jueves, 16 de junio de 2016

Quieren que dejemos de creer y que nos dejemos de querer


jueves 16 de junio de 2016


OPINIÓN


Quieren que dejemos de creer y que nos dejemos de querer



Por      Sergio Zabalza    *

"Primero uno cede en las palabras y
después, poco a poco, en la cosa misma
."

Sigmund Freud


En su columna del domingo 22 de mayo, Horacio Verbitsky hablaba de un "mundo post fáctico" para referirse al abismo entre las palabras y las cosas que distingue al discurso oficial. Este tóxico verbal que vacía los bolsillos y ajusta los cinturones también enloquece a las personas. La palabra es un fenómeno que se da en el lazo social, basta que el semejante no reconozca el mensaje, para que la angustia se apodere del emisor. Así, cuando el dolor no encuentra un cauce sobrevienen las peores consecuencias subjetivas: aislamiento, ataques de pánico, culpa y depresión. Es que cuando el Otro no existe, la palabra no vale nada. De esta manera, si los totalitarismos de antaño te prohibían hablar, hoy el neo totalitarismo liberal te ordena hablar para que no digas nada. Un ejemplo es el show discursivo montado tras la detención de José López, en contraposición con el cuasi mutismo dedicado a los capitales que el establishment encabezado por el actual presidente de la Nación ha fugado hacia paraísos fiscales, para no mencionar los recientes negocios con el dólar a futuro. Un show armado, no sólo para ocultar que el proyecto político del actual gobierno es corrupto, sino para que dejemos de creer. Es que, precisamente, creer es la condición que rescata a las personas de la angustia, la depresión y el aislamiento.

Escribo estas líneas a pocos días del segundo semestre del año. Apenas asumió, el flamante gobierno anunció que los beneficios del brutal ajuste aplicado en diciembre se estarían manifestando en los próximos días: el alivio, la recuperación económica, la lluvia de inversiones: el Cambio. Lo cierto es que nada de eso se avizora en el horizonte. Escribo con pulóver y campera dentro de mi casa. Dicen que nos hicieron creer que podíamos tener calefacción, luz y agua sin pagar las tarifas, dicen que nos hicieron creer que podíamos comprar celulares y viajar al exterior, dicen que nos hicieron creer que los pobres podían dejar de ser pobres. No me parece mal creer, de hecho mucha gente le creyó a Mauricio Macri. Creer es la condición de posibilidad para una convivencia civilizada, sin la buena fe no hay palabra, para el más mínimo gesto de intercambio o negociación es necesaria cierta confianza en el Otro.

Desde este punto de vista, la palabra siempre es promesa. No se puede hablar sin creer, tampoco escribir (de hecho, ya me pude sacar la campera). Toda la cuestión está en la satisfacción en juego. Tan cierta es la hostilidad que experimenta la cría humana al llegar al mundo como el amor y la dependencia por ese Otro que alivia la urgencia del cuerpo. Es que habida cuenta de que no es el soma lo que está en juego sino un cuerpo afectado por un signo psíquico (una palabra, una caricia, un tono muscular, una sonrisa), la satisfacción está separada de la necesidad, el goce no se ajusta a los fines de la supervivencia. ("¿Si digo agua beberé, si digo pan comeré?", se preguntaba la poeta Alejandra Pizarnik). Luego: un canalla es quien saca provecho de que se puede gozar en el dolor. Terrible y oscura condición que nos distingue por sobre el resto de los seres vivos. Hace unos días el presidente recomendaba: "no crean lo que dice la oposición". Elijo escuchar "No crean, obedezcan". Cuando un pueblo deja de creer se transforma en un conjunto de individuos para los cuales ha quedado vedada la posibilidad del amor. Es como hablar con Goebbels.

*    Psicoanalista.















TODAS LAS FACCIONES DEL PERONISMO SALIERON A 

REPUDIAR LA CORRUPCIÓN DE JOSÉ LÓPEZ


"Un cachetazo a la democracia"



Desde el presidente del PJ y diputado José Luis Gioja hasta el líder de Miles,Luis D'Elía, coincidieron en la condena a la corrupción. Dolor, decepción, bronca, impotencia y la decisión de no dejarse vencer aunó todas las opiniones.       
       La conducción del PJ, encabezada por José Luis Gioja, condenó todo hecho de corrupción.

