una sesión especial para tratar el proyecto que llega de la Cámara alta contra los despidos. De esa manera, dejó de lado el proyecto consensuado con el resto del arco opositor en la Cámara baja (que ya había abandonado el massismo) para impulsar la media sanción de los senadores que con 48 votos a favor y solo 16 en contra provocó la primera derrota oficialista en el Senado y dejó a Cambiemos aislada frente a los reclamos sindicales. "Nuestro proyecto tiene algunas mejoras pero acá la necesidad es parar con los despidos en forma inmediata. Tal vez apoyemos tal como viene el proyecto aprobado en el Senado, consensuando por su puesto con todos los bloques", sostuvo más temprano el jefe de la bancada, Héctor Recalde, y agregó: "El tratamiento es inmediato porque todos los días nos desayunamos con despidos o cesantías, es preocupante. Además, si como dice el gobierno las soluciones vienen en el segundo semestre, no falta tanto".
Respecto de las Pymes, Recalde aseguró que "tienen un problema por la política económica y no tanto laboral". "Están pagando 700 por ciento más las tarifas eléctricas y para conseguir un crédito tienen que pagar intereses de hasta 70 ciento. Los despidos al primer sector que afecta es al de las Pymes. Nosotros estamos de acuerdo en buscar medidas paralelamente para apoyarlas", afirmó. "Vamos a hablar con todos los bloques. No es un tema electoral ni partidario. De no madiar una fuerte decisión del Parlamento se prolongarán los despidos con la legalidad que le da (Mauricio) Macri y su política económica", dijo Edgardo Depetri a Página/12. El diputado de extracción gremial también denunció "la dilación del oficialismo" que redujo dos horas la recepción de la mesa de entradas para evitar que la media sanción pase a Diputados.
En Cambiemos están preocupados por el costo político que significaría para el Presidente vetar la ley antidespidos. Por eso, en sintonía con Macri, volvieron a criticar la iniciativa. "Hay que discernir la genuina preocupación del oportunismo político", disparó el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot. "No creo que esta ley se apruebe en Diputados", agregó el senador macrista Federico Pinedo y advirtió que "a las empresas grandes no les importa pagar doble indemnización y para las chicas puede significar la quiebra".
El oficialismo aspira a quebrar a otros bloques opositores. Como renovadores y justicialistas que dividen posturas entre su ala gremial y el ala empresarial, sumados a los diputados vinculados a algunos gobernadores, que quieren la exclusión de las Pymes. A la hora de evaluar también tallará en la discusión el costo que significaría quedar aliados al oficialismo frenando un proyecto que reclama parte de su propia base electoral. Un tema que los massistas abordarán el martes próximo en el pleno del bloque, mientras que los diputados del BJ también lo debatirá a comienzos de semana.
EL BLOQUE DE DIPUTADOS DEL FPV DENUNCIO PENALMENTE
AL FISCAL DE ESTADO DE JUJUY, MARIANO MIRANDA
Alerta por amenazas a diputados nacionales
El FpV alertó que Miranda, también apoderado legal de Cambiemos, incurrió en "amenazas coactivas agravadas" contra Máximo Kirchner y Andrés Larroque al desafiarlos a "preparar las valijas" para ir a declarar en el marco de las acusaciones contra Milagro Sala.
El titular del bloque del FpV, Héctor Recalde, encabezó la denuncia contra
Mariano Miranda.
Mariano Miranda.
El bloque de diputados del FpV-PJ denunció penalmente ayer el fiscal de Estado de Jujuy y apoderado legal de Cambiemos, Mariano Miranda, por "amenazas coactivas agravadas" dirigidas a Máximo Kirchner y Andrés "Cuervo" Larroque. La denuncia se basa en el párrafo final de una carta abierta que el funcionario –a quien varios medios presentaron como "fiscal", cuando, en realidad ocupa un cargo político en el Ejecutivo provincial – dedica al hijo de la ex presidenta: "Vaya preparando las valijas, que usted sabe de eso, pero esta vez, con ropa", le sugiere Miranda a Máximo, dando a entender que el diputado debería viajar a la provincia del Norte en el marco de la tercera causa con la que el Poder Judicial mantiene presa de manera irregular a la líder de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur, Milagro Sala. "El atropello tiene que tener un límite", indicó Andrés Larroque a Página/12 tras la conferencia de prensa en la que se presentó la denuncia, durante la cual los diputados del FpV insistieron con el reclamo al gobierno nacional para que intervenga la provincia.
