LAS EMPRESAS CON LAS QUE LAVARON EL ROBO DE BIENES A LOS
DESAPARECIDOS
Marinos offshore
Inmobiliarias, financieras, contratistas de juegos de azar y de servicios son parte de la red de firmas que incluye nombres como Egea, Vildoza y Cavallo. Lo que descubrió la UIF antes de que el macrismo bloqueara la investigación.
Por Alejandra Dandan
Las investigaciones sobre los Panama Papers reactivaron un capítulo del botín saqueado a los desaparecidos de la Escuela Mecánica de la Armada. Los archivos de acceso público consultados por este diario muestran sociedades offshore aún activas a nombre de integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA, hermanos de ellos y civiles asociados a las Armada. Hay registros en Panama, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo y de Norma Radice, hermana de Jorge Radice, el marino contador de ESMA, investigada por el robo de bienes en Argentina. También aparecen sociedades a nombre de uno de sus viejos socios: Miguel Angel Egea. En 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) logró probar que una serie de empresas radicadas en paraísos fiscales del exterior "inyectan" dinero a empresas argentinas vinculadas a los marinos: entre 2001 y 2013 fueron 20 millones de pesos. Al entender que podía tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos, pidieron información a los organismos financieros de esos países y a la Justicia que avanzara en una investigación.
Estos nuevos papeles vienen a complementar esa investigación: confirman lo que hasta ese momento era una hipótesis: que las sociedades existen, que hay más de las conocidas hasta ahora y que están constituidas por ellos mismos. La investigación de la UIF de José Sbatella había logrado organizar por primera vez la información sobre el robo de bienes, después de casi cuarenta años de reclamos, e introducir una hipótesis eficaz sobre la profusión de sociedades creadas por la Marina. En ese sentido, también parece un camino posible para entender el uso actual de estas guaridas fiscales en las operaciones de lavado de dinero dentro y fuera del país.
Sin embargo, el nuevo contexto político generado por el gobierno de Mauricio Macri, con la desactivación de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF, amenaza con dar jaque mate a los avances que se habían logrado. Hay un dato que parece destinado a clausurar la historia: como si fuera parte de una conspiración dramática, la sección fúnebre del diario La Nación señaló el 26 de marzo que "El Colorado" Miguel Angel Egea, uno de los ejes de la trama de estos negocios oscuros de la Armada, murió en Miami justamente el último 24 de marzo.
Activos
A nombre de Ricardo Miguel Cavallo existe una sociedad offshore registrada en Orlando, Florida, Estados Unidos. Según el sitio de open data denominado opencorporates.com la compañía se llama Mari USA LLC y figura actualmente activa. El agente es Larson Accounting & Consulting Service LLC. A nombre de un Jorge E. Acosta, nombre del jefe del Grupo de Tareas de la ESMA, figuran ocho sociedades en distintos lugares de Estados Unidos: Florida, California, Michigan, Connecticut y Michigan. A nombre del hijo de Jorge Vildoza, segundo del GT de la ESMA, llamado Jorge Ernesto Vildoza y también ex marino, existe una sociedad de nombre Maitreya SA, con domicilio en República Dominicana, registrada el 30 de septiembre de 2010 y dedicada al negocio de las máquinas tragamonedas de los casinos.
Cavallo, Acosta, Radice y Vildoza son algunos de los nombres asociados históricamente al robo de bienes de la ESMA. Cavallo, Acosta y Radice pasaron en distintas épocas por empresas como Seal Lock SA, Martiel SA y Talsud SA, conocidas en las investigaciones vinculadas a la trama del robo a los desaparecidos. Seal Look tuvo asignada la entrega de registros de la Ciudad de Buenos Aires. Vildoza creó compañías ligadas al mundo del juego cuyos bienes fueron congelados por la UIF cuando quedó probado que el flujo de dinero sostenía la condición de prófugos de él y de su esposa, Ana María Grimaldos, a quienes la justicia buscaba por la apropiación de Javier Penino Viñas.
La destreza de los represores en el robo y lavado de bienes tiene su origen en la dictadura. En el centro clandestino de la ESMA funcionó una imprenta que fraguaba documentos de identidad, pasaportes, credenciales, registros de conducir y títulos de propiedad. El GT montó distintas empresas, entre ellas algunas inmobiliarias. Hubo casas y propiedades robadas a los desaparecidos que pasaron a nombre de "Juan Ríos", alias de Rádice, y al de su hermana Norma Beatriz. Radice pasó de la ESMA a las oficinas de la calle Cerrito donde Emilio Massera llevó adelante su campaña política cuando se preparaba para ser candidato a presidente. Ese núcleo de nombres cercanos al primer Estado Mayor de la Armada de la dictadura desarrolló una serie de sociedades con dimensiones aún desconocidas. La investigación de la UIF en 2014 dio una primera dimensión de sus actividades cuando detectó que el Banco Central señalaba que entre 2001 y 2013 sus compañías –con balances generalmente negativos – llevaban inyectados 19.008.513 pesos. Las nuevas pistas que provienen de la búsqueda colaborativa de ex investigadores y periodistas en registros de acceso público con acceso a empresas offshore ubicadas en distintos lugares del mundo, permiten comprender mejor los alcances de esa irradiación.
Si Adelita se fuera con otro
Dos de los nombres que emergen con fuerza de la investigación sobre las offshore son Norma Radice y Miguel Angel Egea. Ambos aparecen asociados a los marinos desde los años 80 en distintas sociedades creadas en Buenos Aires. Egea es un hombre de la derecha peronista, a quien Eduardo Luis Duhalde sindicó como fundador de los grupos de la Triple A en la provincia de Córdoba. Empresario, lobbista y ligado al mundo del juego durante el gobierno de Carlos Menem, fue asociado más tarde al Casino de Buenos Aires. Dada su presencia constante en las sociedades de los marinos en Buenos Aires, la UIF entendió que estas dos figuras eran una suerte de cobertura civil para los integrantes de la Armada cuando comenzaron a ser investigados en las causas judiciales.
Como su nombre lo indica, el Registro Público de Panamá, que tan famoso se hizo desde el estallido de los Panama Papers, es de acceso público. Allí aparece una sociedad muy simbólica en términos históricos y poco conocida en estas causas. Su nombre es Adela Compañía de Inversiones SA, un consorcio creado por capitales norteamericanos en 1966 para inyectar dinero en América Latina en el marco de la Guerra Fría. Según el registro panameño, Adela tiene duración "perpetua" y está "activa" con un capital declarado curiosamente importante: 10.000.000,00 dólares, un número poco frecuente en los archivos de otras sociedades offshore de ese país que muestran usualmente cifras de 1.000 dólares. El "presidente" de la compañía, de acuerdo a ese registro, es Miguel Angel Egea, que a la vez aparece como su "representante". En el directorio están Norma Beatriz Radice y otros nombres asociados a ellos en otras empresas de Buenos Aires como Darío Jesús Orozco Acuña.
Carlos Schwartz es un periodista argentino radicado en España, especialista en flujos financieros, que siguió durante años el caso. "Adela era un instrumento imperialista apadrinado por el Banco Mundial para el saqueo de América latina", dice. "Adela fue (y puede que siga siendo, hasta que se demuestre lo contrario) un instrumento de inversión para América latina de algunos de los capitales más poderosos de los años sesenta, como la familia de banqueros suecos Wallenberg, la Standard Oil (grupo Rockefeller) o Fidelity Philadelphia Trust Company. Es un consorcio tristemente célebre para la izquierda de las décadas de 1960 y 1970. Se suponía, y se la acusaba de ello, que Adela había inspirado los movimientos golpistas de los años 60 en América latina a través de sus profundos lazos con el Departamento de Estado de Estados Unidos y su relación personal con Henry Kissinger".
Los marinos y sus socios argentinos desembarcaron allí en 1988 de la mano de un estudio de abogados llamado Arias, Fábrega & Fábrega, a quienes los diarios de Panama mencionan como parte de los estudios dedicados a crear y facilitar estos negocios. Por los papeles que surgen de las cuentas, Schwartz cree que "Egea, Radice y Orozco compraron Adela de Inversiones, que había sido abandonada por sus anteriores accionistas. Las fechas más o menos coinciden." – dice – "Los abogados panameños dejan 'durmiendo' las compañías que suspenden actividad y cuando pueden las venden". Pero tampoco eso es seguro: "En Argentina, Adela fue favorecida por el ministro de economía de Juan Carlos Onganía, Krieger Vasena-" – sigue Schwartz – "Es un misterio como esa sociedad cayó en manos de los marinos de la dictadura. ¿La compraron a un despacho de abogados de Panama? ¿O los socios antiguos siguieron como socios de los marinos depredadores?"
La presencia de ellos puede suponer, entonces, la salida de los propietarios anteriores, pero sigue siendo por lo menos curiosa la selección de un espacio vacante que en su origen estuvo dedicado a sostener las dictaduras del cono sur.
Adelita y después
En 2014, la UIF ya había detectado el nombre de Adela Compañía de Inversiones (Panamá) SA en el flujo de dinero de los marinos. Adela aparecía como aportante en tres empresas de Buenos Aires: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA. No era la única offshore que lo hacía: también recibían dinero de Puerto Margarita SA y Fedycor SA.
Norma Radice y Miguel Angel Egea también son los nombres que aparecen como accionistas y representantes de las empresas de Buenos Aires que recibían dinero de ellos mismos desde afuera: Long Regent SA y Martiel. De esta manera, los papeles de los registros de acceso público confirman aquí la hipótesis de la UIF.
"Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos –decía la UIF en 2014 sobre esa maniobra y similares–, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2".
La sorpresa sin embargo no termina ahí. Florida también tiene un registro público de datos de empresas. En ese caso, aparece una expansión extraordinaria de otros nombres asociados a este misterio: Miguel Angel Egea, ahora muerto, y su esposa Bárbara Franz. Ella es norteamericana. De acuerdo al sitio opencorporates.com Barbara Franz está vinculada a 132 sociedades en Florida. Cuando los nombres de esas empresas se ingresan a la base de datos de Florida, aparece asociadas a las mismas empresas los datos de su marido.
Una breve muestra de estos se desarrolla a continuación:
- London Clubs Investment SA, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada 18 de septiembre de 2007 y aún activa.
- Long Regent Holdings, LLC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 18 de septiembre de 2007 y aun activa. Integrada por Egea.
- Lexington Equity Holdings, INC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 22 de diciembre de 2004 y aún activa. En la que Egea y Barbara Franz se suceden como director, agente, vicepresidente y director.
- Mora Ranch CR, LLC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 12 de mayo de 2009, aún activa, integrada por ambos.
- Elatar Ar, INC, que parece tener códigos cifrados. La sociedad, que se creó el 10 de mayo de 1993 y ahora está inactiva, está integrada también por Bárbara Franz y Egea. Pero lo curioso es el nombre del agente oficial: no se llama Juan Pérez, sino Juan H. Pérez.
Quienes trabajaron en la UIF y ya no están, creen que lo más importante que surge de la profusión de nombres de sociedades es el indicio de posibles movimientos de capital propio o de otras empresas. Pero entienden que hay que investigar. Respecto del total de las empresas y la confirmación de las hipótesis, también creen que las acciones podrían continuar y avanzar aún con la muerte de Egea. Como dice Nicolás Hernán Gómez, ex analista de la UIF: "Creo que se puede aplicar el artículo 305 del Código Penal y que por más que Egea haya muerto – en virtud de esa norma – se puede decomisar sin condena el producto del delito si se prueba el origen ilícito. Y ese dinero podría ser destinado a la reparación para las víctimas".
Entre lo pendiente, falta saber si las sociedades que están a nombre de Acosta efectivamente son del jefe de inteligencia de la ESMA. También si Cavallo sigue activo en Miami. Y entender los estados contables de las sociedades. La investigación realizada por UIF en 2014, con la constatación de los ingresos de dinero desde afuera, puede servir de modelo en cambio para otras investigaciones pendientes sobre los poderosos del mundo.
Maitreya, una de las offshore del marino Vildoza.
La misteriosa Adela, compañía de inversiones, registrada hace medio siglo para financiar golpes militares y campañas de derecha, y luego comprada por, o cedida a, represores argentinos.
MARINA WALKER, DEL CONSORCIO DE PERIODISTAS QUE
REVELÓ LOS PANAMA PAPERS
"Los gobiernos permiten estos escondites"
Por Nora Veiras
Hace veinte días medios de ochenta países del mundo sorprendieron con las revelaciones de los Panama Papers. Por primera vez, una filtración de emails, contratos, recibos y documentos del estudio Mossack Fonseca había permitido a la prensa acceder a las sociedades offshore creadas en Panamá para ocultar el manejo del dinero del poder. En la Argentina, el escándalo derivó en sendas denuncias judiciales contra el presidente Mauricio Macri y su ex secretario de Hacienda y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, titulares de sociedades fantasmas. La mendocina Marina Walker, radicada desde 2003 en Estados Unidos es la vicepresidente del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) que maneja la data compartida por el diario alemán Süddeustsche Zeitung. En diálogo con Página/12, Walker anticipa que están conversando para incorporar a dos colegas más de medios argentinos al manejo de esa cantera de información. "Parte del problema con el mundo offshore es que, entre comillas, es corrupción legal. Los gobiernos permiten estos atajos y escondites", explica, respalda la cobertura del diario La Nación y se desentiende de la difusión que hizo Canal 13, cuya periodista Mariel Fitz Patrick, fue incorporada al ICIJ para esta investigación.
–¿Cómo analiza la repercusión en Argentina de la cobertura de los Panama Papers?
–Pienso que ha tenido bastante difusión. Me parece que naturalmente en Argentina hay una división en este momento. Se tiende a usar la información de un lado y el otro.
–¿Qué quiere decir con 'de un lado y el otro'?
–Personas que están a favor de este Gobierno y a favor del Gobierno anterior. Eso se ve reflejado en las redes sociales. Lo que es interesante y que sería bueno que pasara es debatir qué significa que personas del poder económico y político utilicen paraísos fiscales y por qué pasa eso en el particular contexto argentino. Lo que vemos tanto en Argentina como en otros países es que no discrimina izquierda y derecha: comunistas chinos, capitalistas como David Cameron, grandes empresarios, un militar muy cercano a Hugo Chávez. Los paraísos fiscales no son solo de millonarios conservadores. Son atajos fiscales, amparados en el secretismo, que ocultan la mayor criminalidad y los utilizan todos, los utilizan de ambos lados. Parte del problema con el mundo offshore es que, entre comillas, es corrupción legal. Los gobiernos permiten estos atajos y escondites.
–En el caso argentino, aparece Mauricio Macri y no la ex presidente Cristina Kirchner.
–En Estados Unidos no nos permiten dar nuestra opinión. No quisiera opinar demasiado si la respuesta a lo de Macri fue o no adecuada. Hubo protestas en Plaza de Mayo, mucha repercusión en las redes sociales, un fiscal investigando, podría haber sido cero la reacción. En Islandia renunció el primer ministro, David Gunnlaugsson; venía muy herido por la crisis del 2008, la gente dijo basta, había tolerancia cero. El primer ministro manejó bastante mal la opinión pública. En Argentina hay otra realidad en este momento, hubo respuesta, hay que ver qué pasa con la investigación judicial. Mi pregunta es también qué pasa con las otras historias de quiénes sacaron fondos al exterior, como el caso del hipódromo, sería bueno que se investigara seriamente si se pagó todo lo que correspondía, si es legal.
–¿El apellido Kirchner aparece en los Panama Papers?
–No apareció, lo hubiéramos publicado. Lo que sí hay es un intento de abrir una sociedad, que no se materializó, de parte de la esposa del ex ministro Julio De Vido. Cuando empezó el tema de las empresas en Nevada, que es lo que investigan fiscales argentinos, no hay una empresa que hayamos podido encontrar nosotros, no hay una relación directa. En Nevada cuando empieza el pedido de información, el estudio Mossack Fonseca procede a hacer una limpieza de oficinas en Nevada. Les preguntamos por qué lo hicieron y respondieron que era una acción protectiva personal, no querían que sus clientes fueran asociados a una corte. Ellos niegan que destruyeran documentos. En las conversaciones queda claro lo que estaban haciendo.
