sábado 25 de junio de 2016
PANORAMA POLÍTICO
Corrupción
Por Luis Bruschtein
La escandalosa irrupción de José López con sus nueve millones de dólares en bolsas de basura catapultó las causas contra numerosos funcionarios del kirchnerismo y ha llevado la campaña de desprestigio y destrucción de esa fuerza política a un punto más alto, previo al asalto final contra la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, cuyo domicilio en Río Gallegos fue intrusado en forma violenta. Frente a esa ofensiva, el Frente para la Victoria se mostró más como una fuerza hecha para gobernar que para hacer oposición. Aunque mantiene gran parte de sus diputados, ante la fuerte embestida, el bloque legislativo se rompió por algunos de sus eslabones más débiles: diputados que responden a gobernadores que prefieren tomar distancia para amortiguar el daño y el Movimiento Evita, que mantuvo siempre una relación de cierta tensión con los otros agrupamientos. La conducción del PJ convocó a una reunión para tratar de dar un encuadre orgánico a esta diáspora. Paradójicamente, el núcleo que podría quedar en el FpV, desde la Cámpora hasta los diputados más cercanos al titular del bloque, Héctor Recalde, está integrado por legisladores a los que nunca les han podido encontrar un flanco para incluirlos en la campaña de denuncias o que han mantenido conductas intachables frente a la corrupción, como el mismo Recalde.
Causa y efecto. El debilitamiento del Frente para la Victoria implicó la aprobación de normativas que afectarán a los sectores populares, sobre todo en relación con los jubilados. La nueva ley obliga al endeudamiento y facilita la destrucción del sistema de jubilaciones a mediano plazo al volverlo insustentable. Los recientes y futuros jubilados son los que pagarán más caro esa descompensación en la relación de fuerzas que favoreció al macrismo. El gobierno anunció esta semana que se endeudará por 150 mil millones de pesos, la mitad de los cuales serán para solventar gastos de la ANSES, y es solamente el principio. En los primeros tres meses del año Cambiemos aumentó once por ciento la deuda externa, una cifra que en este momento debe estar todavía más arriba, lo que lanza a la Argentina como un bólido hacia un pasado poco feliz.
Los alineamientos sobre las jubilaciones dividieron las aguas en forma clara. El FPV mantuvo su oposición a esta ley pese a las fuertes presiones y la durísima campaña en su contra. El massismo, que podría capitalizar los efectos de la ofensiva contra el kirchnerismo, mostró debilidad política y fue concesivo en un tema en el que tendría que haber sido punta de lanza. Cada vez que en el futuro próximo se hable del deterioro progresivo de las jubilaciones, el massismo estará en la lista de los responsables. Sergio Massa ubicó a su fuerza en un rol de acompañamiento del oficialismo, en vez de oposición.
La sucesión de medidas impopulares de Cambiemos generó una caída muy fuerte en la imagen del gobierno. Solamente se sostiene en la CABA, pero en la provincia de Buenos Aires, la imagen positiva ya no pasa del 25 por ciento, con diferencias, por supuesto, en cada distrito. Un síntoma concreto fue la amplia derrota del radicalismo en Río Cuarto, uno de sus bastiones en Córdoba. En ese escenario, el massismo tendría que aparecer como la fuerza de recambio si actuara como fuerza opositora. Por el contrario, deja ese espacio libre para el PJ y el FPV que se mantienen allí aún con las limitaciones que les impone la colosal campaña mediática y judicial en su contra, sumada a los efectos del desconcierto y el desánimo que produjo la derrota electoral y la ausencia – obligada por el "exilio" de Cristina Kirchner – de un liderazgo que sea al mismo tiempo reconocido y ejecutivo.
Si fue una estrategia concebida o si los hechos se fueron hilvanando, lo real es que aparece muy sincronizada la ofensiva anticorrupción contra el kirchnerismo, al mismo tiempo que Cambiemos tomaba las medidas más impopulares. Las acciones de un gobierno se van desarrollando por necesidades concretas más que por previsiones planificadas. Y en este caso, el malestar extendido por la carestía de la vida planteó la necesidad al gobierno de incentivar la ofensiva contra la única fuerza que podría capitalizar el descontento. Mientras el massismo, los progresistas anti k y los disidentes del PJ hacen "oposición constructiva", la única fuerza que aparece en franca oposición a las medidas de ajuste es el FPV y los diputados de la izquierda. Parece una posición antipática, pero las consecuencias más nefastas de esas medidas terminarán de cristalizar en los meses que vienen cuando la pequeña y mediana industria se quede sin resto para hacer el aguante y empiece a cerrar.
