domingo 12 de junio de 2016
FRANCISCO RECHAZÓ UNA DONACIÓN DE MACRI
Si la limosna es grande, hasta el papa desconfía
Bergoglio ordenó no aceptar los 16 millones 666 mil pesos que el Gobierno donó a la fundación Scholas Occurrentes. La decisión volvió a tensar la relación.
Por Washington Uranga
En un gesto de indudable repercusión política, el papa Francisco ordenó a los responsables de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes rechazar la donación de 16 millones 666 mil pesos que le había sido otorgada diez días atrás por el gobierno de Mauricio Macri con la finalidad de contribuir al "sostenimiento del equipo profesional, infraestructura y equipamiento de la sede central" de la organización impulsada por Bergoglio.
De manera extraoficial se sabía que la decisión publicitada por el Gobierno como un gesto hacia Francisco cayó muy mal en el Vaticano y molestó al papa. El medio italiano Vatican Insider lo reflejó en una nota en la que dio cuenta de la perplejidad que le produjo la donación a Bergoglio y que incluso en el Vaticano hasta pareció una broma de mal gusto que la donación fuese de 16 millones 666 mil pesos, cuando se sabe que el 666 es "el número de la bestia".
Ahora, en una carta fechada el 9 de junio y dirigida a Marcos Peña, en su condición de Jefe de Gabinete, los responsables de Scholas Ocurrentes, José María del Corral (Presidente) y Enrique Palmeyro (Secretario), le comunicaron al gobierno de Mauricio Macri que "teniendo en cuenta que hay quienes pretenden desvirtuar este gesto institucional realizado en el marco de la ley 16.698, con el fin de generar confusión y división entre los argentinos, y de acuerdo a los comentarios telefónicamente compartidos, convenimos en suspender el aporte económico no reintegrable destinado a sufragar los gastos de personal, infraestructura y equipamiento de la sede sede central en nuestro país".
Poniendo de relieve, sin embargo, la necesidad de recursos que tiene la fundación, los firmantes señalan en la misma carta que "procuraremos obtener este necesario aporte en lo inmediato a través de los organismos multilaterales de crédito y de la ayuda de privados".
La fundación Scholas Occurrentes es una red mundial educativa que pretende promover la vinculación entre escuelas de todo el mundo, compartir proyectos, establecer alianzas y cooperación, con la intención de favorecer a las escuelas de menores recursos propiciando una educación sin excluidos. Los antecedentes de la iniciativa se remontan al tiempo en que Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y bajo el lema de "Escuelas hermanas" impulsó una línea de acción que denominó "unir escuelas, deportes populares y solidaridad". Por decisión e impulso del Papa, desde agosto de 2015 la fundación tiene reconocimiento legal por el Vaticano y cuenta con un directorio integrado por tres argentinos: el obispo Marcelo Sánchez Sorondo y dos colaboradores cercanos de Francisco: José María del Corral y Enrique Palmeyro.
En 2014, a instancias de la hoy ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso sancionó la ley 26.985 declarando de "interés nacional" el proyecto de Scholas Ocurrentes.
Uno de los puntos que más molestó al Papa respecto de la donación fue que la determinación no le fue comunicada oficialmente, sino que se enteró del decreto firmado por Macri a través de los medios de comunicación. Por ese mismo motivo Bergoglio hizo saber también su descontento a Palmeyro y a del Corral, a quienes les habría reprochado la gestión señalando que hay otras necesidades más urgentes en la Argentina a las que el Gobierno debe atender.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aceptó el pedido de los directivos de Scholas para cancelar la donación y respondió con otro texto en el que señaló que "sin perjuicio de tomar nota de la suspensión planteada, ratificamos el compromiso de nuestro Gobierno de acompañar a la Fundación en la importante tarea de impulsar y defender los valores de la paz, la inclusión y el encuentro de los jóvenes de todo el mundo".
La contrariedad de Francisco por la donación oficial se acrecentó tras percibir que distintos voceros oficiosos de la Alianza Cambiemos buscaron presentar el subsidio como una forma de "reconciliación" con el Papa después que la máxima autoridad de la Iglesia Católica hizo manifestaciones muy notorias de toma de distancia con el gobierno de Macri, incluyendo su gesto adusto en los apenas 22 minutos de audiencia oficial que le concedió el pasado 27 febrero en el Vaticano.
Al respecto del subsidio a Scholas, Juan Grabois, un dirigente social muy cercano al Papa, dijo al Vatican Insider que quien "piensa que por darle plata, máxime fondos públicos, a una fundación, escuela, ONG, cooperativa o movimiento popular por el sólo hecho de estar directa o indirectamente vinculada al Papa está haciendo un 'gesto a Francisco' es realmente un pelotudo, además de un corrupto y un prevaricador".
Ayer se conoció la noticia de que Grabois, referente de la Confederación de la Economía Popular y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fue nombrado por el Papa como consultor del Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz. Este organismo vaticano, integrado mayoritariamente por laicos, trabaja para que "se forme entre los pueblos una sensibilidad respecto al deber de promover la paz" e impulsar acciones por la justicia en el mundo.
Una vez conocida su designación Grabois dijo que "este es un reconocimiento para la tarea de los movimientos populares y un aliciente para seguir trabajando como hasta ahora por los derechos de los más pobres".
El dirigente es una persona de confianza de Bergoglio desde cuando el ahora Papa era arzobispo de Buenos Aires y tiene una activa presencia en organizaciones sociales de villas y barrios pobres del gran Buenos Aires, trabajando con cartoneros, vendedores ambulantes, campesinos, costureros, artesanos y obreros de empresas recuperadas.
Ya estando en Roma, Francisco le confió a Grabois la organización de los encuentros de movimientos populares que el Papa presidió en Roma en octubre de 2014 y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en julio de 2015. El ahora consultor de Justicia y Paz es también profesor de Teoría del Estado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de práctica profesional en la Universidad Católica Argentina (UCA).
LA RELACIÓN ENTRE MACRI Y FRANCISCO
Nada de comunión
El rechazo de la donación de 16 millones de pesos del gobierno argentino a Scholas Occurrentes, la fundación pontificia creada por el papa Francisco, es el último episodio de una larga serie de desencuentros entre el presidente Mauricio Macri y la máxima autoridad vaticana, cuya relación comenzó a enfriarse cuando el actual mandatario era jefe de Gobierno porteño y el religioso titular de la misma diócesis.
La prehistoria de los malentendidos se remonta a las idas y vueltas sobre la celebración en la ciudad del primer casamiento entre dos hombres (que finalmente se celebró en Tierra del Fuego). El sacerdote le recriminó en ese momento al jefe de Gobierno no haber apelado la decisión judicial que permitía la ceremonia.
La buena relación que desarrollaron la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Bergoglio, una vez que el religioso fue ungido como jefe de la Iglesia, siempre despertó suspicacias en Macri, que lo consideraba un aliado.
Durante la campaña del año pasado, el candidato intentó recomponer vías de diálogo, con éxito relativo hasta que, días antes de las elecciones, el asesor presidencial predilecto, Jaime Durán Barba, realizó declaraciones a favor de la despenalización del aborto y opinó que "lo que diga un papa no cambia el voto ni de diez personas aunque sea argentino o sueco".
El resto es historia conocida: Francisco demoró varios meses en concederle a Macri una audiencia como jefe de Estado y cuando lo hizo, se encargó de que el mundo supiera acerca de su brevedad récord, agravada en comparación a las larguísimas tertulias que le concedió a CFK. El rostro sucinto del Pontífice en las fotos que inmortalizaron el encuentro no dejó mucho lugar a la interpretación de analistas políticos.
En las últimas semanas, el intento de boicotear su cita con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, utilizando a la dirigente social Margarita Barrientos, una de las predilectas de Macri, no hizo más que tensar la cuerda. La donación de 16 millones de pesos del Estado argentino a Scholas, sin consultarlo, fue la gota que rebalsó un vaso que venía llenándose hace mucho.
LA PRIMA FAMIGLIA NO TENDRÁ RESTRICCIONES PARA
PONER LOS PAPELES EN ORDEN
El identi-kit del blanqueo
En cuanto Macrì fue consultado por sus empresas offshore, Sideco dejó de cotizar en Bolsa para ocultar sus balances y el Gobierno impulsó el blanqueo, a medida de la Prima Famiglia. Retrocedió con el castigo al periodismo y excluyó a los funcionarios, pero no a sus familiares. La mejora alcanzará al 10 por ciento superior de la pirámide jubilatoria, suficiente para desfinanciar al sistema y volver a liquidarlo. Las acciones estatales en empresas privadas y la inspiración corporativa de Lorenzetti.
