viernes 24 de junio de 2016
EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC FIRMARON EL
PACTO DEL CESE DEL FUEGO BILATERAL Y DEFINITIVO
"Llegó la hora de ser un país en paz"
Juan Manuel Santos y Timochenko cerraron la primera fase del largo proceso de pacificación. "Hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC", dijo, eufórico, en La Habana, el presidente de Colombia.
Santos, Castro y Timochenko posan para la foto histórica con el acta del cese del fuego bilateral y definitivo.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colombiano firmaron ayer el acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo, que representa un paso decisivo para poner fin a un conflicto interno de más de 50 años.
"Llegó la hora de vivir sin guerras y ser un país en paz. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de 50 años de enfrentamiento hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza", afirmó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. "El acuerdo alcanzado significa el fin de las FARC como grupo armado", aseguró con euforia Santos, quien invitó a la guerrilla a dirimir la diferencia por los cauces democráticos a partir de ahora. El garante de Cuba, Rodolfo Benítez, leyó el comunicado conjunto número 76 con los puntos en los que se llegó a un acuerdo: cese del fuego y dejación de armas, garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y sobre la refrendación. El acuerdo del cese del fuego no es el último paso del proceso paz colombiano, pero sí el más importante, porque las partes se comprometen a cesar las operaciones militares ofensivas y dar por terminada la confrontación y uso de las armas en la política.
El mandatario colombiano aprovechó su intervención para recordar que los niños y jóvenes de Colombia no han conocido un solo día sin conflicto armado. Además, señaló que los colombianos veían a diario noticias con imágenes de dolor y sufrimiento y se acostumbraron al horror de la guerra, pero con la firma de este acuerdo darán vuelta esta trágica página de la historia.
El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, dijo ayer que las Fuerzas Armadas colombianas y las de esa guerrilla serían aliadas al servicio de la paz. "Fuimos adversarios, en adelante tendremos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia", manifestó Timochenko en un discurso ante diferentes mandatarios en La Habana. "Colombia necesita que se produzca efectivamente una definitiva reconciliación. Basta ya de la violencia y de los delirios por ella", expresó Timochenko y agregó: "Las FARC completamos el pasado 27 de mayo 52 años de resistencia guerrillera y hoy vemos el sueño de la paz mucho más cerca que nunca. Aun en los momentos más difíciles siempre creímos que la paz era posible".
El acuerdo fue refrendado por Humberto de la Calle, jefe negociador gubernamental, y por el jefe guerrillero Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, en presencia del presidente Santos y el jefe de las FARC Timochenko. También estuvieron presentes el presidente de Cuba, Raúl Castro, y representantes de los países garantes, como el canciller de Noruega, Borge Brende. Como países acompañantes estuvieron la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro; el presidente de República Dominicana, Danilo Medina; el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y el de México, Enrique Peña Nieto. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, diplomáticos de Estados Unidos y de la Unión Europea también presenciaron el evento.
El documento establece que una vez que entre en vigencia el acuerdo, a partir del primer día la Fuerza Pública reorganizará sus esquemas para que las FARC puedan retornar y reorganizarse en 23 zonas. A partir del día cinco se desplazarán a esas zonas siguiendo las rutas establecidas en el acuerdo. Serán 23 zonas veredales transitorias de normalización, que tienen como objetivo la dejación de armas y la reincorporación de la vida civil de los guerrilleros. Serán ocho campamentos, indicó el garante de Cuba. Así mismo, las FARC designarán a 60 integrantes –hombres y mujeres– que podrán moverse por diferentes zonas del país para dar cumplimiento a lo acordado. También designarán 10 personas que podrán moverse a nivel municipal en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Se garantizará a todos los rebeldes medidas de seguridad. "Alrededor de cada zona habrá una zona de seguridad donde sólo habrá equipo de monitoreo. Será de un kilómetro a la redonda", leyó Benítez.
Las delegaciones, en el acuerdo, pidieron al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, agilizar la misión técnica que se encargará de verificar la dejación de armas. La ONU recibirá la totalidad de las armas de las FARC tras su dejación acordada con el gobierno colombiano, para su destrucción y la construcción de tres monumentos con lo que quede de ellas. Sobre la dejación de armas, el acuerdo fija que existirá sólo un punto de almacenamiento, donde estarán los contenedores en los que estarán las armas. Siempre resguardadas por el mecanismo de monitoreo de la ONU. Al firmar el cese del fuego, ambas partes se comprometen a contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política. Además, asumen trabajar en pos de un consenso nacional para que todos los sectores apuesten por un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia y el debate civilizado y no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Se establecerá una hoja de ruta para que a más tardar 180 días después de la firma del acuerdo final se haya terminado el proceso de dejación de las armas.
