sábado, 18 de junio de 2016

LA GRAN DESPEDIDA

sábado 18 de junio de 2016

LA GRAN DESPEDIDA



EN BASE A LOS INFORMES PUBLICADOS POR LA AFIP, UN 

ESTUDIO MUESTRA LA REDUCCIÓN DEL EMPLEO PRIVADO


Un mercado laboral cada vez más expulsivo



El Observatorio del Derecho Social de la CTA explicó que la cantidad de trabajadores privados incluidos en las declaraciones juradas de los empleadores se redujo en 62.555 casos entre noviembre de 2015 y febrero de 2016.


El argumento de que en la Argentina no se perdieron demasiados puestos de empleo ni hay una crisis laboral, esgrimido por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y los integrantes del gabinete económico quedó otra vez desmentido, ahora por los datos de la Afip. En base a los informes publicados esta semana por el organismo de recaudación, el Observatorio del Derecho Social de la CTA advirtió que "la cantidad de trabajadores del sector privado incluidos en las declaraciones juradas de los empleadores se redujo en 62.555 casos entre noviembre de 2015 y febrero de 2016". Si esta pérdida de puestos de trabajo se compara con lo sucedido en períodos equivalentes de años anteriores, se ve una caída de una magnitud que no se registraba desde el 2008-2009, cuando el país sufrió los embates de la crisis mundial.
La Afip venía demorando la difusión de estos datos, que da a conocer mediante boletines mensuales de seguridad social. Hasta la semana pasada, el registro llegaba a noviembre; el lunes fueron subidos los informes hasta febrero de 2016.
La información se basa en las declaraciones juradas de los empleadores sobre su número de empleados. En este sentido, el análisis del Observatorio se refiere sólo al sector privado y en blanco – quedando afuera el empleo autónomo, el informal y la administración pública –.
Es decir que se trata de la foto de un sector acotado, el del empleo registrado y en el ámbito privado, que en cualquier situación de crisis es el último en ser afectado, ya que en momentos de ajuste el hilo se corta no por el trabajador en blanco y protegido por un convenio de trabajo, sino por los precarizados, ya sea mediante contratos temporales o en negro, que no implican el pago de una indemnización – al menos, no sin un juicio –.
Sin embargo, el análisis de estos registros tiene el valor de que se trata de datos oficiales. Son los primeros que se empiezan a publicar sobre los efectos de las políticas del macrismo. En los primeros meses de gobierno, Cambiemos intentó bajarle el precio a los reclamos por los despidos ignorando el tema; después, bajo la presión de la protesta de las cinco centrales obreras y con el debate de la ley antidespidos en el Congreso, ya no pudo seguir haciéndolo: la estrategia pasó a tratar de instalar la idea de que los despidos no eran indicador de una crisis de empleo, y que el número de puestos de trabajo, comparado por ejemplo abril de este años con abril del año pasado, se mantenía estable .
Sin embargo, los investigadores del equipo de la CTA Autónoma advierten que, según las declaraciones juradas de los empleadores, el análisis del período noviembre 2015-febrero de 2016 muestra la caída en el empleo más grave de los últimos siete años. La del 2008-2009 fue efecto de la crisis mundial; la presente, de las medidas económicas tomadas localmente tras la asución del nuevo gobierno.
Además de la cantidad de empleados declarados, la AFIP difunde los aportes patronales. En este caso, señalaron desde el Observatorio, la situación que se denota "es más grave aún ". "Si se considera la evolución de los trabajadores cotizantes, es decir, aquellos que registraron aportes en estos meses, la caída entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 fue de 283.908 casos, más que duplicando la que se había registrado en el mismo período del año anterior".
Inferir el nivel de empleo de la cantidad de aportes que se realizaron no es un cálculo confiable, porque en una situación de crisis las empresas dejan de pagar cargas sociales como mecanismo de financiamiento, aclaran en el Observatorio Social. Pero sí da una lectura que complementa la anterior. "El dato acá es que el valor de febrero es el más bajo en más de cinco años", indicó en este sentido Luis Campos, uno de los autores del trabajo.
Otra arista del tema es la manera en que la nueva administración está midiendo el empleo. El ministro de Trabajo sostuvo el 23 de abril, por ejemplo, que en el sector privado registrado sólo habían habido hasta ese momento 27 mil despidos. La AFIP, en cambio, consignó 62 mil, —contabilizados siempre sólo hasta febrero —. La diferencia entre estos dos registros oficiales viene dada porque el ministerio de Trabajo cambió algunos de sus criterios. El Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial –organismo que dentro de la cartera de Trabajo realiza los seguimientos referidos, entre otras cosas, al empleo, dejó de medir puestos de trabajo y pasó a medir en su lugar trabajadores. Esta modificación ha sido marcada como un llamado de atención por organismos como el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), que como el Observatorio viene haciendo informes periódicos sobre los despidos (ver aparte).
El equipo de trabajo del Observatorio del Derecho Social – en este caso integrado por Silvina Benevento, Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel – concluye en su informe que estos meses de gobierno de Cambiemos generaron "uno de los peores comportamientos del mercado de trabajo de los últimos años", ya que a la desocupación se suman las suspensiones y la caída del salario real. Los investigadores ya habían anticipado esta lectura hace diez días, en un trabajo que tomaba en cuenta datos de la Encuesta de Indicadores
Laborales y del Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción y de los convenios y acuerdos colectivos firmados por los sindicatos y las cámaras patronales.
Ahora, aseguran que los datos publicados por la AFIP no hicieron más que validar aquellas conclusiones. "Se trata de un comportamiento que lejos está de ser una mera corrección o ajuste en el mercado de trabajo. Nada indica que esta dinámica se haya modificado en aquellos meses (marzo, abril y mayo) para los cuales aún no contamos con información oficial disponible".









