jueves 21 de abril de 2016
PRIMERA DERROTA DEL OFICIALISMO EN EL CONGRESO
UNA SALIDA DE EMERGENCIA
TANTO EN DIPUTADOS COMO EN SENADORES SE APROBÓ
EN COMISIÓN EL PROYECTO QUE DECLARA LA EMERGENCIA
OCUPACIONAL
Un acuerdo opositor para frenar los despidos
Todo el arco opositor respaldó los dictámenes que busca parar los despidos en el Estado y en el ámbito privado. Cambiemos quedó solo en el rechazo y ahora buscará trabar su tratamiento en el recinto.
La discusión en el Senado se hizo en el salón Illia en un tono más moderado que el que se produjo más temprano en Diputados.
Por Miguel Jorquera
La alianza oficialista Cambiemos quedó sola y cosechó su primera derrota en el Congreso. Todo el arco opositor – el Frente para la Victoria, el massista Frente Renovador, el PJ disidente y Progresistas – respaldó en la Cámara de Diputados y en el Senado los dictámenes para declarar la "emergencia laboral" con el objetivo de frenar los despidos en la administración pública y en el ámbito privado como reclamaron ante los legisladores semanas atrás las cinco centrales sindicales. Ambos proyectos proponen que "los trabajadores podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo" con doble indemnización. Aunque los dictámenes de ambas Cámaras del Parlamento se diferencia en la extensión de la emergencia: los diputados plantearon que la emergencia debía ser retroactiva al 1º de marzo y extenderse hasta diciembre de 2017 mientras los senadores consideraron que el plazo debería ser desde su sanción y sólo por 180 días. Cambiemos trató sin suerte dilatar los tiempos proponiendo que los ministros de Trabajo y Hacienda, junto con las cámaras empresarias, expusieran ante los legisladores y que la emergencia recién se declarara cuando la desocupación alcanzara los dos dígitos.
Luego del traspié, los diputados del oficialismo aspiran a dilatar los tiempos de la llegada del proyecto al recinto con el paso obligatorio que el dictamen debe atravesar por la comisión de Presupuesto que presiden. En el Senado habrá lugar para la exposición de ministros y empresarios propuestos por el oficialismo, aunque con la firma del dictamen de ayer el proyecto igual está en condiciones para tratarse en la próxima sesión de la Cámara alta. La disputa será por ver cuál en cuál de las dos Cámaras los legisladores opositores lograrán sortear primero los obstáculos que el Cambiemos pondrá en el camino, aunque su derrota parece inexorable.
Diputados
El debate en la Cámara baja arrancó temprano por la mañana. Veinte minutos después de las 9, el sindicalista petrolero y diputado del Bloque Justicialista (BJ), Alberto Roberti, abrió el debate en la comisión de Legislación del trabajo con 35 diputados presentes.
Allí se unificaron de consenso los proyectos de casi todo el arco opositor (FpV, FR, BJ, FIT y Libres del Sur). "Quedan prohibidas, durante el tiempo establecido en el artículo 2 (la ley tiene efecto retroactivo al 1 de marzo de 2016 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017), las cesantías o desvinculaciones dispuestas por el Estado empleador, incluso Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal y/o Entes Públicos no estatales. Los distractos dispuestos en contravención a dicha prohibición serán nulos", dice el artículo 4º del dictamen y agrega: "En los casos del vencimiento del plazo de los contratos, los mismos serán renovados automáticamente hasta la fecha de caducidad de la Emergencia".
Aunque el FpV insistió en que la retroactividad abarcara hasta el 10 de diciembre pasado o el 1º de enero de 2016 porque, como afirmó la diputada santafesina Lucila Di Ponti, "el corte significa dejar afuera a 60 mil despedidos". El FIT mantuvo su dictamen de minoría (que alcanza también a monotributistas) pero sus diputados afirmaron que igual se sumarían al dictamen de mayoría aunque no lograran introducir modificaciones al texto: "Lo vamos a votar igual en el recinto, es una situación de emergencia y hay que parar los despidos", sostuvo Néstor Pitrola.
Desde el FpV, la mayoría de sus diputados se encargaron de remarcar que "el modelo económico de Macri necesita 15 por ciento de desempleo" para "disciplinar a los trabajadores", mientras "se descarga una catarata de tarifazos" y se transfirieron miles de millones de dólares a los sectores más concentrados de la economía. "Claro que este debate es político e ideológico porque se trata del papel del Estado en la redistribución de la riqueza", respondieron cuando desde el macrismo cuestionaron el reclamo como "político". "Macri es un presidente que favorece a los poderosos: gobierna para los ricos", sintetizó el diputado Edgardo Depetri.