El objetivo del presente acuerdo es la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y el grupo insurgente. Se crearán las condiciones para la implementación del acuerdo final y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación a la vida civil de las FARC. Aunque las partes no anunciaron cuándo se llegará al acuerdo final, Santos afirmó que se firmará el Colombia. "El acuerdo final lo firmaremos en Colombia y hoy quiero agradecerle finalmente a Cuba, al presidente Raúl Castro, nuestro generoso anfitrión'', dijo el mandatario, que el lunes estimó que el diálogo de paz podría concluir el 20 de julio, fiesta nacional de Colombia. Sin embargo, Timochenko se había mostrado menos entusiasta que Santos, al advertir que la paz sólo sería posible si los negociadores del gobierno aprovechan los últimos minutos para conseguir lo que no han podido en cuatro años de debate.
La paz con las FARC no significa empero terminar el conflicto armado en Colombia, donde aún resta alcanzar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), segunda guerrilla activa, y terminar con las bandas criminales remanentes de grupos paramilitares desmovilizados hace una década.
NEGOCIAN EN CUBA DESDE 2012
Puntos ya acordados
El acuerdo de alto el fuego bilateral y definitivo firmado ayer por el gobierno colombiano y las FARC es el quinto de una amplia agenda convenida previamente por las partes para lograr la paz en el país.
Las negociaciones, que comenzaron en La Habana el 19 de noviembre de 2012, desarrollan un temario que incluye el desarrollo agrario, la participación política, la lucha antidrogas, el reconocimiento, la justicia y reparación de los cerca de siete millones de víctimas y el fin del conflicto propiamente dicho. Con estos puntos, que están sometidos al modelo de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado", las partes esperan sentar las bases de la transformación política, económica y social para construir un país en paz. Las negociaciones partieron del "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", suscripto el 26 de agosto de 2012.
La Política de Desarrollo Agrario Integral es el primer punto de la agenda, acordado el 26 de mayo de 2013. Incluye aspectos como el acceso y uso de la tierra, en el que se destaca la creación de un fondo de tierras para campesinos desposeídos y un plan masivo de formalización de la propiedad. Además, prevé la implementación de planes nacionales rurales, con acciones para proveer bienes y servicios públicos en materia de infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, estímulos a la productividad y programas de desarrollo con enfoque territorial.
La Participación Política es el segundo de los puntos, acordado el 6 de noviembre de 2013. Busca una apertura democrática con la participación de nuevas voces y proyectos políticos al facilitar la creación de partidos y fortalecer los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales y la participación en estos. También incluye garantías para la oposición política, una mayor participación ciudadana y la ruptura del vínculo entre política y armas que permitirá que las FARC se conviertan en un movimiento político.
Otro de los acuerdos, anunciado el 16 de mayo del 2014, es la Solución al problema de las drogas ilícitas. Estipula la creación del programa nacional integral de sustitución y desarrollo alternativo que tendrá un capítulo especial dentro del acuerdo de reforma rural integral. Asimismo establece que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico sea parte de una estrategia integral para desarticular las redes de este delito, el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y plantea nuevas acciones contra la corrupción asociada al narcotráfico.
También se llegó al Acuerdo sobre las víctimas, que se selló el 15 de diciembre de 2015, que incluye el apartado de justicia transicional. Contempla la creación de un sistema integral conformado por mecanismos judiciales y extrajudiciales que se implementarán para garantizar los derechos de las víctimas con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
DIPUTADOS VOTÓ LA LEY DEL ARREPENTIDO Y LA DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO
Arrepentidos con consenso
Con amplio respaldo se amplió la figura a hechos de corrupción y otros delitos complejos. Se eliminó el colaborador eficaz. Los legisladores discutían a la madrugada cambios en la iniciativa de la extinción de dominio.
El proyecto de ley del arrepentido fue respaldado por 194 votos y tuvo solo 5 rechazos.
La Cámara de Diputados le dio ayer media sanción con una amplia mayoría (194 votos a favor y solo 5 en contra) a la creación de la figura del "arrepentido" en hechos de corrupción y otros delitos complejos previstos en el Código Penal en los que no estaba ya incorporada. La iniciativa impulsada desde la alianza oficialista Cambiemos y el massista Frente Renovador también tenía el respaldo del Bloque Justicialista y del Progresista y sumó al Frente para la Victoria luego de incorporar en el recinto varias de sus modificaciones solicitadas. Entre ellas, la de eliminar la cuestionada figura de "colaborador eficaz" que podía beneficiarse al aportar datos en otra causa en la que no estaba involucrado. También se estableció que el "arrepentido" podrá pactar con el fiscal un acuerdo de rebaja de pena a cambio de información –que deberá avalar y comprobar el juez– sólo en caso que el involucrado esté imputado en los delitos que se investigan, y ya no si está procesado o cumpliendo sentencia, como proponía el texto original del proyecto.
