lunes 27 de junio de 2016
La ruta del dinero
Por Andrés Klipphan
La justicia federal investiga varias causas donde hay sospechas de sobreprecios y coimas.
Pero aún no pudo comprobar la complicidad entre funcionarios y empresarios.
Para bailar el tango se necesitan dos. Y cuando un funcionario recibe una coima, hay alguien que la entrega, por ejemplo un empresario beneficiado con las obras públicas. El caso José López, con sus cuatro bolsos y valija con casi nueve millones de dólares, y la bóveda en un monasterio en General Rodríguez donde se estima que intentaba ocultar esa fortuna, dejó como nunca al desnudo la punta del ovillo de ese entramado corrupto. López fue el secretario de Obras Públicas durante los tres gobiernos kirchneristas, y el segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. Las imágenes del dinero, el lugar oculto frente al altar, son obscenas. También revelan el pacto de silencio que sobre los supuestos "retornos" existían entre algunos funcionarios de primera línea y parte del empresariado y deja expuestos a los magistrados que tenían en sus escritorios causas por hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito – como el del propio López – y no avanzaron. Y este es, justamente, el desafío al que se enfrentan jueces y fiscales que ya mismo deberían llamar como testigo a Héctor Méndez, el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) que confesó: "Cada empresario tiene que hacer un mea culpa. Yo también he sido cómplice de muchas cosas. El silencio es complicidad, el que calla otorga". Si un juez se atreve a llamarlo, ¿romperá ese pacto de silencio ahora que cambiaron los tiempos políticos, y los inquilinos de los tribunales de Comodoro Py parecen haber recuperado una independencia que nunca deberían haber perdido?
Corte. De las sonrisas de la inauguración a la preocupación judicial.
En una especie de catarsis tardía, el industrial que durante el gobierno anterior opinó que "en un país normal no deberían existir paritarias", dejó una frase para el recuerdo ante los micrófonos de Radio del Plata: "Cuando yo asumo por primera vez (al frente de la UIA) hace diez o doce años, a la obra pública la llamaban Movicom: va con el 15 adelante". ¿Por qué no habló antes?, es la primera pregunta que surge. Son los mismos capitanes de la industria y del empresariado que se beneficiaron del Estado y de las políticas que intentaron proteger a la industria nacional de las importaciones, "que la juntaban en pala", según la definición utilizada por la ex presidenta Cristina Fernández. ¿Algún juez se atreverá a avanzar también sobre el sinuoso camino del entramado privado que fue la contraparte?
Una de las fichas está puesta en las cooperativas que crearon en los municipios.
Segundo nivel
Hasta ahora, los jueces parecen avanzar poco sobre los contratistas de las obras públicas que se realizaron a nivel nacional – salvo Lázaro Báez – pero tampoco sobre los gobernadores e intendentes que son la segunda línea de ejecución de las obras públicas. De hecho se sabe que desde las gobernaciones se obligaba, por las legislaciones locales, a que las grandes empresas a las que se les otorgaban las licitaciones o los concursos públicos debían subcontratar cooperativas del lugar para estimular el trabajo vecinal y que era desde ese lugar donde se canalizaban los sobreprecios y/o se cambiaban los cheques en las financieras ligadas al poder político a porcentajes usurarios que podían superar el 30 o 40 por ciento, como ocurrió en el caso Sueños Compartidos a través de los apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, los parricidas Sergio y Pablo Schoklender. En las causas judiciales que investigan la corrupción en los tres gobiernos kirchneristas vinculadas a las obras públicas, figuran cientos de empresas, financieras y cooperativas, ligadas presuntamente a esta rueda corrupta.
Mediàtica. Fernanda Herrera, entre la causa López y una invitación para el Bailando.
"En los municipios se crearon cooperativas de trabajo, o supuestas empresas agropecuarias vinculadas a punteros partido del partido gobernante, para tercerizar la construcción por ejemplo de viviendas. Uno de los ejemplos más notorios fue el de Sergio Schoklender a través de Sueños Compartidos, donde realizaban los trabajos a través de cooperativas que terminaban cambiando los cheques en financieras vinculadas para terminar de lavar y blanquear las coimas y los sobreprecios de las obras públicas", señaló a Veintitrés Rubén Pagliotto, presidente del Colegio de Abogados de Paraná, quien motorizó una causa para investigar denuncias en la provincia.
