jueves 23 de junio de 2016
HASTA LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN SEMBRÓ DUDAS
SOBRE ARANGUREN
"Es el caso más complicado"
La titular del organismo, Laura Alonso, se vio obligada a reconocer que la situación de Aranguren es delicada por el conflicto de intereses que supone su rol como ministro de Energía y accionista de Shell.
Aranguren declaró poseer 16 millones de pesos en acciones de Royal Dutch Shell.
Aranguren declaró poseer 16 millones de pesos en acciones de Royal Dutch Shell.Con la incorporación de decenas de gerentes de empresas privadas al gobierno nacional, se multiplicaron las denuncias por supuestos conflictos de intereses. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, reconoció ayer que esa oficina está analizando veintidós casos y al ser consultada por la situación del ministro de Energía, Juan José Aranguren, se vio forzada a reconocer que es uno de los expedientes más delicados. "El caso del ministro Aranguren es el más complicado que tiene en estos momentos la Oficina Anticorrupción porque no es ni tan blanco ni tan negro", aseguró la militante del PRO.
En su última declaración jurada, el ministro de Energía consignó la tenencia de acciones de Royal Dutch Shell por 16.326.051,67 pesos. El dato encendió las alarmas porque Aranguren debe regular a la filial argentina de la empresa en la que es accionista. De hecho, su cartera toma cotidianamente decisiones que influyen en los resultados que obtiene Shell en el país.
Los diputados del Frente para la Victoria, Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, presentaron el 6 de mayo una denuncia en la Justicia en la que aseguran que Aranguren estaría incurriendo en las incompatibilidades previstas en la ley de Etica Pública 25.188. Esa norma establece en el artículo 15 que quien se encuentre alcanzado por alguna incompatibilidad debe renunciar a su cargo o abstenerse de tomar intervención "en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria".
La denuncia detalla una serie de hechos que demuestran el supuesto conflicto de intereses. El primero es la decisión de aumentar las tarifas de gas, incrementando el valor de lo pagado a los productores, entre los cuales está Shell. Además, se remarca que Aranguren cerró a través de la estatal Enarsa un contrato de compra de gas a Chile con un precio de de 6,90 dólares por millón de BTU, que resulta un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llega por barcos a un promedio de 4,50 dólares por millón de BTU y un 128 por ciento más elevado que los 3,02 dólares por millón de BTU abonado por las importaciones provenientes de Bolivia. Por último, se afirma que Aranguren también le adjudicó a la petrolera Shell siete de las primeras ocho licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil por barcos al país.
El fiscal federal Carlos Stornelli ya imputó a Aranguren por esa denuncia y le requirió al juez Luis Rodríguez abrir una investigación. Incluso el pasado miércoles 8 de junio se realizaron una serie de allanamientos para buscar información en el Ministerio de Energía y en YPF porque el proceso licitatorio de los ocho barcos con gasoil lo realizó la petrolera argentina por cuenta y orden de Cammesa.
Debido a esa investigación y a los cuestionamientos que recibió el ministro por el modo en que se aplicó el tarifazo de luz y gas, el presidente Mauricio Macri se vio forzado a ratificar a Aranguren. "Si hubiésemos tenido en estos diez años un ministro como él, con su capacidad y honestidad, no tendríamos hoy lo problemas que tenemos de energía", aseguró a comienzos de junio. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se expresó en sintonía al decir que Aranguren "es un ministro de lujo". Además, sostuvo que sus acciones en Shell no constituyen un conflicto de intereses. "La ley es muy clara, no hay incompatibilidad, estamos hablando de acciones que no tienen que ver con Shell Argentina, es de Shell internacional, que son ínfimas respecto a la empresa y donde él como ministro no tiene ninguna vinculación con Shell internacional ni ninguna decisión de él tiene ningún impacto sobre eso", sostuvo Peña, como si Shell y Royal Dutch Shell no tuvieran ningún tipo de relación.
Al ser consultada sobre el tema, Laura Alonso fue un poco más cautelosa. "La tenencia accionaria no es un conflicto de interés. El presidente, por ejemplo, tiene acciones en distintas compañías y otros funcionarios también tienen acciones. El caso de Aranguren se está estudiando en particular porque posee una cantidad de acciones de la compañía Shell, que es una petrolera, y recibió esas acciones cuando se retiró de la compañía. Como es ministro de Energía y Shell está bajo la órbita del Ministerio de Energía se está estudiando si algunas de esas decisiones de Aranguren podría beneficiar a Shell y beneficiar indirectamente al funcionario", sostuvo la titular de la OA. "El volumen accionario que posee el ingeniero Aranguren, es minimísimo", agregó Alonso, dejando en claro que no están pensando en obligar al funcionario a que se desprenda de ese capital.
