lunes 18 de abril de 2016
OPINIÓN
Los contrastes brasileños
Por Emir Sader
A los contrastes que caracterizan a Brasil, hay que agregar otro: el paisaje de ayer domingo 17 de abril presentó el contraste entre las más amplias manifestaciones de masa que el país haya conocido y la decisión más antidemocrática tomada por un Congreso que no refleja nada de la sociedad, cercado por 200 mil personas en contra el golpe.
La votación fue fijada para un domingo por Eduardo Cunha, el nefando presidente de la Cámara, porque creía que los favorables al golpe colmarían los espacios públicos, en particular alrededor del Congreso. Pero todo resultó lo contrario: fueron los antigolpistas que congregaron a cientos de miles de personas en cientos de ciudades. Por primera vez Copacabana no fue el escenario de los derechistas, sino que las comunidades de las favelas bajaron para hacer su música funk, copando la playa.
El que mirara a la sociedad brasileña, diría que el golpe estaría derrotado. Pero el Congreso es otro mundo. Aun cuando el PT triunfó en las urnas por cuarta vez consecutiva, la composición del Congreso cambió considerablemente de forma negativa. Siendo el último Congreso elegido con financiamientos empresariales, la derecha concentró ahí su fuerza y logró imponer el peor Congreso que Brasil haya tenido en democracia. Controlado por los lobbies del armamento, de las religiones fundamentalistas, del agronegocio, de los planes privados de salud, de los medios privados de comunicación, de la enseñanza privada.
Por otra parte, los movimientos sociales y populares no tienen tradición de elegir sus bancadas de parlamentarios. Mientras los intereses privados en salud y educación tienen sus bancadas, no hay representantes parlamentarios de la enseñanza pública ni de la salud pública. Sin hacer referencia a todos los sectores sindicales, además de los de la juventud negra, de mujeres, de periodistas, estudiantes, entre tantos otros.
Es un Congreso blanco, de adultos, de hombres, de clase media alta y de estratos ricos de la sociedad, en gran medida. Hay 3 representantes de los trabajadores rurales y un enorme lobby de dueños del agronegocio, lo inverso de como es la situación en el campo brasileño.
Es así que es posible ese contraste entre las calles y el Plenario de la Cámara de Diputados. Siendo el último Congreso con financiamiento empresarial, el movimiento popular, fortalecido como nunca con estas movilizaciones, podría llegar a la conclusión de que sólo habrá un Congreso progresista si los movimientos populares eligen sus propios representantes, a fin de contribuir a superar ese grave nudo político en Brasil.
El otro inmenso contraste es de carácter moral: el político más corrupto de Brasil, reo por escándalos de desvíos de dinero, incluyendo cuentas no declaradas en Suiza, promovió por venganza –porque el PT adhirió a que él sea procesado por la comisión de ética de la Cámara–, que se lleve a cabo un proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff sobre quien no hay ninguna acusación de improbidad y sobre quien hacen acusaciones de irregularidades administrativas en el presupuesto. No puede haber contraste humano y moral más grande que entre Eduardo Cunha y Dilma Rousseff.
Qué pasará ahora en Brasil. La crisis, en lugar de ser superada, se ahonda. Sea por un período de indefinición institucional, hasta la primera votación del Senado con mayoría simple, la participación del Supremo Tribunal Federal y la votación final del Senado, que se debe pronunciar por dos tercios sobre el impeachment, como decisión final.
Si ya estaba paralizado, el país ahora va a quedar en suspenso, hasta la decisión final del Senado, donde la derecha no tiene los dos tercios que necesita. Nadie cree que un gobierno de Michel Temer, en caso que llegue a existir, pueda tener lo mínimo de estabilidad para sobrevivir a la crisis brasileña, que incluso promete un duro ajuste fiscal. Se va a chocar con un movimiento de masas más fuerte que nunca y con el liderazgo político de Lula. La perspectiva más probable es que se llegue, al final de una crisis institucional que no tiene hora para concluir, a nuevas elecciones directas, incluso antes del 2018, donde el nombre de Lula, con estas espectaculares movilizaciones populares, despunta como el gran favorito. Otro contraste en este país de tantos contrastes.
OPINIÓN
La vuelta
Imagen: Pablo Piovano
Por Eduardo Aliverti
Entre varios o muchos kirchneristas jugaban con el "Gracias, Bonadío". Pero se destacó mucho más el rosario de insultos destinado al juez por los activistas anónimos que militan en la furia anti K de las redes cloacales, junto con las prevenciones y críticas que ya se habían posado sobre el emperramiento del magistrado.
Ese aspecto del retorno público de Cristina merece detenimiento. Si sólo fuera cuestión de lo que dijeron los anónimos del odio, sería un paisaje tan previsible como la impotencia que les generó la vuelta de la yegua. Pero fue desde algunos operadores del propio Gobierno, y en sus órganos periodísticos, donde se trabajó para que la Cámara desactivara citar a la ex presidenta. El fracasado emprendimiento de evitar a Cristina en Comodoro Py respondía a tres motivos. Primero, la acusación propiamente dicha –haber maniobrado en forma espuria con la cotización de dólares a futuro – es una fantochada indescriptible que provoca vergüenza ajena hasta en los juristas adherentes al macrismo. No es únicamente que se trataría de judicializar resoluciones de política económica, con lo cual es susceptible de llevarse a tribunales cada decisión que tome cualquier gobierno. Es que, para el caso, el Banco Central otrora comandado por Alejandro Vanoli ejecutó la oferta con el aval del presupuesto nacional sancionado por el Congreso, que implicaba por naturaleza tales y tales procedimientos financieros luego arrasados por el Ejecutivo macrista. Si la lógica se extremara, deberían citar a todos los legisladores de aquella instancia sancionatoria. Es una causa judicial sin pies ni cabeza que no sean la persecución a Cristina o bien, si no quiere interpretárselo como una actitud corporativa, el resentimiento y las ansias de protagonismo de un juez en particular. Son columnistas principales del macrismo quienes venían advirtiendo eso mismo. Que el expediente no aguanta los trapos. El siguiente aditamento, justamente, fue que la insolvencia profesional de Bonadío es vox populi en el ámbito tribunalicio. Por último, pero no lo menos importante y, más aún, el motivo central: debía eludirse como fuere que Cristina encontrase servida la posibilidad de victimización y, encima, con una larga lista de condimentos demasiado favorables. Reaparición al cabo de cuatro meses de silencio. Multitud esperándola, desde sus fans hasta quienes la detestan en proporción similar a lo improbable de no caer bajo el embrujo de su oratoria, de su sola presencia, de esperar a con qué se despacha. Una manifestación impresionante, conmovedora, en día laborable, a la mañana, bajo la lluvia – encima bajo la lluvia – enmarcada por ese espacio físico desacostumbrado, siempre con esa disfonía y esas pausas discursivas que le inyectan épica a cada cosa que dice, y el sentido de vigilia de sus militantes y admiradores frente a un departamento que el gorilaje infinito no puede soportar que quede en Recoleta. Y esta vez sin siquiera la excusa repugnante de que se marchaba gracias a micros y choriplanes.