Dudas sobre los públicos


Si bien el informe de la Afip incluye a los trabajadores públicos, el Observatorio no lo utilizó en su análisis. "Los límites son fundamentalmente dos: por un lado, solo se incluyen los trabajadores del Estado Nacional y de las provincias que transfirieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional (por lo que no están las más grandes, por ejemplo Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba); por el otro, porque solo se toman en cuenta los trabajadores formalmente en relación de dependencia, por lo que no se consideran los contratados (monotributistas, locaciones de obra, asistencia técnica, etc)", explicó Campos. "Dado que una parte muy importante de las desvinculaciones de trabajadores del sector público en los primeros meses del año tuvieron que ver con este tipo de modalidades contractuales, nos parece que, al menos por ahora, no es una fuente que nos permita caracterizar la situación del mercado de trabajo en este sector".     









Lo que dice el Gobierno

 "Se habla mucho de una ola de despidos y de un crecimiento sensible del desempleo, pero nosotros no lo estamos verificando. Nos basamos en el único indicador confiable que tenemos, el del Ministerio de Trabajo, que nos dice que está apenas por encima del 7 por ciento, tal como estaba en diciembre pasado". Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados de Cambiemos (La Nación, 24 de abril)

- "A grandes rasgos, hay 6 millones de empleados en blanco. Lo interesante es cuando vamos a las cifras de los registrados.

En febrero de 2012 había 6.102.000; en febrero de 2016,6.240.000". Marcos Peña, jefe de Gabinete.

- "Fuerte aumento interanual de contribuciones patronales (42%) y aportes personales(35%) en abril. Aumentó el empleo y también los salarios". Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda (2 de mayo, en su cuenta de Twitter).  










  

ENTREVISTA A LUIS CAMPOS, DEL OBSERVATORIO DEL 

DERECHO SOCIAL


Menos empleo y menos salario



Del análisis de las estadísticas disponibles, Campos explicó que "el primer trimestre de este año, en comparación con el cuarto trimestre del año anterior, es el peor en los últimos diez años en materia de empleo".                            "Desde mayo del año pasado el salario real cayó entre el 7 y el 12                                                                                              por ciento", dijo Campos.


"El Gobierno no está queriendo analizar sus propios datos en materia de empleo. Con los números de la AFIP, los del propio Ministerio de Trabajo o los de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires –que muestran que la cantidad de desocupados de la CABA entre el último trimestre del año pasado y el primero de este año creció un 30 por ciento– cualquier funcionario que se siente a hablar con honestidad intelectual tendría que reconocer la crisis de empleo. Podrá argumentar que es un efecto de la herencia recibida, o de un ajuste necesario que la gestión anterior no se atrevió a hacer, pero lo cierto es que los datos están y son éstos", dice Luis Campos, integrante del Observatorio del Derecho Social y uno de los autores de informe.

–¿Qué estadísticas miden hoy la desocupación?

–La información oficial disponible es parcial, incompleta. Todavía no hay datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que mide la desocupación total. Sí hay algunas fuentes oficiales que empiezan a ser publicadas y permiten empezar a hacer una aproximación al comportamiento del mercado de trabajo en los primeros meses del año.

–Una serían estas declaraciones juradas de los empleadores...

–Sí. Y hay que tener en cuenta que sólo remiten a los trabajadores registrados del sector privado.

–¿Qué otras hay?

–Acotada a la ciudad de Buenos Aires, está la Encuesta Permanente de Hogares del primer trimestre. Están los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Construcción, que hacen la cámara y el sindicato y en general son muy completos. Y está la Encuesta de Indicadores Laborales, del Ministerio de Trabajo, que da datos de evolución de empleo y de suspensiones. Todos ellos van en la misma línea: marcan que el primer trimestre de este año, en comparación con el cuarto trimestre del año anterior, es el que tuvo el peor comportamiento de los últimos diez años en materia de empleo.

–¿Qué es el SIPA, que el ministro Jorge Triaca y otros integrantes del Gabinete mencionan al asegurar que no se perdieron puestos de trabajo?

–Son una serie de datos procesados por un organismo que funciona dentro del ministerio, el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial. Pero hay que aclarar que esos datos no muestran que haya crecido el empleo. Entre noviembre y febrero, además, registran una caída en el empleo, aunque en su caso menor que la que dice la Afip.

–La Afip, entonces, ¿desmiente los datos del SIPA?

–Contabilizan distinto. En el caso de la AFIP, mide puestos de trabajo; en el del SIPA, mide trabajadores. Son dos series no comparables, porque hay trabajadores con más de un puesto de trabajo. De todas maneras, los datos que publicó el Ministerio de Trabajo son llamativos.

–¿Por qué?

–Porque parecen apresurados, una publicación que refleja la necesidad del Gobierno de salir a decir que no hay una crisis del mercado de trabajo. De hecho, la serie que publica no es comparable con las estadísticas que publicaba hasta el año pasado porque cambiaron su metodología.

–¿Qué cambiaron?

–Por un lado, dejaron de informar puestos de trabajo y pasaron a informar trabajadores. Pero además, de una manera muy parcial, tomaron sólo una serie de trabajadores registrados del sector privado, cuando este mismo organismo, hasta el año pasado, daba información mucho más completa.

–Veamos dos argumentos del gobierno para sostener que no hay desocupación; uno del ministro de Hacienda: "(hubo un) fuerte aumento interanual de contribuciones patronales (42%) y aportes personales (35%) en abril. Aumentó el empleo y también los salarios".

–Prat Gay está hablando de aumento interanual, es decir que está comparando los datos de abril de este año con los de abril del año pasado. Pero entre abril y octubre del año pasado había habido un crecimiento del empleo. Es decir que él está enmascarando la caída que ocurrió de noviembre a hoy.

–¿No podría haber variaciones estacionales, por ejemplo, que justificaran esta pérdida de empleo de noviembre a hoy?

–Si uno quiere ver variaciones estacionales tiene que ir a años anteriores, buscar el mismo período y verificar si se da o no el mismo comportamiento.

–Y en este caso, ¿qué sucede?

–En este caso, si uno compara, de noviembre a febrero de este año, con relación a noviembre febrero de los años anteriores, sólo encuentra una situación peor que la actual entre los meses de noviembre de 2008 y febrero de 2009. Otro dato: en materia de suspensiones, el primer trimestre de este año es el peor en diez años.

–Prat Gay dice también que los sueldos aumentaron.

