jueves, 30 de junio de 2016

EL JUBILADO DE TROYA


JUEVES 30 DE JUNIO DE 2016




EL SENADO CONVIRTIÓ EN LEY EL MEGAPROYECTO DE 

BLANQUEO, REFORMAS IMPOSITIVA Y PREVISIONAL Y PAGO

DE DEUDAS A JUBILADOS


Con el jubilado adelante y el fugador detrás



Cambiemos logró convertir en ley el megaproyecto que reúne al menos cinco leyes en una. Detrás de la supuesta "reparación histórica" a jubilados, se votó el perdón para los capitales fugados sin declarar y exenciones de impuestos a grandes patrimonios.                               El proyecto oficialista fue acompañado por el bloque justicialista, que                                                                             junto a radicales y PRO logró reunir 56 votos a favor.

El Senado convirtió ayer en ley el paquete de medidas que incluyó el Gobierno como un único proyecto, con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención. La ley ómnibus de pago de sentencias y retroactivos a jubilados y actualización de haberes previsionales y blanqueo de capitales contó con el apoyo clave del Bloque Justicialista y de los senadores puntanos, además de los votos que sumaron el radicalismo y el PRO para la alianza Cambiemos. El rechazo provino del kirchnerismo duro, en el cual se encuentran las cuatro senadoras de La Cámpora (María de los Angeles Sacnun, Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón y Virginia García). También votaron en contra por el FPV: Marcelo Fuentes, Ruperto Godoy, Nancy González, María Inés Pilatti, Sandra Giménez y María Ester Labado. Se sumó Carmen Crexell, del Movimiento Popular Neuquino. El oficialismo no aceptó ningún tipo de modificaciones al proyecto. La mayor resistencia de la oposición, incluso de los que votaron favorablemente en el tratamiento general, se concentró en el blanqueo y en los criterios para administrar el fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses, lo que quedaría plasmado en el acompañamiento de cada bloque en la votación en particular de cada artículo.
El paquete contempla la liquidación de los juicios de jubilados, la actualización de haberes previsionales y una pensión por vejez que permite a partir de los 65 años percibir el 80 por ciento de la mínima. Todo esto se financiará con dinero del blanqueo incluido en el proyecto, las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, cuando haga falta, con la venta de las acciones que posee Anses en empresas privadas. Este punto es el más resistido entre los legisladores de la oposición, junto con el alcance y el sentido de la oportunidad del blanqueo. También incluye una moratoria impositiva, ratifica los acuerdos por la devolución del 15 por ciento de Coparticipación a las provincias que se destinaba a la Anses, cambios y reducción para el pago de Bienes Personales y el traspaso de la Unidad de Información Financiera (UIF) al ámbito del Ministerio de Hacienda (ver aparte).
La sesión en Senado comenzó con un homenaje al ex presidente Arturo Illía en conmemoración de los 50 años de su derrocamiento. Mientras tanto, en las puertas del Congreso representantes de distintos gremios se manifestaban por el riesgo de destrucción del sistema de seguridad social. "Esta ley hace peligrar fuertemente las jubilaciones docentes, tanto de las cajas nacionales como de las provinciales. El sistema que quieren instalar no tiene en cuenta las tareas que desempeñan los trabajadores. Un sistema no solidario no admite la existencia de regímenes de jubilaciones especiales, algo que para los docentes quedó demostrado entre 1994 y 2005", explicó a este diario el secretario general de UTE, Eduardo López, luego de hablar en un palco emplazado sobre la avenida Callao.

Debate

La estructura del proyecto, cuyo mascaron de proa fue el pago a los jubilados, contiene detrás una serie de medidas que fueron muy cuestionadas durante el debate. Dentro del paquete se incluyó el acuerdo con las provincias por la devolución del 15 por ciento de Coparticipación y el financiamiento del déficit de las cajas previsionales. Esto le permitió al macrismo poner en caja a varios senadores que buscaron mantener a salvo esos acuerdos. "Eso fue una maniobra y un movimiento de extorsión en el paquete. Al incluir el tema de las provincias en este proyecto, los senadores manifiestan oponerse a un montón de medidas, como al blanqueo, pero apoyan la medida por esos acuerdos", criticó el sanjuanino Ruperto Godoy (PJ-FPV). "Detrás del chocolate había frutos envenenados", agregó el senador de Unen, Fernando "Pino" Solanas, en su habitualmente pintoresca alocución, tras la cual anunció que se abstendría a la votación en general y en particular.
El chaqueño (PJ-FPV) Eduardo Aguilar alertó sobre el artículo 27, que habla de la compensación del Estado nacional a las provincias que no transfirieron sus cajas. El artículo condiciona esas transferencias a que las provincias evidencien avances en el proceso de armonización de los aportes. También destacó que el proyecto más que duplica el déficit anual de la Anses.
El otro punto criticado fue que se defina en el primer capítulo de la ley la emergencia en materia de litigio previsional. Los senadores del PJ-FPV rechazaron que haya una emergencia en un sistema que permitió alcanzar un nivel de cobertura del 98 por ciento. "Hubo más de tres millones de jubilados que se incorporaron en un esquema de inclusión social y no de asistencialismo, como plantea el proyecto", opinó la formoseña María Graciela de la Rosa (PJ FPV), quien consideró que "la emergencia y el título (del proyecto) de reparación histórica sólo encubre el blanqueo". "Basta de hablar de reparación histórica. Con el gobierno anterior hubo amas de casas que se pudieron jubilar y se otorgaron pensiones no contributivas. Eso es reparación histórica", agregó la jujeña Liliana Fellner (PJ-FPV). El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (PJ La Pampa) afirmó que "la cuestión previsional no se agota sólo en esta ley". "Una reparación histórica integral se logra con un paquete de leyes y políticas públicas", consideró el senador pampeano.
El tema del perdón fiscal por el blanqueo fue el que recibió más críticas durante las exposiciones y uno de los artículos menos votado en el tratamiento en particular. La misionera Sandra Giménez denunció que el blanqueo favorece a "los amigos de Cambiemos". "Los amigos que no cumplieron con su palabra, no liquidaron la soja ni repatriaron sus capitales, ahora extorsionan al Gobierno" para abrir el blanqueo, advirtió Giménez, quien días atrás abandonó el FPV. Por su parte, la santafesina María de los Angeles Sancnun (La Cámpora) atribuyó el blanqueo al fracaso de "la lluvia de dólares que habían prometido cuando mandaron al Congreso la ley para pagarle a los fondos buitre".
El radicalismo defendió el proyecto haciendo hincapié en el pago de fallos y actualización a jubilados. El radical Alfredo Martínez sostuvo que el objetivo es "evitar que sigan proliferando juicios". Lo mismo hizo su par mendocino Julio Cobos, quien intentó justificar, pero sin éxito, el motivo por el cual el oficialismo haya presentado todas las iniciativas en un solo paquete, y agregó que se busca "terminar de hacer peregrinar a los jubilados por los palacios de Justicia". El presidente del bloque PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto, recordó que "en los últimos años se dispuso entre 10.000 y 12.000 millones de pesos anuales promedio que se aplicaban para el pago sentencias a jubilados". "Esperemos que se cumplimente el proyecto", sumó el legislador rionegrino. Por último, la santacruceña María Labado (PJ-FPV) recordó que los términos "emergencia previsional" y "sinceramiento fiscal" se utilizaron durante el menemismo y significaron la excusa para privatizar el sistema jubilatorio.
















