miércoles 27 de abril de 2016
Para el juez Sebastián Casanello, los organizadores de la Time Warp y quienes se ocuparon de la seguridad – agentes de la Prefectura y de la empresa Siseg – convirtieron el predio donde se hacía el evento en un espacio blindado o encapsulado, que definió como un "ámbito de exclusión de toda protección estatal" para los asistentes, y que también quedó exento de controles. Eso fue lo que permitió y facilitó la venta de drogas allí dentro y lo que ubicó a quienes creían que iban a disfrutar de una fiesta electrónica, entre los que había menores de 18 años, en una situación de alta "vulnerabilidad y desamparo" y hasta puso en riesgo su salud y su integridad física. Esta definición es la que surge de la imputación que formalizó ayer Casanello al indagar a las dos primeros integrantes de la Prefectura Naval, que fueron contratados junto con otros dieciséis para prefectos como "policía adicional", así como a Maximiliano Avila y Carlos Garat, ambos ligados a la organizadora Dell Producciones. Estos dos últimos permanecen detenidos.
Todavía no fueron precisados los posibles delitos, pero la base de la investigación son las cinco muertes. La forma de calificarlo puede ir desde un homicidio hasta, por ejemplo, abandono de persona. Todo apunta a que fueron fallecimientos provocados por las sustancias consumidas, pero los estudios toxicológicos que darán precisiones sobre el tipo, cantidad y combinaciones, recién estarán listos en unos diez días. Lo que ve el juzgado es que la fiesta funcionaba como un gran mundo donde el Estado no entraba: la Prefectura quedaba haciendo adicionales afuera, haciendo "la vista gorda" –como señaló el fiscal Federico Delgado – y los controladores del gobierno porteño, si entraban, hacían que no veían nada. El Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura Naval sabía que en la Time Warp se comercializaban estupefacientes, entre ellos drogas sintéticas, a granel porque ellos mismos estaban haciendo el seguimiento y las escuchas telefónicas a Lautaro Ignacio Crespo, uno de los dealers detenidos. Prefectura sabía que el joven incluso tenía planeado estar ahí en el evento. Ninguno de los 18 integrantes de la fuerza que estuvieron allí avisaron al juzgado de turno sobre la comercialización de drogas (ketamina, cocaína, LSD, popper y pastillas de éxtasis). Peor aún: notificaron las dos muertes que se produjeron en el predio a un juzgado de instrucción y ante la pregunta concreta sobre si había drogas, dijeron que no. Como, además, dieron ese aviso dos horas más tarde de ocurridos los fallecimientos, esa "ventana" pudo haber permitido el borrado de rastros. De hecho, cuando llegó el fiscal había personal ligado a la organización que estaba limpiando.
Uno de los prefectos indagados ayer, Adrián Marcelo Alvarez, dijo que no vio nada porque llegó sobre el final y que él incautó una bolsa con drogas que habían sido obtenidas en el cacheo a las personas que ingresaban, que realizaba personal de la organización. Esa famosa bolsa, en rigor, recién fue entregada a las cuatro de la tarde del sábado a la División de Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal. El otro agente de la Prefectura, Alejandro García, relató que cumplió servicios adicionales y que cumplía las órdenes que le indicaba el prefecto Alberto Pandiani, quien antes todavía habría tenido la bolsa en su poder.
Según fuentes de la investigación, en la declaración de Avila, en realidad al lado de cada puesto de control de tickets había una bolsa donde se tiraban las sustancias no permitidas después del control en el ingreso. Es decir, hubo muchas bolsas con droga y según este relato, luego el contenido se juntó en dos bolsas que, según escuchó, fueron entregadas a la Prefectura. Avila dijo que fue quien hizo los trámites de habilitación del evento ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Explicó que el gobierno porteño debe enviar inspectores a las 4 de la mañana, y que vio tres de ellos adentro de la fiesta, que fueron los que firmaron el acta de habilitación, que son los que deben controlar el cumplimiento de los términos.
El permiso decía 13 mil personas y está probado, dice el juez, que hubo 20.500 o un poco más. Esta anomalía no fue informada por nadie. Los organizadores, que eran garantes del evento, también debían acatar la prohibición de que no ingresaran menores (uno de los chicos que siguen internado tiene 17 años), un operativo médico sanitario, con médicos, ambulancias y socorristas acorde a los asistentes y un puesto de atención médica. Hubo dos ambulancias, cinco médicos, dos socorristas y un puesto, pero según Casanello todo era por lo menos la mitad de lo exigido, incluso los baños y el agua.
Avila dijo que lo contrataba Dell de manera externa por 6000 pesos mensuales, aunque cuando hacía trámites para eventos especiales sumaba 20 mil pesos. Garat dijo que su tarea fue contratar a la Prefectura, y que estuvo en la fiesta. Como tiene más de 70 años, pidió la prisión domiciliaria.
ZONA LIBERADA
LAS ACUSACIONES QUE EL JUEZ SEBASTIÁN CASANELLO PLANTEA
EN LAS INDAGATORIAS POR EL EVENTO DE COSTA SALGUERO
Una fiesta blindada a los ojos del Estado
El juez Casanello tomó ayer cuatro indagatorias. A dos prefectos y a los dos últimos detenidos, el apoderado de Dell Producciones y al responsable del plan de evacuaciones. Apunta a una organización con zona liberada para la venta de drogas.
Hubo dos ambulancias, cinco médicos, dos socorristas y un puesto,
pero según Casanello todo era por lo menos la mitad de lo exigido.
Para el juez Sebastián Casanello, los organizadores de la Time Warp y quienes se ocuparon de la seguridad – agentes de la Prefectura y de la empresa Siseg – convirtieron el predio donde se hacía el evento en un espacio blindado o encapsulado, que definió como un "ámbito de exclusión de toda protección estatal" para los asistentes, y que también quedó exento de controles. Eso fue lo que permitió y facilitó la venta de drogas allí dentro y lo que ubicó a quienes creían que iban a disfrutar de una fiesta electrónica, entre los que había menores de 18 años, en una situación de alta "vulnerabilidad y desamparo" y hasta puso en riesgo su salud y su integridad física. Esta definición es la que surge de la imputación que formalizó ayer Casanello al indagar a las dos primeros integrantes de la Prefectura Naval, que fueron contratados junto con otros dieciséis para prefectos como "policía adicional", así como a Maximiliano Avila y Carlos Garat, ambos ligados a la organizadora Dell Producciones. Estos dos últimos permanecen detenidos.