Por Horacio Verbitsky
Los Panama Papers se difundieron en todo el mundo el domingo 3 de abril. Pero el Poder Ejecutivo conocía la inclusión de las empresas del presidente desde el 8 de marzo, cuando el Consorcio de Periodismo de Investigación le envió una consulta por escrito desde Washington. El vocero Ivan Pavlovsky se tomó una semana para contestar en un par de líneas, el 15 de marzo, que eran empresas de Franco Macrì, no de su hijo. Algunos medios amistosos sostuvieron que el gobierno desaprovechó las tres semanas que mediaron entre esa consulta y la publicación de los Panama Papers sin prever el impacto negativo que tendrían. No es así: Macrì entendió a la perfección lo que estaba en juego y obró en consecuencia. A dos días de saber que había sido descubierto, el holding familiar se dirigió a la Comisión Nacional de Valores. El 10 de marzo Sideco Americana comunicó a ese organismo de control "el retiro de la oferta pública por inexistencia de valores negociables" e invocó esa presentación para no presentar el balance del primer trimestre del año, ya que "en base a ello, no habría usuarios interesados en los estados financieros mencionados y que su emisión implicaría para la Sociedad costos y recursos que bien pudieran ser mejor utilizados en otras tareas y/o proyectos", según otra nota enviada por Sideco a la CNV el 23 de mayo. Al día siguiente la Oficina Anticorrupción hizo pública la declaración jurada del presidente al 31 de diciembre de 2015, donde apareció la cuenta en Bahamas que antes no figuraba y la tenencia del 0,01 por ciento de las acciones de Yacylec. Pero en febrero, cuando Macrì vendió esas acciones al holding familiar Sideco, ya eran el 5,33 por ciento del paquete accionario. Con los balances en mano, la periodista y dirigente política Gabriela Cerruti demostró que las acciones que Macrì declaraba valían más de lo que él decía y lo denunció por enriquecimiento ilícito. Al retirarse de la bolsa, Sideco se libró de la obligación de informar sobre sus actividades, cegando una importantísima fuente de conocimiento público. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo comenzó a preparar el proyecto de ley de blanqueo y regularización tributaria, de la seguridad social y aduanera, que la semana próxima tratará la Cámara de Diputados. Para conseguirlo, aceptó diversas modificaciones, pero hubo un punto central en el que se mantuvo irreductible: no tendrán restricción alguna para aspirar a esa amnistía los familiares de funcionarios públicos ni los contratistas de obras públicas, dos categorías que dibujan el identi-kit del presidente Maurizio Macrì.
La batalla de fondo
Esta fue la batalla de fondo desde que se conoció el proyecto: el gobierno trató de ampliar al máximo el universo de beneficiarios, mientras otras fuerzas, de la oposición pero también de la Alianza Cambiemos, intentaron reducirlo. En ese tira y afloje, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay comenzó afirmando que no habría restricciones para que los funcionarios públicos se acogieran al indulto fiscal, la aliada revoltosa Elisa Carrió hizo saber en público que sólo lo aceptaría si excluyera a funcionarios públicos y a empresarios que hicieron negocios con el Estado, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof dijo que se trataba de una autoamnistía. La primera concesión oficial fue excluir del blanqueo a una lista restringida de funcionarios, aquellos que están obligados a presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Pero no fue suficiente: para conseguir el apoyo de Sergio Massa y Diego Bossio extendió la nómina a un gran número de funcionarios de los tres poderes del Estado y de los tres niveles de la administración pública, nacional, provinciales y municipales: desde Presidente y vice, jefe de gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, jueces, diputados, senadores y concejales, hasta los directores o nivel equivalente, en empresas del Estado u organismos de control de servicios privatizados, a los encargados de otorgar habilitaciones administrativas o que participen en la adjudicación de compras o licitaciones, administren un patrimonio público, rectores, secretarios y decanos de universidades, altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y todo el personal de los organismos de Inteligencia. La enumeración coincide con la de "Personas Expuestas Políticamente", que la Unidad de Información Financiera (UIF) definió en la Resolución 11/11, del 29 de marzo de 2012 (http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resoluciones/343-resolucion-n522012). Sin embargo, se aparta de esa definición en un punto fundamental, porque no alcanza a los familiares de los funcionarios, ni siquiera los más cercanos como padres, esposas e hijos. También permite blanquear a otras categorías que la UIF considera Personas Expuestas Políticamente, como apoderados de partidos políticos, dirigentes sindicales y autoridades de cámaras y asociaciones patronales. En cambio el dictamen de minoría del Frente para la Victoria impide blanquear a quienes "ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente". Esto incluiría a los principales miembros de la Prima Famiglia. En el dictamen oficial y en el del FpV los contratistas de obra pública quedan en pie de igualdad con cualquier otro evasor. El dictamen conjunto firmado por Margarita Stolbizer y la socialista Alicia Ciciliani anuncia que de aprobarse, la ley "canalizará el blanqueo de bienes fruto de la evasión y de la corrupción" por parte de funcionarios públicos, actuales o pasados, ya que "el blanqueo podrá realizarse vía familiares o incluso terceros, conforme lo dispone el artículo 36". Además, señalan que el proyecto permite que "ingresen al blanqueo a quienes participaron en licitaciones y contrataciones públicas, concesionarios de servicios públicos, juegos de azar, etc. Muchos de estos se encuentran seriamente comprometidos en maniobras fraudulentas que la justicia investiga". El dictamen del Frente de Izquierda no admite el blanqueo y plantea un aumento de emergencia de 6.000 pesos para todos los jubilados y pensionados. Hasta ahora la Coalición Cívica Libertadora y su musa tonante no han dicho esta boca es mía.
El sigilo
Vinculado con esto, el artículo 85 del proyecto protegía con el Código Penal el secreto de la amnistía. La obligación de guardarlo no comprendía solo a los funcionarios intervinientes sino a cualquier tercero. Las críticas fueron tantas y tan fuertes que el dictamen de mayoría excluyó a los periodistas y medios de comunicación del castigo por informar sobre la evasión fiscal, como consta en la nueva redacción del ahora artículo 84. Pero hasta llegar a ese punto, el gobierno minimizó la cuestión y reivindicó el sigilo, para lo cual recurrió a razonamientos falaces. El presidente explicó que "hay actos que son públicos y otros que no lo son" y que es preciso "respetar la privacidad de las personas" (sic). Para el jefe de gabinete Marcos Peña Braun la norma no iba contra los periodistas, "tiene que ver con el secreto fiscal, con el mismo espíritu que está en el Código Penal". Para los diputados oficialistas Pablo Tonelli (Unión PRO) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica) desde 1978 la ley 11.683 establece el más absoluto secreto de la información tributaria y extiende la responsabilidad de guardarlo a "los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones", quienes "incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal".
Esta verdad a medias es la forma más insidiosa de la mentira. El artículo 101 de aquel decreto mal llamado ley establecía esa restricción, pero fue modificado en democracia por el presidente Carlos Menem mediante el decreto de necesidad y urgencia 606 (el Congreso lo convalidó luego por entender que no trataba en forma estricta de materia tributaria, sino de "aspectos instrumentales", ya que no creaba un impuesto). En consecuencia, desde 1999 el artículo 101 de la ley de procedimiento tributario establece que "no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes (…) y al nombre del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales". Esto es exactamente lo que protegía el artículo 85 enviado al Congreso y que Macrì engloba como si fuera lo más natural del mundo dentro de la privacidad de las personas que no debería ser expuesta al público, lo cual dice mucho sobre su conducta privada en relación con el interés público. El proyecto no sólo regresaba al decreto de Videla omitiendo la reforma de Menem, sino que añadía a la pena una multa equivalente a la suma blanqueada, es decir directamente proporcional al interés público de la noticia que se publicara acerca de los evasores: a mayor importancia social del caso, más pesada la multa por divulgarlo. Esto es coherente con el interés propio del gobierno de las grandes empresas en el blanqueo de capitales ocultos y la amnistía para las deudas previsionales y aduaneras. Si se recuerda que el texto original no excluía a los funcionarios se comprende mejor el alcance de esta protección tras las sombras.
Al explicar la modificación el presidente del bloque oficialista, Nicolás Massot, la atribuyó al "espíritu de siempre, a partir de comentarios para mejorar el proyecto y no empeorarlo". En realidad, porque fueron descubiertos practicando ese contrabando (ahora conceptual) y no tienen el número para colarlo en la denominada ley de "reparación histórica" a los jubilados. El desfasaje entre la firma y la publicación de los decretos hizo que el Hada Buena incluyera en el Boletín Oficial del miércoles 8 el decreto 647, firmado el viernes 3, por el que considera "pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal" a quienes hagan públicas las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses y los somete a acciones "por daños y perjuicios". De este modo, sumó el disparate al escarnio, ya que las provincias pueden decidir sobre sus códigos procesales pero no disponer penas, que sólo competen al Congreso de la Nación. Para no perder la costumbre, esa misma noche anunció que borraría este desatino con el codo de un nuevo decreto, que se publicó el viernes 10.