El oficialismo también avanzó, aunque con más resistencia, con la media sanción a la creación del instituto de "extinción de dominio" (expropiación y repatriación de bienes) por 155 votos a favor, 50 en contra y 3 abstenciones, para los "imputados" en los mismos delitos previstos para la figura del arrepentido. Al cierre de esta edición, la Cámara baja todavía discutía el extenso articulado de esta última iniciativa y el macrismo – que asumió como propio el proyecto del opositor amigable Sergio Massa – negociaba modificaciones al texto de la iniciativa que no terminaban de conformar a algunos de sus aliados del radicalismo. El FpV, ya había definido ese proyecto como "invotable", dado que el decomiso de los bienes está previsto en una acción civil paralela a la causa penal en la que el acusado no tiene sentencia sobre el delito que se le imputa, además de que los bienes expropiados –de acuerdo a la iniciativa oficial– serán administrados de acuerdo al criterio que adopte el Ejecutivo en su reglamentación.
Apremiados por la avidez de capitalizar políticamente el escandaloso caso del ex secretario de Obras Públicas José López, el oficialismo y sus aliados renovadores tuvieron que retroceder sobre sus pasos para enmendar muchos de los artículos cuestionados por gran parte de la oposición, incluso en su redacción legislativa.
En ambos casos quedó establecido que los delitos que abarcarán las leyes del arrepentido y extinción de dominio serán los de corrupción, narcotráfico, contrabando, terrorismo, trata de personas, abusos y pornografía infantil, secuestros extorsivos, asociación ilícita y lavado de activos.
Solo arrepentido
Durante el debate en el recinto, el proyecto del arrepentido sufrió modificaciones que determinaron el acompañamiento del FpV. Fue fundamental que el oficialismo desistiera de mantener en el proyecto la cuestionada y confusa figura del "colaborador eficaz" que sus legisladores tampoco pudieron explicar, a pesar que la massista Graciela Camaño se empeñaba en sostener con el argumento que con su exclusión se "diluía" el instituto jurídico que se creaba. Desde el FpV también se cuestionaba que el "colaborador eficaz" podía aportar datos en otra causa en la que no estaba acusado y podía pactar acuerdos de reducción de pena con un fiscal que no era el de su propia causa ni que se tuviera en cuenta la opinión de las víctimas del delito que hubiera cometido el propio "colaborador".
Otra modificación importante fue la de ajustar la situación procesal que debía tener el "arrepentido" para poder acogerse a los beneficios del acuerdo. Ahora, el cambio de beneficios por información "importante" para la causa -que deberá evaluar el juez- sólo podrá implementarse en caso que el arrepentido esté imputado en los delitos y ya no si está procesado y cumpliendo sentencia como proponía el texto original del proyecto, que también incluía la figura antes, incluso, de sustanciarse la causa penal. Esto complicaría el anhelo de Cambiemos de que el ex funcionario kirchnerista López pueda acogerse a la figura del arrepentido.
No prosperó el reclamo de Victoria Donda, de Libres del Sur, que reclamaba que se excluya la figura del arrepentido en los delitos tipificados en la llamada ley antiterrorista, que consideró como figuras para "reprimir y judicializar la protesta social". Su bloque igual acompañó el proyecto.
Durante el escueto debate en el plenario de comisiones del miércoles por la mañana, el proyecto también había sido modificado. Quedaron excluidos expresamente los delitos de lesa humanidad, que estipulaba el texto original.
Allí también se incorporó, a pedido de la diputada kichnerista Diana Conti, que los arrepentidos sean sometidos a pena de prisión de cuatro a diez años por proporcionar información falsa o inexacta. Pero no se le dio curso a la incorporación del "instigador" del arrepentido falaz, que Conti ejemplificó con la causa AMIA, en la que "un instigador y un arrepentido falaz desviaron la investigación creando mayor impunidad".
Los funcionarios que no podrán acogerse a la figura del arrepentido son los que están alcanzados por el juicio político de acuerdo a lo que establece la Constitución. Una lista que queda reducida al presidente, el vice, los ministros del PEN y jueces de la Corte Suprema.
Los únicos que votaron en contra de esta iniciativa fueron los cuatro diputados del interbloque del FIT y el neuquino del FpV José Ciampini.