–Pero son 16 millones de pesos –le retrucaron durante la entrevista radial.
–Pero son acciones de la compañía internacional, no de la filial. No estoy diciendo que tenga o no tenga conflicto de interés porque el equipo está analizando el expediente, incluso está analizando algunos contratos que firmó Cammesa con la compañía. Hay que dejar a la Oficina hacer su trabajo y yo creo que en unas pocas semanas va a estar el resultado final.
Alonso reconoció que el caso de Aranguren es el más complicado, sobre un total de veintidós expedientes que se abrieron para analizar supuestos conflictos de intereses. "Lo que hace la OA después de evaluar cada uno de los casos y hacer una requisitoria de información es recomendarle al funcionario que se abstenga de realizar determinadas cuestiones o que se deshaga de determinados compromisos laborales que pueda tener en su vida anterior y si no lo hace un juez después podría condenarlo por mal desempeño de funcionario o abuso de autoridad", sostuvo. En el caso puntual de Aranguren, aseguró que "nosotros esperamos en las próximas semanas tener una recomendación preventiva para el ingeniero Aranguren para que cualquiera sea su actuación él evite a través de una delegación de decisión y firma caer en un conflicto de interés".
Aranguren dejó trascender que cuando haya que tomar decisiones y firmar acuerdos que afecten al conjunto de las petroleras, lo hará sin restricciones, pero cuando haya un caso "particular" que involucre a Shell, delegará la responsabilidad en el subsecretario de hidrocarburos, José Luis Sureda, o algún otro subordinado. La Oficina Anticorrupción va camino a avalar esa estrategia, pero la distinción que plantea el ministro es tan discutible, que están viendo la mejor manera de justificar lo que parece injustificable.
ARANGUREN EXPUSO EN EL SENADO
"Estamos aprendiendo"
"Estamos aprendiendo sobre la marcha", fue la frase que eligió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para justificar ayer ante senadores las idas y vueltas durante su administración en materia tarifaria. El funcionario, que se encuentra señalado por denuncias de incompatibilidad con la función pública por tener acciones de la petrolera Shell (ver aparte), expuso ante la Cámara de Senadores sobre el aumento de tarifas de gas y electricidad dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri tras la quita de subsidios. En ese sentido, adelantó que algunos de los aumentos están todavía en revisión. Sostuvo que el país no está en condiciones de abastecerse de energía importando. "No tenemos puertos, vías navegables, depósitos para vivir con la importación", afirmó el ministro, quien sostuvo que el objetivo del Gobierno "es alcanzar la seguridad energética y mitigar el impacto ambiental". Aranguren también se sumó a los cambios semánticos habituales del macrismo y sostuvo que no hay subas ni hubo suba de naftas sino "un reconocimiento del costo de la materia prima que mantiene el nivel de actividad".
Aranguren expuso a ante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías del Senado. Durante su alocución reconoció el impacto negativo en el consumidor del aumento en los servicios de luz y gas, pero explicó que se trata de un "ajuste del cuadro de tarifas que forma parte de un proceso transitorio que está sujeto a una revisión integral". "El objetivo del ajuste tarifario no es reducir el déficit fiscal al eliminar los subsidios, sino que haya energía en el país. Nos estábamos quedando sin energía", advirtió el ex CEO de Shell. Ratificó que "la necesidad de recomponer las tarifas tiene por objetivo que el país tenga energía".
"Si manteníamos el esquema anterior, los cortes de luz y de gas iban a ser más frecuentes y el servicio iba seguir deteriorándose", pronosticó el ministro que, por primera vez desde el alfonsinismo, dispuso durante el verano un esquema de cortes de luz programados. Como era de esperar y siendo una constante del macrismo, justificó el aumento de las tarifas por la situación heredada. Sostuvo que entre el 13 y el 14 por ciento de la energía es importada e informó que hubo una "caída en la calidad del servicio por no reconocer los costos del servicio". "Si manteníamos el plan energético anterior, nos íbamos a quedar sin energía muy pronto", agregó. Según explicó, el país produce unos 105 millones de metros cúbicos de gas pero en la época invernal el consumo es de 160 millones. "La diferencia la estamos importando y cuando es imposible importar más gas, pero tenemos la necesidad de generar energía eléctrica hay que importar gasoil", explicó.