La huella de Rajoy
En varios sentidos el blanqueo de Macrì parece inspirado en el que realizó hace cuatro años el presidente del gobierno de derechas de España, Mariano Rajoy. Tal como aquí, la amnistía fiscal fue uno de las primeras leyes de Rajoy luego de acceder al gobierno. La recaudación fue magra, como es probable que ocurra también en la Argentina, pero no desaprovecharon la ocasión el ex presidente José María Aznar, el ex ministro y ex jefe del FMI, Rodrigo Rato, una extensa lista de parientes del rey y de funcionarios del gobierno, incluyendo al ex tesorero del PP detenido por sobornos en los contratos de obra pública, Luis Bárcenas. Esto se supo por la plataforma de denuncia ciudadana "Fíltrala" y por varios medios de prensa, que están trabajando sobre los denominados "Papeles de la Castellana", por la avenida donde tienen asiento los principales asesores en evasión tributaria.
La aversión del gobierno de la Alianza Cambiemos a la publicidad sobre los actos ilegítimos de las empresas se expresa también en la injustificada dilación de los presidentes de ambas cámaras del Congreso por constituir la "Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar, para la búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia", según el conciso nombre de 36 palabras que le puso la ley 27.217/15. Originada en un proyecto del diputado Héctor Recalde y otros miembros del Frente para la Victoria, el radicalismo la apoyó luego de que se introdujeran modificaciones sugeridas por el ex diputado Ricardo Gil Lavedra. Fue sancionada en Diputados el 24 de septiembre por 170 votos a favor (de los Frentes para la Victoria, Renovador, Amplio Progresista, de la Izquierda y los Trabajadores y por la UCR), con 14 abstenciones (del PRO y de sus aliados en Jujuy y Mendoza). El diputado de PRO Pablo Tonelli dijo que no apoyaban el proyecto porque "una comisión del Congreso no puede interferir en el trabajo de la Justicia". La Unión Industrial, IDEA y el Colegio de Abogados de la Citi de Buenos Aires utilizaron el mismo argumento en sendas declaraciones. La objeción es idéntica a la que en 1983 acompañó la formación de la Conadep, y por las mismas razones, aunque la comisión no tiene atribuciones judiciales ni facultades punitivas y sólo podrá auxiliar a los tribunales mediante el aporte de la información que reúna. El Senado la convirtió en ley el 25 de noviembre y la presidente CFK la promulgó el 2 de diciembre durante un acto realizado en la EXMA. Sin embargo, transcurridos seis meses, ni Emilio Monzó ni Gabriela Michetti han convocado a la designación de los cinco diputados y cinco senadores que deberían integrarla. Cada vez que Recalde se lo recordó durante las sesiones del Congreso, Monzó guardó silencio. El viernes once organismos defensores de los Derechos Humanos (entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares, el CELS, la Asamblea y la Liga) reclamaron a Monzó y Michetti que pongan en marcha la comisión sin más demoras. La comisión podrá "instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación". También se crea en el Congreso un Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que ofrecerá al público los documentos que hubieran sido utilizados por la comisión para la elaboración de su informe final, que deberá terminar en seis meses, prorrogables por otros seis. Por lo visto, a la Alianza Cambiemos no le viene bien ningún semestre.
El anzuelo
Si el blanqueo es el objetivo principal del gobierno, la denominada reparación histórica a los jubilados constituye el anzuelo para pescar el apoyo de otros bloques. Pero también esa parte del proyecto tiene finalidades que no surgen a primera vista. La información oficial ha sido deliberadamente oscura y distintos funcionarios y voceros oficiosos han estimado a sus beneficiarios entre 1,8 y 2,5 millones de jubilados, algo que además de ser impreciso carece de sustento fáctico. La página de la ANSES en Internet afirma que a junio de 2015 había 5,3 millones de titulares con al menos una jubilación o pensión contributiva, que ordena según se ve en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Cuadro 2
Al analizar esta discrepancia, el ex Administrador Nacional de la Seguridad Social Amado Boudou detectó que el Cuadro 1 no registra beneficiarios sino beneficios y que el casillero "Igual a dos mínimas" se refiere a quienes además de una jubilación cobran también una pensión por el cónyuge fallecido, es decir que el número de beneficios en ese tramo es el doble. Cuando al total del cuadro 1 se suman esos casos, el total hace un año rozaba los 6 millones. Si a esa población se agregan las 220.000 nuevas jubilaciones otorgadas desde entonces de acuerdo con la ley general y las 500.000 que se incorporaron por moratoria, la cifra se aproxima a la del cuadro 2: 6,5 millones. Esto explica también por qué el haber medio de la liquidación que practica el SIPA es de 5.867 pesos, mientras la ANSES consigna 8.135 pesos, al calcular por beneficiario y no por beneficio.
Una vez desmalezadas las confusas cifras de ANSES, su antiguo titular estimó la pirámide real de haberes, que figura en el Cuadro 3.
Cuadro 3
Por último, graficó el haber medio de cada tramo y el monto que insume su pago. Para ello partió del promedio conocido de las mínimas, de 4.454 pesos mensuales, y estimó las más altas en 50.000 pesos de promedio. Esta distribución es consistente con la cantidad de mínimas, el monto total liquidado y el haber medio del sistema, como se representa en el cuadro 4:
Cuadro 4
Cotejando estos números con las previsiones contenidas en los distintos artículos del proyecto de ley y con la cantidad de juicios concluidos y en trámite, Boudou aprecia que sólo se modificará la situación de unos 700.000 jubilados, que se reclutan entre las categorías más altas. Si el anterior gobierno con las moratorias y la ley de actualización fortaleció la base de la pirámide, de modo que el 75,9 por ciento de los jubilados perciben la mínima y otro 14,9 por ciento hasta dos mínimas, el actual sólo propone mejoras para la reducida cúspide. Aunque esto sólo mejorará los ingresos de uno de cada diez jubilados para el Estado tendrá un altísimo costo, que pondrá en peligro la sustentabilidad de todo el sistema previsional. Si se pagaran los 380.000 casos que ya están en juicio, con una sentencia media de 400.000 pesos en una hipótesis conservadora, el stock a pagar ascendería a 152.000 millones de pesos, unos 10.000 millones de dólares. Pero además, suponiendo un ajuste medio de 4.500 pesos por caso, el nuevo flujo a erogar cada mes sería de 1.700 millones de pesos, o 22.230 millones más por año. Esto implica un 4,4 por ciento de aumento de la partida anual de jubilaciones y pensiones, que acabará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ni siquiera limitará la litigiosidad: el diario La Nación publicó una columna del abogado especializado en temas previsionales Adrián Tróccoli, quien sostiene que los jubilados deben informarse bien, porque quizás "haya diferencias significativas en el haber que se les ofrecerá y el que podrían obtener. Y, para una buena praxis, los abogados debemos ser absolutamente detallistas en cuanto a la existencia (y en su caso, a la cuantía) de algún derecho al que estarían renunciando los jubilados de firmar un acuerdo" (ya que el fallo Badaro no sólo reconoció el ajuste. También levantó el tope en el cálculo de jubilaciones). Al pie del artículo sólo falta la dirección y el teléfono de su estudio.