Todavía no fueron precisados los posibles delitos, pero la base de la investigación son las cinco muertes. La forma de calificarlo puede ir desde un homicidio hasta, por ejemplo, abandono de persona. Todo apunta a que fueron fallecimientos provocados por las sustancias consumidas, pero los estudios toxicológicos que darán precisiones sobre el tipo, cantidad y combinaciones, recién estarán listos en unos diez días. Lo que ve el juzgado es que la fiesta funcionaba como un gran mundo donde el Estado no entraba: la Prefectura quedaba haciendo adicionales afuera, haciendo "la vista gorda" –como señaló el fiscal Federico Delgado – y los controladores del gobierno porteño, si entraban, hacían que no veían nada. El Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura Naval sabía que en la Time Warp se comercializaban estupefacientes, entre ellos drogas sintéticas, a granel porque ellos mismos estaban haciendo el seguimiento y las escuchas telefónicas a Lautaro Ignacio Crespo, uno de los dealers detenidos. Prefectura sabía que el joven incluso tenía planeado estar ahí en el evento. Ninguno de los 18 integrantes de la fuerza que estuvieron allí avisaron al juzgado de turno sobre la comercialización de drogas (ketamina, cocaína, LSD, popper y pastillas de éxtasis). Peor aún: notificaron las dos muertes que se produjeron en el predio a un juzgado de instrucción y ante la pregunta concreta sobre si había drogas, dijeron que no. Como, además, dieron ese aviso dos horas más tarde de ocurridos los fallecimientos, esa "ventana" pudo haber permitido el borrado de rastros. De hecho, cuando llegó el fiscal había personal ligado a la organización que estaba limpiando.
Uno de los prefectos indagados ayer, Adrián Marcelo Alvarez, dijo que no vio nada porque llegó sobre el final y que él incautó una bolsa con drogas que habían sido obtenidas en el cacheo a las personas que ingresaban, que realizaba personal de la organización. Esa famosa bolsa, en rigor, recién fue entregada a las cuatro de la tarde del sábado a la División de Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal. El otro agente de la Prefectura, Alejandro García, relató que cumplió servicios adicionales y que cumplía las órdenes que le indicaba el prefecto Alberto Pandiani, quien antes todavía habría tenido la bolsa en su poder.
Según fuentes de la investigación, en la declaración de Avila, en realidad al lado de cada puesto de control de tickets había una bolsa donde se tiraban las sustancias no permitidas después del control en el ingreso. Es decir, hubo muchas bolsas con droga y según este relato, luego el contenido se juntó en dos bolsas que, según escuchó, fueron entregadas a la Prefectura. Avila dijo que fue quien hizo los trámites de habilitación del evento ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Explicó que el gobierno porteño debe enviar inspectores a las 4 de la mañana, y que vio tres de ellos adentro de la fiesta, que fueron los que firmaron el acta de habilitación, que son los que deben controlar el cumplimiento de los términos.
El permiso decía 13 mil personas y está probado, dice el juez, que hubo 20.500 o un poco más. Esta anomalía no fue informada por nadie. Los organizadores, que eran garantes del evento, también debían acatar la prohibición de que no ingresaran menores (uno de los chicos que siguen internado tiene 17 años), un operativo médico sanitario, con médicos, ambulancias y socorristas acorde a los asistentes y un puesto de atención médica. Hubo dos ambulancias, cinco médicos, dos socorristas y un puesto, pero según Casanello todo era por lo menos la mitad de lo exigido, incluso los baños y el agua.
Avila dijo que lo contrataba Dell de manera externa por 6000 pesos mensuales, aunque cuando hacía trámites para eventos especiales sumaba 20 mil pesos. Garat dijo que su tarea fue contratar a la Prefectura, y que estuvo en la fiesta. Como tiene más de 70 años, pidió la prisión domiciliaria.
OPINIÓN
La rabia y el perro
A medida que transcurren los días desde las muertes en la fiesta Time Warp de Costa Salguero, la sensación de déjà vu se profundiza. La película se repite: en las semanas que siguieron a la tragedia de República Cromañón, y aun mientras se deslindaban responsabilidades que iban aclarando las circunstancias y particularidades de lo sucedido en el boliche de Once, la primera medida del Gobierno de la Ciudad fue instaurar un estado de clausura. Apelar a una prohibición cuyo trasfondo era diseminar la culpa en el rock en general, en los shows en vivo en particular. La medida era tan injusta como ineficaz: no en todos los conciertos se encendían fuegos, ni en todos los conciertos se cometían errores graves de producción, ni en todos lados se vulneraban las reglas de seguridad. Pero coaccionados por la opinión pública, aquellos que habían fallado en la prevención se vieron compelidos a sobreactuar sus medidas. A lo largo de la historia, en variados contextos y situaciones, ha quedado claro que prohibir es una medida muy llamativa y acorde con los reclamos nacidos de la indignación, pero de efectos bien discutibles.
Lejos de intentar alguna aclaración sobre los sólidos vínculos del lugar donde se realizó la fiesta con el poder político, haciendo caso omiso de los resultados que arroja la investigación sobre lo que sucedió el 15 de abril, el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta prefiere dirigir los cañones hacia otro lado. En la agenda oficial, el discurso gira casi exclusivamente sobre el consumo de drogas, y la herramienta para evitar que vuelva a suceder es prohibir toda fiesta electrónica. Resulta curioso que quienes hace una década tenían tan claras las falencias del sistema de inspecciones hoy intenten justificar lo sucedido con otros vectores. Curioso, pero – claro – no sorprendente. Resulta menos comprometedor montarse al discurso escandalizado sobre las drogas de diseño que explicar una sobreventa de 7 mil entradas, una Prefectura que miró para otro lado y un cuerpo de inspectores que no advirtió las condiciones inhumanas del predio, la escasa ventilación y la falta de agua. Resulta aún más complicado enfrentarse a incómodos interrogantes sobre si esa desidia e inoperancia no será una vista gorda que tiene que ver con los nexos entre Costa Salguero y el macrismo.