Entonces, sí que daba, y cómo, para que se acordaran de toda la familia de Bonadío. Los medios que vociferaban contra la agotadora continuidad de cadenas nacionales pusieron el discurso de Cristina precisamente en eso, en cadena, y se abundó en que fue el juez quien la reinstaló en el centro de la escena. Uno de esos medios, el que ya se sabe, tuvo la ocurrencia de acompañar su logo televisivo con una cinta negra, a modo de crespón, mientras ella hablaba. Hubo de hacerse un esfuerzo grande para deducir que era en homenaje a Mariano Mores. Recortaron una ventana de pantalla simultánea con Macri en Salta, entregándole medallas a jóvenes wichí y anunciando que hablaría en instantes. La ventana permaneció unos pocos minutos y a nadie le importó si, en efecto, Macri habló o se fue silbando bajito, porque lo exclusivo que interesaba era Cristina y la multitud bajo la lluvia que un drone, de o por Infobae, filmó para el asombro de propios y ajenos. Todo lo que Macri pudo exponer después fue el adjetivo "desafortunado", no se sabe en referencia a qué: si al discurso de Cristina, si al inmenso gentío que fue a respaldarla o si a que sus operadores no pudieron evitar que el juez servilleta la citara (tema, este último, que igualmente obró de disparador para chanzas y cuestionamientos entre el palo macrista. "Despertate, Mauricio", y otras lindezas por el estilo fueron moneda corriente entre sus activistas de albañal). Sin embargo, todo lo señalado hasta aquí constituye en sustancia el tramo emocional y mediático – nada menor, por cierto, dado su inmenso carácter simbólico – de la reaparición de Cristina. Y la observación de que "Bonadío lo hizo" es apenas un chascarrillo o una mostranza de enorme pobreza analítica. Ni el más respetable de los expertos jurídicos, no ya un amateur político y pericial como Bonadío, hubiera impedido que la gente se juntase para apoyar a su jefa, su referente, su ícono. Y ante todo porque, si no era ahora gracias al mamarracho y la obsesión personal o corporativa de pretender cercarla judicialmente, Cristina estaba presta a volver al ruedo de todas maneras y cuando se le antojase, más temprano que tarde o al revés. Bonadío es un objeto. El sujeto es Cristina. Quienes piensen que ese juez es un disparador estructural, y no fortuito, casi increíblemente no saben o no quieren entender que la gente se juntó en esencia por ella, no para indignarse contra un hombre gris. Por ella y contra Macri. Por lo bueno de los doce años y contra el ajuste a favor de la pandilla de los ricos asociados al Gobierno. Decir que Bonadío lo hizo es tan solvente como argumentar que la fiebre es una enfermedad y no un síntoma.
De ahí en más, y allí el desafío intelectual y operativo, se necesita cuantificar políticamente. Cristina o el kirchnerismo genéricamente descripto volvieron a demostrar con creces que la calle es de ella. Pero resulta que perdieron las elecciones, no importa si por un pelo, a manos de una derecha más parecida a conservadores brutales que a unos liberales con rasgos de sensibilidad social; el paquete de "medidas sociales" anunciado el sábado pasado es tan formalmente positivo como a la vez una gota perdida en un océano de otro tipo. Tarifazos, inflación al trote, bandeja servida a los gerentes de las corporaciones más concentradas que cual si fuera poco asumieron directamente como funcionarios, liquidación de toda voz disonante en los medios públicos, rendición incondicional ante buitres locales y foráneos, despidos a mansalva, promesas de inversiones externas que apenas son hipótesis contra las que sólo avanza achicar el mercado interno. A la par, aunque ya un poco o un tanto devaluadas, todavía rigen expectativas favorables de un sector de la sociedad, amplio. Se articulan en esa franja gorilismo ancestral con voluntades fluctuantes que hoy van para acá y mañana para allá, sin más ideología que el humor económico o político del momento. Y como frutillita del postre, que admite el diminutivo pero tampoco deja de ser un dato a tener en cuenta, el peronismo quedó fragmentado en tres, cuatro o más secciones, y le hace el juego al Gobierno. Más la inoperancia, siendo contemplativos, de las CGT. Podría hablarse, en consecuencia, de algo así como un triple empate entre quien tiene la calle y el entusiasmo opositor; quien todavía maneja o administra las esperanzas de lo recientemente votado; y quien se aguachentó, o está nocaut, o traicionó, en esa tensión permanente que tiene el peronismo hacia derecha e izquierda. Puesto en categorías de análisis concreto del ejercicio del poder, sea porque se lo implementa o porque se aspira a (re)practicarlo, el kirchnerismo tiene una líder que es la máxima figura política del país, por robo, pero no le alcanzan ni los votos ni la energía social para cortarse solo. La derecha gobernante tiene proyecto o energía pero carece de líder, por completo, necesitando a los peronistas fragmentados para asegurarse territorio. Y los peronistas ésos, que disponen de territorio, no tienen ni proyecto ni líder.