La campaña contra el kirchnerismo quiere contrapesar el impacto de los tarifazos en los servicios y el aumento de los precios, más el desempleo y la caída del comercio y la industria, que van perforando el blindaje mediático del gobierno. Las dos fuerzas se van desangrando y en ese interregno resulta beneficiado el massismo. Pero el ensañamiento del sistema PRO con el kirchnerismo lo convierte a los ojos de la sociedad también en su gran opuesto. Cuando el único dolor que se sienta sea el de la mordedura del ajuste –p ara lo que no falta mucho – ese lugar tendrá un capital político que desalojará a los más conciliadores.
En ese mapa pesará el dato de hasta dónde la campaña judicial podrá dañar el vínculo de Cristina Kirchner con los que fueron beneficiados por su gobierno. Es la principal jugadora en el peronismo. La ex presidenta optó por tomar distancia. Después de un liderazgo muy fuerte, esa distancia produce vacío en el FPV y el peronismo. Se vive como soledad en medio de la tormenta judicial, lo que liberó fuerzas centrífugas y sectores del viejo peronismo tratan de alejarse de su influencia sin tener ni siquiera la forma embrionaria de un liderazgo que reemplace al suyo. En esas condiciones, el centrifuguismo es atomización y tiene poco destino.
El capital simbólico de lo que el antikirchnerismo denomina "relato" en forma despectiva, fue lo que mantuvo el liderazgo de Perón durante los 18 años de su exilio. Con la distancia que ameritan dos procesos políticos con sus especificidades y sus distintos tiempos, después de los primeros dos gobiernos peronistas, el kirchnerismo ha sido el único que pudo generar una representación de ese tipo. Y esa potencialidad todavía no se ha manifestado. Es lo que falta para completar el mapeo político.
La aparición de López, como esos payasitos que saltan de una caja de sustos, puso de manifiesto una deuda que dejaron los gobiernos kirchneristas. En la historia argentina, desde el almacén de ramos generales de los Anchorena en la Buenos Aires de la colonia, la mayoría de los grandes capitales locales se generaron como contratistas del Estado, financiando, construyendo o proveyendo y siempre beneficiándose en las negociaciones. Ese es el Estado argentino que ha atravesado gobiernos militares y democráticos. Es conocida la historia de Martínez de Hoz financiando la campaña de Roca. Y hasta los capitanes de la industria que surgen después de la dictadura provienen de esa forja que también alimentó a los medios que ahora se han convertido en grandes corporaciones como Clarín.
Más allá de los avances importantes en otros aspectos, el kirchnerismo dejó ese mecanismo en funcionamiento. No pudo o no supo transformar en ese plano el Estado que heredó, que estaba hecho para un rol opuesto al que se proponía como proyecto nacional y popular. El Estado presente, de un modelo de crecimiento con inclusión, debe sumar la transformación de esos mecanismos perversos en el Estado. Si se comprueban las acusaciones contra Lázaro Báez, el constructor patagónico es apenas un advenedizo en el sistema de grandes contratistas que se conformó desde el embrión mismo del estado colonial español. El macrismo ha expresado su intención de institucionalizar la participación de las corporaciones en las decisiones políticas, con una ley de lobbies similar a la que tienen los Estados Unidos, donde las corporaciones controlan muchas decisiones del Congreso. Es la profundización de ese sistema que alimenta principalmente la llamada patria contratista, incluyendo a los sectores financieros que hacen negocios con el Estado o a partir de políticas del Estado.
Es una deuda que deberá ser saldada. Si se investigan los contratos de Lázaro Báez, que no constituyen ni el tres por ciento del total, habría que investigar todos los contratos que incluyen a otros contratistas, desde Techint hasta Calcaterra y Caputo, que conforman el mayor volumen de obras. Si se investigan solamente las de un sector, lo que se pone en evidencia es una guerra entre grandes constructoras que disputan una parte del negocio. Juan Chediak, el presidente de la Cámara de la Construcción, quiso generalizar la denuncia contra la corrupción durante el kirchnerismo y tuvo que callarse rápidamente porque dejaba al desnudo el sistema de contratistas en su conjunto y desde mucho antes del kirchnerismo.