Respecto de la quita de subsidios que implementó el Gobierno, el ministro sostuvo que "parece más razonable subsidiar a la demanda que subsidiar a la oferta, como se hizo en los últimos doce años". Buscó equilibrar los aumentos en los servicios con el otorgamiento de tarifas sociales, un beneficio al que es cada vez más difícil acceder por la cantidad de requisitos solicitados por los entes reguladores. No obstante, defendió la "política activa para poder proteger a aquellos sectores que están en una situación delicada y que merecen una tarifa especial". "Se trabaja junto con (el Ministerio de) Desarrollo Social para identificar poblaciones en riesgo", sentenció Aranguren. Sobre este punto, reiteró que se lanzará una tarifa disminuida en 20 por ciento para pequeñas y medianas empresas electro-intensivas.
Senadores lo interpelaron por el aumento en el precio de los combustibles líquidos, que impacta en el resto de la actividad económica. Desde que asumió el Gobierno en diciembre pasado, el precio de las naftas registró cuatro aumentos hasta totalizar una suba del 30 por ciento. "Sé que algunos me van a criticar", se adelantó Aranguren. Tras lo cual sostuvo que "no hay subas en las naftas". "Hay un reconocimiento del costo de la materia prima que mantiene el nivel de actividad", dijo en referencia al precio en dólares del barril de crudo. Las refinadoras sostienen que los aumentos permiten, luego de un escenario de fuerte devaluación de la moneda, mantener el precio del barril de petróleo por encima de la cotización internacional para no frenar todavía más la actividad petrolera en la Patagonia.
MELCONIAN INICIÓ JUICIOS CONTRA LA ARGENTINA
EN NUEVA YORK POR EL DEFAULT DE 2002
Un aprendiz de buitre local
El presidente del Banco Nación demandó a la Argentina por 770 mil dólares por el default de títulos públicos que había comprado en 2001. Luego entró al canje de 2010. En 2013 dijo que los fondos buitre son "tipos de buena voluntad".
"Tenía títulos de la deuda e inicié gestiones en los juzgados correspondientes", admitió Melconian.
"Tenía títulos de la deuda e inicié gestiones en los juzgados correspondientes", admitió Melconian.
El presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, fue uno de los bonistas que inició juicio contra la Argentina en el juzgado de Thomas Griesa. Demandó al país por más de 770 mil dólares en títulos públicos, de los cuales la mayor parte los había adquirido a fines de 2001, en plena timba financiera. Melconian siguió en ese momento el camino de Paul Singer, según él mismo admitió ayer en Twitter, aunque aclaró que en 2010 de- sistió de la demanda porque ingresó al segundo canje de la deuda externa. Luego, el funcionario formó parte de la negociación para cerrar el acuerdo con los buitres por parte del Gobierno de Mauricio Macri. Melconian calificó en 2013 a los fondos buitre como "tipos de buena voluntad" y recomendó en 2014 "ir al juez (Griesa) y decirle, bueno, ¿cuánto es esto?" en relación al litigio en contra de la Argentina.
El 6 de febrero de 2009 en el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York el juez Thomas Griesa aceptó la demanda 10.656 que un grupo de bonistas iniciaba en contra de la Argentina. Entre los inversores demandantes figuraban Michael Heeb, Roberto Claudio Pitronaci, Alberto Guillermo Hillcoat, Elena Graciela Martínez, Enrique Sebastián Palacio Minetti y Carlos Alberto Melconian. El actual presidente del Banco Nación y candidato hasta último momento del macrismo para ocupar el Ministerio de Hacienda adquirió a finales de 2001, en plena timba financiera previa a la explosión de la convertibilidad, 647.268 dólares en bonos externos globales bajo el código US040114GF14 emitidos en junio de ese año y con vencimiento el 19 de diciembre de 2008. También compró 125 mil dólares en bonos externos globales emitidos en 1997 con vencimiento en 2007 bajo el código US040114AR16. Esta información fue difundida ayer por el portal de noticias nuestrasvoces.com.
"Al momento del default tenía títulos de la deuda pública e inicié gestiones judiciales en los juzgados correspondientes. Terminé obteniendo sentencia favorable en la Corte Federal de Nueva York", admitió ayer Melconian a través de su cuenta de Twitter. Aunque aclaró que "allá por 2010, en oportunidad del canje ofrecido por el gobierno anterior, sentí que era momento de dar por terminado este capítulo. Ingresé al mismo y en simultáneo desistí de la demanda en cuestión, como exigía la propuesta oficial".