–Todo lo contrario. Si uno analiza los salarios acordados en las paritarias en relación a la inflación calculada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre mayo de este año y mayo del año pasado hubo una caída del salario real de entre el 7 y el 12 por ciento.

–¿Qué trabajadores perdieron?

–Todos. Desde sectores como Comercio, la construcción y metalúrgicos, que están teniendo caídas del 8 por ciento en los salarios reales, a los que perdieron más, como son la administración pública y prensa, con sueldos que perdieron entre el 11 y 12 por ciento.

–¿En lo que va del año?

–No, en un cálculo interanual, de mayo del año pasado a este mayo.

–Otra argumentación oficial, en este caso del jefe de Gabinete, Marcos Peña: "En febrero de 2012 había 6.102.000 (trabajadores en blanco); en febrero de 2016, 6.240.000". Es decir, hay más trabajo que antes.

–Pero compara a cuatro años. Es decir, está haciendo un análisis del mediano plazo. Efectivamente, si uno va a los indicadores laborales de los últimos cuatro años encuentra un mercado de trabajo que tenía dificultades para generar nuevos empleos. El crecimiento del mercado laboral, en los últimos cuatro años fue marginal. Lo mismo con la variación de los salarios, incluso con algunos años que tuvieron caídas del salario real. Es decir que en los últimos cuatro años hubo un mercado laboral con dificultades para generar trabajo, no había una destrucción masiva de puestos de trabajo pero tampoco había creación. Lo mismo con el salario, que tendió a cierto estancamiento. Ese análisis de mediano plazo no tiene ninguna relación directa con qué paso con el mercado de trabajo desde que el gobierno nacional asumió en diciembre.

–¿Por qué?

–Porque lo que se ve es que esa situación de estancamiento se está resolviendo en una crisis con las medidas económicas y laborales que tomó el gobierno nacional en los primeros meses de su gestión. Lo resolvió en perjuicio de los trabajadores, y por eso se ve esta suba del desempleo y esta caída del salario real. Estamos hablando de la situación a febrero en el caso de los despidos, y a mayo en relación a los salarios. Nada indica que se haya modificado desde entonces en beneficio de los trabajadores.










