viernes 22 de abril de 2016
MACRI DESPIDIÓ LA LEY ANTIDESPIDOS
MACRI ANTICIPÓ SU RECHAZO AL PROYECTO PARA
DECLARAR LA EMERGENCIA OCUPACIONAL Y NO DESCARTÓ
VETARLO SI LO APRUEBAN
Contra todo lo que pueda frenar los despidos
El Presidente mostró su desacuerdo con el proyecto que unió a toda la oposición y que el miércoles consiguió dictamen tanto en el Senado como en Diputados. Dijo que "no se genera empleo imponiendo leyes arbitrarias".
El presidente Mauricio Macri utilizó su recorrida por Cresta Roja para
anticipar su rechazo a la emergencia ocupacional.
Por Werner Pertot
Mauricio Macri salió con los tapones de punta contra el proyecto que unificó a la oposición para prohibir los despidos y reinstaurar la doble indemnización. "No se genera empleo imponiendo leyes arbitrarias. No debemos repetir errores: ya probamos en 2002 con leyes que prohibían y eso no trajo más trabajo. Destruyó trabajo", interpretó el Presidente, quien advirtió que podría vetar la ley si es finalmente aprobada: "Es una prerrogativa presidencial". Como jefe de Gobierno vetó más de cien leyes, muchas de ellas incluso aprobadas por su propio bloque. De todas formas, en Balcarce 50 pretenden demorar y hasta frenar el proyecto antes de que se llegue a esa instancia.
Pasó lo que el Gobierno temía: la oposición se unió detrás de un proyecto, junto con las cinco centrales sindicales. Los dictámenes que salieron el miércoles tanto en el Senado como en Diputados buscan prohibir los despidos. Lo apoyaron las tres CGT y las dos CTA. En suma, fue una demostración de fuerza de las distintas y heterogéneas fuerzas políticas que tiene enfrente el oficialismo y así fue leído por los macristas. La ofensiva reunió al Frente para la Victoria, al Frente Renovador, el PJ disidente, Progresistas y el FIT. Los proyectos plantean que los trabajadores podrán accionar judicialmente para ser reinstalados en el puesto o cobrar doble indemnización. El proyecto del Senado propone que la ley esté vigente por 180 días, mientras que el de Diputados plantea que sea retroactiva al 1º de marzo y se extienda hasta diciembre de 2017.
Macri hizo su estudiada aparición para cuestionar el proyecto en planta avícola Cresta Roja, a la que el Gobierno reivindica como empleos salvados por el oficialismo, pese a que fueron reprimidos al comienzo de la gestión de Macri. Tampoco se ventilan las condiciones en las que continúan los trabajadores (ver aparte). "Recién me acerqué a saludar a un joven que estaba en la línea, y le dije: '¿Cómo estás? Hace una semana que volvieron a trabajar'. Y él me contestó: 'Gracias a Dios'. Y claramente es una bendición tener un trabajo. Hoy más de 1.000 personas han vuelto a trabajar en esta planta, y van a ir incrementándose, según pronostican, de a cientos en los próximos meses", afirmó Macri.
El veto a mano
El Presidente replicó a la iniciativa opositora e incluso agitó la posibilidad de vetarla. "Es una prerrogativa presidencial", dijo cuando le preguntaron. Sus antecedentes lo acompañan, con más de un centenar de leyes votadas cuando era jefe de Gobierno. De todas formas, el mandatario aseguró que "no va a salir, porque los argentinos debemos aprender de los errores y las experiencias". En el Gobierno ya trabajan para que ese veto nunca tenga que ocurrir. Las principales espadas legislativas ya iniciaron conversaciones con los sectores que ven más permeables a dar marcha atrás con la iniciativa: el massismo y el bloque del PJ. Si no consiguen encontrar una fisura, apelarán a todos los mecanismos posibles en el Congreso para demorar el tratamiento de los proyectos. El objetivo es ahorrarle al presidente el costo político de un veto.
"Esta Argentina es distinta porque aprendimos de nuestros errores y no los vamos a repetir. No tenemos que repetir errores, ya probamos en 2002 con leyes que prohibían, y eso no trajo más trabajo, destruyó trabajo", aseguró sobre la ley que se aprobó durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde. Tras haber avanzado con 30 mil despidos a nivel nacional, provincial y municipal, Macri sostuvo que comparte el sentimiento del que se queda sin trabajo: "Es mi angustia la angustia de cada argentino y estoy ahí". En el sector privado, la cantidad de despidos supera a los estatales y, según algunas estimaciones, ascendería a 80 mil despidos. Ayer, la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) señaló que y al llegan a 120 mil los puestos de trabajo perdidos (ver aparte).
"Así como cuidamos a los empleados de Cresta Roja, cuidaremos a todos, pero no con leyes que nos alejen del futuro que todos queremos", indicó. Pero aclaró que no lo hará "por la imposición" del Congreso. "El trabajo es el camino para salir de la pobreza, pero no imponiendo leyes", aseguró. "No hagamos cosas que no sirven", insistió el Presidente. "Trabajemos en lo que suma. Confíen todos que vamos por el camino correcto, no por nada el mundo salió a financiarnos en cantidades que ni siquiera se pueden medir", afirmó sobre la toma de deuda para pagar a los fondos buitres, en la que bancos para los que trabajaron actuales funcionarios nacionales tuvieron ganancias más que significativas: 29,7 millones de dólares en comisiones a los que ha que sumarle otros 350 millones por el acceso prioritario a la compra de los papeles.
El Presidente volvió a asegurar que no gobierna para los ricos. "Cuesta creer cuando dicen que sacar las retenciones fue a favor de un sector, de los ricos, y eso no es verdad –interpretó–. Lo que buscamos es la equidad, que las economías regionales puedan crecer, producir, y ese impuesto nos ha impedido crecer por más de cinco años".
En su recorrida por Cresta Roja, a Macri lo acompañaban, entre otros, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien ya se había opuesto al proyecto para frenar los despidos. "No hay una ola de despidos generalizados", aseguró en los últimos días. Y sostuvo que las iniciativas "no ayudan a mejorar la empleabilidad". En Balcarce 50 pronosticaron que, de aprobarse, crecerá el trabajo en negro y disminuirá la posibilidad de atraer inversores.