El caso de José López sigue generando repercusiones en el peronismo, y ayer distintos referentes continuaron repudiando al ex secretario de Obras Públicas, al tiempo que advertían sobre otros actos de corrupción por parte de funcionarios del actual gobierno. Desde el presidente del Partido Justicialista, hasta el dirigente territorial Luis D'Elía, todo el espectro ideológico de ese espacio coincidió en condenar al ex funcionario que fue atrapado intentando ocultar casi nueve millones de dólares en efectivo.
En el Congreso, un microbloque de cuatro diputados misioneros, incluyendo al ex gobernador Maurice Closs, anunció su alejamiento del bloque del Frente para la Victoria, aunque dijeron que la decisión no está vinculada al caso López y que seguirán actuando en coordinación con la conducción de la bancada que encabeza Héctor Recalde.
Los delitos cometidos por el ex secretario de Obras Públicas son "una cachetada a la democracia", dijo ayer José Luis Gioja. "Esperamos que la justicia actúe rápidamente y que esto se pueda aclarar lo más pronto posible, porque la democracia y las instituciones necesitan respuestas rápidas y que estas cosas se aclaren de la mejor manera", agregó el diputado sanjuanino.
Su sucesor en la gobernación sanjuanida, Sergio Uñac, consideró que López "es un pésimo ejemplo y un hecho absolutamente repudiable, pertenezca al proyecto político al que pertenezca", al tiempo que aclaró que "lo que hay que condenar es el hecho en sí y no la pertenencia partidaria". Para Uñac, "cualquiera que tenga este tipo de actitud debe ser repudiado y sometido a la Justicia como corresponde, que de hecho es lo que se está haciendo".
El gobernador coincidió así con su rival en la interna peronista de esa provincia, el senador Ruperto Godoy, que opinó que el caso "afecta al Frente para la Victoria y a la política" y sugirió que el ex ministro de Planificación Julio De Vido que debe "despojarse de sus fueros para que no haya ningún impedimento y pueda someterse a la Justicia como lo haría cualquier ciudadano".
Desde las antípodas del Frente para la Victoria, el referente de Miles Luis D'Elía también condendó a López. "Es un hijo de mil puta que se tiene que pudrir en la cárcel", dijo, fiel a su estilo. "Éste es un episodio que a mi juicio no la roza a Cristina. Ella eligió no tener fueros, lo que habla de su honestidad y de una persona que está con la conciencia tranquila", aseguró el dirigente territorial.
Por su parte, el senador por la provincia de Buenos Aires Juan Manuel Abal Medina aseguró que "el peronismo no puede tolerar" que existan prácticas como las de López en el seno del partido. "Fue un hecho aberrante, vergonzoso y lamentable – aseguró el ex jefe de Gabinete –. El peronismo tiene que mostrar con mucha claridad que no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de hechos y que no puede tolerar que exista este tipo de prácticas, sean del partido o del que sea".
El ex ministro de Defensa y actual diputado de Parlasur, Agustín Rossi, en tanto, descartó que este caso afecte en el largo plazo al peronismo."Si algunos creen que con este hecho nos están decretando la muerte política, les digo que se equivocan, es puro voluntarismo, nosotros metabolizaremos, sabremos sobrellevar, aunque nos afecta, nos pega, nos duele, nos da bronca, sentimos impotencia, pero no vamos a dejar que una situación así nos lleve puestos", dijo.
El legislador y referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, pidió a su vez que "no haya impunidad" porque López "además de robarse 9 millones de dólares, se robó la esperanza de miles de argentinos que no se llevan nada de la política" y agregó que este caso "permite que la Justicia investigue quiénes fueron sus cómplices y quiénes fueron las empresas privadas, del cartel de constructores, que se beneficiaron de esta corrupción".
Por último, la diputada Juliana Di Tullio, admitió sentir "bronca e impotencia" pero agregó: "La autoridad moral de dos ex presidentes que llevaron a este país a mejorar la calidad de vida de la gente está intacta y no se las va a quitar José López, como tampoco a mí y a los militantes. No tienen que pagar justos por pecadores".













GASTÓN CHILLIER, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

LEGALES Y SOCIALES (CELS)


"Hay medidas que nos ponen en alerta"


El organismo de derechos humanos presentará hoy su informe anual, que incluye un análisis sobre los primeros meses de la gestión macrista. Alarma por los retrocesos en el área de inteligencia y por los despidos masivos.