 PANORAMA POLÍTICO

Lopezcaron


Por      Luis Bruschtein

López fue un regalo para el macrismo. Cayó en el momento justo, con el funcionario justo y con las manos en la bolsa. El kirchnerismo sufrió varias situaciones similares. La más parecida fue la muerte del fiscal Nisman, en el momento justo, tras la denuncia contra Cristina Kirchner y al comienzo del año electoral. López aparece justo para salvar el peor momento del gobierno de Cambiemos, cuando sus medidas han generado una crisis profunda que no tiene comparación con ninguno de los años del kirchnerismo, y cuando las causas contra funcionarios kirchneristas habían entrado en un declive que ya parecía definitivo, opacadas por el Panama Papers que impactó en Macri y varios de sus ministros y colaboradores y después la causa por especulación con el dólar a futuro que terminó también por volverse en contra de varios miembros del gobierno. Hasta la famosa investigación con Lázaro Báez, demostró que el empresario tenía más ligazones comerciales con las empresas de Macri que con Cristina Kirchner. Y allí apareció el ex secretario de Obras Públicas con sus bolsas de residuos llenas de dólares y euros. Nadie puede negar la montaña ominosa de dólares de López o la muerte violenta de Nisman. Son hechos concretos, indiscutibles, vergonzoso en un caso, doloroso en el otro. Y se produjeron milagrosamente en el momento adecuado y contra la misma fuerza política.
En el momento justo y siempre con el mismo blanco. La muerte del fiscal y la fuga de López con esa montaña de dólares existieron, son hechos concretos, pero no son esos hechos en sí los que tienen impacto político sino sus derivaciones. En el caso de López, es su proyección hacia el kirchnerismo en general, pero especialmente hacia Julio De Vido y siempre en última instancia, Cristina Kirchner, que es la carta más fuerte a destruir. En el caso de Nisman, el fiscal apareció muerto después de acusar a Cristina Kirchner y a su canciller Héctor Timerman.
La utilización política de la muerte de Nisman movilizó a decenas de miles de personas y obligó al kirchnerismo a empezar ese año electoral a la defensiva. El hecho alimentó investigaciones de la prensa derechista, de la corporación judicial y de la oposición. Hubo acusaciones contra cualquiera que se animara a decir que había sido un suicidio como lo expresaban las circunstancias y hasta las pruebas concretas. Se habló de comandos venezolanos e iraníes que cruzaron desde Uruguay en Buquebús. El gobierno macrista alimentó la leyenda. Y al final, el jueves de esta semana, la Cámara de Casación decidió que con todo lo que se dijo en la prensa y en los pasillos judiciales, más las pruebas reunidas no alcanzaba para afirmar que había sido un asesinato. Es decir, fortaleció de hecho las tesis que siempre se expresaron en la investigación judicial: que no había elementos de prueba para sostener que una tercera persona había sido responsable de la muerte del fiscal.
La utilización política del caso López permitió al gobierno sacar del centro de la escena los efectos de la crisis y de los escándalos de lavado y fuga de dinero, así como la designación de dos jueces en la Corte, la aprobación de una ley que puede hacer naufragar el sistema de jubilaciones estatales y un blanqueo de capitales. Este debate se producía en el parlamento entre el martes y el miércoles, casi en forma simultánea a la bochornosa irrupción del caso López. Hasta ese momento, el oficialismo, debilitado por las protestas masivas contra los tarifazos, tenía problemas para reunir los votos. El martes, cuando saltó el escándalo que involucraba al kirchnerismo, el macrismo hizo su cosecha.
La utilización política no quita la parte de responsabilidad que le cabe al kirchnerismo. Porque tanto Nisman como López habían sido designados en lugares sensibles y de mucha responsabilidad por el gobierno kirchnerista. Y en el caso de Nisman, fue designado al frente de la investigación del atentado a la AMIA, pese (o por) su relación, si se quiere subordinada, a la SIDE que manejaba Jaime Stiuso. Si se sigue el hilo de los hechos y se suman las pruebas físicas que hasta ahora se analizan, la idea de "suicidio inducido" que dejó la fiscal Fein en el aire puede ser la más posible. Pero una cosa es la responsabilidad por haberlo designado y otra esencialmente distinta, sería haberlo mandado asesinar como quisieron hacerlo aparecer. Muchos de los que hablaron y acusaron de cosas terribles, ahora deberían pedir perdón.
López se inserta en el corazón del discurso anti "K" que no es la diatriba contra las políticas sociales del kirchnerismo o contra sus programas económicos, educativos y culturales, sino contra la corrupción. Nadie puede estar a favor de la corrupción. Y al mismo tiempo es muy difícil estar en contra de los juicios a los represores, de la AUH, de la reestatización de YPF o de recuperar el sistema público de jubilaciones. El discurso del gobierno conservador ya empezó a sentar las bases en ese sentido pero difícilmente logre una oleada de indignación por ese andarivel, como sí lo puede lograr con el repudio a la corrupción.
Desde un sector se dijo que el kirchnerismo quiso demostrar que las políticas de transformación solamente se pueden sostener con la corrupción pública, es decir, con fondos ilegales intervenidos por el Estado, ya sean coimas o sobreprecios o las mil formas que puede tomar esa práctica. Esa generalización no considera que donde más indignación produjeron las imágenes y el escándalo de López, fue en el propio kirchnerismo. Los kirchneristas no apoyaron a un gobierno corrupto, o a una banda de ladrones sino a un modelo de país con el que se puede coincidir o no, pero que en doce años duplicó la clase media e hizo pasar el índice de Gini de 0,54 a 0,38, según la CEPAL y el Banco Mundial, lo que implica la transformación más grande de los últimos cincuenta años en cuanto a calidad de vida y ampliación de derechos. En esos cincuenta años, es el único gobierno que hizo descender el coeficiente de Gini. Todos los demás, incluyendo al menemismo y aquellos en los que participaron socialistas y radicales fueron doblegados por la presión del poder económico concentrado o gobernaron en su representación. Por más malabarismos que hagan con los números, los índices sociales dan siempre a favor de esos doce años.
El caso López no abre el debate sobre la corrupción. Por el contrario, algunos pretenden cerrarlo con él para demostrar que la única forma de producir cambios en un sentido social y democrático fuera a través de la corrupción y como si los únicos gobiernos serios y posibles fueran aquellos que toman en cuenta en forma prioritaria los deseos y los intereses de las grandes empresas, o gobiernan pidiéndoles permiso.
Algunos voceros del oficialismo ya habían empezado a plantear que el progreso social que se logró en los años del kirchnerismo es una ilusión óptica: los que no hicieron aportes no merecen una jubilación, los empleados de salarios medios no pueden viajar al exterior o tener un plasma o un celular o que los salarios altos no son competitivos y que si alguien no puede pagar la nafta, que no tenga auto. Son palabras textuales que se empezaron a decir cada vez con menos timidez. El cierre a toda orquesta es el corrupto de López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, tratando de esconder casi nueve millones de dólares en un convento, en medio de un delirio de cocaína y desvaríos místicos. Se lo presenta como si todo lo que venga de ese lado es corrupción porque se quiere instalar fuertemente la idea de que las políticas distributivas son todas populistas contranatura y la única realidad es ajustar el cinturón del pueblo y no confrontar con las corporaciones. Pero además, el misil busca hacer impacto en Cristina Kirchner porque sigue siendo la posibilidad más concreta para la recomposición del campo popular.
Si algo de bueno tuvo esta tragicomedia de López ha sido el repudio de todas las fuerzas políticas a la corrupción. Pero cuando el tema de la podredumbre se generaliza es porque se están ocultando los propios trapos sucios, porque se quiere instalar políticas reaccionarias y porque aprovechan para destruir figuras políticas adversas.
El impacto de la historia de López es difícil de evaluar, sobre todo a mediano plazo. Es evidente que para el kirchnerismo ha sido un golpe fuerte y que para el gobierno fue una bocanada de aire en un momento difícil. La sensación de haber apañado y hasta defendido en algún momento a un corrupto genera desaliento y un rechazo muy grande. Pero para el peronista que busca una opción de propuestas populares y para el no peronista que busca una propuesta con vocación de poder y de generar transformaciones, la única fuerza que puede mostrar esos dos atributos sigue siendo el kirchnerismo con sus peronistas y no peronistas. No surgió otra opción con esa oferta. La derecha del PJ y el Frente Renovador van por otro andarivel, buscando más decepcionados del oficialismo que del kirchnerismo. Y a Cambiemos le va a resultar muy difícil evitar el desgaste provocado por sus políticas de ajuste que ellos califican de "sinceramiento". El debate político todavía está centrado en esas opciones. Lo que debilita al kirchnerismo – como opción popular – fortalece al macrismo – como opción de los ricos.











AXEL KICILLOF HABLO SOBRE EL CASO DE JOSÉ LÓPEZ


"Tengo una enorme indignación"



El ex ministro de Economía destacó que la militancia "nada tiene que ver con este tipo de sujetos ni con millones de dólares". También dijo que "no puede ser que por estos casos de corrupción pretendan deslegitimar la política".                      Axel Kicillof, igual que CFK, pidió averiguar "quién le dio esos millones a López".

