sábado 11 de junio de 2016
FALLO DE ÉPOCA
LA CÁMARA DE CASACIÓN ANULÓ LAS PERPETUAS DE TRES
MILITARES CONDENADOS POR FUSILAR A 14 PERSONAS
El regreso de la teoría de los excesos
Los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci consideraron que la Masacre del Rosario fue un "exceso" en la forma de reprimir a las organizaciones armadas. Y que no fue un crimen de lesa humanidad porque fue anterior a 1976.
Los jueces de la Cámara de Casación desprestigiaron a los testigos por ser "compinches" de las víctimas.
Por Alejandra Dandan
El 8 de octubre de 2013 el Tribunal Oral Federal de Catamarca condenó a prisión perpetua a tres militares por el fusilamiento de 14 militantes del PRT-ERP en 1974, en el lugar conocido como Capilla del Rosario. La sentencia confirmada por la Cámara Federal de Tucumán acaba de ser anulada por la Sala III de la Cámara de Casación Penal en un fallo absolutamente regresivo en metaria de derechos humanos. Los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci dijeron no se trata de delitos de lesa humanidad al considerar que los hechos ocurrieron durante un gobierno democrático. El fallo niega que las víctimas hayan sido "fusiladas", como se estableció en el juicio, y vuelve a darle vigor a la teoría del "enfrentamiento" que utilizaron las Fuerzas Armadas históricamente para encubrir sus crímenes. Además, niega la validez de los relatos de los testigos por considerarlos "afectados".
El fallo causó alarma entre abogados, integrantes de organismos de derechos humanos y fiscales. Su narrativa parece salida de los expedientes de los Consejos de Guerra de las Fuerzas Armadas, en la que se habla de "excesos". Y descarta el testimonio de los testigos, a los que denomina como integrantes de una "facción" o "compinches".
El fallo – que salió con un voto en disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que se pronunció en la misma línea que el tribunal catamarqueño – contiene algún parecido a la decisión de Casación que benefició el año pasado a Pedro Blaquier con el desprocesamiento en la causa Ledesma, porque también, como en ese caso, el tribunal se introdujo en el análisis y valoración de los hechos y la prueba. Este caso, sin embargo, se hizo después de un juicio oral y avanza varios casilleros. Los jueces no declararon la prescripción, como podrían haber hecho si consideraban que no había delitos de lesa humanidad, sino que absolvieron a los acusados. Según los camaristas, "el material probatorio deja un margen considerable de incertidumbre que impide arribar a una condena" y, en consecuencia, resolvieron la absolución "por duda".
El fusilamiento como "exceso"
Los hechos en cuestión sucedieron el 12 de agosto de 1974. Los 14 fusilados pertenecían a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo, que dos días antes había intentado copar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. En la medianoche del 10 de agosto, dos jóvenes en bicicleta se toparon con un grupo de 47 militantes del PRT que estaban en un colectivo y se preparaban para la operación, que se postergó porque había una fiesta. Los ciclistas alertaron a la policía, que llegó con cuatro patrulleros. Se produjo un primer hecho que terminó con dos muertos y el desbande de los integrantes del PRT, que habían perdido las armas y se dispersaron en tres grupos. Unos lograron volver al campamento en Tucumán, otros fueron detenidos en la ciudad y sometidos a un juicio y un tercer grupo quedó aislado en el monte de Collagasta, en Fray Mamerto Esquiú. Allí fueron cercados luego de entregar sus armas, y cuando ya se habían rendido, fueron fusilados por el Ejército.
En 2013, el Tribunal Oral de Catamarca condenó a prisión perpetua a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta por "homicidio calificado agravado por alevosía".
El fallo de la Sala III de Casación tomó dos lineas para dar vuelta el fallo del tribunal oral y liberar a los acusados. Una analiza época para decir que no había plan sistemático antes del 24 de marzo de 1976. En ese contexto, salva la masacre de Trelew, de agosto de 1972, porque sucedió bajo un gobierno de facto. Pero olvida fallos previos de la misma Casación en causas como Operativo Independencia, CNU y Triple A, previos a marzo de 1976. Además, justifica los asesinatos bajo la lógica de la "defensa de las instituciones democráticas".
La otra linea buscó desarmar el objeto principal de la causa: es decir, el fusilamiento a un grupo de hombres que ya estaban rendidos y sin armas. Al negar el fusilamiento y construir la teoría del "enfrentamiento" hacen que los hechos no puedan ser considerados como crímenes de guerra, regulados por tratados internacionales, o hechos de graves violaciones a los derechos humanos. Riggi y Catucci dicen que los jueces de Catamarca hicieron un fallo "erróneo" con una lectura "antojadiza" y "subjetiva" del contexto: "ubicando para esa fecha la existencia de un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil, que en realidad no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba, o directamente no existía, si por lo demás se repara en que para ese entonces estaba debidamente instalado un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos del padrón electoral". En esa línea, señala que la idea de la extensión del plan sistemático de represión previo a 1976, "no existe más que en la exclusiva subjetividad de los señores magistrados". Describe el contexto histórico "verdadero" al señalar que "va de suyo que existía un clima de violencia política" en el que se "perpetraban crímenes y atentados" de distintas "agrupaciones o bandas" y "como contrapartida probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas de parte de las fuerzas de seguridad".