Como romper el siete
Con un gobierno tan amistoso, ni Techint ni el Grupo Clarín, ni los bancos Macro, Galicia o Francés, ni Telecom, Molinos, Edenor, Aluar o Transportadora de Gas del Sur tienen nada que temer, pero como todo puede cambiar, no quieren perder la oportunidad de desembarazarse del incómodo socio estatal que puede hurgar en sus balances y decisiones de inversión. Mientras el Frente para la Victoria se opuso a derogar la ley que impide vender las acciones de empresas privadas en poder del Estado, que las recibió dentro de la cartera de las ex AFJP, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista negociaron cambios al texto oficial. El dictamen de mayoría que acompañaron establece que esas acciones no podrán ser menos del 7 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, salvo con autorización del Congreso. Esto habilitaría, a valores de hoy, una venta de hasta la mitad de las tenencias accionarias. Pero también ese piso podría perforarse si se tratara de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a todos los accionistas y a un precio equitativo autorizado por la Comisión Nacional de Valores o en canje por otras acciones de la misma u otra sociedad en el marco de procesos de fusión, escisión o reorganización societaria. Además esa tenencia mínima del 7 por ciento del valor total del FGS se podrá componer de acciones, como hasta ahora, o de Obligaciones Negociables convertibles en acciones, que no otorgan derechos políticos. El tenedor es un simple acreedor de la sociedad, que puede extinguir esa deuda cuando se lo proponga. Un informe del ex director de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Girard, sostiene que como las tenencias de la ANSES en esas empresas son muy significativas (31,5 por ciento del Banco Macro, 26,03 por ciento de Siderar, más de 26 por ciento de Edenor y Transportadora de Gas del Sur, 24,99 por ciento de Telecom Argentina, 24,88 por ciento de Consultatio, 20 por ciento del Grupo Financiero Galicia y Molinos, por ejemplo) cualquiera de esas ventas obligaría a una Oferta Pública, según la vigente Ley 26.831. De hecho ya hay Ofertas Públicas de Adquisición de Telecom, por 11.000 millones de pesos; Transportadora de Gas del Sur, por 3.000 millones; Petrobrás, por 1.880 millones; Distribuidora de Gas Cuyana, por 233 millones y Solvay Indupa, por 122 millones. Si se aprobara el dictamen de mayoría, el FGS podría desprenderse inmediatamente de todas esas tenencias accionarias, que totalizan 16.235 millones de pesos, sin autorización del Congreso y sin que rija el límite inferior del 7 por ciento para la tenencias de acciones y ONs convertibles. Girard concluye que las modificaciones son sólo cosméticas y no servirán para impedir la liquidación de esas posiciones, que es otro de los objetivos estratégico de la ley. Otra meta que el gobierno no resignó fue permitir el blanqueo de tenencias en moneda extranjera en países con los cuales la Argentina no tenga un acuerdo de intercambio de información tributaria. Por ejemplo, Panamá. Bingo.
La nueva esclavitud
Por Horacio Verbitsky
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, expuso el sábado 4 en el Vaticano durante una conferencia internacional de jueces. Allí planteó "la necesidad de luchar contra lo que se denomina la nueva esclavitud del siglo XXI", que afecta "a las personas más vulnerables, los que tienen trabajo ilegal". El martes 7, ya de regreso en la Argentina, decretó que las personas más vulnerables pueden ser despedidas por su empleador si realizan medidas de fuerza no dispuestas por un sindicato reconocido por el Estado. Lorenzetti consiguió el voto de sus colegas Elena Highton y Juan Maqueda para su retrógrada lectura de que la Constitución sólo reconoce la huelga como un derecho de los gremios. Durante la audiencia pública sobre el caso convocada por la Corte en septiembre del año pasado, varios expositores destacaron que el derecho de huelga pertenece a los trabajadores y no a las organizaciones, sobre todo en un contexto de precariedad, en el que un tercio del empleo no es registrado, lo cual excluye el derecho a la afiliación sindical u obliga a encuadrarse en algún sindicato que no corresponde a la labor profesional realizada pero con personería gremial o inscripción en el registro oficial. En primera y segunda instancia la justicia le había dado la razón a Francisco Daniel Orellano, despedido por el Correo Oficial de la República Argentina por haber participado en reuniones "en el lugar de trabajo y durante la jornada habitual" que afectaron el desarrollo de la labor, lo cual produjo demoras en la entrega de piezas postales. Orellano denunció la represalia como un trato discriminatorio y reclamó la reincorporación a su puesto de trabajo. La Corte rechazó ese argumento y dijo que el "legítimo ejercicio del derecho de huelga" está subordinado a que lo haya dispuesto una organización inscripta en el registro estatal, cosa que no ocurrió en este caso. Esta interpretación originalista del artículo 14 bis de la Constitución Nacional cita como fuente doctrinaria las "Nociones de Derecho del Trabajo" del catedrático italiano Francesco Santoro-Pasarelli. Especialista en derecho privado, el católico liberal Santoro-Pasarelli pudo coexistir sin conflictos con el corporativismo fascista. Para que no quedaran dudas, Lorenzetti utilizó la traducción de su obra al castellano publicada en 1963 en la España de Franco. El fallo incurrió en un exceso de activismo, porque el Correo ya había reincorporado a Orellano en cumplimiento del fallo de Cámara. Los restos de la Corte autorizaron a la empresa a despedirlo nuevamente, argumentando que no puede considerarse gremios a "cualquier grupo informal de trabajadores". En aval de esa posición, Lorenzetti menciona varias exposiciones formuladas en la Convención Nacional Constituyente de 1957. Vale la pena recordar sus circunstancias: la dictadura emergente del cruento golpe de 1955 anuló por un decreto la Constitución Nacional y por otro convocó a su reforma. A raíz de la proscripción de la fuerza mayoritaria y del alto número de votos en blanco en la elección de constituyentes, aquella Convención funcionó en forma irregular y se levantó cuando una de las fracciones de la UCR que procuraba el apoyo peronista la dejó sin quórum para sesionar. El único artículo que llegó a modificar fue el 14, agregándole tres párrafos que luego fueron codificados con la numeración 14 bis. Una fracción radical, los socialistas, los conservadores, democristianos y demoprogresistas consagraron así en el papel todos los derechos del trabajador que el gobierno había eliminado en los hechos, porque eran obra de la demagogia y del tirano, como se decía entonces. En busca de apoyo para su interpretación, Lorenzetti citó el discurso en la Convención del constituyente radical entrerriano Luis María Jaureguiberry, para quien si la huelga se entendiera como el derecho de no trabajar "sería nada más que la facultad de holgar". Jaureguiberry fue uno de los radicales detenidos luego de la explosión de dos bombas entre la multitud durante un discurso de Perón en 1953. Otro constituyente radical, preso durante el peronismo invocado por Lorenzetti en su fallo, fue Ramón Edgardo Acuña, quien dijo que reconocer con mayor amplitud el derecho de huelga "puede llevar a la anarquía de la clase trabajadora en la postulación de sus reivindicaciones". Otra fuente del derecho lorenzettiano es el convencional socialista Enrique Corona Martínez para quien "los que decretan una huelga son los trabajadores organizados en un gremio y no los trabajadores anárquicos". Una expresión similar utilizó el también radical Ricardo Colombo, para quien "enunciar por vía constitucional la posibilidad del derecho anárquico de un trabajador de declarar la huelga" constituiría una "enormidad jurídica". Gracias a Dios el temible denunciante de la esclavitud del siglo XXI vela para que tal calamidad no aflija a la Patria.
Errores y Horrores
El cuadro de resultados de los primeros meses del gobierno del presidente Maurizio Macrì que se publicó el domingo no fue compilado por el académico argentino residente en Gran Bretaña Guillermo Makin, como se afirmó aquí. Makin lo circuló el 1° de junio en un mail similar a los que envía para difundir sus trabajos, sin aclarar que en este caso no era de su autoría. El mismo domingo, varios lectores atentos me hicieron saber que el trabajo pertenece al joven economista Hernán P. Herrera, colaborador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Lo publicó en su página personal http://yaesta.blogspot.com.ar/2016/05/el-pais-que-no-miramos.html el 31 de mayo, con el título "Exitosa salida del cepo", entre irónicas comillas. Makin me comunicó que él haría la aclaración, pero hasta ahora no recibí ningún nuevo mail suyo.
ENCUESTA EXCLUSIVA CAE LA IMAGEN DE MACRI Y DE
SUS POLÍTICAS ECONÓMICAS
Mal final del primer semestre
El rechazo al Presidente sigue aumentando y el 52 por ciento ya tiene una mala imagen de él y su gestión. De hecho, el 43 por ciento opina muy mal de Macri y dos tercios de los encuestados creen que les va a ir peor en el segundo semestre.
Por Raúl Kollmann
Al cumplirse seis meses del gobierno de Mauricio Macri, la imagen del Presidente sigue deteriorándose y aumenta la llamada brecha negativa: son cada vez más los que opinan mal o muy mal (52 por ciento) y son cada vez menos los que opinan bien o muy bien (45 por ciento). Lo más llamativo es que ya hay una proporción importantísima (43 por ciento) que opina muy mal del Presidente, es decir que están corridos a la postura más negativa. A diferencia de estudios anteriores, lo que se refleja en este sondeo es que los ciudadanos no tienen buenas expectativas para el segundo semestre. Nada menos que el 65 por ciento dice que en su casa, en su hogar, van a estar peor y apenas el 34 por ciento cree en lo que señala el gobierno de Cambiemos respecto de una mejora en lo que resta del año.
Las conclusiones surgen de una amplia encuesta realizada en forma exclusiva para Página/12 por la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera el sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1.200 personas de todo el país, respetando las proporciones por edad, sexo y nivel económico social. Hoy en día las encuestas son telefónicas porque es muy difícil acceder a los edificios de clase media, por razones de seguridad, y lo propio ocurre en los barrios más humildes. El CEOP no sólo cuenta con una inmensa base de teléfonos fijos sino también con una base enorme de celulares. Hoy por hoy es imposible acceder a la opinión de los sectores de menores recursos sin llegar a ellos a través de celulares. A lo largo de la llamada, preguntando por el trabajo que tiene el encuestado, por el lugar donde vive y otros aspectos, se puede distinguir a qué franja económica pertenece quien responde a la encuesta.
