viernes 17 de junio de 2016
EL CELS PRESENTÓ SU INFORME ANUAL SOBRE LA
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Un retroceso preocupante
El informe del organismo que preside Horacio Verbitsky presentó el informe que incluyó los primeros meses de la presidencia de Macri. El periodista consideró que "hay una política de violaciones a los derechos humanos que responde a un plan de gobierno".
El panel que presentó el informe reflejó la amplia agenda de temas que abarca el CELS.
El panel que presentó el informe reflejó la amplia agenda de temas que abarca el CELS.
Imagen: Leandro Teysseire.
"La novedad es que hay otra vez una política de violaciones de derechos humanos que responde a un plan de gobierno. Un plan que esta vez se produce dentro de la legalidad vigente y usando todos los resquicios que esa legalidad permite". La frase pertenece al periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y tuvo lugar ayer durante la presentación del último informe anual del organismo, que abarca los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri. El panel reflejó la amplia agenda de temas y alianzas del CELS: los crímenes del Estado en México, la agenda regresiva en materia de drogas, la violencia de genero y el avance sobre los derechos laborales.
La coordinación del panel estuvo a cargo del director del CELS, Gastón Chillier, quien destacó la importancia de dos sentencias recientes: Plan Cóndor y la represión de diciembre de 2001, que permitió la condena de responsables políticos. "Es una larga línea de trabajo del CELS, que ya habíamos intentado tras las muertes en Puente Pueyrredón", recordó. Como contracara mencionó los nulos avances en la causa por el atentado a la AMIA, destacó los debates sobre el accionar de los servicios de inteligencia y la incipiente reforma del sistema de inteligencia en 2015. "Vemos con preocupación que en las últimas semanas se está retrocediendo, con un decreto que vuelve a la lógica del uso reservado de fondos", apuntó.
Narce Santibáñez, del Centro Pro Derechos Humanos (Prodh) de México, que litiga los casos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, resumió el panorama de su país en cinco puntos: macrodelincuencia, graves violaciones de derechos humanos, impunidad, corrupción y no acceso a la justicia. "México es el tercer país más violento después de Irak y Siria y se supone que no está en guerra", destacó. Sugirió comillas para la "guerra contra el narcotráfico", destacó que el crimen organizado está estrechamente vinculado al gobierno y que "tenemos que empezar a desmilitarizar el tema seguridad de manera paulatina". La activista se explayó sobre la aplicación de torturas sistemáticas y ejecuciones extrajudiciales, y destacó el rechazo que el presidente Enrique Peña Nieto cosecha en todo el mundo. "Ayotzinapa lo persigue adonde vaya", concluyó.
El sociólogo Juan Gabriel Tokatlian expuso sobre "la agenda regresiva en materia de drogas" y, sin poder hacer un balance de la gestión Macri, se detuvo en "anuncios y señales" preocupantes: discursos sobre "derrotar al narcotráfico", decretos para derribar aviones o quitarle a la Sedronar el registro de precursores, afirmaciones de la ministra Patricia Bullrich en la DEA sobre "abrir la puerta de la colaboración con los Estados Unidos", del propio Macri sobre "reforzar la relación bilateral a través de la DEA y el FBI" en relación al narcotráfico, entre otros. "No quiero prejuzgar pero hay que decir que estamos entrando en un sendero preocupante y peligroso", advirtió.
Lausana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, citó el informe del CELS para destacar que "el 'Ni una menos' fue un punto de inflexión y al mismo tiempo reveló que la violencia institucional hacia las mujeres estaba relegada de la agenda de derechos humanos". Cuestionó las políticas que "ponen el foco en las mujeres en calidad de víctimas y no en las relaciones desiguales de poder en las cuales se inscriben esos hechos de violencia". "El 'vivas nos queremos' expresa un deseo que nos empuja, nos libera y nos da autonomía sobre cuerpos y vida, y amplia la agenda de reclamos al Estado", destacó.
Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital, comenzó su exposición sobre la violencia institucional en Jujuy. "Nuestros compañeros no pueden caminar con remeras de nuestro gremio o de la Tupac porque son detenidos", advirtió. Criticó el fallo "Orellano" de la Corte porque "da herramientas a la patronal para que siga persiguiendo y despidiendo" y se explayó sobre "los ataques brutales del gobierno a la clase trabajadora": estigmatización de los empleados públicos, protocolo para disciplinar y policías en oficinas estatales con listas para informar quien pasa a ser un desocupado. "Es cierto que durante 12 años de creación de empleo no pudimos resolver la precarización, pero este gobierno ha avanzado de madera desmedida sobre la clase trabajadora", señaló. "Este gobierno vino a generar un ejército de 15 millones de desocupados, para bajar salarios y garantizar la calidad de vida de ellos", sentenció. "Vienen avanzando pero los laburantes estamos de pie", concluyó, y convocó a la marcha federal de agosto "para poner a Macri en el lugar donde tiene que estar".
Verbitsky repasó los orígenes del CELS durante la dictadura y la afirmación de Rodolfo Walsh sobre "la miseria planificada" como el más grave de los crímenes para recordar que sigue pendiente el análisis de "la participación empresarial que los explica y fundamenta". El Congreso creó una Comisión Bicameral Investigadora pero "el gobierno tiene un interés notorio en que la investigación no se lleve a cabo", remarcó. "En el actual gobierno hay un laissez faire con los procesos iniciados, sobre todo si se trata de militares retirados hace muchos años, pero no hay interés en avanzar hacia el enjuiciamiento de quienes de alguna manera impulsaron esas violaciones", destacó. "Los informes del CELS reflejan la adaptación de nuestras prácticas a situaciones cambiantes", explicó Verbitsky, quien al margen de los "muchos matices" del período 1984-2015 no dudó en calificar de "tercera etapa" a la actual. "Hay otra vez una política de violaciones de derechos humanos que responde a un plan de gobierno", resumió.
El periodista consideró que América Latina fue en la última década "un contramodelo" de las políticas aplicadas en países centrales, con "ampliación de derechos en varios países", pero que "ese contramodelo está profundamente en crisis". Repasó el "golpe blando" en Brasil, retomó el caso argentino para advertir sobre "decisiones políticas que implican explícitamente violaciones de derechos humanos": despidos masivos, gigantescas transferencias de ingresos, desmantelamiento de programas de protección social, reanudación del endeudamiento externo. "Frente a eso hay una política deliberada de represión de los movimientos sociales que exigen respeto por los derechos económicos y sociales de bastas partes de la población, y en ese sentido el encarcelamiento de Milagro Sala es una avanzada muy clara para intimidar a todos aquellos que quieran ejercer la protesta", destacó.
LA EX PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER PUBLICÓ UNA CARTA
EN FACEBOOK SOBRE EL CASO LOPEZ
"El dinero alguien se lo dio, y no fui yo"
Consideró que palabras como "repudiar, rechazar o condenar, no alcanzan" para hablar del caso que involucra al ex secretario de Obras Públicas. Subrayó que cuando alguien recibe dinero en el sector público es que se lo dieron desde el sector privado.
"Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada", sostuvo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ayer publicó en Facebook un texto respecto al caso de José López, el ex funcionario que fue detenido mientras buscaba enterrar en un convento nueve millones de dólares en efectivo. En un texto dirigido a la militancia kirchnerista, la ex Presidenta dijo que "palabras como repudiar, rechazar o condenar, no alcanzan" para referirse al episodio y que es necesario "saber quiénes son, además del Ing. López, los responsables de lo que pasó". Y que la justicia actúe, también, contra ellos.
"Durante ocho años goberné para todos los Argentinos. Para los que me querían, para los que me respetaban. Y también para los que me agredían e insultaban como nunca se hizo con ningún presidente en la historia. Sé que ser mujer fue un agravante", comenzó el comunicado subido por CFK a redes sociales ayer por la tarde, cuando varias figuras del kirchnerismo ya habían manifestado su deseo de escuchar a la ex Presidenta referirse a este caso.
Fernández de Kirchner dirigió sus palabras principalmente a la militancia del Frente para la Victoria. "Hoy quiero dirigirme a quienes saben que en estos doce años y medio construimos derechos, como no se había hecho desde el primer peronismo. A quienes se rompieron el alma militando porque sintieron y sienten que, por primera vez en mucho tiempo, las utopías dejaban de ser sólo eso y se transformaban en una vida mejor para todos los Argentinos. Aún para aquellos que nunca nos quisieron ni nos querrán, hagamos lo que hagamos", agregó la ex mandataria.