Sin embargo, el economista no ofrecía esta información vinculada a su actuación judicial en contra de la Argentina cuando tenía que referirse públicamente a la cuestión de los fondos buitre. Por ejemplo, en agosto de 2013 decía que "los fondos buitre son tipos que de buena voluntad compraron títulos para ahorrar", y agregó que "la Argentina tuvo históricamente una actitud garca con los acreedores. Es que si un amigo te debe guita y no te paga es un garca. El país ha hecho eso muchos años con distintos gobiernos". Melconian no aclaraba que lo de los "tipos de buena voluntad" era en realidad una autorreferencia.
En 2014, Melconian cometió un furcio que ahora cobra otra entidad. En relación a la sentencia emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo que "hay un juicio ganado – en lugar de un juicio perdido – y tiene precio" y agregó que "en el himno al pragmatismo hay ir y decir, bueno, ¿cuánto es esto?".
El funcionario, que en su momento compró bonos en un contexto de fenomenal especulación financiera para aprovechar rendimientos desorbitantes, que rechazó el canje de 2005 y que litigó en contra del país hasta 2010, según su propia versión, fue uno de los elegidos por el macrismo para negociar con los fondos buitre el acuerdo para cancelar los juicios. Tampoco Melconian sugirió dar un paso al costado de esas gestiones teniendo en cuenta su pasado reciente. En octubre de 2015 trascendió que Macri envió a Melconian a los Estados Unidos para mantener una reunión con Paul Singer y avanzar en un acuerdo. En abril de este año el Gobierno cerró el arreglo con los fondos buitre a través de un pago por 16.500 millones de dólares. La inversión de NML Capital, de Singer, fue en su momento de 177 millones de dólares y luego recibió 2426,6 millones. Argentina pagó el costo de los honorarios de sus asesores legales y de juicios que el fondo había perdido, como el embargo de la Fragata Libertad.
En su declaración jurada patrimonial de 2015, Carlos Melconian dijo poseer activos por 77,6 millones de pesos, de los cuales unos 65,8 millones están depositados en el exterior. Dijo que solo traerá una parte de ese capital y que "resguardará una parte" para sus hijos fuera del país. Posee acciones de grandes empresas con cotización en Nueva York, como Petrobras, YPF, Banco Macro, Cresud, BBVA Banco Francés, Tenaris, Basf, Sanofi, Apple, Google y Starbucks, entre otras. Las tenencias de bonos argentinos con vencimiento en 2017, 2024 y 2027 fueron incorporadas al patrimonio recién en diciembre de 2015, en ningún caso figuran bonos comprados en 2010 con el canje, lo que no significa que no haya participado de la operación, porque los pudo haber vendido.
DIPUTADOS TRATARÁ HOY LA LEY DEL ARREPENTIDO Y
LA EXPROPIACIÓN DE BIENES EN CASOS DE CORRUPCIÓN
Todo listo para el debate en el recinto
Cambiemos y sus aliados impulsan la creación de las figuras del "arrepentido" y el "colaborador eficaz". Por reclamo del FpV-PJ se excluyeron para los delitos de lesa humanidad. También se crea la "extinción de dominio", que permite el decomiso sin condena. 
Los diputados emitieron dictamen ayer, luego de discutir las iniciativas en los plenarios de comisión.
Los diputados emitieron dictamen ayer, luego de discutir las iniciativas en los plenarios de comisión.
La Cámara de Diputados sesionará hoy para darle media sanción a los proyectos impulsados por el Gobierno y la alianza oficialista Cambiemos –con el respaldo de los opositores amigables del Frente Renovador, el Bloque Justicialista y Progresistas– sobre la creación de las figuras del "arrepentido" y el "colaborador eficaz" en casos de corrupción. Aunque la medida se extiende a diversos delitos del Código Penal y abarca hasta la ley "antiterrorista", excluyó a los delitos de lesa humanidad, como proponía el macrismo en el texto original. Además, se creará el instituto de "extinción de dominio" (expropiación de bienes) cuya forma de administración (de acuerdo al dictamen de mayoría) quedará a criterio de la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo. El Frente para la Victoria (FpV-PJ) tendrá dictamen propio en el caso de la extinción de dominio y acompañará en general pero con disidencias la iniciativa sobre el "arrepentido", luego de que el oficialismo aceptara algunas modificaciones solicitadas.