Otra vez, como en los primeros meses de 2005, es mucho más fácil echarle la culpa a todas las fiestas, a la música electrónica, a las costumbres de sus cultores, y no a los verdaderos responsables específicos de este desastre. Algo así como muerto el perro, se acabó la rabia. El problema es que en este asunto hay visiones demasiado diferentes sobre cuál es la rabia, y cuál el perro.
LA CÁMARA ALTA SESIONARÁ ESTA TARDE PARA APROBAR LA
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCUPACIONAL
El freno a los despidos arranca por el Senado
Con el impulso del Frente para la Victoria y el acompañamiento de un sector del peronismo federal y otros bloques más pequeños, la norma que prohíbe los despidos por seis meses y otorga una indemnización doble pasará a Diputados. Cambiemos votará en contra.
La nueva conducción del PJ, encabezada por Gioja y Scioli,
visitó a los senadores para apoyar la aprobación de la ley.
Por primera vez el Gobierno sufrirá en carne propia las consecuencias de su debilidad parlamentaria: el bloque del Frente para la Victoria (con un número de integrantes suficiente para imponerse) impulsará hoy en el Senado el proyecto que declara la emergencia ocupacional y prohíbe los despidos durante 180 días. Se trata de un tema sensible para el presidente, Mauricio Macri, quien expresó su rechazo y adelantó que vetará la iniciativa en caso de que corra en la Cámara de Diputados la misma suerte que la que se espera hoy en la Cámara alta. Con 42 senadores (39 propios del FpV y tres aliados) y el apoyo de un sector del peronismo federal y otros bloques más pequeños, la oposición le dará a Cambiemos su primera derrota, dos días antes de la primera movilización conjunta convocada por las cinco centrales sindicales, que respaldaron expresamente la medida. Ayer por la tarde, luego de que se conociera la decisión judicial que proclamó a José Luis Gioja y Daniel Scioli como nueva conducción del PJ, los dirigentes pasaron por el bloque que preside Miguel Pichetto para manifestar su apoyo.
La semana pasada los senadores del oficialismo ya habían recibido la advertencia por parte del Ejecutivo. Las principales espadas del macrismo les pidieron que estuvieran disponibles para sesionar, en caso de que la oposición decidiera avanzar con el proyecto que había obtenido dictamen. El propio Macri, así como los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y del Interior, Rogelio Frigerio, entre otros, cuestionaron el proyecto y minimizaron la situación de los despidos. "Compartimos una preocupación común con los gobernadores y los intendentes. No hay una solución alternativa a la de generar trabajo. Todas las medidas que apunten a crear empleo y sobretodo empleo que genera riqueza y que paga buenos salarios, va a ser apoyada. Entendemos que las medidas que se están discutiendo en el Congreso no van en este sentido, sino todo lo contrario", afirmó ayer Frigerio, quien consideró que de esa forma se podría "entorpecer algunas de las propuestas de inversión".
Más allá de las críticas del oficialismo, que apuró el anuncio del denominado "plan de primer empleo", finalmente ayer un grupo de senadores elevó a la presidencia de la Cámara una nota solicitando la realización especial hoy a las 15.30 con dos iniciativas en la agenda. Por un lado, la ley antidespidos y por el otro, el proyecto que exige la autorización previa del Congreso para la toma de deuda pública tanto interna como externa. La nota dirigida a la vicepresidenta Gabriela Michetti contó con la firma de Juan Manuel Abal Medina, Juan Irrazábal, Marina Riofrío (FpV), Norma Durango y Daniel Lovera (PJ-La Pampa), Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo Federal) y el sindicalista Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino).
La propuesta de los senadores implica detener los despidos por los 180 días que dura la declaración de emergencia, al igual que las suspensiones, sin justa causa, tanto en el sector privado como en el sector público nacional. Esto incluye no sólo al Poder Ejecutivo sino también al Legislativo, Judicial y al Ministerio público. La norma no hace distinciones según la modalidad de contratación y declara que todos los actos dispuestos en contravención de la prohibición serán "nulos". Según explicó Lovera, presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, en caso de producirse despidos los trabajadores afectados podrán optar por accionar judicialmente por su reincorporación (con el pago de salarios hasta su reincorporación efectiva) o aceptar el despido. En ese caso, tendrá derecho a recibir el doble de indemnización del que le correspondería antes de la declaración de emergencia.
El texto del Senado es menos duro que el que obtuvo dictamen la semana pasada en Diputados. Los senadores establecieron que la emergencia durará 6 meses y no será retroactiva. En cambio, los Diputados del FpV impulsan la emergencia hasta fines de 2017 y con retroactividad al primero de marzo.
En respuesta a los cuestionamientos del macrismo sobre un eventual desaliento a la creación de nuevos puestos de trabajo, senadores del PJ aclararon que la prohibición de despidos correrá para aquellos que estuvieran contratados hasta diciembre de 2015 y no para nuevos trabajadores.
"Esta ley no es contra el Gobierno, pero tenemos que ponerle un freno a los despidos. Hemos sido responsables a la hora de votar leyes a favor de pagar las deudas externas. Ahora todos debemos ser responsables de saldar las deudas sociales y laborales internas", aseguró ayer Lovera. Representantes del Frente para la Victoria discutieron ayer la posibilidad de introducir en el recinto alguna modificación al dictamen firmado la semana pasada. Finalmente, sólo el salteño Rodolfo Urtubey (que responde a su hermano, el gobernador Juan Manuel Urtubey) adelantó que pedirá cambios. De todas formas, el consenso alcanzado en el Senado entre el FpV, el Peronismo Federal y otros actores de la oposición garantizaban ayer una amplia mayoría frente a los 15 senadores con los que cuenta el interbloque Cambiemos (UCR, PRO y Coalición Cívica).