Los testigos
Una de las pruebas fundamentales de la causa es el testimonio de José Fernando Gambarella, un ex conscripto que fue testigo ocular de la masacre y contó cómo cuatro personas que se encontraban con las manos en alto fueron ultimadas. "Tenían la misma edad nuestra" – dijo durante el juicio – "teníamos 20 años". Riggi habla de su "dudosa credibilidad" por recordar y describir una escena a 40 años de los hechos. También pone en duda de la credibilidad de los testigos que fueron integrantes del PRT. El juez los presenta como "ex integrantes de la facción" "quienes sin el menor pudor reconocieron haber procurado copar esa unidad militar para obtener armamento". Por eso, y aquí sostiene la teoría central con la que los dos votos buscaron justificar los crímenes: "Aún cuando en el marco de la respuesta a la agresión que los integrantes del grupo de extremistas pretendía llevar adelante contra el regimiento de Infantería nro. 17 puedan haberse cometido o no excesos no es factible de ningún modo sostener que la represión de ese intento de copamiento en el marco de un enfrentamiento armado, constituya un 'ataque' 'sistemático y generalizado' contra la población civil propio y característico de un delito de lesa humanidad. Más aún," – siguen – "se aprecia que ya siquiera puede hablarse de 'un ataque' por parte de las fuerzas armadas, sino más bien de un acto de defensa de los poderes constitucionales vigentes tanto de la Nación como de la Provincia de Catamarca, ante el intento de un grupo fuertemente armado de insurgentes".
Una masacre
Mirta Argañaraz de Clerici es una de las las iniciadoras de esta causa. "Decimos que fue una masacre porque ya estaban sin armas y se habían rendido. Los masacraron. Hay compañeros que estaban cortados a la mitad, descubrimos que tenían su mano a la altura de la nuca y el cráneo había sido atravesados por disparos". Clerici explica lo que fue corroborado por el juicio, por los testigos directos, las autopsias y las inspecciones oculares realizadas durante el juicio: que los cuerpos fueron levantados de la hondonada en la que los mataron por helicópteros que los tiraron en la ruta.
El fiscal federal Rafael Vehil Ruiz estuvo a cargo del juicio oral pero además al frente de los nueve años de investigación de la causa. "Soy muy respetuoso porque entiendo que eso hace al Estado de derecho, pero la verdad es que fue un fusilamiento, que fueron delitos de lesa humanidad y que los tres acusados son responsables porque participaron. El dato de que estaban totalmente desarmados quedó demostrado por las inspecciones a los lugares, quedó demostrado por el relato de todos los testigos, por las autopsias. Cuando el colectivo fue descubierto, una parte se escapó y dejaron todo el armamento en el vehículo de apoyo. Las armas de mano que tenían, algunos las perdieron cuando pasaron el río. Esto fue en agosto en Catamarca, en el monte: frío, hambre, desarmados. Ellos mismos dicen del ánimo absolutamente de rendirse. Entonces, cuando un fundamento dice que si no hubiesen estado armados esto se podría haber considerado un suicidio colectivo, es para desvirtuarlo porque no fue así".
Luz Palmas Zaldúa es abogada querellante del Cels. "Los votos de Riggi y Catucci son regresivos, porque hay una mala interpretación de los delitos de lesa humanidad. Dicen que hay una organización militar, no civiles y que no hay un contexto de terrorismo de Estado y que las Fuerzas Armadas y de Seguridad estaban actuando en defensa de las instituciones, cuando sabemos que si bien el 24 de marzo fue un golpe de Estado mucho antes empezaron a generarse las condiciones de funcionamiento para perseguir a los opositores políticos. Para Palmas Zaldua, "hace pensar que los jueces entienden que hay un contexto político para tomar estas decisiones. Sin lugar a dudas esto es reprochable porque es un proceso de justicia consolidado, válido, legítimo, respaldado socialmente y regionalmente y valioso para otros países que han sufrido procesos de dictadura".