La sesión de hoy arrancará con la discusión sobre la propuesta del macrismo para que la Cámara baja autorice el allanamiento de la vivienda y oficinas del diputado y ex ministro de Planificación, Julio De Vido (ver aparte). Luego se tratará el proyecto del "arrepentido" y del "colaborador eficaz", que durante el debate en los distintos plenarios de comisión tuvo un mismo inconveniente: el apuro de Cambiemos y sus aliados por capitalizar el escandaloso caso del ex secretario de Obras Públicas José López, los llevó a trabajar sobre varios borradores, en base a los acuerdos alcanzados con diversos bloques. Como la información no estaba en poder de todos los diputados, esto llevó a discusiones y cuestionamientos sobre puntos que ya habían sido modificados.
Los delitos que abarcarán las leyes del arrepentido y extinción de dominio serán los de corrupción, narcotráfico, contrabando, terrorismo, trata de personas, abusos y pornografía infantil, secuestros extorsivos, asociación ilícita y lavado de activos. En el caso del arrepentido, a solicitud del FpV y Victoria Donda (LdS), quedaron excluídos expresamente los delitos de lesa humanidad, a pesar de la insistencia del radical cordobés Diego Mestre de incluir también la "supresión de identidad".
Arrepentido
Para el caso del arrepentido, los acuerdos estarán en manos del fiscal de la causa y deberán ser homologados por un juez. El magistrado deberá corroborar la veracidad de los datos que aportados a la causa de la que la persona deberá ser parte ya sea como imputado, procesado o condenado. Así podrá acogerse a los beneficios de reducción de penas, que en ningún caso llegará a la extinción de la misma como establecía el texto original. Los acuerdos podrán sellarse desde el inicio de la causa hasta incluso el cumplimiento de la pena, pero no antes del comienzo del proceso judicial como se proponía originalmente.
La discusión en comisión giró entonces en torno a las figuras de "arrepentido" y "colaborar eficaz", que en la redacción original aparecía en muchos casos como una misma cosa. Se diferenció en el debate que el "colaborador eficaz" es quien está implicado en una causa pero aporta datos en otra conexa, aunque esa distinción no aparecía en la última versión del dictamen que difundió la comisión de Legislación Penal que preside la radical jujeña Gabriela Burgos.
Rodolfo Tailhade, del FpV, cuestionó que en los casos del colaborador eficaz, el acuerdo lo sella el fiscal de la causa a la que aporta datos pero no está incluido el fiscal de la causa en la que está implicado el colaborador, quien se beneficiaría con reducción de la pena y la suspensión de la acción penal en su contra hasta que se verifique su denuncia. Esto no fue incorporado al proyecto, como tampoco la opinión de las víctimas de los delitos cometidos por arrepentidos y colaboradores.
En cambio, se incorporó a pedido de la diputada kichnerista Diana Conti, que los arrepentidos y colaboradores falaces sean penados con cuatro a diez años de prisión. No se le dio curso a la incorporación de la figura del "instigador" del arrepentido falaz, que Conti explicó en la causa AMIA donde un instigador y un arrepentido falaz desvió la investigación "creando mayor impunidad". Por estos motivos, el FpV acompañaría en general el proyecto pero con disidencias.
Los funcionarios que no podrán acogerse a la figura del arrepentido son los que están alcanzados por el juicio político, de acuerdo a lo que establece la Constitución. La lista se reduce al Presidente, el vice, los ministros del PEN y jueces de la Corte Suprema. Desde Cambiemos no descartan que López, el ex funcionario kirchnerista, se pueda acoger a la figura de arrepentido en una causa que está recién iniciándose.
El FIT también hizo serios cuestionamientos a la figura del arrepentido y llevará al recinto con un dictamen propio de rechazo.
Extinción
El proyecto, en base al presentado por Sergio Massa y Graciela Camaño, propone que el Estado pueda apropiarse y disponer de los bienes y activos provenientes de actos ilícitos. A diferencia del decomiso, la iniciativa plantea una acción en la justicia civil en forma paralela a la penal que se lleva contra el individuo que habría cometido los ilícitos y para lo cual no es necesario que exista previamente una condena firme contra este. El tema despertó inquietud entre los diputados radicales de Cambiemos, que reclamaron que al menos exista un procesamiento penal firme contra el imputado ya que no se fija plazo de prescripción para la extinción de dominio. Este punto se definiría hoy en el recinto ya que otras bancadas también marcaron diferencias.