Una de ellas, a partir de los dichos del empresario Víctor Pietroboni, quien afirmó que José López les pidió a las empresas constructoras que no se presentaran en las licitaciones en las que lo hacía Lázaro Báez. "Pietroboni se siente aludido por esos dichos de Báez porque efectivamente es parte de ese sistema, entonces se monta a esta ola social que pide basta de impunidad, y cuenta la historia, pero se saca de ese cuento y habla como observador objetivo y dice 'esos son los requerimientos del mercado' cuando él formó parte de esa rueda de corruptela y coimas". El abogado recordó además que el intendente del Pro Darío Benedetti, de la localidad entrerriana de Larroque, devolvió una coima de 13 millones de pesos, por una obra que su antecesor había presupuestado en 21 millones, pero que en realidad salía 5 millones.
La hora de la Justicia
Según el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el desvío de 206 millones de pesos que habrían realizado los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se canalizó de diferentes maneras. Más de 100 millones terminaron en distintas empresas agropecuarias. De ese monto, el 78% se concentró en tres firmas: Cabaña Agropecuaria Del Zonda, Agropecuaria Monte León y Junín Cereales. Otros 22 millones fueron a parar a financieras, cooperativas o mutuales. Uno de los citados a indagatoria es José Fernando Caparros Gómez, dueño de Monetización, la cueva utilizada para cambiar la mayoría de los cheques por efectivo.
Según el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el desvío de 206 millones de pesos que habrían realizado los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se canalizó de diferentes maneras. Más de 100 millones terminaron en distintas empresas agropecuarias. De ese monto, el 78% se concentró en tres firmas: Cabaña Agropecuaria Del Zonda, Agropecuaria Monte León y Junín Cereales. Otros 22 millones fueron a parar a financieras, cooperativas o mutuales. Uno de los citados a indagatoria es José Fernando Caparros Gómez, dueño de Monetización, la cueva utilizada para cambiar la mayoría de los cheques por efectivo.
La hipótesis del juez es que los Schoklender utilizaron el prestigio de la fundación, en connivencia con funcionarios públicos del orden nacional –entre ellos De Vido, Abel Fatala y López – provincial – como el ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich – y municipal, para obtener los fondos del Ministerio de Planificación. Todos ellos forman parte del listado de los 43 indagados que ya fueron citados entre el 4 de julio y el 28 de septiembre.
Las empresas nacionales
Las 35 empresas más beneficiadas con obras públicas durante los doce años del kirchnerismo son, tal como lo adelantó en esta misma nota el abogado entrerriano, y que figuran en la causa del juez Sebastián Casanello: Techint, de Paolo Rocca; Electroingeniería SA, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra; IECSA-Grupo ODS, de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri; Corporación América, de Eduardo Eurnekian; INVAP Investigación Aplicada, sociedad de Estado de la provincia de Río Negro; Organización Odebrecht, de Marcelo Odebretch. Este último maneja un conglomerado de sociedades en 28 países, entre ellos el nuestro. Odebrecht está preso en Brasil por la denominada causa del "Lava Jato", la mayor operación contra la corrupción en la historia de esa nación y que investiga gigantescos desvíos en la petrolera estatal Petrobras. El poder de ese empresario era y es tal, que los fiscales descubrieron que Marcelo Odebrecht había continuado orquestando el pago de sobornos aun cuando estaba en prisión.
Las 35 empresas más beneficiadas con obras públicas durante los doce años del kirchnerismo son, tal como lo adelantó en esta misma nota el abogado entrerriano, y que figuran en la causa del juez Sebastián Casanello: Techint, de Paolo Rocca; Electroingeniería SA, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra; IECSA-Grupo ODS, de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri; Corporación América, de Eduardo Eurnekian; INVAP Investigación Aplicada, sociedad de Estado de la provincia de Río Negro; Organización Odebrecht, de Marcelo Odebretch. Este último maneja un conglomerado de sociedades en 28 países, entre ellos el nuestro. Odebrecht está preso en Brasil por la denominada causa del "Lava Jato", la mayor operación contra la corrupción en la historia de esa nación y que investiga gigantescos desvíos en la petrolera estatal Petrobras. El poder de ese empresario era y es tal, que los fiscales descubrieron que Marcelo Odebrecht había continuado orquestando el pago de sobornos aun cuando estaba en prisión.
Los fiscales dijeron en una conferencia de prensa que estaban investigando casos de corrupción en proyectos de infraestructura y estadios de fútbol y que identificaron pagos de sobornos por parte de Odebrecht en Argentina y Angola.
Esuco SA, de Enrique Wagner, junto a Construcciones y Comercio Camargo Correa Sucursal Argentina, fue uno de los empresarios más beneficiados durante las dos presidencias de Cristina. Wagner, investigado en la ruta del dinero K, fue quien construyó, por ejemplo, la planta depuradora "Del Bicentenario", en Berazategui, durante la intendencia del actual jefe comunal, Juan Patricio Mussi, y que fue financiada por el gobierno nacional.