–¿Es adecuada la cobertura de los medios que tienen acceso a los Panama Papers?
–Hasta ahora nuestros aliados en la Argentina publican en La Nación y Canal 13. De Canal 13 no puedo hablar porque desde acá (Washington) no lo veo.
–Ha sido muy escasa la difusión por ese canal.
–Quiero aclarar primero que nuestros acuerdos son con periodistas, no con medios. Estoy muy conforme con el trabajo de La Nación. Hugo Alconada Mon tiene un lindo equipo con Maia Jastreblansky e Iván Ruiz. Han publicado lo que han encontrado. El caso de Macri estuvo por días liderando el website de La Nación, eso para mí hubiera sido una indicación si desaparecía. No desapareció. Han desarrollado temas muy importantes como el del hipódromo, el del mundo del fútbol que sacaban dinero del país. El caso de Macri es superimportante porque es jefe de Estado pero la data no ayudaba mucho porque es muy básica, aparecía solo en una offshore como director. La Nación está trabajando historias de personalidades públicas de la Argentina que tienen una influencia muy grande. Puede haber historias que no se hayan encontrado y que gente con la mente fresca las encuentren. Por eso la idea es incorporar un grupo pequeño de periodistas que sigan interrogando la data. Muchas veces los nombres están mal escritos, de siete maneras diferentes. Gracias a dios figuran muchos números de pasaportes. Hemos ideado distintos recursos para la búsqueda.
–Le Monde criticó la forma en que La Nación informó sobre la participación de Luis Saguier, uno de sus dueños. ¿Coincide?
–Es un paso adelante que lo hayan dicho, pienso que debieron haberlo dicho periodísticamente, no en una forma editorial. Nosotros no podemos ni queremos meternos en la línea editorial, decirles qué publicar.
–Algunos medios señalaron que es llamativo que en los Panama Papers no haya offshores de Estados Unidos, Alemania e Israel ¿Es así?
–En el caso de Israel, el diario Haaretz ha publicado muchísimas notas sobre vendedores de diamantes, grandes empresarios. En Alemania, tengo entendido que no han salido nombres locales, porque tienen leyes de privacidad muy estrictas y tiene que haber pruebas de criminalidad para poder publicar. En Estados Unidos no es lo mismo, el tema es que hasta ahora no hemos encontrado nombres bomba como pueden ser políticos de alto nivel o financiadores de las campañas electorales de Donald Trump o Hillary Clinton. No perdemos la esperanza. En el caso de Hillary aparecen nombres que han estado vinculados en su carrera política pero no hay nada que los ate a la campaña actual. Se publicó sobre gente muy rica, sobre fraudes. Miami Herald publicó sobre dinero de latinoamericanos que compran empresas en Miami. Ahora estamos avanzando en la incorporación de periodistas de dos grandes diarios de los Estados Unidos. Quiero aclarar, dentro de las muchas teorías conspirativas que aparecen, dijeron que nos financia la CIA, el Departamento de Estado, Putin. No recibimos financiamiento de ningún gobierno del mundo. Nuestros donantes son fundaciones que se dedican a temas de democracia, de transparencia y un donante individual de Australia. Nuestro presupuesto es de 1,8 millones de dólares por año para sostener todo. Tenemos sede en Washington y un staff de 11 o 12 personas más algunos contratos free lance. Para los SwissLeaks (las revelaciones de las cuentas del HSBC en Suiza) trabajamos con 150 periodistas de 60 medios, ahora son 376 periodistas de 109 medios. Tratan de categorizarnos y no pueden. Dijeron que no sale nada del mundo occidental y aparecieron dos líderes europeos, como el de Islandia y Gran Bretaña, y en España, el ministro Juan Manuel Soria, que renunció.
DUDAS EN EL ESTABLISHMENT POR LAS PERSPECTIVAS DE LA
ECONOMÍA. EL GOBIERNO SE ABRAZA AL SALVAVIDAS DE
CAPITALES ESPECULATIVOS
La gran apuesta
El Gobierno espera que la inversión privada se convierta en el motor del crecimiento. El ajuste deprime el mercado interno y el contexto internacional es desfavorable. La opción oficial es que el pago a los buitres convoque a capitales especulativos.
Por Alfredo Zaiat
Una pregunta que ha empezado a recorrer con intensidad en el mundo de los hombres de negocios es si puede funcionar la estrategia económica del gobierno de Mauricio Macri. La definición de "funcionar" la refieren a ubicar a la economía en un sendero de crecimiento con preservación de una tasa de rentabilidad elevada, disminución de la inflación y estabilidad social. No es que extrañan lo que despectivamente mencionan como "populismo". Conseguido el objetivo de desplazar el proyecto político que rechazaban, incluyendo al repudiado "intervencionismo estatal" en la dinámica de la actividad privada, empiezan a emerger dudas sobre las perspectivas de la economía en general, y de su empresa en particular. La promesa oficial es que superado el conflicto con los fondos buitre, última estación del ajuste que denominan "sinceramiento" que recorrió las paradas de la megadevaluación, el daño fiscal autoinfligido con la eliminación de retenciones, el tarifazo y la apertura comercial, comenzará la recuperación de la economía. La cuestión que no tiene respuesta oficial, dado que el consumo interno tiene una relevancia central en la economía doméstica, es cómo lograrán encender los motores del crecimiento luego de provocar una muy fuerte regresión distributiva del ingreso castigando el salario y beneficiando al complejo agroexportador, sectores industriales exportadores, empresas de servicios públicos y al sistema financiero local e internacional.
La economía transita el peor momento del ciclo, tranquiliza el gobierno y promete que a partir de ese piso comenzará la recuperación. La duda que atraviesa al sector empresario es si el presente ajuste es sólo un trago amargo o el inicio de uno mayor porque se abrieron las puertas a un círculo vicioso de deterioro. En estos meses ha habido inflación elevada provocada por la megadevaluación, el tarifazo y la eliminación de las retenciones conviviendo con salarios viejos en muchos sectores a la espera de las negociaciones paritarias. Coexistiendo además con altas tasas de interés del Banco Central, cuya conducción asegura que las seguirá sosteniendo en esos niveles hasta tanto no haya señales de reducción de la inflación. Así ha aumentado el costo financiero y disminuido el acceso a préstamos.
Si bien el canal dinamizador del crédito es limitado debido a su escasa relevancia en la economía, representando apenas el 12 por ciento del PIB, las tasas altas enfrían aún más esa demanda para el consumo y las empresas. En lo que va del mes, ha habido un importante retroceso en el promedio mensual del stock de los Adelantos en cuenta corriente, la financiación vía Documentos y a través de Tarjetas, según las estadísticas proporcionadas por el BCRA. Hasta el año pasado el crédito productivo estaba impulsado por líneas subsidiadas que el Banco Central restringió.
La gran apuesta del Gobierno a la inversión privada queda entonces condicionada a una tasa de rendimiento esperada casi imposible de competir con el costo de oportunidad del capital al 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA. Las inversiones se postergan además por el enfriamiento del mercado interno, la debilidad del crecimiento del comercio internacional y la pronunciada recesión brasileña.
Inversión
Existe una notable disociación en los protagonistas del mundo empresario entre la ideología y las condiciones materiales para permitir su desarrollo. Con una estrategia económica "populista" crecía su actividad pero no tenían "libertad"; ahora tienen libertad pero su negocio no prospera. Antes criticaban a los subsidios porque significaban derroche de recursos públicos, y ahora cuando se aplica una reducción de ese beneficio reclaman porque registran un aumento de sus costos asfixiante. Son propagandistas del liberalismo pero cuando se aplica esa receta se sienten amenazados por la apertura económica que facilita la colocación de productos de China o excedentes de producción de países en crisis, como Brasil, en el mercado local. El argumento de la "herencia recibida" es de corto trayecto político y sólo podrán seguir manteniéndolo aquellos que padecen el Síndrome CCL (Capacidad de Comprensión Limitada).
Es una gran apuesta del oficialismo que el sector privado invierta y actúe como motor del crecimiento. Todas las medidas económicas que ha implementado son procíclicas, o sea agudizan las condiciones internas y externas desfavorables para la economía. El empresariado invierte cuando tiene perspectivas de aumento de la demanda por el crecimiento económico; la relación causal es inversa a la que postula el Gobierno. El panorama no es el más favorable para reclamar inversiones y cuidar el empleo como interpeló el presidente Macri a los dueños y principales ejecutivos de las grandes firmas que operan en el país. El comercio mundial no muestra señales positivas, Brasil está en una profunda recesión y el mercado interno ha sido castigado por la suba de la tasa de interés y el shock inflacionario que deprimió la capacidad de compra del salario.
Como la inversión privada no muestra la vitalidad reclamada, el Gobierno se abraza el salvavidas del ingreso de capitales financieros especulativos luego de firmar la capitulación en el juzgado de Griesa y posterior pago a los fondos buitre. Pero la tranquilidad transitoria que esos fondos puedan brindar junto al período de mayor liquidación de divisas de la cosecha, sigue sin ofrecer un horizonte que permita prever la salida de la actual recesión hacia un sendero de recuperación del Producto Interno Bruto. En ese tránsito, si los dólares especulativos no son suficientes, la opción prevista para el segundo semestre es un nuevo blanqueo de capitales. De ese modo la gran apuesta es que la acumulación financiera se convierta en el factor dinamizador del crecimiento, aunque los antecedentes de esa estrategia no son muy alentadores en ese sentido.
El objetivo oficial de corto plazo, pensando en las elecciones de medio término de 2017, es alcanzar una tasa de inflación anualizada similar a la de octubre del año pasado. O sea, llegar al mismo punto de partida previo al nuevo gobierno, aunque concretando en el trayecto una impresionante transferencia de ingresos. Con una tasa de inflación de abril estimada del 6,5 al 8,0 por ciento, la acumulada en lo que va del año sumará 20 por ciento, y del 27 al 29 por ciento desde fines de octubre. Los aumentos de precios empezaron a filtrarse por la expectativa de megadevaluación luego del resultado en la primera vuelta y por la declaración de Alfonso Prat-Gay referida a que la modificación de la paridad cambiaria no iba a impactar en los precios. No fue así y el shock inflacionario ha provocado una caída del 16 al 20 por ciento en el salario real en apenas cuatro meses.
Tarifazo
El titular de Techint, Paolo Rocca, trasmitió el siguiente reclamo en un Encuentro Multisectorial organizado por IDEA, el jueves pasado: existe "la necesidad de que el gobierno vaya mostrando 'senderos' que permitan a los empresarios acelerar la planificación y los proyectos de inversión". En áreas del gobierno y en ámbitos del poder económico (IDEA y AEA) existen lapidarias críticas a la falta de coordinación en el equipo económico, que promete saldar con la presentación del programa fiscal-financiero (Prat Gay) y monetario (Sturzenegger). Esa falta de coordinación – "senderos" para Rocca – en la gestión de gobierno quedó más en evidencia con el manejo del tarifazo. Por un lado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sumando irritación en las semanas previas al anuncio y confusión luego de informarlo. Por otro, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, mostrando su costado humorístico al indicar que el ajuste sería gradual y cuidando el bolsillo de la población para luego desmentir a su colega de Energía acerca de que no habrá una segunda vuelta.
La consultora de Miguel Bein realiza en su último informe una observación crítica acerca del fuerte ajuste aplicado a la tarifa de gas. Considera que los aumentos en los servicios (luz, gas, agua, transporte y naftas) no pueden calificarse de "graduales" (estima que en forma directa suma 8 puntos porcentuales a la tasa de inflación en abrilmayo). Indica que la devaluación aumentó los costos en pesos de los subsidios energéticos, y advierte que el tarifazo en gas priorizó la transferencia de recursos a las petroleras en lugar de disminuir la carga en las cuentas fiscales. Estimó que de los 3500 millones de dólares que implican el nuevo precio que pagarán familias y empresas, sólo una tercera parte reducirá las erogaciones del fisco, mientras que el resto irá a las arcas de las petroleras. Menciona, como es previsible, que el aumento del gas impactará en los costos (competitividad) de las empresas (por ejemplo, en las petroquímicas) y también en los costos de generación de energía eléctrica. Entonces especula con que si no se modifica ese sesgo del ajuste subirá la cuenta de los subsidios o habrá un nuevo aumento de las tarifas eléctricas.
Deuda y atraso cambiario
En el esquema del ajuste ortodoxo del Gobierno, el endeudamiento es el puente para cruzar hacia el camino del crecimiento ayudado con el ingreso estacional de dólares por el período de mayor ritmo de liquidación de la cosecha. El atraso cambiario también empieza a ser evaluado como un atajo para disminuir la tasa de variación de los precios y frenar la caída de la economía. No deja de sorprender la capacidad de adaptación discursiva de la ortodoxia. Durante los últimos años ha cuestionado lo que evaluaban como una política de atraso cambiario y ahora, luego de padecer la perturbadora experiencia de la megadevaluación, terminan apelando a esa misma estrategia de estabilización. ¿No será que la mejora de la competitividad de la economía argentina requiere de otras variables que no sea el tipo de cambio? ¿No será que quienes insisten con la competitividad-tipo de cambio, en realidad, lo que están buscando son rentas extraordinarias para sus capitales dolarizados? Mientras la ortodoxia sigue confundida en su laberinto conceptual, continúan las expectativas de una mayor devaluación en los principales actores económicas, por ahora contenidas con una tasa del 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA.
Luego de la megaemisión de deuda y si Prat-Gay cumple con lo prometido, no habrá nuevas colocaciones de deuda en el mercado internacional. El financiamiento para pagar deudas y cubrir el desequilibrio fiscal – una parte se atenderá con adelantos del BCRA – será entonces con emisión de deuda en pesos y en dólares en el mercado doméstico. La estimación es que el gobierno requerirá de 13.000 a 16.000 millones de dólares para cerrar las brechas fiscal y externa.
El desafío de este objetivo es doble: la escasa profundidad de la plaza local para absorber el monto requerido para cubrir esas necesidades, que desplazará el escaso crédito al sector privado para destinarlo a financiar al Estado, y la alteración de la confianza inversora luego de manipular el índice de actualización de bonos atados al CER (fue reemplazado el IPC-CABA, elegido inicialmente por Economía, por el IPC-San Luis, que se ubica por debajo del primero). En su momento, cuando comenzaron los cambios en el indicador de precios del Indec, en 2007, expertos en finanzas aseguraron que se trataban de un nuevo default y que, por ese motivo, empezó a subir el riesgo país – la tasa de interés que debía pagar Argentina para emitir deuda –. Si bien en otro contexto político, no aparecen ese tipo de análisis que más que técnicos se revelan ahora que tenían una clara intencionalidad política de obturar el acceso del anterior gobierno al financiamiento en el mercado de capitales.
Si bien la apertura de la cuenta capital puede ayudar a financiar la transición propuesta por el macrismo, con un menor costo en términos de inflación y recesión, no es condición suficiente para asegurar el lanzamiento de un vigoroso proceso de inversión privada. Más aún cuando existe un fenómeno estructural de la economía local que lo limita: la fuga de capitales. En el primer trimestre de este año sumó de 3500 a 4000 millones de dólares, información que el Banco Central conoce y no difunde. La restricción del desarrollo no es la existencia de un cuestionamiento social a que los empresarios ganen mucho dinero, como se lamenta el establishment, sino a que gran parte de las ganancias la fugan.
El esquema macroeconómico del macrismo está basado fundamentalmente en domesticar la puja distributiva para alentar la inversión privada. Para ello impulsa una ola de despidos masivos (público y privado) que no debe ser frenada por ley para que una tasa de desempleo creciente discipline a los trabajadores en sus reclamos salariales. Es un supuesto muy fuerte teniendo en cuenta la historia económica argentina, el elevado piso desde donde parten las condiciones materiales de los trabajadores y la tradición de resistencia de sectores gremiales.
azaiat@pagina12.com.ar
OPINIONES SOBRE EL PAGO A LOS FONDOS BUITRE Y SUS
CONSECUENCIAS
"Van a hipotecar el país"
Horacio Rovelli señaló que Argentina volverá a quedar sujeta a las condiciones que imponen el FMI y el capital internacional. Alejandro Otero advirtió que es "una buena nueva para bancos globales y fondos buitre", pero no para los sectores populares.