Consciente de la parte que le toca, al margen de su oratoria incomparable y unida a las chicanas perfectas promotoras de ese sello, el del liderazgo, Cristina produjo frente a la multitud un discurso en el que descollaron dos palabras. O figuras. Ciudadanía y Libertad. Una en forma de convocatoria, que es el Frente Ciudadano para oponerse a la ofensiva macrista de joder a los que menos tienen. Y la otra apuntando contra la voz virtualmente única, bien de derecha, que se impone en los medios de comunicación fijadores de agenda. Esto, lo segundo, en rigor incluyó a mucha gente, no sólo empleados públicos sino también del sector privado, que cambió sus perfiles en las redes sociales, que tiene miedo de manifestar sus opiniones libremente, que siente el acoso de que mostrarse disruptiva respecto de este tiempo derechoso puede involucrar venganza patronal, no conseguir el trabajo que ya falta, comprarse problemas. Ciudadanía y Libertad no formaban parte de la oratoria elocuente que, sobre todo en el tramo postrero de la gestión K, se dirigía solamente a los convencidos. Cristina tomó nota, o eso pareció, de lo señalado líneas arriba. De que la tropa propia no basta. De que la minoría socialmente más intensa, más activa, la que no es pecho frío, sirve para dar y darse un necesarísimo baño de masas, pero no para conservar o reconquistar el poder. Hace falta, le hace falta, ir por los fluctuantes. Y fue así que introdujo banderas retóricas, abarcadoras, bien que no del tipo de las usadas por Cambiemos para pregonar – con alta eficacia de marketing – que todos seremos felices, que la política es un cuento de hadas, que no hay porqué para que haya conflictos y que vamos a la pobreza cero.
Tremendo desafío eso del Frente, para las circunstancias "Ciudadano" y no Popular, pero por algo se empieza. La letra, para variar, la escribió Cristina. La orquesta es colectiva, y dirigida por quienes sepan leer mejor.
CFK SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN DE LOS MEDIOS
Y DESTACÓ UNA NOTA DE PÁGINA/12
"El coro uniforme nunca es bueno"
CFK apuntó contra "el cinismo del doble discurso" del Gobierno, que mientras hacia adentro alude a la herencia recibida, hacia afuera elogia la situación del país, según reveló este diario. "¿A quién le mienten? ¿A los argentinos? ¿A los extranjeros? ¿O a todos?", preguntó.
Cristina Fernández tiene previsto hoy un encuentro con intendentes bonaerenses. Imagen: Pablo Piovano
"El coro uniforme y permanente nunca es bueno para ninguna sociedad", dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner, en un mensaje a un programa de radio, donde abogó por la diversidad de voces. A través de Twitter, la ex presidenta se solidarizó con los "hermanos de Ecuador" por los efectos dramáticos del terremoto y, ayer a la tarde, difundió una serie de mensajes sobre una nota publicada por Página/12 en su edición del domingo con un documento que presentó el gobierno de Mauricio Macri en el exterior para atraer inversiones de Estados Unidos, donde se elogia la situación argentina. "El cinismo del doble discurso", tuiteó CFK. "¿A quién le mienten? ¿A los argentinos? ¿A los extranjeros? ¿O a todos, todo el tiempo?"
Tras su reaparición pública la semana pasada, la ex mandataria sigue en Buenos Aires, donde encabezará diversos encuentros políticos desde la Fundación Patria. En la sede del edificio de Rodríguez Peña y Rivadavia se espera hoy un encuentro con intendentes peronistas de Buenos Aires.
Ayer a la mañana se conoció un mensaje que CFK envió al programa "Un poco más", de la 750 AM. El programa, conducido por el parlamentario del Mercosur Eduardo Valdez, había anunciado ese mensaje un día antes a través de las redes sociales. Durante una intervención muy breve, la ex presidenta abogó por la existencia de espacios con pluralidad de voces y convocó a alentar el "pensamiento crítico". "Hay que tener un pensamiento crítico para poder pensar." – dijo – "La uniformidad siempre es mala y siempre es bueno tener un pensamiento crítico. Por lo menos a mi generación nos educaron de esa manera, la modernidad era tener un pensamiento crítico sobre todas las cosas." Luego de felicitar a los integrantes del espacio, a los dueños de la radio y extender el saludo muy especialmente a Víctor Hugo Morales, que acaba de incorporarse a la grilla de esa emisora, Cristina auspició que "siga de la forma en la que lo están haciendo, siendo una voz distinta al coro uniforme y permanente que nunca es bueno para ninguna sociedad".
Más tarde, desde su cuenta en Twitter, CFK expresó su "amor y solidaridad" para con el pueblo de Ecuador. Luego, escribió varios mensajes recomendando la lectura del artículo de Werner Pertot publicado ayer en este diario, donde se reveló un documento elogioso sobre el estado del país que elaboró el gobierno de Macri para buscar inversiones afuera. "Los papeles internos" – a los que accedió Página/12 – "dan una imagen muy distinta del 'país quebrado' y la pesada herencia de la que hablan tierra adentro tanto Macri como sus dirigentes", copió la ex presidenta. "Los textos, escritos en inglés, fueron diseñados por el equipo de comunicación de Presidencia y entregados a los ministros", escribió después. "Los documentos describen a la Argentina como un lugar ideal para invertir y ensalzan los indicadores sociales", tuiteó.
En el documento, el gobierno de Macri destacó que el país tiene un 98 por ciento de alfabetismo, 110 mil graduados universitarios, y que está primero en índices de desarrollo humano y educación. También que tiene el coeficiente más bajo de la región en desigualdad social. Además, destaca que Argentina posee una economía robusta. Luego de recordar cada uno de los datos de la nota, CFK publicó la versión en inglés del documento: "Aquí en inglés el documento del gobierno con el que desmiente su propio discurso sobre la pesada herencia que recibieron".
ADVERTENCIA DEL ORGANISMO INTERNACIONAL
POR LOS CAMBIOS EN LA LEY DE MEDIOS
AUDIOVISUALES
Bajo la observación de la CIDH
Después del reclamo presentado por la Coalición por la Comunicación Democrática, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Gobierno "el principio de no regresividad en materia de derechos humanos" y afirmó que dará "seguimiento al proceso".
La presentación ante la CIDH fue liderada por el CELS, que preside Horacio Verbitsky.