Para los diputados denunciantes, la "amenaza" de Miranda forma parte de una operación política que encabeza el gobernador Gerardo Morales "para generar inquietud o temor" no sólo en los destinatarios de la carta, sino entre la dirigencia política de esa provincia, con el objetivo de seguir reforzando el cerco judicial sobre Sala.
En la denuncia, el bloque del FpV señala que el funcionario designado por Morales "se siente impune de amenazar a un diputado nacional" gracias al "debilitamiento profundo de la división de poderes en Jujuy" que la detención de Sala puso en evidencia. "Las frases intimidatorias de Miranda no constituyen un exabrupto o bravuconada propias de algún pasajero desequilibrio emocional del fiscal de Estado. Por el contrario, forman parte de una maniobra más amplia, deliberadamente planificada, que afecta directamente la división de poderes en la provincia de Jujuy, en tanto de manera ostensible el gobernador Gerardo Morales determina las decisiones del Poder Judicial de la provincia", reza uno de los pasajes de la denuncia, que concluye que el agravio contra dos de los diputados del FpV debe entenderse como una amenaza para el resto del bloque, que radicó la acusación en conjunto.
Miranda tuvo un rol protagónico en el proceso judicial contra la dirigente de la Tupac, que empezó en enero pasado cuando denunció penalmente al fiscal Daniel Osinaga, quien consideraba que el acampe impulsado por Sala frente a la gobernación provincial no constituía delito. Luego, en representación del Estado jujeño, impulsó las dos denuncias posteriores sobre las que Morales y el Poder Judicial de esa provincia se montaron para detener a Sala. La última, por desvío de fondos en la construcción de viviendas sociales.
Entusiasmado por las declaraciones de la diputada provincial Mabel Balconte, quien dijo haber visto cómo supuestamente Máximo Kirchner recibía valijas con dinero de mano de la propia Milagro Sala en Olivos, Miranda escribió la carta abierta advirtiéndole al hijo de la presidenta que prepare las valijas para viajar hasta jujuy. "Morales y el Gobierno decidieron que el caso debe traspasar las fronteras provinciales e inscribirse dentro de la cortina de humo cotidiana que pretende tapar los tarifazos, el ajuste y los despidos", describió Larroque.
El escrito presentado ante la Justicia por el FpV retoma la denuncia pública de la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, de que Belconte fue amenazada para declarar en contra de su ex referente y de Máximo Kirchner, y que su discurso forma parte de un guión montado por el ejecutivo provincial. "Que nadie piense que el apriete es sobre Milagro Sala solamente, es sobre todo jujuy: están siendo presionados intendentes y ex funcionarios, y hay mucho temor al modus operandi de Morales", sostuvo Larroque.
LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Piden cambios
Académicos y ONGs advierten que el dictamen de Diputados no da "garantías suficientes de independencia" del órgano de control.
Tonelli, del PRO, presidió la reunión en la que se firmó el dictamen.
Por Sebastian Abrevaya
Decenas de organizaciones no gubernamentales, organismos de derechos humanos, académicos y periodistas de todo el espectro ideológico y político reclamaron ayer modificaciones al proyecto de ley de Acceso a la Información pública impulsado por Cambiemos. La iniciativa, que tuvo dictamen de comisión el 21 de abril, establece entre otras cosas la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), encargada de velar por el cumplimiento de la norma y resolver los reclamos que se presenten. Entidades que van desde las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el CELS, Justicia Legítima hasta Amnistía Argentina, Cippec, Poder Ciudadano, ADC, ACIJ, pasando por el Foro Argentino de Periodismo (Fopea) advirtieron que la iniciativa "no prevé garantías suficientes de independencia" para el organismo de control, ya que su titular puede ser designado y removido a voluntad del Poder Ejecutivo.
Varias de las ONG y los especialistas en acceso a la información que consensuaron el texto difundido ayer ya habían expresado estos reclamos en la audiencia realizada por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. En aquel momento, el oficialismo aceptó cambios en la iniciativa enviada por Ejecutivo, pero no modificó la situación del organismo de control.