Expropiación
Al cierre de esta edición se discutía el articulado del proyecto de extinción de dominio presentado por el líder renovador Sergio Massa y Graciela Camaño, que propone que el Estado pueda apropiarse y disponer de los bienes y activos provenientes de actos ilícitos. A diferencia del decomiso, la iniciativa plantea una acción en la justicia civil en forma paralela a la penal que se lleva contra el individuo que habría cometido los ilícitos y para lo cual no es necesario que exista previamente una condena firme contra este.
Este último punto desató inquietudes entre algunos diputados radicales de Cambiemos, que reclamaron durante el plenario de comisiones que al menos exista un procesamiento penal firme contra el imputado que se decomisa, ya que no se fija plazo de prescripción para la extinción de dominio. Un tema que varios de ellos volvieron a plantear ayer en el recinto.
El macrismo negociaba en paralelo con sus aliados y el massismo en busca de introducir una modificación que conformara a ambos. En principio surgió la posibilidad de establecer como requisito para el decomiso la necesidad que el titular de los bienes esté "imputado" en el proceso penal. Antes de la votación en general, el jefe de la bancada radical, Mario Negri, admitió que habría al menos 30 modificaciones en distintos artículos.
Los bienes que se recuperan podrán ser destinados a las áreas de salud, educación, trabajo y vivienda y lucha contra el narcotráfico, como establece el proyecto sin precisiones ni proporciones. La administración de los bienes confiscados quedarán en manos y al criterio que establezca el Poder Ejecutivo en su reglamentación, ya que finalmente se descartó la creación de un ente especial para su administración.
En este caso, el FpV irá con dictamen propio, donde plantea que se podrá decomisar anticipadamente al acusado en caso de delitos complejos pero siempre dentro del proceso penal, donde lo decomisado pasa a ser administrado por la Corte Suprema de Justicia. Sus diputados consideran que se violan garantías y el estado de derecho, ya que sus bienes serán decomisados sin que exista una sentencia sobre el acusado. Esto abriría un amplio abanico de litigiosidad contra el Estado de quienes finalmente sean declarados inocentes de los delitos que se le imputan.
EL PRESIDENTE ANUNCIÓ EL ENVÍO AL CONGRESO DE LA
"PRIMERA ETAPA" DE LA REFORMA POLÍTICA
El macrismo cambia las reglas de juego
Son tres proyectos que incluyen la Boleta Unica Electrónica, la regulación de las transiciones y el debate presidencial. Además, se fortalece el control judicial y se cambian las PASO. Ya no se elegiría en las primarias al candidato a vicepresidente. 
Frigerio, Mauricio Macri y Adrián Pérez, en el acto realizado ayer en el Centro Cultural Kirchner.
Frigerio, Mauricio Macri y Adrián Pérez, en el acto realizado ayer en el Centro Cultural Kirchner.
Minutos antes de ingresar al quirófano, Mauricio Macri anunció ayer el envío al Congreso de la "primera etapa" de la reforma política que impulsará durante su mandato. Tal como estaba previsto, el cambio central será la incorporación de la Boleta Unica Electrónica, a la que se le agrega la regulación de las transiciones entre gobiernos y la implementación del debate presidencial obligatorio. Además, habrá mejoras para el control del cumplimiento de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que sería reformulada en una segunda etapa. Pero antes de remitir el paquete a Diputados, el gobierno realizó una última modificación sorpresa que no fue anunciada por el Presidente ni por sus ministros durante el acto. Se estableció que en las PASO no se elegirá la fórmula presidencial completa sino sólo el candidato a presidente, pudiendo luego el ganador elegir quién lo acompañará en las generales.
El Centro Cultural Kirchner se vio ayer repleto de funcionarios de Cambiemos que aplaudieron el breve anuncio de Macri. En primera fila estaba la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de modernización, Andrés Ibarra, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, además de legisladores e intendentes macristas, entre otros. No hubo, en cambio, representantes de la Justicia electoral, que habían sido invitados, ni referentes de la oposición.
Sentado entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, Macri agradeció primero los saludos por su lesión jugando al paddle y luego se refirió al proyecto: "Yo quería muchos más cambios, pero me dijeron, como decía 'Mostaza' Merlo, que hay que ir paso a paso". El Presidente no perdió la oportunidad para volver sobre uno de sus slogans de campaña, el de "unir a los argentinos": "Necesitamos que la elección sea un momento de unidad, transparencia, tranquilidad. La Argentina del progreso es la que se aleja de la trampa, la Argentina del futuro es la que apuesta a la generación de confianza", remarcó.