"Singing in the rain". Daniel Pollack, el mediador, celebró el acuerdo de pago a los buitres.
"Igual que pasó en la década de los 70 con los petrodólares, existe en el mundo desarrollado un fuerte excedente de liquidez que no condice con una economía en estado vegetativo; eso explica por sí solo por qué fue importante la oferta de divisas en la licitación de bonos que realizara en los mercados de Estados Unidos y en Londres el gobierno de (Mauricio) Macri, máxime cuando las tasas de corte superan en 12 veces las de la Reserva Federal (Estados Unidos) y en 8 la tasa Libor (Londres)", explicó el economista Horacio Rovelli, de EPA (Economía Política para la Argentina), los resultados de la colocación de deuda del 18 y 19 de abril, que el gobierno nacional presentó como un éxito y una demostración de "confianza" en el país. "Igual que (José Alfredo) Martínez de Hoz, van a utilizar la deuda para hipotecar al país, sujetarlo al monitoreo del FMI y el capital internacional", apuntó, en referencia a las consecuencias económicas y políticas de esta operación, comparada con la ejecutada entre 1976 y 1980 por el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla.
Para las autoridades del gobierno, tanto desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas como en palabras del Presidente, esta cancelación con los fondos buitre significa cerrar una etapa nefasta y abre una perspectiva económica muy auspiciosa, y así lo celebró. Rovelli, sin embargo, advirtió que "Argentina dejará abierta la posibilidad a los otros fondos que aún no han pactado, para que puedan ingresar a futuro a la propuesta de pago realizada, o bien seguirá sometida a los avatares que dicte la Justicia estadounidense o donde se dirima, en relación al universo del uno por ciento de inversores en default del 2001, que podrían seguir litigando. Ello sin contar el riesgo cierto de los fondos que sí entraron al canje de deuda (2005 y 2010), que litiguen ante el trato dispar, ya que ellos cobran con una quita del 65 por ciento del capital y a plazo, y los beneficiados por Macri, al contado efectivo y la suma que ellos quieren."
Rovelli, de EPA, hizo un comentario adicional para señalar lo inequitativo que resultará esta política de endeudamiento. "Para asegurar la colocación de los nuevos títulos de deuda, el gobierno se supera a sí mismo y permite que los argentinos que quieran comprar más de dos millones de dólares en una sola operación puedan hacerlo, aunque solamente si destinan esas divisas a la compra de títulos públicos, con lo cual cierra el circuito. Para los argentinos de a pie: inflación, tarifazos, altas y leoninas tasas de interés en créditos inaccesibles, paritarias inciertas, flexibilización laboral y el fantasma de la desocupación y la marginalidad. Para los bancos y sus principales clientes, la posibilidad de superar la compra de dos millones de dólares por operación para hacer un gran negocio financiero".
El economista de EPA, con amplia experiencia en cuentas nacionales y presupuesto, explicó además que se le va a pagar "generosamente a los fondos buitre una parte del nuevo endeudamiento, 12.500 millones de dólares, y los 4000 millones restantes lo convertirán en pesos, al tipo de cambio oficial, para que el Estado con esa plata pague deuda interna, su déficit provocado por la eliminación y reducción de las retenciones a la exportación, que es un sesenta por ciento de esa suma en un año". Esa transferencia, que en consecuencia irá a las arcas de los sectores exportadores más concentrados, "serán fugados al exterior en el giro de utilidades de las empresas extranjeras que operan en nuestro país y que son las más grandes, las que más ganan y más facturan, y a través de la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones".
A su vez, Alejandro Otero, economista y dirigente del Frente Grande, al referirse a la oferta por más de 60 mil millones de dólares recibida por Argentina, para una demanda de dinero de 15 mil millones (inicialmente), señaló que "es como si convocaras a una fiesta y la cola para entrar da tres vueltas a la manzana; la fiesta es un éxito, pero hay que preguntarse qué ofreciste para semejante convocatoria, y la explicación, en este caso, es la tasa de interés del 7,2 por ciento, que es una tasa espectacular para una situación de exceso de liquidez en el mercado, cuando no hay quien quiera tomarla, porque la economía mundial está planchada". Otero recordó que, "en el medio, además, aparecen los grandes bancos colocadores, el HSBC, JP Morgan, Citi, Santander y otros, embolsando importantes comisiones por obrar de intermediarios. Para estos bancos, y para los fondos buitre que cobran, esta aparición de Argentina en el mercado es una buena nueva, mientras que para otros, los sectores más vulnerables internamente, las noticias no son tan buenas, con medidas tardías e insuficientes, como la devolución del IVA y el refuerzo a las asignaciones a desempleados".
Otero, especialista en temas fiscales (acaba de publicar, junto a Alfredo Iñíguez, el libro Elementos para una reforma tributaria en la Argentina), subrayó que, de los 16.500 millones de dólares que se captó con la emisión de deuda, "hay 12.500 millones que nunca van a entrar al país, porque se acreditan directamente a favor de los buitres". El resto se destinaría a cubrir déficit y a un plan de inversiones en obra pública. "No se explicó en qué proporción ni a qué obras, pero se da a entender que no va a haber más ajustes por este año, ni reducciones de gasto público ni eliminación de subsidios. Y que con la obra pública quizás sea posible reactivar la economía, para salir del estado de estancamiento con inflación en el que existe el riesgo de estar entrando, que es el escenario más temido de cualquier gobierno".
Al ser consultado sobre si esta inyección de dinero le daría al gobierno la chance de frenar el proceso inflacionario, y tener en el segundo semestre del año un horizonte de mayor estabilidad como asegura el ministro Alfonso Prat-Gay, Otero advirtió que "la política antiinflacionaria del gobierno no es el endeudamiento, sino la recesión". Explicó que el brutal aumento de precios de los artículos de consumo, los tarifazos, la devaluación y el impacto de los despidos y suspensiones sobre el ingreso de los trabajadores, "va a tener por consecuencia una caída del consumo, y de esta forma el gobierno espera ponerle un freno a la inflación. Pero a un alto costo social, que quizás sea un problema más grave que la propia inflación".
ENCUENTRO DEL PERONISMO BONAERENSE EN
SAN NICOLÁS
Contra el ajuste y los despidos
Espinoza, Scioli y Caló encabezaron las jornadas de reflexión.
Contra los despidos, el ajuste, el tarifazo, en defensa de la industria nacional y en apoyo a la conformación del gran Frente Ciudadano que propuso la ex presidenta Cristina Fernández. Esas fueron las consignas y conclusiones que plasmó en un documento el peronismo bonaerense, que ayer se reunió en la localidad de San Nicolás. "En estos 140 días de gobierno lo único que vimos son ajustes salvajes para los que menos tienen y vimos beneficiar a los que más tienen. Cada día retrocedemos más y el peronismo tiene que ganar la calle para ponerle un freno", aseguró el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza. El ex candidato presidencial Daniel Scioli defendió la ley antidespidos y aseguró que el trabajo "es el corazón, la dignidad y la grandeza del pueblo y de la nación argentina".
Si bien no participaron una gran cantidad de intendentes por tratarse de un encuentro de la segunda sección electoral, la reunión contó con una nutrida presencia de dirigentes bonaerenses como Scioli, Espinoza, Antonio Caló (líder de la CGT oficial), el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, los diputados Cristina Alvarez Rodríguez y Carlos Kunkel, la ex funcionaria provincial Silvina Batakis, el ex presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, los intendentes Verónica Magario y Osvaldo Cáffaro (Zárate), el referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro y los ex funcionarios nacionales, Débora Giorgi y Roberto Feletti, entre otros. El kirchnerismo más cercano a la ex presidenta estuvo representado por la única senadora que tiene en la segunda sección, la camporista Cecilia Comerio.
"Vemos un gobierno muy improvisado con funcionarios que no tienen sensibilidad social ya que son CEOs de empresas, no conocen a los pobres, no conocen los trabajadores", aseguró Espinoza, que estuvo acompañado por el anfitrión y dueño de casa, el intendente peronista Ismael Passaglia. El documento aprobado expresó duras críticas a la gestión del presidente Mauricio Macri, con especial énfasis en la pérdida de puestos de trabajo que se desató en los últimos meses. "Queremos marcar errores para que se corrijan, para que se cuide el trabajo, ya que el trabajo no se cuida diciendo: 'empresarios, cuiden el empleo'. Esto es mucho más profundo, son las políticas públicas, el apoyo a las pymes, el cuidado del mercado interno y del poder adquisitivo", agregó Scioli.
La jornada estuvo dividida en distintos paneles de trabajo, luego de los cuales se elaboró un documento. "Hoy la realidad ha dado sobradas muestras de que el gobierno de Mauricio Macri llegó para desmontar los logros de estos últimos 12 años que beneficiaron a las mayorías populares. Su compromiso es con los grandes capitales, los exportadores y la banca extranjera", dice el texto. El último de los 6 puntos explicita el acompañamiento a la propuesta de CFK: "Apoyo a la convocatoria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la conformación de un verdadero Frente Ciudadano en defensa de los derechos del pueblo".
Los anteriores puntos se enfocan en los retrocesos en materia económica. Advierte sobre el caso de la central Atucha, "la cadena productiva del acero" y los retrocesos en el sector de la construcción, así como el "castigo" a las "familias trabajadoras, los jubilados y las pymes" por el tarifazo. "No al ajuste, que significa la clásica respuesta antipopular de hacer recaer los costos económicos y sociales sobre los más débiles", remarcaron los dirigentes bonaerenses.
SMATA NO ARMARÁ MÁS AUTOS QUE AUMENTEN SUS
PIEZAS IMPORTADAS
En defensa del empleo nacional
En un plenario nacional, el sindicato de mecánicos decidió negarse a montar aquellas autopartes que reemplacen desde el lunes a las de producción nacional. "Cada pieza que se desnacionaliza es un retroceso", aseguró el jefe del gremio, Ricardo Pignanelli.
Unos dos mil delegados de Smata reunidos ayer en Cañuelas analizaron la crítica situación del sector
Los mecánicos del Smata decidieron poner en marcha una de las medidas de fuerza más originales y drásticas de los últimos tiempos: se negarán a montar aquellas piezas importadas que a partir del lunes reemplacen a las de fabricación nacional. Así lo resolvieron ayer más de dos mil delegados reunidos en el plenario nacional del gremio, fruto del cual vio la luz un duro documento donde fundamentan la medida en que "el contenido nacional de los vehículos bajó del 35 por ciento en 2014 al 20 por ciento en 2016" y en que el negocio de las patronales automotrices "hoy es la importación y no la producción". Para Smata, esa es una de las razones por las cuales dos mil trabajadores del sector perdieron su empleo en los últimos meses. "Es una estaca que ponemos los trabajadores para que la industria automotriz, una actividad multiplicadora de empleo, eche raíz en el país", graficó el secretario general del gremio, Ricardo Pignanelli, en diálogo con Página/12.
El origen de la medida, explicó Pignanelli, es la puesta en práctica de los postulados de un proyecto de ley que impulsa Smata que plantea llegar al 50 por ciento de participación nacional en la producción de autopartes. Como el proyecto "podría tardar más de un año en aprobarse y reglamentarse", dijo el dirigente, los trabajadores tomarán en sus propias manos la idea hasta tanto la iniciativa –que tiene acompañamiento oficial, aunque por ahora sólo de palabra– se concrete.
"Cada pieza que se desnacionaliza es un retroceso. Conocemos las mañas de los empresarios. Por eso, de acá en más, esa pieza no la vamos a montar", afirmó Pignanelli. Consultado sobre cómo podrían reaccionar las patronales ante la medida, el dirigente sostuvo que "si algún patrón se enoja, está equivocado. Tendrían que aplaudir al gremio: lo que estamos haciendo es por mejor calidad de vida y más trabajo para todos".
Pignanelli fue el encargado de cerrar ayer el plenario de Smata, que reunió dos mil delegados de todo el país en el polideportivo que posee el gremio en Cañuelas. Durante varias horas, los delegados intercambiaron ideas sobre la situación de los 200 trabajadores en conflicto de la planta de Honda en Florencio Varela, que marcharon el jueves hacia la Secretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y forzaron la conciliación obligatoria. Además, en el temario se abordó el licenciamiento de trabajadores en Volkswagen, la situación delicada de Ford y de la planta cordobesa de Fiat. El documento final, en cuyo título se hace referencia a las tres "T" (Tierra, Techo y Trabajo) por las que brega el papa Francisco, recoge posiciones críticas con las patronales y con la apertura económica que lleva adelante el Gobierno.
"Vemos con preocupación como los empresarios intentan cambiar las reglas de juego que traccionaron el crecimiento durante casi 10 años, no sólo en las terminales, sino en toda su cadena de valor que en la actualidad cuenta con no menos de un millón y medio de puestos de trabajo", advierte el documento, que fue leído ante los delegados por el secretario adjunto, Mario Manrique.
El texto hace un repaso de los motivos del "retroceso" en la industria automotriz. Entre los principales, destaca "la reducción de los aranceles de las unidades importadas", "las permanentes presiones de las multinacionales" del sector para "abandonar el mercado interno", y "el aumento del precio en dólar de los insumos producto de la devaluación que las propias patronales pidieron a gritos".
"La especulación le quiere ganar al trabajo, la desesperación a los sueños y la anarquía a la organización", reza el documento, que pide "seguridad jurídica" para los trabajadores, "la misma que reclamaban las empresas para invertir y hoy desconocen o buscan vacíos jurídicos para especular y desabastecernos en pos de un mejor negocio sin contenido social".
Dentro de la industria automotriz, Smata comparte representación con otros gremios con mayor peso dentro del rubro, como la UOM que conduce Antonio Caló y que tuvo su propio congreso esta semana, donde se planteó un plan de lucha que incluye un paro nacional de 48 horas a partir del 5 de mayo. Las reivindicaciones son similares: el freno a los despidos a partir del decreciente nivel de actividad industrial y, en ese marco de conflictividad, mejores acuerdos paritarios. "A pesar de que los gerentes no nos aprecian mucho, somos los más vehementes para cuidar la industria nuestra, que es muy débil aún, porque significa proteger el trabajo de la gente".
Informe: Matías Ferrari.
LA REAPARICIÓN DE CFK, EL BALANCE DE SUS REUNIONES
EN BUENOS AIRES Y SUS PRÓXIMOS PASOS
Una vuelta que reacomodó el tablero político
Los encuentros con intendentes, diputados, senadores, artistas y científicos agitaron el escenario del peronismo y dieron impulso a la creación del frente ciudadano. Se prepara un acto en Avellaneda, donde se lanzará formalmente el Instituto Patria.
Durante los 10 días que se quedó en Capital Federal, l a ex presidenta ocupó el centro de la escena políta.
Por Nicolás Lantos
En diez días, Cristina Fernández de Kirchner mandó barajar y dar de nuevo el escenario político nacional. Su reaparición, enmarcada por un acto multitudinario y que incluyó encuentros con los principales actores de la oposición al gobierno de Mauricio Macri, desde los intendentes del peronismo bonaerense hasta organizaciones sociales, desde científicos a sacerdotes, la ubicaron como referente central del sector político que se enfrenta a las políticas impulsadas el PRO. A pesar de que en cada una de sus intervenciones destacó su identidad peronista, también se abstuvo voluntariamente de participar de la interna del PJ, del que se dice "una simple militante" y propuso en cambio la conformación de un "frente ciudadano" cuyo formato final es aún incierto pero que funcionaría como paraguas de todos los sectores sociales y políticos que se definen como opositores.