CONTRA EL PROYECTO PERO TAMBIÉN CONTRA EL
GOBIERNO
A los empresarios no les gustó
El avance de los proyectos legislativos que en ambas cámaras impulsan diputados y senadores de todos los bloques opositores para fijar la doble indemnización y frenar la ola de despidos despertó preocupación en las principales cámaras empresarias del país, aunque también advirtieron que la apertura de importaciones y la devaluación, entre otras medidas del Gobierno, afectaron el nivel de actividad y fomentaron los despidos.
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo en un comunicado difundido ayer que la pérdida de empleo es "una preocupación fundada" de los legisladores, pero comenzó a hacer fuerza en el Congreso contra los proyectos y reclamó ser excluida de la obligación de la doble indemnización.
La CAME situó el número de despedidos en 120 mil, lo que calificó como "un flagelo que afecta a miles de familias", pero pidió a los legisladores "mirar la economía con franqueza" para luego elevar el reclamo de exceptuar a la pymes del régimen de doble indemnización. A la par de la crítica a las medidas del Gobierno que afectan al sector, como el tarifazo, las altas tasas de interés y la apertura económica, la CAME advirtió que de aprobarse, el proyecto traería mayores complicaciones. Con ese planteo, sus dirigentes mantuvieron reuniones ayer con los diputados del Bloque Justicialista Sergio Kosiner y Alberto Roberti, que presiden las comisiones de Pymes y Legislación Laboral Respectivamente, además de juntarse con el senador del FpV Juan Manuel Abal Medina, entre otros.
En sintonía, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), caracterizó la situación como de "emergencia económica" aunque tildó a las iniciativas de "inoportunas y sin fundamento". El diputado massista y dirigente de la UIA, José de Mendiguren, se diferenció de sus compañeros de bloque y, reunido en Diputados con industriales, cargó contra la doble indemnización: "No es el momento", afirmó en consonancia con representantes de la Confederación General Empresaria (CGE) presentes en el edificio anexo del Congreso.
La Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba), por su parte, reclamó "políticas activas" para revertir "la fuerte caída en los niveles de producción provocada por la retracción del consumo y las altas tasas de interés", pero consideró que los proyectos podrían agravar la situación "y llevar al quiebre" a muchas empresas.
ANTES DE VOLVER A SANTA CRUZ, LA EX PRESIDENTA SE
REUNIÓ CON LOS SENADORES DEL FRENTE PARA LA
VICTORIA
Un ida y vuelta en pos de la unidad del bloque
El titular de la bancada, Miguel Angel Pichetto, estuvo ausente pero más de la mitad de los senadores del FpV asistieron el convite con CFK. Despejaron dudas sobre el Frente Ciudadano, que no pretende constituirse en una herramienta electoral.
CFK y los senadores evaluaron como positivo el encuentro a pesar de
las diferencias sobre el pago a los buitres.
Imagen: Télam.
Por Nicolás Lantos
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo quórum ayer en su reunión con senadores del bloque del Frente para la Victoria. A pesar de las ausencias del jefe del bloque, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, y de otros referentes importantes, la ex mandataria logró juntar por la tarde a veintidós legisladores, la mitad más uno de la bancada, entre los cuales había varios de los que se opusieron, hace apenas tres semanas, al acuerdo con los fondos buitre. En el entorno de CFK celebraron la concurrencia, por encima de lo que esperaban propios y ajenos.
En lo que fue su última jornada en la ciudad de Buenos Aires de esta primera etapa de regreso a la actividad pública, que comenzó el miércoles de la semana pasada con un acto multitudinario en Comodoro Py y concluyó ayer por la noche cuando regresó a El Calafate para descansar por unos días, la ex mandataria recibió a uno de los grupos más reticentes del peronismo a aceptar su conducción con un resultado que ambas partes calificaron como positivo. Además, más tarde, también tuvo una charla con científicos y figuras del ámbito académico (ver aparte).
Durante el encuentro con los senadores, que tomó el formato de un diálogo, como había sido cuando se reunió con diputados y con intendentes de la provincia de Buenos Aires, Fernández de Kirchner escuchó y preguntó acerca de las problemáticas que hay en cada distrito y luego comentó su idea de conformar un Frente Ciudadano como espacio de confluencia entre todos los espacios que se opongan al gobierno del PRO. También hizo referencia a la labor de los senadores en un bloque atravesado por varias diferencias, pidió que mantengan la unidad y prometió "no interferir" en lo que suceda en ese ámbito.
Como pasó ante cada una de las actividades de la ex presidenta desde que regresó a la Ciudad de Buenos Aires, una de las incógnitas era la asistencia. Esta vez no pudo mostrar una presencia casi total, como sucedió con diputados y con jefes comunales, sin embargo las expectativas eran más bajas a causa del distanciamiento entre CFK, por un lado, y Pichetto y varios gobernadores, que tienen ascendencia directa sobre los senadores de su provincia, por el otro.
El número final, la mitad más uno de la bancada, podría haber sido algo más alto de no ser por algunas circunstancias políticas que obligaron a algunos legisladores que tenían intención de asistir a permanecer en sus provincias. Además, se revalorizó por la presencia de ocho senadores que habían aprobado a fines de marzo el acuerdo con los fondos buitre a pesar de la oposición del kirchnerismo, como Juan Manuel Irrazabal (Misiones), Liliana Fellner (Jujuy), María Laura Leguizamón (provincia de Buenos Aires), entre otros.
Una amable pero firme discusión acerca de la aprobación del proyecto enviado por el gobierno para "normalizar" la situación de la deuda argentina pagándole a los fondos especulativos se llevó, justamente, una porción importante de las más de tres horas de reunión en el Instituto Patria, nueva base de operaciones de CFK. Los legisladores que habían votado a favor expusieron sus razones y Fernández de Kirchner argumentó las suyas para oponerse y también destacó que cada uno tuvo total libertad para votar como le pareciera y que no intentó influir en el resultado de la sesión.
Más allá de eso, la ex presidenta prefirió preguntar a escuchar antes que hablar, y se mostró interesada por la situación de cada provincia, cómo repercutieron las medidas económicas tomadas por Mauricio Macri desde el 10 de diciembre en cada distrito y qué problemáticas surgieron a partir del cambio de gobierno. El diagnóstico coincidía en casi todos los casos y la principal queja de los senadores fue por "la plata del gobierno para continuar obras públicas" o "para el fondo de incentivo docente" que "no llega" a aquellos que no se alinean con la Casa Rosada, además de preocuparse por la "pérdida masiva de fuentes de trabajo" en todo el país.