Se trata en realidad de tres proyectos de ley que se enviarán para su tratamiento de manera conjunta con el objetivo de aprobarlos "lo antes posible". Pérez ya venía trabajando en estas reformas hace más de seis meses, con contactos y negociaciones con gobiernos provinciales, apoderados de los partidos políticos, especialistas, ONG, magistrados y bloques legislativos. Algunas, como eliminar la obligatoriedad de las PASO o crear un órgano electoral independiente que reemplace a la Dirección Nacional Electoral, fueron descartados o postergados por falta de consenso. En un primer momento también se había pensado algún mecanismo para unificar el calendario electoral pero la idea quedó en un llamado del Presidente a "concentrar" las elecciones para que "los que ahora estamos con amor y compromiso en la carrera del servicio público (Nota del redactor: los dirigentes políticos) tengamos la mayor cantidad de tiempo posible para resolver los problemas que tiene nuestra sociedad".
El paquete electoral
La más importante de las tres iniciativas es la que reforma la ley electoral. Allí se incluye la implementación de la Boleta Unica Electrónica; la eliminación de las listas colectoras y las candidaturas múltiples; los dos cambios en las PASO y el fortalecimiento de mecanismos de control judicial. "Vamos a terminar con la boleta en papel y con todas las cosas que sucedían alrededor de eso", aseguró Macri en el CCK. El sistema de votación será el mismo que ya se utiliza en Salta y en la Ciudad de Buenos Aires. El votante elige sus opciones a través de una máquina, que imprime la boleta con el resultado y, en el mismo soporte, un chip electrónico que permite agilizar el escrutinio. La encargada de garantizar la transparencia de este sistema será la Cámara Nacional Electoral, que contará con nuevos auditores para controlar y homologar tanto el software como el hardware que se usará para votar. También tendrán participación en esto las universidades y los partidos políticos. Con posterioridad a la votación se abrirán de manera aleatoria el 5 por ciento de las urnas para hacer un conteo manual de los votos y verificar que coincidan con el resultado arrojado por las máquinas. "Nosotros queremos introducir mayor confianza en el proceso electoral. El disparador de estas modificaciones tiene que ver con la interpretación de que en la sociedad no hay plena confianza en la elección de los representantes", señaló Frigerio en una conferencia de prensa posterior al anuncio presidencial.
Junto con el fin de la boleta en papel, se tratará de ordenar la oferta electoral impidiendo que distintas listas de un espacio político vayan colgadas de un mismo canditado o que una persona se postule simultáneamente para cargos provinciales y nacionales. Tampoco se podrá, por ejemplo, que un candidato a gobernador lleve distintos candidatos a presidente.
El macrismo se encontró con resistencias para implementar más modificaciones a las PASO y se limitó, por ahora, a dos cuestiones menores. Por un lado, sólo se podrá votar en la primaria de un mismo espacio político para todas las categorías. Es decir, no se podrá elegir entre los candidatos a presidente de un espacio y los de diputados o senadores de otro, por ejemplo. Por el otro, se cambió la elección de la fórmula presidencial por la de sólo el primer término del binomio. De esta manera, quien resulte ganador podrá elegir de candidato a vice a alguno de sus competidores o bien a otra persona. Este sistema permite mayor margen de negociación y es similar al que se usa en Estados Unidos y en Uruguay. "Se irá evaluando con tiempo si las PASO han sido un instrumento valioso o no para mejorar el sistema electoral", dijo Macri ayer, dejando entrever nuevos cambios más adelante.
El último punto de esta ley está vinculado con la Justicia. Se establecerán los procedimientos para la persecución de los ilícitos electorales, se creará la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral y se ampliará el cuerpo de auditores contables para el control del cumplimiento de la ley de financiamiento de los partidos políticos. "El mayor problema que tenemos hoy es el control sobre el financiamiento de los partidos y las campañas, que no se cumple. Y cuando hay algún tipo de sanción, llega 10 años tarde", aseguró ayer Pérez.
Transición
La segunda iniciativa del paquete es el ordenamiento de la traspaso de un gobierno a otro. Se establecen obligaciones para el gobierno saliente, que deberá brindar información de licitaciones, presupuesto, personal, entre otras cuestiones. En caso de no cumplir, los funcionarios podrían incurrir en el delito de incumplimiento de deberes.
Debate presidencial
El tercer proyecto es el que regula la obligatoriedad de los debates presidenciales. El texto recoge los avances realizados el año pasado en Diputados, donde se logró consensuar entre distintas fuerzas un dictamen común. El debate será dentro de los veinte días y hasta los siete días corridos anteriores a la fecha de la elección y se repetirá en caso de ballottage. Serán transmitidos en vivo y en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.