La novedad sacudió el todavía inestable entramado de relaciones del peronismo, que no termina de reacomodarse después del knock out técnico de noviembre pasado. Por la nueva base de operaciones montada en el Instituto Patria desfilaron, durante una semana y media, 71 diputados (de 79), 52 intendentes bonaerenses (de 55) y 22 senadores (de 42); números muy superiores a los que podían preverse y que demostraron que, lejos de estar acabada, su voz deberá ser tenida en cuenta. Sin embargo los tiempos no son los mismos y el rol que cumple CFK no es tampoco el mismo que hasta diciembre: "Es una brújula, pero ya no es el capitán que decide, sin consultar, el destino de la nave", grafica muy navalmente uno de los jefes comunales que participó de la reunión con la ex presidenta.
Ella, aseguran en su entorno, es la primera que entiende que ahora es así, y actúa en consecuencia. Después de cada reunión, sus interlocutores celebraban haberse encontrado con una Cristina Fernández de Kirchner que preguntaba y escuchaba más de lo que hablaba, algo inusual en su etapa presidencial. Ante ellos, además, por primera vez, ensayó una autocrítica por su rol como conductora del proceso que llevó a la derrota electoral. Hubo concesiones: a los intendentes les prometió que tendrían "la lapicera" para armar listas el año que viene; a los senadores les pidió que prioricen la unidad del bloque, a pesar de su público enfrentamiento con el presidente de la bancada, Miguel Angel Pichetto.
Parte de este renovado juego de seducción entre la ex presidenta y el partido en el que hizo toda su carrera política es su abdicación tácita a competir por la conducción del partido, una cruenta batalla con final incierto que podría tener consecuencias fatales para el peronismo y toda la oposición al gobierno de Mauricio Macri. Aunque algunos dirigentes más cristinistas que Cristina quisieron aprovechar el envión de su regreso a la arena pública para conformar una línea interna que presente batalla a la lista que encabezan José Luis Gioja y Daniel Scioli, por ahora estos intentos han sido frenados por la conductora.
Esto no significa que la ex presidenta no tenga planes para el peronismo. Aquí es donde entra en juego el Frente Ciudadano. Aunque las definiciones por ahora son vagas, distintos dirigentes que tienen diálogo cotidiano con ella coincidieron en definirlo como "un espacio político que va a englobar a todos los opositores" al gobierno de Mauricio Macri, independientemente de otras identidades preexistentes. En su discurso, ella planteó varias veces que, con la profundización de las políticas que aplica el PRO, más temprano que tarde el clivaje que va a partir aguas será la adherencia u oposición al modelo neoliberal.
En el Frente Ciudadano convivirían partidos de izquierda y centroizquierda, movimientos sociales, actores eclesiásticos, artistas y personalidades de la cultura, científicos, académicos, sindicatos, ONG.
Por supuesto que este espacio no tiene sentido si no incluye, como parte inevitable, al peronismo o al menos a buena parte del peronismo que concuerda con los lineamientos políticos que marcaron los doce años kirchneristas: mercado interno, Estado activo, derechos humanos. Pero ella sabe que no es ella quien puede, en este momento, conducir al PJ hacia ese lugar, y confía que el peso de la circunstancias terminará por poner todo en su lugar. "En el palacio, a lo mejor perdemos, pero en la calle ganamos seguro. Ellos tienen más dirigentes, nosotros tenemos más gente", resume un dirigente muy cercano a la ex mandataria.
Mientras los gobernadores por ahora siguen marcando distancia, aunque algunos de ellos reconocen off the record que asistirían gustosos en caso de ser invitados por Fernández de Kirchner a una próxima ronda de reuniones en la Fundación Patria, el obstáculo más importante para su acercamiento al peronismo son las cúpulas sindicales, con quienes se rompió la relación en los últimos años a un nivel "irreparable". Por eso ella apuesta a que hay por delante una inminente renovación de esa conducción y tiene la mirada puesta en una nueva generación de cuadros, criados en la práctica gremial durante los últimos doce años y que hoy ocupan lugares en la base de la pirámide.
CFK regresó el jueves al Calafate aunque no va a quedarse allí mucho tiempo: no va a volver a ceder la iniciativa política. Sin fecha estipulada ni confirmación oficial, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los aliados más importantes de la ex presidenta en esta nueva etapa, prepara un acto importante en el teatro Roma, de esa ciudad conurbana. Allí quedará formalmente inaugurado el Instituto Patria, donde funcionarán actividades de formación política, una agencia de noticias y las oficinas de la ex presidenta y algunos de sus asesores más cercanos.
OPINIÓN
Ciudadanía
Por Edgardo Mocca
Más allá del clima emocional que la rodeó, la intervención de Cristina Kirchner en el acto popular que la recibió en Comodoro Py produjo una novedad política y discursiva de mucha importancia. La ex presidenta propuso un "frente ciudadano". Puso el sustantivo "frente", característico de las propuestas populares y de izquierda a través del siglo XX, al lado de una expresión a la que suele ser más frecuente encontrar en el vocabulario liberal o liberal-democrático. La palabra frente tiene algo así como una doble historia: por un lado, los frentes realmente existentes, sustentados en acuerdos entre fuerzas y sectores diferentes que acuerdan unirse en una circunstancia concreta, sobre la base de una plataforma común; por otro lado, la palabra fue utilizada como síntesis de una determinada estrategia política, para designar el arco de fuerzas factible de ser unida en una coyuntura determinada, aún cuando tal unidad no se hubiera hecho todavía efectiva. En la historia de las izquierdas posterior a la Primera Guerra y a la Revolución Rusa, la definición del frente a construir, y particularmente el grado de su amplitud, fue un factor central de las disputas políticas y una de las causas frecuentes de sus divisiones. Frente obrero, frente popular, frente democrático... cada formulación traía consigo un grado distinto de radicalidad y amplitud política, cuyos respectivos extremos eran el sectarismo y el oportunismo.
Curiosa palabra la elegida por la ex presidenta para un frente que, por lo menos por ahora, pertenece a la especie de las fórmulas estratégicas y no a la de los acuerdos políticos reales. El comienzo del apogeo de la ciudadanía puede ubicarse en la Revolución Francesa, nada menos que en el contexto de la proclamación de los derechos "del hombre y del ciudadano". Es decir, fue la revolución burguesa la que puso en el centro el concepto de ciudadanía, como fundamento cultural de la común pertenencia a un estado-nación. Fue Thomas Marshall, un sociólogo y economista inglés, quien en 1949 formulara una interesante interpretación de la ciudadanía en el contexto del capitalismo. Se trata de una perspectiva optimista que piensa la historia de la ciudadanía en occidente, en términos de evolución progresiva y hasta rectilínea: el siglo XVIII es el siglo de la "ciudadanía civil", el de los derechos individuales; el siglo XIX es el de la "ciudadanía política", que gira en torno de la ampliación (masculina) del derecho al voto y el siglo XX es, finalmente, el de la "ciudadanía social", expresada en una serie de derechos legalmente reconocidos a los trabajadores y a los sectores más pobres de la sociedad. El optimismo de la periodización expresa el clima de la época en que fue pronunciada, en la situación de la segunda posguerra, la reconstrucción de las economías europeas y el comienzo de los Estados de Bienestar en la zona más desarrollada del mundo. Más que por ese ingenuo esquema evolucionista, las reflexiones de Marshall adquieren actualidad, en cuanto colocan en el centro las relaciones tensas y contradictorias entre la sociedad capitalista y la ciudadanía. La ciudadanía es pensada como pertenencia a la comunidad nacional; una pertenencia que tiene como requisito central la construcción de un piso básico de derechos dentro de una sociedad sistemáticamente creadora de desigualdades, como la que gira en torno al capital. Marshall dice que el concepto de ciudadanía ha llegado a ser "el arquitecto de una desigualdad social legitimada".
Los llamados "derechos sociales" son el núcleo duro de la ciudadanía contemporánea. Funcionan como un pacto de clases, en el que las desigualdades originadas en la economía se compensan con un conjunto de prestaciones sociales que permiten vivir a todos como personas "civilizadas". Buena parte de la doctrina de la ciudadanía social surgió de los sectores más lúcidos de la burguesía y no tuvo ninguna revolución social en su agenda; era más bien una ideología pragmática que completaba en clave sociológica las claves de política económica fundadas por Lord Keyness. Razonablemente la izquierda partidaria de la revolución impugnaba el discurso de la ciudadanía como relato embellecedor del capitalismo y ocultador de sus tendencias inevitables a la concentración de la riqueza y al crecimiento de la desigualdad. Es en ese registro que el entonces coronel Perón les habló a los empresarios en la Bolsa de Comercio, en agosto de 1944. Allí presentó su proyecto de justicia social, sustentado en una fuerte representación sindical de los trabajadores, como única alternativa a la radicalización de las masas y su inevitable consecuencia, la guerra civil.
A pesar de nuestro culto a la propia excepcionalidad, nuestro país atravesó, a su manera, las grandes peripecias mundiales de las últimas décadas. Conoció su estado social de la mano del peronismo a partir de 1945, con llamativa simultaneidad a la generalización de las conquistas obreras en el mundo, particularmente en Europa. Vivió la crisis y la derrota de las políticas de industrialización y redistribución de los recursos, basadas sobre una fuerte intervención estatal, desde mediados de los setenta del siglo pasado, a partir de la gran crisis del capitalismo de entonces y el comienzo de su reestructuración bajo la égida del capital financiero. Nuestra dictadura fue, junto con la chilena, una de las experiencias del laboratorio neoliberal, en la dirección que adquiriría potencia mundial con los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos. En 1989, mientras la caída del muro de Berlín señalaba el fin del campo socialista hegemonizado por la Unión Soviética, el nacimiento de la breve experiencia del mundo unipolar y el consenso universal del neoliberalismo, en Argentina comenzaba una nueva etapa de la reconversión estructural, cultural y política del país, bajo el imperio de esa ideología. Sin forzar demasiado el esquema teórico, podemos aceptar que estos tiempos, los del nuevo siglo, son tiempos de crisis de la ciudadanía. No es solamente una época de restricción de los derechos laborales y sociales –que también lo es, como lo atestiguan las políticas europeas de la "austeridad" y el rumbo autoritario e imperial que profundiza la primera potencia mundial– sino que es una instancia de segregación de cientos de millones de seres humanos sumergidos en la pérdida de los más elementales derechos civiles y políticos, como lo revela la llamada "crisis humanitaria" que sufren masas de personas de Africa y el Oriente medio, emigrados hacia una Europa cada vez menos hospitalaria y en pronunciado giro xenófobo y racista.
Los doce últimos años en la Argentina son dignos de ser pensados en clave de historia de la ciudadanía. El capitalismo argentino no dejó de ser creador y reproductor de enormes desigualdades (laborales, medioambientales, regionales, de género y otras). No se eliminó la pobreza ni la exclusión social. Sin embargo, tuvimos un Estado actuando a contracorriente, interviniendo, redistribuyendo, activando y politizando regiones de la convivencia social que estaban enterradas en la naturalización ("pobres habrá siempre", pontificó Menem en su momento). Se ampliaron derechos, se incorporaron sectores antes marginados, se estableció la solidaridad como valor central a desarrollar (la patria es el otro). Basta para establecer este juicio el contraste con la crueldad estatal desplegada en estos meses con la megadevaluación, los tarifazos, los despidos masivos, la represión de la protesta laboral y la criminalización de la protesta social como el que sostiene la ilegal detención de Milagros Sala. De manera que la fórmula del frente ciudadano podría ser interpretada como un amplio acuerdo en defensa de la ciudadanía, entendida esta última como pertenencia a la comunidad y derecho de participación en el patrimonio común.
La ciudadanía sigue teniendo su sede en el Estado nacional. No significa que la calidad de su ejercicio en ese ámbito no esté condicionada por la profunda crisis del capitalismo mundial, por la escandalosa concentración de la riqueza y el poder a escala planetaria, o por el carácter predatorio y timbero que ha adquirido el funcionamiento de las finanzas globales (el caso de los Panama Papers ilustra la masiva inclusión de los ricos entre los ricos de nuestro país en este paradigma). Pero la fantasía de una ciudadanía global que predominó en la década de los noventa ha cedido su lugar a la evidencia de que la única sede posible de los derechos ciudadanos está alojada en la política nacional, la única en la que funciona el incompleto principio de "un ciudadano/a-un voto". Ciudadanía es un nombre posible de la patria, como sede de la pertenencia común. Como la muestra la experiencia de la última década –particularmente en el sur de América– existen espacios de soberanía y autonomía de la política respecto de los poderes globales, cuya exploración le da a la política el único sentido que puede legitimarla.
Frente ciudadano no es entonces una estructura, ni un molde al que adaptar la realidad política. Es la construcción de un principio de diferenciación central para la disputa política. Un principio que no separa a un partido o a una coalición de otra, ni a un dirigente de otro, sino que postula la defensa del ejercicio de la ciudadanía como el motor que le puede dar impulso a una práctica política. Una concepción que proyecta el debate más allá de los episodios electorales. Que lo coloca en el lugar del "buen vivir" que evocan nuestras culturas originales. Que entronca con la tradición de lucha de los trabajadores, de los sin tierra y sin techo y las une con el vasto universo de quienes necesitan políticas públicas que protejan a los vulnerables y que defiendan el desarrollo autónomo del país.
SERGIO MASSA Y DIEGO BOSSIO EMPEZARON A MOSTRARSE
MÁS DISTANTES DEL GOBIERNO
Socios que ahora cambian de rumbo
El Frente Renovador y el Bloque Justicialista impulsan junto al resto de la oposición la ley para frenar los despidos y buscan diferenciarse del macrismo para no pagar el costo político del ajuste. Acusan al oficialismo de no cumplir los acuerdos legislativos que tenían.
Sergio Massa y Diego Bossio tratan por estos días de despegarse de Mauricio Macri.
Por Miguel Jorquera
El entramado legislativo que construyó el gobierno de Mauricio Macri en el Congreso para respaldar su gestión comienza a deshilacharse. La situación económico-social con despidos masivos en el Estado y el ámbito privado, la inflación y los tarifazos que impactan en los sectores más desprotegidos y entre los trabajadores empezaron a alejar a las bancadas opositoras que acompañaron a Cambiemos en la decisión del gobierno de acordar con los fondos buitre en "busca de financiamiento externo e inversiones". La decisión del massista Frente Renovador (FR) y del cismático Bloque Justicialista (BJ) –que partió al bloque de diputados del Frente para la Victoria– de impulsar junto al resto del arco opositor una ley que prohíba los despidos es una muestra que ni renovadores ni justicialistas están dispuestos a compartir con el Gobierno el costo político de respaldar un modelo que sacude su propia base electoral a cambio de promesas que el oficialismo "no cumple".
El papel de "oposición responsable" que le asignó el macrismo amenaza ahora con arrastrar a massistas y peronistas disidentes como furgón de cola de la política de ajuste del Gobierno. El reclamo que llevaron las cinco centrales sindicales (las tres fracciones de la CGT y las dos de la CTA) al Parlamento por la destrucción de fuentes de trabajo –dejando de lado otras reivindicaciones que las unificaba como el Impuesto a las Ganancias– fue la advertencia que sacudió a la oposición "amigable" con el Gobierno y sobre la cual habían evitado o esquivado pronunciamientos contundentes.
El líder renovador Sergio Massa fue el encargado de organizar "la movida" con las centrales sindicales en la Cámara de Diputados, con la intención de diferenciarse del Gobierno y obligar a la alianza Cambiemos a cumplir los acuerdos que había pactado a cambio del respaldo legislativo al oficialismo. Una lista que incluye, entre otras cosas, avanzar con las propuestas massistas sobre la modificación del impuesto a las Ganancias y las reformas al Código Procesal Penal que se aprobó durante el gobierno kirchnerista y cuya implementación Macri volvió a postergar por medio de un decreto de necesidad y urgencia.