Emergencia bonaerense
En sintonía con las iniciativas en debate en el Congreso Nacional, senadores bonaerenses del Frente para la Victoria presentaron un proyecto para que el gobierno de María Eugenia Vidal declare la "emergencia laboral" por el término de un año. La medida apunta a "paliar la compleja situación que atraviesa la provincia respecto del empleo público y privado" y evitar "las consecuencias directas que están teniendo los despidos sobre la productividad y la economía de toda la sociedad". El proyecto fue promovido por Sergio Berni y presentado por el bloque de senadores del FpV. Contó con la firma del presidente del bloque del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio, del PJ Daniel Barrera y del PJ-NK, Fernando Campos. El texto establece la prohibición de los despidos "sin justa causa" en el sector público provincial mientras que en el ámbito privado las empresas que echen trabajadores sin causa y obviando la comunicación al ministerio de Trabajo, "serán sancionadas con la quita de beneficios impositivos y multas administrativas". Decenas de organizaciones sindicales de la provincia expresaron su respaldo a la medida en reuniones con representantes de los distintos bloques.
EL G-6 RECHAZA LA EMERGENCIA LABORAL Y FESTEJA LA
FLEXIBILIZACIÓN DEL PLAN PRIMER EMPLEO
La idea es que el salario es un costo
El establishment reunido en el G-6 salió al cruce del proyecto de prohibir despidos y de la doble indemnización. Repitió la falacia de que no hubo creación de empleo privado en los últimos cuatro años. Mientras sube el desempleo, respaldan la flexibilización para contratar.
El G-6 dice que el proyecto que busca defender los puestos de trabajo
atenta contra los trabajadores y las pymes.
Los representantes de las principales cámaras empresarias reunidos en el Grupo de los Seis salieron a cuestionar en duros términos el proyecto de ley de la oposición con respaldo de las cinco centrales sindicales acerca de la "emergencia laboral". Los bancos reunidos en Adeba, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural y la Unión Industrial emitieron un comunicado advirtiendo que ese tipo de iniciativas no "han tenido éxito alguno en nuestro país, ni fueron aplicados en los países más desarrollados del mundo al afrontar recientes crisis de producción y empleo". En cambio, los grupos económicos están entusiasmados con el Plan Primer Empleo que flexibiliza la contratación de trabajadores a cuenta de la desfinanciación del Tesoro y la Anses presentado anteayer por el presidente Mauricio Macri.
El G-6 insiste con un diagnóstico acerca de la evolución del empleo privado desde 2011 que ha sido desmentido por los propios datos oficiales de la AFIP. El comunicado dice: "Prohibir los despidos o encarecer indemnizaciones legalmente vigentes no es el camino: La realidad ha demostrado que la contracción de la actividad económica y la falta de crecimiento del empleo en el sector privado, lamentablemente comenzó en la última parte de 2011 y dicha tendencia ha persistido a través de estos años". Sin embargo, Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) desde 2011 se creó empleo formal de manera ininterrumpida. Fueron 440.829 nuevos puestos en blanco desde 2011 y 830.623 desde 2010. Entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015 se incorporaron al mercado formal 224.337 trabajadores. Los datos oficiales muestran que en noviembre de 2011 había 7.642.985 trabajadores registrados entre el sector público y privado, mientras que el mismo mes de 2015 ese número se ubicó en 8.083.814. No se trata de estimaciones sino de números que ofrece el sistema de seguridad social. Entre 2011 y 2015 el sector privado generó 285.731 puestos, mientras que el sector público registró a 155.098 trabajadores. En 2015 se emplearon 171.104 nuevos trabajadores en el sector privado y 53.233 en el sector público.
Son tan contundentes estas cifras que las cámaras que agrupan a las grandes empresas tienen que escudarse detrás de la defensa de las Pymes para preservar sus privilegios, además de repetir falacias de economistas de la city, amplificadas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. El G-6 afirma que prohibir los despidos sin causa, y en caso de hacerlo pagar una doble indemnización, altera el objetivo de creación de empresas, especialmente pymes y con ello nuevos puestos de trabajo. Sin mencionar la responsabilidad que tienen las grandes firmas de invertir para crear empleos, explican que ese camino se logrará promoviendo la "empleabilidad" a través de los mecanismos de educación y formación técnica adecuados y facilitar la creación de nuevos emprendimientos en el sector formal de la economía. Estos "son los objetivos concurrentes que toda sociedad moderna busca para su desarrollo y bienestar", sentencia el G-6. Para concluir que "el camino no es la prohibición o encarecimiento de las indemnizaciones, sino los adecuados incentivos y la red de contención social efectiva que proteja a quien se encuentre desempleado".
En esa línea conceptual, el Plan Primer Empleo del macrismo ha recibido el apoyo del establishment debido a que flexibiliza las condiciones de contratación. Este primer proyecto de ley laboral introducido por el gobierno de Mauricio Macri tiene como objetivo estimular la creación de empleo formal y favorecer la formalización de trabajadores. Un reciente informe de los economistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que el diagnóstico oficial respecto de los problemas centrales del mercado laboral tiene una única dimensión: el peso del costo laboral como desincentivo a la creación de empleo formal.
Basado en este diagnóstico, el Plan de Primer Empleo propone dos instrumentos fundamentales: una reducción de las contribuciones patronales, en algunos casos al ciento por ciento (es decir, exención) a los nuevos empleos de jóvenes entre 18 y 25 años; y un subsidio de una parte o la totalidad del salario que abona el empleador al trabajador.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo del año pasado, las políticas de este tipo no han tenido resultados en Latinoamérica desde que comenzaron a implementarse masivamente (1990) hasta la actualidad.
"Con el Plan del Primer Empleo, el gobierno macrista debuta en materia de política laboral reforzando la agenda económica neoliberal, con una política de reducción del costo laboral a través de la transferencia de recursos del Estado al sector empresario, desfinanciando la seguridad social (Anses) y los recursos del Tesoro Nacional", explican los especialistas del CEPA. Indican que existe una coherencia histórica en esta agenda neoliberal al limitar y simplificar la problemática del empleo a una cuestión de costos laborales. Mencionan que esa concepción se estructura sobre la idea de entender al "salario exclusivamente como un costo de la economía por ende, cuanto más reducido, mejor y no como un factor de demanda cuyo incremento fortalece la pujanza del mercado local y seguidamente motoriza la actividad económica".