AUMENTO A JUBILADOS, BLANQUEO Y MORATORIA


Las claves de la ley aprobada


Pago a jubilados. El núcleo del proyecto es la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional, que permite al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron contra la Anses por la mala liquidación de sus haberes. Este acuerdo implicará el cese del litigio a cambio de un pago en dos partes, mitad en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales consecutivas que se irán actualizando. Se crea también una Pensión Universal a la Vejez, con la cual podrán jubilarse hombres y mujeres que no tienen todos los aportes a partir de los 65 años, cobrando el 80 por ciento del haber mínimo. No obstante, se prorrogó por tres años la moratoria previsional para mujeres y por un año para hombres, con lo cual la pensión a la vejez no entraría en vigencia hasta el año próximo para hombres. Los recursos provendrán de los fondos del blanqueo que irán al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También se habilita la venta de acciones que la Anses tiene en empresas privadas para hacer frente a los pagos en caso de requerirlo. La venta se limitó a que la tenencia en acciones no sea inferior al 7 por ciento de la cartera de la Anses.
Blanqueo. El blanqueo de capitales tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2017. La operatoria no incluye el ingreso del dinero al país sino sólo su declaración, sobre la cual se cobraría un punitorio. Si el total de bienes a exteriorizar es de hasta 305 mil pesos, se podrá blanquear a costo cero; hasta los 800 mil pesos, deberá pagarse un impuesto del 5 por ciento; y si es mayor a 800 mil, el impuesto es del 10 por ciento hasta el 31 de diciembre próximo y del 15 por ciento si se produce el primer trimestre de 2017. Fueron excluidos los funcionarios públicos, cónyuges, padres e hijos menores emancipados de esos funcionarios y los condenados por delitos tributarios con sentencia firme, entre otros casos.
Coparticipación e impuestos. La ley establece que la Nación financie el déficit de las cajas previsionales, extendiendo durante 90 meses la moratoria a 13 provincias que no las transfirieron. El oficialismo accedió a no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la comisión bicameral que crea el proyecto. De todos modos, se mantiene la modificación gradual de los mínimos no imponibles de 305 mil a 800 mil pesos este año, a 950 mil en 2017, con una alícuota sobre el excedente del 0,5 por ciento; y a 1,5 millón en 2018, con una alícuota de 0,25 por ciento. El proyecto oficial incluye también una amplia moratoria tributaria, de la seguridad social y aduanera que contempla un descuento de 15 por ciento sobre el capital si la deuda se paga al contado o la opción de cancelar el 5 por ciento de la deuda y el resto en 60 cuotas con un interés mensual de 1,5 por ciento. Otro de los cambios es la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima.












 OPINIÓN

El destino oculto del ómnibus fantasma


Por      Raúl Dellatorre

El gobierno de Cambiemos logró imponer un paquete de reformas impositivas y previsionales a través de un sólo instrumento, una ley ómnibus que logró el apoyo de dos bloques opositores con un mínimo sacrificio sobre el objetivo de máxima, el proyecto original. Los beneficios serán mucho más restringidos de lo que se promete, y los costos ocultos demasiado importantes. Sobran argumentos para sostener que la llamada "ley de reparación histórica previsional" puede herir de muerte al sistema de seguridad social.
A través de un solo proyecto, el poder ejecutivo logró hacer pasar por el Congreso un blanqueo de capitales, un régimen de regularización de deudas tributarias, la eliminación gravámenes a los activos de las personas de mayor patrimonio (Bienes Personales) y de las empresas que los poseen pero no los aplican a la actividad productiva (Ganancia Mínima Presunta), la privatización encubierta de participaciones accionarias en poder de Anses y la legitimación de los acuerdos firmados con los gobernadores para la restitución paulatina del 15 por ciento de la coparticipación que se le asignaba a Anses. Todo ello, bajo el paraguas de una reforma previsional que, con el argumento de pagar "una deuda histórica", reformulará el cálculo de haberes y cancelación de juicios en beneficio de una minoría y poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema.
La mayoría de esas reformas no habrían logrado aprobación en el Congreso si llegaban por separado. La eliminación de impuestos sobre los activos es retrógrada. El blanqueo de capitales favorecerá a quienes fugaron u ocultaron sus activos líquidos, sin ni siquiera obligar a repatriarlos. A la luz de los nombres involucrados en los Panama Papers, hay quien la califica como "autoamnnistía".
Lo más preocupante, sin embargo, es lo que hay oculto detrás de la reforma previsional. El sistema de cancelación de juicios promete el pago del 50 por ciento de la deuda a los beneficiarios con sentencia firme o en trámite (a éstos, con quita) al contado, que representará un desembolso de unos cien mil millones de pesos este año, según especialistas en economía fiscal. Los ajustes de haberes a quienes le asiste el derecho pero no hicieron demanda insumiría otros 85 mil millones anuales, según estimación del gobierno.
El dinero saldría de los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del blanqueo, lo que a todas luces no alcanza. Eso deja abierto dos caminos: el endeudamiento o la liquidación de activos del FGS. El Gobierno echará mano a ambos, debilitando el sistema. Y aún queda otro paso: la ley votada preserva la existencia de "un régimen público y de reparto", pero no le da carácter único y exclusivo. El régimen mixto, con la opción por un sistema de capitalización, es el objeto del deseo que tentará a los aportantes más ricos, la "crema" del sistema previsional. Otra forma de vaciarlo a mediano plazo.