También apuntó su mensaje "a quienes por primera vez, y en distintos lugares, se incorporaron a la política, porque los convocó un proyecto donde el amor por la Patria y la solidaridad con el prójimo son su motor" y que "están profundamente dolidos" por el caso López, "como si alguien les hubiera pegado una trompada en el estómago" porque "son y se sienten parte de este proyecto, lo construyeron, lo aman" y "sufren por lo que está pasando".
En el pasaje más importante del breve texto, CFK dice que "palabras como repudiar, rechazar o condenar, no alcanzan" y es necesario "saber quiénes son, además del Ing. López (Secretario de Obras Públicas durante mi gestión), los responsables de lo que pasó". Para la ex presidenta, "el dinero que tenía en su poder, alguien se lo dio" y es necesario saber quién fue. "No fui yo. Ni ninguno de los miles de militantes que integran este espacio político", agregó.
"Que nadie se haga el distraído. Ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestra historia y de la universal", completó la ex mandataria.
"La otra, infinitamente más profunda aún, y sus efectos más terribles: la aplicación de planes políticos y económicos que enajenan el patrimonio nacional, endeudan el país y someten a la miseria a millones de Argentinos. De esa matriz dan cuenta también, desgraciadamente, pasado y presente de nuestra historia y de otros pueblos del mundo", finalizó.
"Es feo lo que pasó"
Es feo lo que pasó. Nos contamina, nos hace mal, nos quita el tiempo para hablar y hacer cosas buenas", dijo Estela de Carlotto sobre el caso López. Para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, el caso del ex funcionario que fue encontrado in fraganti con nueve millones de dólares "es raro, extraño, pero existió" y ahora "está en manos de la Justicia y es ella quien debe investigar". Luego de ser distinguida con el premio Mujer Creativa 2016 por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Carlotto pidió por último que la tarea del Poder Judicial en esta investigación "no sea contaminada con ideas extrañas y con personas que no tienen que interferir para nada".
LAS FARMACIAS CORTARON LA VENTA DE MEDICAMENTOS A
JUBILADOS POR UNA DEUDA Y EL PAMI DESEMBOLSO UNA
PARTE
Santo remedio, un pago de emergencia
El PAMI mantenía una deuda de 2400 millones de pesos. El martes pasado pagó 330 millones. Las farmacias cortaron la venta a los jubilados el jueves. El paro fue masivo. La obra social desembolsó 500 millones más y tapó algunos baches.
El paro en la venta de medicamentos a los jubilados fue masivo en todo el país.
El paro en la venta de medicamentos a los jubilados fue masivo en todo el país.
Los farmacéuticos cortaron la venta de medicamentos ambulatorios a los afiliados del PAMI. La razón alegada es sencilla: la obra social de los jubilados, que pertenece al Estado, debía a las farmacias al día de ayer 2400 millones de pesos por saldos adeudados, de los cuales el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, el miércoles canceló 330. Más que solucionar, les pintó la cara. Los farmacéuticos agrupados en la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Raúl Mascaró, anunciaron un corte en la venta de medicamentos para afiliados del PAMI desde la 0 de ayer. Con la presunta intención de resolver, Regazzoni ayer desembolsó 500 millones más. Algunos colegios de farmacéuticos, como el bonaerense continuaron con la medida. Y reclaman un cambio de política para que se dejen de recetar medicamentos caros que en muchas ocasiones pueden ser reemplazados por otro tipo de terapéutica.
Mascaró, advirtió que podrían "faltar medicamentos" ya que "no pueden reponer" por la deuda que mantiene el PAMI que suma "2.500 millones de pesos". El titular de la COFA defendió la decisión de suspender la atención a afiliados del PAMI desde la 0 de ayer y alertó que la situación podría extenderse hasta que el organismo ofrezca un "cronograma concreto de pago y sepamos cómo podemos cobrar esta deuda para poder enfrentar los compromisos en las droguerías. Hoy tenemos la atención resentida no solo para el PAMI, sino para toda la seguridad social".
A la semana pasada, el PAMI arrastraba una deuda con las farmacias de 2400 millones de pesos, según describió a Página/12 la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Georgina Giraldi. El martes pasado, Regazzoni ordenó el pago de apenas 330 millones. La cifra estalló en la cara de los farmacéuticos. El miércoles, a las 15, los representantes de alrededor de 11 mil farmacias prestadoras de la obra social de jubilados de todo el país, se reunieron por teleconferencia y decidieron realizar el corte desde las 0 horas del jueves.