Por Washington Uranga
El gobierno argentino quedó en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de la audiencia pública sobre libertad de expresión en el país realizada el pasado 8 de abril en Washington, donde un grupo de peticionantes liderado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e integrado por organizaciones de la sociedad civil, medios comunitarios y universidades pertenecientes a la Coalición por la Comunicación Democrática, se presentaron para denunciar que las modificaciones introducidas por el gobierno de la alianza Cambiemos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) constituyen un atropello al derecho a la comunicación y violan los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Si bien los representantes del gobierno argentino, encabezados por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, argumentaron en la audiencia que las reformas se deben a la "velocidad de los cambios en las tecnologías de la información", la CIDH dejó en claro ahora en un comunicado de prensa – en el que también se refiere a otros temas – que "toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso".
Fueron los propios representantes del gobierno argentino quienes manifestaron durante la audiencia en Washington que los cambios introducidos por decreto en la LSCA tienen carácter "transitorio" y se comprometieron a realizar consultas a todos los sectores interesados, incluidos los peticionantes, para la elaboración de una nueva norma en materia de servicios de comunicación audiovisual.
No menos significativa es la apreciación de la CIDH subrayando el "principio de no regresividad en materia de derechos humanos" en la materia, advirtiendo sobre el riesgo que implica echar por tierra los avances logrados en los últimos años sobre el tema, en particular a raíz de la aprobación en el 2009 de la LSCA.
El Estado argentino argumentó a su favor que las reformas de la ley introducidas mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU) fueron posteriormente convalidadas por el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados.
Frente a esta declaración, la CIDH reconoció el valor del anuncio del Gobierno en el sentido "de que abrirá un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales", lo que – de acuerdo a lenguaje diplomático – puede leerse como un señalamiento directo al gobierno argentino para que dichas consultas se realicen efectivamente.
La comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para redactar un proyecto de ley funciona en el marco del Ministerio de Comunicación y está coordinada por la ex diputada radical y hoy en el PRO Silvana Giudici, en la actualidad miembro del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y a quien se recuerda como acérrima opositora a LSCA durante su discusión y posterior aprobación en el Congreso.
La comisión está integrada además por el filósofo Santiago Kovadloff; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; el secretario de las Tecnologías y Información y Comunicación, Héctor Huici; el abogado y miembro del directorio de Enacom Alejandro Pereyra; y el vicepresidente de Arsat, el también abogado Henoch Aguiar. Todos los nombrados se han caracterizado por sus críticas a la ley vigente. Hasta el momento no hay noticias de una convocatoria a otros expertos o personas con una perspectiva diferente a la del Gobierno en materia de comunicación y servicios audiovisuales.
OPINIÓN
El cazador, el retorno, la fiesta y la falopa
La semana pasada fue impactante gracias a lo que hoy más de medio país considera torpeza política del juez Claudio Bonadío. Además de sus muy consideradas limitaciones jurídicas y su declarada predilección por las armas y por matar animales y aves, su convocatoria a Cristina Kirchner para declarar en su juzgado devino inesperadamente en un maremoto ciudadano de apoyo a la ex presidenta, que hoy tiene al Sr. Macri, su gobierno y sus apoyadores en estado de sorpresa, irritación y furia.
La causa era lo de menos, porque acusar a un ex jefe de Estado por haber tomado determinadas decisiones políticas o económicas es simplemente un absurdo. A CFK se le podrán pedir explicaciones como a cualquiera, y eventualmente juzgarla y hasta condenarla si acaso se le prueban delitos, pero eso sería, si llegara a serlo, por otros asuntos que hoy excitan más a su prensa enemiga que a la ciudadanía. Por caso Hotesur, Lázaro Báez, el mantenimiento por años del Sr. Jaime en un ministerio sucio, los posibles robos para la corona por parte de algunos subalternos, quizá los reflotados casos Skanska o Antonini Wilson, y alguna otra cuestión judicializable. Pero por ahora todo eso no es más que un enjambre de hipótesis de combate de un gobierno que se sirve de un sistema judicial que, a su vez, se sirve a sí mismo sirviendo a ese gobierno.
Lo cierto es que CFK fue la única jefa de Estado de este país que jamás dejó de hacer públicas sus declaraciones impositivas. Habrán gustado o no, pero ése es un hecho. Y hasta ahora no es sospechosa de tener cuentas offshore, como sí tienen el presidente Macri y casi todos sus amigos, familiares, ministros y hasta los mentimedios que lo protegen con blindajes periodísticos.
Todo eso ayuda a explicar la explosión popular del miércoles pasado, cuando cientos de miles de ciudadanos se volcaron a vivarla y "acompañarla", convirtiendo así a la fanfarronada del juez Bonadio en una gesta popular como no se veía desde hace mucho tiempo, incluso décadas según algunos memoriosos.
Lo cierto es que éste fue el cambio político más importante del año, a la par y por encima de las realizaciones de "Cambiemos". Porque "Cambiemos" en efecto está cambiando al país, pero con el raro talento de que cambia todo lo que afecta y enoja a la ciudadanía de a pie, ésa que trabaja o quiere trabajar cada día por un salario digno y ni sueña con tener cuentas offshore como son comunes en el gobierno del PRO, tanto que ahora los mentimedios predican que son cosas de poca importancia.
Todo lo que cambió "Cambiemos" afecta a vastos sectores populares: 100 mil trabajadores despedidos, cierre constante de fábricas, tarifazos descomunales, endeudamientos incalculables que pagarán las próximas generaciones, y clausura de casi todos los programas educativos y culturales, empezando por Conectar Igualdad y el desguace de la Biblioteca Nacional que había sido recuperada como nunca antes en 50 años, y otros "cambios" feroces.
Muchos esperaban el regreso de CFK al primer plano de la política, pero –ahora se ve claro – eran muchos más los que rogaban que no volviese. Y fue este juez cazador de chanchos y aves de plumas e instructor de tiro, como él mismo se definió alguna vez, quien dio en un blanco que nadie en el Gobierno, como ninguna dirigencia política, hubiera siquiera imaginado.
