viernes 10 de junio de 2016
EL GOBIERNO OBTUVO DICTAMEN AL PROYECTO DE LEY DE
PAGO A JUBILADOS, BLANQUEO Y MORATORIA
Un paquete con moño listo para salir
El oficialismo negoció cambios con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista y consiguió dejar todo listo para la media sanción de Diputados en una semana. Sigue habilitada la venta de acciones en poder de la Anses, con límites.
Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda festejó el triunfo del oficialismo.
Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda festejó el triunfo del oficialismo.Por Cristian Carrillo
El Gobierno consiguió ayer dictamen de comisión en Diputados para tratar la semana que viene el proyecto de ley ómnibus de pago a jubilados y blanqueo de capitales. El oficialismo logró un apoyo decisivo del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, que suscribieron el despacho de mayoría luego de negociar algunos cambios a la ley. Entre ellos, en materia previsional, la continuidad por tres años de la moratoria para las mujeres, limitaciones a la venta de acciones en poder del fondo de garantía de la Anses; en temas impositivos, se descartó la eliminación del impuesto a los Bienes Personales en 2019 y se canceló el pago de Ganancias por el medio aguinaldo de junio; en el blanqueo se quitó el artículo 85 que penalizaba la difusión de empresas que se acogiesen a ese beneficio y se estableció que no podrán participar funcionarios de ninguno de los tres poderes. El Frente para la Victoria firmó su propio dictamen en minoría, con duras críticas al proyecto oficial, al igual que el Frente de Izquierda, el interbloque FAP, Federico Masso (Libres del Sur) y Carlos Heller (Partido Solidario).
Las disidencias se centraron en que el proyecto deja en la cuerda floja al sistema previsional, debido a que asume gastos sin financiamiento asegurado. También apuntaron al blanqueo, entre otros motivos, porque no obliga la repatriación de los fondos ocultos. La oposición en su conjunto rechazó la idea de atar una medida con la otra, aunque finalmente el proyecto ómnibus logró poner primera.
En una negociación a contrarreloj el oficialismo logró acordar con el massismo y el bloque que conduce Diego Bossio, los cuales pactaron una serie de cambios en el proyecto original para dar su apoyo al dictamen del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Social. El Gobierno se había jugado a que no habría demasiada resistencia en un proyecto que se presentó como de reparación histórica para los jubilados y pensionados. Sin embargo, el análisis de los distintos temas incorporados le fue quitando adhesiones, y el macrismo debió intensificar la negociación con los bloques más cercanos. La alianza Cambiemos buscará aprobar el proyecto en la Cámara baja el miércoles próximo, donde ya tiene asegurado un piso de casi 150 votos para darle media sanción y girarlo al Senado, en una sesión que se prevé maratónica. Los cambios impulsados por el Bloque Justicialista y el Frente Renovador se centraron en temas previsionales y tributarios.
Dentro de esta toma y daca el massismo logró incorporar que se exceptúe del medio aguinaldo de junio próximo a quienes no paguen impuesto a la riqueza (Bienes Personales), mientras que los que sí estén alcanzados por este último tendrán la posibilidad de elegir afrontar uno de los dos. Este beneficio es similar al que el kirchnerismo aplicó en reiteradas oportunidades para el aguinaldo.
Los cambios
En primer lugar se aclaró en la redacción del proyecto que la emergencia sólo será en materia de litigiosidad y no una caracterización de todo el sistema previsional, el cual logró incorporar al 96 por ciento de los argentinos a ese derecho. Tras un largo debate, se acordó extender por tres años la moratoria previsional que vencía en septiembre próximo sólo para el caso de las mujeres de entre 60 y 65 años. Esto permite que las mujeres puedan acceder a la jubilación a los 60 años y no a los 65 como exige la Pensión Universal a la Vejez tanto para hombres como para mujeres e implica percibir el 80 por ciento del haber mínimo. Con la moratoria, luego de cinco años de pago de aportes la mujer podrá cobrar la mínima completa. La prórroga por tres años responde a que en ese lapso se llevará a cabo una reforma previsional.