PANORAMA POLÍTICO
Alvesrre
El escándalo de las escuchas telefónicas que involucró a Mauricio Macri determinó que esa actividad saliera de la órbita impenetrable de los servicios de inteligencia. Y se la instaló en la de la Justicia para hacerla más transparente. Pero ahora el gobierno de Macri la devuelve a la oscuridad de los servicios de inteligencia. Aunque los jueces dejaron fuera al presidente, los que dirigían a los pinchadores de teléfonos eran de su entorno más cercano, como el ex comisario Fino Palacios, o habían sido contratados por su gobierno (en la CABA), como Ciro James. Y el mismo Macri estaba interesado en varias de las víctimas de ese espionaje (tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola...). Por una cuestión de simple vergüenza y portación de antecedentes, es un ámbito donde este presidente no tendría que meterse y menos para deshacer una medida que quiso evitar una forma de espionaje ilegal desde el Estado como en la que él estuvo involucrado. Pero lo hace y no pasa nada. Conclusión y confirmación: Macri es el presidente civil con mayor impunidad mediática en la historia de este país. Cuando el macrismo quiere mostrar su diferencia con el kirchnerismo y resalta su tolerancia, dice: "nosotros vamos a escuchar a todo el mundo". Bueno, no es una metáfora.
Con ese respaldo, el macrismo ha instalado un lenguaje de sentido inverso, por no decir alvesrre. Durante la campaña prometió "pobreza cero", "acabar con el narcotráfico" y "cero tolerancia a la corrupción". En el Foro de Infraestructura que se realizó esta semana, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich dijo que "el presidente Macri es el de más agallas, honestidad y capacidad que hemos tenido". Y la frutilla del postre ha sido el título del "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados".
Traducción: "Pobreza cero" equivale a tarifazo, devaluación y desempleo. "Acabar con el narcotráfico" es un modismo para aludir a "fiesta electrónica Time Warp de Costa Salguero". Y "cero tolerancia a la corrupción" es algo así como Panamá Papers. Una idea muy instalada por el macrismo tiene expresión en la fórmula Tolerancia=Veto. Dicho de otra forma: "yo tolero que digas todo lo que vos quieras (como la ley de desempleo) y te veto todo lo que yo quiera".
La evaluación de Dietrich, (el ministro de Transporte que viaja en bicicleta pero tiene la mayor empresa de venta de autos del país) sobre Macri es lo mismo que viajar en bicicleta pero te vendo autos. En todo caso es una opinión personal que desconcierta en este lenguaje de sentido inverso. Con respecto al proyecto para los jubilados, respeta las generales de la ley: tiene más de Destrucción Histórica que de Reparación.
El proyecto, que el jueves obtuvo dictamen de comisión con el respaldo del PRO y los radicales, aliados con el massismo y el Bloque Justicialista, ha generado un debate en el que incluso intervino la ex presidenta Cristina Kirchner. Haber pegado el blanqueo a los jubilados ya dice que el proyecto tiene la cola sucia. Son dos ideas que tratan de justificarse y disfrazarse una a la otra. Los jubilados le ponen cara solidaria a un blanqueo de millonarios evasores y el blanqueo le quiere poner la cara "económicamente sustentable" a una medida supuestamente solidaria tan poco neocon-neolib.
Este lenguaje de sentido inverso crea situaciones excepcionales. Por ejemplo logra que coincidan un neoliberal extremo como José Luis Espert con Cristina Kirchner, que para él representa el populismo extremo. En el contexto del debate por el tema de las jubilaciones, Espert afirmó que "el macrismo es como el kirchnerismo con buenos modales". Este hombre, que en algún momento asesoró a Cambiemos, ve en esta "reparación histórica" una medida demagógica y populista porque no tiene sustentabilidad económica. Lo mismo dijo Cristina Kirchner en su carta al afirmar que al no tener sustentabilidad, esta ley significará a mediano plazo la destrucción del sistema público de reparto para las jubilaciones y la vuelta de las AFJP.
Los dos tienen razón en que la ley no tiene sustentabilidad a mediano plazo. Espert se equivoca al equipararla por este motivo con los logros sociales del kirchnerismo, porque en ese caso, todos tuvieron sustento económico, incluyendo los subsidios a las tarifas, que podrían ser mayores o menores, pero que se sustentaban en la alta recaudación por retenciones, por crecimiento económico y por un alto consumo. En cambio, los últimos datos de aumento de la recaudación están por abajo, casi a la mitad, de la inflación anual, lo que ya refleja una caída importante que, si se mantiene o se agudiza, significará un cambio radical de paradigma para el Estado, lo que servirá de excusa para una nueva ola privatizadora y de endeudamiento.
Tanto Espert como Cristina Kirchner coinciden en que el sistema jubilatorio nacional, público y de reparto es prácticamente incompatible con el tipo de sociedad que plantean el PRO, el radicalismo y el mismo Espert. En ese aspecto, ya sea cortando de un tajo y abriendo otra vez el juego a las jubilaciones privadas, como quisiera Espert, o con medidas demagógicas que terminen por asfixiarlo como quiere hacer el oficialismo, un sistema público que abone jubilaciones razonables y dignas, no tiene lugar. En ese modelo de país, los pocos que puedan pagar una privada tendrán un retiro aceptable. La jubilación pública será solamente para los pobres que tengan aportes. Es lo que pasó en los 90, está en el resumen Lerú del neoliberalismo.