El resultado inmediato fue que la ex presidenta volvió a residir en Buenos Aires, abrió un instituto de estudios políticos y en su primera reunión congregó a 70 diputados, incluso algunos que votaron a favor de los buitres. Nadie, acaso ni ella misma, habría soñado con tan espléndido retorno de un liderazgo que parecía adormecido y que algunos, ilusos o ciegos, creían terminado.
Por eso en el Gobierno y el mentimedierío están tan alterados y ya amenazan con no permitir futuras manifestaciones populares. Habrá que estar alertas y tener cuidado. La sensibilidad de este Gobierno es como de acero líquido, y al menos esta columna cree que serían capaces de cualquier barbaridad.
Por eso, también, hay que subrayar la estupidez de haber impedido el normal trabajo de la periodista Mercedes Ninci, de Canal 13. Más allá de cómo y para quién ejerza ella esta profesión, todo ataque es repudiable e inadmisible, como cuando en las manifestaciones antikirchneristas se molestaba a Cinthia García. Toda intolerancia es repugnante, sea de militantes o de contentos.
Y una reflexión final merece la escandalosa muerte de varios chicos en una "fiesta" infame en Costa Salguero. Que puede llegar a ser, y acaso será, el Cromañón del macrismo.
Esos repudiables "eventos" drogaestimulantes, que se repiten en boliches o en privado, son una peste que crece sin freno: en la Capital, en el conurbano, en todo el país e incluso en los pueblos más pequeños del territorio nacional pululan tugurios como Costa Salguero. Es pavoroso que desde la destitución de Aníbal Ibarra nada parece haber cambiado. Las tolerancias cómplices del gobierno porteño, antes con Macri y ahora con Rodríguez Larreta, permiten hoy decenas de Cromañones en potencia. Y si ninguna persona decente cree los cuentos que circulan después de las tragedias es porque la coima es regla.
Es un hecho que en la Argentina el consumo de drogas crece irrefrenable, guste o no, se acepte o no. Negarlo es necio. Por eso la sociedad debería saber, ser consciente, de que las verdaderas soluciones a este drama de nuestro tiempo debieran basarse en políticas públicas de información, educación, prevención, asistencia y sobre todo en decencia. Todo eso que no distingue a nuestros gobiernos, cuyos inspectores hacen la vista gorda y coimean, mientras los mentimedios que formatean las cabezas de medio país fingen escandalizarse por un par de días y enseguida cambian de tema
TEMAS DE DEBATE EL ESCÁNDALO
INTERNACIONAL DE LOS PANAMA PAPERS.
FUGA Y OCULTAMIENTO DE CAPITALES
El sistema perverso de las offshore
Las guaridas fiscales son conocidas, toleradas y hasta fomentadas desde hace años porque benefician a muchos a costa del resto de la sociedad. Existen propuestas internacionales y para Argentina para limitar el accionar del sistema de firmas offshore.
Producción: Tomás Lukin
Solución obvia
Por Andrés Knobel *
El escándalo de los papeles de Panamá demuestra que los paraísos fiscales no toman partido; no son exclusivos de una agrupación política, de un gobierno o de la clase política. Ni siquiera se limitan a Panamá. Son muchos y están abiertos a cualquiera con suficiente dinero, sin hacer preguntas. Lo más grave no es lo que se reveló en los medios, no se trata de los individuos que tuvieron la "mala suerte" de ser deschavados ahora, sino de un sistema perverso en pleno apogeo y expansión.
La opacidad no empezó con Panamá y lamentablemente no va a terminar por este escándalo. Los paraísos fiscales son conocidos, tolerados y hasta fomentados desde hace años, porque benefician a muchos, a costa del resto de la sociedad, claro. Abogados, contadores, asesores fiscales, funcionarios, empresas, individuos. Nadie considera estar haciendo algo malo, todos simplemente creen estar haciendo su trabajo.
Por eso, lo peor no es que haya individuos que recurran a los paraísos fiscales para lavar dinero, financiar terrorismo, evadir impuestos o esconder los frutos de la corrupción. Gente mala hay en todos lados. Lo terrible es que conociendo lo que está pasando, el resto siga sin hacer nada para frenarlo. Si los paraísos fiscales se basan en el secretismo, hay que combatirlos con la transparencia. Si la opacidad se logra escondiendo a un individuo detrás de cadenas de sociedades, fideicomisos y testaferros para que pueda cometer delitos sin ser descubierto, hay que exigir que se identifique a ese individuo, llamado el "beneficiario final".
Este reclamo encabezado por distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) no es utópico, ya existe. Una Directiva de la Unión Europea de 2015 exige crear registros centrales de "beneficiarios finales" para las sociedades y otras personas jurídicas, quienes deberán identificar a sus verdaderos dueños, independientemente de la cadena de empresas de paraísos fiscales que se interpongan. Ucrania, Holanda, Noruega y el Reino Unido fueron más lejos aún, estableciendo registros públicos, para que cualquier comerciante, periodista u ONG, pueda acceder a la información. Al fin y al cabo, los originarios registros públicos de comercio consideraban a la publicidad como algo esencial. ¿Qué argumentos puede haber ahora para mantener oculto a quien crea una empresa, que en definitiva es una ficción legal?
¿Hay que copiar la normativa europea? No necesariamente. Aunque muchas de estas leyes representan un gran avance hacia la transparencia, el diablo siempre está en los detalles. Por un lado, no existe un registro similar para fideicomisos. Para que un registro sea efectivo debe incluir a todos los tipos de entidades. De lo contrario, cualquiera que quiera permanecer oculto, elegirá la forma jurídica más opaca. También es necesario definir a quién se considerará "beneficiario final", para que los requisitos no sean tan exigentes que queden muchos afuera. Igualmente importante es que la información esté disponible online para que cualquier persona, especialmente una autoridad de otro Estado pueda acceder a ella. Otro detalle relevante es que la información esté digitalizada y en formato de datos abiertos. De esta forma, las autoridades podrían cruzar la información de quienes figuran como beneficiarios finales con sus declaraciones juradas, registros civiles y migratorios, consumos de tarjeta de crédito y extractos bancarios, para descubrir casos de ocultamiento o falsedad.
¿Sirve si no lo hacen todos? Es verdad que aun si la Argentina contara con un registro central y público de beneficiarios finales para todos los tipos de entidades, muchas de las revelaciones de los Papeles de Panamá no hubiesen sido detectadas. Para eso haría falta que todos los países (especialmente los paraísos fiscales) tengan también estos registros. Sin embargo, la Argentina ganaría mucho, incluso si fuera el único país que lo tuviera. Si Argentina exigiera registrar al beneficiario final de cualquier entidad que quiera operar en el país, ya sea que quiera abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o vender productos y servicios, se volvería mucho más difícil lavar dinero en el país (por ej. comprando inmuebles con dinero del narcotráfico), vender facturas apócrifas para ayudar a otros a evadir impuestos o disimular sobornos y hasta controlar en qué empresas participan los funcionarios públicos para descartar casos de corrupción o conflicto de intereses en los contratos de obra pública y en los proveedores del Estado. Distintas ONG como Tax Justice Network vienen analizando con funcionarios del gobierno propuestas de transparencia (como los registros de beneficiarios finales) desde antes de la difusión del escándalo. Sería deseable que los Papeles de Panamá sirvan para catalizar la voluntad política de terminar con la opacidad en la Argentina.
* Abogado y consultor de Tax Justice Network.
Un cambio posible
Por Juan Valerdi *
La difusión de los papeles de Panamá debe ser aprovechada en todo el mundo para impulsar una discusión profunda acerca del grave daño que las guaridas fiscales ocasionan a nuestras economías y el modo más rápido de terminar con ellas. De nada sirve poner el acento, como se está haciendo, en los "ricos y famosos" de Argentina y del resto del mundo que caen esta vez en "la volteada". Estos documentos han revelado información que "complica" al Presidente de la Argentina, a miembros de su gabinete, al secretario de un Presidente de la pasada década y al jugador de fútbol más famoso de la Argentina.
El escándalo destapado ofrece una oportunidad inmejorable de analizar las razones que sitúan al país como "caso crítico" de cara a las "guaridas", pues cobran estado público vínculos non sanctos de una fructífera sociedad de negocios para pocos y muy poderosos argentinos, para propiciar y concretar reformas legislativas basales que las abroguen.
La legislación vigente es absolutamente permisiva y, por ende, cómplice. Debe modificarse radicalmente con urgencia. No es legítimo avalar la fuga de capitales y elusión de tributación de los que más tienen.
En el año 2000, al definirse el texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias mediante el Decreto 1037/2000, se creó una lista taxativa "negativa" de 88 "guaridas" (piadosamente denominadas "jurisdicciones de baja tributación"). El listado "negativo" en la ley de impuesto a las ganancias, habilitaba medidas especiales de control y exigencia de documentación de las operaciones en la AFIP, el Banco Central y el sistema financiero que posibilitaban controlar actividades de evasión y elusión fiscal, manipulación de precios de transferencia con que las multinacionales registraban sus operaciones, fuga de capitales, lavado de dinero y financiación del terrorismo.
En mayo de 2013, mediante el Decreto 589/2013, se eliminó la lista "negativa" y se la reemplazó por un listado "positivo" que incluye a las llamadas "jurisdicciones cooperantes". La condición fijada para que un país-guarida sea definido como "cooperante" es que haya firmado un convenio de intercambio de información con la AFIP o que, a criterio de la AFIP, hubiera "iniciado con el Gobierno las negociaciones necesarias a los fines de suscribir un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria".
Los acuerdos de intercambio de información entre países cooperantes son inútiles. Ello ha sido expuesto por diversos especialistas y ONG, locales, regionales e internacionales. Una prueba cabal de la inutilidad denunciada es lo que ocurrió con los datos de 4040 argentinos que la AFIP pudo identificar como titulares de cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra ya que el pedido de información oficial a Suiza dio por resultado una respuesta negativa de las autoridades de ese país debido al origen de la información que motivó la solicitud. Los documentos detallando titularidad y movimientos de cuentas en el HSBC de Ginebra fueron extraídos del banco por el ex empleado informático Hervé Falciani en 2008. Incluyen más de 130.000 evasores de diversas nacionalidades y como consecuencia de esa información se abrió, entre otras, una investigación sobre la participación del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en Argentina.
Las normas vigentes de resguardo anti evasión, así como las de lucha contra lavado de activos y financiación del terrorismo, en relación con las actividades económicas de personas físicas y jurídicas que operan en Argentina y tienen como contraparte a otras domiciliadas en países como Panamá, Bahamas, Suiza, Jersey, Seychelles, Luxemburgo, Islas Caimán, Bermudas, Isla de Man, Islas Vírgenes y otras reconocidas guaridas fiscales, tienen un tratamiento similar al que se da con países desarrollados con un nivel de tributación razonable y sin opacidad bancaria y societaria.
En definitiva, la situación actual de la Argentina frente al gravísimo problema de la fuga de activos, lavado de capitales y evasión tributaria, ligados a las guaridas fiscales, es de extrema debilidad. La falta de acción para resolver esta delicada situación por parte de las autoridades políticas y de la AFIP actuales, salpicadas por el escándalo de los Papeles de Panamá y la Lista Falciani, brinda una posibilidad inmejorable e insoslayable de materializar, con carácter urgente, una reforma legislativa anti paraísos fiscales, acorde a los principios de transparencia enarbolados en la campaña que llevó a ganar el ballotage al actual presidente en ejercicio. Sería un modo concreto y efectivo de enmendar el yerro, cuanto menos ético, que se le achaca y por el cual se le piden explicaciones e instruyen investigaciones.
* Economista e integrante de Tax Justice Together.
LA CONCESIÓN IRREGULAR DEL PREDIO DE
COSTA SALGUERO Y LOS VÍNCULOS
EMPRESARIOS CON EL MACRISMO
Un negocio a costa de la Ciudad
La empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado para explotar Costa Salguero y subcontrata a otras 23 empresas. En una de las subconcesionarias es director el marido de la vicepresidenta de la Legislatura porteña, la macrista Carmen Polledo.
Las actividades que se hacen en el predio escapan al objeto de la concesión original y a la zonificación.