Otro punto que había recibido muchas críticas de la oposición fue la derogación de la ley que impide la venta de acciones del FGS de la Anses sin la aprobación por dos tercios del Congreso. La derogación se mantiene pero se limitó la venta a un mínimo de tenencia del 7 por ciento de la cartera. Actualmente, el Fondo tiene en acciones el 12 por ciento, lo que implicaría que puede deshacerse de unos 43.000 millones de pesos. Para vender las acciones se establecieron algunas condiciones, bastante laxas, como un pedido de oferta pública de recompra por parte de la empresa o que responda a un proceso de fusión o adquisición.
En el caso de los jubilados que no iniciaron juicio contra el Estado y decidan acogerse al programa, los gastos de abogado se incorporarán a las homologaciones judiciales y estarán a cargo de la Anses. Por su parte, a quienes ya tienen sentencia firme y no quieran acogerse al nuevo esquema, se les garantiza que se les seguirá pagando como lo venía haciendo el organismo en los últimos años. Hasta última hora de anoche se mantenía la discusión sobre la quita que puedan sufrir los que tengan sentencia firme y se acojan al acuerdo. El borrador hasta el momento incluía sólo un compromiso de la Anses de que buscará acelerar la cancelación de las sentencias de los que adhieran. El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá remitir informes al Congreso semestralmente y la ampliación del universo de beneficiarios deberá ser aprobada por la Bicameral.
En materia tributaria, se acordó no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la Comisión Bicameral que elaborará un proyecto de reforma impositiva. En cambio, se mantuvo la modificación gradual de los mínimos no imponibles de 305 a 800 millones pesos este año, a 950 mil en 2017 y a 1,5 millones en 2018. La intención de eliminar Bienes Personales tuvo duras críticas, porque se trata de un impuesto progresivo. Durante el plenario de comisiones se barajaron propuestas para excluir a la vivienda única y familiar de la categorización de Bienes Personales, pero la oposición coincidió en que lo mejor era sostener el gravamen. El bloque radical también se inclinó por mantener el impuesto, en contra de la postura de sus socios del PRO.
Por pedido de los gobernadores se establecieron nuevos criterios para la transferencia de los recursos de la coparticipación que iban a la Anses. En el caso de las provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas, se estableció un plazo de 90 días para generar un sistema que automatice el envió de los fondos de Nación. En este caso se les transfiere la diferencia de los fondos, como si se tratase de una caja nacional. Para las provincias con cajas transferidas, se prevé que las deudas que tienen por contribuciones patronales puedan ser pagadas en un plazo de 120 días a una tasa inferior a 1 por ciento mensual.
En cuanto al blanqueo de capitales, fue uno de los capítulos que menos cambios recibió. Sólo se eliminó el artículo del secreto fiscal, que determinaba penas de prisión y multas para quienes difundieran información sobre aquellos que se acojan al blanqueo. También se criticó que no se haya eliminado de la posibilidad de acogerse a ese beneficio a familiares de funcionarios. Sólo se limitó a integrantes de los tres poderes.
OPINIÓN
Los invisibles de ayer y de hoy
Por Washington Uranga
"No sólo en la Argentina, no sólo en América Latina, el sistema está ciego. ¿Qué son las personas de carne y hueso? Para los economistas más notorios, números. Para los banqueros más poderosos, deudores. Para los tecnócratas más eficientes, molestias. Y para los políticos más exitosos, votos". Son palabras de Eduardo Galeano escritas en 2001 y publicadas entonces en Página/12. Hoy podrían tener similar actualidad.