Es lo que está inserto en este lenguaje de sentido inverso que usa el oficialismo. La idea de un sistema nacional, público, solidario y de reparto no encaja en el modelo neoliberal de Cambiemos. Es una discusión que va más allá de esta ley puntual porque la diferencia de modelo de país y de visión del mundo es similar a la que existe entre la jubilación por un sistema solidario, como el actual, (al que instauró el primer peronismo, sacó el neoliberalismo menemista y volvió a reponer el peronismo kirchnerista) a otro de capitalización individual, como se denomina bien al sistema de las AFJP y las jubilaciones privadas. Es la repetición de un debate. Espert y Cristina Kirchner lo tienen claro, cada uno desde lugares diferentes. Espert critica al proyecto porque Cambiemos jura que es para favorecer a los jubilados que cobran del Estado, pero todavía no engancha o ve cierta actitud vergonzante o demagógica en ese sentido inverso del lenguaje de Cambiemos que dice adelante y va para atrás.
Resulta sospechoso que en un momento de crisis, este oficialismo avance con una medida que implica un alto gasto. Es un contrasentido que se meta en ese gasto en solidaridad con jubilados cuando para ahorrar el gasto los está rematando con los tarifazos y la carestía de la vida. Es difícil coincidir con Espert en que Cambiemos se hizo kirchnerista. Es más lógico coincidir con el kirchnerismo que acusa a Cambiemos de buscar la asfixia gradual del sistema de reparto.
Si es así, lo que está en peligro es el futuro del 70 por ciento de los jubilados que no están incluidos en esta "reparación histórica", así como todo el universo de trabajadores y pequeños y medianos emprendedores que serán los futuros jubilados. El massismo y el Bloque Justicialista estaban diseñando una estrategia común con el Frente para la Victoria, para oponerse al proyecto de Cambiemos, pero a último momento cambiaron de posición y el jueves aprobaron el dictamen. Algunos lo explicaron porque no querían aparecer junto al kirchnerismo después del protagonismo que asumió Cristina Kirchner con la carta que difundió. Otros lo explican por algunas concesiones que lograron del oficialismo. Sea cual sea la explicación, otra vez, igual que cuando votaron a favor de los fondos buitre, el Bloque Justicialista y el massismo aparecen pegados al neoliberalismo en otro tema estratégico. Aquella vez fue reabrirle la puerta al infierno de la deuda externa. Esta vez es para dar el primer paso de un camino que llevará a la destrucción del sistema público de jubilaciones. Es una paradoja que Sergio Massa y Diego Bossio hayan estado al frente de la Anses durante el kirchnerismo. Y que ahora encabecen esta alianza con el oficialismo neoliberal que puede destruir el organismo que a ellos los convirtió en lo que son gracias a las políticas solidarias con los jubilados que impulsaron los gobiernos kirchneristas. Bossio y Massa no existirían si el kirchnerismo no hubiera desarrollado estrategias para fortalecer la ANSES y el sistema público de las jubilaciones.
El kirchnerismo en bloque ha planteado la defensa del sistema jubilatorio. El partido de Margarita Stolbizer, los socialistas y Libres del Sur plantearán sus propias propuestas, sin sumarse a la del PRO y los radicales, la que, aparentemente, también será votada por Bossio y Massa. El tiempo dirá la última palabra. Cuando la deuda externa se convierta nuevamente en cadalso y la jubilación una condena, esos problemas tendrán nombres y responsables concretos. Y en esta crisis externa e interna, creada por las políticas de Cambiemos, los tiempos de la economía son muy cortos, más cortos que los de la política.
PANORAMA ECONÓMICO
Alianza del Pacífico
Por David Cufré
En solo seis meses el Gobierno provocó una crisis económica como aquellas que acostumbraron a los argentinos durante décadas. No solo por la caída en los niveles de producción, consumo, desempleo y pobreza, sino por la respuesta de las autoridades, que se desentienden del sufrimiento de millones de personas y les dicen hay que aguantar. Esa reacción genera descontento y una sensación de desamparo que ni la prensa dominante puede disimular. Se palpa. Se ve. Se escucha en la calle. Hay marchas, quejas de famosos por televisión, actos de resistencia como los amparos contra los tarifazos o simples manifestaciones de ciudadanos de a pie en la vidriera de un comercio que liquida por cierre, en un grafiti en la calle o en las redes sociales. Todo ello es evidente. Sin embargo, ni la crisis económica ni el clima social espeso del primer semestre de Cambiemos han sido hasta ahora un obstáculo para la implementación de un proyecto de ajuste neoliberal. El macrismo y sus aliados siguen avanzando en decisiones de fondo que perfilan un nuevo horizonte de especialización productiva y de distribución del ingreso. Su atención está focalizada allí, mientras intenta administrar políticamente una coyuntura desfavorable. Las tensiones del día a día pueden incomodar a algunos funcionarios, pero la evaluación del Gobierno y de los sectores empresarios que lo acompañan es que el primer medio año ha sido todo un éxito. La agenda del "populismo" es historia y lo que viene son reformas de mercado en materia jubilatoria, impositiva, laboral y de alineamientos internacionales. La oposición, por especulación política, necesidades de auxilio financiero o blanqueo ideológico acompaña en buen número para que el engranaje avance.