El Centro de Estudios Legales y Sociales estiró el cierre de su informe anual sobre derechos humanos y agregó a su análisis sobre las políticas públicas de 2015 los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri.
El resultado fue un estudio que no cae en la comparación de gestiones, que hace críticas al gobierno de Cristina Fernández y que, tras repasar las medidas tomadas durante los primeros cien días de la presidencia macrista, enciende algunas alarmas: "Es temprano aún para decir que todo está mucho peor que antes, pero hay un montón de medidas que llaman la atención y nos ponen en alerta", resumió Gastón Chillier, el director del organismo, horas antes de la presentación del informe, que se llevará a cabo esta tarde en Caras y Caretas (Sarmiento 2037).
-¿Creen necesario en la coyuntura actual hacer hincapié en que los derechos humanos no se circunscriben a las violaciones de la última dictadura?
–Siempre fue así para nosotros. Buscamos reafirmar la posición del CELS: la agenda de derechos humanos es tanto la que atañe a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, como la que atañe a las violaciones sistemáticas y masivas generadas por el núcleo duro del Estado: fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario. Un núcleo que a pesar de los 32 años de la recuperación de la democracia sigue siendo un problema medular para los derechos humanos pero también una amenaza a la estabilidad democrática.
-¿Se puede entender el panorama actual como de retroceso en materia de derechos humanos?
–Si bien es prematuro aún sacar conclusiones en términos de mejor-peor, no tenemos dudas de que los derechos humanos no tendrán en esta gestión la centralidad que tuvieron en los gobiernos kirchneristas, aún con todo lo que les criticamos. Los últimos 12 años fueron de ampliación de derechos. La gestión de Cambiemos ha tomado varias medidas que preocupan. El fuerte ajuste social y económico, despidos masivos en el Estado, van en contra de políticas de inclusión. Eso, sumado a algunas decisiones sobre el núcleo del esquema que conforman la seguridad, el servicio penitenciario, de inteligencia y de Fuerzas Armadas son una gran llamada de atención para seguir monitoreando qué hará el gobierno en esas áreas.
-Entre los ejes de análisis aparece el sistema de inteligencia. ¿Por qué es importante mirar hacia allí en términos de protección de derechos humanos?
–Vemos con mucha gravedad las nuevas medidas, como el decreto 656/2016 (publicado el 9 de mayo pasado) que deroga el decreto reglamentario de la ley que creó la AFI, vuelve al secreto y a la cultura de opacidad de la vieja SIDE. Es peligroso porque crea el marco para volver a las viejas prácticas de los servicios que estuvieron en el medio de todos los escándalos institucionales de la vida política de Argentina desde la recuperación de la democracia. Hay una clara regresión respecto de lo que fue un avance normativo de la reforma de inteligencia –a mediados de 2015– y su decreto reglamentario, tan demorado. La reforma del sistema de inteligencia, sobre todo en cuanto a la reserva de sus recursos, era una deuda que tenía el gobierno desde la gestión de Néstor Kirchner. Kirchner fue corresponsable del estado al cual se llegó en términos de inteligencia por incumplir durante una década con un compromiso que había adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito del atentado a la AMIA. El escándalo de la no prevención de la bomba a la AMIA y el encubrimiento posterior basados en el uso de sistema de reserva y de no rendición de cuentas de los servicios de inteligencia es lo que la gestión de Cambiemos está reconstruyendo, un monstruo, con el objetivo de seguir perpetuando la ineficacia y la violación permanente de derechos de toda la ciudadanía.
-Advierten preocupación en la política sobre el narcotráfico ¿lo ven como otra señal de alarma?
–Esta gestión, al poner la lucha contra el narcotráfico como una prioridad, volvió a afianzar el vínculo con Estados Unidos y sus agencias de seguridad dedicadas al tema. Si consideramos que las políticas actuales en términos discursivos, sobre todo si se escucha al presidente o (Mauricio Macri) de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), concluimos en que hay una sobredimensión del problema, con un diagnóstico débil y pobre, y un único objetivo: el endurecimiento de las políticas de Estado, el sistema penal y de las fuerzas de seguridad. Eso es grave y no solucionará el problema.
–Toman la detención de la titular de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y el protocolo de actuación ante manifestaciones como dos ejes alarmantes en torno de la postura estatal frente al reclamo social. ¿Entienden esos elementos como parte de una estrategia política general?
–Veníamos diciendo que en sus últimos años el kirchnerismo había perforado los umbrales en términos de represión de la protesta y debilitado la política virtuosa del principios de 2003 en adelante. Las medidas que tomó hasta ahora este nuevo gobierno, como lo de Sala, el protocolo y la represión a protestas de trabajadores (Cresta Roja, estatales en La Plata) encendieron la alarma en torno de la criminalización de la protesta social. Como en el resto del mundo, la protesta en la Argentina se ha convertido en una herramienta de reclamo de derechos, en general, de los sectores excluidos. Todas estas medidas tienen un objetivo, el disciplinamiento. Y nos preocupan, más aún, en contexto de medidas económicas y sociales cuyo impacto en derechos humanos profundizan la desigualdad y afectan sobre todo a esos sectores, los que necesitan protestar: son ellos los que ven la cara del Estado más violenta.
–Dos panelistas de la presentación del informe son dirigentes sindicales (Abel Furlán, de la UOM; y Daniel Catalano, de ATE-Capital). ¿Es una toma de postura frente al disciplinamiento del que habla?
–Durante los últimos años trabajamos con sindicatos para promover políticas contra la precarización y tercerización, el trabajo informal. Pero ahora la agenda está dedicada por completo a defender el trabajo en general. Los despidos, tanto estatales como en el sector privado, como consecuencia del ajuste brutal, se han transformado en una prioridad y el sindicalismo, en cualquiera de sus vertientes, es un actor clave. Nos preocupa el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada que legitima el derecho a la huelga sólo para los trabajadores sindicalizados.
–¿Cómo analizan la agenda de derechos humanos en términos de los crímenes de última dictadura?
–Más allá del desmantelamiento de algunas áreas, en el marco del desmantelamiento del Estado en general, como la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad o la del Banco Central, por ahora no vemos medidas vayan en contra de los juicios de lesa humanidad. Creemos que el gobierno se dio cuenta de la tremenda visibilidad internacional que tiene Argentina, su proceso de justicia y las políticas de estado para mantener viva la memoria sobre la tragedia del terrorismo de Estado, lo cual no deja ningún margen para retroceder. Dicho eso, queda claro que a más de seis meses de haberse votado la creación de una comisión bicameral para lo que creemos que es una tarea pendiente en el proceso de memoria, verdad y justicia, que es la investigación de la complicidad civil y dentro de ella la de empresarios en crímenes de lesa humanidad, la comisión no ha sido conformada. Por otro lado, si bien no somos tan alarmistas como otros espacios en cuanto al decreto que regresa algunas atribuciones a las Fuerzas Armadas, cuando se lo sumamos a la adquisición de armamentos y la retórica del discurso del día de Ejército del Presidente, invitando a las fuerzas a cooperar en la lucha contra el terrorismo, entendemos que hay una ambigüedad complicada que nos preocupa. No vaya a ser que atrás de todo esto aparezca el fin de una política de estado de división entre Seguridad y Defensa y la prohibición legal de las fuerzas en seguridad interior. Por el momento, estamos en alerta.
