Massa creyó que podía torcerle el brazo al oficialismo y hasta se propuso, ante el resto de las fuerzas opositoras, de ser el intermediario para que Cambiemos acompañe la propuesta que volvería a ponerlo en el centro de la escena política. El rotundo rechazo del Gobierno a ponerle freno a los despidos truncó la estrategia de Massa que tampoco pudo evitar que sus propios referentes sindicales se subieran a la inercia que tomó la iniciativa: diputados con cierta autonomía dentro del FR, como los sindicalistas Facundo Moyano (hijo del pope cegetista) y Héctor Daer (Sanidad), y Graciela Camaño (esposa del gastronómico Luis Barrionuevo) trabajaron en consensuar un solo proyecto opositor contra los despidos con el FpV, el BJ, Progresistas y el FIT (que también lo acompañaría) que ya tiene dictamen favorable en la comisión de Legislación del Trabajo y que Cambiemos quiere dilatar en su paso por la Comisión de Presupuesto, que preside el macrista Luciano Laspina.
"Bajo ningún punto de vista. La ley para parar los despidos tiene que salir sí o sí. La pérdida de empleos es una de nuestras preocupaciones centrales", respondieron fuentes parlamentarias del massismo ante la consulta de Página/12 de si podrían dar marcha atrás en la iniciativa ante la negativa del Gobierno.
Las motivaciones en el massismo son variadas. "Hasta ahora no han cumplido con nada", insisten para referirse a los acuerdos pactados con el oficialismo en el ámbito legislativo donde el Gobierno suma apoyos solo para direccionar sus propuestas. De todas maneras, los renovadores afirman que no abandonarán la estrategia trazada de transitar "la ancha avenida del medio" en la que consideran colectarán voluntades de "decepcionados del kirchnerismo y de Cambiemos".
"Vamos a acompañar al Gobierno en la medida que no haya agachadas. El Gobierno no tiene en su agenda temas centrales de la sociedad. Ha demostrado su incapacidad para bajar la inflación y su política lesiona gravemente el empleo. Así, el acompañamiento se diluye", sostienen desde el massismo ante Página/12, dejando en claro que los sectores más afectados por las políticas macristas son parte de la base electoral del Frente Renovador.
En el Bloque Justicialista sucede lo mismo. "Somos claramente un bloque de oposición, firme y responsable", aclaran ante este diario. "Tenemos la responsabilidad de acompañar a muchos gobernadores que en su provincias necesitan tener una relación madura y de gobernabilidad con el Gobierno nacional", agregan antes de argumentar que "la fuerte impronta gremial" de su bancada fue lo que primó para impulsar el proyecto contra los despidos. Un tema en el que tampoco estarían dispuestos a retroceder.
El sindicalista petrolero Alberto Roberti que preside la comisión de Legislación Laboral en la Cámara baja en representación del BJ –con el visto bueno de Cambiemos– fue el autor de uno de los proyectos que se consensuaron para prohibir los despidos en la administración pública nacional y el sector privado con el respaldo de su bloque.
"Los despidos son una muestra de que en la Argentina se viene una etapa de enfriamiento de la economía, a la que se suma la eliminación de los subsidios y el aumento de tarifas que hacen a la caída de la actividad económica. Puede ser que la inflación baje en el segundo semestre, pero la propuesta del Gobierno es perversa: la ecuación solo le cierra con menos consumo", sostiene un diputado del BJ en diálogo con Página/12. "Las escasas propuesta sociales, como la extensión de la AUH, llegan tarde", agregó.
La preocupación se extiende a los gobernadores que alentaron la conformación del BJ, como el salteño Juan Manuel Urtubey, a pesar de respaldar las medidas del gobierno nacional. La quita de las retenciones agropecuarias, en especial a la soja, implican una baja de 1000 millones pesos anuales a las provincias, que se sumarían otros 500 millones en sus ingresos con la modificaciones a otros impuestos coparticipables como Ganancias y la reducción del IVA a los productos de la canasta familiar para los sectores sociales más vulnerables. Mientras que la propuesta de crear un "Fondo Compensador" para las provincias todavía está en carpetas del Gobierno nacional.
Otro referente del BJ, Diego Bossio, explicitó públicamente la decisión de su bancada de sostener el proyecto que pone freno a los despidos. "No podemos esperar al segundo semestre", "el Presidente (Macri) dice que no quiere leyes que impidan despidos, sin dar ninguna solución concreta al respecto" y "si (el Presidente) no quiere leyes que protejan el empleo conseguido con tanto esfuerzo, ¿entonces cuáles son sus planes?", disparó el ex titular de la Anses en su cuenta de Twitter desde los Estados Unidos, donde participó, invitado por el Gobierno, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la problema mundial de drogas, igual que otros diputados opositores como Margarita Stolbizer y Victoria Donda de Progresistas.
El actual gobierno "fue muy rápido de reflejos para unos pocos, sin que haya avances para la gente", "nada que beneficie a los trabajadores, a la clase media, a las pymes", sumó Bossio en otros tuits.
La política socioeconómica del gobierno macrista ha generado una grieta con los propios aliados legislativos que hasta ahora acompañaron el grueso de sus medidas en el Congreso. Un tema que preocupa a las principales espadas parlamentarias de Cambiemos.
En la zona de la inundación
Mauricio Macri ya no sabe qué más cargar en la "herencia" del kirchnerismo. "Son muchos años en que no se hicieron obras", dijo, durante una conferencia de prensa que dio en la localidad de Rafaela luego de recorrer la zona de Santa Fe que se inundó como consecuencia de las últimas lluvias. "Vamos a realizar las obras necesarias para que esta pesadilla quede atrás. Tenemos un buen equipo para estudiar los problemas hídricos del país", prometió el mandatario, acompañado por el gobernador Miguel Lifschitz, el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Julio Martínez; y de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Suman 40 mil las personas afectadas por las inundaciones, de las cuales 11 mil fueron evacuadas o autoevacuadas de sus hogares.
OPINIÓN
El futuro del kirchnerismo
Por José Natanson *
¿Qué es hoy el kirchnerismo?
Es, en primer lugar, una cultura política. Durante años confinada a un rincón de la academia, que la consideraba una forma apenas disimulada de referirse a ese pescado resbaloso que los peronistas originarios llamaban "ser nacional", la cultura política fue rescatada por los estudios pioneros de Gabriel Almond y hoy goza de un status científico equivalente al de variables en apariencia más cuantificables y explicativas. Medida a través de complejas investigaciones de opinión, estudios de comportamiento y grupos focales, la cultura política refiere básicamente al modo en que una sociedad organiza sus intereses y valores, tramita sus conflictos y se da a sí misma un orden que refleja su idiosincrasia y que es, por lo tanto, un saldo provisorio de su historia.
La encuesta de orientaciones ideológicas elaborada por Flacso-Ibarómetro es, en este sentido, contundente. De acuerdo a la investigación, un porcentaje mayoritario de los argentinos (61,8 por ciento) prefiere la intervención del Estado en la economía antes que la mano invisible del mercado, elige las alianzas con los países de la región antes que con las potencias del primer mundo (53,6 por ciento), apoya los juicios por violaciones a los derechos humanos (61,4) y cree que la búsqueda de la igualdad, más que la libertad, debe ser el principal objetivo de un gobierno democrático (50,5 contra 32,8).
Estos resultados, que hubieran sido muy diferentes en otros momentos de nuestra historia, por ejemplo en los 90, son también distintos si se los compara con los de otros países. Y confirman una evidencia: las principales orientaciones políticas de la década kirchnerista definen un núcleo básico de ideas compartido por un porcentaje mayoritario de la población. Ideas que, curiosamente, se encuentran todavía más afianzadas en los sectores medios: el mismo estudio revela que la clase media – definida por ingresos y nivel educativo – apoya estas políticas en porcentajes aún mayores que el promedio social. Como el gallego que habla en prosa sin saberlo, la clase media es kirchnerista sin darse cuenta.
Probablemente aquí radique la principal explicación del súbito "giro estatista" decidido por Mauricio Macri antes de su elección como presidente, que incluyó la promesa, honrada hasta el momento, de mantener bajo control público las jubilaciones, YPF y Aerolíneas. Y seguramente también se encuentren aquí los motivos que dan cuenta de las continuidades entre una gestión y otra, difíciles de apreciar a un lado y otro de la grieta pero no por eso menos reales.
Avancemos con cuidado para evitar los botellazos.
Es cierto que el diseño macroeconómico del macrismo es ostensiblemente neoliberal, que se mueve a dos velocidades – muy rápidamente para transferir recursos a los sectores privilegiados y muy lentamente para compensar los costos – y que su apuesta, en última instancia, consiste en la creación de empleo por vía del crédito para obra pública (es decir deuda) y la inversión privada (es decir derrame). Pero también es verdad que ha decidido sostener en lo esencial el amplio entramado de protección social construido durante el kirchnerismo, tal como demuestran los anuncios formulados por el presidente hace diez días: aunque tardíos e insuficientes para enfrentar una situación que a todas las luces se deteriora, incluyeron mejoras en derechos otorgados durante la década anterior (Asignación Universal y jubilaciones) y una innovación importante (la devolución del IVA a los sectores más vulnerables). Incluso se anunció un aumento para los cooperativistas del plan Argentina Trabaja, considerado clientelismo puro y duro durante la campaña.
Del mismo modo, tan cierto es que el desempleo, consecuencia de los despidos en el Estado y la recesión económica, seguramente aumentará durante el año, como que no se han impulsado iniciativas de flexibilización o precarización de la legislación laboral al estilo menemista, se siguen aplicando los Repro, aunque con menos entusiasmo, y hasta se ha llegado a un "pacto de gobernabilidad" con los movimientos sociales que garantiza la paz de los territorios. El hecho de que en cuatro meses de gestión Macri haya recibido a los líderes sindicales más veces que Cristina en todo su segundo mandato no convierte a su gobierno en un gobierno de los trabajadores sino en uno que se muestra dispuesto a hablar con sus referentes. Hasta cuándo puede durar esta estrategia es la pregunta del momento.
Como sea, estos trazos de continuidad, presentes en materia social y educativa y en menor medida laboral, confirman que el macrismo es algo nuevo, diferente a la vieja derecha conservadora pero también al menemismo de los 90, lo cual – sigamos caminando despacio – no debería leerse como un apoyo sino como un intento por reconocer la forma exacta del animal político en cuestión, así sea para no repetir errores: quizás uno de los principales motivos de la derrota del Frente para la Victoria en las elecciones de octubre haya sido el dogmatismo inconducente con el que concibió a su adversario.
Recuperando el razonamiento inicial, digamos que la prolongación de algunas políticas públicas de una gestión a otra es la reacción pragmática del gobierno ante el conjunto de orientaciones afianzado durante la década kirchnerista. Y como la política no es un arte de intenciones sino de hechos, y como los dirigentes no son juzgados por sus deseos sino por lo que finalmente hacen con ellos, importa menos si el macrismo cree de verdad en las políticas sociales que la evidencia de que las está aplicando.
Sucede que la cultura política opera entre otras cosas como una frontera que define lo que es posible hacer y lo que no, que dibuja, por así decirlo, el perímetro de la tolerancia social: así como la cultura política alfonsín-cafierista desterró el recurso a la violencia como forma de resolver los conflictos sociales, la cultura política pos-neoliberal excluye el ajuste sin compensación: cirugía pero con anestesia. Esto se refleja en la curiosa división de tareas del macrismo: en un gabinete dotado de una homogeneidad social, profesional y fonética inédita desde recuperación de la democracia, los ex gerentes de multinacionales se ocupan de las áreas duras de la gestión (finanzas, energía, empresas públicas), en tanto que aquellos que provienen de la sociedad civil se hacen cargo de las zonas blandas (desarrollo social, medio ambiente). En el particular juego de rol del macrismo, los CEO ajustan y los ONGistas compensan.
Pero hablábamos del kirchnerismo, de su sobrevida como cultura política y como su otra forma principal: el kirchnerismo como minoría intensa. Provisto de un conjunto de recursos institucionales, un liderazgo y un programa (oposición dura), la reaparición de Cristina le devuelve al kirchnerismo parte de la vibración épica y la conexión emocional que había logrado en el período más brillante de su largo ciclo en el poder, aquel que comenzó con una derrota (el voto no positivo) y concluyó con una tragedia (la muerte de Néstor), y que incluyó la estatización de las AFJP, la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario y los festejos del Bicentenario.
Mi impresión es que el kirchnerismo se sintió demasiado cómodo en ese papel poco exigente, y que incluso después de haber obtenido el 54 por ciento de los votos siguió funcionando más como oposición de la oposición, como dice Martín Rodríguez, que como una fuerza hegemónica que incorpora e incluye, tal como confirma la trayectoria descendente de sus dos grandes dispositivos simbólicos: el programa 6,7,8, necesario en un contexto defensivo pero que se fue volviendo nocivo conforme iba pasando el tiempo; y el one-hit-wonder Carta Abierta, que tras su célebre hallazgo (el famoso "clima destituyente") emprendió un camino sinuoso que lo llevó a respaldar al gobierno cuando era el momento de cuestionarlo (cuando era fuerte y estaba a tiempo de introducir correcciones) y a criticarlo (el "voto desgarro") cuando había llegado el tiempo de apoyarlo más allá de toda crítica.
Con un despliegue hiperactivo aunque un poco redundante en las redes sociales y mucha presencia mediática (que no siempre suma), el kirchnerismo recuperó su centralidad tras la vuelta de su líder, obligó al resto del peronismo a definirse y confirmó que es el único actor político capaz de movilizar multitudes. Y sin embargo, el argumento "Cristina moviliza más que Macri" no es del todo pertinente, porque la estrategia del gobierno no consiste en oponer una movilización a otra sino, más sencillamente, no hacer movilizaciones (no se trata de contestar un cacerolazo con un acto masivo sino de evitar el cacerolazo). Las pruebas están al alcance de la mano (literalmente): Macri no quita a Evita del billete de cien pesos para hacer ingresar a Frondizi o Alsogaray sino para hacerle lugar a la ballena y al hornero. No quiere ganar la batalla cultural: quiere sobrevolarla, y trasladar sus tropas al nuevo teatro de operaciones de las finanzas, la economía y la obra pública.
El regreso de Cristina repuso el clivaje kirchnerismo-anti-kirchnerismo que había empezado desdibujarse. Y su reto a los manifestantes que insultaban a Bossio ("Así no van a convencer a nadie"), así como su propuesta de Frente Ciudadano (nebulosa pero que pareciera apelar a una cierta apertura), demuestra que es más inteligente que el kirchnerismo sunita que la rodea y aplaude. Pero ocurren dos cosas: por un lado, como escribió Verónica Gago, la orden de autogestionar un nuevo espacio resulta contradictoria (la autoorganización desde arriba es un oxímoron). Por otro, no está claro aún cuál será el mecanismo político, la astucia de la razón que traducirá la activación militante, el sustrato afectivo y el ascendente social que conforman el capital político del kirchnerismo en una opción de poder real, lo que en un sistema democrático significa en última instancia una opción capaz de disputar y ganar elecciones.
Concluyamos, también con cuidado.
Como ningún otro ciclo político desde la recuperación de la democracia, el kirchnerismo logró sobrevivir a su desalojo del poder. Y sin embargo, transformado hoy en una cultura política y una minoría intensa, no puede proponerse simplemente como un guardián de las conquistas del pasado, como un eco reivindicante de la década, por más ganada que haya sido. Para que no se reduzca a "un conjunto de personas con algunos recuerdos en común", como decía Ricardo Sidicaro, el kirchnerismo necesita reinventarse apelando a nuevos sectores, recursos y discursos, una tarea pendiente desde el 2010 pero que debe encarar cuanto antes si quiere superar la derrota, que no es un accidente de la historia ni una conspiración de los poderosos sino el lugar en el que lo puso la sociedad tras las últimas elecciones.
* Director de Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur
OPINIÓN
Ignorancias, concausas, culpas
Costa Salguero, de nuevo muertes de jóvenes. Empresarios y funcionarios: reflejos defensivos, responsabilidades y culpas posibles. Mensajes ruines para correr el foco. La complejidad frente al mito de la "guerra contra el narcotráfico". Adicciones varias, políticas distintas. La reducción de daños. Silencios que hablan.