Las preocupaciones de los argentinos (en porcentajes)
Tendencia
Los estudios del CEOP evidenciaron antes que todos los demás el paulatino deterioro de la imagen del gobierno y del propio Mauricio Macri. La base, sin dudas, es que se evalúa como mala la marcha de la economía. Desde diciembre, Macri perdió doce puntos de imagen, venía de 58 y ahora está en 45,1, un dato que coincide con lo que ahora dice el resto de los sondeos. Algunos le adjudican 50 por ciento de imagen positiva, pero antes le otorgaban 64, es decir que la caída se verifica en casi todos los estudios.
"La inflación, más la marcha de la economía, se han convertido en las principales preocupaciones de los argentinos desde finales de 2015 –señala Bacman–. La curva de crecimiento de las críticas en los últimos seis meses es realmente impactante. Junto con la economía, otro de los grandes protagonistas de los desvelos de los argentinos en este semestre fue la desocupación. En el último trienio esta preocupación promedió alrededor del diez por ciento. Desde enero se detectó una progresión que lo ubicó en el último trimestre alrededor del 30 por ciento de preocupación. El dato por sí solo no hay que tomarlo a la ligera: el tema está instalado con fuerza, a tal punto que casi seis de cada diez argentinos reconocen ante los encuestadores que conocen a algún familiar, amigo, vecino que ha perdido su trabajo o debe soportar problemas con su trabajo. No queda duda alguna que para un alto porcentaje de la sociedad no es simple y sencillamente una sensación: es un problema real y concreto".
Resumen de expectativas para los próximos seis meses
Clave
Para la mayoría de los estudios realizados hasta ahora, la clave para Macri es que se mantienen las expectativas, es decir que la gente ve las cosas mal – impacta la inflación, el tarifazo, la caída en las ventas – pero supuestamente flota en el ambiente la esperanza de que las cosas van a mejorar.
En lo que siempre es un dato clave, la consultora que encabeza Bacman señala que, por primera vez, los encuestados están pesimistas respecto de lo que pasará en su hogar: 65 por ciento dice que en seis meses va a estar peor, económicamente hablando, en el ámbito de su familia. Pero, además, no hay optimismo en ninguno de los temas abordados por el CEOP. "Siempre en un contexto donde la percepción de que todo será peor es más alta," – analiza Bacman – "la evolución de la situación económica y la inflación son los aspectos que mejores porcentajes de expectativas poseen. En definitiva las expectativas positivas oscilan entre un 42 y un 44 por ciento; en tanto las negativas se ubican en porcentajes más altos que oscilan entre el 51 y el 55 por ciento. Los aspectos que más bajas expectativas despiertan son el aumento de la conflictividad social (66,5 por ciento), inseguridad y narcotráfico (64,7 por ciento) y desocupación (61 por ciento). Los valores en estos tres casos son tan contundentes en sí mismos que con solo expresarlos basta".
Segmentación actitudinal
Un dato de la realidad es que la sociedad está segmentada
El otro gran sostén del gobierno de Cambiemos es "la pesada herencia", es decir las críticas al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la constante exhibición de las excavadoras, las excursiones por Santa Cruz y el despliegue hasta de movimientos intrascendentes en la causa que tiene como imputado a Lázaro Báez. Pese a esa ofensiva, según la encuesta realizada por el CEOP, la imagen positiva de CFK sigue algo por encima del 41 por ciento.
Ciudades
El trabajo de Bacman analiza una variable inédita en los recientes estudios de opinión pública. "Una lectura más fina de los datos que contiene esta encuesta –señala el sociólogo– nos permitió descubrir una nueva variable que se convierte en la última clave para entender y explicar los resultados. Y este factor descansa en la cuestión demográfica: hoy el principal enojo y la mayor decepción con las promesas de campaña de Cambiemos se centran entre los habitantes de los grandes centros urbanos de nuestros país, circunscribiendo entre ellos al principal enclave demográfico, que es la región metropolitana, la ciudad y el Gran Buenos Aires y sus tres cordones. Entre la mayor parte de estos ciudadanos urbanos la realidad ha superado al deseo, el cambio dejó de ser un significante vacío y sus consecuencias no representan a la Argentina que ellos esperaban. En las ciudades más pequeñas y en el interior, todavía el deseo sigue latente, y la esperanza –aunque golpeada por algunas circunstancias– aún no está perdida de modo concluyente. Y esta fuerte dicotomía demográfica va más allá del género, la edad y hasta el nivel socioeconómico del entrevistado. En las grandes ciudades es donde más se siente la crisis y en donde también más les cuesta ver la luz al final del túnel".
Algunos economistas vienen abonando con datos esta mirada. Hubo una cierta bonanza relacionada con el campo a raíz de la quita de las retenciones y es lo que explica que en el mes de mayo, por ejemplo, se hayan vendido el doble de camionetas de gran porte que los autos chicos más tradicionales. Eso no pasó nunca hasta ahora.
Bacman se pregunta: "¿existe mal humor entre los argentinos? Al menos desde los resultados de esta última encuesta parece que sí y hasta ahora es creciente. Además, la conclusión es que el peor humor social es el que acompaña todos los días a los habitantes de las grandes ciudades de nuestro país".
raulkollmann@hotmail.comImagen de Mauricio Macri
Clase social e ideas políticas
Por Raúl Kollmann
Los que se autodefinen como opositores superan hoy a los oficialistas en casi quince puntos, habiendo en el medio una franja que se considera ni opositora ni oficialista. El vuelco es de importancia porque incluso en febrero los que se consideran oficialistas del gobierno de Cambiemos superaban a los opositores por cuatro puntos.
De acuerdo al análisis realizado por Roberto Bacman la transformación se produce esencialmente porque los votantes de Sergio Massa, que en diciembre se consideraban más cerca del oficialismo porque en su gran mayoría habían votado a Macri, con el correr de los meses pasaron a ser afines a una mirada opositora. Pero la explicación más de fondo pasa por los estratos socioeconómicos. "El agua corrió por debajo del puente:" – analiza Bacman – "seis meses después, con otra realidad, con la economía instalada en el centro de la escena y la inflación convertida en la principal preocupación, con el fantasma de la desocupación vuelto a surgir en el imaginario colectivo y un aumento de tarifas que sacudió a todos los sectores de la sociedad, la consecuencia empírica comienza a caer por su propio peso y la segmentación inicial se revirtió de manera notable: el segmento de los oficialistas descendió y el de los opositores escaló. Pero no hay que dejar de ver que los oficialistas conforman una pirámide inversa. De ellos, un 43 por ciento es de nivel alto, 31 por ciento de nivel medio y apenas un 25 por ciento de los estratos bajos. O sea que el apoyo entre los pobres ha ido cayendo fuertemente y lo que conserva Macri es el respaldo de los sectores de más dinero y de una parte de la clase media. Por el contrario, los opositores se acercan mucho más a la proporción por clase que existe en la sociedad: tan solo un 21 por ciento pertenecen al sector ABC1, 35 por ciento a la clase media y un nutrido 43 por ciento al sector más de menos recursos".
OPINIÓN
Patrón de conducta, conducta de patrones
Pegar primero y negociar después, la táctica del macrismo. Las tratativas democráticas por un lado, el creciente abuso de la ilegalidad. Vidal reforma por decreto el Código Penal, un ejemplo más. Un nuevo fallo de la Corte a gusto y paladar del macrismo. La velocidad y el sentido de la sentencia. Las reacciones que siguen y crecen. Un recuerdo de las matanzas de la dictadura "Libertadora".
Por Mario Wainfeld
El blanqueo, de entrada, iba a ser un oasis magnánimo para evasores, lavadores, comprendiendo a funcionarios de alto rango nacionales y provinciales, anche a legisladores. El gobierno fue acotando la generosidad, demasiado obvia para quien se le quemaron los papeles en Panamá. La discusión de ese capítulo de la ley ómnibus reitera un juego del roles entre el macrismo y las oposiciones. El Gobierno remite su proyecto, pletórico de planteos de máxima, la oposición complaciente objeta partes. Hay supresiones, correcciones, agregados. Las auto celebraciones vienen en combo: he ahí el diálogo, la capacidad de rectificación del oficialismo. A veces las descripciones halagadoras se asemejan a la realidad, en la mayoría de los casos no es para tanto.
Como la gimnasia se hace rutina, se entiende que la primera moción del macrismo prevé instancias de regateo: es un cebo ofertado para que se acepte lo principal, retractando accesorios.
De cualquier forma, los tiras y aflojes tienen su lógica. Las tratativas y transacciones son parte del sistema democrático. Lo central son el contenido de la ley ómnibus y la metodología legislativa elegida. Un proyecto tan enciclopédico es una trampa caza bobos que contiene otras pequeñas dentro, como una mamushka.