"Además de establecer la regla de la publicidad de toda la información en manos del Estado y del acceso a ella por parte de cualquier individuo que la solicite, la ley debe crear mecanismos eficaces de reclamo ante su incumplimiento. Por esta razón, los estándares internacionales exigen y la experiencia comparada demuestra que es necesario contar con una autoridad independiente e imparcial que controle el efectivo cumplimiento de la ley", sostiene el comunicado en el que se manifiesta la "preocupación" porque no se cumple con ese "requisito fundamental".
El proyecto establece que la designación del titular de la AAIP la realiza el Poder Ejecutivo y que su remoción también depende del Ejecutivo, con la intervención de una comisión ad hoc del Congreso que emite un dictamen de carácter no vinculante. Para las ONG y los especialistas esto "supone un condicionamiento para el cumplimiento adecuado de sus fines y vulnera el principio de independencia del órgano de control". "Un modelo regulatorio de tales características pone en riesgo el cumplimiento efectivo de los fines de la ley", alertan.
En contrapartida, proponen que el mecanismo de designación se realice mediante concurso público de oposición y antecedentes y que se le de intervención al Poder Legislativo. En cuanto a la remoción, reclaman que no quede sujeta sólo a la decisión del Ejecutivo sino que también el Congreso deba prestar su conformidad.
Fuentes del PRO en Diputados aseguraron que la iniciativa se tratará en la próxima sesión de la Cámara baja, prevista para el 4 de mayo. "Del proyecto original se modificaron más de 20 artículos. Este dictamen es producto del acuerdo de prácticamente de todas las fuerzas que integran el Congreso. Lo que plantean las organizaciones de la sociedad civil va a ser parte del debate en la sesión del 4 de mayo", aseguró a Páginað12 la diputada radical Karina Banfi.
Además de las ONG, acompañaron el texto figuras destacadas de la sociedad civil de diversos orígenes políticos. La lista la integran Raúl Zaffaroni, Martín Becerra, Andrés Gil Domínguez, Roberto Gargarella, Juan Gabriel Tokatlian, Liliana de Riz, Gustavo Grobocopatel, Daniel Sabsay, Manuel Garrido, Nora Cortiñas, entre otros.
OPINIÓN
¿Qué es esto?
Por Nicolás Tereschuk, Abelardo Vitale *
En su columna del pasado domingo, José Natanson realizó una serie de estimulantes reflexiones sobre el momento político actual. Dos ideas allí vertidas, creemos, ameritan algunas profundizaciones: a) si el macrismo es una "nueva derecha" y b) si existe una continuidad del actual gobierno con el anterior en relación a la política social.
Más que debatir "el futuro del kirchnerismo", creemos que aún falta reflexionar en torno a la caracterización de lo que ha sido hasta aquí la breve gestión de Cambiemos. Sólo un diagnóstico adecuado permitirá ofrecer una alternativa política y social que se le oponga con efectividad. Se trata de discutir el futuro de una sociedad muy vital, activa y siempre cambiante en sus expectativas y demandas. Digámoslo, de discutir el futuro del pueblo.
Desde nuestro punto de vista, ponemos entre signos de interrogación la idea de que esta derecha traiga demasiadas novedades. Por un lado llama realmente la atención que no pasa un solo día en el que no se hagan patentes sus fuertes vínculos con la tradición histórica de la derecha argentina. Por el otro manifiesta una importante falta de pragmatismo, entendido como la apertura para adoptar cursos de acción que no estén en el ADN de la fuerza política que ocupa hoy la Casa Rosada.
El macrismo tiene tanto de minoría (si el resultado del ballottage permitiera inferir que ese 51 por ciento "es macrista" debería permitir lo contrario con el 49 por ciento restante: lo más probable es que no permita ninguno de los dos) como de intensidad ideológica. Es cierto que este gobierno ha mantenido en estos cuatro meses continuidades con el gobierno anterior, como siempre sucede en una democracia constitucional: mover al Estado lleva tiempo. Pero las rupturas no han sido pocas, ni poco significativas.