El massismo, uno de los aliados eventuales que tiene el macrismo, ayer también cargó duro contra el Gobierno. "Se procedió con urgencia frente a sectores beneficiados sin consultar a nadie. Cuando se trata de trabajadores hablamos que vengan los ministros", se quejó Facundo Moyano. Sus compañeros de bloque acusaron a Cambiemos de "negar" los despidos y firmar decretos "para que los que se llenaron de plata durante estos años hoy tengan facilidad de despedir". "Mientras debatimos este proyecto están despidiendo a algún habitante del territorio argentino", sumó el diputado y secretario de los Canillitas Omar Plaini.
Myriam Bregman, del FIT, pidió al resto de los legisladores de la oposición forzar el tratamiento en la comisión de Presupuesto, donde el oficialismo se propone trabar el proyecto y propuso la convocatoria a una sesión especial de la oposición ya que "no hay consenso posible con el PRO que niega la situación de emergencia laboral ante los despidos masivos".
El macrista Daniel Lipovestzky fue la voz de Cambiemos. Consideró que la emergencia ocupacional se declaró tras la crisis de 2001 "con 700 mil despidos" y sostuvo que "eso no se condice con la situación actual". Recordó que el ex presidente Néstor Kirchner decretó el fin de esa emergencia en 2004 cuando la desocupación se redujo a menos de dos dígitos y reclamó esperar hasta que la desocupación medida por el Indec superara el 10 por ciento. Pidió un debate más prolongado en aras del "diálogo y el consenso".
El rechazo fue claro. Los diputados opositores firmaron el dictamen de mayoría y redactaron un pedido a la comisión de Presupuesto que aborde con urgencia el dictamen de los integrantes de Legislación del Trabajo.
Senado
Por la tarde, el debate entre los senadores en el salón Arturo Illia fue más recoleto y moderado. También se trató el proyecto opositor para declarar la emergencia ocupacional frente a la ola de despidos. La unificación "consensuada" en la comisión de Trabajo y Previsión Social de los proyectos de los senadores Daniel Lovera (PJ-La Pampa), Mario Pais y Pedro Guastavino (FpV), propone la emergencia por 180 días que no serían prorrogables, aunque consideraron que si la situación no se modifica podrían "recrear otro proyecto en el mismo sentido".
Pais se encargó de detallar el texto de la iniciativa. Allí, los senadores utilizaron criterios similares al que plantearon los diputados opositores. La medida alcanza a los despedidos de la administración nacional y el ámbito privado, en invitan a sumarse a las provincias y la ciudad de Buenos Aires, sobre las cuales la legislación nacional no tiene vigencia. También se incluye la prórroga durante la emergencia de los contratados en el Estado y en la actividad privada.
La iniciativa tuvo el respaldo de 9 de los 17 senadores que integran la comisión y que responden al FpV, el PJ-La Pampa, el Movimiento Popular Neuquino y el GEN, al que se sumó Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), que no integra la comisión pero tomó parte en el debate.
El radical Angel Rozas llevó la voz cantante del interbloque Cambiemos y, aunque dijo "no estar en desacuerdo" con debatir el proyecto, consideró que la visión del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "no puede estar ausente" en la discusión, sumó también al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y las cámaras empresarias, "antes de tomar una decisión".
Sus argumentos no lograron torcer la voluntad opositora de votar el dictamen. Apelaron a la "urgencia" del tema y consideraron que los invitados que propone el oficialismo podrán exponer en el intervalo hasta el debate en el recinto. "Eso de convocar a expositores 'in eternum' se va de patadas cuando cientos de trabajadores no llegan a fin de mes y están esperando a ver si les llega el telegrama de despido", advirtió la santacruceña Virginia García (FpV). "No tenemos tiempo de hacer audiencias públicas", sumó Marina Riofrío y recordó que "pocos senadores del oficialismo estuvieron presentes" en la reunión con las centrales obreras.
El dirigente petrolero y senador del MPN, Guillermo Pereyra, destacó que las cinco centrales obreras "dejaran de lado reivindicaciones históricas como Ganancias para priorizar su preocupación por los despidos". "Que vengan todos los funcionarios que tienen que venir, pero nosotros tenemos que avanzar", subrayó. Jaime Linares, del GEN, acompañó el dictamen.
"Uno escucha primero lo que opinan los demás y luego toma decisiones", reclamó el macrista Federico Pinedo y proclamó en sintonía con Mauricio Macri que "se vienen obras de inversión pública y privada que van a generar millones de puestos de trabajo", y enfatizó que la emergencia ocupacional "no es el mecanismo" para lograr ese fin. La cordobesa Laura Rodríguez Machado se le sumó y advirtió que un Senado "díscolo" podría "ahuyentar las inversiones" que –imaginan – lloverán sobre la Argentina.
EL GOBIERNO RECHAZA LOS PROYECTOS DE LEY DE
LA OPOSICIÓN
Con la teoría del derrame
Para el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, las iniciativas "no ayudan a mejorar" la situación de los trabajadores. En cambio, se mostró entusiasmado con las "inversiones" que llegarán tras el pago a los fondos buitre y vaticinó que "se traducirán en trabajo".