Producción en picada
LA CÁMARA ELECTORAL REVOCÓ LA DECISIÓN DE SERVINI Y
CONFIRMÓ LAS INTERNAS DEL 8 DE MAYO
La Justicia avaló la lista de unidad
Como la lista que encabezan José Luis Gioja y Daniel Scioli es la única habilitada para competir, hoy será proclamada por la Junta Electoral partidaria. Adelantaron su apoyo a la ley de emergencia laboral.
José Luis Gioja, Daniel Scioli y el resto de la conducción de la lista de unidad
del Partido Justicialista.
La Cámara Nacional Electoral finalmente avaló la lista de unidad del Partido Justicialista que encabezan el ex gobernador de San Juan y actual diputado, José Luis Gioja, y el ex gobernador bonaerese y ex candidato presidencial del FpV, Daniel Scioli, y despejó la posibilidad de una intervención judicial. En su primera aparición como nueva conducción –aunque todavía virtual–, Gioja y Scioli ayer se reunieron con el bloque de senadores del Frente para la Victoria para apoyar la decisión de avanzar con la discusión de la ley sobre emergencia laboral que se tratará hoy en el recinto (ver página 5).
El fallo de la Cámara Electoral era esperado ansiosamente por la nueva conducción. El organismo revocó así la decisión de la jueza María Servini de Cubría de posponer el cierre de listas previsto originalmente para el 8 de abril pasándolo para el 28, es decir, mañana. Servini modificó el cronograma electoral al hacer lugar a un pedido de la lista "Justicia y dignidad peronista", que promueve el ex presidente Eduardo Duhalde, súbitamente animado por participar de la compulsa interna. Duhalde consideró "ilegítima" la lista de Gioja y Scioli y Servini resolvió parar el proceso para permitir a este sector participar.
La medida fue apelada por la lista de unidad y la Cámara le dio la razón, ratificando la renovación de autoridades para el 8 de mayo, tal como estableció el congreso partidario de febrero pasado. En un fallo firmado por el titular de Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía, y Santiago Corcuera, el organismo resolvió "revocar la sentencia apelada" y "hacer saber a la Junta Electoral Nacional del PJ que deberá proseguir el procedimiento interno correspondiente" para renovar autoridades. Ahora la nueva conducción debe esperar que la Junta Electoral del PJ la declare formalmente (posiblemente hoy), dado que no hay ninguna otra nómina habilitada para competir. La semana que viene harán un acto de asunción.
La lista, bautizada "Unidad Justicialista", tiene entre sus 75 consejeros titulares tiene referentes de un amplio abanico de sectores, incluyendo a representantes de provincias como San Luis y La Pampa, quienes desde hacía tiempo se mantenían alejadas de la representación formal del justicialismo, como también a otros alineados con los disidentes del Bloque Justicialista en Diputados.
Luego de conocido el fallo, Gioja y Scioli se reunieron junto a otros referentes de la nómina en la sede de Matheu 130, donde anunciaron que la Junta Electoral partidaria proclamará "mañana" (por hoy) la nómina de unidad que los tiene como presidente y vice del sello, respectivamente. "No nos queremos almorzar la cena, sino esperar a que mañana la Junta Electoral haga la proclamación de la lista", sostuvo Gioja, acompañado también por el jefe del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, el titular del Congreso Nacional del PJ, el gobernador formoseño Gildo Insfrán, y el secretario general de la CGT, Antonio Caló, entre otros.
"La Junta Electoral va a proclamar la lista de unidad que fue presentada en tiempo y forma", indicó Gioja en rueda de prensa, y reiteró el aval de "20 provincias" a la lista. Por su parte, Scioli destacó la "enorme responsabilidad" de la nueva conducción para "interpretar las demandas" de la sociedad "en defensa de la industria nacional, el trabajo y la educación pública", con un "espíritu no de crítica sino de colaboración" e "influencia positiva" sobre el Gobierno. Además, reiteró su propuesta de "abrir las puertas" del PJ y aclaró que "no es un partido" el que debe ser protagonista, sino que el peronismo debe "construir una organización" más amplia.
Fuera de los temas partidarios, Gioja ya actuó como nuevo conductor formal de la oposición y manifestó su "preocupación" ante las políticas del macrismo, por lo que adelantó que el primer documento que firmará la nueva conducción será un apoyo a la movilización que el próximo viernes realizarán las cinco centrales sindicales en repudio a los despidos. En ese marco, como lo haría luego en un encuentro mantenido con el bloque de senadores, ratificó el apoyo del justicialismo a la ley que declara la emergencia ocupacional y frena los despidos, al señalar que esa medida no generará "un cepo laboral", como argumentan en el Gobierno. "Nadie puede sentirse dueño de la verdad", respondió cuando le preguntaron ante la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri vete la iniciativa, como ya lo dejó entrever.
"La nueva conducción del PJ será de puertas abiertas, no estamos en contra de nadie", sostuvo José Luis Gioja cuando le preguntaron por los sectores que no integran la lista de unidad. Concretamente sobre La Cámpora, Gioja dijo que "no veo dicotomía con el kirchnerismo" y recordó que un intendente de esa agrupación, Walter Festa, de Moreno, formaba parte de la nómina. Consultado, Festa afirmó: "soy peronista antes que kirchnerista pero nadie puede negar que Néstor y Cristina hicieron el peronismo del siglo XXI y eso hay que defenderlo dentro del partido". Respecto a esa posición – la de "dar el debate desde adentro" – dijo que era "una mirada personal".