No porque las condiciones sean las iguales. De ninguna manera. Sería necio confundir una realidad con la otra. El punto de partida es diferente. Los años precedentes contribuyeron a mejorar la calidad de vida de grandes sectores de la población argentina. Hay "otro piso" dirán algunos economistas que reconocen que las políticas económicas y sociales tienen como principal propósito mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados que también son invisibles o invisibilizados por el sistema. Piensan, a diferencia de Javier González Fraga, que los que viven de su salario tienen derecho a que su mejor estándar no sea apenas una "ilusión" sino el resultado lógico de una pugna distributiva, que es lucha por el poder, en la que los sectores populares, que son mayoría, imponen sus condiciones. "Que la tortilla se vuelva…" pero en este caso para equiparar y que todos coman pan.
Hay otro piso también porque quien aprendió que tiene derechos y comenzó a percibirlos al menos en parte, sabe también que existe una vida diferente a la que puede aspirar, por la que luchó y por la que, probablemente, esté dispuesto a seguir luchando. Y aunque se sepa en desventaja en muchos aspectos experimentó también que la solidaridad, la acción colectiva y organizada, permite alcanzar propósitos que a todos benefician. Y que no se trata de "merecimientos" recibidos como premios o como méritos derivados de la condición económica o de la ubicación en una poco igualitaria escala social, sino de un derecho al que se accede como resultado de la conjugación del propio trabajo con condiciones garantizadas por el Estado y la sociedad para que efectivamente el esfuerzo fructifique y no se vaya como agua entre los dedos para regar tierras de otros.
Pero el sistema se pone ciego. Solo le importan los números: tarifas, dólar y acumulación de ganancias para unos pocos. No importan las personas de carne y hueso porque molestan y porque, al menos en lo inmediato, no aportan votos. Y por todo ello, los de carne y hueso se transforman en invisibles para el sistema.
Pero no lo son. Porque aprendieron, en la escuela de la calle, a construir su visibilidad. Porque saben cómo hacerlo y son memoriosos. También por encima (o por el costado si suena demasiado brutal) de los políticos y de otros dirigentes que incurren en las mismas "distracciones" o, tal vez, si no son ciegos por lo menos padecen afecciones visuales que no les permiten reconocer y hacerse cargo la realidad de los más pobres.
Por eso el 2016 es diferente del 2001. Y está visto que los de carne y hueso no quieren permanecer en la invisibilidad. Y frente a los atropellos y la ceguera del poder comienzan a ganar la calle, para hacerse ver, para reclamar, para demandar lo que en justicia les pertenece. Lo dicho hasta aquí también se lee desde el Gobierno y lo expresan sus escribas. Y los editorialistas que se pretenden "independientes" mientras hacen las veces de voceros oficiosos del macrismo salieron a dar la voz de alerta acerca de posibles campañas, alentadas - dicen - por intendentes "kirchneristas duros" y otros que no lo son tanto y que tendrían como propósito promover agitación social que conspire contra el gobierno de Mauricio Macri.
Es otra lectura conspirativa de un mismo dato: el descontento social - por más que algunas encuestas amañadas digan lo contrario - que sube desde las bases populares y comienza a taladrar también a grupos de votantes de Cambiemos. Los bolsillos y las necesidades tienen poca fidelidad a las promesas de campaña. Y muchos comienzan a dudar si la luz al fondo del túnel anunciada por la Vicepresidenta indica la salida o advierte la presencia de un tren en contramano sobre la misma vía. El tema deja de ser tan solo una cuestión de perspectivas para transformase en un asunto que atañe primero a la calidad de vida y, renglón seguido, a la sobrevivencia.
Para agravar el escenario mientras desde el Ejecutivo se pretende poner bozales a la poca prensa que no le responde e intenta romper el blindaje mediático, la Corte de Justicia se suma al "clima de época" para restringir el derecho de huelga dejando todo en manos de aquellos dirigentes sindicales con quienes se puede negociar, acordar o, en último caso, disciplinar de distintas formas.
La invisibilidad también se aplica a los problemas. La comunicación del Gobierno insiste en hablar o bien de la "pesada herencia recibida" o del "futuro promisorio" que nos espera a los argentinos. Del presente mejor ni hacer mención, porque allí están los problemas y estos también son invisibles.