Si en la campaña puso énfasis en mostrarse desapegado de ataduras ideológicas, a poco de andar abrazó preconceptos clásicos de la derecha. Por mencionar algunos: que al Estado le "sobran" empleados, que el futuro es un sueño individual, que hay que recortar el gasto público, que lo que "no tiene que ser del Estado como los subsidios" deberá ser eliminado o que para garantizar la certidumbre empresaria es necesario construir una Línea Maginot contra un proyecto de ley que protege los puestos de trabajo. Basta ver la traducción material de esas expresiones en transferencias al capital, como en el caso de aumentos de tarifas o quita de retenciones.
Son así las rupturas con respecto al gobierno anterior las que aparecen muy en primer plano más que las continuidades. Invirtamos el ejemplo: verificar que el kirchnerismo mantuvo la propiedad privada de los servicios de electricidad y gas o que no cambió la Ley de Entidades Financieras, por ejemplo, no llevó a la Asociación Empresaria Argentina a pensar que los gobiernos del período 2003-15 eran un neoliberalismo a la nueva usanza. Aún más, analizar las continuidades con independencia de las rupturas puede ocultar dimensiones necesarias para el análisis: que algunas de esas rupturas afectan directamente la efectividad de las continuidades.
El reciente anuncio de "medidas sociales" entendidas como "compensación" frente a los males del mercado es menos una continuidad con el kirchnerismo que una continuidad con el neoliberalismo noventista y más aún, con los sucesivos gobiernos conservadores argentinos, inclusive, preperonistas. Fue el gobierno de la llamada Revolución Argentina el que creó el PAMI, en 1971, por ejemplo. ¿Convierte eso a aquel gobierno en un campeón de la protección social?
El "Desarrollo Social" verdaderamente existente del kirchnerismo estuvo mucho menos en el ministerio homónimo, que tuvo un rol casi marginal luego de 2007, que en los Ministerios de Economía y Trabajo, elemento que ahora parece ausente. Quienes lo entienden con claridad son las cinco centrales sindicales que a sólo cuatro meses de gobierno realizan una movilización con fuertes niveles de cuestionamiento a la situación social. En el gobierno anterior, el primer paro general – de un sector del sindicalismo – llegó recién pasados los nueve años de gestión.
Hasta aquí resaltan las líneas que como vías férreas unen a las derechas clásicas argentinas de otras épocas con esta que ahora gobierna. Decía Guillermo O'Donnell en su obra clásica el Estado Burocrático Autoritario que hacía foco sobre la "nueva" derecha de entonces, representada por Adalbert Krieger Vasena a fines de los 60, que aquel liberalismo "no era antiestatista ni proponía un retorno al laissez-faire" ni era "hostil per se a una expansión del aparato estatal, ni siquiera de sus actividades económicas". Pero aclaraba: "siempre que sirva a la expansión de la estructura productiva oligopólica de la que surgen sus principales portavoces".
Como en aquel caso, creemos que no hay que encantarse con algunos movimientos coreográficos del gobierno macrista al frente del aparato del Estado, sino analizar en qué medida está avalando, muy al contrario de las gestiones anteriores, una "normalización" de la economía – y de la distribución del poder, de la palabra y de las escalas sociales – que se basan en darle más primacía a lo que el politólogo citado llamaba "gran burguesía" y que en nuestros días se expresa, sobre todo, en los intereses de la banca y las empresas transnacionales.
Para finalizar: ¿que la actual derecha en el gobierno no sea novedosa quiere decir que las respuestas políticas ante ella no deban serlo? Para nada. Cristina Kirchner, cuyos miles de seguidores ahora "producen" con sus movilizaciones la cuota de poder que le toca en el panorama nacional, ensaya algunas innovaciones. Otros sectores políticos de raigambre popular juegan también las suyas. También lo hacen los referentes de buena parte del arco político opositor que "emparejan" sus discursos acortando distancias ideológicas: repentinamente, los sindicatos, el Frente de Izquierda y aún el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el FpV suenan similares en los temas que hacen a la situación de los asalariados, los estudiantes o los pequeños comerciantes. No parece que se acerquen todos ellos a una extrema izquierda sino que suman coincidencias ante una derecha en la que encuentran poco de "nuevo".