Triaca admitió que las medidas del Gobierno "aprietan el bolsillo
de muchas familias".
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se manifestó en contra de los proyectos de ley de la oposición para frenar la ola de despidos porque, en su opinión, el Gobierno "está haciendo todos los esfuerzos para sostener el nivel de empleo". Los proyectos, que obtuvieron dictamen favorable ayer en las comisiones de Trabajo del Congreso, buscan prohibir nuevas cesantías y fijar la doble indemnización como forma de atenuar el creciente número de despidos, que suman 110 mil entre el sector público y privado según las principales centrales sindicales. Además de negar la pérdida de empleos a partir de las políticas del Gobierno, Triaca consideró que el proyecto "no ayuda a mejorar" la situación de los trabajadores y sostuvo en cambio que "hay que proponer mejores alternativas", aunque no precisó cuáles.
"Los proyectos que se están presentando en Diputados y Senadores no están ayudando en este momento", sostuvo Triaca al finalizar la reunión ampliada de gabinete convocada por el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner, donde 600 trabajadores fueron despedidos a fines del año pasado acusados de "ñoquis". Desde el CCK, Triaca aseguró que el Gobierno trabaja "para generar las condiciones objetivas para generar más empleo" y se mostró entusiasmado con las "inversiones" que llegarán al país a partir del pago a los fondos buitres, que según vaticinó "se traducirán en trabajo".
Desde el Bloque Justicialista de Diputados, que impulsa la iniciativa junto al FpV, el Frente Renovador y el FIT, le contestaron que "la ley de emergencia laboral no espera generar nuevos empleos", sino "cuidar los puestos de trabajo que el Gobierno está destruyendo". El referente de esa bancada, Diego Bossio, sostuvo que la ley es una respuesta ante "la ofensiva del Ejecutivo contra el empleo". El presidente del bloque, Oscar Romero, aseguró por su parte que "la emergencia laboral actuará como un paraguas legal para los trabajadores" en un contexto de pérdida de puestos laborales.
Consultado sobre las consecuencias del ajuste sobre los trabajadores, Triaca admitió que las medidas del Gobierno "aprietan el bolsillo de muchas familias", y sinceró "el esfuerzo que le estamos pidiendo a la ciudadanía". Pero justificó los despidos, el tarifazo y la inflación en base a "la crisis social profunda" heredada del kirchnerismo, argumento con el que insisten el Presidente y sus funcionarios más cercanos cada vez que se les pregunta sobre el tema. Triaca también se excusó en "la situación delicada de Brasil" y en "la deuda del gobierno anterior respecto de la obra pública" para explicar los más de 30 mil despidos que la Uocra denuncia que afronta su sector, uno de los más golpeados.
"Estamos en un momento de dificultades, de transición hacia otro momento que creemos que será mejor, pero en esa transición hay mucha gente que necesita una mano, y es ahí dónde están todos los esfuerzos del Gobierno", describió vagamente el ministro a la salida de la reunión con sus pares y el Presidente. En lo que va de la gestión de Cambiemos, unas 110 mil personas perdieron su empleo según los números que manejan las centrales sindicales, de los cuales más de 10 mil fueron en el sector público nacional por decisión del Gobierno, en el marco del plan de "modernización" del Estado. Varios de los despidos en el sector público se dieron en la propia cartera de Triaca, que desguazó los programas Asistir y Más y Mejor Empleo, destinado a jóvenes de bajos recursos.
Como contrapartida, Triaca adelantó que el Gobierno prepara el envío al Congreso de una ley para implementar un programa de primer empleo, iniciativa similar a la que impulsó el Presidente durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Va a impactar en las oportunidades de los más pobres", prometió.
La senadora misionera Sandra Giménez, del Frente Renovador por la Concordia y ex aliada kirchnerista, se dirigió al macrista Federico Pinedo para reprocharle la política del Gobierno: "Mauricio Macri mintió a los argentinos y les sigue mintiendo", sostuvo y reclamó con urgencia la declaración de la emergencia laboral, retroactiva al 12 de diciembre de 2015 por los despidos en la administración pública instrumentados por el Gobierno. También reclamó que en su provincia por "un laudo" administrativo del ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, se fijó el pago de la cosecha de yerba mate en 4,50 pesos el kilo, por lo que "se paró la cosecha porque no alcanza para los agricultores ni sus trabajadores, mientras un kilo de yerba se paga en una góndola cerca de cien pesos". "Le pido que el Senado al menos aumente a 5,20 el kilo para la hoja verde, apenas 70 centavos por kilo. Ustedes nos han convertido en mendigos", disparó y cargó contra el jefe de los peones rurales, el macrista Gerónimo Venegas, por dejar "en banda" a los trabajadores yerbateros. Ayer, la diputada Myriam Juárez (Cambiemos), que responde a Venegas, ni siquiera fue a la reunión en la que se discutió la emergencia laboral.