Por Mario Wainfeld
Nada es veneno y todo es
veneno. La diferencia
está en la dosis.
Paracelso (siglo XVI)
veneno. La diferencia
está en la dosis.
Paracelso (siglo XVI)
La tragedia de Costa Salguero se viene comparando con la de Cromañón. Sobran motivos para hacerlo, a condición de registrar especificidades y diferencias.
Las muertes evitables de jóvenes son el primer factor común, la coexistencia de responsabilidades empresarias y gubernamentales el segundo.
Se conjugan concausas disímiles, con autores diversos. El primer reflejo de las autoridades políticas o las agencias de seguridad y de los capitalistas implicados es atribuir los daños a una sola causa o actor, siempre ajenos a la esfera de sus responsabilidades. El que arrojó la bengala, los que se apiñaron de más, los pibes que consumieron drogas. En el caso que nos duele y nos ocupa, se prolonga a "las familias" o "los padres". Un modo perverso y taimado de limpiarse de responsabilidades o hasta de culpa penal.
El fenómeno de "la fiesta electrónica" tiene aristas peculiares. Uno, central, es la naturalización del consumo de sustancias prohibidas. Los antropólogos sociales Pablo Semán y Guadalupe Gallo describen en "La tragedia de la opinión", excelente abordaje publicado en Anfibia: "El uso de drogas es visibilizado en el marco de una época caracterizada por un conflicto que tiene la consecuencia de no poder inhibirlo ni sancionarlo legítimamente".
La prohibición extrema está derogada socialmente, por las costumbres y por la impotencia de las políticas represivas.
En el derecho pre-global se llamaba "desuetudo" a la abolición social de las normas y se discutía si no correspondía derogarlas. El debate es quizás imposible respecto de todas las drogas, que están ligadas a redes delictuales, tanto como a criterios individuales sobre elecciones, placeres y peligros.
El problema, entonces, trasciende a la política criminal: se extiende a zonas más trabajosas para el estado y la sociedad civil: la prevención, la demarcación de líneas, el control de daños.
Si está dado, aunque sea duro de admitir para personas de ciertas edades y hábitos, la labor pública debe expandirse a un control mucho más amplio y sofisticado que "la lucha contra el narcotráfico". Cruzada que fracasa estrepitosamente en todo el globo, en particular en la mayor potencia mundial y en la cual los custodios son a menudo cómplices calificados. El endiosamiento de la DEA, tan caro al oficialismo, es una versión autóctona de la cruzada.
La política, en clave micro: Se organizan y publicitan fiestas con asistencia masiva y paga, en espacios públicos o privados. Cuando se convocan 12.000 personas que se hacinarán en un espacio de por sí insuficiente hay precauciones básicas, imposibles de dejar de lado. La primera es que no concurran 20.000 como corroboró el juez Sebastián Casanello pese a que se birlaron los contadores de los molinetes.
Si el calor agrava el peligro, hay obligación de atemperarlo.
Si la hidratación disminuye las secuelas peligrosas, el suministro debe estar garantizado. Está más cerca de ser un remedio que un consumo sujeto a las crudas leyes del capitalismo. Si la provisión es baja, si se lucra con la venta, ni qué decir si se corta el agua las culpas crecen, con autores identificables.
Las líneas, los límites se borronean cuando hay consentimiento o voluntad de las víctimas. Así y todo no es lo mismo, "tolerar" que se consuma droga a permitir o incentivar su ingreso y venta dentro del local.
Merca, birra y faso: Las adicciones sobreviven y se aggiornan desde fondo de la historia. Antes que malo, es imposible suprimirlas por ley o mediante ataques armados, estrategias del miedo o estigmatización.
Se conocen protocolos y prácticas aptos para proteger a los ciudadanos de las consecuencias más aciagas sin interferir en su derecho a pitar o mamarse mientras no perjudique material o virtualmente a terceros.
A todas se llegó tras la corroboración de los efectos perversos, enfermedades y muertes.
Fumar es lícito pero cada vez se reducen más los ámbitos para hacerlo. Las reformas inciden en las percepciones, en los imaginarios. Ahora impresiona o causa rechazo ver películas de apenas ayer con gentes pitando en aviones, taxis, lugares cerradísimos o en la cara del interlocutor.
La valiosa imposición de publicidad negativa en cada paquete no nació de gajo sino como coronación de campañas y luchas.
El lobby tabacalero es activo y maneja millonadas. El Estado uruguayo debe vérselas con un juicio promovido por Philip Morris International ante el Ciadi, tribunal instituido para que los dueños del mundo jueguen de local. La demanda se originó en medidas restrictivas, de sensata raíz sanitaria por el presidente Tabaré Vázquez, que es médico oncólogo de profesión y moderado por estilo. El reclamo original ascendió a 25 millones de dólares que es una montaña de plata, máxime si se la coteja con el PBI uruguayo.
La propaganda comercial de los cigarrillos está vedada no así la de bebidas alcohólicas que son grandes auspiciantes en los medios. Hay cervezas que "venden" asociando su consumo a las actividades deportivas, veneradas por multitudes. Es casi cómico porque un tópico de la política es proponer al "deporte" es como una herramienta para alejar a los jóvenes de las adicciones... ¿o solo de "la droga"?
La adicción al alcohol es de las más lesivas socialmente. Imposible buscar en la Argentina estadísticas certeras pero es clavado que se llegaría a una cifra sideral de daños a terceros si se adicionan los accidentes de tránsito y los crímenes que tienen al alcohol como ingrediente o disparador.
Se expanden mundialmente y por acá regulaciones que fijan sanciones administrativas, pecuniarias y hasta penales por conducir alcoholizado. El test de alcoholemia se acepta como parámetro, quedando para especialistas la controversia sobre unidades de medida. Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad, fue sancionada por exceso, cuando era diputada nacional. Nadie está exento y los cuidados impuestos también los protegen aunque en el momento de obnubilación no se percate o resista.
Fiscal que hace de fiscal: Una expediente criminal establece roles. El del fiscal es investigar a fondo, echar luz sobre las irregularidades, sospechar, acusar, gravitar en un platillo de la consabida balanza. Los defensores recargan el otro. A los jueces les compete resolver, ellos son el fiel de la balanza. Por eso es pésimo el código procesal que todavía se aplica: permite a los jueces federales arrogarse dos funciones que son distintas.
Federico Delgado es un fiscal con criterios propios, que van desde su vestimenta hasta su lenguaje. En Comodoro Py sobran protagonistas que toman a la chacota su vocabulario rico, que se nutre de literatura o ciencias sociales. En la corporación judicial es común ser ignorante, defecto que se agrava con la arrogancia. Señorías que solo leen la revista jurídica La Ley y el diario La Nación menosprecian aportes discursivos y conceptuales que ampliarían sus estrechos horizontes.
Delgado escribe que "la sigla Time Warp es un significante vacío que alojó una pluralidad de maniobras delictivas prolijamente organizadas un significante vacío". Reformula un concepto académico, no leguleyo, que vale para entrar en materia.
Parafraseemos: el sitio de esparcimiento es una pantalla, un simulacro... Delgado describe una incitación a consumir, una protección estatal para la comisión de delitos, zonas liberadas.
Un dictamen no es una condena ni el fin del proceso, regido por la presunción de inocencia. La culpa penal es estricta; debe haber evidencias sólidas que la comprueben. Las primeras revelaciones inducen a pensar que el fiscal rumbea bien.
Vigilar y castigar: La lucha contra el narcotráfico (o aún contra "la droga") tiene buena prensa y recepción en la "opinión pública". El lenguaje bélico trasunta el simplismo ideológico: "guerra", "flagelo", "combate". Más drones que ONG, más policías que médicos, más Seguridad que Salud Pública. La adicción pertenece a la vida privada pero interpela a la acción estatal. Es un problema social, no policial. No lo zanja, ni siquiera lo aborda, disponer una flotilla de ambulancias o profesionales que llegan tarde o que no capacitan para atender emergencias masivas.
Un toque clasista nunca está de más. La eficaz propaganda del diputado Sergio Massa proponía mandar militares a barrios populares y a villas no a reductos presentables de la Costanera.
La estigmatización se acentúa cuando se repasa la nómina de las personas encarceladas, en alta proporción sin condena. Más "mulas" que capos, más mujeres que hombres, una proporción elevada de inmigrantes de países hermanos de la región.
La discriminación contra los humildes es aciaga. Pero no debe replicarse, a modo de vendetta discursiva, virando el reproche contra personas de otras clases sociales.
Recen por mí: La tragedia de Once es distinta a Cromañón o Costa Salguero porque ninguna de las víctimas contribuyó al desenlace fatal. El entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quiso endilgarles parte de la responsabilidad por sus hábitos como pasajeros: debió retractarse y disculparse por tanta barbarie.
Se repitió una conducta común de los funcionarios, aludida más arriba. Atribuir un solo causante un hecho social, complejo, que conjuga conductas de varios actores. El que tiró la bengala, el motorman, los jóvenes que se drogaron. Sindicar a un posible coautor como único es una versión capciosa del chivo emisario.
Recurrentemente los funcionarios o empresarios sujetos a investigación y sospechas se escudan en explicaciones que los ponen a salvo.
Casanello viene de dictar decisiones deplorables, muy sesgadas a favor del macrismo. Es un magistrado joven: un cruel azar le da una chance de comprometerse y estar a la altura. Si emprende ese camino contará con Delgado, un fiscal decidido.
La familia y los psicópatas: El escritor y docente Daniel Link contó en su blog cómo aleccionó a sus hijos, años ha. "Les suministré un par de consejos: mejor es no drogarse hasta cierta edad, una vez que se ha completado una pasable formación mundana. Para drogarse, hay que saber hacerlo. Qué se puede mezclar y qué no, les expliqué (alcohol nunca, subrayé, nunca alcohol: no hay nada más patético que un borracho). Y les pedí que nunca compraran drogas en la calle (o, para el caso, en una pista). Si tomaban algún sintético, debían estar atentos a la temperatura corporal y tomar muchísima agua (por lo cual les convenía llevar botellas en las carteras y mochilas). Y les hice prometer que nunca, nunca, se picarían".
Vaya una módica mención subjetiva. El autor de esta columna no hubiera podido aconsejar de ese modo por su ajenidad a buena parte de la vida cotidiana actual. Pero sí puede adscribir a otra parte del post: "Como siempre, cada vez que sucede una tragedia, todo el mundo grita sin pensar un segundo en lo que está pasando. Yo he mirado las fotos de esos chicos muertos, a los que les vendieron basura (o una cosa por otra) y que no sabían cómo tomar lo que tomaron. Tristísimo. Imagino a sus padres, que se sentirán culpables por los horrores que se escuchan y se leen en la prensa. Quisiera decirles que ellos no tienen la culpa de nada, que la culpa es del capitalismo, de los eventos de masas (se trate de un show de Madonna, un Mundial de Fútbol o una fiesta electrónica) y la escasa cultura mundana que tenemos y que somos capaces de transmitir".
Subleva la cantidad de opineitors y funcionarios que propagaron mensajes del tipo: "cuiden a sus hijos", "denle un beso a la noche". Leídos fuera de contexto podrían ser edificantes y cualquiera adheriría. Bien mirados, son psicópatas a carta cabal. Trasladan culpas a quien no las tiene y no por distracción. Manipulan, distraen, sacan de foco la cuestión.
Responsabilidades, delitos, deberes de funcionarios, colusión en un negocio ruin y muy lucrativo. Ese es el eje que centra la mira en una cadena de responsables o culpables posibles.
Sin ilusiones: Semán y Gallo añaden: "Cada vez queda más en evidencia que lo que mata no son las drogas sino la ignorancia, el doble standard de los que consumen y persiguen, la prohibición y la hipertrofia burocrática de los organismos represivos. No se trata de pensar ingenuamente que el control de daños reduce las víctimas a cero, que en Alemania o en Disneylandia, no hay usuarios que mueren". Minimizar es la meta, tan distante.
La coexistencia de capitalismo y sistema democrático suscita contradicciones y tensiones. Los ciudadanos piden respeto a su libertad individual hibridada con custodia estatal. Retacear agua para excitar la necesidad del consumidor y subir los precios podría ser un exceso del mercado, en otra situación. En ésta, también es envenenar.
Los asistentes a la fiesta electrónica contrataron con los organizadores una noche gozosa, excitada, inolvidable y a su modo protegida, circunscripta en el tiempo y el espacio.
Los especialistas cuentan que las drogas sintéticas son connaturales a esas tenidas, lo que no implica que todos los participantes las consumieran. Pero sí que las autoridades y los empresarios no ignoraban qué y cuánto se consumiría. Más todavía: no tenían derecho a ignorarlo ni a desatender las consecuencias.
Hay indicios, según investigadores y testigos presenciales, de la "venta libre", posiblemente de sustancias adulteradas. Otra variante del veneno.
La polémica de estos días incluye y señala al "Estado ausente". El escenario lleva a pensar distinto. No en el estado-institución aunque sí en agencias y funcionarios que coadyuvan activa y conscientemente a la posible comisión de delitos.
La Prefectura o, por ahí, un puñado de prefectos pueden ser al unísono corresponsables y chivos emisarios. La existencia de una zona liberada, la reiteración de las fiestas, la inconducta de un batallón de inspectores señalan al gobierno de la Ciudad Autónoma.
El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no puede acusar a la pesada herencia porque señalaría a su líder, el presidente Mauricio Macri. Tal vez esa limitación selló su boca. Como dirigentes de otras banderas en trances similares, le hurtó el cuerpo al problema. Estaba de viaje, regresó por un ratito y emprendió vuelo de nuevo. Vecinalista y tocador de timbres de ordinario, nada hizo por acercarse a los familiares de las víctimas fatales o por acercarse las que luchan por sobrevivir. Escribió en su Facebook que reza por ellos. La fe religiosa y las preferencias espirituales son dignas de respeto... las tareas de un mandatario las exceden por todos lados. No contaminarse, no quedar pegado es un mandato clásico a menudo obra los efectos contrarios a los buscados. Es un error político, no una conducta incluida en el Código Penal.
De ellas deben ocuparse magistrados y funcionarios judiciales
Las sentencias penales, en Cromañon y Once, sancionaron a distintos corresponsables incluyendo funcionarios públicos. Es prematuro afirmar hasta dónde llega la escala ascendente de culpas. Los precedentes orientan a creer que sube bastante.
mwainfeld@pagina12.com.ar
LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA
CAUSA DE COSTA SALGUERO
Dealers, cómplices y encubridores
Prefectos que afirman que "no hubo drogas", chicos que le dan hasta el teléfono de sus proveedores al juez, allanamientos en lugares públicos y privados, un servicio médico muy insuficiente, el curro mortal de vender agua carísima y los veinte pastilleros que trabajaron en Time Warp.
Por Irina Hauser
"¿Había drogas?", fue la primera pregunta que hizo la secretaria de la fiscalía de instrucción cuando un agente de la Prefectura Naval le informó que dos jóvenes habían muerto adentro de la fiesta Time Warp. "No", fue la respuesta. "No", reiteró, cuando la consulta la hizo un secretario del juzgado federal de turno, que debía actuar si había procedimientos por estupefacientes. El fiscal Sandro Abraldes, desconfiado, llevó al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, a inspeccionar Costa Salguero. Tuvieron que abalanzarse sobre los empleados de limpieza para que dejaran de juntar la copiosa basura compuesta, en esencia, por un reguero de botellas vacías de agua marca Block. Apenas revolvieron las bolsas y miraron bien el suelo encontraron pastillas de diversos logos y colores. Los jóvenes que quedaban deambulando allí declararon como algo natural que les ofrecían toda clase drogas sintéticas, cocaína y marihuana. Describieron gente descompuesta, falta de aire, el acceso imposible a la sala de primeros auxilios. Con el avance del expediente, resultó que los asistentes eran 20.500 y no 10.900 como había informado el Gobierno de la Ciudad. Que había cinco médicos y dos ambulancias para todos esos seres apretujados que hacían una hora de cola para conseguir agua, que les llegaron a cobrar 100 pesos. Que adentro del lugar había, como mínimo, veinte dealers. Que las autoridades porteñas todavía no contestaron la intimación que les envió el juez Sebastián Casanello para que precisen qué funcionarios de la Agencia de Control debían actuar ese día.