¿Podremos entre todos generar más? ¿Cómo se ordenarán esas innovaciones? Preguntas que encierran una posición: no se llega al futuro caminando para atrás ni encandilándonos con el presente.
* Junto a Tomás Aguerre, Mariano Fraschini, Pablo Carnaghi y Mariano Montes, integrantes del colectivo Artepolítica.com
EL PRO Y LA UCR BLOQUEARON LA POSIBILIDAD DE ENCARAR UNA
AUDITORÍA SOBRE LA RAVE TIME WARP EN COSTA SALGUERO
Cambiemos, pero sin investigar la fiesta trágica
La Auditoría porteña se limitará a revisar la situación de la concesión durante 2015. No avanzará sobre 2016, como proponían los representantes opositores. En 2007, un informe de ese mismo organismo ya alertaba sobre las irregularidades en Costa Salguero.
La concesión de Costa Salguero quedó en la mira después de las cinco muertes
ocurridas en la fiesta electrónica Time Warp.
Los auditores del PRO y la UCR bloquearon una investigación de la Auditoría General de la Ciudad sobre la fiesta Time Warp. La iniciativa había sido propuesta por los auditores kirchneristas y respaldada por el de la Coalición Cívica, pero el macrismo consiguió imponer su mayoría en el organismo de control. Los auditores opositores sí consiguieron que se auditen las inspecciones y las fiestas que se hicieron en 2015 en Costa Salguero. En un informe de 2007 – que en su momento suscribieron los auditores del PRO, poco después de que Mauricio Macri ganara la jefatura de Gobierno – la Auditoría ya advertía sobre la falta de habilitaciones, el canon irrisorio, el margen de ganancia de la empresa concesionaria e incluso llegaba a recomendar que le rescindieran el contrato.
El PRO ya había bloqueado una comisión investigativa en la Legislatura, pero suscribió un pedido de informes. La situación se repitió en la Auditoría. La presidenta de la Auditoría, la kirchnerista Cecilia Segura, y los auditores Hugo Vasques (FpV) y Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) impulsaron una investigación sobre la fiesta. Se opusieron los auditores del PRO Jorge Garayalde, María Victoria Marcó y Raquel Herrero. Esta última aseguró que "en mi rol de funcionaria, como auditora, no me compete determinar qué ocurrió la noche trágica del viernes 15. Lo que sí puedo hacer es dar mi opinión como mujer, madre y abuela".
Como las auditorías deben aprobarse por la mayoría del cuerpo de siete auditores, la decisión estuvo en manos de una auditora radical, Mariela Coletta, que reporta a la UCR y al espacio de Martín Lousteau. Coletta acompañó al PRO en su decisión de bloquear las investigaciones sobre la fiesta de Time Warp, pero votó con el resto de la oposición una auditoría completa sobre 2015 de la concesión del Costa Salguero y la dirección de Eventos Masivos.
La auditoría PRO
Mucho de lo que se comprobó sobre la concesión del Complejo Costa Salguero tras la muerte de cinco jóvenes estaba en negro sobre blanco en un informe de la Auditoría de 2007, cuando la presidía el macrista Juan Carlos Toso. El documento lo firmaron también los radicales José Luis Giusti y Rubén Campos y los peronistas Alicia Boero y Josefina Prada. Se publicó en noviembre de 2007, cuando Macri ya había sido electo jefe de Gobierno y Jorge Telerman estaba por dejar el cargo.
"La empresa concesionaria, Telemetrix SA, forma parte de un poderoso grupo económico conformado por diversas compañías, entre otras, una importante constructora contratista del Estado Nacional y de diversas provincias y municipios". La constructora es Emaco SA, con la que los dueños de Telemetrix, Alberto Gutiérrez y Federico León Bensadon, formaron su grupo económico hacia 1979. En los últimos años, esa constructora tiene obras con el Gobierno porteño por cerca de 190 millones de pesos.
En su momento, tenían acciones en la privatizada Aguas de Corrientes SA, Promoldeadora Patagónica y Urbatec. El informe indica que Telemetrix está en un 99,99 por ciento controlada por Rafoy SA, de Bensadón y Gutiérrez. A esto se suma otra empresa: DR SA, que es subconcesionaria de Telemetrix. "La constructora Edilcenter S.A. también se encuentra relacionada al grupo económico por pertenecer a Emaco SA (33,33 por ciento)." Telemetrix fue creada originalmente para "difundir programas radiales y televisivos", pero en 1986 cambió su objeto meses antes de obtener la concesión de los terrenos del Costa Salguero.