El Estado argentino es así y tiene ese cáncer. Pensar que esta situación la va a cambiar un presidente cuya fortuna proviene de esa fuente es creer en los globitos de colores. Tanto es así el Estado argentino, que en el endeudamiento que decretó el presidente Mauricio Macri esta semana, de 150 mil millones de pesos, la mitad es para sostener el primer tramo del pago a los jubilados. Y la otra mitad es para pagar el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra en la que intervienen tres grupos y uno de ellos es el de la familia Macri.
LA JUSTICIA ARCHIVÓ UNA CAUSA CONTRA SABBATELLA
ARMADA EN BASE A UNA NOTA DE CLARÍN
Una denuncia con muy poco sustento
La sala I de la Cámara Federal ratificó un fallo de Casanello. Entendió que no hubo delito en los aportes partidarios realizados por los ex trabajadores de la Afsca afiliados a Nuevo Encuentro. La denuncia la había presentado un fiscal cercano al PRO
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Martín Sabbatella había sido denunciado en 2013 cuando era titular de la Afsca.
Martín Sabbatella había sido denunciado en 2013 cuando era titular de la Afsca.
"Inexistencia de delito". Esa fue la conclusión a la que llegó la sala I de la Cámara Federal ante la denuncia de un fiscal de Mar del Plata armada en base a una nota del diario Clarín. El tribunal de segunda instancia ratificó así la decisión del juez Sebastian Casanello, quien había considerado que no había nada irregular en el aporte partidario que realizaban los trabajadores de la Afsca afiliados a Nuevo Encuentro, la fuerza que conduce Martín Sabbatella. "Aportamos porque queremos, aportamos porque tenemos un compromiso con la fuerza política en la militamos y aportamos porque creemos en los partidos políticos y en la política", aseguró tras conocerse el fallo el ex director de Asuntos Legales de la Afsca, Sergio Zurano, integrante de la mesa nacional de NE.
La causa judicial se inició a raíz de una nota de 2013 de Alejandro Alfie, titulada "Denuncian que Sabbatella hace caja en la AFSCA para su partido político". A partir de esa publicación en el diario propiedad de Héctor Magnetto, donde no se identificó a ninguno de los presuntos "denunciantes", el fiscal marplatense Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia en la Justicia local, que se declaró incompetente y giró el expediente al fuero federal porteño. Por sorteo, la investigación recayó en Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, el mismo que hoy investiga el caso Báez. En junio de 2014, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (PRO), había declarado su cercanía con el impulsor de la denuncia contra Sabbatella: "Me interesaría muchísimo que Juan Manuel Pettigiani sea el candidato a intendente de Macri en el 2015 en Mar del Plata", dijo el entonces armador político del macrismo.
A pedido de Marijuán se tomaron medidas de prueba para determinar si había algún incumplimiento a la ley de financiamiento de los partidos políticos y si los trabajadores del Afsca habían sido obligados a aportar el 8 por ciento de su sueldo a la agrupación. Se citó al azar al 10 por ciento de los empleados que realizaban los aportes, quienes ratificaron en declaración testimonial que habían consentido voluntariamente el descuento en sus recibos de sueldo. Los abogados defensores de Nuevo Encuentro remitieron a la justicia la Carta Orgánica de la agrupación donde se establecen este tipo de aportes, igual que en muchos partidos políticos, incluído el GEN, el ARI e incluso el PRO. De hecho, la Carta Orgánica del partido que lidera Macri dice en su artículo 38 que su patrimonio se compondrá, entre otras cosas, por "el aporte del 10 por ciento de las remuneraciones de quienes ocupen cargos rentados en el orden municipal, provincial o nacional, sean electivos o designaciones hechas a propuesta de las autoridades del partido". El ex director de la Afsca por la oposición, Gerardo Millman, entonces integrante del GEN y devenido funcionario macrista, también realizaba un aporte en su recibo de sueldo, a pedido de Margarita Stolbizer.