DOS DE CADA TRES VEN MAL O MUY MAL LA SITUACIÓN
ECONÓMICA. PREOCUPAN MAS EL DESEMPLEO Y LA
POBREZA
Radiografía del malhumor social
Una encuesta revela un alto nivel de malestar con la situación económica. El eje de la preocupación de la población se corrió de la inseguridad a las cuestiones socioeconómicas, por encima de la corrupción. Los datos del estudio de Ibarómetro.
Un 66,7 por ciento de personas describe la situación económica actual como "mala" (41,5) o "muy mala" (25,2), mientras que apenas el 26,7 por ciento la califica en términos positivos (el 3,9 por ciento como "muy buena" y el 22,8 como "buena"). Este es el resultado de un estudio nacional de opinión pública realizado por la consultora Ibarómetro entre el 12 y el 15 de este mes. Es decir, la semana pasada. La evolución de los resultados, con respecto a las dos encuestas anteriores, señala un empeoramiento progresivo de la percepción económica de la población. Las opiniones negativas pasaron del 53,1 por ciento en diciembre de 2015 a 66,1 por ciento en febrero, creciendo en la consulta de la semana pasada en seis décimas más. En tanto, las opiniones positivas pasaron del 35 por ciento en diciembre, a 27,7 en febrero para volver a caer en abril al 26,7 por ciento.
La percepción económica de los encuestados mejora cuando se los consulta sobre el futuro. Concretamente, ante la pregunta: ¿cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año? Un 49,6 por ciento dio una respuesta positiva, haciendo la salvedad que sólo el 42,9 por ciento señala que "mejorará". Otro 6,7 por ciento responde que se mantendrá "igual de bien" que en el nivel actual. Las respuestas negativas suman 40,6 por ciento, que se compone del 26,4 que opina que "empeorará", y el 14,2 por ciento que cree que se mantendrá "igual de mal" como en la actualidad. Un 9,8 por ciento dice no saber cómo será.
Vale destacar que la pregunta refiere a la situación económica general y no a la individual del encuestado. Además, por la calificación que hace la consultora, con respecto al 20,9 por ciento de respuestas que consideran que la situación se mantendrá "igual", se valora la respuesta anterior sobre cómo describiría la situación actual, para clasificar las opiniones en dos tipos de respuestas: "igual de bien" (6,7) o "igual de mal" (14,2). En esta parte de la consulta, referida a la percepción de la situación económica futura, Ibarómetro también da cuenta de un empeoramiento de las respuestas respecto a las dos encuestas anteriores. Las respuestas positivas variaron del 59,1 por ciento en diciembre de 2015, a 51 por ciento en febrero y 49,6 por ciento en abril. Las negativas, pasaron del 29,4 por ciento en diciembre, a 39,5 por ciento en febrero y 40,6 por ciento en el presente mes de abril.
Otra observación de Ibarómetro, a partir de los resultados de su encuesta sobre el balance de las políticas del gobierno nacional, es que "los problemas socioeconómicos representan la principal preocupación de los argentinos (45,5 por ciento de las respuestas); dentro de este conjunto, las inquietudes asociadas al desempleo son las que exhiben el mayor crecimiento desde febrero".
En efecto, en respuesta a la consulta "en su opinión, ¿cuál es el principal problema del país?", en la encuesta de la semana pasada el 15 por ciento respondió "el desempleo". Este guarismo es casi cinco puntos superior al exhibido en los resultados de la encuesta de febrero (10,2 por ciento). También hubo un salto, aunque menor, en el número de quienes señalan a "la pobreza" como preocupación mayor, que del 12,3 por ciento en febrero, pasó a 14,1 este mes. Los que indican a "la inflación" en primer lugar, se mantuvieron estables en el 16,4 por ciento. De tal modo, el 38,9 por ciento de los encuestados elegía en febrero a alguno de los tres problemas socioeconómicos como principal preocupación, mientras que este mes fue el 45,5 por ciento.