SUSPENDIERON LA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL

PJ FORMARÁN UNA COMISIÓN DE ACCIÓN POLÍTICA


Para que la sangre no llegue al río



Estaba convocada para esta tarde y tenía en su temario tentativo la discusión sobre la separación de los bloques legislativos. Pero prefirieron posponerla para evitar un debate en caliente y derivaron el tema a una comisión.
                              La conducción que encabezan José Luis Gioja y Daniel Scioli buscó                                                                                          evitar un cruce de reproches.
Al final, el Partido Justicialista suspendió la reunión del Consejo Nacional que iba a reunirse hoy. "Atento a la realidad que se vive en los bloques parlamentarios (diputados, senadores y Parlasur)", la cúpula del justicialismo resolvió "formar una Comisión de Acción Política, integrada por los gobernadores justicialistas" para analizar la situación, informaron en un comunicado desde la comandancia peronista que puso nueva fecha para el encuentro para dentro de quince días. Sin embargo, según trascendió, mantendrán el plan para conformar bloques del PJ por fuera del Frente para la Victoria.
"El secretario político del Consejo Nacional realizará un profundo análisis de la situación planteada en las representaciones parlamentarias", señalaron en el comunicado en el que plantean un trabajo conjunto de la comisión con el senador Miguel Angel Pichetto, actual secretario político del PJ. Se dilata así la conformación oficial del bloque del PJ que promueven sectores ligados a los gobernadores, que intentan reorganizar el partido en la nueva etapa como oposición política. "El kirchnerismo ya no conduce nada y el PJ tiene que tomar las riendas", señaló a Página/12 un dirigente peronista de este sector, poniendo sobre la mesa el plan puesto en marcha por las nuevas autoridades partidarias.
La idea de "deskirchnerizar" el PJ comenzó el mismo momento en el que se perdieron las elecciones presidenciales y en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Con algunos sectores internos esperando un guiño o una señal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para erigirla como líder natural del movimiento peronista, que tuvo un esbozo de respuesta en el acto que encabezó Cristina Kirchner frente a los tribunales de Comodoro Py, la facción de los gobernadores y algunos intendentes empujan la salida del PJ del FpV. Así sucedió primero con un grupo de 15 legisladores encabezado por Diego Bossio en la Cámara de Diputados, la semana pasada con otros 6 diputados del Movimiento Evita y el martes en el Parlasur.
"La reunión iba a ser en un momento demasiado caliente. Gobernadores y algunos dirigentes de todo el país pidieron que suspenda el encuentro", explicaron a Página/12 en el PJ. El objetivo de la conducción partidaria desde que asumieron el sanjuanino José Luis Gioja y el bonaerense Daniel Scioli fue intentar "abrir el partido para que vuelvan todos los que se habían ido alejando por diferentes razones", señaló un dirigente peronista que se encuentra en medio del debate interno. "Se está trabajando para no romper. La unidad es lo más importante en este momento, a pesar de que lo que vamos a implementar es un reacomodamiento en los lugares donde el PJ tiene representación", aseguró dejando en claro que la idea de conformar el interbloque PJ, por fuera del FpV, se mantiene a pesar de la suspensión del encuentro.
"No vamos a dejar de interactuar con los compañeros del FpV, pero sí vamos a conformar nuestro propio bloque", destacó el dirigente confirmando la tendencia que se aceleró depués del escándalo que desató la detención del ex secretario de Obras Públicas, José López. "Tenemos que reorganizar el partido. Las elecciones fueron un golpe muy fuerte y los casos de corrupción vienen apretando los tiempos", señalaban los justicialistas en su argumentación. El rearmado del partido contempla la vuelta de pesos pesados como el cordobés José Manuel de la Sota, el bonaerense Felipe Solá y, un poco más lejos, el tigrense Sergio Massa, todos con grandes diferencias con el kirchnerismo durante los últimos años.
En el PJ explicaban que el objetivo del nuevo reordenamiento parlamentario será "tener una coherencia entre la línea conductora partidaria, la CGT unificada, y que lo institucional se refleje en la actividad legislativa para ser una oposición dialoguista y constructiva sin dejar de marcar los errores al Gobierno y plantearle alternativas a cada medida desde una mirada peronista". A esta línea, los dirigentes kirchneristas – el martes habló el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich – la consideran "funcional" a los intereses del oficialismo.












Una puerta giratoria


El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, comparó al peronismo con "una enorme puerta giratoria", por lo que no descartó que puedan volver dirigentes como el ex gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, o el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Urtubey también sostuvo que el PJ transita "un proceso de profunda renovación" y evaluó que "es inevitable" que se generen rupturas como las que sufrió recientemente el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria. "Es inevitable que eso va a suceder. Cuando se tiene posiciones tan diferentes en tantos temas es un proceso casi espontáneo", dijo Urtubey, uno de los peronistas con mejor relación con el gobierno de Mauricio Macri.