CFK, a continuación les pidió que "regresen al territorio" y "hablen con los trabajadores, los productores, los sindicatos de base", para "conocer en detalle la situación de todos los argentinos" y poder trabajar para mejorarla. Ese sería el rol del Frente Ciudadano que propone y cuyo concepto esboza en cada aparición pública. "Aclaró que no viene a reemplazar al PJ ni a construir una herramienta electoral" sino que, por el contrario, piensa en ese armado como la conjunción de sectores sociales y políticos que pueden volver a llevar al PJ al poder en cuatro años, con escala obligada en 2017.
Incidentes en Aeroparque
Ayer a las 22.35, diez días y un par de horas después de haber llegado a la ciudad de Buenos Aires para prestar indagatoria ante el juez Claudio Bonadio, la ex presidenta Cristina Fernández volvió a despegar de Aeroparque para regresar a El Calafate, donde vive. Esta vez no hubo una caravana de miles para acompañarla, como sucedió a su llegada, pero un puñado de militantes se instaló frente a su departamento de Recoleta para esperarla y recorrer con ella el camino hasta la terminal aérea con banderas y bombos que hicieron notar su paso. También hubo gente que se acercó a Aeroparque para saludarla. Allí, la ex Presidenta quiso pasar el cordón policial que se había formado para acercarse a quienes habían ido a verla. Eso provocó un forcejeo que terminó con la custodia de CFK recibiendo gas pimienta. La futura agenda de CFK no está todavía definida, aseguran en su entorno, y su estancia en el sur podría durar pocos días o varias semanas. Sí se sabe que, en fecha a confirmar, la mandataria encabezará un acto en un teatro del partido de Avellaneda con la excusa de inaugurar formalmente la Fundación Patria.
OPINION
Tres temas de la agenda social
Por Washington Uranga
Más allá de los discursos que endilgan al pasado y a la "pesada herencia" todos los males contemporáneos de la Argentina, el gobierno de la alianza Cambiemos quiso poner en escena en los últimos días un rasgo de sensibilidad hacia los más pobres y anunció un "paquete" de medidas sociales que, en términos concretos y efectivos, en poco modifican la realidad de los sectores más marginados de la sociedad. "No hacen saltar el amperímetro", podría decirse en lenguaje popular. Son tan poco convincentes como la puesta en escena presidencial en Olivos haciendo una apelación al corazón de los empresarios más poderosos de la Argentina para que ayuden a parar la inflación y a conservar puestos de trabajo. Macri es un empresario y conoce muy bien que a estos empresarios lo único que los conmueve es la billetera y la cuenta bancaria (si es en "paraísos fiscales"... mucho mejor).
Por mi condición de periodista, pero también de docente universitario que participa de experiencias mal llamadas "de extensión" junto a actores populares, tengo contacto habitual con la realidad de organizaciones sociales que trabajan en barrios, asentamientos y en medio de comunidades en las que la exclusión es moneda común. En el desarrollo de estas actividades y en diálogo con los actores que allí se mueven, surgen por lo menos tres evidencias que hablan a todas luces del momento que viven los más pobres. Lo que sigue no es resultado de la especulación de quien escribe, sino la constatación que los protagonistas de los sectores sociales hacen de su propia realidad.
Aumento de la violencia institucional
Hablar de violencia institucional puede hacer referencia a una gama muy amplia de situaciones, todas ellas reñidas con los derechos humanos. Pero de los testimonios que se recogen en los barrios de la Capital y del Gran Buenos Aires surgen en primera instancia las denuncias por los abusos y los atropellos de las fuerzas de seguridad. "Están agrandados", dijo una de las mujeres. "Están envalentonados", aportó otro testigo aclarando que no hay diferencia en esto entre la(s) Policía(s), la Gendarmería o la Prefectura.
Sobre el particular algunos pocos casos salieron a la luz, pero la mayoría no trascienden.
Casi todas las descripciones de los hechos coinciden. Hablan de requisas injustificadas, de detenciones arbitrarias, cuando no de golpes con el pretexto de "resistencia a la autoridad". Muchos de estos episodios ocurren en la vía pública, pero no faltan tampoco los casos de "allanamientos" que no son tales porque carecen de la correspondiente orden judicial a casas o locales de reunión de los vecinos.
Las víctimas agregan también que cuando intentan hacer la denuncia – si es que se atreven a ello corriendo el riesgo de ser objeto de represalias por parte de las mismas fuerzas de seguridad – sus testimonios no son tenidos en cuenta y, en algunos casos, ni siquiera se les recibe la declaración.
Sin demasiada especulación política, estos hombres y mujeres señalan con sencillez que "los polis ahora sienten que de arriba los van a bancar en este tipo de cosas".
Las drogas
El "combate al narcotráfico" fue una de las promesas de campaña de Mauricio Macri y su equipo. En los últimos días los argentinos vivimos un episodio muy triste que terminó con la muerte de cinco jóvenes en una fiesta electrónica en la que uno de sus ingredientes principales fue el consumo de drogas. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinando como una observadora de la escena llegó a la conclusión de que "tenemos que ser más estrictos" y, para sacarse el tema de encima, agregó que "los padres tienen que ser más estrictos". Nada dijo acerca de la responsabilidad del Estado en el control de estas situaciones pero se excusó afirmando que "chocamos contra una cultura que nos dice que si somos estrictos, estamos pasando una línea". Se entiende la lógica: no hay prevención y cuidado del daño. Ser estricto pasa, en consecuencia, por la prohibición y la represión. Como se sabe, esto redunda en mayor negocio para los narcotraficantes y... los policías que también están implicados.
Pero al margen de este episodio, los mismos actores populares a los que venimos aludiendo señalan con preocupación el aumento de la venta y consumo de droga en los barrios.
Dos causas son las que se aducen. Por un lado –de manera casi justificativa– se afirma que una persona (generalmente un joven) puede obtener dinero de manera más rápida y en mayor monto comercializando drogas en lugar de cumplir ocho (cuando no doce) horas en una jornada laboral mal remunerada. Esto último siempre y cuando consiga trabajo, una situación que se hace cada día más difícil.