No puede ser que por un corrupto se intente deslegitimar todo lo bueno y claramente provechoso que ha llevado adelante nuestro espacio político para la gente", sostuvo ayer el diputado Axel Kicillof (Frente para la Victoria), al opinar sobre el caso del ex secretario de Obras Públicas José López, detenido esta semana en posesión de casi nueve millones de dólares. "Lo primero que tengo para decir es que tengo una enorme indignación frente a este caso", dijo, y exteriorizó su "bronca como militante", igual a la de "miles y miles de pibes, compañeros y compañeras mayores, vecinos, que militan y que nada tienen que ver con este tipo de sujetos ni con millones de dólares, ni con bolsos".
Para el ex ministro de Economía, el caso "ha sido duro y dolorosísimo porque se vio al tipo con bolsos y eso te genera una terrible indignación" pero "la verdad es que no puede ser que por estos casos de corrupción que aparecen, después manchen o pretendan manchar o deslegitimar a la militancia y a la política en general, o traten de deslegitimar todo lo bueno y todo lo claramente provechoso que ha llevado adelante nuestro espacio político para la gente".
En ese sentido, Kicillof opinó que "la gente no milita para que un vivo como este, un corrupto, se afane la guita" y sostuvo que es necesario una rápida resolución del caso en Tribunales para evitar que afecte la relación de la sociedad con la política: "Hay que terminar con estas cosas y para eso necesitamos que la Justicia actúe con ecuanimidad, con todas las fuerzas y más allá del partido político, y más allá de quien está en el Gobierno, y que lo haga rápidamente, porque si no queda todo en una nebulosa mucho tiempo y en un manto de sospechas", dijo el ex ministro.
Kicillof contrastó el caso de López con el que protagonizaron Mariano y Héctor Recalde, quienes "denunciaron con cámaras ocultas a alguien que se les acercó con coimas y lo llevaron a la Justicia" e insistió con lo que había planteado un día antes la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca de averiguar "quién le dio esos millones a López". Por último, recordó la situación irregular de varios funcionarios del actual gobierno y dijo que "ya sea porque la tiraron en bolsos a un monasterio, o la tiren en un paraíso fiscal y nunca se vea, la Justicia debe ir a fondo con estos hechos", concluyó.
Por su parte, el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, condenó "todos los hechos de corrupción que se cometieron en el país sea de cualquier origen partidario" y opinó que "estas cosas dañan a la sociedad" porque "se trata de dineros públicos". Para Casas – alineado en la interna peronista con su par de Salta, Juan Manuel Urtubey – "esto afecta a toda la sociedad argentina" por eso es "condenable y repudiable".
El ex senador por esa provincia Jorge Yoma expresó, en tanto, que "hubo empresarios inescrupulosos que se enriquecieron durante décadas y personajes como López que fueron la herramienta para que todos estos personajes devastaran el Estado y nos lleven a la situación en la que hoy está el país" pero pidió "no apresurarse a poner en la parrilla a la política".
El ex intendente de Lomas de Zamora y actual número dos de Martín Insaurralde, Alberto Carasatorre, también rememoró antiguas diferencias con el acusado por obras en su distrito: "Le dije a López que cagaba a vecinos de Lomas y me sonrió como no importándole nada. Tuve un contacto muy feo con él porque me pelee y discutí mucho. A partir de ahí decidí dejar de tener trato con él porque vi que lo que nosotros creíamos prioritario, no lo era para él", recordó.









Críticos y disconformes

La jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, criticó duramente a la ex presidenta Cristina Kirchner y sostuvo que la ex mandataria tiene una "responsabilidad política que, aunque escriba cientos de cartas, no va a dejar de tener" y que "está más allá de los expedientes judiciales". Camaño salió al cruce del mensaje sobre la detención del ex funcionario José López que CFK publicó en su cuenta de Facebook y lo calificó como "una desfachatez total" porque "atenta contra la inteligencia de todos" y porque la ex mandataria "no puede ponerse en el lugar del fiscal ni hacerse la distraída". Por su parte, el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, dijo estar "arrepentido" de haber puesto a López en la lista de candidatos a diputados del Parlasur por esa provincia en las elecciones de octubre del año pasado, y deslindó en la ex presidenta la responsabilidad del armado de la boleta. "Cristina lo pidió. Me dijo: 'Quiero que vaya ahí'. Quién iba a imaginar que sucedería algo como esto", dijo Alperovich. En tanto, el historiador y oficialista Mario "Pacho" O'Donnell, fundador del Instituto Manuel Dorrego bajo el gobierno kirchnerista, dijo que "la explicación que intenta Cristina es débil" y "le va a ser muy difícil" convencer a la sociedad sobre su inocencia, aunque aclaró que "es posible que ella haya tenido menos que ver de lo que uno imagina".