Los tres proyectos de ley comenzarán a discutirse en la Cámara de Diputados, donde podría haber nuevas modificaciones. Sin embargo, desde el oficialismo descontaban que las medidas avanzarán en el Parlamento sin mayores inconvenientes dada la ronda de consultas previas. La complejidad y la magnitud del cambio en todo el país que implica el uso de boleta electrónica, obligará al Ejecutivo a comenzar con los procesos de licitación y la campaña pública de capacitación del apenas la ley esté sancionada.
Por los fondos del conurbano
Los senadores nacionales por Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria-PJ) y Jaime Linares (GEN), se reunieron ayer con el ministro de economía bonaerense, Hernán Lacunza, para avanzar en la restitución del Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires. "La distorsión que viene provocando el actual sistema de distribución del fondo del Conurbano, requiere que en el corto plazo se deba encontrar una solución que detenga el progresivo desfinanciamiento que soporta la provincia de Buenos Aires. No resulta sostenible que el Fondo del Conurbano, creado para la provincia, hoy le aporte menos de un 2 por ciento cuando hace 20 años recibía el 100 por ciento", sostuvo Abal Medina. El objetivo, según el senador, es recuperar los fondos de la provincia "sin afectar los derechos y las realidades que hay detrás de cada una de las jurisdicciones provinciales" por lo que evalúan distintas alternativas que faciliten la negociación con los otros distritos. La gobernadora María Eugenia Vidal había realizado un reclamo en el mismo sentido semanas atrás, para lo que asistió también a la Cámara alta.
SEIS DIPUTADOS ANUNCIARON SU SEPARACIÓN DEL BLOQUE
DEL FRENTE PARA LA VICTORIA, QUE QUEDO EN EBULLICIÓN
El Movimiento Evita pegó el portazo
Es un coletazo de la crisis generada por la detención de José López. Además, Gioja convocó a la conducción del PJ para el jueves que viene, en donde se dará instrucciones a senadores y diputados para armar bloques identificados con el peronismo nacional.
Los seis diputados del Movimiento Evita explicaron sus motivos ayer en el despacho de Leonardo Grosso.
Los seis diputados que tiene el Movimiento Evita anunciaron ayer su separación del bloque del Frente para la Victoria que conduce Héctor Recalde, que quedó envuelto en un clima de crisis, acelerado en los últimos días a partir de la aparición en escena del ex secretario de Obras Públicas José López y sus millones de dólares. En paralelo, desde el despacho del presidente del PJ y también diputado, José Luis Gioja, confirmaron la convocatoria para el jueves que viene de la conducción partidaria con un temario que incluirá la instrucción a diputados y senadores para conformar bloques "peronistas" en todo el país, evitando la denominación Frente para la Victoria y a los legisladores alineados en el kirchnerismo puro, como son los de La Cámpora.
Leonardo Grosso, Andrés Guzmán, Lucila De Ponti, Remo Carlotto, Araceli Ferreyra y Silvia Horne son los seis diputados del Evita que anunciaron la conformación del bloque "Peronismo para la Victoria". "Tenemos diferencias políticas", explicó Grosso en la conferencia de prensa que brindaron ayer en su despacho para justificar la ruptura con el FpV. Entre esas diferencias, plantearon la "falta de autocrítica" luego de la derrota en las elecciones del año pasado y en que "no se puede tener medias tintas en los casos de corrupción".
El detonante fue la reunión de bloque que hubo el martes, en la que los diputados del Evita se pronunciaron a favor de que Julio De Vido renunciara a sus fueros como para dar una respuesta frente a la secuencia de convocatorias judiciales. El ex ministro de Planificación no estuvo de acuerdo porque consideró que sería ceder ante las presiones de Cambiemos y que, además, él nunca se había amparado en sus fueros.
La amplia mayoría de los integrantes del bloque salieron en defensa de De Vido. Argumentaron que no debían dejar que el Gobierno fuera quien les dijera lo que tenían que hacer, que había que evitar que el debate girara sólo alrededor de la supuesta corrupción kirchnerista y que había que salir a instalar la discusión sobre las políticas neoliberales del macrismo y sus consecuencias. "Esto es así, al que no le gusta tiene las puertas abiertas para irse", se dijo como conclusión a las diferencias entre los planteos expuestos.