EL MACRISMO RETOMARÁ SU AVANZADA SOBRE GILS CARBÓ

EN AGOSTO


Una reforma que entra en receso



Fracasó el intento de dictaminar sobre la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Tras una reunión de Monzó con Massa, Pichetto y Urtubey, acordaron cambios al proyecto, que acorta el mandato del procurador a cinco años.

                   Cambiemos busca acotar el mandato de Gils Carbó para expulsarla                        del cargo lo antes posible.

La reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal deberá esperar al menos un mes más. La reunión de comisiones en la que Cambiemos esperaba firmar dictamen se cayó ayer por "falta de consenso" en la Cámara de Diputados. El radical Diego Mestre, titular de la Comisión de Justicia, reveló que "no están dados los acuerdos suficientes" para avanzar con la iniciativa, que incorporó varias modificaciones al proyecto original presentado por el ministro Justicia, Germán Garavano. Fuentes de Cambiemos señalaron que el principal obstáculo fue la falta de tiempo para negociar con el Frente Renovador, aunque se mostraron confiados en que cerrarán las conversaciones luego del receso extraoficial del Congreso en julio. El punto central para el oficialismo es acortar el mandato de la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, a quien buscó pero no logró remover por otros medios. En esa línea, ayer Elisa Carrió volvió a presentar su pedido de juicio político a la jefa de los fiscales.
La reunión conjunta de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, que ya se había reprogramado para ayer por la tarde, volverá a citarse recién la primer semana de agosto. El macrismo intentó apurarse para aprobar el proyecto en Diputados antes del receso pero no le alcanzó. En una cumbre entre el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y las espadas del sector "dialoguista" del PJ en el Senado, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey, consiguieron incorporar varios cambios al ambicioso proyecto del Ejecutivo para correr de la escena a Gils Carbó.
El punto central del borrador sigue siendo el mismo: acotar el mandato del Procurador a cinco años, que ahora será prorrogable por otros cinco y con la necesidad de ratificar el acuerdo de los dos tercios del Senado. En caso de aprobarse, la discusión girará sobre si es constitucional aplicar esa nueva ley al mandato en curso, o si debe entrar en vigencia a partir del próximo titular del Ministerio Público Fiscal. Y aún en caso de que se le aplique a Gils Carbó, también hay dudas respecto de cuándo comenzarían a correr los cinco años, si al momento de la designación de la funcionaria o al momento de la sanción de la ley. Este tema seguramente provocará una judicialización de la norma, a menos que se encuentre alguna salida política antes.
Dos fuentes de Cambiemos ratificaron a Página/12 que sus intenciones son las de máxima: que la ley se aplique al mandato actual y que los cinco años se comiencen a contar desde 2012. "Casi todas las provincias tienen mandatos con límite temporal. Y no creo que sea inconstitucional que se le aplique al mandato actual", señaló un diputado macrista involucrado en el mundo judicial.
En el camino quedó el intento por crear cuatro subprocuraciones, como pretendía Garavano para licuar el poder de la jefa de los fiscales. Este punto no despertaba mayor entusiasmo, ni siquiera entre los aliados de Cambiemos.
El peronismo en el Senado logró incorporar otras cuestiones que le otorgarán más poder. Por ejemplo, para la remoción del procurador será necesario el voto de los dos tercios de los senadores presentes, algo que desde el regreso de la democracia es imposible de alcanzar sin el aval de, al menos, un sector del PJ. La acusación para la remoción no deberá partir de la Cámara de Diputados, sino de un dictamen de la comisión bicameral de control del ministerio público, que el massismo ya tiene acordado con el macrismo: la presidencia será para Graciela Camaño. Fuentes parlamentarias señalaban que el Frente Renovador pretendía que se designara a Camaño antes de votarle la reforma al oficialismo por temor a que luego no se cumpliera el acuerdo. "Nosotros cumplimos nuestros compromisos", aseguró un legislador nacional de la bancada oficialista.
Otro cambio que servirá a los intereses del macrismo es la incorporación de nuevas atribuciones al Consejo General del Ministerio Público Fiscal, que se le restarán a la Procuradora. De todas maneras, el peronismo logró meter allí un cambio, la incorporación de dos representantes de la Cámara alta y dos de la Cámara Baja.
Al igual que el Congreso, el tema entrará en un impasse hasta agosto. Mientras tanto, continuarán las conversaciones informales para avanzar sobre un actor molesto para el oficialismo en terreno judicial.        












                 
LA OPOSICIÓN RECLAMA LA RENUNCIA DE LA SECRETARIA

DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


A Alonso le quieren sacar la roja



Los pedidos surgieron luego de que aconsejara a los funcionarios cómo eludir conflictos de intereses. Martín Doñate, del FpV, presentará en Diputados un proyecto para que el Ejecutivo la desplace. María Teresa García pidió su interpelación.
                             Laura Alonso también recibió cuestionamientos de sus propios socios.