PANORAMA ECONÓMICO

Bienes Personales


Por      David Cufré

Gracias a los cambios al Impuesto a los Bienes Personales que impulsa el Gobierno, el presidente Mauricio Macri dejará de pagar el próximo año 1,4 millón de pesos que le corresponderían por ese tributo, según el patrimonio que declaró para 2015, de 110 millones de pesos. Si el patrimonio volviera a crecer este ejercicio, el beneficio sería mayor. Para el ministro de Energía, Juan José Aranguren, la sanción de la ley le significará un ahorro de 1,1 millón de pesos. Alfonso Prat Gay se librará de entregar a la AFIP unos 650 mil pesos, algo menos que los 950 mil que retendrá Carlos Melconian o los 750 mil de Mario Quintana. El beneficio para Hernán Lombardi será de 240 mil pesos; para Federico Sturzenegger, de 220 mil; para Susana Malcorra, de 130 mil y para Francisco Cabrera, de 110 mil. La condición para no tributar nada del impuesto a la riqueza es que demuestren ser buenos contribuyentes ante la AFIP y tengan todo su dinero en blanco, según establece la ley ómnibus que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. Por supuesto que los funcionarios no serán los únicos favorecidos sino que la norma es de alcance universal, pero el Presidente y su gabinete forman parte de la clase social que más celebrará cuando el Senado termine de completar el trámite parlamentario. La reforma impositiva que incluye la ley de blanqueo y pago a jubilados reduce la carga tributaria de los sectores más adinerados, profundizando la política que empezó con la eliminación y baja de retenciones agropecuarias, a las mineras, a las grandes industrias, a los autos de alta gama, a los aviones y a las embarcaciones. Los gravámenes al patrimonio van perdiendo incidencia en la estructura de recaudación fiscal. El ministro de Hacienda y Finanzas sostuvo que le gustaría avanzar más rápido en la reducción de impuestos, pero que las limitaciones presupuestarias se lo impiden.
Los cambios al Impuesto a los Bienes Personales votados por los diputados del oficialismo, con el apoyo decisivo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista, fueron elogiados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), un desprendimiento de la liberal Fundación Mediterránea. De acuerdo a sus cálculos, la reducción de la alícuota del gravamen, la determinación de un nuevo mínimo no imponible y el aumento de 305 mil a 800 mil pesos de patrimonio a partir del cual empieza a incidir el impuesto este año provocará la siguiente caída en la carga tributaria sobre los sujetos alcanzados:
- Quienes declaran un patrimonio de 1 millón de pesos, en lugar de pagar a la AFIP 7500 pesos tributarán 1500.
- Con 2 millones de pesos, la carga pasa de 15.000 a 9.000.
- Con 5 millones, de 50.000 a 31.500.
- Con 7,5 millones, de 93.750 a 50.250.
- Con 10 millones, de 125.000 a 69.000.
- Con 20 millones, de 250.000 a 144.000.
- Con 100 millones, de 1.250.000 a 744.000.
"El Gobierno ha tomado hasta el momento una serie de medidas tributarias tendientes a eliminar parte de las distorsiones acumuladas en los últimos años por el sistema tributario y lograr una reducción, al menos parcial, de la presión tributaria de personas y empresas", describe el informe del Iaraf. "Más allá de diversos juicios de valor sobre la efectividad de las mismas y sobre la prioridad dada a la solución de las distorsiones, debe reconocerse que se ha revertido la tendencia al crecimiento constante de la presión tributaria que se verificaba desde hace una década", destaca. Para los liberales, la reducción de impuestos es un elemento central de la teoría del derrame: mientras menos recursos retenga el Estado, las empresas tendrán más disponibilidad para las inversiones y la generación de empleo. Bajo la misma lógica fue que se achicaron las contribuciones empresarias a la seguridad social en los '90 y en 2001, en ambos casos promovido por la figura más rutilante que entregó la Fundación Mediterránea, Domingo Cavallo. La hipótesis no se constató en la realidad, ya que el desempleo pasó de 6 a 18,4 por ciento entre 1991 y 1995 y escaló a 25 por ciento en 2001. En cambio, lo que ocurrió fue que se ocasionó un agujero fiscal gigantesco que durante varios años fue cubierto por un endeudamiento de la misma magnitud hasta que se cortó el chorro y la Argentina cayó en default. Las jubilaciones y demás prestaciones de la seguridad social quedaron congeladas por más de una década, dando lugar a un empobrecimiento creciente de los titulares de esos derechos. El caos provocado forzó al gobierno de Néstor Kirchner a partir de 2003 a tomar una decisión crucial: utilizar los escasos recursos disponibles para recomponer primero la situación de quienes ganaban haberes miserables o aumentarles a todos por igual. El ex presidente optó por la primera salida y eso fue lo que motivó el fallo Badaro de la Corte Suprema, que dio lugar a una avalancha de juicios que se fueron cancelando con esfuerzo. La ley de "Reparación histórica de los jubilados" que ahora impulsa el macrismo, detrás de la cual se coló el blanqueo y la reforma impositiva que les baja impuestos a quienes tienen más patrimonio, es parte de aquel proceso. Pero otra vez, además de no solucionar el problema, aplicar quitas a quienes hicieron juicios y habilitar una bomba de tiempo de probables nuevas demandas, se comprometen gastos que el sistema previsional no podrá costear y lo llevará nuevamente a la quiebra, dando espacio político, cuando las quejas arrecien, a una nueva privatización de la seguridad social.
Para hacer más digerible el blanqueo, el Gobierno dispuso en la ley que aquellos contribuyentes que están al día con la AFIP y no ingresen a la exteriorización de capitales quedarán exentos de Bienes Personales. Por eso es que Macri y su gabinete, en lugar de tributar las cifras mencionadas al comienzo se guardarán en el bolsillo cientos de miles o más de un millón de pesos que les hubiera tocado pagar el próximo año de no realizarse los cambios propuestos.
Pero las ventajas no terminan ahí. La ley también establece una reducción gradual de la alícuota de Bienes Personales. Quienes ingresen al blanqueo, en lugar de pagar una tasa que va del 0,5 al 1,25 por ciento, tributarán por el ejercicio 2016 una alícuota del 0,75; por el de 2017, 0,5 por ciento, y por el de 2018, 0,25 por ciento. Como ya se indicó, los contribuyentes "cumplidores" con la AFIP no pagarán nada por esos tres ejercicios. La eliminación de la progresividad de la alícuota es un beneficio orientado directamente a favorecer a los que más tienen. Ese es su único efecto. Las grandes fortunas de la Argentina, de miles de millones de pesos, dejarán de entregar al fisco varios millones, profundizando la regresividad del sistema impositivo. El proyecto original del Gobierno establecía la eliminación de Bienes Personales desde 2019, pero Cambiemos concedió como prenda de negociación para el apoyo del Frente Renovador que la tasa quede en 0,25 desde ese año. Es decir, aquellos que más pagaban pasarán de tributar 1,25 de su patrimonio a 0,25.
Otra medida en la misma dirección es la supresión de la sobretasa de 10 por ciento que pagan las empresas por la distribución de dividendos. Fue uno de los cambios que el Congreso votó en 2013 en un intento de gravar la renta financiera. En su lugar no se crea ninguna otra imposición. El Iaraf también valora esa modificación. En su informe, reserva un párrafo final para la reforma tributaria integral que anunció el Gobierno para 2017. Sugiere que los cambios "deberían tender a reducir la presión tributaria sobre el sector privado", lo cual obligará a disminuir el nivel de gasto público, "de manera tal de reducir el peso del Estado en la economía". En resumen, menos impuestos para los que más tienen y menos gasto del Estado en quienes más lo necesitan. Ese es el camino.












LAS MUJERES OCUPAN EL 22 POR CIENTO DE LOS CARGOS 

POLÍTICOS DEL PODER EJECUTIVO


El Gobierno no es para mujeres


Un estudio mostró que cayó la participación de mujeres a nivel ministerial. Los niveles más bajos se dan en las secretarías. "La penetración femenina en los puestos de conducción política es baja", advierte el trabajo de GPS del Estado, una iniciativa de Cippec y ASAP.
      Sólo el 14 por ciento de los ministerios está dirigido por mujeres.