La "corrupción" y la "inseguridad" son las otras dos preocupaciones con fuerte peso en la opinión de la sociedad. La primera tuvo el 20,7 por ciento de respuestas que la señalaron como principal problema, que pasó al 24,4 por ciento en este mes. En cambio, la "inseguridad" quedó desplazada del lugar de preocupación principal casi al mismo tiempo que desaparecía del espacio central de los noticieros de la televisión, a expensas de algún caso resonante de "corrupción": de un 19,9 por ciento que señalaba a "la inseguridad" como preocupación central en febrero, en apenas dos meses la proporción de esas respuestas bajó a 13,4 por ciento. Bastante más atrás quedó "la educación", con 11,3 por ciento de respuestas en febrero y 8,7 por ciento en abril. La encuesta, lamentablemente, no mide si esta variación en las respuestas está asociada a que la población que cambió de opinión considera que los problemas de la educación se han resuelto, o si hay otros que han crecido tanto que lo superan como preocupación principal. Lo mismo vale para "la salud", que de 2,9 por ciento que lo consideraba como preocupación mayor en febrero, en la última encuesta quedó relegada al uno por ciento de las respuestas. La encuesta de Ibarómetro también consultó a los entrevistados sobre su evaluación de las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional en sus primeros cuatro meses de gestión. Las respuestas reflejan una notable paridad entre quienes consideran que "son medidas necesarias producto de la mala gestión de Cristina Kirchner", afirmación a la que adhirió el 46 por ciento de los encuestados, y quienes se identifican con el enunciado "son medidas que responden a la nueva política económica del presidente Macri", que recogió el 47 por ciento. El restante 7 por ciento, dice no saber. Tal paridad, de algún modo, podría estar reflejando el resultado parejo de la elección en balotaje de noviembre en la que salió electo presidente Mauricio Macri por sobre Daniel Scioli. A su vez, el gobierno nacional obtiene un estrecho margen de confianza cuando la consulta refiere al impacto de las medidas. Concretamente, la opción propuesta fue "lograrán impulsar el crecimiento del país", o "provocarán una crisis económica". El 43 por ciento optó por la primera, pero el 39 por ciento auguró una crisis económica. El 18 por ciento, mirando las respuestas de un lado y de otro, quizás con un nudo en la garganta, puso la cruz en el casillero de "No sabe".
MACRI LLEVÓ A UN EX "GERENTE DE FELICIDAD" A UN
ENCUENTRO DEL GABINETE AMPLIADO
Cambiemos y la reunión de la alegría
Ministros, secretarios y legisladores nacionales y bonaerenses participaron de una charla en el CCK, donde Margarita Barrientos, Toty Flores y Daniel Cerezo, ex gerente de Felicidad y Cultura de una fábrica de alpargatas, explicaron de qué se trata la pobreza.
Macri y Vidal compartieron escenario en un encuentro para motivar a los integrantes de Cambiemos.
El de ayer fue el tercer encuentro del gabinete ampliado, donde participan funcionarios de los distintos niveles de Gobierno, legisladores y miembros de los tres partidos que integran el oficialismo: el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. En busca de transmitir ondas de amor y paz, Macri les recomendó "comprender y no enojarse" con quienes piensan distinto. "Es muy importante tratar de comprender y relativizar a aquellos que nos agreden, no tenemos que enojarnos porque tal vez (lo hacen) desde los miedos y la inseguridad", los aleccionó el Presidente y les transmitió una mirada positiva. Según les dijo, en el segundo semestre del año "se van a ver los resultados" de las medidas que iniciaron el 10 de diciembre. Macri no perdió oportunidad para cargar contra la gestión anterior a la que le achacó –sentado sobre el escenario del CCK– haberle dejado un Estado "desquiciado, cargado de corrupción, de improvisación".
De la jornada participó la vicepresidenta Gabriela Michetti y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, además del jefe de Gabinete, Marcos Peña y ministros como el de Interior, Rogelio Frigerio. "Estemos listos. Lo que viene ahora es lo mejor. El mundo nos ha abierto la mano como nunca antes", insistió el Presidente.
Después de anunciar el fin de semana el paquete de medidas sociales para tratar de paliar los efectos del aumento de la inflación, las tarifas, la quita de subsidios y los miles de despidos, a los organizadores de la reunión de gabinete se les ocurrió llevar a tres referentes para hablar de pobreza. Las historias de Barrientos y de Flores ya eran conocidas para muchos, por lo que Cerezo concentró la mayor parte de la atención.
"¿Quién de ustedes es pobre?", arrancó el ex "gerente de la felicidad y la cultura" de la fábrica de alpargatas Páez, casi con la certeza de que ninguno levantaría la mano. Su biografía se hizo conocida a partir de una presentación en el ciclo de charlas TEDxRío de la Plata. Allí contó buena parte de lo repitió ayer en el CCK. Hijo de seis hermanos, nació en San Juan y se vino a Buenos Aires cuando a su padre prometieron una casa y un trabajo. La casa nunca llegó. Vivieron en el garage de una tía hasta que 4 años después su padre falleció y con su madre terminaron a una de las villas porteñas. Al cumplir 9 años Daniel comenzó a estudiar piano en un centro comunitario, que terminó coordinando y dirigiendo. Años después, en un Congreso compartió escenario con un joven emprendedor, dueño de una fábrica de alpargatas cool que lo llevó a trabajar en el área de recursos humanos. Allí llegó a ser "gerente de felicidad y cultura" hasta que decidió construir su camino en una empresa social llamada Creer Hacer, que tiene como objetivo "mejorar la calidad de vida de las personas".