Luego de que la secretaria de la lucha contra la corrupción, Laura Alonso, ofreció consejos a otros funcionarios para eludir los posibles conflictos de intereses, salieron a pedir su renuncia. El diputado kirchnerista Martín Doñate adelantó que hoy pedirá una moción de preferencia para que se trate un pedido al Ejecutivo de que la desplace. En tanto, la diputada María Teresa García presentó un pedido de interpelación para que la funcionaria concurra al Congreso a dar explicaciones.
Con un perfil ultramacrista, Alonso ocupó la Oficina Anticorrupción luego de que el presidente Mauricio Macri modificara por decreto los requisitos para que pudiera asumir sin ser abogada. Desde entonces, diversos dirigentes opositores la cuestionaron por su escaso interés en investigar las empresas offshore que el mandatario no declaró o distintas incompatibilidades de funcionarios que vienen de empresas que fueron beneficiadas por decisiones del Gobierno.
Acorralada, Alonso llegó a reconocer que el caso del ex Shell Juan José Aranguren como ministro de Energía "es complicado". Ante la aparición de los Panama Papers, fue la primera en salir a defender al Presidente y asegurar que no había delito. También se ocupó de justificar que partes del contrato con Chevron se mantuvieran en secreto, pese a que como opositora había cuestionado esa decisión del Gobierno anterior.
El último episodio fue esta semana, cuando la funcionaria le aconsejó a los funcionarios la forma de eludir la Ley de Etica Pública. Les indicó que ante la duda de que pueda existir un conflicto de intereses en una decisión "deleguen la firma hacia arriba o hacia el costado". Quizás esta haya sido la gota que rebalsó el vaso.
La diputada García presentó un pedido de interpelación para que Alonso concurra a contestar las preguntas de los legisladores, en particular, sobre el asesoramiento que brindó a funcionarios sobre la Ley de Etica Pública. El diputado Doñate, en tanto, aseguró que pedirá en la sesión de hoy que se trata sobre tablas un pedido al Ejecutivo para que sea removida del cargo "debido a sus reiterados incumplimientos en los casos que involucran al Presidente de la Nación y distintos ministros del gobierno de Cambiemos". Doñate advirtió que la iniciativa "estará en línea no sólo con el pensamiento que tenemos desde el FpV respecto del actuar de la funcionaria, sino además con las posiciones expresadas en declaraciones públicas por distintos dirigentes y bloques del arco opositor".
Entre otros dirigentes que se expresaron en forma crítica a la gestión de Alonso, está la diputada massista Graciela Camaño, quien dijo que la actitud de Alonso de salir a cuestionar la filtración de los Panama Papers "habla a las claras de que cuando Macri la nombró buscaba autoprotegerse". De la misma forma, Felipe Solá afirmó que "Laura Alonso ha transformado a la Oficina Anticorrupción en una oficina de defensa del Presidente. No está capacitada para estar ahí".
Por su parte, Margarita Stolbizer afirmó en su momento que "debería haber una persona con mayor grado de autonomía respecto al Gobierno". "Me parece que es una actuación que no está acorde a lo que la ciudadanía espera de la Oficina Anticorrupción, se lo dije al Presidente la única vez que me entrevisté con él. Yo a Alonso la respeto, es integra y capaz, pero me parece que es una persona partidaria", destacó. "Es un mamarracho. No puede ser una dependencia del Gobierno, ¿es una broma? Tiene que controlar la transparencia y la honestidad de la función pública, es un disparate", sostuvo Pino Solanas, de Proyecto Sur.
Con la defensa de Macri ante los Panama Papers, Alonso incluso se ganó las críticas de algunos aliados, como el radical Ricardo Gil Lavedra: "Un funcionario que está a cargo precisamente de esa oficina, no puede salir a hablar de esa manera." En tanto, Elisa Carrió la fustigó por no difundir el contrato de Chevron: "No me parece republicano que alguien se niegue a mostrar contratos."













JOSÉ LUIS MAULÍN, EL NIETO RECUPERADO 120, DECLARA 

HOY ANTE LA JUSTICIA QUE LE NIEGA SU IDENTIDAD


"Este apoyo me da la energía que necesito"



En 2009 José Luis corroboró que era hijo de Luisa Pratto y Rubén Maulín, secuestrados durante la dictadura. La Justicia de Santa Fe todavía no le permite usar su identidad. Hoy contará su historia en el juicio a su apropiadora.