El Colegio de Farmacéuticos bonaerense anunció que el corte de servicio a afiliados al PAMI es "a partir de hoy (por ayer) y por tiempo indeterminado". La presidenta de la entidad, Isabel Reinoso, dijo que "casi el 50 por ciento de las ventas son medicamentos por esa obra social y como consecuencia de los retrasos, las farmacias se están quedando sin crédito en las droguerías. Sin dejar de atender que se ven imposibilitadas de hacer frente a sus compromisos y obligaciones comerciales, es una situación crítica".
La vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Georgina Giraldi, dijo a este diario que "cuando asumió Regazzoni, en diciembre, estableció un presupuesto para medicamentos ambulatorios de 1800 millones de pesos por mes. Nosotros, hace dos meses, junto con el Colegio de la Provincia de Buenos Aires hicimos una medida de corte de uno y después de dos días porque advertíamos que iba a suceder esto que está sucediendo ahora, por el aumento de precios y por la temporada invernal, en la que se presentan todas las patologías por el clima. PAMI no iba a poder pagar si no establecia una política de auditoría sobre la prescripción de los médicos y la dispensación con las farmacias. Hay que analizar las patologías frecuentes, ver qué medicamentos se recetan y si está bien hecho el costo beneficio, porque hay patologías que son costosas y se pueden cubrir por métodos más económicos".
"No es una medida gremial, ya se transformó en una realidad", salió a decir públicamente Claudio Ucchino en las radios, mientras el ambiente se espesaba. "No se está pudiendo reponer los medicamentos. Los abuelos necesitan que el Gobierno, en este caso, el PAMI, se ponga al frente de la situación y dé las explicaciones del caso de por qué no le paga a la industria", declaró Ucchino.
El secretario general del Sindicato de Bioquímicos y Farmacéuticos, Marcelo Peretta, también salió a sumar al corte. "Nuevamente acumuló deuda el PAMI, no la puede pagar, el gasto de medicamentos que tiene esa obra social es impagable, porque el 45 por ciento del presupuesto se lo gasta en medicamentos, por lo cual amerita una reingeniería completa de la prestación farmacéutica", afirmó.
Desde el lado estatal, Regazzoni intentó bajar el tono crítico de los farmacéuticos: "El PAMI no puede asumir aumentos en los remedios que han venido impactando del año pasado hasta ahora, y que son imposibles, no se pueden trasladar a la obra social. No se puede pretender que el dinero de los jubilados pague aumentos que no se pueden convalidar", expresó. Con una diferencia de un día a su favor, y de 100 millones en contra de los farmacéuticos, el titular del PAMI sostuvo que "el martes pagó 930 millones de pesos", en lugar de 330 el martes y 500 el jueves, y que la semana próxima completarán el pago del mes.
Pero no ocurrió como señaló Regazzoni. El jueves se lanzó el corte de venta de medicamentos con una adhesión según la Cofa del 100 por cien en Salta, Corrientes, Formosa, Río Negro, Córdoba, San Luis, Jujuy, Chaco y Corrientes; del 90 por ciento en las bonaerenses, Tucumán y La Rioja; 80 en San Juan; 70 en las porteñas; y 50 en Mendoza, Tierra del Fuego y Rosario.
Pese a que la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf), que agrupa a las cadenas farmacéuticas, se diferenció de Cofa y otras prestadoras con convenio con el PAMI que decidieron suspender la entrega de medicamentos a jubilados, y anunció que continuaría la venta, farmacias afiliadas a la cámara de grandes empresas, también se plegaron al paro. "Si hoy tenemos una situación diferente es porque ha crecido el pago de las facturas a las droguerías, ha aumentado el costo del medicamento, lo que se traduce en un ahogo financiero que debemos atender", puntualizó Miguel Angel Lombardo, titular de Facaf.
La Cofa agrupa a las farmacias pequeñas y medianas, las que tienen vínculo directo con sus clientes, mientras que la Facaf agrupa a las grandes cadenas, donde el cliente suele terminar siendo un número.
Finalmente, ayer por la tarde, Regazzoni desembolsó 500 millones más, sumando 830 entre martes y jueves, lo que derivó en la distensión del conflicto que terminarían pagando los jubilados. Según la Cofa, el PAMI desembolsó un "pago de emergencia" y lo reveló como un "anticipo de pagos previstos para el 28 de junio, un gesto de buena voluntad".