"El Centro Costa Salguero SA es uno de los subconcesionarios más importantes a partir del año 1993. En sus comienzos, Telemetrix tenía participación mayoritaria en su paquete accionario; aunque años después fue traspasado a compañías constituidas en el Uruguay (Ledilco y Clader)", indicaba el informe. No obstante, los nombres entre el directorio de Telemetrix y Costa Salguero SA se siguen repitiendo hasta la actualidad.
"Este subconcesionario también se encuentra relacionado –a través de uno de sus directores– con el ex Banco General de Negocios", afirmaba el informe, en referencia a Fernando Polleda Olivero, el marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo. La funcionaria PRO le aclaró a este diario que su esposo se había desvinculado del banco de los hermanos Rohm antes de los delitos que se investigaron por 240 millones de dólares que se esfumaron sin dejar rastro y por los 100 millones de pesos de clientes VIP que habrían saltado el corralito. De todas formas, aseguró Polledo, su marido estuvo imputado en la causa por presunta subversión económica y fue sobreseído.
"La controlante de Telemetrix fue demandada judicialmente en la quiebra del BGN por incumplimientos en la cancelación de un préstamo", indicaba el informe de la Auditoría de 2007. Emaco le pidió al BGN un préstamo por 1 millón 614 mil dólares al BGN días antes del corralito. Bensadón y su familia estaban entre los clientes VIP del BGN que fueron acusados de evadir el corralito.
La Auditoría relevó en su momento algunos aspectos que continúan hasta hoy. Advirtió que el canon que percibía el Gobierno de la Ciudad era irrisorio (en ese momento, eran 30 mil pesos mensuales) y que el complejo no pagaba el impuesto de ABL. Sobre el canon, indicaba que "representa un ratio de 0,16 pesos el M2, mientras que el promedio al cual Telemetrix subconcesiona el espacio representa un valor 20 veces superior a aquel (3,20 pesos)". En 2002, Telemetrix dejó de pagar el canon al Gobierno de la Ciudad, y re reanudó recién en forma normal en junio de 2003. En ese período, los "anticipos al directorio se incrementaron en 280 mil pesos". Telemetrix reconocía ingresos por 2 millones de pesos en el período 1996-2007. Pero la Auditoría advertía que estaba omitiendo cánones que llevaban ese beneficio a 21 millones.
Sin habilitación
También advertía ya en 2007 que "los locales bailables no fueron habilitados" por el Gobierno porteño. La situación no se resolvió hasta dos años más tarde y no por iniciativa del macrismo, sino del juez Andrés Gallardo, que ordenó clausurar los locales. El Gobierno porteño se negó, por lo que el magistrado utilizó la fuerza pública. Los funcionarios PRO lo recusaron y concedieron las habilitaciones en tiempo récord. Lo único que no volvió a abrir fue la estación de servicio, que requería un permiso de la Fuerza Aérea, como ya advertía la Auditoría en 2007.
Además, el informe señalaba que "las construcciones no respetan el ancho libre del camino de sirga. También existen restricciones para el libre tránsito", algo que sigue judicializado hasta hoy. Otro de los señalamientos era que "el complejo no cuenta con un Plan de Evacuación" y advertía sobre la "explotación de superficies mayores a las permitidas".
"Los locales bailables funcionaron con controles insuficientes", destacaba. Como advirtieron dos ONG ante la tragedia, la auditoría de 2007 indica que en el predio se desarrollan "actividades que no se corresponden con el objeto para el cual la concesión fue otorgada" y muchas de ellas "son incompatibles con la zonificación establecida en el Código de Planeamiento Urbano".
El informe de la Auditoría de 2007 concluía: "Los antecedentes compilados en este informe merecerían ser considerados y – en algún caso – profundizados, de modo de evaluar la posible extinción del contrato de concesión e investigar eventuales responsabilidades del concesionario". Habrá que ver qué es lo que encuentran los auditores en la investigación actual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario