lunes 25 de abril de 2016
CRUCE ENTRE OFICIALISTAS Y OPOSITORES POR LA LEY CONTRA
LOS DESPIDOS
“Se confunde o tiene mala fe”
Desde el FpV y el sindicalismo criticaron al Gobierno por rechazar el proyecto opositor para detener las cesantías y también al Frente Renovador, que acordó con el macrismo un proyecto alternativo. Para el ministro de Trabajo, no hubo tantos despidos.
“Los despidos ya se están produciendo y siguen todos los días”, dijo Recalde,
titular del bloque del FpV.
El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, advirtió que el Gobierno “se confunde o tiene mala fe” al cuestionar la ley contra los despidos que la oposición impulsa en el Congreso, y criticó que el massismo, con el recurso de presentar un proyecto con beneficios para las pequeñas y medianas empresas, haya salido en auxilio de Cambiemos, frenando su sanción. En este sentido, aclaró que “lo que prohíbe es el despido sin causa justificada y cuando un empresario tiene problemas económicos dispone el procedimiento preventivo de crisis; ahí el Gobierno tiene la ocasión de ayudar a las Pymes”.
Recalde recordó que el dictamen del proyecto contra las cesantías fue firmado la semana pasada por “todos los bloques de la oposición”.
“Tenemos la voluntad de ayudar a las Pymes y a los trabajadores. Si alguno entiende que este proyecto no lo satisface del todo, lo resolvemos en un día: nos juntamos todos los bloques y se presenta un proyecto de ley”, indicó el diputado del FpV para cuestionar al Frente Renovador.
Por otra parte, rechazó el argumento de que la ley pueda producir “un efecto bicicleta porque –recordó–, los despidos ya se están produciendo y siguen todos los días”.
Durante el fin de semana, saliendo al cruce del proyecto para prohibir los despidos y reinstalar la doble indemnización, el Gobierno rechazó que haya una crisis de empleo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que los telegramas no fueron tantos como señalaron algunas consultoras y que el trabajo se recuperará en el segundo semestre del año. El jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, sostuvo que “el desempleo está como en diciembre”.
Massot fue uno de los participantes de la reunión con Sergio Massa en la que, el viernes, Cambiemos logró que el Frente Renovador retirara su apoyo al proyecto de ley antidespidos que, en la semana, había sumado el respaldo del Frente para la Victoria, el PJ disidente, Progresistas y el FIT. Para este cambio de postura, el massismo recurrió a la fórmula de impulsar un proyecto propio, “alternativo” y “superador” del consensuado.
Ayer, el diputado del FR Marco Lavagna adelantó que la iniciativa propondrá como mecanismo para evitar los despidos “un régimen de incentivo fiscal” para las empresas, especialmente para las Pymes. Según detalló, estará destinado “a aquellas empresas con menos de cuarenta trabajadores” y a las “que hayan mantenido o incrementado la planta de trabajadores respecto al mes de noviembre de 2015”.
El giro tuvo repercusiones en el ámbito sindical. El jefe del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli, dijo que no le sorprendió que el massismo haya decidido no acompañar el proyecto de ley para prohibir los despidos porque en esa fuerza hay mucha gente “del empresariado”.
El dirigente sindical rechazó que la doble indemnización en caso de despido frene la creación de empleo. “La historia dice que cuando se tuvo que poner la ley antidespido en la década del 2000 dio sus resultados. A partir de ahí fuimos creciendo. Yo creo que la ley antidespido es un hecho fundamental” y “no tiene por qué afectar” la generación de puestos de trabajo.
Otro que se pronunció contra la ley antidespidos fue el gobernador de Salta y figura del PJ más cercano a Macri, Juan Manuel Urtubey. “Estoy convencido de que desde las leyes no se puede cambiar la realidad”, sostuvo; “acá no es cuestión de prohibir o no prohibir, hay que buscar cómo atacar los problemas”. En sintonía con el discurso presidencial, Urtubey dijo además que “si no hay inversión, no hay ley que pare el despido”.
En cambio, Diego Bossio, del peronismo dialoguista del Bloque Justicialista, ratificó su respaldo al proyecto de emergencia laboral consensuado por la oposición. Así lo remarcó en un comunicado en el que sostuvo que al mismo tiempo se debe “reconocer a las Pymes un tratamiento diferenciado sobre el tema”. También reclamó que el Estado “las proteja con tarifas diferenciadas en electricidad, agua y gas”, porque los aumentos de esos servicios han sido “letales”.
Un Estado pequeño, pequeño
EL EFECTO DE LOS DESPIDOS Y EL DESMANTELAMIENTO DE
PROGRAMAS PÚBLICOS QUE ESTÁ APLICANDO EL GOBIERNO
Políticas de Estado, fuera de servicio
La decisión de achicar el Estado tomada por el gobierno de Macri ya eliminó, desarticuló o descentralizó programas con fuerte inserción territorial que venían funcionando en las áreas de Salud, Educación, Agricultura, Migraciones y Justicia, entre otras.
Mientras la epidemia de dengue sigue prendiendo luces de alarma en paralelo a la crecida del Paraná, los equipos de salud comunitaria no pueden trabajar: no les pagan, hubo decenas de despidos y no hay fondos para el combustible de las camionetas. En Santiago del Estero, corazón del movimiento campesino, 65 trabajadores fueron despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar, que a su vez dejó sin subsidios a las cooperativas. En paralelo a un centenar de cesantías en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, más de 300 mil jóvenes dejaron de percibir el beneficio económico del Progresar. Decenas de víctimas de violencia institucional tuvieron problemas para atenderse en el Centro Ulloa, que lleva tres meses de conflicto. Desde hace veinte días, las ventanillas de los programas Asistir y Más y Mejor Trabajo están cerradas, a pesar de que el número de nuevos desocupados trepó a 120 mil. Aunque el Presidente insiste con que el combate contra el narcotráfico empieza desde las fronteras, los despidos afectaron la cobertura de pasos fronterizos en Salta, Misiones y Mendoza. Más de mil trabajadores del programa de Coros y Orquestas para el Bicentenario del Ministerio de Educación fueron transferidos a los municipios, pero sin fondos; la misma suerte corren trabajadores de Conectar Igualdad, mientras el Gobierno apunta a tercerizar el programa.
El panorama de desguace lo trazaron delegados de las juntas internas de ATE de cada ministerio consultados por Página/12. La ola de despidos en el sector público para “quitar la grasa militante” dejó desmantelada la batería de programas con que el Estado cubría necesidades de los sectores populares y se hacía presente en las provincias más necesitadas. “El Estado se está retirando de los territorios donde brindaba asistencia directa, y se están recortando políticas universales de inclusión social, lo que en definitiva afecta a los sectores populares”, sintetizó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. “Para eso llenaron los ministerios de gerentes del sector privado, para quienes el Estado debe garantizar sus negocios en lugar de garantizar derechos básicos.”
Menos derechos
Parte de la última tanda de despidos, sobre el filo del plazo para la “revisión” de contratos comandada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, recayó sobre el Plan Progresar, del Ministerio de Hacienda. De las 130 cesantías en la cartera de Alfonso Prat-Gay, cien fueron aplicadas sobre los trabajadores del programa lanzado en enero de 2014 por Cristina Kirchner, que quedó sin personal. El recorte en el Progresar ya se refleja en el número de jóvenes que acceden al beneficio: era más de 960 mil en noviembre pasado y en abril de este año se redujo a 600 mil, según informó el propio Gobierno. Gran parte de los despedidos integraba la red territorial, cuya función era llevar información sobre el programa puerta a puerta en zonas del interior del país donde se hace difícil acceder a ese tipo de información. “En Misiones, los chicos con los que Macri se sacó fotos viven a 20 kilómetros de una oficina de la Anses, y si se pudieron inscribir fue por el laburo que hacíamos nosotros”, cuenta Leonardo García, uno de los cinco coordinadores de la red. “El grueso de los chicos que se bajaron tiene que ver con que el Estado ya no llega al territorio”, explica.
Otro de los ministerios que se achicaron fue el de Salud. El foco de los 140 despidos fueron los médicos que realizaban tareas sanitarias y preventivas en barrios populares de todo el país. El Programa de salud sexual y reproductiva fue reducido a su mínima expresión: se echaron 55 profesionales. Sólo 19 conservaron el puesto. De la Dirección de maternidad e infancia, que seguía casos de desnutrición y mortalidad infantil, fueron despedidos dos genetistas que investigaban enfermedades poco frecuentes. En la Dirección de Salud Mental hubo 27 despidos, y hay otros 250 trabajadores cuyos contratos, firmados mediante convenio con universidades, aún no fueron renovados. “Es un genocidio planificado por desatención de la pobreza”, graficó el secretario de organización de la junta interna de ATE Salud, Héctor Carrica, alarmado por la desarticulación de la presencia del ministerio en los territorios donde más proliferó el dengue, que suma 36 mil afectados y cinco muertos. “En Chaco, por ejemplo, tenemos diez camiones sanitarios parados, con todo el equipo interdisciplinario que se dedicaba a promover la salud en los barrios sin tareas, lo que aumenta el riesgo epidemiológico”, describe Carrica, y agrega que la situación “amerita una denuncia penal contra las autoridades”.
Culminado el plazo para la “revisión” de contratos, siguieron llegando los telegramas. Hace dos semanas fueron despedidos 200 trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. La provincia más afectada por el recorte fue Santiago del Estero, con 65 cesanteados. La voz cantante del ajuste en la provincia fue Carlos Cejas Lescano, un martillero público y terrateniente que las organizaciones ligan al agronegocio y que dirige la institución a nivel provincial desde el cambio de Gobierno. “Trabajábamos a la par de las organizaciones campesinas para cuidar el agua potable, la producción autogestiva, los bosques y el arraigo a la tierra”, cuenta Giselle Escobar, una de las profesionales de la secretaría, quien denuncia además que “el crédito para producción autogestiva está paralizado desde diciembre”. Los despidos y el recorte de fondos motivaron que la sede de la Secretaría en la provincia fuera tomada por el Mocase y otras organizaciones, que reclaman la renuncia de Cejas Lescano.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también abandonó el territorio. Además de los recortes de personal en los programas de derechos humanos, Germán Garavano despidió a 170 trabajadores en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que brindaban asistencia jurídica gratuita a la comunidad. Fruto del recorte, ya no funcionan los CAJ del Chaco, Río Negro y varios del conurbano bonaerense como Wilde, Pilar y Lanús. En el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hubo 70 nuevas cesantías; en la Dirección de Grupos Vulnerables, estructura de la que depende el Centro Ulloa, a donde acuden víctimas de violencia institucional, hubo otras diez, lo que afectó la atención de los sobrevivientes de la tragedia de Cromañón.
Negocios privados
La poda llegó también al Ministerio de Educación. El objetivo: desmantelar el plantel de 70 escritores, filósofos, historiadores, desarrolladores y educadores encargados de elaborar los contenidos del programa Conectar Igualdad. De esa tarea se retira el Estado y, según se rumorea entre las empresas informáticas y editoriales, es un hecho que su lugar lo ocuparán empresas privadas. “El Gobierno dice que el programa sigue, pero lo que va a seguir es un reparto de electrodomésticos con una empresa detrás, y ya se anotó Microsoft”, denuncia Javier Castrillo, ex trabajador del programa y uno de los creadores del software libre Hauyra con que funcionan las computadoras. Mientras cierra el acuerdo con las empresas, el Gobierno aún no resolvió la situación de mil trabajadores del programa que tenían contratos con la Nación y fueron transferidos, sin recursos, a las provincias. “No les preguntaron a las provincias si podían hacerse cargo de los sueldos. En Chubut están todos en la calle. En Córdoba sólo conservó el empleo un tercio del total”, puntualiza Castrillo.
Una de las pocas áreas que se salvó de la poda fue el Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines), aunque sufrió una “recategorización”, por lo que dejó de tener presupuesto y dirección propios. “Si sigue en pie, es por la voluntad de los docentes, que comenzaron las clases a pesar de no haber cobrado”, señala Cynthia Acuña, una de las trabajadoras del programa. El rumor que corre entre los trabajadores del área es que el Gobierno pretende desguazarlo a largo plazo, derivándolo a las escuelas nocturnas, lo que entraría en contradicción con el principio básico del Fines, que nació para contener a aquellos estudiantes previamente excluidos del sistema. A mediados de abril, sin embargo, una resolución del Consejo Federal de Educación dejaba sin fondos a las universidades públicas del conurbano para sostener a más de 600 alumnos inscriptos este año y deslindaba responsabilidades en municipios y gobernaciones para la implementación del plan. “Es justamente lo contrario a lo que se vino haciendo los últimos doce años, en los que se empoderó al Estado nacional para direccionar la política educativa. Volvimos a que la política educativa la manejen las provincias, volvimos al sálvense quien pueda del menemismo”, describe una de las trabajadoras del Fines.
“El ministerio es una cáscara vacía”, aporta el secretario de organización, Rodrigo Recalde. “Todos los programas socioeducativos están parados y sin funciones”, describe. El programa Coros y Orquestas para el Bicentenario también fue descentralizado a las provincias, muchas de las cuales no se hicieron cargo del personal. En protesta, la semana pasada movilizaron por segunda vez a las puertas del Palacio Sarmiento.
Ventanillas cerradas
“Algunas áreas están paralizadas por una decisión política del Gobierno de vaciar programas y desfinanciar funciones específicas. En otras, directamente no están dadas las condiciones para trabajar: los ministerios amanecen con custodia policial, los directores amenazan a los trabajadores y hay pánico a ser despedido”, describe Catalano.
“Hace tres días que bajamos la persiana. Ya no atendemos a nadie”, cuenta un trabajador del programa Asistir, del Ministerio de Trabajo, donde hubo 16 despidos (incluida una persona con discapacidad) sobre un total de 20 trabajadores. El nuevo jefe del área, Omar Nills Yasin, ex director de Ferias y mercados de la Capital, mantiene amenazado al personal, según denunciaron los trabajadores. Fue nombrado en enero, y según cuentan los trabajadores, su primer concepto fue: “Este área es competencia desleal con el sector privado”. El programa Asistir brinda(ba), desde 1999, asesoramiento legal gratuito a empleados en conflicto con su patronal. Desde marzo no funciona, a pesar de que Yasin se ocupó de reemplazar abogados con 20 años de experiencia por personal de su confianza.
La misma suerte corrió el Plan Jóvenes Más y Mejor Trabajo, desde 2008 destinado a la capacitación e inserción laboral de jóvenes con escasos recursos: fueron cesanteados once trabajadores, y quedó vaciado. Mientras tanto, los trabajadores mantienen prácticamente tomado el edificio de Alem al 600 desde hace diez días, en pelea abierta por reincorporaciones que las autoridades, por ahora, se niegan a discutir. El ministro Jorge Triaca, quien debe atender casi a diarios conflictos surgidos por los 110 mil puestos de trabajo perdidos desde el día que asumió, mantiene cerrado el acceso al piso 13, donde tiene su despacho.
En la Dirección Nacional de Migraciones, que depende de Interior, sí hubo reincorporados: del plan inicial de 215 despidos, las autoridades sólo lograron concretar 65. El problema fue la contradicción en la que entraría el discurso oficial de mantener las fronteras controladas ante la amenaza del narcotráfico y “la inmigración descontrolada” con el desguace de personal en los pasos fronterizos que implicaba la decisión. El secretario gremial de la junta interna, Hugo Bellón, insiste con que en lugar de sobrar gente, falta: “Hay compañeros que trabajan 14 o 15 horas por día controlando toda la documentación para el ingreso y egreso, lo cual veníamos planteando incluso con el anterior gobierno”. En el paso sanjuanino de Aguas Negras, límite con Chile, se despidió a todo el personal. Otros pasos, como Clorinda (límite formoseño con Paraguay) e Iguazú (en Posadas, también con Paraguay) sufrieron recortes, lo que generó medidas de fuerza.
También se desarticuló, con ocho despidos, la Dirección General de Información, donde se llevaba un control de los datos obtenidos en cada frontera. “Lo de la modernización es un verso”, agrega Bellón, “la mayoría de los despidos no tiene ninguna justificación”.
Informe: Matías Ferrari.
OPINIÓN
Y todo gracias al amor
Por Eduardo Aliverti
La coherencia discursiva no es algo que deba cuestionársele al gobierno de Macri. Muy por el contrario, tanto él como sus funcionarios siguen ensamblándose casi a la perfección en torno de la cajita feliz que pronto, o ya mismo, comenzará a desparramarse entre los argentinos. De hecho, y como si nada, festejan volver a endeudarse en dólares para pagarles a los buitres. Podrá ser repudiable en lo simbólico y tener serios cuestionamientos técnicos, jurídicos, económicos, financieros. Pero de ninguna manera es incoherente.
Hay quienes sostienen lo contrario porque Cambiemos dijo, en la campaña, que no habría devaluación brutal, ni tarifazos, ni despidos a lo pavote, ni nada que fuera a afectar a los que menos tienen. Si se toma a esas ofertas electorales en forma literal, estaría claro que los prometedores engañaron y que más de la mitad de los votantes, o una porción muy significativa de ellos, fue defraudado en su buena fe. Pero como las cosas nunca son así de sencillas, porque hay contextos, antecedentes indesmentibles, historias igual de categóricas sobre los intereses que representan y defienden tales y cuales gentes, no es sensato que alguien pudiera llamarse a engaño acerca de a quiénes respondería una gestión encabezada por Macri. En todo caso, podría aceptarse que la bronca contra Cristina y el kirchnerismo, en la dichosa franja fluctuante del electorado, fue más fuerte que las prevenciones habidas y por haber sobre un ricachón al frente del gobierno nacional. En esa conjetura u observación, “la gente” se cansó de los modos K, los medios hegemónicos ganaron por media cabeza la batalla cultural de coyuntura y, a través de ese pelito de distancia, acabó aconteciendo que el malo por conocer fue interpretado como más potable que lo malo conocido. Tienta señalar que la Historia, y no la palabra como sustantivo en minúscula, obligaba a ser más cuidadosos respecto de lo que significaría un gobierno de Macri, por más encono que despertase el estilo kirchnerista antes que la situación económica realmente existente: si es por eso, la bronca anti K no pasó por los bolsillos sino mediante el presunto hartazgo ante corruptelas e imágenes de autoritarismo. Pero convendría revisar cuánto juega la Historia ésa, la grande, en la percepción de los votantes. ¿No interviene acaso, y casi sólo, la historia más reciente? ¿O no es comprobable la masa de electores jóvenes que no vivieron el infierno de comienzos de siglo, y que votaron al macrismo con percepción de acostumbramiento a derechos adquiridos sin darle espacio a de dónde se venía? No solamente porciones juveniles, vaya aclaración. Se diría, en otras palabras, que lo actuante es la historia que va ocurriendo en lo más reciente, con una memoria efectiva de pocos años, de patas cortas, susceptible de caer bajo los efluvios de que “la felicidad” popular puede quedar como expectativa a la vuelta de la esquina, en manos de quienes de popular no tienen ni jamás tuvieron un pito.
Alrededor de esa base, con todos los grandes medios a favor y la suma de ser muy difícil aceptar que –a sabiendas del riesgo– se votó una propuesta conservadora feroz, menemista, revestida de honestidad republicana cuando no se tardaría ni un ratito en descubrir a un oficialismo de ejecutivos multinacionales y grupos locales ultraconcentrados, el Gobierno celebra la felicidad de un pase de manos financiero, como si fuera un acto fundacional de prosperidad. Una disposición a retroceder sobre parte de lo mejor que ya estaba avanzado, y que era no vivir a cuenta del monitoreo usurario internacional. Dicen que después de 14 años por fin salimos del default. En primer lugar, no había default alguno desde los canjes de deuda de 2005 y 2010. Pero, bien antes que ese detalle, ¿qué default era ése, capaz de haberle permitido al país salir de la masacre a que dieron lugar las recetas de quienes ahora lo reintroducen en la timba financiera? ¿Con qué solvencia profesional se animan a argüir que un puñado de buitres, un mínimo por ciento de quienes no habían entrado al canje, eran o son la clave para reingresarnos “al mundo”? ¿A cuál mundo? No debe ser el referido por el gobierno de Macri en el documento que confeccionó para atraer inversionistas de los Estados Unidos, y que Página/12 reveló en su edición del domingo pasado, en la nota de Werner Pertot. Son textos en inglés, elaborados por el equipo de comunicación presidencial y entregados a los ministros. Se lee allí que Argentina tiene una economía robusta, con la menor desigualdad social de toda la región y la mayor clase media, con instituciones sólidas (ay) y una “infraestructura bien desarrollada”, gracias a “43 puertos, 54 aeropuertos y más de 35 mil kilómetros de rutas y vías de trenes”, que contrastan con la penuria resaltada por Macri en su discurso ante el Congreso. Pero lo más impactante, por lejos, es el párrafo referido a la capacidad de endeudamiento argentino, dado su “baja relación” entre lo que el país debe en dólares y el tamaño de la economía, que es apenas del 13 por ciento. Este paper oficial fue anterior a que, arreglo con los buitres mediante, esa relación deuda/PBI saltara en un santiamén al 23 por ciento. He ahí el mundo al que volvimos, tras que el gobierno macrista, de esa manera tan textual, sea quien avisó a los inversionistas externos de una herencia mucho más liviana que pesada. O, si es por esa letra macrista en esos papeles ocultados al gran público: una herencia buenísima.
Los medios más oficiales que oficialistas, con algún pudor comprensible para mostrar que se festeja volver a endeudarse a ese solo efecto, compensan con la novelización de la ruta del dinero K. No habría duda alguna de que la volteada abarca a corruptos reales, sin perjuicio de no ser ésa la vara con que debe medirse la totalidad de un gobierno. Pero de paso, como quien no quiere la cosa, el folletín les sirve para la tapadera de la ruta M. Lo que debiera ser el escándalo del Panamacri, que en mucha prensa internacional tuvo y aún tiene –menos– ribetes enormes, como coletazo de los funcionarios de todo nivel involucrados en las maniobras offshore, aquí parece ser un juego de niños; de capitalistas que al fin y al cabo no cometieron delito sino, y apenas, travesuras para zafar del Estado asfixiante. Les va bastante bien con eso. Con esa estructura de propaganda donde sólo contaría que hay un tiempo nuevo, en el que deben tragarse los sapos que no le perdonaron al kirchnerismo. Con ese tejido de que en lo macro estamos mejor. El problema es que, tras salir del “Veraz internacional” y como lo escribió uno de los voceros del macrismo, no hay solución a la vista para los tres obstáculos de la economía. Recesión aguda, caída del empleo y aceleración de los precios. Ya están pensando en un blanqueo de capitales para el segundo semestre, ahora dicen, pero la cuestión es que eso tampoco alcanzará para sacar agua de las piedras. Con un mercado interno deprimido, Brasil estrangulado y la inversión extranjera limitada a la esperanza de que lleguen fondos que no sean para bicicletear, los actores locales de la economía empiezan a percibir que así no va. Y en alguna medida, muy incipiente, ya extrañan al kirchnerismo porque tenía liderazgo y dinámica política para mover ese mercado, el local, el de tanta gente pudiendo empardar a la inflación y con capacidad de consumo, el del Estado presente para equilibrar mucho o poquito pero nunca nada. La burguesía nacional, en tanto no existe como sujeto emprendedor, necesita conducción. Y este gobierno sólo provee capacidad rentística para columnas que, como la agroexportadora a la cabeza, no provee mano de obra intensiva. La felicidad queda(rá), entonces, para unos marcados sectores del privilegio. Y para la vergüenza ajena de que el carroñero Paul Singer, suerte de referencia mundial de los buitres, salga a decir que Macri es “el campeón de las reforma económicas”, a horas de haberle pagado.
El Gobierno cuenta a favor con lo que ya se sabe: la inopia de las centrales sindicales, que andaban preocupadas por el Impuesto a las Ganancias de un ínfimo porcentaje de trabajadores para hoy enfrentarse a la pérdida del empleo, y la fragmentación peronista que le sirve en bandeja el avance contra el sector del trabajo. Eso tiene sus límites, que no serán autofijados por el macrismo sino por obra de las circunstancias externas. El viernes próximo habrá una contundente manifestación gremial y unificada, porque ya no alcanza únicamente a los órganos confederativos de empleados públicos, docentes y algunos sindicatos minoritarios. Se agregan las CGT. Y hubo esa reaparición de Cristina que no se limitó a la movilización impresionante del miércoles 13. Tuvo, ella, gestos y actitudes concretos que la expusieron no al margen, pero sí más allá, del organigrama PJ. Habrá quienes trancen ahí, llegado el momento, pero quedó claro que Cristina se planta por afuera de esa burocracia partidaria, Liga de Gobernadores o como quiera llamársele, que no es más que un grupo de tribus enviudadas y que políticamente no dicen nada de nada, al igual que los prófugos parlamentarios (y otros) del Frente para la Victoria que se van a ninguna parte, y que quedan asimilados al opo-macrismo de Massa & Cía. Hay algo muy seductor en lo que sugirió Cristina en su reaparición: no renegar de que hay aparatos territoriales desvencijados a los que deberá recurrir, porque el poder también es eso, pero la construcción de la reconquista debe superar a tal esquema.
La noticia, o una de ellas, es que éste no deja de ser un momento políticamente apasionante. Se trata de ver cómo se resuelve la tensión entre lo nuevo que es viejo y lo que parece viejo, que era mejor.
EL MULTIMILLONARIO JORGE PÉREZ LEVANTARÁ DOS TORRES
LUJOSAS Y UN HOTEL BOUTIQUE EN PUERTO MADERO
El magnate que va de Trump a Macri
Amigo personal del precandidato a presidente de los EE.UU., Pérez apoyó a Mauricio Macri en su campaña a jefe de Gobierno porteño y ahora, tras reunirse con Horacio Rodríguez Larreta, confirmó su inversión en “un proyecto inmobiliario en el Dique 1”.
Donald Trump junto a Jorge Pérez, el millonario argentino, de padres cubanos, que vive en Miami.
Por Gustavo Veiga
A Jorge Pérez lo llaman el Donald Trump latino, es argentino, multimillonario y vive en Miami. Tiene una fortuna estimada de 3600 millones de dólares, apoyó a Mauricio Macri en su campaña a jefe de gobierno porteño y ahora reaparece en Buenos Aires para levantar dos torres lujosas y un hotel boutique en Puerto Madero. En 2014 se quejaba de que nunca había podido concretar un negocio en el país. Hoy ya no piensa lo mismo. Se reunió con Horacio Rodríguez Larreta “por un proyecto fabuloso” como definió al complejo SLS Lux que construirá en el Dique 1. Amigo íntimo del magnate y candidato a presidente norteamericano – que hasta le prologó un libro – es el arquetipo del desarrollador que prosperó en EE.UU. con la especulación inmobiliaria. También especuló en política, aunque se define demócrata. Financió por igual a Bill Clinton y al republicano Jeb Bush. Es de esos capitalistas que huele el peligro cuando su dinero está en juego. El mismo lo dijo: “Cuando cierro negocios en países de la región, como Brasil, los márgenes de ganancia tienen que superar a los habituales. De lo contrario, no tiene sentido correr riesgos”.
Hijo de cubanos, nació en la Argentina en 1950 y se crió en La Lucila. De niño regresó a la tierra de sus padres, pero había parido la revolución liderada por Fidel Castro que le incautó los bienes a su familia. Estudió la escuela secundaria en Colombia, se graduó con dos diplomas universitarios en Estados Unidos – sociología y planeamiento urbano – y comenzó a trabajar en un municipio de Miami. Ciudad a la que Pérez llama “la capital de facto de América latina”.
En 2008-2010 sobrevivió a la burbuja inmobiliaria que dejó un tendal de damnificados. Comprobó que su cuenta bancaria había caído en picada, aunque su desarrolladora, The Related Group, fue acusada de no devolver el dinero por algunos inversores. Uno de ellos, el jubilado Joseph Ferrelli, había pagado para tener su departamento en el proyecto Trump Tower y le reclamó 195 mil dólares, según publicó The Wall Street Journal en 2011. Su amigo, el xenófobo Donald, le cedió a Pérez los derechos para usar su apellido en más de una obra.
El argentino al que The Wall Street Journal bautizó el rey de los condominios del sur de Florida o al que la revista Time considera el hispano más influyente de EE.UU., se codea con Barack Obama, Hillary Clinton o Bill Gates. Pero con Trump su relación es otra cosa. Tolera su incorrección política y hasta se permitió bromear con él en público sobre el muro que pretende levantar en la frontera con México. Contó en una entrevista que “la última vez que nos vimos yo estaba con él en un meeting, los dos hablando en una conferencia muy grande, nos estaban haciendo preguntas y yo como un chiste le dije: oye Donald, dime una cosa – porque estábamos hablando de eso – cuando construyas la pared esa de 30 pies que vas a hacer en la frontera de Estados Unidos, ¿en qué lugar me metes a mí? ¿Me metes en el lado americano o en el mexicano? Y se puso a reír”.
Pérez dice que está completamente en desacuerdo con esas ideas políticas de su amigo. “Soy un demócrata liberal y él es un republicano conservador”, se define a sí mismo. Pero la amistad y los negocios mutuos pueden más que las diferencias con un candidato a presidente reaccionario. Por algo Trump le prologó su libro Powerhouse principles, un tratado sobre el mercado de bienes raíces, en cuya tapa el magnate argentino aparece en primer plano de traje y con barba candado. Una especie de Paul Singer sin canas y con más pelo.
En las próximas elecciones presidenciales de EE.UU., Pérez dice que apoyará a Hillary si gana la interna demócrata. Esa idea no le resulta contradictoria con la amistad que le profesa al precandidato republicano más votado hasta ahora. Es más, considera un “piropo” que lo llamen el Donald Trump latino. Cuando se trata de su país natal, Pérez no deja dudas de cuáles son sus preferencias políticas: “Lo conozco muy bien a Macri. Lo traté cuando era presidente de Boca Juniors y apoyé su campaña para alcalde. También tuve contacto con el ex presidente Néstor Kirchner por un gran desarrollo inmobiliario, pero no fue posible. Creo que ahora llegó la oportunidad de invertir en la Argentina”, dijo a La Nación en febrero pasado.
El proyecto al que aludió y quedó por el camino fue la urbanización de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en sociedad con el grupo IRSA. Ahora se tomará revancha con la obra de Puerto Madero, donde adquirió un terreno por 30 millones de dólares para levantar dos torres que prevé terminar a fines de 2018. El metro cuadrado costará 6 mil dólares. Pérez ya le describió su proyecto al jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, donde combinará sus dos pasiones: el urbanismo para gente de mucho poder adquisitivo y la colección de obras de arte (ver aparte).
El desarrollador que ingresó al ranking Forbes de los 400 hombres más ricos en Estados Unidos sabe de lo que habla cuando se trata de hacer negocios. Lo comprobó en Miami con The Related Group, creado en 1979 y en el que está asociado con el empresario Stephen Ross, con quien también comparte el equipo de fútbol americano Miami Dolphins.
En una entrevista del South Florida Bussines Journal, comentó en junio del año pasado en qué condiciones prosperaban más sus obras en Latinoamérica: “Hay dos factores a nuestro favor: por un lado, gran cantidad de los sudamericanos tienen sus fortunas en dólares fuera de sus países; por otro lado, Estados Unidos es considerado como una forma de cobertura contra las fluctuaciones monetarias, trastornos políticos y crisis económicas. Y aunque se ha evidenciado una disminución en la demanda de América del Sur, aún les estamos vendiendo bien. Todavía una gran cantidad de sudamericanos nos compran”.
Puerto Madero espera por su último desarrollador. El amigo argentino de Trump que respaldó a Macri cuando aspiraba a ser jefe de Gobierno porteño, se quedó con el único terreno que había disponible en el Dique 1 donde dice que invertirá 250 millones de dólares.
Un lujo que le salió caro
El magnate argentino tiene asociado su nombre al museo de arte más importante de Florida que se levanta en Biscayne Boulevard. La mención en el PAMM (sigla del Pérez Art Museum Miami) fue un lujo que le salió caro. Las informaciones publicadas en Estados Unidos y Argentina sobre cómo lo logró, coinciden en que pagó unos 40 millones de dólares entre efectivo y obras de arte de su colección. Pérez se enorgullece de ser el primer hispano en EE.UU. que ve su apellido colocado a un edificio público.
El periodista anticastrista Miguel Fernández Díaz – que nunca podría ser sospechado de ser comunista – escribió un artículo en Miami donde da una visión diferente de la que difunde el desarrollador sobre su labor filantrópica: “La maña de Pérez en especulación inmobiliaria – la industria líder del Sur de la Florida – no viene acompañada de tacto y pericia en la industria cultural. El principal benefactor del nuevo MAM no es Pérez, sino los contribuyentes de Miami y por ello, tal y como los museos de la ciudad en La Habana y Roma o el Museo Metropolitano de Nueva York (MOMA), este museo de Miami no sólo tendría que haberse erigido en otro lugar, sino denominarse MAM a secas. El mecenazgo de Pérez hubiera sido bien reconocido nombrando así la galería principal, pero su vanidad provocó tanto que Mary Frank, ex presidenta de MAM, renunció a su puesto en la junta directiva como que muchos coleccionistas de arte en Miami boicotearon el PAMM”.
gveiga12@gmail.com
OPINIÓN
“Nueva diplomacia”, viejas mañas
Por Mempo Giardinelli
El apoyo a muchas políticas públicas del gobierno anterior no dio ni tiene por qué dar patente K. Simplemente fue y sigue siendo el caso de muchísimos ciudadanos/as que aplaudimos y sostuvimos decisiones que favorecían a sectores sociales históricamente marginados y a las clases medias bajas.
Esas políticas fomentaron y protegieron el empleo, la industria nacional, la educación consciente, los derechos humanos, la equidad y la libertad de expresión verdadera, es decir no sometida a los intereses de mezquinos dueños de la información que generalizaron la malignización de una letra del abecedario, cuya sola pronunciación es mañosamente acusatoria, infamante y sobrada de ignorancia y de prejuicios.
Curiosamente, meses después del cambio copernicano de gobierno y de ideología, sigue siendo necesaria la docencia democrática de clarificar a los que prefieren creer en lugar de pensar, mientras aplauden cualquier cosa.
Por algún raro misterio que la Sociología y las Ciencias Políticas todavía no saben explicar, las derechas, en todo el mundo, ganan elecciones con los votos de los explotados. Un fenómeno similar al de las personas maltratadas que reeligen a sus maltratadores. Ahí están los casos Trump, Le Pen, Fujimori y ahora el suicidio político de las clases medias brasileñas.
Para Voltaire, “el arte de gobernar consiste en tomar la mayor cantidad de dinero de una parte de los ciudadanos, para dársela a otros”. Verdad evidente que niegan tozudamente tanto despojados como explotadores, quienes suelen hermanarse también al repetir frases remanidas como “todos los políticos son corruptos por igual” o “no hay demasiadas diferencias entre las políticas de izquierda y las de derecha”.
Es obvio: quienes repiten esas zonceras son gentes de derechas. Y decirlo viene a cuento de macaneos contemporáneos como algunos que circulan en nuestra política exterior, donde muchos diplomáticos de carrera (y es una ardua carrera, la más exigente del funcionariado público argentino) soñaron durante años con las políticas PRO y las promesas de la Fundación Pensar.
Ellos alentaban la “profesionalización” de la diplomacia para “volver a tener” una política exterior “seria” que nos recolocara en el mundo. Ministros y consejeros con o sin destino se relamían con el “regreso” a los Estados Unidos y Europa y con la ilusión de la idoneidad como calificación fundamental para nuestras representaciones en el mundo. Estos profesionales, con hasta dos o tres décadas de servicios en “la Casa” o en decenas de embajadas y consulados, detestaban la así llamada “Diplomacia K” porque designaba embajadores políticos o “de confianza”, sobre todo en nuestra vecindad estratégica: América latina.
Olvidaban que esa costumbre no la inventaron Néstor ni Cristina sino que tiene un largo arraigo en la diplomacia de casi todos los países, pero les era funcional para acumular resentimiento. El cual quién sabe dónde se lo pondrán ahora, porque la diplomacia “Cambiemos”, por llamarla de algún modo, les hizo un perfecto pito catalán.
De entrada la canciller Malcorra declaró que la suya sería “una gestión mixta”, es decir, con políticos... Pero fue a fondo: en sólo cuatro meses de gobierno el macrismo designó embajadores de extracción política en toda América latina, salvo en Paraguay. En Panamá se cambió a un embajador de carrera por el incalificable Sr. Del Sel. En Venezuela ahora no tenemos embajador, debido al irracional odio al presidente Maduro. Y tampoco en Perú, quién sabe por qué. Todas las demás legaciones argentinas están a cargo de amigos del Sr. Macri.
Y hay incluso casos indigeribles. Como el deseo presidencial de nombrar embajador en Suiza al médico mediático y ex ministro sciolista Claudio Zin, quien es senador de la República Italiana y, lo que en términos de la diplomacia argentina es un dato descalificante, no nació en nuestro país sino en Bolzano, Italia.
Algunos diplomáticos explican así el empeño del Sr. Macri: Zin clamó ante el parlamento y la clase política italiana que no era aplicable la inmunidad parlamentaria para Milagro Sala, diputada del Parlasur. El Presidente quiere pagarle ese favor.
Mientras digieren todo esto forzadamente, los diplomáticos pro “Cambiemos” guardan silencio ante el desguace de una de las mejores decisiones de política exterior del anterior gobierno: el Programa Sur, que tal como hacen los países que apuestan a la universalización de su cultura, contribuyó a la difusión de la literatura argentina mediante el pago directo de traducciones a editoriales de todo el mundo que se interesaban por libros de autores argentinos. Gracias a esa política pública del para ellos repugnante kirchnerismo fueron centenares los libros de autores nacionales que lograron una presencia extraordinaria en las ferias de Frankfurt, París, Londres y otras, y hoy están en librerías de muchos países.
Sordos rumores de “la Casa” aseguran que hay más de 70 libros detenidos en espera de una hipotética reanimación del Programa Sur. Este columnista conoce bien un caso: el propio. Mi laureada novela Santo Oficio de la Memoria se publicó en Italia en diciembre pasado. Los editores, de buena fe, reconocieron en la primera página el apoyo del Programa Sur. Pero ese apoyo no existió porque – supo este columnista – desde el 10 de diciembre “algunos autores fueron excluidos y esas traducciones no se pagarán”.
Si eso no es censura o castigo, seguro es estupidez. Y una que daña, diplomáticamente, el nombre de nuestro país.
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