Al Gobierno se acercó de la mano de su "amigo", Mario Quintana, coordinador del gabinete económico y número dos de Marcos Peña. Trabaja con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. En el PRO recuerdan que a Macri el tema de la felicidad es algo que le interesa mucho: por eso recomienda un documental llamado Happy, que puede verse en Netflix.
El mensaje de Cerezo, al igual que el de algunos libros de autoayuda, está vinculado a la posibilidad de ser feliz independientemente de las condiciones materiales de existencia. Un discurso conveniente para el macrismo, que generó un millón y medio de nuevos pobres, según un estudio de la Universidad Católica Argentina. Sin embargo, a no todos los funcionarios les gustó el mensaje. El subsecretario de Comunicación Estratégica, Hernán Iglesias Illia, ya lo había criticado en abril de 2015 tras la difusión de aquella primera charla TEDx: "Me parece un poco chanta. Bah, nivel perogrullo", afirmó en su cuenta de Twitter.
Daniel Cerezo, músico y psicólogo social dirige la empresa Creer Hacer
Visita oficial a Cresta Roja
El presidente Mauricio Macri visitará hoy la empresa avícola Cresta Roja, la planta ubicada en
Esteban Echeverría, luego de la normalización de la fábrica que retomó su actividad tras conflictos por quiebra y despidos ocurridos durante el año pasado. Luego de cinco meses de estar cerradas las plantas, el lunes oficialmente volvió la faena a ese predio, con el ingreso de sólo una parte de los trabajadores con contratos temporales y una drástica reducción salarial.
La explotación provisoria a manos del consorcio de empresas encabezado por OvoProt apunta a ir reincorporando tandas de trabajadores según evolucione la producción y aumente la cantidad de pollos faenados, que el viernes pasado fueron 40 mil. De los casi 3500 trabajadores directos de la empresa, sólo 1300 entraron ahora, los cuales firmaron un contrato por dos meses hasta junio. Algunos de estos empleados tenían 30 años de antigüedad en la ex Cresta Roja, pero ahora se desempeñarán "a prueba". También les quitaron premios y plus salariales. Los demás, que esperan el hipotético aumento de la producción, sobreviven con los 6 mil pesos del Repro.
Anuncios para generar empleo
CFK MANTUVO UN ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE
ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS DE TODO EL PAÍS
"Si no hay igualdad no hay libertad"
Cristina Kirchner reiteró su convocatoria a construir un frente ciudadano "para defender a los trabajadores". Criticó al gobierno de Macri por sus anuncios de posibles inversiones: "La teoría del derrame no existe, lo que ponen arriba se va a Panamá", dijo.
La ex presidenta dijo que hoy vuelve a El Calafate, "si Dios, Bonadío o el Gobierno quieren".
Por Nicolás Lantos
Cristina Fernández de Kirchner sigue construyendo su nuevo rol político. Después del acto multitudinario en Comodoro Py la semana pasada, y de sucesivas reuniones con diputados, intendentes, artistas y figuras de la cultura, ayer la ex presidenta dio un discurso en el teatro ND Ateneo del centro porteño, un espacio muy vinculado a la memoria emotiva del kirchnerismo. La platea y el pullman estaban repletos de representantes de más de 400 organizaciones sociales y políticas de todo el país.
En algo más de una hora de discurso, CFK no solamente avanzó en la descripción de su diagnóstico de esta etapa política y de su idea de construcción de un frente ciudadano, que ya había esbozado el miércoles pasado bajo la lluvia, sino que también atacó con dureza al gobierno nacional por su vinculación con el escándalo de los Panamá Papers y por los efectos que su gestión está teniendo en la economía nacional.
"Quiero convocarlos a construir un frente ciudadano, que no es un término liberal como algunos me dicen", definió, plantándose ante las críticas, ya que "si no hay igualdad no puede haber libertad". Para la ex mandataria, el deber de quienes se oponen a las políticas del PRO es "el de la organización y la unidad entre todos los movimientos sociales y políticos" para lograr "la libertad de todos los argentinos de elegir su propio destino".
Para Fernández de Kirchner, "no es tiempo de enfrentamientos ni diferencias porque la gente está en problemas y cuando la gente está en problemas los dirigentes no pueden darle más problemas". En ese sentido, advirtió que todos los políticos opositores "tienen la obligación de deponer sus diferencias y colaborar para ayudar a sus compatriotas" a través de "programas alternativos de gestión y de soluciones de los pequeños y grandes problemas" que surgieron desde diciembre.