OPINIÓN
La servidumbre voluntaria
Por Ricardo Forster *
Vivimos en la sociedad del espectáculo y de lo que algunos pensadores contemporáneos han llamado la "época de la estetización del mundo". Un tiempo caracterizado por la combinación de un capitalismo "artístico" inclinado a la forma "bella y espectacular", al diseño cuidadoso de todos y cada uno de los objetos que rodean nuestra vida cotidiana y a la invención de mecanismos híper sofisticados de producción de mercancías envueltas en un "aura" fascinante que alimentan permanentemente nuestra siempre insatisfecha inclinación al goce, mientras crece la concentración de la riqueza y la exclusión de millones de personas a lo largo del planeta. Todo esto arrojando el contenido, lo sustantivo, el valor de uso de los objetos que reclaman nuestra atención y que electrizan nuestros deseos, al tacho de los desperdicios. Mostrando que lo único relevante es el efecto de fascinación que la mercancía ejerce sobre el ciudadanoconsumidor y que ha sabido expandir la lógica del consumo hasta niveles impresionantes atravesando todas las esferas de la vida social e individual. Nuevas y complejas estrategias de colonización de las conciencias se despliegan en el interior de sociedades atrapadas en esta dialéctica que incluye la imposibilidad de sustraerse a la promesa de goce y felicidad que emana de la mercancía junto con la inevitable insatisfacción que atraviesa el mundo del mercado.
Ya a mediados del siglo XIX, cuando el capitalismo iniciaba su segunda revolución industrial y desplegaba el invento de las "exposiciones mundiales" (dos de las más famosas fueron el "Palacio de cristal" de Londres y la exposición de París de 1889 en la que se construyó la Torre Eiffel), el poeta Charles Baudelaire definía la época de la modernidad como el reino de la mercancía dotada de un extraordinario poder de seducción que hipnotizaba a los paseantes de los famosos pasajes parisinos, haciendo de las mercancías el nuevo objeto de culto y de las galerías las nuevas catedrales a las que concurrían los nuevos creyentes. Varios años antes de que Marx hablara del fetichismo de la mercancía, Baudelaire comprendió que se abría una nueva época en la que los objetos serían constituidores de las fantasías de los sujetos, verdaderas criaturas capaces de cobrar vida y de ejercer un efecto de seducción capaz de determinar sentimientos, afectos, visiones y prácticas de los seres humanos. Sin esa usina de fantasías e ilusiones el capitalismo no hubiera podido sobrevivir y expandirse globalmente. Nunca hay que perder de vista que la expropiación de la experiencia social y comunitaria constituye uno de los más significativos logros del Sistema que, para sostener su dominación, necesita algo más que garrote y represión.
La fase neoliberal del capitalismo es la más acabada manifestación de la distribución regresiva de la renta de modo constante y exponencial hasta transformar esta etapa en la de mayor desigualdad de la historia (tanto en los países centrales como en los periféricos se ha expandido a niveles inverosímiles la concentración de la riqueza). Epoca sostenida en la generalización de una estrategia de hegemonía cultural que se basa, fundamentalmente, en el papel de vanguardia operativa de los grandes medios de comunicación y en la multiplicación al llamado de un goce desenfrenado e ilimitado cuyo cierre no se encuentra en ninguna parte y que se corresponde con un capitalismo irrefrenable y destructivo de la vida social y de la naturaleza. La subjetividad es el terreno de la disputa, el centro de la intensificación de dispositivos que internalizan, en los individuos, las formas imaginarias de una conciencia que rompe todos los vínculos de solidaridad entre las personas y que corre presurosa hacia la servidumbre voluntaria. Descifrar el por qué del avance de la derecha neoliberal en nuestro país implica desentrañar el funcionamiento de estos dispositivos que hacen pie en el sentido común y en la producción de subjetividad principalmente en aquellos sectores de la sociedad que tienen todo para perder allí donde crece la hegemonía de la financiarización del capital y que, sin embargo, se dejan seducir por los globos de colores y la revolución de la alegría.
Una impresionante maquinaria comunicacional, una fábrica de sueños, de imágenes y de ficciones trabaja sin descanso para determinar nuestros hábitos y nuestras "necesidades" que, siendo una invención del mercado, acaban por convertirse en imprescindibles para nuestras vidas aunque antes nos arreglábamos muy bien sin esos objetos artificiales. Un individuo autorreferencial, solipsista, girado sobre sí mismo, ciego para lo exterior y profundamente atrapado en una lógica narcisista y hedonista es el nuevo sujeto de una época que ha quebrado la relación entre el individuo y la comunidad, para privilegiar la expansión ilimitada de un individualismo que atraviesa cada una de las esferas de la existencia. Esa maquinaria comunicacional es, a su vez, una fábrica de ficciones que se ha convertido en la gran mediadora entre las personas y la realidad; o, dicho desde otra perspectiva, es la fuente de producción de una realidad ficcionalizada que es interiorizada por el individuo como si fuera la verdadera realidad. Cada vez más se ve el mundo a través de los dispositivos mediáticos, cada vez más la experiencia de la realidad no la hace cada uno sino que es generada en los laboratorios de la industria del espectáculo y la comunicación. Somos dichos y construidos por estos lenguajes tecnológicos que despliegan las 24 horas del día sus tentáculos informativos y sus infinitas maneras de ficcionalizar el mundo en el que vivimos. Sin darnos cuenta somos hablados por un Gran Otro que se inmiscuye en lo más profundo de nuestra intimidad y organiza nuestra representación del mundo.
Las democracias contemporáneas han demostrado ser permeables a estas formas livianas de totalitarismo, formas que operan sobre los individuos hasta formatear conductas y actitudes. Es una tarea urgente de los proyectos emancipadores deconstruir el funcionamiento de estas "democracias fósiles" como las ha denominado Alvaro García Linera. Democracias vacías, sin espesor ni contenido que sólo operan en el ámbito de las formas abstractas y en el interior de dispositivos organizados por los lenguajes de la comunicación de masas. La nueva derecha que hoy avanza en nuestro continente ha sabido, a diferencia de otras épocas, apropiarse de esas democracias exhaustas para ponerlas a su servicio y, para ello, han sabido hacer de las grandes empresas mediáticas los instrumentos fundamentales para construir sentido común y opinión pública. Sin el lugar central de los medios en la construcción del imaginario social no sería capaz, el neoliberalismo, de imponerle a la sociedad sus condiciones y sus mecanismos de dominación. El triunfo de Cambiemos debe ser leído en el interior de esta lógica.