En el desarrollo del plan de gobierno hay acciones de distinto alcance. Las reformas previsional, impositiva y laboral, en marcha o anticipadas por el Presidente, servirán de matriz institucional a un nuevo patrón regresivo de distribución del ingreso, con pérdidas de derechos para las mayorías y beneficios extraordinarios para sectores concentrados, como se aprecia en el proyecto de ley ómnibus que obtuvo dictamen esta semana. Propietarios de mansiones en Miami o Punta del Este que "hayan pagado bien sus impuestos" quedarán al margen de tributar Bienes Personales este año, mientras sus compañeros de ruta que evadieron millones al fisco podrán blanquear sin quita si destinan el dinero a un fondo común de inversión administrado por cualquier banquero amigo. Estos son los temas de conversación en el gabinete de Macri, del que participan 27 ex ejecutivos de los bancos más grandes de Wall Street, ex CEO de petroleras, de cadenas de comercio, aerolíneas, supermercados y productores agropecuarios, varios de ellos con sociedades en Panamá o Bahamas, fondos en cuentas del extranjero y acciones de las compañías de las que formaron parte. El reparto desigual de cargas entre trabajadores y corporaciones se cristaliza con aquellos proyectos. Ocurrió en los '90 y los '2000 con las leyes de AFJP, de flexibilización laboral, la Banelco y las relaciones carnales.
Otras decisiones van al nudo de la orientación productiva que se quiere para el país. Una de ellas es la intención de sumar a la Argentina a la Alianza del Pacífico. El grupo que integran México, Chile, Colombia y Perú, alineado y promovido por Estados Unidos, aceptó anteayer que Macri participe de su próxima cumbre, el 1° de julio en Chile, en carácter de observador. Otros dos países que buscan convertirse en miembros plenos son Panamá y Costa Rica. Sebastián Piñera, ex presidente transandino, es uno de los fundadores del bloque.
Roberto Paiva, director de la agencia ProChile, explicó la filosofía del grupo en una entrevista reciente con el diario El País de Montevideo. "El gran impulso de la Alianza es haber puesto a los empresarios por delante. Por eso está viva. Porque la integración la firman los presidentes, los ministros, pero para que tenga 'carne' la tienen que llevar adelante los empresarios", manifestó, en una descripción precisa de lo que es la Alianza: una plataforma de negocios orientada a satisfacer intereses corporativos, con el resto de las sociedades mirando de atrás. "De nada sirve poner a negociar a los burócratas si los empresarios no están interesados. La idea es que haya, y así está ocurriendo, un consejo empresarial de la Alianza del Pacífico en cada país y que tenga opinión en los pasos que se dan", detalló el funcionario chileno. Es decir, una comisión empresaria fiscalizadora en cada país para apuntalar a gobiernos con fuerte sesgo pro empresario. Sería algo así como una guardia de expertos para aconsejar a presidentes ávidos de escucharlos. Paiva enfatizó en ese mismo reportaje el perfil comercial de la Alianza. "Hasta el momento era un área común en aspectos sociales, culturales, etc., pero ahora se concreta realmente con la puesta en marcha del protocolo comercial. El primero de abril los aranceles llegan a cero", destacó. "Tengamos en cuenta que ya existe entre nuestros países un grado de apertura importante. Chile es un país que tiene un arancel promedio de 6 por ciento, acuerdos comerciales con 63 países, y nuestros socios del bloque también tienen buenos números en ese sentido. No necesitábamos mucho para ponernos de acuerdo".
Si la Argentina va hacia ese bloque es para acomodarse a esas reglas, señala la ex subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español. "Por ahora es más que nada un gesto político para demostrar el rumbo de la gestión. Por los estatutos del Mercosur ningún país puede cortarse solo y adherir a otro bloque individualmente porque resultaría expulsado. En todo caso deben negociar en conjunto", explica. De todos modos, en este momento político los gobiernos del Mercosur muestran sintonía para avanzar a esquemas de integración global bajo la lógica de la apertura comercial y financiera, con desregulaciones al capital y un ordenamiento económico-social guiado por las reglas del mercado. La excepción es Venezuela. El FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio son los organismos rectores. Eso es lo que significa para el gobierno de Macri volver al mundo, devaluando al Mercosur y las asociaciones Sur-Sur que intentó el kirchnerismo. Otras alianzas estratégicas, con China o con Rusia, también pasan a un segundo plano.