La otra tiene que ver con el deterioro de la calidad de vida. El aumento de la desocupación genera situaciones de inestabilidad emocional que inducen, entre otras cosas, al consumo de estupefacientes. Nótese además que aquí aparece también un componente violento promovido por el consumo de drogas y que se refleja en violencia en el interior de las familias y de las comunidades. Este es otro dato que registran quienes siguen de cerca la realidad de los barrios más pobres de Buenos Aires.
La reaparición de los comedores populares
Los comedores comunitarios han sido una práctica solidaria desde mucho tiempo en grupos y comunidades populares. Tuvieron su auge en el 2001 y, posteriormente, a partir de la mejora de la situación, la reinserción laboral y el aumento del empleo, los comedores fueron desapareciendo y muchos de ellos se reconvirtieron en centros comunitarios, culturales o espacios políticos.
Ahora todo indica que se está desandando el camino. Las carencias de muchas personas con necesidades básicas insatisfechas empujan la reaparición de comedores populares pero en peores condiciones que antaño, porque el Estado no está colaborando para su mantenimiento. Intentan cubrir una necesidad, pero muchas veces no tienen recursos para hacerlo. Ante la ausencia del Estado, algunas comunidades religiosas o sindicatos se están haciendo cargo – muy parcialmente – de auxiliar a los que no tienen comida.
Quienes brindan los testimonios que aquí se consignan no son analistas políticos, no trabajan como observadores de los procesos sociales. Sin embargo, sacan sus propias conclusiones sin requerir mucha teoría. Y advierten con toda claridad que los temas (aumento de la violencia institucional, drogas y reaparición de los comedores populares) son tres cuestiones vinculadas por el aumento de la pobreza y el desempleo, y un Estado ausente en lo social que autonomiza a las fuerzas de seguridad para que, por una parte, repriman y, por otra, "hagan su negocio" a modo de compensación. Podría decirse que es una versión de la "pobreza cero", la "lucha contra el narcotráfico", la "unión de los argentinos" y, por qué no, de la "revolución de la alegría". ¡Ah! Como dicen casi al unísono tanto Macri como sus colaboradores... "estamos mal... pero vamos bien".
CAMBIEMOS Y DIPUTADOS DE LA OPOSICIÓN
ACOMPAÑARON EL PROYECTO DE LEY DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN
Un dictamen con acceso al recinto
La iniciativa del Ejecutivo contó con alrededor de 20 cambios en el plenario de comisiones de la Cámara baja. El oficialismo tuvo el apoyo del massismo, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria, que plantearon algunas disidencias en particular.
Los diputados, ayer, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto.
El oficialismo y un sector mayoritario de la oposición firmaron ayer dictamen de comisión del proyecto de ley de acceso a la información pública. La iniciativa, que había sido enviada por el Poder Ejecutivo, recibió alrededor de 20 cambios durante el debate legislativo y logró el acompañamiento de Cambiemos pero también del massismo, el Bloque Justicialista y del FpV, que plantearon disidencias parciales. El único que no acompañó el dictamen y firmó un proyecto propio fue Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda. La medida sería tratada en Diputados el próximo 4 mayo para pasar luego al Senado. Fuentes tanto del oficialismo como de la oposición confiaban ayer en que lograrán un amplio consenso.
El proyecto comenzó a analizarse la semana pasada en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, con la presencia del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. El martes fue el turno de académicos y ONG que destacaron el impulso del debate pero marcaron críticas puntuales. El texto plantea que cualquier persona puede realizar un pedido de acceso a la información, que deberá ser respondido en un plazo no mayor a 15 días hábiles. No se establecen requisitos formales más allá de la identidad del solicitante, un dato de contacto y la identificación clara de la información que se solicita. Están obligados a dar una respuesta: la administración pública nacional con sus organismos descentralizados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, así como el Consejo de la Magistratura y las sociedades del Estado. También se incluye a los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos; los partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada que haya recibido aportes del Estado Nacional, en lo que se refiere a esos fondos.
El proyecto establece también una serie de excepciones para brindar la información: aquella que sea clasificada como reservada, confidencial o secreta, la que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero o bancario; secretos industriales, comerciales, financieros, científicos y técnicos; información protegida por el secreto profesional, así como aquellos datos personales de carácter sensible que pueden poner en riesgo la vida o la seguridad de una persona.
Los pedidos son solicitados directamente al sujeto que tenga la información correspondiente, quien la remitirá al responsables de la Agencia de Acceso a la Información, pública, un ente autárquico que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esta agencia tendrá como objetivo velar por el cumplimiento de los principios establecidos en la ley y "garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa". Su titular será designado por el Poder Ejecutivo por un mandato de cinco años con una sola reelección. Su remoción también estará a cargo del Ejecutivo, en casos de "mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes". Previamente y como ocurre con el presidente del Banco Central, una comisión bicameral deberá emitir un dictamen "no vinculante". Elisa Carrió, de la alianza gobernante, pidió ayer que esa comisión bicameral esté integrada también por jefes de las "dos o tres" bancadas mas importantes del Congreso para que el oficialismo no quede siempre en ventaja frente al resto. Según el dictamen, esa comisión bicameral está constituida por el presidente del Senado, los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías de la Cámara alta y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad de Expresión de la Cámara baja.
Entre otras cuestiones, desde el CELS reclamaron que la Agencia esté presidida por un órgano colegiado para que exista una "representación más plural", pedido que también sostuvieron otras organizaciones.
Durante el debate, la diputada Diana Conti planteó dos puntos centrales. Por un lado, que se amplíe los sujetos que serán alcanzados por la obligación de brindar información pública. El dictamen establece que en el caso de las empresas, sólo aquellas que tengan participación estatal "mayoritaria" estarán alcanzadas por la ley. Esto dejaría afuera a muchas empresas en las que el Estado tiene presencia, a través de la recuperación de las acciones que tenían en ellas las AFJP, pero que no constituye su accionista mayoritario. Por otro lado, que también se incluya como sujetos obligados a las empresas que cuenten con información de interés público.
"El eje central del proyecto es que la mayor cantidad de información que posee el Estado sea pública y que las excepciones sean lo más restringidas posibles", aseguró ayer el diputado macrista Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. "Los argentinos nos merecemos esta ley, así podremos saldar una enorme deuda con la democracia", aseguró la diputada radical Karina Banfi.
Habrá un período de un año desde su publicación en el boletín oficial para que la norma entre en vigencia.