Luisa Pratto iba por el cuarto mes de embarazo cuando una patota integrada por miembros de la III Brigada Aérea de Reconquista irrumpió en su casa de esa ciudad de Santa Fe, en octubre de 1976. Después de destrozar todo, lo que era habitual, la patota se llevó secuestrados a su marido, Rubén Maulín, quien militaba por entonces en el PRT, y a la madre de éste, Elena Schoesting. La dejaron sola junto a sus otros dos hijos, Walter, de dos años y medio y Gisella, de uno. Durante los meses siguientes de gestación, Luisa fue violada y torturada enfrente de sus hijos, en su propia casa. Tenía 25 años. El 26 de marzo de 1977, dio a luz un varón. Fue en un sanatorio privado local, el Reconquista, al que sólo accedían las familias de la oligarquía de la provincia. Todo estaba arreglado: en el Reconquista, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora de su hijo, Cecilia Góngora de Segretín, y su bebé anotado como José Luis Segretín Góngora, por el apellido del apropiador José Angel Góngora. En el Registro Civil, el niño fue inscripto bajo un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa Nasatsky de Martino. Esa es la primera parte de la historia detrás del nieto recuperado 120, José Luis Mauilín Pratto, quien tras recobrar su identidad en 2009 todavía da la lucha en la justicia santafesina para que le reconozcan no sólo su verdadero nombre sino también su filiación familiar. Antes de contar toda su historia hoy por primera vez ante el Tribunal Oral de Santa Fe en el marco de la causa contra los apropiadores, José Luis fue presentado ayer por Abuelas de Plaza de Mayo. "Este apoyo me da toda la energía que necesito para ir por la verdad", contó a Página/12 tras la conferencia de prensa que compartió en la sede del organismo ayer por la tarde junto a buena parte de su familia.
"A pesar de que pasaron 39 años, conmigo se sigue cometiendo el mismo delito", dijo el nieto recuperado 120 ante los micrófonos, sentado al lado de Estela de Carlotto. Como adelantó este diario, busca una sentencia de la justicia santafesina que le permita llevar su verdadero nombre y su filiación familiar, algo que se le viene negando desde fines de 2009, cuando conoció su identidad. Hoy, declara por primera vez ante el juez en la causa que se sigue contra Cecilia Góngora de Segretín, su apropiadora, y la partera Elsa Nasatsky de Martino (el tercer acusado era el jefe del centro clandestino que operó en la III Brigada de Reconquista, comodoro Danilo Sambuelli, fallecido en diciembre de 2014 mientras cumplía condena por crímenes de Lesa Humanidad). "Estoy esperanzado, eso es lo que siento hoy acá, en este lugar increíble", contó, mientras a su alrededor no cesaba la ceremonia de los abrazos, las sonrisas y las fotos entre los suyos.
El juicio oral arrancó el último jueves. El mes pasado, él mismo dejó una carta ante el Tribunal Oral: "Soy José Luis Maulín, pero estoy obligado aún a nombrarme como José Luis Segretín", rezaba la carta. Entonces recibió el llamado de Abuelas. "Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la Asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica", explicaba ayer un comunicado del organismo. El nieto 120 viajó el martes a la noche desde Reconquista, donde vive con sus dos hijos, para poder estar en la conferencia de prensa, y salió rápidamente de vuelta para declarar hoy. "Es un sueño poder estar acá, con Estela y con las Abuelas, gente muy querible para mí. Es una alegría, aunque siempre digo que ojalá nunca hubiera pasado lo que pasó para que hoy esté acá", le dijo a este diario.
Luisa y Rubén, sus padres, sobrevivieron. Una vez que recuperaron la libertad, comenzaron a buscarlo. Tenían un dato clave: el nombre y apellido de los apropiadores. La lucha fue ardua. "Llevamos tres décadas buscando la verdad", contó su hermano Walter". "Empezamos en los 80, sin todas las herramientas ni la estructura que tienen hoy los organismos de Derechos Humanos y con una sociedad que quizás no tenía todavía el grado de conciencia que tiene hoy sobre lo que pasó. Fue muy doloroso, mis viejos casi van en cana ellos", describió.
A fines de los 80, una vecina de la pareja acercó el dato clave con la dirección de los apropiadores. Fueron entonces a reclamar por él, pero se encontraron con amenazas. Tiempo después, la hermana mayor de José Luis, Gisela, se enteró de que tenía un compañero de escuela de apellido Segretín. Hicieron falta declaraciones en la Justicia en 2008, la reapertura de la causa (cerrada en los 90, por el secuestro de Luisa y Rubén), y una jugada entrevista en una radio de la ciudad para que José Luis terminara de decidirse a sacarse las dudas sobre su identidad que ya lo asediaban desde chico, que surgieron por las diferencias físicas con sus padres y a partir de las versiones incongruentes de los apropiadores ante sus preguntas: llegaron a decirle que era fruto de una relación extramatrimonial de Segretín. "A partir de la entrevista en la radio, yo tomo conocimiento de que una mujer buscaba un hijo así y asá, y yo sabía que era yo", contó José Luis ayer.
En 2009, con la certeza de la prueba de ADN, se produjo el reencuentro. Fue un fiscal santafesino, quien a pesar de las trabas judiciales, le permitió hacerse la prueba de sangre. "No puede ser que el Estado le niegue lo que ya se sabe", reclamó Estela de Carlotto. A pesar de la intensa búsqueda de sus padres, el caso de José Luis no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo. "Es un caso extraño y único. Es una víctima del terrorismo de Estado, robado, criado en cautiverio y privado de su libertad. Por lo tanto es un nieto", explicó Carlotto.
La demora de la Justicia en reconocer la identidad de José Luis, fue atribuida por Estela de Carlotto a que los apropiadores son civiles. "Se trata de una cuestión política e ideológica que intenta tapar la complicidad civil con el terrorismo de Estado", afirmó. Por eso fue presentado ayer, en vísperas de su declaración ante la justicia. "Que tengas mucha suerte mañana (por hoy), no dejes de contarnos las novedades", lo despidió la presidenta de Abuelas anoche.













La masacre de San Patricio


La comunidad palotina conmemorará este fin de semana el 40° aniversario del asesinato, durante el terrorismo de Estado, de cinco sacerdotes en la iglesia de San Patricio. Las actividades comenzarán hoy e incluirán servicios religiosos, caminatas y vigilias. Bajo el lema "juntos vivieron y juntos murieron. Hoy son luz y vida", se realizará hoy una conferencia de prensa en la parroquia de San Patricio, en Estomba 1942. Participarán amigos y compañeros de los sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Dufau y Alfredo Kelly, y los estudiantes Salvador Barbeito y Emilio Barletti, asesinados por un grupo de tareas el 4 de julio de 1976. El domingo habrá una marcha desde la ESMA hasta la parroquia. Y el lunes 4 habrá una misa oficiada por el cardenal Mario Poli.












APURAN LA SALIDA DEL DIPUTADO QUE SOSTIENE QUE LAS 

'CHICAS POBRES SE EMBARAZAN POR UN SUBSIDIO'.


Una renuncia en medio del escándalo



El radical Julián Dindart, del bloque Cambiemos, renunciará a la presidencia de la Comisión de Familia y Mujer, informó su colega Eduardo Amadeo. Página/12 reveló ayer que el legislador había insistido en sus dichos en la reunión del martes pasado
.                  El ahora diputado esbozó por primera vez en público sus dichos                                             misóginos cuando era ministro de Salud de Corrientes.