"El pueblo siempre vuelve. Sólo se sigue al frente si se toman las banderas y se marcha con la gente. Los que somos peronchos tenemos el deber de marchar con el pueblo", volviendo a definir su identidad política como en cada aparición pública que hizo esta semana, dato no menor. En otro pasaje, sin embargo, advirtió: "Tenemos que aprender a aceptar, peronistas, que no somos los únicos que aportamos a esta construcción".
Aunque volvió a tender la mano al sindicalismo, al que destacó como una parte necesaria en la construcción de un frente como el que imagina, fue sumamente crítica con su conducción, a la que le dedicó algunos de los pasajes más fuertes de la tarde, como cuando recriminó que antes "paraban con cualquier excusa" y ahora "no hacen nada" mientras "se destruye el empleo y el poder adquisitivo" de los trabajadores. "Yo no quiero que defiendan a mi gobierno ni a los últimos doce años. Defiendan a sus representados", los interpeló.
Un poco más tarde, agregó: "La primera regla es no creerse el ombligo ni la columna vertebral de nada. Con la columna vertebral sola no alcanza para nada. Hace falta una cabeza. Hacen falta pies y piernas. Y después otra cosa que hay un poco más arriba. Y también espalda y brazos. Y la cabeza y también el corazón". En cambio, hizo un llamado a la participación de "las fábricas, los talleres, los dirigentes de base, los dirigentes regionales" porque "es necesario volver a tomar el contacto en la puerta de las fábricas y adentro de las fábricas".
También criticó fuertemente al gobierno de Mauricio Macri, a quien acusó de mentirles a los argentinos diciendo que las inversiones que llegan a partir del acuerdo con los fondos buitre van a derramar, generando empleo y producción. "La teoría del derrame no existe, lo que ponen arriba se va a Panamá", denunció. Luego, al anunciar que esta tarde regresará a El Calafate, hizo la salvedad: "Si Dios, Bonadio o el Gobierno quieren. Bueno, Bonadio y el gobierno últimamente son lo mismo".
A continuación hizo referencia a la causa iniciada por los entonces diputados Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), que denunciaron ante el juez Claudio Bonadio que la ex presidenta había beneficiado a "terceros inescrupulosos" a través de la venta de dólar futuro. "Cuando averiguamos quiénes fueron los terceros inescrupulosos resulta que son funcionarios y familiares del Presidente de la Nación", agregó. "Esto pasa por hacer de la denuncia y la judicialización de la política una práctica común."
Finalmente retomó su hilo inicial, y reclamó a los militantes que la escuchaban que redoblen el esfuerzo en el territorio para paliar las consecuencias de las políticas económicas del gobierno neoliberal. "Trabajemos todos juntos. Es hora de hablar, de convencer, de persuadir. No hay que reprocharle nada a nadie. Los que estamos aquí somos un pedacito pequeñito y acá hacen falta muchos más. Lo importante es la humildad de aceptar que nadie es el todo, que todos somos parte. La riqueza de eso radica en la suma de todas las partes", dijo.
Los dirigentes políticos deben, a su vez, hacer un "un ejercicio fuerte de representación", completó, ya que "lo peor que podría pasar es que la gente sienta que ni siquiera se puede construir una alternativa que los ayude a mejorar o a superar lo que están pasando". Por eso, la única pregunta que hay que hacer al convocar al frente ciudadano es "definir para qué hay que estar unidos", agregó. "La unidad por la unidad no es un valor en sí mismo. ¿Para qué queremos la unidad? Para defender a los trabajadores, para defender los intereses para los cuales la sociedad los eligió. Esa es la unidad que me gusta."
Encuentro con sindicalistas
Luego del discurso, Cristina Fernández de Kirchner se reunió con una veintena de dirigentes gremiales, con quienes habló de la alarmante situación laboral en muchos sectores productivos. El encuentro estuvo organizado por los diputados y dirigentes sindicales Abel Furlan (UOM Zárate Campana) y Edgardo Depetri (ATE). Y participaron, entre otros, Pedro Wasiejko (ATE, Sutna), Víctor Santa María (Suterh), Daniel Catalano (ATE), Horacio Ghilini (Sadop), Héctor Amichetti (Gráficos), Carlos Ortega (Secasfpi- Anses), Oscar Martínez (UOM Tierra del Fuego).
Según los organizadores, hubo más de 400 organizaciones sociales y políticas de todo el país invitadas al acto de ayer en el teatro ND Ateneo, con capacidad para unas 800 personas sentadas, aunque ayer los pasillos estaban tomados por gente que seguía a pie o sentada en el suelo el discurso. La Cámpora, el Movimiento Evita, Descamisados, el Peronismo Militante, Kolina, Nuevo Encuentro, la Tupac Amaru eran algunas de las banderas que se veían. Algunas de esas organizaciones también llevaron militantes que siguieron el discurso desde la calle a través de un sistema de audio.