HUICI INFORMÓ QUE LA LEY DE CREACION HABILITA UNA PRIVATIZACION
PARCIAL
Evalúan abrir Arsat a privados
El secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones dijo que estudian esa opción para potenciar las inversiones de la empresa. La prioridad es terminar la red troncal de fibra óptica que comenzó a construir el kirchnerismo.
Héctor Huici remarcó que también buscan mejorar la calidad de la telefonía móvil.
Por Fernando Krakowiak
El secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici, sostuvo ayer que el Gobierno no descarta incorporar capital privado en Arsat para potenciar las inversiones de la empresa. "Arsat tiene previsto por su ley de creación la posibilidad de incorporar hasta un 49 por ciento de capital privado. Habría que plantearse si no hay alguna posibilidad de interesar al sector privado para que capitalice la compañía y el desarrollo pueda acelerarse y mejorarse", aseguró al exponer en las I Jornadas de Telecomunicaciones y Medios Electrónicos que se realizaron en la Universidad Abierta Interamericana, donde detalló los objetivos del Gobierno para el sector.
El funcionario reconoció que el aporte previsto para Arsat en el presupuesto nacional sufrió un recorte que atribuyó al déficit fiscal, lo que llevó a demorar el proyecto de construcción del satélite Arsat 3. Luego sostuvo que, con los recursos disponibles, se está priorizando la terminación de la red troncal de fibra óptica montada por la empresa en los últimos años. "La idea es ofrecer capacidad para poder conectar a mil localidades donde la red ya pasa con capacidad de transporte y transmisión. Ofrecer a un precio competitivo ese acceso a la capacidad troncal para que sean los operadores locales los que completen la inversión y aprovechen la capacidad de transmisión para mejorar los servicios que vienen ofreciendo", remarcó. Fue entonces cuando aclaró que existe la posibilidad de incorporar capital privado a la compañía.
–¿Va a ser una oferta pública o le van abrir la puerta a prestadores de telecomunicaciones? –le preguntó uno de los asistentes.
–Lo mencioné porque existe como posibilidad en su ley de creación, pero eso obliga a elaborar un plan de negocios para Arsat, que es lo que se está haciendo, y revisar las distintas unidades: La parte satelital, la red de fibra óptica, el data center y la mochila de plomo de Arsat, que es el tema de la TDT (Televisión Digital Terrestre). Es una posibilidad que existe y que merece la pena ser estudiada.
Huici remarcó además que uno de los objetivos de corto plazo de su gestión será mejorar la calidad de la telefonía móvil. Lo que se buscará es fortalecer el despliegue de la red facilitando la instalación de antenas en propiedades del Estado nacional. "Probablemente, en poco tiempo se conozca una norma que le ordene al AABE, organismo administrador de los bienes del Estado, que ponga a disposición de las compañías de telecomunicaciones, inmuebles estatales para cumplir con esta finalidad con algunos incentivos económicos.
–¿Qué tipo de incentivos económicos les van a dar? –preguntó Página/12.
–El incentivo es una bonificación en el valor del alquiler. Las empresas pagan por el alquiler de estos espacios, incluso le pagan al Estado porque ya le están alquilando algunos inmuebles. Lo que estamos pensando es que en la medida en que esa instalación sea más rápida se bonifique un año de alquiler y si se comparte la infraestructura entre dos o más empresas se bonifiquen hasta tres años. También se va a exigir que el contrato de alquiler tenga una duración mínima de diez años.
Huici planteó además como una de las prioridades de su gestión el dictado de la nueva ley que buscará regular medios audiovisuales y telecomunicaciones, aunque aseguró que ve difícil que la comisión redactora del proyecto cumpla con los tiempos previstos en su resolución de creación. "Hay un plazo de 180 días para que se tenga un borrador del proyecto, a mí modo de ver es un poco optimista, aunque la propia norma prevé que a pedido de la comisión el Ministerio pueda extender este plazo", remarcó.
También aseguró que va a continuar la asignación de frecuencias para la Televisión Digital Terrestre, aunque reveló que evalúan cambios en la gestión del espectro radioeléctrico: "Tenemos que replantearnos, sobre todo en un escenario convergente, cómo vamos a administrar el espectro de radiodifusión. Si vamos a seguir teniendo divisiones tan tajantes o vamos a dar más flexibilidad en su uso para que cuando alguien encuentre socialmente útil hacer televisión haga televisión y cuando encuentre útil vender un servicio de transmisión de datos haga eso y si quiere agregarle movilidad también pueda hacerlo". Además, sostuvo que la voluntad oficial es concretar el apagón analógico a mediados de 2019, como está previsto. "Creo que hay que avanzar con el apagón y no plantear prórrogas sucesivas porque sino nunca se lo va a hacer", concluyó.
fkrakowiak@pagina12.com.ar
LOS ASISTENTES A LA TIME WARP FUERON 20 MIL,
SIETE MIL MAS QUE LO PERMITIDO Y EL DOBLE QUE
LO
INFORMADO POR LA CIUDAD
Costa Salguero, más cerca de Cromañón
La Agencia Gubernamental de Control había informado que en Costa Salguero hubo 10.900 personas. En la investigación que lleva adelante el juez Casanello se comprobó que fueron casi el doble. La habilitación permitía una concurrencia máxima de 13 mil.
Según las pruebas, no hubo control del gobierno porteño sobre la cantidad de gente que entraba al predio de Costa Salguero
Por Horacio Cecchi e Irina Hauser
En la fiesta electrónica Time Warp en el predio de Costa Salguero había alrededor de 20 mil personas, no 10.900, que es la cifra que informó como dato oficial el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora, ese dato surge de los mensajes que se enviaban por Whatsapp algunas de las personas que estaban vinculadas a la organización y la seguridad, cerca de los molinetes de la entrada. Cuando, a la mañana del sábado, llegó al lugar el fiscal de instrucción Sandro Abraldes, los contabilizadores de esos molinetes no se encontraron. Según las pruebas que fueron llegando hasta ahora al juzgado de Sebastián Casanello, no hubo control de las distintas agencias y direcciones del Gobierno porteño que debían intervenir para fiscalizar la cantidad de gente y, entre otras cosas, si era apropiado el número de socorristas y ambulancias para semejante concurrencia, además de la idoneidad de las empresas que prestaban esos servicios, sobre las que hay dudas.