Por       Horacio Cecchi

Con el único logro de haber reunido a prácticamente todas las mujeres en su contra, el diputado radical de Cambiemos, Julián Dindart, renunció (fue renunciado) a la presidencia de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, después de haber defendido su teoría de que la Asignación Universal por Hijo es un estímulo estatal al embarazo porque –dice que es obvio– las mujeres de bajos recursos quieren tener hijos para cobrar la asignación. La renuncia no fue formalizada pero fue anunciada "en un plazo de 48 horas" por un par de género y de cambio, Eduardo Amadeo, como lo más conveniente para el funcionamiento de las reuniones, porque "tiene problemas personales y es una comisión muy complicada".
Dieciocho semanas pasaron desde la apertura del período parlamentario, el 1º de marzo, es decir, al menos 18 oportunidades de Dindart para convocar a reunión de comisión para tratar temáticas propias. Sin embargo, la de este martes 28 de junio fue la primera del año. Temas para debatir había y hay. La emergencia en violencia de género, la licencia a la mujer víctima de violencia, el aborto, la ley de educación sexual, incluso la separación de la comisión en dos comisiones, independizando el área de Mujer y género del resto. Y ni siquiera pudo realizarse la reunión porque Dindart, como presidente, decidió apartarse del temario agendado para pasar a defenderse de las críticas que recibió por su teoría de la changa estatal de los embarazos y, de paso, volver a arrimar la teoría del embarazo subsidiado tal como reveló ayer Página/12. "Estoy orgulloso de formar esta comisión aunque ustedes me tiren con todas las macetas", llegó a articular el ex ministro de Salud de Corrientes.
El escándalo que se desató en una comisión conformada mayoritariamente por mujeres imposibilitó cualquier debate.
"A mí no me gustó, yo no estoy de acuerdo para nada."  – buscó subrayar ayer Eduardo Amadeo –  "Me parece que Dindart se equivoca con ese planteo. De todos modos, seamos justos, hay muchísima gente que piensa eso", dijo Amadeo con un sentido particular de la justicia. "El es libre de decir lo que quiera. Lo que sucedió ayer (por el martes) es que el cien por ciento de la comisión no estuvo de acuerdo y por eso se planteó esta situación."  – agregó Amadeo y comentó –  "De todos modos me parece que Dindart no va a seguir en la comisión, porque además él tiene problemas personales. La comisión es muy densa, está bastante complicada, hay que dedicarle mucho tiempo, y Dindart no está en condiciones en este momento de dedicárselo."
La lectura de Amadeo sobre el estado de situación es sugerente. Dindart y su teoría sobre el embarazo para paliar la canasta provoca escándalo, atrae a los medios y pone los temas de debate en el ojo de la sociedad, y eso, muchos no lo quieren. Prefieren resolver en silencio y entre bambalinas.
La justificación de Amadeo no llegó a evitar los airados reclamos que se sucedieron a partir de la publicación de la nota en este diario.
La diputada por el Frente de Izquierda de Mendoza, Soledad Sosa, calificó de "animales" las declaraciones de su colega en la Cámara: "Muchos de los embarazos en niñas y adolescentes son producto de violaciones o abusos, es aberrante decir que lo hacen por la AUH. Pedimos la remoción de Dindart desde principios de año, cuando nos enteramos que se iba a hacer cargo de la Comisión", manifestó Sosa.
Claro, Dindart atrae los objetivos de las cámaras desde al menos hace cuatro años. Como ministro de Salud de Corrientes, en el contexto de la difusión de un embarazo de riesgo de una nena de 10 años en su provincia, Dindart sostuvo que "algunas se embarazan porque tienen un recurso económico como premio".
La coordinadora Nacional de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Raquel Vivanco, recordó que en 2012 exigieron la renuncia de Dindart como ministro de Salud de la provincia de Corrientes "debido a las desafortunadas declaraciones realizadas ante los casos de dos niñas que fueron abusadas y debieron cursar embarazos como consecuencia de dichos abusos, En ese momento dijo que las niñas se embarazaban para cobrar un plan, terrible afirmación que el martes en plena reunión de la Comisión de Familia del Congreso de la Nación, de la que es presidente, volvió a ratificar y ampliar luego de hacer retirar a la prensa", remarcó Vivanco. Y aseguró: "Con sus dichos revictimiza a las mujeres y a las niñas que provienen de los sectores más vulnerados y vuelve a violentarlas, ninguna mujer se embaraza para cobrar un plan, mucho menos las niñas abusadas, por esto debe renunciar a la presidencia de la Comisión de manera urgente".
La diputada del FpV Cristina Alvarez Rodríguez dijo a Página/12 que "queremos que se vote la emergencia de género, que vino aprobada por unanimidad desde el Senado. También el de la campaña nacional sobre prevención de la violencia de género; las pulseras antiviolentos, la integración de las listas una y uno: Presentamos 12 proyectos sobre género desde marzo y nunca pudieron ser tratados. Es insostenible que la comisión no se reúna. Otra cosa importante es que se cree una comisión sobre Mujeres y Género, así tratamos cuestiones específicas y en Familia se abocan a Niñez y Adolescencia".
Por su lado, el bloque de Libres del Sur que preside Victoria Donda anticipó que presentará una cuestión de Privilegio en la sesión especial de la Cámara que se llevará adelante hoy para que Dindart "sea repudiado por su accionar y reemplazado de dicho cargo a causa de su manejo autoritario y planteos estigmatizantes y discriminatorios".
En sintonía, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina repudió las declaraciones del diputado de Cambiemos ya que "ofenden y violentan al conjunto de las mujeres y son una demostración de clasismo y discriminación.
No podemos menos que exigir una disculpa pública y que el diputado se aparte de la comisión, que debe velar por los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes", sostuvieron.