Ahora, los farmacéuticos esperan el próximo martes, cuando se reunirán con Regazzoni y esperan escuchar del titular del PAMI cómo gestionará la deuda, que para el martes ya habrá aumentado, y qué políticas racionales aplicará para reducir el costo de la atención médica.
LOS RECLAMOS DE LOS FARMACÉUTICOS
"Situación límite"
En el conflicto disparado por el reclamo de alrededor de 11 mil farmacias de todo el país a la obra social de los jubilados, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Raúl Mascaró, que agrupa a los colegios farmacéuticos (las pequeñas y medianas) describió el estado de situación y de deuda del PAMI.
- "El PAMI debe 2500 millones de pesos. Hemos hablado con las autoridades, enviado avisos, pero las farmacias siguen sin cobrar", sostuvo, cuando se lanzó el paro que durante más de medio día golpeó la puerta de la obra social.
- "Es una deuda que se viene agrandando mes a mes. Estamos en una situación límite porque las droguerías están cortando las cuentas de las farmacias y cuesta mucho reponer medicamentos".
- "De enero para acá, PAMI viene pagando menos de lo que se factura, y llega un momento en que el convenio no se puede sostener".
- "PAMI tiene menos plata de la que gasta. Es un grupo etario de alto consumo. Es simple: el gasto es mayor por la edad".
- "Esto es algo que venimos advirtiendo hace tiempo a Regazzoni, no es una medida tomada a la ligera; tanto se tiró del hilo que en un punto se iba a cortar".
- "Conformamos 16 colegios farmacéuticos y la decisión la tomamos todos".
- "En este contexto inflacionario realmente se hace inviable, ya no podemos atender a otras obras sociales y reponer medicación".
- "Que haya un pequeño pago no es solución para el problema, porque el martes de la semana que viene la situación será la misma".
- "Nosotros hemos puesto el hombro; estamos haciéndonos cargo de algo que no tenemos que hacernos cargo".
- "En lo que va del año, los precios aumentaron según la inflación".
- "No somos formadores de precios, no podemos compensar nada con ningún aumento por las nuestras".
- "No podemos pagar nosotros el medicamento, porque toda la cadena cobra, las farmacias les pagan a las droguerías, las droguerías a la industria, y nosotros no cobramos".
- "El deber de cuidar la salud del jubilado no es de las farmacias, que deben garantizar la mejor atención de medicamentos; esa responsabilidad es del Estado".
- "El próximo martes nos reuniremos con el titular del PAMI a fin de encontrar una solución que destrabe el conflicto".
- "La medida continuará al menos hasta que tengamos algún compromiso o acuerdo de pago". Después, llegó el desembolso de emergencia de 500 millones de pesos y el conflicto se distendió. Hasta el martes próximo.
ORIGINAL PROTESTA DE LA MESA MULTISECTORIAL FRENTE
AL MINISTERIO DE ENERGÍA
Un torneo contra el tarifazo
Clubes de barrio, pymes y cooperativas disputaron la "Copa Juanjo Aranguren", un campeonato de fútbol sobre Paseo Colón para reclamar por los aumentos. Los premios fueron un sol de noche y una linterna. Presentaron un amparo contra la suba de tarifas.
El campeonato se jugó a partir de las 14 en medio de la avenida Paseo Colón.
El campeonato se jugó a partir de las 14 en medio de la avenida Paseo Colón.
Ante la falta de respuesta, los reclamos contra las subas en las tarifas se reinventan. Ayer, la "Mesa multisectorial contra el tarifazo" formada por cooperativas, clubes de barrio y pymes, entre otros, organizaron el torneo futbolístico "Copa Juanjo Aranguren", en el que además de jugar varios partidos de fútbol se presentó públicamente un amparo presentado por el colectivo el mismo día. El encuentro se llevó a cabo con luz natural, sobre la avenida Paseo Colón a la altura de la Secretaría de Energía y contó con importantes premios: un sol de noche y una linterna.
Los sectores más afectados por la suba de las tarifas entendieron que los reclamos divididos tenían fuerza relativa. Por eso, el lunes, durante el segundo encuentro de la multisectorial en el Hotel Bauen, decidieron impulsar una medida de amparo en conjunto y manifestarse de la misma manera. El espacio también quedó integrado por fábricas recuperadas, centros culturales, teatros independientes, centros de jubilados, organizaciones de consumidores y dirigentes políticos y sociales. "Hay antecedentes en el país de aumentos que se frenaron en sede judicial, por eso acompañamos el amparo, es una vía más para tratar de contrarrestar este golpazo al bolsillo de los trabajadores", comentó a este diario el legislador porteño José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-Frente a la Victoria).