Los bienes que se recuperan podrán ser destinados a las áreas de salud, educación, trabajo y vivienda y lucha contra el narcotráfico, como establece el proyecto, del que se descartó la conformación de un ente para administrarlos y esto quedará finalmente a criterio del Ejecutivo en su reglamentación. El FpV irá en este caso con dictamen propio, donde plantea que se podrá decomisar anticipadamente pero siempre dentro del proceso penal y en casos de delitos complejos. Lo decomisado pasa a ser administrado por la Corte Suprema de Justicia.
MACRI ANUNCIA HOY EL ENVÍO DE LA REFORMA ELECTORAL
AL CONGRESO
Cambiemos ya tiene su paquete
Implementación de la Boleta Unica Electrónica, eliminación de colectoras y listas múltiples, regulación de la transición y obligatoriedad de los debates presidenciales serán los ejes de las tres iniciativas que el Ejecutivo remitirá a Diputados.
Macri se reunió con el titular de la Anses, Emilio Basabilvaso, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
Macri se reunió con el titular de la Anses, Emilio Basabilvaso, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
El presidente Mauricio Macri anunciará hoy el envío al Congreso de un paquete de reforma política, que tendrá como componente central la implementación de la Boleta Unica Electrónica, el mismo método de votación que ya se utiliza en Salta y la ciudad de Buenos Aires. Las iniciativas estaban ayer siendo revisadas en los despachos de la Secretaría Legal y Técnica antes de remitirse a la Cámara de Diputados. La idea original apuntaba también a transformar la actual Dirección Nacional Electoral y a reordenar el calendario de elecciones, cuestiones que fueron descartadas por resistencias de la Justicia y algunos gobernadores. Además, fuentes de Cambiemos afirmaron que "por falta de consenso" se dio marcha atrás con la posibilidad de transformar en optativas las primarias. Se prohiben las listas colectoras y las candidaturas múltiples y se establece la obligatoriedad de los debates presidenciales.
Minutos antes de trasladarse al Sanatorio Agote para operarse de la rodilla, Macri hará el anuncio oficial de la reforma política en el Centro Cultural Kirchner. El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, encebezó la redacción de la iniciativa, que comenzó a trabajarse a principios de año y que finalmente llegará a Diputados como un paquete de tres proyectos. Desde enero mantuvo reuniones con académicos, magistrados, apoderados de partidos políticos y diputados y senadores de los distintos bloques. Producto precisamente de ese ida y vuelta, el texto que llegará finalmente al Congreso será bastante menos ambicioso.
"El proyecto que va al Congreso es un proyecto de consenso", aseguraron en el ministerio del Interior al ser consultados por la capacidad de juntar el número de votos necesario para aprobarlo. Al tratarse de materia electoral, la Constitución establece una mayoría calificada: la mitad más uno de los miembros totales de cada Cámara. En Diputados 129 y en el Senado 37. Si bien en el debate legislativo podrán incorporarse cambios, la idea del oficialismo es tener el paquete aprobado "lo antes posible", sobre todo por la necesidad de procesar la implementación y comenzar a diseñar campañas de información para los votantes.
El PRO ya tuvo un antecedente complicado en la ciudad de Buenos Aires cuando tuvo que suspender la aplicación de la BUE en las primarias porque no llegó con los plazos y recién las pudo implementar en las generales. Especialistas en seguridad informática advirtieron sobre posibles vulnerabilidades de este sistema, que resulta mucho menos accesible para su fiscalización por la necesidad de conocimientos técnicos. Dirigentes del FpV señalaron también que la contratación de una empresa privada (en Salta y CABA se contrató a Magic Software Argentina MSA) para confección de las máquinas de votación y el desarrollo del software implicará una "tercerización del proceso electoral". "El nuevo sistema de emisión de sufragio implica mayor equidad y transparencia para todos los actores involucrados, a la vez que agiliza el proceso de recuento y transmisión de resultados", sostiene en cambio el documento elaborado por el oficialismo.
Por otro lado se apuntará a "ordenar la oferta" al restringir el uso de colectoras y de listas múltiples. La modificación que sí sufrirán las PASO no tiene que ver con la obligatoriedad sino con la posibilidad de votar en frentes distintos, según la categoría. Por ejemplo, no se podría elegir entre los candidatos del FpV para la categoría Presidente y los candidatos a diputados de Cambiemos o del Frente Renovador. El elector deberá elegir un espacio político y optar por los distintos candidatos que se presentan en los distintos niveles pero siempre dentro de ese espacio.