La mala praxis parlamentaria se agrava si se agregan nuevos artículos que deberían tratarse por separado. El debate en general será imperfecto, casi un simulacro. El debate en particular se asoma al riesgo de desnaturalizar el texto con tachaduras, zurcidos y parches. Una ley debe tener un grado alto de coherencia interna, pasible de ser desvirtuado cuando se meten muchas manos en un plato.
Los pedidos de máxima, negociables si hay reacciones, no son lo más grave. El problema central, la marca de fábrica, es cuando el presidente Mauricio Macri o su "equipo" deciden medidas ilegales o inconstitucionales. Pulsan las respuestas institucionales o sociales, eventualmente dan un paso atrás. Comentan que se incurrió en un "error" que los induce a nuevas auto alabanzas.
Claro que la legalidad o la inconstitucionalidad no son negociables. La recurrencia en quebrar esos límites es un patrón de conducta que revela la desaprensión M. Y da una pista acerca de cómo gobernaría el presidente Mauricio Macri si no mediaran contrapesos políticos y resistencias populares.
El Gobierno aguza la mirada, pone la lupa y percibe (escasos) "brotes verdes" en la economía. Los brotes autoritarios, evidentes y habituales, son invisibles a sus ojos. Un patrón de conducta y no una azarosa sumatoria de deslices.
El nombramiento por decreto de dos miembros de la Corte Suprema fue pionero. Lo siguen, cada vez con mayor frecuencia, otras acciones. Por ejemplo, los aumentos de tarifas de servicios públicos sin audiencia pública son ilícitos, más allá de la exorbitancia.
En la semana que hoy acaba, Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal se tiraron dos lances tremendos: tipificaron como delito divulgar informaciones sobre datos fiscales: "Mauricio" quiso colarlo en la ley ómnibus. "María Eugenia" en un decreto.
Esto dicho, la medida de la mandataria bonaerense es mucho más grave que la de su líder nacional. Criminalizar la libertad de expresión es siempre abominable, que la gobernadora reforme el Código Penal añade un plus de ilicitud: solo puede hacerse a través de una ley, del Congreso nacional.
Es ostensible que se arrogó facultades extraordinarias adrede, en consonancia temporal e ideológica con la "doctrina" sentada por el presidente, que fue denunciada por este diario. No pasó, porque alguien pegó el grito.
Los artículos respectivos, su lectura lo revela, fueron redactados por especialistas: hay menciones al Código penal, remisiones a otras normas, jerga técnica. No medió distracción sino intencionalidad.
Más excesos que errores: Los "errores" siempre se caen para el mismo lado, a derecha. El macrismo no incurrió en un exceso de compasión con los usuarios de servicios públicos. Ni se le filtró por negligencia una concesión a quienes investiguen hechos presuntamente amparados por el "secreto fiscal".
Las subas se destinan a mejorar la ecuación económica de las empresas. Lo explica bien Tomás Aguerre en un post del blog Artepolítica que citamos y glosamos acá. "Hay una apuesta concreta por recomponer los márgenes de rentabilidad sostenida en el presupuesto ideológico de que es la condición necesaria para que 'se realicen las inversiones'". No es forzoso sino una opción. El estado renuncia a exigir inversiones como contrapartida de la mejora de los ingresos, una cláusula habitual o sensata en cualquier país democrático. Enunciar que el aumento es "necesario" no convalida su magnitud ni la transigencia con las concesionarias.
Es indiciaria la conducta del gobierno que sigue apelando las medidas cautelares y no ha dictado todavía las nuevas reglas que pactó verbalmente con los gobernadores. En algunos terrenos, opera a toda velocidad. En otros, se toma su tiempo.
El cuadro tarifario es cuestionado por cientos de miles de ciudadanos, intendentes, gobernadores y asociaciones de defensa de consumidores. La atención a clubes de barrio, empresas recuperadas, pequeñas empresas privadas discurre con freno de mano puesto, en segundo plano. Pertenecer tiene sus privilegios.
Cresta Roja, dos versiones: Pocos días atrás, Macri anunció la reapertura de Cresta Roja, la solución para un problema complejo. Los trabajadores de la empresa protestan encadenados en la calle, afrontando el frío. La diversidad de pareceres, en asuntos así, dista de ser una polémica entre pares o algo para festejar. El Gobierno habla por un lado mientras retacea recursos que posee para apuntalar empresas en situaciones de crisis. Los Programas REPRO se amarretean. La subejecución es, de nuevo, premeditada porque se desea archivar la herramienta.
La diferencia con la gestión anterior es notoria. Otro es "el camino elegido" que ensalza el presidente aunque asumiendo que "muchos" sufren. Un relevamiento entre clases sociales ayudaría a precisar cómo se redistribuyen regresivamente el gozo y el sufrimiento.
Pro patronal, la Corte: Un gobierno de patrones acogió con placer la nueva ayudita de la Corte Suprema. El tribunal, minimizado por donde se lo mire, convalidó el despido de Francisco Orellano. Había sido echado por la Sociedad anónima Estatal Correo Argentino por haber participado en una huelga no convocada por el sindicato que representa a los trabajadores del sector.
El despido sucedió en 2009. La causa recaló en los altos estrados de la Corte en el año 2013. Las sentencias laborales de primera instancia y Cámara le habían dado la razón a Orellano. La segunda ordenó su reincorporación. En septiembre del año pasado, la Corte convocó a una audiencia pública. Los números cantan: tres años desde el comienzo del trámite en la Corte, seis meses desde la audiencia. Cero apuro demostraron antes los Supremos quienes se manejan con la prudencia y la velocidad de las tortugas. El tribunal es lento por idiosincrasia, los expedientes se eternizan. Si sigue vigente el proverbio "la Justicia lenta no es justicia", es diáfano que la Corte no la imparte casi nunca.
La Corte escogió este expediente entre la parva de expedientes añosos interviniendo en el contexto político. Emitió una señal pro patronal (valgan las dos palabras) que le cae como anillo al dedo al gobierno y a las empresas.
El núcleo de la decisión fue que el derecho de huelga es potestad exclusiva de los sindicatos. Restringirlo en extremo, justo ahora, derrocha intencionalidad y alineamiento. Refuerza el poder patronal y debilita el de los laburantes.
El Poder Judicial es tendencialmente pro cíclico en materia política, los Cortesanos dan el ejemplo. Orellano todavía trabaja en la empresa, ahora está en peligro de ser puesto de patitas en la calle.
El Tribunal podría sumarlo en su ábaco. Se cuentan por centenares los despedidos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) a quienes dejó a la intemperie en otro fallo vergonzoso, concomitante con la llegada de Macri al poder.
Esta misma semana, en Página/12, abogados laboralistas denunciaron en una columna la pésima gestión de Lorenzetti respecto de los tribunales del Trabajo. Presupuesto irrisorio, infraestructura caduca que maltrata a personas del común. Y hasta un sistema informático carísimo y de nula funcionalidad que el presidente de la Corte ordenó adquirir.
La floja sensibilidad de la Corte en materia laboral es proverbial, se agrava con su achicamiento por razones conocidas.
Mete pavor pensar que un abogado de corporaciones, Horacio Rosenkrantz, está en antesala para engrosar el cuerpo. No es que pueda empeorar mucho lo existente pero…
Abundancias y tácticas: El conflicto de intereses de funcionarios no es negociable porque la ley de Ética pública demarca límites innegables. El tópico es ajeno a la agenda del macrismo y sus adláteres periodísticos y académicos. Crece la dotación de personajes que regentean áreas vinculadas estrechamente a sus intereses. A los conocidos casos de los ministros Juan José Aranguren y Ricardo Buryaile se suma el nuevo CEO de YPF, Ricardo Darré, que hasta ayer tenía puesta la camiseta la petrolera francesa Total. Agarrate Catalina.
El Gobierno opera como un "neoliberalismo positivista" bautiza el antropólogo Alejandro Grimson. O como un vandorismo market friendly, pongalé: pega primero, ve si negocia después. Los damnificados por las políticas populares se han percatado y recurren, crecientemente, a la acción directa.
Los gurúes económicos del macrismo confían cada vez menos en la política monetaria del Banco Central para bajar la inflación. La clave para lograrlo es la recesión, un remedio peor que la enfermedad. El círculo vicioso de los ajustes acecha: reducción del consumo popular, del Producto Bruto Interno. Las suspensiones y la salvaje apertura de importaciones preanuncian que la segunda mitad del año será más pródiga en despidos que la primera.
La falta de una fuerza política que conjugue todos los reclamos es una ventaja coyuntural del macrismo. Las movilizaciones, las huelgas, los amparos, los cortes de calles comprueban que "la gente" no espera a ese Godot para protagonizar un abanico de protestas sectoriales.