Luego del encuentro, en el Movimiento Evita concluyeron que ya no habría marcha atrás y resolvieron la escisión. "No tenemos nada contra De Vido, pero después de lo de López es suicida ponerse a discutir sobre los fueros", explicaban ayer cerca de los diputados idos. Es la segunda ruptura en importancia luego de los 15 diputados que se fueron en febrero y crearon el Bloque Justicialista que encabeza el ex titular de la Anses, Diego Bossio. La semana pasada, apenas conocido el caso López, también anunciaron su separación los diputados del grupo del ex gobernador de Misiones, Maurice Closs.
El legislador bonaerense y referente del Evita, Fernando "Chino" Navarro, siguió las repercusiones participando de un congreso de intelectuales y dirigentes en Formosa que organizó el gobernador Gildo Insfrán para discutir, justamente, el futuro del peronismo. Contó que en el discurso que dio allí reivindicó las figuras de Néstor y Cristina Kirchner, como para dejar en claro que no reniegan de lo hecho por el kirchnerismo. "Es una decisión muy dolorosa, pero en el bloque no vemos voluntad de construir políticas como venimos planteando", explicó. También marcó que "lo que está en juego no es ser solidario con dirigentes o con funcionarios que nos traicionaron".
El PJ también
Poco después de que se conociera la decisión tomada por el Movimiento Evita quedó confirmada la convocatoria al Consejo Nacional del PJ que venía prometiendo Gioja. Será el jueves que viene, las cartas a los integrantes de la amplia mesa de autoridades ya comenzaron a repartirse.
El temario, en principio, consta de tres puntos.
- El consabido análisis de la situación del país.
- Un repaso de los casos de ex funcionarios implicados en causas judiciales y, en ese sentido, dar un aval expreso a la decisión tomada por el PJ de Tucumán de separar a José López como afiliado. López, incluso, formaba parte de la mesa provincial.
- Y, por último, instruir a diputados y senadores para conformar bancadas legislativas identificadas con el peronismo, no ya con el kirchnerismo. En el improvisado poroteo que hacían ayer, sostenían que del bloque de 70 diputados que permanecen bajo la conducción de Recalde quedaría dividido entre unos 40 legisladores peronistas y 30 kirchneristas.
Cerca de Gioja sostenían que este temario está en línea con lo que el titular del PJ viene conversando con gobernadores e intendentes, el denominado "peronismo territorial", que no quieren saber nada con andar defendiendo ex funcionarios y reniegan del oposicionismo frontal que enarbolan Cristina Kirchner y los jóvenes de La Cámpora.
"Lo que nos interesa es salir a mostrar que el peronismo no es Lázaro Báez, Ricardo Jaime y José López. No tiene nada que ver con eso. Las elecciones legislativas ya están a la vuelta de la esquina, si no lo hacemos rápido vamos a sacar menos votos que el FIT", argumentaban cerca del ex gobernador de San Juan.
Solidaridad con Pitu
El bloque de legisladores porteños del Frente para la Victoria expresó ayer su solidaridad con el militante villero Alejandro "Pitu" Salvatierra, detenido el martes a la madrugada por la Policía Federal tras encontrarle estupefacientes que llevaba para consumo personal. "Rápidamente los medios de comunicación dieron una amplia cobertura al hecho buscando presentarlo como un caso de narcotráfico y no como un problema de adicción de quien se encuentra desde hace meses bajo tratamiento", declararon en un comunicado que lleva la firma de los integrantes del bloque que encabezan Carlos Tomada y Gabriel Fuks. "Creemos que este es un problema de salud que afecta a Pitu, como a tantos argentinos que se ven expuestos al flagelo de las drogas. Por este motivo debería haber sido liberado a las pocas horas, como se procede en cientos de casos similares", afirmaron. Y concluyeron: "Los que lo conocemos sabemos que desde hace años lucha por salir adelante, siendo solidario con sus vecinos, y consciente que la única salida es la colectiva".
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER DENUNCIÓ UNA
PERSECUCIÓN A EX FUNCIONARIOS DE SU GOBIERNO
"Una democracia de nula intensidad"
La ex presidenta advirtió que "servicios y fuerzas paraestatales de inteligencia" operan contra dirigentes kirchneristas, que son perseguidos judicial y mediáticamente. Dijo que Macri está "haciendo estragos en el tejido social argentino".
CFK remarcó que Macri goza de "fueros mediáticos y judiciales" para ejecutar su plan económico.