Ante la apelación del fallo de Casanello, la Cámara entendió que era necesario tomar más medidas de prueba antes de descartar la denuncia. Se adjuntó entonces una nota ante escribano público de todos los empleados de la Afsca que aportaban a Nuevo Encuentro, en donde manifestaron: "No hay coacción alguna hacia nosotros porque estamos convencidos de la trascendencia de los partidos políticos para el sistema democrático de este país y, por consiguiente, de la necesidad de contribuir a su funcionamiento transparente."
Además, al desestimar la denuncia, la Cámara remarcó que solo 135 empleados sobre 457 que tenía el Afsca realizaron los aportes. Según el voto del camarista Jorge Ballesteros esto ayudó a "fortalecer lo sostenido por los propios agentes en cuanto a la libertad que han tenido para elegir contribuir patrimonialmente al partido al que adherían". Eduardo Freiler coincidió con el voto de Ballesteros, mientras que el tercer integrante de la sala, Eduardo Farah, consideró que pese al escrito ante escribano debió haberse citado a declarar como testigos a todos los empleados.
PANORAMA ECONÓMICO
Gasto público
Por David Cufré
El plan de urbanización de villas y asentamientos prevé para este año obras por 1640 millones de pesos, pero pasados seis meses de gobierno solo se ejecutaron el 14 por ciento de las partidas. Al programa de salud sexual y reproductiva le fue peor: el Ministerio de Salud solo utilizó el 0,96 por ciento del presupuesto que autorizó el Congreso para la distribución de anticonceptivos y charlas informativas, 1 millón 540 mil pesos sobre 163 millones previstos. Para la promoción y defensa de los derechos humanos, que incluye la participación del Estado como querellante en causas de lesa humanidad, el Ministerio de Justicia empleó el 14,1 por ciento de los recursos establecidos en el presupuesto de 2016, mientras esa cartera mantiene en cero las transferencias a la Universidad Madres de Plaza de Mayo para el financiamiento de sus actividades. Al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le corresponden más de 160 millones de pesos, pero solo le llegaron 28 millones, el 17 por ciento de su gasto anual. Los datos son oficiales. Aparecen en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas, con una última actualización el 19 de junio. Reflejan a más de medio año del inicio de tareas de Cambiemos una combinación de medidas de ajuste, que alcanzan a la mayor parte del Estado, con un sesgo ideológico conservador en la orientación del gasto público. También denuncian extendidas falencias de gestión que terminan vulnerando derechos sociales sensibles. El único rubro donde las cosas están bien aceitadas, con una ejecución presupuestaria muy por arriba del promedio, es el pago de la deuda pública, con una utilización del 78,9 por ciento de las partidas anotadas en el presupuesto, unos 82 mil millones de pesos sobre los 104 mil millones a saldar.
El análisis de la ejecución del presupuesto permite advertir las prioridades del Gobierno. Tiene a su disposición partidas específicas para atender las más diversas necesidades sociales, regionales, de infraestructura y económicas, y el modo en que se van utilizando esos recursos perfila su modelo de gestión. El presupuesto de este año fue elaborado por el kirchnerismo, pero el cambio de signo político al frente del Poder Ejecutivo lo va transformando día a día. El macrismo empleó hasta el 19 de junio el 43,11 por ciento de las partidas totales. El número podría ser aceptable si los gastos anuales se ajustaran a la pauta que determinó el Congreso en septiembre del año pasado, cuando aprobó la ley. Sin embargo, como ocurrió a lo largo de la década pasada, este año también se ampliarán las partidas a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para cubrir gastos mayores a los autorizados por el Parlamento. De hecho, el Poder Ejecutivo dictó esta semana un DNU para otorgarle 76 mil millones de pesos adicionales a la Anses para el pago de jubilaciones. Esa trayectoria continuará en el segundo semestre, por lo cual el ritmo de ejecución de gastos es, en la práctica, menor al 43,11 por ciento que indica la comparación inicial entre lo presupuestado y lo ejecutado. Menos gasto equivale a más derechos que el Estado deja de atender. También tiene un impacto económico, por la disminución de actividades que genera el achicamiento del sector público.