No resulta ajeno para quien quiera ver. Los trajes y corbatas abundan y monopolizan las reuniones de altos cargos del Estado. Y esto no es un problema de moda, más bien de derechos. Las mujeres ocupan apenas el 22 por ciento de los cargos políticos del Poder Ejecutivo. "Si bien estamos en una época de participación sin precedentes de la mujer en el mercado laboral y, particularmente en el espacio público, los desequilibrios de género persisten, fundamentalmente en el acceso a cargos directivos en la gestión pública", dice Agustina Valsangiacomo, analista del Programa de Gestión Pública de Cippec.
Según un informe de GPS del Estado (un proyecto de Cippec y ASAP sobre las autoridades del Sector Público Nacional) las mujeres representan el 50 por ciento de la fuerza de trabajo empleada por la administración central del PEN (aunque el dato no contempla a las fuerzas de seguridad y defensa). Sin embargo, a medida que se avanza en la pirámide y se llega a las altas esferas de poder, la igualdad se va desbaratando.
"Los cargos jerárquicos de conducción política son aquellos que suponen la titularidad de ministerios, secretarías y subsecretarías. Estas autoridades son designadas y removidas a través de un decreto, resolución o nota por una autoridad del gobierno nacional, por lo que suponen ocupaciones basadas en la confianza o afinidad política, fundamentalmente", explica el informe.
Si bien el gobierno actual mantiene la composición de género del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, que al iniciar su segundo mandato tenía un 22 por ciento de los cargos de conducción política en manos de mujeres, "se observan caídas en la participación de mujeres en puestos de conducción política a nivel ministerial. Actualmente, el 14 por ciento de los ministerios (3 de 21, incluyendo la Jefatura de Gabinete de Ministros) están dirigidos por mujeres, mientras que en 2011 ese porcentaje era del 19 por ciento (3 de 16)", dice.
"Por otra parte, la cantidad de ministerios que están por debajo del 15 por ciento de participación femenina en cargos políticos pasaron de ser 4 en 2015 a 7 en 2016", agrega.
Además, señala que los niveles más bajos de participación femenina se dan en el nivel de las secretarías: "Sólo el 13 por ciento de las secretarías estaban ocupadas por mujeres en 2011. La misma cifra se repite para 2016. Las subsecretarías, en tanto, presentan los valores más altos para ambos años, con un 27 por ciento de mujeres en 2011 y un 26 por ciento en 2016".
Otra tendencia preocupante es que las mujeres ocupan espacios políticos en carteras feminizadas, por lo tanto su participación es mínima en ministerios cuyas áreas de trabajo son consideradas "masculinas". Por ejemplo: Defensa (0 por ciento de participación femenina en cargos políticos en 2016 contra un 11 por ciento en 2011).
Por su parte, en los ministerios que abordan temáticas sociales la presencia femenina es considerablemente mayor. Esto se observa claramente en los de Desarrollo Social (56 por ciento de cargos políticos en manos de mujeres en 2016 contra 50 en 2011), Educación (27 por ciento en 2016 contra un 29 en 2011) y Salud (40 por ciento en 2016 contra 20 en 2011).
Por todo esto, el informe concluye que "el nivel de penetración femenina en los puestos de conducción política del Poder Ejecutivo Nacional es bajo". Página/12 profundizó en el informe en una entrevista con Agustina Valsangiacomo, analista del Programa de Gestión Pública de Cippec.
–Encontraron dos datos básicos: que las mujeres ocupan menos lugares en cargos altos de ministerios y que además están más abocadas en los tradicionales temas femeninos ¿Qué explicación encuentra para estas tendencias?
–La incorporación creciente de las mujeres al mercado laboral (tanto privado como público) vino acompañada del desplazamiento de la mujer a ciertos ámbitos ocupacionales específicos, habitualmente considerados "femeninos", que abordan problemáticas asociadas a las tareas y el rol que la mujer desempeñó históricamente en el hogar y que son poco valorados. En este sentido, y con esta pesada herencia, la participación de las mujeres en ámbitos profesionales más "masculinizados" aún es incipiente, aunque se encuentra en ascenso.
–El informe dice que se trata de mecanismos de "segregación ocupacional" ¿para los gobiernos es visto de este modo?
–Creo que muchos de estos mecanismos que hoy operan sobre las mujeres en su desarrollo profesional se encuentran tan arraigados a nuestra cultura que no despiertan la atención de muchos. Esta naturalización se corresponde con que nuestras sociedades responden a patrones culturales propiamente patriarcales que, pese a los enormes avances realizados en las últimas décadas, continúan otorgándole a la mujer un rol principalmente reproductivo. Sin dudas es difícil desnaturalizar, cuestionar y romper con estos estereotipos de género tan arraigados, pero creo que de a poco y con un Estado activo y presente que trabaje la cuestión de género desde una perspectiva de derecho, vamos a lograr generar cada vez mayor conciencia al respecto.
–En estos días la única mujer en la Corte Suprema dijo que no estaba segura de que el cupo fuera necesario para que en la Corte Suprema los cargos vacantes fueran cubiertos por al menos alguna mujer, finalmente fueron ocupados por dos varones. ¿Los mecanismos de discriminación positiva como el cupo y más aún la paridad, son necesarios para transformar esa "segregación ocupacional"?
–En tanto herramienta equilibradora de las desigualdades del sistema político, la ley de cuotas ha cosechado resultados positivos en distintos lugares del mundo, incluida la Argentina. No obstante ello, los resultados positivos de la Ley de Cuotas no están garantizados por su mera promulgación. Puede suceder que se "cumpla con la norma sin cumplir con su espíritu", es decir, que se coloque a las mujeres en posiciones de la lista en las que tienen ínfimas posibilidades de ocupar efectivamente el cargo. En este sentido, además de establecer una ley de cuotas, para que esta sea efectiva es necesario que se fije una distribución obligatoria, paridad en las listas y sanciones concretas para quienes incumplan.
–¿Qué otros mecanismos o políticas son necesarias para que las mujeres ocupen más espacios de decisión en el ejecutivo?
–Las dificultades que enfrentan las mujeres en el acceso y ascenso en sus puestos de trabajo, excede y trasciende la sanción de una Ley de Cuotas para la administración pública. Si queremos pensar en un mercado laboral que además de paritario sea equitativo es necesario disminuir las desigualdades existentes más primarias e invisibles (techo de cristal). Para esto debemos trabajar en una política nacional de cuidados que alivie la sobrecarga en tareas domésticas no remuneradas que pesan sobre las mujeres, y diseñar políticas que promuevan su autonomía económica y su poder de decisión.
–¿Por qué es importante que las mujeres ocupen puestos de poder en la gestión pública?
–Es fundamental que a la mujer no se la excluya ni limite en sus posibilidades de crecimiento profesional por su condición de género en ningún mercado laboral, ni público ni privado. La baja tasa de participación de mujeres en cargos directivos no es una realidad exclusiva del sistema político, pero colocamos en este caso, especial énfasis en la administración pública porque consideramos que es menester que el Estado oficie de arquetipo de inclusión de género. Hay que evitar el doble discurso. Si el propio Estado reproduce mecanismos de segregación de género, difícilmente pueda romper con aquellos que el sector privado presenta, incluso con niveles más altos. Además, si dejamos rezagado a un sector que representa a más de la mitad de la población y sin la posibilidad de ascenso real en el mercado laboral, desperdiciamos un enorme potencial que incide negativamente en el crecimiento económico del país.