El segundo semestre está al caer. Si llovieran dólares, posiblemente se escarcharían o harían nieve antes de tocar el suelo en casi todos los parajes de la República. El frío otoñal batió records, justo cuando el gas se fue a las nubes. El invierno será duro, con padeceres mal repartidos.
EL GOBIERNO LANZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL NUNCA MÁS
De vuelta a los dos demonios
El texto fue presentado como la reimpresión de la "edición original". Se eliminó el prólogo de 2006, que introdujo el concepto de que la dictadura implementó el terrorismo de Estado. La nueva versión coincide con lo que pregonan desde el PRO.
Por Alejandra Dandan
La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Nación presentó una "nueva edición" del Nunca Más durante la última Feria del Libro en el marco del 40° aniversario del golpe de Estado de 1976. Esta "nueva edición" no se difundió en los comunicados de prensa.
Fue presentada como la reimpresión de la "edición original" de 1985 en una mesa convocada bajo el nombre "Del Nunca Más a los nuevos derechos". Contiene el prólogo original de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pero se eliminó sigilosamente, como aquello que el gobierno viene intentando hacer en secreto, el texto elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en 2006 para el 30° aniversario del golpe. Durante la presentación, Claudio Avruj explicó que esta "edición" presenta al Informe "tal cual fue" "sin aditamento ideológico". Agregó que "era una deuda que teníamos desde la política, desde el Estado" e invitó a "pensarnos" en estos 33 años de la democracia para ver "qué aprendimos". El prólogo de 2006, buscó una filiación del kirchnerismo a la tradición alfonsinista de refundación de la democracia, pero es recordado sobre todo porque buscó corregir la doctrina de los dos demonios que recorría el prólogo original para re-encuadrar la teoría del terrorismo de Estado. Así, la nueva edición puede verse en clave de las disputas aún vigentes sobre las lecturas del pasado pero aquí parece avanzar sobre otra cosas. Una habilitación de este Estado macrista hacia la memoria de las dos violencias que, a veces con más disimulo y otras con menos, queda reflejado en los relatos de los funcionarios de primeras línea, en un contexto en el que a la vez busca su propia filiación con el alfonsinismo en aquello de la refundación de la democracia a tono con la posición corrosiva de la nueva derecha que segrega a los movimientos populares de la última década.
Avruj estuvo acompañado en la mesa por Graciela Fernández Meijide, de alguna manera representante de esos tiempos a dos bandas. Integró la Conadep de 1984, aparece aún como tributaria de las lecturas de la violencias contrapuestas de la transición democrática y – como ella mismo comunicó en la presentación – ahora integra el espacio Cambiemos. También estuvieron Norma Morandini y Alejandro Rozitchner, quien sin ponerse colorado habló de "la violencia y falta de respeto de los derechos humanos de los grupos insurgentes". Dijo: "No digo que tengan razón con el 'algo habrán hecho'" pero "falta una dilucidación profunda de las atrocidades de la década del 70".
¿Por qué la nueva gestión excluyó el prólogo de 2006? ¿Por qué no hizo, en todo caso, un nuevo prólogo? ¿Cuál es la intención de una edición que amputa no sólo un texto, sino el recorrido de los primeros 20 años de democracia? La mesa se presentó el domingo 8 de mayo. Entre el público, hubo señoras paquetas y funcionarios. Hablaron de los "familiares" de la primera fila, pero había dos y no eran de los organismos de derechos humanos. El libro estaba en la sala. La Secretaría fue obsequiando la reimpresión a celebridades que pasaron durante el mes de mayo por el stand de la Feria.
De acuerdo a la información de la editorial Eudeba, esta edición terminó de imprimirse en abril. Se imprimieron 3.500 ejemplares de la edición número 10, contando la primera de 1984. Hasta ahora, todas las reediciones que se hicieron desde 2006 incluyeron el prólogo de los 30 años. Ese era hasta aquí el texto oficial del Nunca Más, más allá de las polémicas que generó. En términos más generales, puede añadirse que la nueva edición abandona el tono más colorado de la edición de 2006 y vuelve al borravino de la primera tirada. Pero el único elemento que distingue a este nuevo libro, pese a todos los esfuerzos, del original es una faja de papel adosada a la portada: "Edición Original –dice–. Conmemorativa a 40 años del golpe de estado de 1976".
Página/12 consultó a un vocero de Avruj sobre al asunto. Desde allí explicaron: 1. Que la presentación fue una no-presentación dado que "sólo" se hizo un evento en el marco de la Feria del Libro en un espacio asignado a ministerios y organismos del Estado. Y 2. Que "no sacaron" el prólogo de 2006, que la idea no fue "agregar" ni "sacar nada", que el "problema" en realidad "lo tienen quienes en algún momento decidieron agregar" algo que no estaba.
Avruj fue el "moderador". Repitió tips del mundo PRO: "Lo hicimos 'junto' con Eudeba", dijo pese a que la editorial sólo edita no opina sobre los contenidos. "Los derechos humanos son de la 'gente'", agregó. Y dijo aquello de quitarle la ideología: "A 40 años del Golpe – afirmó–, presentamos esta reedición del Nunca Más tal cual fue, sin aditamento ideológico". Fernández Meijide se presentó como parte de ese espacio y trazó una línea de continuidad entre las agendas pendientes de derechos humanos. "Después de todo lo que nos pasó, el Nunca Más es un informe de un pedazo, de lo que se pudo reconstruir en 9 meses. Expresa Nunca Más al terrorismo de Estado, a la violencia institucional masiva y organizada para la persecución política. Nunca más a la violación de derechos fundamentales. Cuando nosotros peleábamos por esto, había hambre en este país, pero no había espacio para pedir por otros derechos". Y volvió a intervenir, en este caso para frenar a Rozitchner que arrancó con un supuesto reconocimiento del Estado terrorista, pero reclamó juicios a las organizaciones armadas mientras habló de "curros" y del Che Guevara. "Tengo una cierta molestia con el tema de los derechos humanos. Que me viene de esta especie de 'impostura del bien' al que quedó reducido el tema en los últimos años", dijo. "Ha habido un falseamiento de los sucesos de los '70". Son "chorros con la máscara del Che Guevara". Y agregó: "El terrorismo de Estado es espantoso y censurable. Pero también la violencia y falta de respeto de los derechos humanos de los grupos insurgentes. No digo que tengan razón con el 'algo habrán hecho'. Me refiero a los planteos de (Héctor) Leis y de Graciela de los últimos años. Falta una dilucidación profunda de las atrocidades de la década del 70".
Luis Alén fue subsecretario de Derechos Humanos de Nación entre 2003 y 2015, y parte del equipo que trabajó sobre el prólogo de los 30 años. El texto fue escrito por Eduardo Luis Duhalde, entonces a cargo de la Secretaría, y Rodolfo Mattarollo, entonces subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos. "Nosotros no cambiamos nada del texto original", dice Alén a este diario. "Hicimos el escrito en un contexto en el que se renegociaba el contrato con la editorial. Y no cambiamos nada, sino que agregamos un prólogo que decía que no estábamos de acuerdo con la doctrina de los demonios porque no se podía igualar nada a un terrorismo que opera al margen de toda ley para desatar el infierno y eso no se puede justificar señalando un juego de violencias cruzadas que es lo que hacía el prólogo del Nunca Más". Alén recuerda que la Conadep nunca pretendió concluir un informe definitivo después de los nueve meses de trabajo. "Luego de la presentación del primer Informe se siguió trabajando y el nuevo prólogo de 2006 también fue producto de ese trabajo que continuó. Fue poner la mirada del gobierno de ese momento, a los treinta años del golpe que además incluyó la actualización de los anexos".
Dos prólogos en pugna
El Informe Nunca Más es una suerte de texto icónico sobre las primeras lecturas de la dictadura. Producto de nueves meses de trabajo de una comisión de notables convocada por el gobierno de Raúl Alfonsín, entregó sus conclusiones el 20 de septiembre de 1984 en un informe entre cuyos hitos se encuentra haber demostrado por primera vez el carácter sistemático y masivo de la represión militar. Las pruebas incluyeron la verificación de 340 centros clandestinos de detención, acumularon más de 7.000 archivos en 50 mil páginas, una lista parcial de 8.960 personas desaparecidas y fueron la base del Juicio a las Juntas de 1985, pero además son hoy base de los juicios que se realizan en todo el país. Ahora bien, desde el comienzo el prólogo fue sujeto de polémicas.
El texto original presenta al terrorismo de Estado como efecto "infinitamente peor", pero como dice Alén, justificatorio de un juego de violencias cruzadas. "Durante la década del '70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda", dice el comienzo. Y luego: "A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos".