HISTÓRICA DECLARACIÓN DE LA OEA SOBRE DERECHOS

INDÍGENAS EN EL CONTINENTE


Nueva base para los reclamos



La OEA aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que busca proteger la cultura y las costumbres de las comunidades originarias en la región. El texto obligará a los Estados miembro a adecuar sus legislaciones.
Tras 17 años de negociaciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que busca proteger la cultura y costumbres de las comunidades originarias. El documento reconoce la organización colectiva, el carácter pluricultural y multilingüe de los más de 50 millones de indígenas que se calcula que habitan en el continente americano. Además, obligará a los Estados miembro a revisar su legislación. "Es un momento histórico", consideró Héctor Huertas, abogado del pueblo Kuna en Panamá.
Con la intención de asegurar la amplia participación de representantes de pueblos indígenas, desde 1999 la OEA comenzó a trabajar en las negociaciones para elaborar un documento que garantice los derechos de todas las comunidades. Ese día llegó ayer, cuando durante las sesiones de la Asamblea General n° 46 del organismo en Santo Domingo, los 34 países miembros aprobaron el documento.
"Es la primera vez que la OEA reconoce un conjunto de derechos de los pueblos indígenas que seguramente están sentando las bases para que exista una nueva relación" con los Estados, señaló Huertas. Para el panameño, "será de suma importancia para salir de la marginación, de la pobreza, de la exclusión, de la colonización en la que hemos estado y que podamos entrar en una etapa de crecimiento y desarrollo sostenible tal como fue establecido a nivel de Naciones Unidas" en 2007.
El documento reafirma el derecho al reconocimiento legal de las distintas modalidades de posesión y dominio de territorios y propiedad de los pueblos indígenas. Con su aprobación también se reconoce la libertad espiritual y religiosa de las comunidades originarias y se exige a los Estados que adopten medidas efectivas para "asegurar que sus sitios sagrados, inclusive sitios de sepultura, sean preservados, respetados y protegidos". En relación a su educación, garantiza su derecho a "aplicar sus propios programas, instituciones e instalaciones educacionales", siendo los Estados quienes deban asegurar su acceso.
Para Adelfo Regino, de Servicios del Pueblo Mixe (México), "algunos estados estaban empecinados en limitar los derechos humanos de los pueblos indígenas", lo que explica la larga espera de la aprobación del instrumento jurídico. Regino hizo un "reconocimiento a todos los Estados que han mostrado su voluntad y disposición política" y destacó el hecho de que la Declaración "fue construida con participación de los pueblos indígenas".
El representante del pueblo mixe explicó que la Declaración busca que los Estados hagan cambios para que busquen nuevos modelos legislativos que contemplen los derechos de los pueblos indígenas. Los países "tienen que reformar constituciones, legislaciones y darle participación más efectiva para que los pueblos originarios puedan tener un desarrollo acorde a su cultura y a su cosmovisión", concluyó.


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