Diálogo con Calfucurá


Por      Osvaldo Bayer

He tenido una larga entrevista con el cacique Calfucurá, de la tribu de los Mapuches–Ranqueles, bisnieto del cacique Pincén. El se llama Lorenzo Salvador Cejas Pincén. Su bisabuela es Paula Dotorkel Laian Antutial, nada menos que de 134 años de edad y portadora de una Pillaltoki, que se trata de una joya de piedra negra y es espíritu de la piedra sagrada Pidiantofuí.
En sí se trata de una comunidad Mapuche-Tehuelche de cinco mil habitantes, situada en la Ruta 5, Km 840, por donde pasaba la zanja de Alsina, construida para separar a la cultura europea de la indígena. Tiene una escuela bilingüe, que otorga su lugar a la cultura local y se especializa hoy en la cerámica. La población es gobernada por la lonko (cacica) Isabel Aranco.
El cacique Calfucurá, quien atiende a todas mis preguntas, aprendió a leer y a escribir a los 5 años y a los 6 repartía diarios (era canillita). Actualmente está casado y tiene cinco hijos, un varón y cuatro mujeres. Califica a la Campaña del Desierto como un genocidio agrario, un acto de traición cometido por la República Argentina. Continúa el cacique: "Sarmiento y Borges – el padre del escritor – firmaron el Tratado de Paz del 3 de marzo de 1879, que fue traicionado. Prometieron nunca invadir los territorios indígenas y luego lo hicieron". Un acto de felonía. Se estudia llamar a un juicio a nivel internacional para reclamar esas tierras. Estudiar el caso. Cada dos o tres años se eligen directivos de la comunidad de acuerdo a la ley 23.302, que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Asegura que no están de acuerdo con el trato que les dan actualmente las autoridades argentinas, que no se preocupan de devolver a los indígenas sus territorios.
Con un decreto se modificó la ley 23.302 y el INAI pasó de depender de un Ministerio, el de Desarrollo Social, a depender de una Secretaría, la de Derechos Humanos, ubicada en otro Ministerio, el de Justicia. "Así una ley fue afectada por un decreto."
"Queremos tener informados a todos los habitantes de los pueblos indígenas – nos dice el dirigente indígena –. A los del sur del Río de la Plata, del sur de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de San Luis y Mendoza. El gobierno argentino no está haciendo nada para hacer una verdadera reparación histórica. Al contrario, están vendiendo las tierras al mejor postor sin consultar a los habitantes originarios. Queremos que se aplique la declaración y resolución Nº 1514 de Naciones Unidas", asegura el líder, en referencia a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por la Asamblea general de la ONU el 14 de diciembre de 1960. "También proponemos a los demás indígenas de todo el continente  – continúa Calfucurá – declararnos libres e independientes de los estados que nos oprimen y volver a la conformación anterior al 12 de octubre de 1492, cumpliendo así con la profecía del Cóndor y del Aguila."
Para las culturas andinas, hace miles de años, cuando la vida comenzó su ciclo, los dioses Pachakamak y Viracocha crearon al Sol y la Luna. De esa unión surgieron el Cóndor y el Aguila, que simbolizan los pueblos del Sur y del Norte respectivamente. El punto de partida de la liberación de los pueblos indígenas es, para la cultura incaica, la unión de las lágrimas de los dos pueblos: "ellas sanarán nuestras heridas y fortalecerán nuestras mentes (...) Cuando el cóndor del Sur y el águila del Norte vuelen juntos, va a despertar el espíritu de la Pachamama, la Madre Tierra, para borrar la opresión, la explotación y la injusticia. Se va a escribir en la enorme página del cielo la palabra sagrada: libertad", reza la profecía.
El líder originario continúa su intervención diciendo: "Se deben devolver los territorios en cuestión sin intromisión del Estado o Nación colonialista. Esperamos tener éxito con el trabajo que estamos haciendo."
"El colonialismo no ha sido abolido por resolución 1514. Por lo tanto, las naciones que invadieron territorios deben desalojarlo incondicionalmente. Yo quisiera – continúa el dirigente indígena – declararnos libres e independientes de los estados de Chile y de Argentina, rompiendo así los violentos vínculos que nos unen, y proclamar la libertad de esos territorios para que vuelvan a manos de los verdaderos dueños de esas tierras".
Como queda claro, a pesar del tiempo pasado la cuestión indígena no ha quedado olvidada. Quizá haya llegado el momento de formar una comisión de historiadores que estudie el problema y proponga caminos de solución. Un país no puede ser feliz encubriendo un hecho tan lastimoso como fue la Campaña del Desierto y el robo de las tierras a sus primitivos habitantes. Somos todos argentinos y debemos encontrar una solución digna y justa.



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