DOS ANÁLISIS SOBRE DINDART PREJUICIOS Y ESTIGMA

Prejuicios y estigma


Opinión

La sensibilidad está sobrevalorada


Por      Soledad Vallejos

La historia local recuerda pocos casos de puchereo de diputado en reunión de Comisión. Del mundo de la política se pueden sospechar muchas pasiones, muchos hilos inimaginables, muchas guerras de traiciones y lealtades, pero difícilmente una protesta puchereada como la que ofreció el diputado Julián Dindart el martes.
Hay algo más allá de las presuntas estadísticas ("la numerología", dijo) en las que se escudó y cuya veracidad nunca demostró, aunque ante la Comisión – que todavía preside, a pesar de la renuncia anunciada – dijo al menos una vez que "tengo la bibliografía para darles". Algo más allá de que esta semana ratificó ante sus pares de Cámara lo que declaró en 2012 (aunque pretenda que fue sacado de contexto, sus propias palabras fueron claras: insistió en que las adolescentes vulnerables se embarazan para cobrar planes sociales). Algo más allá de que la ofuscación lo llevó a tomar como asunto personal alternativas de lo que hoy es su trabajo (es decir, debatir y legislar), y a lamentar que otros diputados le "tiren con todas las macetas y no con las flores".
En la reunión Dindart dijo: "Ustedes pueden pensar tranquilamente que a lo mejor este lugar no me lo merezco, que este lugar no me corresponde porque no tengo suficiente sensibilidad como (para) creer qué puede pensar una mujer, qué puede pensar una adolescente o qué puede haber pensado un niño, después de haber trabajado años como pediatra". Legislar sobre políticas públicas que garanticen y promuevan el ejercicio de derechos ciudadanos, ¿es cuestión de "sensibilidad" y de imaginar "qué puede pensar" alguna de las miles de personas afectadas? ¿Habrá descubierto el diputado nacional Dindart que un legislador no es otra cosa que un medium, un ser – por obra y gracia de su expertise clínica – capaz de traducir en sus palabras aquello que está en la cabeza de otra persona?
Cuando un funcionario, un legislador, un representante estatal de un sector de la población recurre al argumento del corazón o la "sensibilidad", lo que huye es la información. De hecho, se va de la mano de la responsabilidad.
Cuando se trata de los derechos de las mujeres, quienes se llenan la boca con palabras como "pro-vida" (lo hizo Dindart, sí, el martes, al caracterizar a la provincia de Corrientes), suelen apelar a cualquier cosa menos a la información. Y sin embargo, información, datos duros y estudios serios son lo que sobra. Advirtió un colega de Dindart, Eduardo Amadeo, para justificarlo, que bueno, el diputado pediatra dijo "lo que piensa mucha gente". ¿Tiene el mismo peso lo que diga en un asado familiar un ciudadano del montón, sin responsabilidad de legislar, que un diputado de la Nación en reunión de la Comisión que preside? ¿Es lo mismo debatir en un café que hacerlo en el cuerpo legislativo, donde se juegan destinos de millones de personas?
Ante ciertas cuestiones – por no decir ante todas –  un funcionario, un legislador, un representante de un sector de la población necesita aplicar su sensibilidad tanto como un pez necesita una bicicleta. Tal vez el problema sea otro. Tal vez, lisa y llanamente, Julián Dindart no esté lo suficientemente calificado para su trabajo. No es un tema de corazón, sino de capacidad.




Opinión

Un médico embarazoso


Por      Norberto Alayón    *

Dindart es un médico pediatra correntino, de la Unión Cívica Radical, que hoy integra la Alianza del PRO-Cambiemos. Fue ministro de Salud de la provincia de Corrientes, entre el 2009 y el 2015, durante el gobierno de Ricardo Colombi, también radical. Actualmente es diputado nacional y presidente de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara.
El 19 de marzo de 2012, siendo ministro de Salud provincial, declaró que "las adolescentes se embarazan porque tienen un recurso económico como premio por haber tenido un hijo", en alusión a la Asignación Universal por Hijo (AUH). A raíz de las diversas críticas recibidas por su conservadora manifestación, ensayó distintas explicaciones intentando desmentir lo que había expresado: "que los medios lo malinterpretaron"; "nunca dije eso, es una atrocidad"; pusieron "en mi boca cosas que no dije".
Según el diario El Tribuno de Jujuy del 20 de marzo de 2012, fuentes de la gobernación correntina indicaron a Noticias Argentinas que el ministro se vio obligado a desmentir sus afirmaciones porque habría recibido un severo llamado de atención por parte de Colombi, aunque por el momento seguirá en el cargo".
Dindart no sólo continuó en el cargo de ministro, sino que él sí obtuvo un premio mayor (aunque por supuesto sin embarazarse), al ser elegido como diputado nacional.
El médico Horacio Sotelo es el director del Hospital "José Vidal" de la capital correntina. El pasado 11 de mayo, en diálogo con la Radio Sudamericana de dicha ciudad, se refirió al desempeño ministerial de Dindart señalando que "su gestión fue nefasta, sobre todo en el último tiempo, donde usó el ministerio solamente para catapultarse a otra función".
En marzo de 2012, Dindart hizo pública su concepción sobre la "motivación" del embarazo de las adolescentes, luego aparentó desdecirse y ahora – en junio de 2016 – reitera su punto de vista sobre el tema, confirmando que sigue pensando y diciendo lo mismo que había afirmado en 2012.
Como presidente de la Comisión parlamentaria que debe velar por los derechos y el bienestar de las familias, de las mujeres y de las y los niños y adolescentes, el radical médico correntino acaba de ratificar lo que decía en 2012, expresando que las madres adolescentes que reciben una asignación por hijo "buscan tener algún otro (hijo) para tener un poco más de dinero".
El diputado Dindart pareciera estar grávido de prejuicios clasistas, estigmatizantes, discriminatorios sobre los sectores más vulnerados y vulnerables de la sociedad. Piensa igual que el cómico santafesino Miguel Del Sel, de la Alianza Cambiemos, hoy embajador argentino en Panamá, que afirmaba que las "chinitas" de su provincia se embarazaban para cobrar la Asignación por hijo. Y también en sintonía con el dirigente radical Ernesto Sanz que, pretendiendo descalificar la función social de la AUH, llegó a manifestar impúdicamente que "se iba a ir por la canaleta del juego y de la droga". Con semejantes "pensadores", el cambio que proponía la Alianza Cambiemos está a la vista.
Las adolescentes de clases bajas – según Dindart, Del Sel y otros lúcidos "teóricos" del gobierno actual – tienen relaciones sexuales y se embarazan para cobrar la AUH. En correlato opuesto, las adolescentes de clases medias y altas tendrían relaciones sexuales por placer (lo cual es saludable) y no se embarazarían para cobrar algún subsidio, ya que utilizan profilácticos u otros métodos anticonceptivos. Lo cual tampoco es cierto, ya que las adolescentes de estos otros sectores sociales también se embarazan, aunque no suelen culminar con el alumbramiento porque tienen los recursos materiales y sociales para acceder a la interrupción de sus embarazos.
Que Julián Dindart sea el presidente de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación es una verdadera afrenta y un indeseado embarazo para el conjunto de la sociedad.
*    Facultad de Ciencias Sociales (UBA).


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