El desafío que enfrenta el juez que finalmente quedó a cargo del caso es el de desentrañar en qué consiste esa alianza entre el ámbito estatal y el privado que cobija el desarrollo de estas fiestas que dan ganancias millonarias al lucrar con el derecho al placer y al entretenimiento, a riesgo de destruir vidas.
Pastillitas
A cuento del desastre de la Time Warp, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, encadenó una serie de frases que muestran la escasa comprensión y dimensión que hay sobre un problema tan vasto. "¿Si la pastillita es tan chica, ¿cómo se controla eso?", "no sé bien", "por más gente que haya; y aún si controlan, ¿les van a sacar la pastillita a los chicos y se arma un lío", dijo Michetti. Las "pastillitas" son drogas sintéticas que se elaboran con facilidad en laboratorios precarios y son una fuente de fortuna para las organizaciones de narcotráfico. Conforman un mercado ilegal, pero su consumo será penado o no según quien interprete la ley. Algunas, como las metaanfetaminas (conocidas con nombres como Cristal) o las parametoxianfetaminas (Superman) generan efectos de energía y bienestar que permiten transitar fiestas maratónicas, pero generan dependencia y en dosis elevadas pueden ser letales. Los laboratorios experimentan, mezclan sustancias, hacen combinaciones, cambian los colores de las pastillitas, los logos. Muchas tienen nombres de autos: Mercedes Benz o Volkswagen son las que ofrecían algunos jóvenes en Costa Salguero. Nadie sabe bien qué contienen ni qué efectos producen si se las consume junto con otras drogas o con alcohol.
La primera reacción de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pareció desviarse de uno de los grandes supuestos objetivos de gobierno del macrismo, el de "luchar contra el narcotráfico". Apenas el juez Casanello allanó las dependencias de la Prefectura en busca de los contratos de servicios "adicionales" para la Time Warp del viernes 15 a la noche, la funcionaria presentó un escrito en la causa acusando a secretarios del juzgado. Les atribuía haber aconsejado a los prefectos que no se metieran con los jóvenes que iban a la fiesta y los dejaran disfrutar. Bullrich lo difundió enseguida por Infobae, con un facsímil. Casanello le contestó con una resolución que incluía la defensa por escrito de sus secretarios, que desmentían todo lo dicho por ella, y le advirtió que entorpecía la investigación. No había que hacer mucho esfuerzo, desde el minuto cero en que la Prefectura dijo que no había drogas, para darse cuenta que por lo menos – como dictaminaría después el fiscal Federico Delgado – la fuerza hizo "la vista gorda" en un evento donde todo lo que sucedía, y eso incluye la venta de estupefacientes, era descomunal.
Otro de los primeros datos elocuentes fue que los agentes guardaron en un patrullero de la fuerza una bolsa repleta de drogas (pastillas, marihuana y frascos) y la entregaron a la fiscalía recién el sábado a la tarde, más de seis horas después del procedimiento en el predio. Alegaron que era el producto del cacheo en la entrada y que la habían recibido de manos de la empresa de Seguridad contratada, la Siseg. Una abogado de Siseg salió ayer a desligar a la empresa de la bolsa con droga. Tanto los prefectos que hacían adicionales como los hombres de seguridad tienen obligación de reportar cualquier posible ilícito. Algunos de los testigos incluso declararon que el personal de seguridad también habría estado bajo los efectos de las pastillas.
En relación a la Prefectura, con los días Bullrich cambió de tesitura. Ayer anunció que separó de sus cargos a los jefes de la zona Río de la Plata y de Narcotráfico de Prefectura mientras se investiga sus responsabilidades (ver aparte). Hay 39 agentes suspendidos y los 19 que estaban en el lugar fueron llamados ya a indagatoria. La circulación de droga no es el único problema que enfrentan: las muertes de las dos jóvenes que se produjeron adentro del predio fueron informadas a la justicia recién dos horas después de ocurridas.
La causa penal tiene dos grandes vertientes, una enfocada en la organización y el cumplimiento de determinadas normas para eventos públicos con expendio de bebidas alcohólicas, la otra en la venta de droga, su ingreso al país y sus proveedores. En términos de responsabilidad penal, además de la cuestión del tráfico de estupefacientes, el centro es la muerte de cinco personas. ¿Son homicidios? ¿Hay alguien a quién responsabilizar? Es altamente probable, según los resultados iniciales de las autopsias, que hayan fallecido por la ingesta de sustancias con alto nivel de toxicidad, que podrían ser éxtasis en combinación con algo más. ¿Los cuatro ingirieron lo mismo? ¿Tiene culpabilidad el proveedor de droga? ¿La organización de la fiesta? ¿O quienes perdieron la vida serán considerados responsables de las terribles consecuencias de sus actos? Los estudios toxicológicos que hace el Cuerpo Médico Forense demorarán por lo menos diez días más. Es decir, hoy no se sabe con certeza qué mató a los chicos.
La organización
Sobre la organización, se conoce que fue de la empresa Dell Producciones, pero todavía no está claro cuál es la vinculación con los concesionarios del predio Costa Salguero, si alquilaron los pabellones o si hay una relación comercial vinculada a las fiestas. El fiscal Delgado pidió y Casanello ordenó la detención del presidente de Dell, Adrián Conci. El empresario no consiguió la eximición de prisión pero encontró un margen para escabullirse y está prófugo. Como mínimo, enfrenta el cargo de facilitar un lugar para la venta de drogas, delito con penas de tres a doce años de prisión. Su socio Diego Herrera, con quien tienen la concesión del boliche Pachá hasta el año 2020, ya fue citado a indagatoria. También debe presentarse como sospechoso Martín Gontad, conocido como el Rey de la Electrónica, titular de la empresa 2 Net que junto con Dell tienen la representación de Creamfields, fiesta electrónica tradicional. Gontad declaró como testigo y dijo que había estado en la Time Warp como asesor artístico. Quedó sospechado al no dar precisiones.
Costa Salguero, como informó el periodista Werner Pertot, es el lugar que Mauricio Macri elige históricamente para festejos diversos, desde las victorias electorales hasta su propio casamiento. La concesionaria es la firma Telemetrix, de la que es accionista Fernando Polledo Olivera, el marido de la vicepresidenta de la Legislatura Porteña, Carmen Polledo. Por ahora estas ramificaciones están en análisis.
La empresa Dell pidió habilitación al gobierno porteño para hacer una fiesta a la que estimaban que a lo sumo asistirían 13 mil personas. La Dirección de Habilitaciones de la Agencia de Control Gubernamental porteña concede la habilitación sin ningún tipo de medida previa, y habilita para la cantidad solicitada. En el primer procedimiento, la fiscalía encontró que si bien había molinetes en la entrada, no tenían los aparatitos contadores de la gente que entra. Se los habían llevado y no fueron hallados. Pero de un celular de Conci se pudo acceder a un grupo de WhatsApp que tenía con otras personas de la organización, que iban informando a lo largo de la noche cuánta gente entraba. El número no paró de crecer hasta las siete de la mañana, cuando se clavó en 20.500. Como el Gobierno de la Ciudad debe enviar controladores, el juez Casanello pidió que le informen quiénes eran, pero todavía no tuvo respuesta. Igual citó a indagatoria a tres inspectores de la Dirección General de Control y Fiscalización.
Otro factor es que los cinco médicos, diez socorristas y dos ambulancias contratados, que no podían ser suficientes para la cantidad de asistentes. Según averiguaron los investigadores, la Cruz Roja hubiera previsto más del doble de personal y vehículos para un evento así. Y esto no incluye el análisis de la idoneidad de las empresas contratadas para esa tarea delicada: Semec para los médicos y ambulancias, Sec para los socorristas y un puesto de salud.
En la mayoría de los cincuenta testimonios recogidos hasta el momento, se repitieron descripciones de hacinamiento, falta de ventilación y de agua durante la fiesta. Hay versiones de que faltó suministro de agua corriente y de que el agua en botella era asequible sólo tras una hora de cola y pagando entre 40 y 100 pesos. La hidratación es elemental en este tipo de eventos. El agua que se vendía es marca Block, elaborada por Energy Group, la empresa que también produce la bebida energizante Speedy y es del abogado Víctor Stinfale, que tuvo como clientes a Diego Maradona y Carlos Telleldín, y que incursionó en los negocios de la noche. El legislador porteño Gustavo Vera, de la Fundación Alameda, se presentó ante Casanello con elementos que mostrarían que hay un holding de empresas que se ocupa de todos los aspectos de la fiesta, incluida la venta de pastillas. Y señaló que Stinfale y su pareja, Viviana Fasano, tendrían un papel protagónico. El juez aceptó a La Alameda como amicus curiae en la causa, un tercero interesado que puede aportar datos.
El agua y las bebidas que se vendían debían ser supervisadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, pero esa área no intervino. Sus dependencias fueron allanadas el viernes, al igual que las de Control de Calidad Ambiental y de la Dirección de Limpieza. Al parecer, los controles no existieron o no funcionaron.
En oficinas de las empresas privadas y las del sector público que fueron requisadas se secuestraron documentos, computadoras y teléfonos. Con todo eso se cruzará información, nombres y sociedades.
Drogas
Para la investigación, una ventaja de los testimonios es que como se toman bajo las reglas de la ley de estupefacientes, con reserva de la identidad de las personas, suelen ser completos y espontáneos. En el primer procedimiento que se hizo en la mañana del sábado, había todavía gente en el lugar que se prestó a testificar. Luego, el Ministerio Público Fiscal y el juzgado convocaron públicamente para que se presenten a declarar quienes puedan aportar información útil. En buena parte de los relatos aparece con claridad una descripción que asocia indefectiblemente el ritual de las fiestas electrónicas con las drogas sintéticas. Los testigos lo hacen con naturalidad, sin registro de que podría estar en juego una violación a la ley, aunque en ciertos casos sí sobre los riesgos para la salud, respecto de los cuales hay jóvenes que refieren recurrir a páginas o grupos enfocados en reducción de daños. Entre los testimonios muchos facilitaron datos sobre quiénes son proveedores y sus teléfonos. Hay jóvenes que compran la droga afuera de la fiesta, porque es más barata y les resulta más confiable, aunque es posible que coincidan ciertos vendedores. Una versión indicaba que se vendían entradas con pastillas. Las drogas que, según las declaraciones, eran ofrecidas ni bien se ingresaba a la fiesta eran éxtasis, LSD, ketamina, cocaína y marihuana. Los investigadores calculan que como mínimo habría veinte personas vendiendo drogas adentro del lugar. Todavía entre los investigadores hay cierta expectativa por el testimonio de los tres sobrevivientes, intoxicados.
Esta semana tres hombres fueron detenidos por la venta de droga en la fiesta: Lautaro Crespo, de 22 años, Rafael Orlando Ramírez Lebrón, de 39 y John Sebastián Giraldo Guerrero, de 28, que se negaron a declarar. Crespo es el que estaría más comprometido porque le encontraron en su casa una balanza, 17 pastillas de distintos colores y entradas para la fiesta Time Warp. La Procunar llegó al detenido por las escucha de otra investigación que tramita en el fuero penal económico, por el ingreso de dos holandeses con un cargamento de pastillas desde Uruguay, que Crespo había estado esperando. La Procuraduría especializada no participará más de la causa porque el viernes Delgado dijo por escrito que quiere investigar solo, sin ayuda.
El juzgado tiene datos que indican que desde 2010 la Prefectura es contratada para hacer adicionales en estos eventos, pero nunca se denuncian infracciones a la ley de drogas, a pesar de que todos los que van a las fiestas electrónicas saben que las drogas de diseño forman parte del entretenimiento para muchos asistentes. Lo que es evidente es que se trata de una gran maquinaria donde organización privada y estado – no como ausente, sino como partícipe – van de la mano y se montan sobre los jóvenes, vulnerables ante todo aquello pueda ofrecer algo de satisfacción, bienestar, sensación de pertenencia, de fortaleza, de saciedad. Es un problema donde se mezclan la salud pública (y la falta de políticas en el área), la tiranía del capitalismo, las guerras empresarias y las políticas. Donde el sistema judicial se ve en la situación de dar respuestas a reparar lo que no será el todo sino con suerte una parte.
OPINIÓN
Los significados juveniles sobre el consumo de éxtasis
Por Ana Clara Camarotti *
La sostenida búsqueda de los Estados nacionales por regular los consumos de drogas arroja como saldo una escalada cada vez mayor en su prohibición y reglamentación. En contraposición con los objetivos que persiguen las políticas nacionales e internacionales de "lucha contra las drogas", los resultados evidencian que cada vez más personas de diversos perfiles socio económicos y culturales eligen consumirlas.
En Argentina, en las últimas décadas el consumo de drogas ha adquirido como característica principal la masificación y la popularización a niveles no observados hasta el momento. Ejemplo de ello son el incremento del consumo de drogas legales (alcohol, tabaco y psicofármacos) y el consumo de marihuana, principalmente entre los jóvenes, sosteniéndose una progresiva feminización en estos consumos; el aumento de la medicalización de la vida cotidiana y la consolidación de un modelo de consumo de drogas cada vez más diferenciado. Por un lado, encontramos a jóvenes de sectores vulnerabilizados que acceden a drogas baratas y de mala calidad produciendo un alto índice de consumos que rápidamente se convierten en abusivos y dependientes; y, por otro, a jóvenes de sectores mejor posicionados socialmente que consumen drogas de síntesis, cuyos usos en la mayoría de los casos se denominan consumos recreativos. No obstante, como todo consumo de sustancias ilegales siempre conlleva un riesgo como así lo demuestra el desafortunado evento del sábado en Costa Salguero.
Abordar los consumos de los sectores medios en particular de jóvenes que concurren a fiestas electrónicas y participan de la movida dance, nos permite visibilizar y comprender los sentidos que los consumos de drogas adquieren en sectores sociales menos tematizados públicamente.
Los jóvenes que consumen éxtasis experimentan con esta sustancia ya no como una respuesta contracultural sino, por el contrario, para poder cumplir con las exigencias que la sociedad demanda, y es en este sentido que el éxtasis resulta ser un insumo efectivo para lograr la diversión y aguantar largas jornadas de baile. Así, el consumo de drogas de síntesis, al igual que lo que ocurre con los medicamentos psicotrópicos, lejos de caracterizarse por la desocialización y la decadencia, se definirá por los efectos positivos que se consiguen en la socialización y porque permite una performance social adecuada. Asimismo, ambas sustancias comparten una alta tolerancia social ya que funcionan como "pastillas para sentirse mejor".
En el marco de una sociedad en donde las instituciones que regulaban la vida social se encuentran en crisis, será el individuo el que deberá "hacerse cargo" de dicho malestar social. La dificultad que deben enfrentar los sujetos es producto del desplazamiento de la crisis originada en la esfera de lo social, pero su solución debe encararse a nivel individual y para ello se requiere de personas con autocontrol e iniciativa individuales. Es en este sentido que tanto los psicotrópicos para la vida laboral y familiar como las drogas recreativas para los momentos de distensión y entretenimiento se vuelven herramientas adecuadas y funcionales para conseguir el control de sí mismo en pos de la vida "que se espera": disfrutable, sociable, exitosa, plena, confortable.
Las "pastillas" de éxtasis serán consumidas por sujetos no enfermos sino incómodos, insuficientes, en constante búsqueda por lograr el bienestar, y ya no una cura. En este sentido, las pastillas de éxtasis presentan un tratamiento y cumplen una finalidad más cercana a la de los medicamentos psicotrópicos que a la de las drogas ilegales. La denominación que recibe el éxtasis como droga del amor o droga de la felicidad no es un calificativo menor para los tiempos que corren, en los que ser feliz e "inteligente emocionalmente" se ha vuelto un imperativo, una exigencia más en la vida de las personas.