"Creo que cuatro años le pueden alcanzar a este Gobierno para empujar al Mercosur a una integración con la Alianza del Pacífico. La incógnita es Brasil, porque todavía no está claro cómo se resolverá el marasmo político que atraviesa", estima a su vez Stella Maris Biocca, experta en derecho internacional. "Pero la voluntad del gobierno argentino está clara", agrega. También de la burguesía brasileña, apunta Español, cada vez más ganada hacia un proyecto de valorización financiera en lugar del de desarrollo productivo. El modelo que avanza en ambos países es el agroexportador y financiero, relegando al industrial. Las relanzadas negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para un acuerdo comercial van en la misma línea. "Estamos un presencia de un gobierno neoliberal que cree en las pautas de funcionamiento neoliberal y va tratando de imponerlas", define Biocca. "Estados unidos es un país insistente. Después del fracaso del ALCA empezó a establecer nuevas redes a través de tratados bilaterales con distintos países de la región. La Alianza del Pacífico no es más que otra de las caras de ese proyecto, al que la Argentina se quiere sumar", resume. Al mismo tiempo, Estados Unidos trabaja en el acuerdo Transpacífico, entre los países cordilleranos de América, salvo Ecuador, y asiáticos, con excepción de China. "Esto es sumamente riesgoso, porque una vez que se entra en esas estructuras se definen patrones de especialización que pueden durar décadas", completa Biocca. Para Cambiemos, por el contrario, el avance hacia la Alianza del Pacífico, la especialización en exportaciones primarias y agroindustriales, bajo el ala de Estados Unidos, es la revolución de la alegría.
COMPLEJA NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO DE BRASIL Y
LAS TERMINALES POR EL ACUERDO AUTOMOTOR
Más autos brasileños en la plaza local
La profunda crisis económica brasileña y la apertura comercial dispuesta por el gobierno de Macri derivaron en que Argentina violara por primera vez el máximo previsto para las importaciones con relación a sus exportaciones previsto por los acuerdos bilaterales.
Los envíos hacia Brasil bajaron mucho y las adquisiciones desde ese país subieron mucho.
Por Javier Lewkowicz
El desplome de la economía de Brasil junto a la apertura importadora de la Argentina generaron un fenómeno inédito en el sector automotor: por primera vez, la Argentina violó el máximo previsto para las importaciones en relación a sus exportaciones previsto por los acuerdos bilaterales.
El comercio entre ambos países está regulado por un coeficiente que fija una brecha máxima entre las importaciones desde Brasil y las exportaciones hacia ese país. Ese número fue superado porque los envíos hacia Brasil bajaron mucho y las adquisiciones desde ese país subieron. Esta situación generó una encrucijada diplomática que tendrá que resolverse en los próximos días. Brasil junto a varias terminales locales quieren relajar el coeficiente, que permitiría ampliar el déficit argentino. Por ahora, la administración de Mauricio Macri se niega a ceder. Mientras tanto, las empresas responsables de la violación del acuerdo comercial se salvarían de las multas.
El coeficiente flex define el grado máximo de desbalance comercial entre Argentina y Brasil en los sectores de autos terminados y autopartes. Si Brasil vende a la Argentina 2000 millones de dólares y adquiere bienes por el mismo valor, el coeficiente flex "observado" es igual a uno. Si Argentina goza de superávit con Brasil (lo que sería casi una anomalía), el coeficiente observado sería inferior a uno. En cambio, si el comercio es superavitario para Brasil, el flex observado es superior a uno. Un tema recurrente en la discusión bilateral es el tope para ese desbalance, o sea, dónde se ubica el "flex" teórico. Es un punto central porque si el flex "observado" supera al flex "teórico" se cobran multas muy altas a las empresas que se sobrepasaron. En cambio, dentro del flex rige el libre comercio, que es la piedra fundante de la estrategia regional de las multinacionales automotrices.
En 2001, se compraron tan pocos autos por la crisis argentina que se violó el flex. Desde ese momento, el comercio se mantuvo dentro de los márgenes del coeficiente. En 2014/2015 el flex teórico era de 1,5 y el real se ubicó en 1,08 y en 1,21 el año anterior. Entre 2006 y 2013 el flex teórico fue de 1,95 y el observado, entre 1,09 y 1,67.