Habitantes fascinados de múltiples fábulas que van definiendo nuestros gustos, nuestros valores, nuestros afectos y nuestros prejuicios hasta conducirnos a mirar el mundo a través de los ojos del poder, esa es la sutil y sostenida producción de subjetividad que se expande desde las fábricas comunicacionales. Siempre recuerdo aquel día en que estando parado en una esquina emblemática de la Buenos Aires oligárquica, la esquina de Suipacha y Arroyo frente a la embajada de Brasil, un encargado de edificio me saludo y, estrechándome en un abrazo, me dijo que él se identificaba con el kirchnerismo, pero cuando le pregunté por sus compañeros encargados de los otros edificios de aquel barrio de clase alta me contestó, con un dejo de ironía, que "ellos miraban la realidad y al país a través de los ojos de los dueños de los departamentos". Más claro imposible. La producción intensiva de una subjetividad deudora de la "mirada de la dominación" constituye lo que un filósofo renacentista inmortalizó como la inclinación de los muchos hacia la "servidumbre voluntaria".
En estos inquietantes días argentinos somos testigos de una confluencia que tiene obnubilada a una parte de la sociedad: la que reúne a la servidumbre voluntaria con el síndrome de Estocolmo. Por un lado, y ya lo señalé, el poder ha logrado expandir su hegemonía formateando conciencias que miran el mundo a través de los ojos de la dominación y, por el otro lado, hay un goce, también de muchos de los perjudicados directos, en aceptar los brutales golpes que el ajuste y las políticas neoliberales descargan sobre la población. Mientras fijan sus miradas hipnóticas en las infinitas pantallas desde las que se relata la corrupción del gobierno anterior, cierran esos mismos ojos a la evidencia de una regresión salvaje acompañada de una nueva y gigantesca estafa contra la mayor parte de esa sociedad que sigue absorbiendo la ficción que les ofrecen los grandes medios de comunicación.
El relato neoliberal que hoy encarna Cambiemos ha sabido penetrar hondamente en el sentido común a un nivel tal que se acepta como algo bueno y natural que los gerentes de los grandes bancos y empresas multinacionales ocupen los principales puestos en el poder ejecutivo nacional; como si la famosa "opinión pública" (esa misma que tan pacientemente crean los medios corporativos) creyese que por ser millonario o CEO de alguna gran empresa se es portador de la facultad, fantástica y loca, de irradiar su riqueza al conjunto de la sociedad. Más allá incluso de la teoría del derrame que, en nuestros años 90, lo único que derramó torrencialmente fueron desocupados, pobres e indigentes, la nueva construcción propagandística (astutamente apoyada en lo que llamaba "estetización del mundo" propalada globalmente por el capitalismo "artístico" y reproducida desde las grandes maquinarias mediáticas y publicitarias) sigue bombardeando a la sociedad con la "corrupción del populismo" y "las valijas llenas de dinero de la ruta K" mientras la risa infernal de los poderosos se multiplica para goce de aquellos votantes que están fascinados con sus depredadores y ciegos a la destrucción de su propia vida y del futuro de sus hijos.
* Filósofo
MEDIOS Y COMUNICACIÓN
Medios comunitarios
El Grupo de investigación Conicet/Defensoría del Público traza un panorama de las nuevas dificultades y obstáculos que enfrentan los medios de comunicación sin fines de lucro como consecuencia de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo que cambian las reglas de juego en materia de comunicación en el país y en el escenario económico.
Por Grupo de investigación Conicet/Defensoría del Público *
A poco de iniciar su mandato, el nuevo gobierno nacional introdujo cambios en la regulación de las comunicaciones e implementó otras políticas que impactan en los medios comunitarios, populares, alternativos y cooperativos.
Los decretos de necesidad y urgencia 13 y 267 modifican la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Si bien no cambian los artículos específicamente referidos a los medios no lucrativos excepto a las cooperativas que proveen televisión por cable, es claro que se fundan en el paradigma de la comunicación como mercancía y no como derecho humano. El cambio no es menor. Se abre entonces una nueva etapa para los medios del sector social de Argentina.
Entre los recientes obstáculos para estas emisoras sobresale la parálisis del Fondo de Fomento Concursable de los Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca). El nuevo organismo de regulación de la comunicación audiovisual y las telecomunicaciones, el Enacom, no sólo no abrió nuevas líneas de fomento, sino que también adeuda pagos en proyectos adjudicados. Asimismo, la Dirección de Proyectos Especiales, encargada del desarrollo del Fondo, sufrió un achicamiento importante. Estos fondos adjudicados mediante concursos públicos, habían permitido a radios y televisoras comunitarias y de pueblos originarios mejorar su posición en un mercado hipercompetitivo: equiparse, producir contenidos, contratar servicios, regularizar su gestión.
Las cooperativas prestadoras de servicios públicos que proveen televisión por cable – el grupo de medios no lucrativos que en los últimos cinco años más creció en número y en cantidad de licencias – dejaron de estar regidas por la LSCA. Son discriminadas frente a los operadores dominantes porque son las únicas cuya licencia para gestionar servicios convergentes puede ser impugnada y, en ese caso, deben someterse a un examen del área de Defensa de la Competencia.
Considerando los cambios de prioridades en las políticas públicas y el desmantelamiento de algunas áreas del Estado, existe incertidumbre sobre la continuidad de programas destinados al desarrollo de radios populares, campesinas e indígenas, e implementados por la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), el Ministerio de Cultura y otros organismos nacionales.
Por otra parte, los aumentos en las tarifas de luz redundan en un incremento de los costos de producción de los medios alternativos en un contexto generalizado de retracción económica. Dos radios comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires sirven de ejemplo: de pagar $3.700 mensuales, la de mayor alcance pasó a pagar $ 12.000; y de pagar $2.500 bimensuales, la de menor alcance pasó a pagar $ 5000 mensuales.
Este nuevo escenario encuentra a la mayoría de los medios sin fines de lucro en una situación de legalidad todavía precaria. Si bien en los últimos años se entregaron licencias y habilitaciones para funcionar, la no realización del plan técnico de frecuencias de radio constituyó un obstáculo para mensurar el 33% del espectro que la ley 26522 ordena reservar para estos medios, e impidió realizar concursos en zonas de conflicto. Donde se hicieron concursos, faltó avanzar en ampliar aún más las condiciones diferenciadas para estas emisoras.