Otra de las iniciativas del paquete es la regulación de las transiciones presidenciales, estableciéndose obligaciones de recopilar y entregar información para el gobierno saliente, en cabeza del jefe de Gabinete.
Para una segunda etapa, previa a 2019, quedará la reforma del órgano electoral. Actualmente el proceso se lleva adelante por parte de los partidos políticos, la Dirección Nacional Electoral, dependiente del ministerio de Justicia, y la Cámara Nacional Electoral y los magistrados de primera instancia con competencia electoral. El objetivo será crear un instituto nacional electoral autónomo que absorba atribuciones del Ejecutivo y la Justicia. No habrá una reforma de fondo de la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero sí se va a fortalecer el control, elevando de 7 a 24 los auditores contables de los partidos.
El Presidente había planteado la necesidad de reducir la cantidad de veces que la ciudadanía concurre a votar en los años electorales, pero esa pretensión chocó con algunas constituciones provinciales y sobre todo, con los intereses de muchos gobernadores, quienes defienden su facultad de fijar su calendario electoral.
Operación de rodilla para Macri
Tras lesionarse el lunes en un partido de paddle, el presidente Mauricio Macri será sometido este mediodía a una artroscopía en su rodilla derecha. Según fuentes del Gobierno, Macri no cancelará su actividad oficial, que contempla durante la mañana el anuncio de la reforma electoral en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Cerca de las once y media de la mañana, deberá ingresar al Sanatorio Agote para ser intervenido quirúrgicamente, y retomará su actividad por la tarde, con reuniones de seguimiento de funcionarios de su gabinete. "Está caminando con muletas. Hoy anduvo por Olivos de acá para allá, aunque cada un rato debe ponerse un gel frío para bajar la inflamación", señalaron desde Casa Rosada, al tiempo que confirmaron que hoy mismo se le realizaron al mandatario ecografías sobre la zona afectada, aunque los médicos se encontrarán con un estado de situación más completo en el quirófano. Luego de la intervención, que concluirá después del medodía, el vocero presidencial Iván Pavlovsky será el primero en brindar información sobre el estado de salud del jefe de Estado a los periodistas que se encuentren de guardia en el sanatorio ubicado en el barrio porteño de Palermo. Temprano, el jefe de la Unidad Médica Presidencial, Simón Salzberg, anticipó que se trata de un tipo de intervenciones en las que "el paciente sale caminando".
OPINIÓN
Tu marcha no será televisada
Por Cynthia Ottaviano *
Por sencilla, la pregunta no es menos profunda, "¿qué es noticia en los noticieros de la televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires?". Esa fue la base de indagación, en la Defensoría del Público, sobre un corpus de 13.029 noticias emitidas por los canales América, Canal 9, Canal 13, Telefé y la TV Pública en seis semanas de 2013; de 14.528 en el mismo período en 2014 y de 14.375 durante el año pasado.
Bucear en ese caudal noticioso permitió observar que la privatización de los criterios de noticiabilidad y las jerarquizaciones periodísticas en escenarios de comunicación concentrada, como los que vivimos en la Argentina, determinan que el robo a una propiedad privada de zonas opulentas tiene cientos de posibilidades más de llegar a convertirse en noticia y ocupar un promedio de 3´04´´ de duración, en cualquier noticiero porteño, de cualquier horario, que un descubrimiento científico argentino aplaudido por el mundo entero.
De hecho, mientras que el tópico "policiales e inseguridad" ocupa casi un tercio de la duración de los noticieros, la "ciencia y la tecnología" araña el 2 por ciento. En las lógicas de producción mercantilistas, clasistas y machistas de la transformación de un hecho en noticia, la "inseguridad" no es construida por la falta de acceso a los derechos humanos o la violencia institucional -aunque probablemente que el propio Estado vulnere derechos en lugar de salvaguardarlos sea de los hechos más inseguros - sino el robo o asesinato callejeros.
Y se hace en nombre de "lo que la gente pide", "lo que la gente quiere ver" o "lo que garpa". Sin embargo, desde la perspectiva de las audiencias que se expresaron ante la Defensoría, resulta vital recibir información sobre los temas que, en líneas generales, cualquier estudiante de periodismo de primer año jerarquizaría en un noticiero (como docente hice múltiples veces el ejercicio, siempre con el mismo resultado).