En su informe después de la tragedia, la Agencia Gubernamental de Control informó que la habilitación para la fiesta tenía un límite de 13 mil asistentes e indicó que, a las 3 de la mañana, llegaban a 10.900. El informe queda cuestionado ahora con el curso de las investigaciones.
La causa tiene dos líneas de investigaciones diferenciadas. Una trabaja sobre la organización del evento, las responsabilidades del gobierno de la ciudad (por ejemplo, el juzgado tiene confirmado que no intervino la Dirección de Higiene, tal como señaló Página/12, y sabe que son varias las direcciones porteñas que no cumplieron su función). En ese punto entraría el dictamen del fiscal federal Federico Delgado, sobre el pedido de indagatoria a Martín Gontad – el productor considerado introductor del género de música electrónica en Argentina, y que está involucrado de algún modo en la organización del evento de Costa Salguero –.
Delgado lo responsabilizó como involucrado en la organización de la fiesta Time Warp. Gontad había declarado como testigo en la investigación. "Allí describió –cita Delgado– su participación en la fatídica fiesta electrónica: 'soy asesor de contenidos artísticos', 'lo que hago es asesoramiento', 'mi paga depende del asesoramiento que haya dado, y de cómo haya resultado la fiesta'".
Delgado consideró en su dictamen que su rol como participante en la organización de la fiesta ("podríamos decir que estuvo codo a codo con la gente de Dell Producciones", señaló) "lo excluye de la posición de testigo".
También incluyó en su dictamen que testigos "revelaron que la productora 2NET participaba de la organización de la fiesta, que esa productora también lo era de Creamfields y Moonpark y que Martín Gontad era el dueño. La afirmación de uno de ellos fue contundente:" – citó Delgado – "La organización fue horrible, como siempre que organiza la productora 2NET o Dell producciones, que parecen ser los mismos dueños'".
Delgado también citó el testimonio de una escribana convocada por Dell Producciones para estar presente "en todos los eventos que la empresa organiza y, en particular, mencionó que a Martín Gontad lo conoce de verlo en todos los eventos organizados y que circula con un handy".
La otra pata en la que se divide la investigación es la que tiene que ver con la venta de drogas y la zona liberada, en la que están involucrados los prefectos, quienes entregaron la bolsa con drogas sintéticas a los prefectos y, ahora, la detención de tres personas acusadas de distribuir drogas durante la Time Warp.
Uno de los detenidos es argentino, de 22 años, técnico en computación y empleado de una empresa de electrodomésticos. Lo detuvieron en una vivienda en Villa del Parque. Fuentes judiciales informaron que en la vivienda fue hallada la suma de 210 mil pesos, pastillas de droga sintética, tres celulares, marihuana, una sustancia en polvo blanca, entradas para el festival de Time Warp y una balanza.
También detuvieron a un ciudadano dominicano, de 39 años, y a otro ciudadano colombiano, de 28, quien se encuentra en libertad condicional.
Entre los testimonios recibidos por Casanello, también aparece el de la escribana señalada por Delgado.
La mujer dijo haber sido contratada por Dell Producciones, y declaró que trabajó en el lugar del evento desde las 20.45, en una zona apartada de la fiesta. Afirmó que fue un "caos" lo que presenció y manifestó que a las 6.20 personal de seguridad abrió la puerta del lugar donde se encontraba al grito de "escribana, enfermería", por lo que se dirigió a ese sector y vio "médicos corriendo hacia todos lados". Relató que en la enfermería que funcionaba dentro del predio vio a una médica con una jeringa en la mano diciendo: "es la última dosis" y afirmó haber presenciado que otros hacían masajes cardíacos a un joven.
A todo esto, la Cámara Federal citó para el martes próximo a la defensa de Adrián Conci, el organizador al menos nominal de la fiesta como titular de Dell Producciones, para definir la situación respecto al pedido de eximición de prisión rechazado por el juez Sebastián Casanello. Por el momento, Conci está considerado prófugo de la justicia.
Su abogado, Fernando Burlando, aseguró ayer que su defendido "no vende droga porque su negocio es otro, es mucho mejor". Burlando también manifestó que "hay situaciones en las cuales Conci deberá dar explicaciones" y remarcó que su defendido tiene una "notoria" responsabilidad civil sobre lo que sucedió en la fiesta Time Warp. También aseguró que Conci se presentará ante la Justicia aunque la Cámara no dé lugar al pedido de "exención de prisión", que se encuentra en proceso de apelación.
"Hay situaciones en las cuales Conci deberá dar explicaciones. ¿Hay responsabilidad civil? Obviamente, notoria de Conci, pero yo estoy tratando de aclarar que Conci no vende droga porque su negocio es otro, es mucho mejor", aseguró el abogado.
Además, sostuvo que "habría que tener una fábrica de éxtasis para proveer 30 mil pastillas por noche", las que estimó que se consumen en este tipo de fiestas electrónicas. "Los primeros responsables" – sostuvo Burlando – "son los narcotraficantes. Conci tiene algún tipo de responsabilidad, pero no vamos a decir que estaba vendiendo droga él o que le estaba inyectando drogas. Son hipótesis que no son ciertas. También se decía que Conci vendía droga en forma organizada y no es así", aseguró Burlando. También se refirió al agua: "Si no hubiese habido agua, hubiese habido más de 10 muertos", especuló porque la droga que presuntamente consumieron los jóvenes "te deshidrata en el instante". Apuntó además contra la Prefectura, cuando señaló que "hubo mucho descarte de droga antes de ingresar, se llamó a Prefectura para que adopten alguna medida y Prefectura se limitó a mandar un mensaje al encargado de seguridad a las 4 de la mañana que decía 'oki'". De la bolsa con drogas entregada a la Prefectura, no dijo nada.
Los tres jóvenes que están internados en el Hospital Fernández tras haber participado de la fiesta Time Warp en Costa Salguero donde murieron cinco personas continúan con "una leve mejoría, estables y con asistencia respiratoria mecánica", indicó el parte médico emitido ayer por el Ministerio de Salud porteño.
De acuerdo el informe, el paciente masculino identificado como "L.E." permanece "estable, con asistencia respiratoria mecánica, continúa con leve mejoría, no ha tenido convulsiones, función renal normal, normalización de las enzimas musculares y está internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva".