Mucho se escribió sobre esto. Pero quienes trabajaron en 2006, agrega Alén, no sólo estaban mirando ese texto sino lo que esa perspectiva ponía en juego. Estaban los dos decretos 157 y 158 de Raúl Alfonsín, que ordenaban enjuiciar a los jefes de las Juntas y de las organizaciones guerrilleras. Estaba la primera transmisión televisada del Informe en el que el entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli advirtió que Argentina había sido azotada por dos demonios. En el medio, estaba todo. La transición, las presiones de las Fuerzas Armadas. Y la emergencia, como dicen quienes trabajaron este texto, de la sociedad, y de la democracia, en el lugar de la tercera posición entre esos dos bandos.
Para el 2006, habían pasado 21 años. El nuevo texto además de hacer eje en aquella cuenta pendiente, situó entre los efectos de la dictadura la construcción de un nuevo modelo económico basado en la especulación y la exclusión. "Es preciso dejar claramente establecido –porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes– que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables."
El agregado generó enojos entre viejos integrantes de la Conadep. Magdalena Ruiz Guiñazú lo criticó al creer que habían sacado la firma de Ernesto Sabato del prólogo original. Pero el dato no era correcto: la editorial aclaró en un comunicado que, en realidad, la firma de Sabato nunca había estado en el prólogo original. En su informe anual 2007, el CELS también recordó que "algunos integrantes del partido radical plantearon que este prólogo intentaba negar la política de derechos humanos del primer gobierno democrático". Y que algunos miembros de la Conadep, "opinaron que se menospreciaba el trabajo realizado en los primeros años de transición y que el Nunca Más no avaló la teoría de los dos demonios".
Pero los organismos de derechos humanos dieron su apoyo al prólogo a través de una solicitada. Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fijaron su postura. "Los organismos de derechos humanos nunca estuvimos de acuerdo con el prólogo original del Nunca Más", aunque destacaron "la contundencia con que los hechos descritos en sus páginas daban cuenta de los horrores cometidos por el terrorismo de Estado". En ese contexto, expresaron su adhesión a la caracterización del terrorismo de Estado y el rechazo a la teoría de los demonios. Hebe de Bonafini también dio su apoyo. Luego de destacar que el trabajo del Nunca Más estuvo "claramente dirigidos a los delitos cometidos por el Estado terrorista y, en ese sentido, desde la concepción de las graves violaciones a los derechos humanos las víctimas estuvieron fuera de toda discusión política e ideológica", el Informe del CELS de 2007 agregó: "Dicho esto cabe reconocer que el prólogo del Nunca Más prefigura lo que se construyó en algunos hechos anteriores y en muchos posteriores como la teoría de los dos demonios: dos grupos violentos, de derecha y de izquierda, y una sociedad tercera, ajena e intachable ante el terror". En ese contexto, señalaron que cualquier reedición de un texto puede llevar un prólogo, criticaron en todo caso el tipo de comunicación pero entendieron como atribución legítima del nuevo gobierno "decir algo nuevo, sobre todo, en el contexto de los 30 años".
Lo que sucede ahora, en todo caso, no es sólo el problema del texto sino el contexto: como aquello que en 1984 había quedado dando vueltas por afuera del texto. "Si fuera un hecho aislado," – dice ahora Horacio Pietragalla – "uno podría pensar hasta que vuelven a las fuentes históricas. Pero uno no puede separarlo de la gestión del gobierno. Reciben a los familiares de los militares y son capaces de equivocarse porque unos piden una reunión y se la dan a otros, pensando que son lo mismo. Y cuando dicen que no quieren contenidos políticos también están negando el contenido de este Informe: nuestros padres y sus compañeros eran militantes políticos". Por eso, dice, la idea de tocar los símbolos de la "política" como lo es el Nunca Más no parece ingenuo: "Primero porque ellos entienden la política como lo sucio, vienen a 'gestionar' un país por afuera de la política, pero el problema aparece cuando entendés que las víctimas de la dictadura, por ejemplo, fueron perseguidos políticos, los secuestraron por hacer política y por militar políticamente. Para ellos un pueblo que piensa políticamente es un problema, porque ese pueblo entiende cuáles son sus intereses y la mirada ideológica, así, es una palabra enemiga".
Sesenta años después
Se cumplieron sesenta años desde la insurrección encabezada por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, sangrientamente reprimida por la dictadura autodenominada "Revolución Libertadora". Vale la pena volver a recomendar la lectura dos libros formidables, escritos poco después, cuando era pecado y riesgo denunciar las matanzas. El clásico Operación Masacre de Rodolfo Walsh y Mártires y verdugos de Salvador Ferla. Walsh es insuperable, por sus dotes de investigador, la calidad de la prosa y su trayectoria. Ferla, un italiano autodidacta venido de muy pibe a la Argentina es un revisionista de primer nivel, poco contemplado por los panteones afines y adversarios.
Walsh se concentra en el asesinato masivo contra civiles en los basurales de José León Suárez. Ferla aborda todos los fusilamientos, que totalizan 27 muertos en distintos escenarios.
La crueldad de los libertadores fue deliberada, comenta Ferla quien rescata un dato espeluznante: el gobierno usurpador envió a los familiares de las víctimas una nota diciendo "su esposo (o su hijo) han fallecido a consecuencia del decreto 10364". La burocracia del terror, la hipocresía de los criminales que se replicaría veinte años después. En 1956 "fallecieron" por un decreto, desde 1976 los desaparecidos eran una entelequia según la descripción del dictador genocida Jorge Rafael Videla.
En las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón hubo sendos levantamientos militares. El golpe en 1951 y el bombardeo que mató cientos de argentinos en Plaza de Mayo en junio de 1956. Las penas que aplicó el militar elegido por el pueblo fueron privativas de la libertad, jamás pensó en matarlos.
Los "libertadores" dictaron la Ley Marcial, o sea la aplicación inmediata del Código Militar y sus tribunales. Walsh y Ferla estudian caso por caso. El primero prueba que la difusión de la ley fue posterior al apresamiento de las víctimas en José León Suárez: no les era aplicable, igual los masacraron. Ferla afirma lo mismo respecto de 25 de los 27 ejecutados, por lo menos.
Un tribunal militar sometió a juicio sumarísimo a detenidos en Campo de Mayo. Los declaró culpables al uso milico: rapidito, sin derecho a defensa ni apelación. Un escrúpulo los frenó, resolvieron no aplicar la pena de muerte. Aramburu desconoció su propia legislación y ordenó el fusilamiento.
En su primer discurso ulterior, lamentó que se hubiera derramado sangre de argentinos. Evitó consignar que todos fueron de un bando. Casi no hubo enfrentamientos armados, el principal en La Plata, el que presenció Walsh, cuando según su palabra todavía lo atraían más la literatura y el ajedrez que la política.
El gobierno chantajeó públicamente a Valle, que se había refugiado en la casa de un amigo: hasta que no se entregara, no cesarían las matanzas. Valle se presentó a sabiendas de que le iba la vida en eso.
Los grandes diarios celebraron los crímenes. Los editoriales de La Nación y Clarín se exaltaron, sin atribularse por la efusión de sangre.
Hubo ejecutores materiales, algunos con sorpresa o hasta malestar por las órdenes "de arriba". Son inexcusables sus culpas y las más graves de los dictadores Aramburu y su vice Rojas. Pero la cadena de responsabilidades humanas y políticas no termina con ellos.
Obraron para defender un orden conservador que las conquistas del primer peronismo habían puesto en cuestión. Por eso es preciso llamar a esa y las siguientes dictaduras "cívico empresarial militar". La defensa cerril de intereses fue determinante de la represión. La oligarquía, pintó Walsh ,"esta temperamentalmente inclinada al asesinato". No por irracionalidad, al contrario.
El terrorismo de Estado en ese momento y en las dos dictaduras posteriores, fue racional. Una herramienta para cambiar la estructura productiva, desbaratar al estado benefactor y arrasar las conquistas que promovió o reconoció el movimiento popular, con mayoría peronista. Y barrer con las organizaciones y luchadores que defendían sus derechos. La barbarie a menudo tiene su terminal en personajes violentos, sádicos, funcionales a sus jefes directos o remotos. Pero fueron otras personas e instituciones más presentables las que primero instigaron los terrorismos de estado, luego fueron sus cómplices y sus encubridores, mientras pudieron.
La Penitenciaría donde fue fusilado Valle fue demolida. Hoy es una plaza bonita, en la que se recrean los vecinos, en buena hora. El sistema democrático está vigente, con vicisitudes, desde 1983. Preservarlo es imprescindible, tanto como saber que es una conquista colectiva y por ende siempre en peligro, un baluarte a defender.
La sangre derramada alecciona, como también proponía Walsh, para "no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos".
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