Por debajo del 43,11 por ciento de gasto promedio se ubican, entre muchos otros, los ejemplos citados al comienzo: para la urbanización de barrios carenciados se utilizaron apenas el 14 por ciento de las partidas, para educación sexual y prevención de enfermedades se gastaron el 0,96 de los recursos asignados, para derechos humanos, entre 14,1 y 0, y para la protección de comunidades indígenas, el 17 por ciento. En términos cuantitativos, sin embargo, la mayor incidencia del ajuste de Cambiemos se aprecia en la virtual paralización de la obra pública. Esa decisión tiene una fuerte repercusión social y sobre la actividad de la construcción, rubro que lidera el ranking con más desocupados en lo que va del año. Por ejemplo, la mayor partida que administra la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda es para el programa "Desarrollo de infraestructura habitacional 'Techo digno'", por 12.484 millones de pesos, de los cuales se llevan ejecutados solo el 22,2 por ciento, 2766 millones. Otro programa esencial de mejoras habitacionales son las llamadas "Obras de arquitectura", con 1820 millones para gastar y solo 112 millones aplicados en el primer semestre, un magro 6,4 por ciento. Para el plan de recursos hídricos hay 1670 millones y se utilizaron 169 millones, el 10,2 por ciento. Para las "acciones de provisión de tierras para el hábitat social" se presupuestaron 1725 millones y se gastaron 96 millones, el 5,6 por ciento. Para el "fortalecimiento comunitario del hábitat" se prevén 2608 millones y se ejecutaron 102 millones, el 3,9 por ciento. En resumen, la cartera a cargo de Rogelio Frigerio solo aplicó en la primera mitad del año el 17,8 por ciento de su presupuesto anual.
En términos agregados, el Gobierno hizo uso del 45,2 por ciento del presupuesto de 2016 para gastos corrientes y apenas del 26,7 por ciento para gastos de capital. La justificación de las autoridades es que decidieron frenar obras para revisar los contratos del kirchnerismo. Sin embargo, un repaso por la ejecución de gastos de los distintos ministerios revela la existencia de un plan de ajuste general, debilidades de gestión y desinterés por el resguardo de derechos sociales.
La segunda partida en importancia del Ministerio de Trabajo es para planes de capacitación laboral, con 2270 millones de pesos de presupuesto, pero en seis meses se desembolsaron nada más que 191 millones, el 8,9 por ciento. En un año con fuertes tensiones y miles de despidos, la cartera laboral asignó apenas el 27,4 por ciento de los recursos totales a disposición. La pregunta es qué estará esperando para apurar el trámite. Aun así, el Ministerio de Producción exhibe peores resultados, ya que solo llegó a ejecutar el 16,3 por ciento de su presupuesto general. De los 2575 millones de pesos aprobados para financiamiento de actividades productivas no utilizó un solo peso. Las pymes atraviesan su peor semestre en más de una década y la cartera que conduce Francisco Cabrera todavía no arrancó. El Ministerio de Seguridad, a su vez, se ubicó más abajo: gastó apenas el 15,3 por ciento del presupuesto votado para 2016. Para políticas de seguridad interior tiene previstos 100 millones de pesos, con una ejecución de cero. Para equipamiento y tareas de logística en seguridad dispone de 747 millones, de los cuales utilizó 104 millones, el 13,9 por ciento. El Ministerio de Cultura no está mucho mejor, aunque llegó al 23,2 por ciento de aplicación del presupuesto. Como en el resto de los ministerios, la mayor parte de sus gastos se orienta al pago de salarios, en tanto que los programas específicos registran bajos niveles de instrumentación. No llegan al 10 por ciento los diseñados para el acceso igualitario a los derechos culturales, la consolidación cultural de políticas territoriales y el fomento de la cultura popular. El único ministerio con niveles razonables de ejecución es el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que llega al 49,7 por ciento y en sus principales programas se ubica entre el 40 y el 68 por ciento. La continuidad de la gestión de Lino Barañao marca diferencias con el resto de sus nuevos colegas de gabinete. También la Agencia Federal de Inteligencia se muestra más eficiente para gastar, con 511 millones desembolsados, el 35,8 por ciento del total.
En apenas seis meses el Gobierno resolvió la quita de retenciones, el acuerdo con los fondos buitre, el aumento de tarifas de servicios públicos, la apertura del "cepo" cambiario e impulsó un generoso blanqueo de capitales, una reforma impositiva que disminuye los impuestos al patrimonio y el pago de juicios y actualización de haberes a un tercio de los jubilados. Esas fueron sus prioridades. En materia de gasto, una de cuyas funciones primordiales es atender a quienes más lo necesitan, Cambiemos sigue mirando para otro lado.