Otro de los jóvenes, identificado en el parte como "N.L", también masculino, también sigue "estable, con asistencia respiratoria mecánica, con leve mejoría de la función respiratoria, normalización de las enzimas musculares, internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva".
Mientras que la única mujer internada en ese centro de salud, bajo las iniciales "M.P.", se mantiene "estable, con asistencia respiratoria mecánica, continúa con leve mejoría de la función hepática, normalización de las enzimas musculares, internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva".
Por otro lado, el joven que fue trasladado al Hospital Rivadavia "evoluciona favorablemente", indicó el Ministerio de Salud porteño.
Los internados siguen con leves mejorías
Los tres jóvenes que están internados en el Hospital Fernández tras haber participado de la fiesta Time Warp en Costa Salguero donde murieron cinco personas continúan con "una leve mejoría, estables y con asistencia respiratoria mecánica", indicó el parte médico emitido ayer por el Ministerio de Salud porteño.
De acuerdo el informe, el paciente masculino identificado como "L.E." permanece "estable, con asistencia respiratoria mecánica, continúa con leve mejoría, no ha tenido convulsiones, función renal normal, normalización de las enzimas musculares y está internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva".
Otro de los jóvenes, identificado en el parte como "N.L", también masculino, también sigue "estable, con asistencia respiratoria mecánica, con leve mejoría de la función respiratoria, normalización de las enzimas musculares, internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva".
Mientras que la única mujer internada en ese centro de salud, bajo las iniciales "M.P.", se mantiene "estable, con asistencia respiratoria mecánica, continúa con leve mejoría de la función hepática, normalización de las enzimas musculares, internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva".
Por otro lado, el joven que fue trasladado al Hospital Rivadavia "evoluciona favorablemente", indicó el Ministerio de Salud porteño.
EL OFICIALISMO RECHAZÓ CITAR A RODRÍGUEZ
LARRETA A LA LEGISLATURA POR LA TRAGEDIA
DE COSTA SALGUERO
Andar interpelando al jefe no es PRO
La Legislatura porteña aprobó un pedido de informes al Ejecutivo en torno de la fiesta trágica, pero el macrismo impidió la interpelación del jefe de Gobierno, como reclamó la oposición. También bloqueó la iniciativa de crear una comisión investigadora sobre el hecho.
El pedido de informes se aprobó con 55 votos, tras haber llegado a un consenso sobre las preguntas.
La Legislatura porteña aprobó un pedido de informes al Ejecutivo en torno de la habilitación de Costa Salguero para la realización de la fiesta electrónica Time Warp, en la que fallecieron cinco jóvenes y otros cinco quedaron internados en estado grave. El requerimiento de los legisladores se aprobó con 55 votos y exige una respuesta al gobierno porteño sobre el papel de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y otras dependencias porteñas, antes, durante y después del evento. En tanto, el bloque oficialista impidió la aprobación de la solicitud para interpelar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la conformación de una comisión investigadora sobre la tragedia. El legislador del Frente para la Victoria Carlos Tomada recordó que la fiesta "se realizó en la ciudad, en un predio porteño, que debía controlar el gobierno porteño, donde murieron cinco jóvenes y, sin embargo, la agenda del Ejecutivo no se altera". Rodríguez Larreta continúa de viaje en Estados Unidos.
Después de hacer un minuto de silencio por las víctimas, los diputados consensuaron un texto en común a partir de once pedidos de informes que fueron presentados desde el lunes en la Legislatura por parte de los bloques de la oposición respecto de lo ocurrido en Costa Salguero. El pedido concreto al Ejecutivo incluye la presentación de una copia del contrato entre la empresa que llevó adelante el evento, Dell Producciones SA, y el responsable del predio Costa Salguero, así como el expediente del permiso otorgado a los organizadores de la fiesta. La iniciativa fue impulsada por los diputados del FpV, Frente de Izquierda, Bien Común, Coalición Cívica-ARI, Partido Socialista y Unión Cívica Radical.
"Queremos saber qué pasó y por qué. Queremos saber si ocurrió por incompetencia, negligencia o connivencia de los responsables privados y públicos a cargo de la organización y control del evento", señaló Tomada. En ese sentido, repasó otros casos ocurridos en los últimos años en los que, "por falta de control del Estado porteño debieron lamentarse víctimas", como el incendio en el sótano de un taller clandestino en 2015, donde murieron dos niños de 7 y 10 años, el de la empresa Iron Mountain, donde fallecieron 10 personas entre bomberos y rescatistas, los derrumbes en el boliche Beara en 2010 y en el gimnasio Orión en el mismo año, donde fallecieron dos y tres personas, respectivamente. El jefe del bloque del FpV consideró que "el sistema de control del gobierno porteño está en una profunda crisis" y anticipó que él y sus compañeros de banca apoyarán "todos los proyectos que se gesten para saber qué sucedió en Time Warp".
La iniciativa surgió a partir de la presentación del titular de la AGC en la Legislatura el lunes último, que varios bloques coincidieron en considerar "insuficiente". Al respecto, la diputada Paula Oliveto Lago cuestionó que el funcionario reivindicara el accionar de su organismo a cargo. "¿Cómo podía afirmar que estaba todo correcto si él no estaba? ¿Cómo la muerte de cinco personas no le generó por lo menos la duda que lo lleve a solicitar un sumario administrativo?", manifestó. En tanto, José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FpV), subrayó que "hay conexiones entre los concesionarios y el gobierno de la ciudad que le dan mayor gravedad al tema".
En los 44 puntos del pedido de informe, los legisladores también buscan conocer si existieron en los últimos dos años denuncias respecto de irregularidades detectadas en la realización de fiestas electrónicas en ese predio de la Costanera y si la empresa organizadora registró sanciones por parte del Gobierno de la Ciudad. Por otro lado, exige que se notifique acerca de los requisitos exigidos por la AGC para dar habilitaciones a fiestas, saber cuántas personas contemplaba ese permiso y si el evento contaba con la cobertura de servicio médico.
Además, se indaga sobre "si el Gobierno de la Ciudad realizó inspecciones u otro tipo de controles en el interior o en las inmediaciones durante el desarrollo del evento, especificando horarios de cada uno de ellos y detalle de la cantidad de inspectores intervinientes". Otra información a la que los legisladores exigen acceder es "cómo y en qué oportunidades se verificó el suministro de agua fría en los servicios sanitarios", cuál fue "la cantidad y ubicación de los dispensers de agua"; "si se controló la cantidad de agua mineral comercializada, el precio, la marca y si la misma cumple con los controles necesarios para su venta". Del mismo modo, requiere datos del SAME sobre la situación que encontraron los médicos al llegar a la fiesta y que se detallen los casos de deshidratación, intoxicación, sobredosis y muertes registradas en los asistentes.