Desajuste
La situación cambió en el último año a partir de la dinámica que mostró el comercial bilateral desde enero. Según datos de la consultora Abeceb.com, las exportaciones de autos hacia Brasil fueron de 903 millones de dólares en los primeros cuatro meses, cuando el año pasado en el mismo período ascendieron a 1229 millones, una caída del 26 por ciento. Las exportaciones de partes y piezas se ubicó en 272 millones, una merma del 21 por ciento. En cambio, las importaciones de autos desde Brasil subió de 978 a 1322 millones de dólares, un avance del 35 por ciento que compensó la caída de 972 a 743 millones en las compras de partes y piezas. El resultado es que el flex observado se ubicó cerca de 1,70, por encima del máximo previsto de 1,5.
El deterioro del resultado comercial para la Argentina al punto de violar los límites del comercio se explica por dos motivos. El más evidente es la grave crisis política y económica de Brasil, cuyo sector industrial cayó 9,8 por ciento entre enero y abril, que se monta sobre la merma del 9,9 por ciento en 2015. En ese contexto, es natural el desplome de las exportaciones de autos y autopartes hacia Brasil.
Menos evidente es la evolución de las importaciones desde Brasil, que crecieron a pesar de que en cinco meses los patentamientos en el mercado local acumulan una caída del 5,1 por ciento según Acara. En este punto jugó un papel importante la liberación comercial que dispuso la administración de Macri, junto al acceso al mercado cambiario que tuvieron las empresas para pagar las deudas acumuladas con sus casas matrices. Sólo Toyota, Ford y Honda se mantuvieron dentro de los márgenes comerciales del flex. El resto violó ese límite.
Negociación
Funcionarios de ambos gobiernos mantuvieron varias reuniones durante los últimos días porque el 30 de junio vence el acuerdo automotriz y es indispensable su renegociación. Un punto en el que hay acuerdo es fusionar el año que pasó con el próximo para que el flex observado se pueda diluir en los valores de los próximos meses. De esa forma no se tendría que multar a las empresas. Ese camino se tomó en 2001. "Las sanciones recaerían sobre nosotros y generarían recorte de abastecimiento al mercado interno y también sobre las importaciones desde Brasil", alertan las terminales. El Gobierno de Macri no parece dispuesto a descargar la multa sobre las empresas. Incluso el cálculo de las multas es materia de discusión y no está para nada claro de qué montos se trata, aunque se trataría de valores de mucha relevancia. La aplicación efectiva de las multas es un escenario improbable.
El punto de discordia entre ambos países es la definición del flex que regirá para los próximos años. Argentina propuso mantener el actual valor de 1,5, mientras que Brasil quiere establecer el flex en 1,80 el año que viene y en 1,95 en 2018. En esa misma postura están las filiales argentinas de las fábricas más deficitarias, como por ejemplo Fiat, Volkswagen, Peugeot y General Motors. Es decir, quieren tener la posibilidad de que Argentina profundice su déficit en el comercio con Brasil. La discusión seguirá esta semana en Brasilia.
EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI PIDIÓ QUE LE CREAN QUE
ESTÁ "HACIENDO LO CORRECTO"
Como si se tratara de una cuestión de fe
A seis meses de su asunción, el Presidente repitió sus consignas de campaña y renovó sus críticas a la gestión anterior. Pidió no escuchar a una "minoría que mete miedo", a la que no identificó, y quiere que a su gobierno "le vaya mal".
Mauricio Macri lanzó ayer en Yapeyú los actos por el Bicentenario de la Independencia.
El presidente Mauricio Macri propuso ayer no escuchar a una supuesta "minoría que mete miedo" e instó a "creer" en su palabra a quienes "no saben si esto va a funcionar o no". Al cumplirse los primeros seis meses desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo, Macri aseguró que el gobierno nacional eligió "decir la verdad y construir sobre la verdad", reiteró como en campaña electoral que el 10 de diciembre "empezamos a caminar hacia la Argentina con pobreza cero, que expulsa el narcotráfico y se muestra unida", aunque aclaró que "es un largo camino".
"El mundo sabe que en este país hay talento, capacidad, creatividad. También sé que esta transición, este sinceramiento de la economía no ha sido fácil", dijo el presidente al lanzar en la localidad correntina de Yapeyú los actos por el Bicentenario de la Independencia. Dijo que la "minoría que mete miedo", a la que no identificó, quiere que al gobierno "le vaya mal" y por ese motivo "todos los días dice barbaridades". Como respuesta, propuso taparse los oídos. "No escuchen, porque lo que estamos haciendo es lo correcto", dijo y agregó que su gobierno eligió "decir la verdad y construir sobre la verdad".
Macri también señaló que "hay muchos que tienen miedo y no saben si esto va a funcionar o no", y los instó a "creer", porque está convencido de que está "haciendo lo correcto". "(El general José de) San Martín creyó; todos los correntinos, todos los argentinos tenemos que creer", reclamó fe. "Hoy (por ayer) se cumplen seis meses de ese día que empezamos a caminar hacia la Argentina con pobreza cero, que expulsa el narcotráfico y se muestra unida; es un largo camino, pero ya empezamos a recorrerlo", enfatizó, acompañado por el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, y por el intendente de Yapeyú, Ramos Barrios.