El análisis de la ejecución del presupuesto permite advertir las prioridades del Gobierno. Tiene a su disposición partidas específicas para atender las más diversas necesidades sociales, regionales, de infraestructura y económicas, y el modo en que se van utilizando esos recursos perfila su modelo de gestión. El presupuesto de este año fue elaborado por el kirchnerismo, pero el cambio de signo político al frente del Poder Ejecutivo lo va transformando día a día. El macrismo empleó hasta el 19 de junio el 43,11 por ciento de las partidas totales. El número podría ser aceptable si los gastos anuales se ajustaran a la pauta que determinó el Congreso en septiembre del año pasado, cuando aprobó la ley. Sin embargo, como ocurrió a lo largo de la década pasada, este año también se ampliarán las partidas a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para cubrir gastos mayores a los autorizados por el Parlamento. De hecho, el Poder Ejecutivo dictó esta semana un DNU para otorgarle 76 mil millones de pesos adicionales a la Anses para el pago de jubilaciones. Esa trayectoria continuará en el segundo semestre, por lo cual el ritmo de ejecución de gastos es, en la práctica, menor al 43,11 por ciento que indica la comparación inicial entre lo presupuestado y lo ejecutado. Menos gasto equivale a más derechos que el Estado deja de atender. También tiene un impacto económico, por la disminución de actividades que genera el achicamiento del sector público.
Por debajo del 43,11 por ciento de gasto promedio se ubican, entre muchos otros, los ejemplos citados al comienzo: para la urbanización de barrios carenciados se utilizaron apenas el 14 por ciento de las partidas, para educación sexual y prevención de enfermedades se gastaron el 0,96 de los recursos asignados, para derechos humanos, entre 14,1 y 0, y para la protección de comunidades indígenas, el 17 por ciento. En términos cuantitativos, sin embargo, la mayor incidencia del ajuste de Cambiemos se aprecia en la virtual paralización de la obra pública. Esa decisión tiene una fuerte repercusión social y sobre la actividad de la construcción, rubro que lidera el ranking con más desocupados en lo que va del año. Por ejemplo, la mayor partida que administra la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda es para el programa "Desarrollo de infraestructura habitacional 'Techo digno'", por 12.484 millones de pesos, de los cuales se llevan ejecutados solo el 22,2 por ciento, 2766 millones. Otro programa esencial de mejoras habitacionales son las llamadas "Obras de arquitectura", con 1820 millones para gastar y solo 112 millones aplicados en el primer semestre, un magro 6,4 por ciento. Para el plan de recursos hídricos hay 1670 millones y se utilizaron 169 millones, el 10,2 por ciento. Para las "acciones de provisión de tierras para el hábitat social" se presupuestaron 1725 millones y se gastaron 96 millones, el 5,6 por ciento. Para el "fortalecimiento comunitario del hábitat" se prevén 2608 millones y se ejecutaron 102 millones, el 3,9 por ciento. En resumen, la cartera a cargo de Rogelio Frigerio solo aplicó en la primera mitad del año el 17,8 por ciento de su presupuesto anual.
En términos agregados, el Gobierno hizo uso del 45,2 por ciento del presupuesto de 2016 para gastos corrientes y apenas del 26,7 por ciento para gastos de capital. La justificación de las autoridades es que decidieron frenar obras para revisar los contratos del kirchnerismo. Sin embargo, un repaso por la ejecución de gastos de los distintos ministerios revela la existencia de un plan de ajuste general, debilidades de gestión y desinterés por el resguardo de derechos sociales.