A su tiempo, el diputado socialista Roy Cortina vinculó lo ocurrido en Time Warp con el incendio de Cromañón en 2004 por "tener la misma matriz" y sostuvo que espera que "las ideas que sostenían los actuales funcionarios en esa ocasión, cuando eran oposición (por el pedido de renuncia del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra) las sostengan. En el mismo sentido, Lorena Pokoik, del FpV, ligó ambos hechos y señaló: "De igual modo que en ese momento a los chicos no los mató ni la bengala ni el rock and roll, en este caso tampoco se trata de las drogas y la falta de agua, sino de la ausencia del Estado".
Los legisladores requieren conocer las medidas y acciones implementadas para impedir el ingreso, consumo y venta de drogas y si exigió al concesionario un mecanismo de prevención y control. Por último, los diputados consultan sobre el contrato con la empresa concesionaria del Costa Salguero, Telemetrix S.A. y el canon abonado.
Informe: Paz Azcárate.
EL BALANCE DE LA SESION EN LA ONU
"Punto de apertura"
Por Mariana Carbajal
La sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre drogas, que terminó ayer en Nueva York, dejó un sabor semiamargo entre quienes esperaban que esta cumbre mundial dejara atrás el paradigma de la guerra contra las drogas, con una fuerte condena por su rotundo fracaso. De todas formas, el documento aprobado por los 193 países miembros, que incluye mínimos consensos, abre la puerta para la discusión de reformas en países que busquen enfrentar el problema con un enfoque en la salud pública y el respeto de los derechos humanos.
Consultados por Página/12, dos especialistas en la temática que siguieron las discusiones en la ONU analizaron lo que dejó la reunión, convocada a pedido de los presidentes de México, Guatemala y Colombia, frente a los devastadores efectos que el planteo prohibicionista y punitivista está dejando en sus territorios, en términos de violencia, corrupción y asesinatos, en la disputa del negocio narco. Al mismo tiempo, en todo el mundo se observa que las sustancias sometidas a control están más disponibles y son más accesibles que nunca, que las políticas vigentes de "mano dura" significaron abusos sistemáticos a los derechos humanos y aumento de la transmisión de VIH y hepatitis C, 187 mil muertes evitables relacionadas con drogas cada año, la estigmatización de las personas que consumen drogas y miles de millones de dólares en fondos públicos destinados a políticas que evidentemente no funcionan.
"Ungass más que un punto de cierre para las reformas es un punto de apertura. Aquí se dejó la inconformidad expuesta y se hizo evidente la diferencia entre los dos modelos sobre drogas que queremos. Y es muy probable que ahora cada país empiece a hacer interpretaciones muy locales, muy contextuales y que respondan mucho a sus realidades", consideró el sociólogo Julián Quintero López, fundador y director de Acción Técnica Social (ATS), una ONG colombiana que trabaja desde 2008 en reducción de daños y mitigación de riesgos por consumo de sustancias psicoactivas. Quintero fue representante por Colombia en el Task Force, previo a Ungass 2016.
–¿Qué deja esta cumbre sobre drogas? –le preguntó este diario a Lucila Pol, investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
–El documento aprobado ha dejado muchos temas importantes sin atender. También podemos decir que ha sido una solución de compromiso, pero un compromiso entre posiciones muy distintas que será difícil de seguir manteniendo. Hay una serie de países que piden reevaluación del sistema, y hay otros que pugnan por el statu quo. Se esperaba que esta Sesión Especial fuera el escenario de una evaluación profunda del sistema de control de drogas. Se esperaba que se introdujera las opiniones técnicas de las otras agencias de Naciones Unidas que estudiaron las consecuencias del sistema, como PNUD, como el Consejo de DD.HH., la OMS, ONU-Mujeres. Pero, pese a que todas estas agencias han elaborado análisis y recomendaciones muy interesantes, estas opiniones no han sido volcadas en el documento de resultados. Tampoco se ha dado lugar a la evaluación de políticas alternativas que muchos países están ya implementando, como la descriminalización del consumo o la regulación de los mercados.
–¿Cuál es su balance, entonces?
–Creo que en Derechos Humanos hay debilidades, como el no reconocimiento del problema que significa la criminalización del consumo para los derechos de las personas, y aun para poder tener políticas de salud efectivas. También el no reconocimiento del enorme impacto de las políticas de drogas en la tasa de encarcelameinto y la sobrepoblación carcelaria, en la afectación a mujeres, a los derechos de los pueblos indígenas y el uso de la pena de muerte. Y, muy importante para nuestra región, en los niveles de violencia asociados al tráfico y a las respuestas estatales. Se puede destacar, por otro lado, la sección dedicadas a asegurar el acceso a medicinas controladas. Se reconoce aquí un serio problema asociado a las políticas de control, que hace que en muchos países, los más pobres, decenas de miles de personas con enfermedades terminales no accedan a tratamientos contra el dolor. También se reconoce la desproporcionalidad en las penas a delitos de drogas en muchos países. Y se da más relevancia al derecho internacional de DD.HH. como marco para el diseño de políticas de drogas. Se mencionan tácitamente las estrategias de reducción del daño, aunque no se las llama por su nombre.
–¿Cómo puede impactar en la política argentina?
–Argentina ha mencionado la intención de llevar adelante políticas centradas en las personas, más que en las sustancias. Y también políticas basadas en los derechos humanos y la salud. Entonces este sesión debería plantear un debate interno respecto de cómo llevar eso a la práctica, qué significa en términos de asignación de presupuesto, de diseño de políticas. Pero la postura que enunció la canciller Susana Malcorra en el plenario fue muy fuerte en redoblar los esfuerzos en el control de la oferta y por eso planteó la necesidad de luchar frontalmente contra el tráfico de drogas y el flagelo de las drogas. En este último sentido no parece haber una evaluación de qué resultados ha dado hasta ahora, de cómo enfrenta nuestro sistema penal y de seguridad al narcotráfico, se plantea el qué, pero no se reevalúa el cómo.
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