- El ND Ateneo es el teatro desde el que Néstor Kirchner lanzó su candidatura presidencial en el año 2003 y desde entonces ha sido elegido en varias ocasiones por el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires para organizar actos de campañas y plenarios numerosos.
- La primera fila de la platea mostraba un surtido de dirigentes políticos de distintos orígenes, todos vinculados desde hace mucho con el kirchnerismo. Allí estaban el diputado Andrés Larroque, secretario general de La Cámpora; Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita; Pedro Wasejko de la CTA que encabeza Hugo Yasky; el titular del PJ porteño, Víctor Santa María; el dirigente de Miles, Luis D'Elía, y el diputado de origen sindical Edgardo Depetri. Había, además, una ausencia notable, que fue destacada por CFK: "Allí está la silla vacía de Milagro Sala y aún no sabemos por qué está presa".
Apostillas
- El ND Ateneo es el teatro desde el que Néstor Kirchner lanzó su candidatura presidencial en el año 2003 y desde entonces ha sido elegido en varias ocasiones por el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires para organizar actos de campañas y plenarios numerosos.
- La primera fila de la platea mostraba un surtido de dirigentes políticos de distintos orígenes, todos vinculados desde hace mucho con el kirchnerismo. Allí estaban el diputado Andrés Larroque, secretario general de La Cámpora; Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita; Pedro Wasejko de la CTA que encabeza Hugo Yasky; el titular del PJ porteño, Víctor Santa María; el dirigente de Miles, Luis D'Elía, y el diputado de origen sindical Edgardo Depetri. Había, además, una ausencia notable, que fue destacada por CFK: "Allí está la silla vacía de Milagro Sala y aún no sabemos por qué está presa".
OPINIÓN
La moralidad del paraíso
Por Matías Dewey *
La filtración de documentos que revelan las identidades de titulares de empresas constituidas en Panamá pone en evidencia el problema moral que supone que autoridades gubernamentales operen en paraísos fiscales. Para mostrar la gravedad del problema importa recordar que hoy en día nadie discute que operar en paraísos fiscales es "legal", si por ello entendemos acciones que se ajustan a normas oficiales. Cuando el líder laborista inglés Jeremy Corbyn acusa al primer ministro David Cameron de haber falseado la confianza pública de los británicos no está sugiriendo que el mandatario actuó ilegalmente. No, el problema principal es que Cameron, además de no hacer pública su participación en compañías offshore, hizo lo que cualquier ciudadano que tributa impuestos no desearía: que sus gobernantes eludan sus cargas impositivas. En síntesis, volvemos a la clásica distinción según la cual aquello que es legal no es necesariamente bueno o deseable. Y esto mismo vale para Mauricio Macri, así como para cualquier participación gubernamental en paraísos fiscales.
El meollo de esta disociación radica en que los paraísos fiscales son centros financieros que, a cambio de una tarifa, ofrecen un producto muy preciado: su soberanía. Es decir, los paraísos fiscales son jurisdicciones soberanas –funcionan como países – cuya particularidad es que producen una legislación que no está dirigida a sus propios ciudadanos sino a residentes de otros países. Así, ciudadanos extranjeros pueden constituir empresas perfectamente "legales" protegidas por férreas leyes que ocultan la identidad de los titulares.
Los 56 paraísos fiscales que actualmente existen en el mundo – incluyendo Suiza, la City de Londres, Panamá, varios estados norteamericanos, Hong Kong y muchas islas diminutas – ofrecen a ejércitos de contadores, abogados, banqueros y financistas regulaciones especiales que permiten minimizar impuestos, ocultar la titularidad de empresas y, por esa vía, el origen de los capitales financieros. Incluso paraísos fiscales como Suiza aplican la ley penal en caso de violación del secreto bancario.
Las explicaciones ofrecidas por el presidente Mauricio Macri han hecho hincapié en la legalidad de sus actos: él es parte del directorio de empresas constituidas en países que ofrecen su legislación para tal fin. Sin embargo, las explicaciones ofrecidas, ciertamente elaboradas para conformar a un público que desconoce la gravedad del problema, eluden el hecho, ya bien conocido, de que las sociedades offshore constituidas en dichas jurisdicciones sirven, como mínimo, para eludir legalmente impuestos.
Hoy en día una innumerable cantidad de bancos y empresas operan en paraísos fiscales, desde Starbucks hasta Apple pasando por Uber y Airbnb. Sin embargo, y pese a que la operatoria de estas entidades promueve la desigualdad debido a que no tributan en los países que operan, su accionar no es equiparable al de un gobierno. En la medida que un gobierno tiene la obligación de proveer bienes y servicios públicos financiados mediante el tributo de sus ciudadanos, que el presidente de un país sea titular de empresas que eluden impuestos constituye un problema que, lejos de ser "legal", lesiona directamente la confianza pública.
* Investigador del Max Planck Institute for the Study of Societies de Colonia, Alemania.
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