"Desde hace al menos un mes y medio venimos discutiendo la idea de juntarnos, en principio por el tarifazo, pero también por el resto de las medidas de ajuste que tanto nos vienen golpeando", explicó a Página/12 Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta). Según contó Tonarelli, la idea de la medida judicial presentada es que se retrotraiga el precio de las tarifas a 2015 y se forme una Mesa de trabajo con representantes de todos los sectores que exigen la tarifa social y del Ministerio de Energía "para llegar a un acuerdo coherente".
El golpe de las medidas de la actual gestión, explicaron los representantes del sector cooperativo, fue doble para la economía social. Por un lado, la suba de tarifas multiplicó la estructura de costos de las empresas autogestionadas, y, por el otro, las políticas de estímulo desaparecieron. "Las cooperativas de obra pública dejaron de funcionar. Las textiles que confeccionaban uniformes para el Estado están en la misma situación, porque todo ese trabajo ahora pasó a manos de fabricantes del sector privado", sumó Fabio Resino, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo.
La ausencia de microcréditos y facilidades para estimular el crecimiento de este tipo de empresas, más el contexto inflacionario y la apertura de importaciones hicieron el resto. "El tarifazo es la cara más cruel de las políticas de este gobierno, pero se trata de toda una serie de medidas que firma el acta de defunción de las cooperativas", agregó el referente. Para Resino, la relación entre el Estado y el sector no empeoró, sino que desapareció: "a pesar de algunas diferencias, con la anterior gestión teníamos diálogo, podíamos dar una discusión y principalmente, había políticas públicas para generar un marco de crecimiento que desaparecieron".
Otro de los sectores que participó del amparo – y del torneo – fue el de las pequeñas y medianas empresas, que brinda el 80 por ciento de los puestos de trabajo de la industria nacional. "La preocupación va más allá del tema de tarifas, que tuvo un gran impacto en la cadena de pymes, pero también vemos que esto está enmarcado en un política general del gobierno que generó una enorme caída en las ventas y muchísimos despidos que lamentar", contó Roberto Ratti, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).
De acuerdo con el calculo de la asamblea empresaria, la cantidad de pymes que cerraron en los últimos meses asciende a 10.000. La liberación de las importaciones, según contó Ratti, fue un factor clave en estos cierres, a lo que se sumaron suba de tarifas, pérdida de capacidad de consumo y la eliminación de los planes de financiación en la AFIP para las empresas más chicas.
Las entidades que defienden los derechos de consumidores y usuarios, por su parte, insistieron en la ilegalidad de la suba de tarifas sin previa audiencia pública y consideraron "descarada" la ausencia de una explicación acerca de cómo se definieron los nuevos precios de los servicios. "El propio Ministerio (de Energía) dice que se desentienden de la fijación del precio porque la nueva tarifa se acordó entre las empresas y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico)", sostuvo Miguel Ángel Fortuna, presidente del Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y el Medio Ambiente. En ese sentido, Fortuna recordó que "en todo el mundo las ganancias en materia de servicios son exiguas, porque los usuarios son consumidores cautivos".
En la misma línea, Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores resaltó que la lista de medidas que afecta a las entidades que integran la multisectorial generó el "quiebre de un círculo virtuoso". El consumo interno, que alentaba la industria nacional y la generación de empleo, aumentaba la capacidad de consumo. "No puede entenderse como algo distinto a una gigantesca transferencia de recursos de la población en general a las grandes corporaciones, donde los más beneficiados fueron las petroleras y las mineras", resumió Boada.
Terminado el encuentro deportivo, los representantes de la multisectorial adelantaron en conferencia de prensa que se trata de "la primera de varias manifestaciones". Tras lo cual, Cristian Font, directivo de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, explicó que la convocatoria buscó ser "una expresión creativa y humorística, en tiempos angustiantes".
La copa fue para el Sindicato de Obreros Curtidores, que se llevó un sol de noche para usar cuando trabajan hasta tarde. También fue entregada una linterna, que se la quedó un centro cultural que este mes no puede pagar la luz.
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