Cristina Fernández de Kirchner denunció ayer la existencia de "servicios y fuerzas paraestatales de inteligencia" organizados con el objetivo de perseguir judicial y mediáticamente a ex funcionarios de su gobierno. Lo hizo a través de una extensa carta que publicó en Facebook, encabezada por una foto tomada recientemente en la casa de los padres de Néstor Kirchner en Río Gallegos, en la que se puede ver la puerta de entrada con rastros de patadas, entreabierta y con el marco destrozado. "Cuando vi la foto me pareció un hecho absolutamente violento e intimidatorio, que refleja claramente un clima de época", sostuvo. La ex presidenta trazó un paralelo entre el ataque y la "persecución ideológica y el hostigamiento mediático" que atraviesa su fuerza política. También acusó al Gobierno de Cambiemos de ser protegido por "fueros mediáticos y judiciales", cuya acción "termina produciendo una democracia de nula intensidad" a partir de la cual se ejecuta "un plan económico que está haciendo estragos en el tejido social argentino".
Cristina Kirchner calificó la actual coyuntura política como una "democracia de nula intensidad" que comenzó "con la detención de la dirigente social Milagro Sala en Jujuy" y continuó con el "armado de causas judiciales de funcionarios del Gobierno anterior a diestra y siniestra, que se dan de patadas con la Constitución, los Códigos y los más elementales derechos y garantías de cualquier ciudadano". Para la ex presidenta, la "combinación" de esos factores persigue el objetivo de "asustar y amedrentar a quienes no se van a callar frente a un plan económico que está haciendo estragos en el tejido social argentino".
CFK reprodujo los interrogantes que Agustín Rossi planteó durante el último plenario del Parlasur. "¿Se está construyendo una fuerza paraestatal (...) con apoyos de los servicios de inteligencia para perseguir a dirigentes que hemos sido funcionarios del gobierno anterior? ¿Es cierto que los dirigentes más conocidos del kirchnerismo estamos siendo espiados por los servicios de inteligencia del gobierno de Macri? ¿Es cierto que han desatado una cacería sobre nosotros?" " Han pasado días y nadie del gobierno nacional contestó", destacó.
A la persecución se le suma, según CFK, "el paraguas protector de los fueros mediáticos y judiciales" sobre el actual gobierno. "¿De qué otra manera que no sea a través de fueros mediáticos y judiciales puede entenderse que el mayor escándalo internacional en materia financiera de los últimos tiempos –el caso Panama Papers–, que ha provocado la renuncia de funcionarios y primeros ministros en el mundo; aquí en Argentina –donde apareció involucrado el Presidente, su familia y muchos de sus funcionarios y dirigentes– haya recibido un tratamiento tan superficial y liviano por parte de la prensa?", se preguntó.
El texto, titulado "Violencia de época", hace un repaso por varias de las últimas causas judiciales contra ex funcionarios: Dólar Futuro, Fútbol Para Todos y el supuesto desvío de fondos en la aplicación del artículo "3J" de la Ley de Cine. Sobre la causa por la venta de dólar futuro, aseguró que se trata de una "causa armada que llega a ser delito en sí misma". Sobre Fútbol Para Todos, afirmó: "Hoy, como es público y notorio, el gobierno actual sí está negociando con los dirigentes de la AFA cómo se van a repartir el negocio entre ellos". Y calificó como "escandaloso y demostrativo de la persecución" a la imputación de 70 ex funcionarios y productores de cine en el marco de la causa por los fondos del Incaa.
La carta comienza con la descripción de la foto, que muestra la puerta de la casa de la familia de Néstor Kirchner golpeada. "No es cualquier lugar. Es la casa de los padres de quien fuera mi compañero, en la que también viví junto a él y mi hijo recién nacido hasta que pudimos mudarnos. Allí también pasó parte de su infancia, junto a la abuela, su único nieto varón", dijo.
La ex presidenta sumó a la foto la denuncia sobre la presencia en Río Gallegos de seis efectivos de la Policía Metropolitana, quienes "contaron que iban a dicha ciudad con el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamientos".
Sobre el cierre, la carta de la ex presidenta criticó la política económica de Cambiemos: "Trabajadores formales e informales. Comerciantes pequeños, medianos o grandes. Empresarios de casi todas las actividades industriales. Estudiantes, docentes y profesionales. Jubilados. Todos han sido tocados, averiados y hasta hundidos en esta batalla política y social que significa: precios sin control, facturas impagables –de luz, gas y agua–, que además disparan a las nubes los costos de las expensas – tanto para el inquilino como para el propietario – aumentos del transporte, despidos, cierre de comercios, caída de la actividad industrial". "Las cosas no están yendo bien para muchos argentinos", definió.
"No tengo dudas. Los movimientos políticos fueron, son y serán juzgados, no por las individualidades, sino por los resultados de sus políticas públicas y la calidad de vida que sepan generar para todos sus ciudadanos", aseguró.
No hay comentarios:
Publicar un comentario