Enacom tiene en sus manos un caso testigo para comprobar su atención al sector. Barricada TV, Urbana TV y Pares TV resultaron adjudicatarios de licencias en televisión digital abierta en baja potencia dentro de la categoría sin fines de lucro. El canal digital concursado por Barricada TV, el número 33, está ocupado actualmente por Canal 13 cuando una resolución de Afsca lo ubica en el número 35. En estas condiciones, la recepción de sus señales resulta claramente dificultada: estos medios deben transmitir con una potencia de 150 vatios, mientras que Canal 13 lo hace con 12.500. A la fecha no hubo respuesta oficial.
Los objetivos de diversidad, pluralismo, acceso y equidad de la LSCA y del DNU 267 sólo pueden alcanzarse con políticas que contemplen el escenario real en el que los medios comunitarios, populares y alternativos debieron y deben realizar su actividad y ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Esto implica revertir – en lugar de consolidar – las condiciones desiguales construidas históricamente por las diversas regulaciones y políticas que impactaron en el sector.
* Ana Laura Hidalgo, Larisa Kejval, Alejandro Linares, Verónica Longo, María Soledad Segura y Natalia Vinelli integran el equipo del proyecto de investigación "Las radios y televisoras comunitarias desde la Ley 26.522. Condiciones, estrategias y desafíos".
MEDIOS Y COMUNICACIÓN
Comunicar memoria viva
Manuel Barrientos hace un llamado para que se generen estrategias complejas de comunicación a fin de que no se naturalice la ausencia de las desapariciones, para que no pierda fuerza el reclamo de verdad y justicia.
Por Manuel Barrientos *La desaparición forzada de personas y la apropiación ilegal de niños son puro presente: se perpetúan ante la falta de resolución de esos crímenes. Hieren día a día a sus familiares, a sus amigos, y a una sociedad que debe (y deberá) luchar por la verdad y la justicia. Son crímenes que no ocurrieron hace cuarenta años: suceden desde hace cuarenta años. Son un dolor en abismo que sólo puede repararse con el reencuentro de ese cuerpo ausente.
"Nosotras solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. Vivos o muertos. La angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada". El grito desgarrador de las Madres en la Plaza de Mayo, pidiendo por algún dato que permita conocer el paradero de sus hijos, es dolorosamente presente. El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense logró devolver la identidad a más de 600 desaparecidos, pero en una gran mayoría de casos es un ruego vigente.
"Dónde están los centenares de bebés nacidos en cautiverio", señalaba una de las primeras banderas de Abuelas de Plaza de Mayo. La asociación logró identificar la identidad de 119 jóvenes apropiados por el terrorismo de Estado. Pero también ese interrogante sigue siendo, en más de 380 casos, dolorosamente actual.
"Ya no sabemos a quién recurrir. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza por favor ayúdennos". Ese pedido de una mamá a los periodistas en la Plaza de Mayo no fue hace cuarenta años, se repite desde hace cuarenta años.
La lucha de los organismos generó grandes avances en las últimas décadas. Pero aquella solicitud al periodismo sigue vigente. Atrapados por la lógica del consumo y de la innovación constante, el problema para los medios es que no hay novedad (y el primer criterio de noticiabilidad, explican los profesores en las carreras de periodismo, es la novedad: la existencia de un hecho que provoca la ruptura de la cotidianidad). Dolorosamente, paradójicamente, ése es el mismo problema que sufren los familiares de las víctimas: no hay novedades.
La lucha en el territorio de la comunicación, entonces, pasa por pensar estrategias que provoquen esas novedades y que nos recuerden socialmente que el delito sigue ocurriendo: desde hace cuarenta años. Que nos recuerden que vivimos en una democracia incompleta. Por eso, son importantes los juicios de lesa humanidad, los actos conmemorativos, las baldosas en homenaje, los sitios de memoria, los talleres y programas educativos, los festivales y las convocatorias artísticas: nos hacen presente la ausencia, la impunidad, la falta de reparación del delito.
Estas estrategias deben renovarse, para que no se anquilosen, para que no se naturalice la ausencia, para que no pierda fuerza el reclamo de verdad y justicia. Hacen falta siempre nuevas prácticas comunicacionales que nos interpelen como sociedad en el espacio público, a través de herramientas y lenguajes que incluyan y, a la vez, desborden lo mediático y se vinculen con manifestaciones sociales y culturales. De estrategias que interpelen en las redes sociales y en nuevos medios alternativos.
Con excepciones, para los sistemas periodísticos los derechos humanos muchas veces son un "accesorio", algo residual: el tema ingresa a la agenda de modo espástico, restringido a la lógica de las efemérides. Por eso, el movimiento de derechos humanos debe fortalecer con su accionar el rol de los medios comunitarios y alternativos y brindarse estrategias en las redes sociales en tanto se las piense también como medios digitales.
Desde esa mirada, es necesaria la producción de contenidos específicos para estos medios digitales, que tengan en cuenta sus lenguajes y modos de funcionamiento propios. Se debe trazar un abordaje creativo e integral de todas las estrategias comunicacionales (y culturales) en las que hay que intervenir para expandir la visibilidad y el impacto vital de la lucha de los organismos. Pensar relatos que circulen de forma complementaria en distintos soportes, que apelen incluso a herramientas ficcionales, que no sólo piensen en términos de "información" sino que apuesten al largo plazo para la generación de una identidad, "una cultura" y un sentido de pertenencia.
El rol de los organismos de derechos humanos no puede cambiar. Su solidaridad se ha expandido (y debe seguir expandiéndose) a otras vulneraciones de derechos también actuales. Pero la misión para la que fueron creados sigue dolorosamente vigente. El rol de periodistas y comunicadores es encontrar nuevas herramientas, nuevos lenguajes, para que podamos responder esas dos preguntas que nos interrogan desde hace cuarenta años: ¿Dónde están nuestros desaparecidos? ¿Dónde están los centenares de bebés nacidos en cautiverio?
* Licenciado en Comunicación Social, UBA.
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