Por Werner Pertot
Hace poco menos de una década, el macrismo eligió al Costa Salguero como su lugar en el mundo para festejar sus victorias electorales. El presidente Mauricio Macri optó por ese mismo sitio para casarse con Juliana Awada. La concesión del Costa Salguero, que proviene del menemismo profundo, fue beneficiada por el gobierno porteño: la empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado en la zona y subcontrata a otras 23 empresas. El gobierno de la ciudad se negó a informar al Poder Judicial la facturación de las subconcesionarias. Telemetrix comparte su directorio con Costa Salguero S.A., que administra los pabellones en los que se hizo la fiesta electrónica. En el directorio de esta subconcesionaria figura Fernando Polledo Olivera, marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo. La semana pasada este diario informó que ambos tienen una empresa en Panamá.
En 1988, la empresa Telemetrix ganó la concesión de las 17 hectáreas ganadas al río que luego serían el complejo. En mayo de 1991, el menemismo, desde la Administración General de Puertos, le extendió la concesión por 30 años. Las tierras pasaron a la Ciudad en junio de 2001. Desde entonces, la empresa tuvo un aliado inigualable en el gobierno porteño, como se pudo ver en las causas judiciales que debió enfrentar.
Los entonces legisladores Rocío Sánchez Andía y Facundo Di Filippo denunciaron a Telemetrix por no cumplir con el camino de sirga, que es el espacio público de 15 metros que deben dejar a la vera del río. La causa quedó en manos del juez Andrés Gallardo, que falló en contra de la empresa. El gobierno porteño apeló y, cuando la Cámara le falló en contra, se demoró todo lo posible para cumplir la disposición.
En 2009, Gallardo pidió informes a la Dirección de Concesiones porteña sobre las habilitaciones y descubrió que sólo cuatro de las 23 subconcesionarias tenían habilitación. Además, la estación de servicio no tenía el permiso de Administración Nacional de Aviación Civil Argentina. El juez ordenó clausurar 19 locales, pero la Dirección de Habilitaciones porteña se negó a cumplir el fallo judicial contra el Costa Salguero. Gallardo debió entonces utilizar la fuerza pública. El juez fue recusado y, mientras se encontraba alejado del expediente, el entonces director de Habilitaciones, Martín Farrell, les concedió en tiempo récord las habilitaciones a los subconcesionarios y se levantaron las clausuras. Farrell es el funcionario PRO que luego debió denunciar por el derrumbe del boliche Beara. Más tarde, el macrismo intentó convertirlo en juez porteño, pero las familias de las chicas que murieron en ese derrumbe consiguieron frenar esa avanzada en la Legislatura.
Luego de dos años de intentar que el gobierno porteño hiciera el camino de sirga, Gallardo ordenó que en las publicidades televisivas de la campaña 2013 del entonces ministro de Espacio Público, Diego Santilli, se colocara un letrero que diría que incumplía un fallo judicial. La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría revocó esa disposición y Telemetrix denunció penalmente a Gallardo. El magistrado fue absuelto.
No obstante, el juez consiguió algunas pruebas de lo que le pagaban las subconcesionarias a Telemetrix. En 2010, la Ciudad obtenía 68 mil pesos por mes, mientras que Telemetrix recibía 750 mil pesos en promedio. Con ese esquema, la Ciudad perdía ocho millones de pesos por año. El juez ordenó a la AGIP (Rentas) que le entregara la facturación de las subconcesionarias. La dependencia del gobierno porteño contestó que no entregaría esos datos por estar "bajo secreto fiscal".
En la actualidad, Telemetrix paga 263.576 por mes, según advirtieron desde el Observatorio de Derechos de la Ciudad (ODC) y la Asociación de Justicia Ambiental (AJAM). Estas dos ONG indicaron que el gobierno porteño cobra hoy 1,5 pesos por metro cuadrado, cuando un alquiler en la zona oscila entre 160 a 250 pesos. Advirtieron, además, que las actividades que se hacen en los predios escapan al objeto de la concesión original (un complejo polideportivo) y a la zonificación, por lo que reclamaron el fin de la concesión. "Todas las ilegalidades que se pueden encontrar en una privatización se encuentran acá", destacó Jonatan Baldiviezo, del ODC.
Si bien no se conoce la facturación actual, sí es posible acceder a los nombres de los dueños de las empresas. Telemetrix tenía como presidente en 2013 a Alfredo Gutiérrez, mientras que su vicepresidente era Federico León Bensandon. El subconcesionario Costa Salguero S.A. comparte una interesante cantidad de nombres con el directorio de Telemetrix: en ambos figuran Federico León Bensandon y Gabriela Bensandon, mientras que el presidente de Costa Salguero S.A., Diego Luis Gutiérrez, es hijo del de Telemetrix, donde también figura su madre, Graciela Ratto.
En el directorio de Costa Salguero S.A. así como en Costa Salguero Eventos figura Fernando Polledo Olivera, que es el marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo. La diputada del PRO suele advertir que su marido entró al directorio hace 22 años mientras que ella se dedica a la política hace menos de una década. Ambos, Polledo y su marido, aparecen en el Registro Público de Panamá como parte de la empresa Rank International Corporation, creada en 1988. La compañía no figura en las declaraciones de la legisladora. En diálogo con Página/12, Polledo aseguró que la empresa nunca funcionó y que por eso no fue declarada. Indicó que era para un emprendimiento agropecuario, pero no pudo explicar por qué la abrieron en un paraíso fiscal.
LAS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS
MUERTES EN COSTA SALGUERO
Una causa que no hace agua
Analizan si la falta de agua fue determinante en la muerte de los cinco jóvenes. La causa pasó al fuero federal. La Prefectura fue apartada de la investigación porque, a cargo de la custodia, afirmó que no hubo drogas durante el evento.