Las presiones que impone cada vez más el mundo del trabajo a los sujetos (ser exitosos, creativos, activos, amigables), transcendieron dicho ámbito prolongándose al del placer y del tiempo recreativo. En términos de imposición, los sujetos redescubren el ámbito de la diversión como una obligación más en donde deben mostrarse plenos, manteniendo el ritmo de una actividad laboral cada vez más exigente y de una vida recreativa que debe ser interminable, con jornadas cada vez más intensivas de "fiestas", diversión, encuentro, éxtasis, baile. En síntesis, los jóvenes viven cada vez más como un imperativo el hecho de tener que ser felices, poder disfrutar de la vida, conectar/se con uno y con los otros, en síntesis poder lograr una vida plena laboral, social y sexualmente.
Las drogas están en nuestra sociedad porque satisfacen necesidades de las personas que las consumen. Pretender que desaparezcan y creer que con ello se va a solucionar el problema es sólo una ilusión. Asimismo, si reflexionamos sobre las consecuencias negativas que produjeron las regulaciones sociales que se proponían resolver el problema de las drogas encontramos que en muchos casos son más perjudiciales que los consumos en sí. Por otra parte, necesitamos políticas de drogas diferenciadas y específicas, que se encuentren a la altura de las circunstancias. Es decir, el tratamiento en torno a los consumos de drogas debe ser específico a las particularidades de cada sector que las consume y del contexto en el que se lleva a cabo dicho consumo. No se puede seguir hablando de droga en singular, las sustancias son muchas, sus efectos y consecuencias son muy variados y su tratamiento debe ser también específico. En suma, estamos en un momento crucial en la historia del consumo masivo de drogas psicoactivas, lo que impone un cambio de paradigma en lo que respecta a las políticas, las estrategias y las instituciones que trabajan en estos temas. Para ello, es necesario un cambio de actitudes y representaciones sociales de los expertos y los profesionales que abordan estas temáticas.
* Socióloga. Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora adjunta del Conicet/Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
VERBITSKY EN BERLIN, SOBRE EL PROCESO ARGENTINO DE MEMORIA Y JUSTICIA
Un modelo para el mundo
Desde Alemania el proceso argentino de memoria y justicia es visto como un modelo para el mundo. Pero se afirma la preocupación ante un nuevo gobierno que, si bien no está en condiciones de detener los juicios, les está retaceando el necesario apoyo estatal para las investigaciones, sobre todo de los responsables civiles, tanto empresariales, como eclesiásticos y judiciales. Los Panama Papers, la prensa cómplice y el dólar futuro.
Por Horacio Verbitsky
Desde Berlín
Con el apoyo de Pan para el Mundo y Diakonía, las dos mayores organizaciones de las iglesias evangélicas de Alemania para el desarrollo social y la justicia global, el Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales organizó aquí un seminario sobre "La Lucha política contra la impunidad por los crímenes de la dictadura argentina". El director del Centro Europeo, Wolfgang Kaleck, quien intervino en forma activa en la denuncia en Alemania por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la empresa Mercedes Benz en Buenos Aires, dijo que el argentino era un caso modelo, y por eso también había invitados de Guatemala, Honduras y Filipinas que podrían beneficiarse de esas lecciones. El viernes esos delegados compartieron talleres con los argentinos, que les transmitieron su experiencia. "La impunidad no es la ausencia de culpa, sino un estado de la sociedad, un estado peligroso porque convivir con la violencia propicia su repetición", dijo Kaleck. Su introducción fue muy critica del rol desempeñado por la diplomacia alemana durante las dictaduras latinoamericanas, porque privilegiaron los negocios sobre los Derechos Humanos, y también señaló la corresponsabilidad de las grandes empresas, tanto trasnacionales como argentinas en los crímenes de lesa humanidad, cometidos con el propósito de anular al movimiento sindical en sus plantas.
Los asistentes recibieron el saludo de la ex ministra de justicia, Herta Daubler-Gmelin, uno de los pocos funcionarios que en aquellos años mostraron comprensión y solidaridad con el sufrimiento de los perseguidos en tierras americanas. En la apertura se proyectaron conmovedores fragmentos de un documental realizado en Buenos Aires en 1986 y 1987, durante las gigantescas movilizaciones contra las leyes de punto final y obediencia debida, cuyas imágenes hicieron comprensible para un público alemán la centralidad del movimiento argentino por los Derechos Humanos en las luchas que permitieron llegar al actual estado de justicia. Su directora es Jeannine Merapfel, la cineasta argentina que preside la Academia de Bellas Artes de Berlín, la primera mujer en ese cargo que durante siglos parecía privativo de los hombres. "Ahora que hay un nuevo gobierno neoliberal es preciso que se recuerde a quienes salvaron a la Argentina de la amnistía y de la amnesia", dijo Merapfel. En la marcha de la resistencia de 1986 se escucha a la multitud entonar:
"Traigan al gobierno radical/
para que vea/
que este pueblo no cambia de idea/
no quiere amnistía
ni punto final"
para que vea/
que este pueblo no cambia de idea/
no quiere amnistía
ni punto final"
Las imágenes muestran un mar de pañuelos firmados por distintas personas que cubren la Plaza de Mayo mientras se escucha el discurso electrizante de una madre, que repite como una letanía,
"No vamos a olvidar/
No vamos a perdonar.
Esas dos consignas se intercalan con la descripción de las políticas de la dictadura,
"Porque entregaron el país/
Porque se robaron a los niños/
Por lo que le hicieron a los jóvenes en Malvinas.
No vamos a perdonar.
Esas dos consignas se intercalan con la descripción de las políticas de la dictadura,
"Porque entregaron el país/
Porque se robaron a los niños/
Por lo que le hicieron a los jóvenes en Malvinas.
En el primer panel, moderado por el ex corresponsal en Buenos Aires y actual periodista del diario Suddeutsche Zeitung, Meter Burghardt, la socióloga Marianela Gali expuso sobre su caso, el de una bebita de un año que fue secuestrada y conducida a la ESMA junto con su padre y su abuela alemana, que no reaparecerían. Su padre era el oficial de la armada Mario Galli, compañero en la promoción 100 de Alfredo Astiz y otros notorios represores, quien luego de los fusilamientos en la base de Trelew en agosto de 1972 comenzó a cuestionar el rol de las Fuerzas Armadas como represoras del pueblo; participó tres meses después en el alzamiento de la ESMA en apoyo del regreso de Juan Perón a la Argentina y hasta su secuestro pasó a integrar Montoneros. Aunque nació en 1976, Marianela parece una criatura luminosa de veinte años, que pese a toda la tragedia irradia intensidad y alegría. Luego de casi una década en el exilio español, donde intervino en la creación de HIJOS y asistió al juicio contra Adolfo Scilingo, volvió para "hacer justicia por mi familia", dando testimonio en el juicio por la ESMA, en el que ya logró la condena de uno de los más altos cuadros de la Armada de entonces, el vicealmirante Manuel Jacinto García Tallada. También participó en una recopilación de textos y fotografías de Galli, que tituló Compañero Camarada. En un ejemplar escribe una dedicatoria: "Los compañeros camaradas de mi padre también son mis compañeros". No es una hipérbole. Además de su historia de vida, Marianela también habla de la investigación en la que intervino sobre la responsabilidad empresarial en los crímenes de la dictadura, realizada por un equipo de más de veinte especialistas del CELS, de Flacso, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Galli fue la primera panelista en alertar sobre el desmantelamiento de los equipos que desde los ministerios de Seguridad, de Justicia y de Interior y desde el Banco Central investigaban documentos y realizaban entrevistas que aportaran al proceso de justicia, enfocado ahora en los cómplices civiles. Una de sus consecuencias, dijo, fue la primera condena a un empresario, Marcos Levin, a 12 años de cárcel.
Como representante de la nueva generación de jueces y autor de las más profundas investigaciones en las causas que instruye por los crímenes cometidos bajo la jurisdicción del Cuerpo de Ejército Institución, Daniel Rafecas sabe cómo hablar ante una audiencia alemana. Autor de libros sobre el Holocausto y sobre el Genocidio Armenio que lo precedió en dos décadas recuerda los años en los que la Argentina fue un paraíso de la impunidad para criminales de guerra nazis, ustachas croatas, fascistas italianos y colonialistas franceses. Al describir cómo se fue desmoronando el muro de la impunidad, recordó los juicios en Alemania, Francia, Italia y España y la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida dispuesta por la justicia de primera instancia en 2001 en la causa del torturador conocido como Turco Julián, y confirmada cuatro años después por la Corte Suprema de Justicia, que el presidente Néstor Kirchner había integrado con juristas independientes y prestigiosos. Hoy ninguna fuerza política cuestiona la realización de esos juicios. "Cuando se produjo el golpe yo tenía 10 años. Esto le da a los jueces y fiscales de mi edad una distancia emocional importante para el trabajo artesanal de reconstrucción que hacemos de aquellos hechos criminales". Su juzgado reconstruyó el calvario y la muerte de la joven alemana Elisabeth Kässemann, trasladada desde el Vesubio hasta una vivienda donde la fusilaron junto con otros 16 detenidos desaparecidos. Gracias a ello hay ya más de 15 condenados. Hace dos meses la declaración de un conscripto que ahora tiene 50 años, permitió la identificación y detención de otros cuatro participantes directos en el asesinato. Rafecas también se refirió a las dificultades probatorias de la complicidad empresarial y explicó que el golpe fue un medio para una brutal transferencia de recursos en el menor lapso, de los más humildes a los más poderosos. El moderador Burghardt acotó que la familia presidencial pasó de 7 a 47 empresas durante la dictadura y que su deuda externa fue estatizada. "A los militares ya los entregaron, nadie los defiende. Pero el intento es impedir que los juicios avancen contra sus mandantes empresariales, como Carlos Blaquier, liberado por una decisión escandalosa de la Cámara de Casación Penal.
Rodolfo Yanzón, quien integró la Coalición alemana contra la impunidad en la Argentina, creada a instancias de Adolfo Pérez Esquivel como respuesta al punto final y la obediencia debida, recordó como punto de inflexión la marcha del 24 de marzo de 1996, bajo los efectos de la confesión de Scilingo, y considera que los logros obtenidos a partir de 2003 son consecuencia de todas las luchas previas. Yanzón mencionó el editorial con que el diario La Nación saludó la victoria electoral de la Alianza Cambiemos, reclamando la interrupción de los procesos a los que identificó con una venganza, pero también la fortísima reacción social, que incluyó a los propios trabajadores del matutino y obligó al presidente Maurizio Macrì a comprometerse con la continuidad de los juicios. "Poco podrán hacer para impedirlo, por el nivel alcanzado por la conciencia social. Los organismos defensores de los Derechos Humanos lograron que sus objetivos fueran asumidos por el conjunto social."
El pastor Kuno Hauck fue uno de los fundadores de la Coalición contra la Impunidad, creada en 1997 a instancias de Adolfo Pérez Esquivel, quien propuso replicar el caso de España. Las dificultades fueron enormes. En la Argentina había muchos alemanes judíos en el exilio, pero el tribunal de Nuremberg no los reconocía como alemanes para querellar. Aún faltaba conciencia histórica de la responsabilidad alemana. "Con nuestra actividad conseguimos mostrar que Elisabeth Kässemann pudo ser salvada por el gobierno alemán si hubiera presionado como lo hicieron con dos compañeras que estuvieron detenidas con ellas los de Estados Unidos, y Gran Bretaña. La embajada tuvo incluso a un militar infiltrado a cargo de tratar con los familiares de las víctimas alemanas, ese mayor Peirano cuya existencia la embajada negaba, fue encontrado por Página/12, juzgado y condenado. Pero nos hemos enterado que este año ha salido con arresto domiciliario, lo cual nos indigna". Agregó que el canciller Hans-Dietrich Genscher y el primer ministro Helmut Schmidt prefirieron hacer buenos negocios. El padre de Elisabeth Kässemann dijo que para ellos Mercedes Benz valía más que la vida de su hija. "Incluso ocultaron su muerte hasta que no terminara un partido de fútbol que jugaron Argentina y Alemania, para no poner en peligro las relaciones". El pastor Hauck también se refirió en forma muy crítica al rey de Holanda, Guillermo de Orange. Durante una entrevista concedida durante una reciente visita a Alemania, el esposo de la Reina Máxima se refirió en forma jocosa a sus hijas, Amalia, Alejandra y Ariadna como "mi Triple A", lo cual es de muy mal gusto en el yerno de un alto funcionario de la dictadura.
En el segundo panel, moderado por el periodista Bernd Pickert, del diario cooperativo Taz, Gabriel Pereira, director adjunto de la organización Andhes (abogad@s del noroeste de derechos humanos y estudios sociales) introdujo la problemática de las provincias, distinta de la nacional. Los jueces provienen de sectores sociales entrelazados con el poder tradicional, de modo que en Tucumán la condescendencia con la dictadura no tiene el mismo costo social que en Buenos Aires. El principal diario, La Gaceta, se permitió entrevistar al hijo del ex dictador Bussi en la edición especial por el 40º aniversario del golpe. La socióloga Maristella Svampa dijo que su apoyo a las políticas de derechos humanos que impulsaron los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK, consecuencia de una acumulación de luchas previas, no borraba otra agenda de derechos humanos que el progresismo selectivo de los Kirchner no miró. En esa nueva agenda enumeró el extractivismo minero y petrolero y los agronegocios que corrieron la frontera, de modo que la soja expulsara población de sus territorios históricos, para una forma de producción dependiente de las exportaciones a China, en una relación asimétrica como la que en el pasado hubo con el imperio británico, de exportación de materias primas e importación de productos industriales con alto contenido de conocimiento. También fustigó las cláusulas secretas en los contratos con Chevron que impiden conocer en qué condiciones se producirá el fracking y en los acuerdos con China, que ni siquiera permiten saber si contienen algún componente militar. Ahora, además, vivimos un giro a la derecha, con un gobierno que describió como "neoempresarial y antisocial, que en pocos meses está produciendo una devastación", pero hizo hincapié en el aporte del Estado que, en los últimos 15 o 20 años ha incrementado la criminalización y la violencia. "Creo que se va a consolidar el modelo extractivista que impulsó el kirchnerismo, por lo que habrá más violencia y despojo de derechos sociales, con inquietantes grupos represivos de elite que se han creado en las provincias".
El moderador quiso saber sobre la relación de los organismos de Derechos Humanos con el kirchnerismo y le preguntó a Pereira si no le molestaba que el peronismo hubiera firmado la convocatoria al acto del 24 de marzo en Tucumán. "Nunca estuvimos pegados al gobierno, porque en Tucumán no existió el kirchnerismo, sino las elites de siempre. No hubo kirchnerismo que nos cooptara. Pero el documento y la convocatoria del 24 son nuestros y si hubo peronistas que firmaron lo sentimos como un logro". Svampa estuvo de acuerdo. Agregó que algunos intelectuales sostienen que las situaciones de violencia tienen que ver con las provincias y no son responsabilidad del gobierno nacional, lo cual es discutible. Desde el público, alguien dijo que el Plan Agropecuario, que agravará la actual situación, no es provincial sino del gobierno nacional.
Wolfgang Kaleck reseñó los cambios en los movimientos europeo y estadounidense de Derechos Humanos, "que eran solidarios pero paternalistas, sin conciencia de sus privilegios en el capitalismo globalizado. Esto está cambiando y nuestro rol actual es cambiar las estructuras del mundo para construir una justicia social global".
El nuevo embajador argentino Luis María Kreckler envió a la joven secretaria María Emilia Pelacchi, quien lo disculpó por no asistir, dado que está viajando por el país, donde acaba de ser designado, en preparación de la visita de Maurizio Macrì en julio, y se puso a disposición de los invitados por cualquier cosa que pudieran necesitar. También había una nutrida delegación de argentinos residentes en Alemania, que repudian esa visita y reclaman al diario Suddeutsche Zeitung que informe cuándo recibió la información sobre las empresas offshore del presidente y su familia, con la clara sospecha de que fue antes de la segunda vuelta electoral.
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