La segunda partida en importancia del Ministerio de Trabajo es para planes de capacitación laboral, con 2270 millones de pesos de presupuesto, pero en seis meses se desembolsaron nada más que 191 millones, el 8,9 por ciento. En un año con fuertes tensiones y miles de despidos, la cartera laboral asignó apenas el 27,4 por ciento de los recursos totales a disposición. La pregunta es qué estará esperando para apurar el trámite. Aun así, el Ministerio de Producción exhibe peores resultados, ya que solo llegó a ejecutar el 16,3 por ciento de su presupuesto general. De los 2575 millones de pesos aprobados para financiamiento de actividades productivas no utilizó un solo peso. Las pymes atraviesan su peor semestre en más de una década y la cartera que conduce Francisco Cabrera todavía no arrancó. El Ministerio de Seguridad, a su vez, se ubicó más abajo: gastó apenas el 15,3 por ciento del presupuesto votado para 2016. Para políticas de seguridad interior tiene previstos 100 millones de pesos, con una ejecución de cero. Para equipamiento y tareas de logística en seguridad dispone de 747 millones, de los cuales utilizó 104 millones, el 13,9 por ciento. El Ministerio de Cultura no está mucho mejor, aunque llegó al 23,2 por ciento de aplicación del presupuesto. Como en el resto de los ministerios, la mayor parte de sus gastos se orienta al pago de salarios, en tanto que los programas específicos registran bajos niveles de instrumentación. No llegan al 10 por ciento los diseñados para el acceso igualitario a los derechos culturales, la consolidación cultural de políticas territoriales y el fomento de la cultura popular. El único ministerio con niveles razonables de ejecución es el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que llega al 49,7 por ciento y en sus principales programas se ubica entre el 40 y el 68 por ciento. La continuidad de la gestión de Lino Barañao marca diferencias con el resto de sus nuevos colegas de gabinete. También la Agencia Federal de Inteligencia se muestra más eficiente para gastar, con 511 millones desembolsados, el 35,8 por ciento del total.
En apenas seis meses el Gobierno resolvió la quita de retenciones, el acuerdo con los fondos buitre, el aumento de tarifas de servicios públicos, la apertura del "cepo" cambiario e impulsó un generoso blanqueo de capitales, una reforma impositiva que disminuye los impuestos al patrimonio y el pago de juicios y actualización de haberes a un tercio de los jubilados. Esas fueron sus prioridades. En materia de gasto, una de cuyas funciones primordiales es atender a quienes más lo necesitan, Cambiemos sigue mirando para otro lado.
Por Sandra Russo
Es a fuerza de masacres repetidas y jamás aclaradas, masacres visibles, audibles, documentadas, lanzadas sin contexto a las redes, colgadas de llamamientos y comentarios en varias lenguas, que esa imagen de Peña Nieto se cuartea. Ya no sirven como escudo impenetrable ni la brutal cobertura mediática ni el ok de Estados Unidos para seguir presentando a ese presidente como a un "líder moderno", muy semejante al que ve en Mauricio Macri.
De hecho, uno de los principales conflictos de los que, de todos modos, salió indemne Macri en su gestión porteña, fue el que mantuvo con los docentes cuando intentó implantar un régimen de evaluación periódico para eliminar las plantas permanentes y reducir el número de educadores (si la memoria no me falla, aquella vez los docentes fueron expulsados de la puerta de la Legislatura por barrabravas. A los medios no les mereció consideración ese hecho, a pesar de que participan del discurso "qué terrible la violencia en el fútbol"). Esa medida era la puerta abierta a la privatización de la educación pública, porque las evaluaciones iban a ser tercerizadas. Precisamente ésa es la base de la Reforma Educativa a la que se resistían los maestros de Oaxaca que el domingo pasado fueron salvajemente reprimidos, gaseados, apaleados y baleados. Los números varían, pero ubican el número de muertos entre los 8 y los 15, y agregan un número similar de heridos de bala y otros tantos de desaparecidos: alrededor de sesenta víctimas. Hay que tener en cuenta que cuando en México desaparece gente, pocas veces reaparece.
También los estudiantes de magisterio de Ayotzinapa terminaron siendo los muertos iniciales más aquellos de los que nunca más se supo nada. La responsabilidad de la masacre, aunque hubo pruebas de que el ejército participó junto con la policía, nunca subió más allá de los alcaldes de las localidades. En Guerrero, como ahora en Oaxaca, el gobierno local pertenecía al PRD. Esa es la alternancia mexicana, eso significa la clase dirigente mexicana, igual que la española, igual que la francesa, igual a lo que quieren hacer de la argentina: matices para aplicar un único proyecto, que no es un proyecto nacional, sino supranacional.