Por Horacio Cecchi
Más de medio centenar de testigos habían pasado ayer por las fiscalías que investigan la muerte de cinco jóvenes durante el evento de música electrónica Time Warp, en el predio de Costa Salguero. Entre ellas, dos responsables de la empresa organizadora, Dell Producciones, que se encontraban en el lugar. Aunque uno de los investigadores indicó a Página/12 que no se descarta ninguna hipótesis, ocupan su peso en la causa el modo de obtención de las drogas, si en los contratos figuran la distribución de líquidos y cantidades disponibles, si es cierto que había provisión de agua, los servicios médicos, y si estaba en regla la habilitación del local y de la fiesta. El fiscal de instrucción Sandro Abraldes se declaró incompetente y pidió el pase a la Justicia federal. El juez de instrucción Guillermo Carvajal adoptó el mismo criterio. De ese modo, la causa pasó al juez Sebastián Casanello y al fiscal Federico Delgado. Desde la Agencia Gubernamental de Control insisten en que todo estaba en regla. Según dos ONG ambientalistas, la disposición 4543/2016 que emitió el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como permiso de la fiesta, no se encuentra publicada en el Boletín Oficial, lo que ya pone en duda la primera regla, la de validar el permiso. El esfuerzo de silencio con ruido de Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad a cargo del control de drogas, impacta: Prefectura, que depende de Seguridad y estuvo encargada de la custodia de la fiesta, fue apartada de la investigación porque aseguró que no hubo drogas en el evento. Entre tanto, cuatro de los cinco jóvenes que se encuentran internados, permanecen en estado crítico.
La incompetencia del fuero, solicitada por el fiscal Abraldes, tiene que ver con que las muertes de los cinco jóvenes fueron producidas a partir del consumo de drogas, lo que transforma el caso en federal. En esa línea ya investiga la fiscalía especializada Procunar, a cargo de Diego Iglesias. "Lo que se está tratando de configurar es el funcionamiento de la fiesta, cómo estaban distribuidas las responsabilidades según el contrato, si se cumplieron los servicios contratados –confió a este diario un investigador, quien describió que ya habían pasado por las fiscalías medio centenar de testigos–. Si había o no agua, en qué condiciones se distribuían, si había médicos suficientes. A dos responsables de la empresa organizadora que estaban en el lugar en el momento se les tomó testimonio, como un primer paso para saber en qué consiste un encuentro de este tipo, cómo funciona. Que hayan sido citados como testigos no implica que no se pueda modificar su situación."
Los jóvenes que prestan testimonio son tratados como testigos protegidos, sin identificación. La mayoría llegó a los fiscales vía correo electrónico o teléfonos de las fiscalías. Hoy continúa la ronda.
Las primeras declaraciones sobre la fiesta Time Warp en Costa Salguero apuntaron a que los organizadores habían cortado el agua en los baños mientras que las botellas de agua circulaban a entre 40 y 100 pesos. Después se informó que sólo los accesos VIP tenían agua y que el resto utilizó baños químicos, que carecen de agua corriente.
Desde la Agencia Gubernamental de Control porteña, aseguraron mediante un comunicado que a las 3 de la mañana del sábado había 10.900 tickets de ingreso sobre un total de 13 mil autorizados. A la consulta de este diario, voceros de la AGC respondieron que "a las 3 de la mañana concurrieron inspectores nuestros para verificar y a esa hora había agua en dispensers públicos", pese a que los testimonios de jóvenes que asistieron a la fiesta aseguraban que a la medianoche ya no había agua y que la cantidad de gente en los dispensers y para comprar bebidas llevaba a largas filas.
Los resultados de los peritajes toxicológicos que son los únicos que darán certeza sobre lo consumido por los cinco jóvenes fallecidos demoran unos 15 días. Por el momento, todo se maneja sobre supuestos sostenidos en el relato general: que es ampliamente conocido que a esas fiestas se concurre a consumir drogas, especialmente sintéticas; que ese tipo de consumos exige una fuerte hidratación permanente; y que la falta de líquidos hace letal el uso.
Entre tanto, un joven sigue en "estado crítico" con asistencia respiratoria mecánica e intubado en el Hospital Argerich. En el Fernández siguen internados dos varones y una chica, los tres con insuficiencia renal. Los cuatro padecen insuficiencia renal, precisó el titular del SAME, Alberto Crescenti, y "están con pronóstico reservado". El único que había registrado una leve mejoría es un chico de 17 años que anoche se encontraba en el Hospital Rivadavia. Mientras, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de quien depende la Prefectura que estaba a cargo de la seguridad de la fiesta, se llamó a silencio después de asegurar en el programa de Mirtha Legrand que en Costa Salguero hubo drogas con "algún tóxico tipo veneno".
Hipocresías
Hipocresías. Una acordada reciente de la Corte Suprema confirmó condenas a músicos y funcionarios por lo ocurrido en Cromañón. Aquellas 193 muertes promovieron reclamos de familiares, y dieron impulso a políticos (el premacrismo) que lograron la destitución de un gobierno. Hoy, esa línea política gobierna la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación.
Los primeros escollos en la investigación por las muertes de Costa Salguero vienen de la mano de la hipocresía. El complejo elegido como bunker del PRO y de Cambiemos en todas las elecciones, el complejo de los globos amarillos, uno de cuyos dueños es familiar directo de una legisladora de Cambiemos, es el lugar donde ocurrieron las cinco muertes. La custodia de la fiesta de música electrónica estaba a cargo de la Prefectura. Cuando los investigadores judiciales consultaron a la Prefectura en las primeras averiguaciones, respondió que no hubo drogas en el complejo. Fue motivo suficiente para que la Justicia la apartara de la causa. La Prefectura depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que promueve una supuesta guerra contra las drogas, y es una de las fuerzas que utiliza en esa lucha. Cabe preguntarse sobre las capacidades olfativas de los prefectos, o sobre el interés de Bullrich en apuntar hacia otro lado. Se montó un megaoperativo con 600 policías y profusa información a los medios sobre el allanamiento a 42 viviendas en la villa 31, sin resultados de ningún tipo. Son morochos.
Todos saben que una fiesta electrónica convoca al consumo de drogas sintéticas. También el gobierno. Principalmente el gobierno. Recordemos que Costa Salguero no es una villa. Por eso, se elige levantar la consigna de la guerra contra las drogas, porque penaliza el consumo y deja atrapadas como culpables a las víctimas.
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