De las 393 personas encuestadas en el país por la Defensoría durante 2015, el 68 por ciento quisiera recibir más información sobre "Educación y Ciencia" (en lo monitoreado ese año, ambos tópicos no alcanzaron el 3 por ciento de la realidad televisada); el 67 por ciento, sobre Derechos Humanos (en 2015 esas noticias no llegaron al uno por ciento, ni en cantidad ni en tiempo dedicado). El 61 por ciento de quienes fueron encuestados reclama más información sobre "Niñez y adolescencia", el 56 por ciento sobre "Géneros y diversidad sexual", el 55 sobre "Mi ciudad, mi localidad" y el 53 sobre "Salud y discapacidad". A casi ninguno se los dan. Estos tópicos no llegaron al 4 por ciento de las noticias y ninguno alcanzó ni el 5 por ciento del tiempo.
El divorcio entre el caos que se construye a diario, que refleja una sociedad inviable en la que tiene más relevancia un robo que una noticia sobre derechos humanos, y los reclamos de las audiencias que piden más información socialmente relevante para tomar decisiones y se muestran incómodas con el abordaje estereotipado, discriminatorio, carente de multiplicidad de perspectivas e hípersexualizado que desborda las pantallas, es innegable.
La censura empresaria a la que se refirió Owen Fiss se hace notoria cuando se comprueba que todos los días se silencian las problemáticas, necesidades, reclamos y miradas de los grupos históricamente vulnerados. Las luchas populares por salario justo, paritarias, despidos, acceso igualitario a la educación, distribución equitativa de los ingresos, salud y educación públicas son ocultadas a diario.
Podría decirse que "si sos estudiante o docente universitario/a y participaste de la marcha histórica, multitudinaria, del 12 de mayo pasado, tu marcha no fue televisada". Si fueras Hello Kitty viajando al espacio, tendrías más oportunidades: no es una licencia narrativa: el 5 de febrero de 2013 esa noticia ocupó 1´13´´, apenas unos segundos más que "Dos tortugas no se enamoraron con la música de Richard Clayderman, que ganó 1´10´´ en un noticiero central.
Un relevamiento hecho por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público comprobó que mientras el promedio de las noticias en 2015 fue de 2´16´´ (muy por debajo de las policiales que, recordemos, trepan al 3´04´´), en la mayoría de los casos, la información brindada sobre la marcha universitaria del 12 de mayo pasado o no fue noticia, como ocurrió en América Noticias 2da Edición; o estuvo muy por debajo del promedio de duración: en Telenueve Central duró apenas 36 segundos, en Telenueve al Cierre 1´20´´; en Telenoche 1 minuto, aunque no rankeó en los títulos, luego le dedicaron otro 1´30´´. Y el noticiero de la TV Pública Central, aun con la obligación de "asegurar la información y la comunicación con una adecuada cobertura de los temas de interés nacional" y "respetar el pluralismo social, político y cultural" (art. 121 y 122 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) le brindó escasos 2 minutos.
De manera honrosa y excepcional, Telefé Noticias 2da Edición jerarquizó la información en los títulos durante más de 1´40´´ con un móvil y en el tercer bloque del noticiero desarrolló un informe de 7´35´´, con diversas fuentes y entrevistas.
Cuando se pretende dejar atrás un paradigma comunicacional en la perspectiva de los derechos humanos, para reemplazarlo por uno mercantilista, que habilita mayores posibilidades de concentración comunicacional, tanto económica como simbólica; resulta imperioso volver a preguntarse "¿qué es noticia?" o "¿qué debería ser noticia en un servicio de comunicación audiovisual, de interés público, donde debe exteriorizarse el derecho humano a la comunicación?".
La decisión de quebrar el verticalismo enunciado como excusa por quienes producen sentido mediático a cada segundo y dejar de someter la información a la mercancía del minuto a minuto, habilitando apagones informativos inéditos, requiere de nuevos vínculos con las audiencias, apertura en la participación de la construcción de las agendas, mayor responsabilidad social y políticas públicas que impulsen el fortalecimiento de todos los sectores de la comunicación: escolares, universitarios, comunitarios, alternativos, populares, de pueblos originarios y comunidades campesinas, y no medidas gubernamentales que promueven un darwinismo mediático, en el que sólo sobreviven los que creen que la comunicación es un negocio, y no un derecho humano, y en nombre de los dueños de todas las cosas, nos dicen a diario: "tu marcha no será televisada".
* Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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