En el oficialismo creen que López puede involucrar a su ex jefe, Julio De Vido
Wagner, accionista de Esuco, fue presidente de la Cámara de la Construcción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En el expediente del juez Sebastián Casanello consta que Esuco SA se especializó en viviendas sociales y obras viales en la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, en Santa Cruz. En la provincia sureña hizo obras emblemáticas, como el aeropuerto de Río Gallegos. También participó de la construcción del acueducto Santiago del Estero, de la protección costera en la central hidroeléctrica Yacyretá-Apipé y la Usina Río Turbio.
Y no solo eso: en la misma causa que tiene preso entre otros a Báez, consta que la financiera suiza Helvetic Services Group, investigada por presunto lavado de dinero en la Argentina, Uruguay y Suiza, dejó en medio del escándalo a Wagner, ya que la empresa Decavial, de la que es accionista, giró parte de un pago pactado en 16,5 millones de dólares con una firma de Helvetic.
Esos fondos terminaron en una cuenta de la financiera suiza en el principado de Liechtenstein y formarían parte de un préstamo girado a Austral Construcciones – de Báez – para la realización de la represa Néstor Kirchner, una obra que finalmente quedó en manos de Electroingeniería.
La conexión entre Wagner y Helvetic fue revelada por una operación inmobiliaria en Punta del Este, que es investigada por la Justicia de Uruguay y Argentina. Según la diputada Elisa Carrió, "Helvetic habría sido utilizada por Báez para blanquear 50 millones de euros a través de firmas panameñas y de otros paraísos fiscales e ingresados a la Argentina como bonos de deuda pública". Sin embargo, Wagner lo niega y sostiene haber sido perjudicado de Lázaro Báez.
La lista de los empresarios favorecidos continúa con José Cartellone Construcciones Civiles SA; Rovella Carranza S.A., de Mario Rovella; Grupo JCR, de Juan Carlos Relats; Grupo Roggio, de Aldo y Benito Roggio; Chediack, de Juan Chediack; CPC, la constructora de Cristóbal López que junto a la firma Inversora M&S y Oil Combustibles acumuló una deuda impositiva por 7.400 millones de pesos. La Justicia investiga al zar del juego por presunta insolvencia fiscal fraudulenta. También figuran en la lista de las empresas beneficiarias de obra pública Supercemento SACI, de Julián Astolfoni; Isolux, de Luis Delso; Petersen, Thiele y Cruz SA, de Enrique Eskenazi; Panedile, de Hugo Dragonetti; General Electric Company, también conocido como GE, que es una corporación conglomerada multinacional de origen estadounidense.
Carlos Wagner y su empresa Esuco se adjudicaron obras nacionales por 7.000 millones durante el gobierno kirchnerista.
La empresa número 36 beneficiada con la mayor tajada de las obras públicas es el Grupo Austral, del preso Lázaro Báez. Pero también hay otras, como Gotti SA; Kank y Costilla; Palmas SA; Juan Felipe Gancedo SA; Badial SA; Sucesores de Adelmo Biancalani SA; Oil M&S, Misahar SA, Epsur SA, todas estas últimas imputadas en la causa que investiga una supuesta "matriz de corrupción" por el fiscal Gerardo Pollicita. En ese expediente figuran con la misma calificación, entre otros, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Fernando Ulloa Igor, Carlos Alberto Zannini, Cristóbal López y Lázaro Báez.
Está claro que si cada uno de los empresarios beneficiados con obras públicas o de Vialidad Nacional – un tema del que poco se habla – pagaron sobornos a los funcionarios, a lo largo y ancho del país – y en el exterio r– hay más, muchos más bolsones con plata, criptas o lugares secretos para guardar dólares y euros.
Podrán los jueces descubrirlos, o habrá que esperar algún llamado supuestamente fortuito al 911, o una cámara de seguridad que muestre cómo se contaban dólares supuestamente negros en una financiera de Puerto Madero. A los jueces les toca desarmar el entramado.
Espejo do Brasil
Lo que hoy sucede en Argentina se asemeja a lo que ocurre en Brasil, salvo que allí, los jueces han avanzado no solo sobre los funcionarios y ex funcionarios del PT, el partido gobernante, sino también sobre los empresarios que participaron en el entramado de corrupción. En Brasil, la obra pública ya se llevó puesto a cuatro ministros de la suspendida presidenta Dilma Rouseff, y a 14 empresarios vinculados a 39 sociedades con las que estos hacían negocios desde el Estado. La más estruendosa fue la constructora que preside Marcelo Oderbretch (foto). Un arrepentido brasileño del escándalo de sobornos ligados a Petrobras, entregó supuestas pruebas del esquema de corrupción. ¿Se repetirá acá?
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