Más temprano, en otro acto en Concordia, Entre Ríos, Macri dijo saber que "este proceso no ha sido fácil para todos" y retomó las críticas hacia la gestión anterior. "Sincerar cinco años de estancamiento y una inflación abrumadora que enferma todo no es fácil. Esta transición ha sido difícil, pero estén seguros de que vamos por el camino correcto", insistió. La Argentina está "saliendo de un punto de partida muy difícil: un país estancado, cinco años sin crecer, enfermo por la mentira, la inflación y la corrupción", cargó las tintas sobre el kirchnerismo. Acompañado por el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, allí el presidente anunció una inversión de la empresa Coca Cola, resaltó que "hay gente que está apostando a muchos años" en el país y que eso ayuda al "fortalecimiento de la confianza". "El tercer siglo de los argentinos" será el del "diálogo y la convivencia", agregó.
Los festejos del Bicentenario de la Independencia prevén actos en simultáneo en todas las provincias. Según se informó desde Presidencia, Macri pasará la vigilia del 8 de julio en la Quebrada de Humahuaca, y el acto central por el 9 de Julio será en la Casa Histórica de la Independencia, en Tucumán.
En paralelo a la celebraciones que tendrán lugar en la capital tucumana, habrá actos en las casas de San Martín y Sarmiento, en Corrientes y San Juan, respectivamente, en tanto en el resto de las provincias se realizarán actividades con un concepto "federal, participativo, abierto con la presentación de obras audiovisuales y artísticas relacionadas al contexto histórico de 1816", señalaron fuentes de la Casa Rosada.
EN EL DÍA DE LOS DERECHOS POR MALVINAS, EL GOBIERNO
INVITÓ AL REINO UNIDO A "UN DIÁLOGO ABIERTO"
Para cumplir con las formalidades
En un comunicado de la Cancillería, el Gobierno convocó al Reino Unido a reabrir negociaciones y fortalecer el vínculo.
La canciller Susana Malcorra se reunió en mayo con su par británico, Philip Hammond.
Pese a que todos sus gestos en materia internacional buscan un acercamiento con los países desarrollados, incluyendo al Reino Unido, el gobierno de Mauricio Macri cumple con el requisito formal de lanzar lánguidas reivindicaciones sobre las islas Malvinas en las fechas que indica el almanaque, como ayer, 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas. El Gobierno emitió un comunicado recordando los "imprescriptibles derechos de soberanía" en Malvinas e invitó "una vez más" al Reino Unido a reanudar negociaciones, ratificando su "plena disposición a un diálogo abierto" y a "fortalecer la relación bilateral".
Ese diálogo, adelantó el comunicado que firmó la Cancillería, estaría encaminado en "identificar posibles áreas de cooperación en el Atlántico Sur". En ese marco, el gobierno argentino invitó "una vez más al Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas en los términos establecidos por las resoluciones 2065, 37/9, y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y urge al cese de actividades unilaterales en el área en disputa, conforme lo establecido en la resolución 31/49".
Añadió que "ejercer nuevamente de forma plena la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, respetando el modo de vida de sus habitantes y de conformidad con el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como lo establece la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional".
Con todo, uno de los primeros encuentros bilaterales que mantuvo Macri luego de asumir la presidencia fue con el primer ministro británico, David Cameron, en la cumbre empresarial de Davos. Hablaron de reanudar el vínculo entre ambos países y pasaron por alto el tema Malvinas, a la manera del "paraguas" que planteó en los noventa el menemismo. El mes pasado, la canciller Susana Malcorra se encontró en Londres con su par británico, Philip Hammond, también con el objetivo de armar "una agenda positiva".
No escapa del análisis que Malcorra, con el apoyo de Macri, se está candidateando para la secretaría general de las Naciones Unidas y necesita del vista bueno del Reino Unido – uno de los cinco integantes permanentes y con poder de veto dentro del Consejo de Seguridad de la ONU – para que su postulación siga con vida.
Con motivo de la fecha, el ministro de Defensa, Julio Martínez, inauguró un monumento en conmemoración de los derechos por Malvinas. "Hoy es una fecha importante y este monumento constituye un eslabón más en la larga cadena de ratificación de la soberanía y del recuerdo permanente a nuestra voluntad inquebrantable de recuperar las Islas", expresó el ministro durante un discurso que pronunció en las instalaciones del Complejo Industrial y Naval Argentino, que alberga a los Astilleros Tandanor y Almirante Storni. En ese marco, señaló que "la causa Malvinas es el eje rector de unidad de los argentinos y debe seguir siendo el ejemplo de las nuevas políticas de Estado".
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