Peña Nieto no estaba en el poder todavía cuando esa Reforma apareció en la agenda mexicana, hace diez años. Pero sí estaban ya en danza los TLC (los tratados de libre comercio), y ya estaba sobrevolando la región la necesidad estratégica de generar un nuevo polo de poder fáctico, que fuera de norte a sur, y reunificara de un modo férreo aquello que un puñado de gobiernos del sur había deshecho, profundizando la verdadera grieta global, expresada en un mundo unipolar versus un mundo multipolar. Estados Unidos, donde la alternancia democrática es bancada en su totalidad –bancan las campañas demócratas y las campañas republicanas – por buitres y ultramillonarios estilo Koch, necesitaba una reformulación de América Latina. Nunca es por las buenas. Estados Unidos nunca seduce. Abusa.
También hace diez años hubo masacre en Oaxaca, y por el mismo motivo. La Reforma Educativa. Hubo resistencia, como la hubo ahora y como la hubo siempre, sólo que no es televisada. ¿Por qué sabemos tan poco de las resistencias en el mundo si hay libertad de expresión? ¿Por qué recién ahora les resulta complicado a los medios convencionales y a sus políticos protegidos mantener el cerco que ha hecho que creamos que los pueblos han sido disciplinados y que la lucha es inconsistente porque está condenada al fracaso? ¿Por qué los grandes medios carecen por completo de pensamiento crítico en relación al sufrimiento humano? ¿Cómo se pueden seguir sosteniendo debates en el aire de las ideas reales o fingidas, cuando es tan denso el aire que respiramos?
Hace diez años, cuando más de treinta maestros fueron fusilados en Oaxaca por la Policía Preventiva, y como ahora el Gobierno y los medios avalaron la versión de que la Policía había ido desarmada y que las muertes las habían provocado grupos de provocadores (igual que el relato del Puente Pueyrredón, y la tapa de Clarín), no existía la profusión de fotos y videos que desde el domingo pasado no cesamos de ver. En ellos se observa claramente a una Policía salvaje, con directivas claras, disparar a mansalva contra manifestantes que a lo sumo arrojaban piedras o palos. Las mentiras no aguantan las evidencias. Se vieron testimonios de niños que van a las marchas mexicanas, y no lo hacen como nuestros niños, que hasta hace poco iban en brazos de sus padres o disfrazados de Zamba a participar de una fiesta. Estos niños de los videos van a las marchas a conciencia de que habrá represión. No saben si van a volver. Así se protesta en México. En un estado de violencia permanente. Y sin embargo, la OEA permanece inalterable y no hace nada salvo mandar falsas condolencias. Peña Nieto sigue cubierto por el establishment que chilla por Maduro.
Esta semana hubo revuelta de estudiantes y educadores también en Chile, pese a que en las últimas elecciones el panorama parecía despejado. No es Bachelet, es el Pacífico. El mismo Pacífico que baña con sangre a México. El Secretario de Educación Pública mexicano, Aurelio Nuño, ratificó el jueves que la Reforma Educativa no tiene vuelta atrás. Imagínense: ese hombre tiene más de una docena de muertos y otra de desaparecidos todavía calientes colgándole de las palabras. No le importa. Ratifica la Reforma, dice que no es negociable.
Son los maestros y los estudiantes los que en algunos escenarios, como México, parecen tener la llave del derecho a la igualdad. Porque sin educación, la igualdad es imposible, y todavía nadie se ha atrevido a decirle a su audiencia: "Miren, yo creo que la igualdad no es conveniente, creo que tenemos que concentrar entre nosotros doscientos toda la riqueza, y si la gente no lo acepta, bueno, podemos molerla a palos o se nos pueden escapar las balas". Eso nunca lo dirán, pero lo hacen. Para tener poblaciones mansas, resignadas a salarios de miseria, es necesario un proyecto de educación restringida a las clases dominantes.
Y no sólo eso. Recuerdo el testimonio estremecedor de uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, cuando todavía estaba en shock después de la masacre en la que mataron a 43 de sus compañeros de magisterio. Ese muchacho dijo que contra los maestros hay saña porque no sólo educan a los pobres y a los campesinos, sino sobre todo porque en esa enseñanza esos niños tentados por las ofertas del narco hallan alternativas, descubren vocaciones, se niegan a ofrecer sus vidas por tan poco. Los maestros son los verdaderos arietes contra el narcoestado. Por eso los persiguen y los matan los que en los foros internacionales cacarean una lucha contra el narco que después borran con el codo para llenarse los bolsillos. Atrás de esta puja no hay ideales: hay bolsillos, que es una metáfora vieja para aludir a cuentas no declaradas.
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