Son todos emergentes y signos coincidentes del "clima de época" que además se expande por el continente.
Es difícil anticipar lo que puede suceder y cualquier habitante sensato de esta tierra querrá que quienes toman decisiones abran los ojos o se quiten las anteojeras para ver más allá de sus propios intereses o los de su clase o de sus aliados.
De lo contrario será inevitable que los invisibles quieran salir de esa condición, recuperar el terreno perdido que, mal le pese a González Fraga, será también recuperar la "ilusión" de una mejor calidad de vida que ya fue experimentada, que se hizo tangible. Sin partidos organizados, sin organizaciones que contengan los reclamos, probablemente el camino que se elija sea la movilización y la protesta callejera. Sin que nadie la aliente o la promueva. No será necesario. Será el propio gobierno de Cambiemos, así no se lo proponga, el responsable de "convocar" a la protesta. Porque las necesidades empujan y porque no existen razones ni argumentos válidos para resignar derechos. Y porque las "personas de carne y hueso" no son invisibles, aunque el sistema sea ciego y sus apologetas también.
LA ARGENTINA DEBUTARÁ EL 10 DE JULIO COMO
OBSERVADORA EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Macri se aleja otro poco de la Patria Grande
México, Colombia, Perú y Chile, los países que integran la Alianza del Pacífico, el bloque afín al libre comercio que impulsa los Estados Unidos en la región, le dieron la bienvenida a la Argentina como país observador.
Enrique Peña Nieto (México), Michele Bachelet (Chile), Ollanta Humala (Perú) y Juan Manuel Santos (Colombia) recibirán a Macri.
Enrique Peña Nieto (México), Michele Bachelet (Chile), Ollanta Humala (Perú) y Juan Manuel Santos (Colombia) recibirán a Macri.
Por Nora Veiras
El gobierno de Cambiemos va pavimentando su nuevo camino en las relaciones internacionales: La Alianza del Pacífico aprobó anteanoche el pedido argentino para incorporarse a ese bloque como país observador. Tal como había adelantado Página/12, la Cancillería había iniciado el trámite con la mira puesta en la participación del presidente Mauricio Macri en la cumbre que se reunirá el 1 de julio en Chile. A priori, la condición de "observador" no impacta en la continuidad de pertenencia al Mercosur pero si muestra la intención de cerrar filas con los países de la región más afines a la estrategia de acuerdos de libre comercio impulsada por los Estados Unidos: México, Colombia, Perú y Chile.
La XV reunión del consejo de ministros de la Alianza del Pacífico sesionó en México para organizar la cumbre de julio. El canciller chileno, Heraldo Muñoz, anticipó que el encuentro en Puerto Varas "tendrá una presencia inédita de al menos dos presidentes" que no pertenecen a la alianza, Macri y "casi con seguridad" su par de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, "lo que indica que la Alianza del Pacífico sigue generando interés, y eso es muy positivo para los cuatro países que la integramos". Además de Argentina, se sumaron como observadores La República Checa, Rumania, Ucrania, Egipto, Eslovaquia y Noruega.
A principios de mayo la canciller Susana Malcorra había comentado que Macri estaba invitado a asistir como observador a la XI cumbre por el mandatario peruano, Ollanta Humala – presidente pro témpore saliente de la Alianza del Pacífico – y por la chilena Michelle Bachelet, quien los sucederá en el cargo. Sin embargo, fue en una reunión rutinaria de la comisión del Mercosur en la Cámara de Diputados, donde el embajador de Perú, José Luis Néstor Pérez Sánchez-Cerro, sorprendió a sus interlocutores al informar que la Argentina había iniciado el trámite para constituirse como país observador de la Alianza del Pacífico.
Soberanía Cero
La seducción de los funcionarios de Cambiemos por los bloques comerciales y políticos que suponen desandar el camino de la Unasur y la Celac, es decir de la unidad latinoamerica sin el tutelaje de los Estados Unidos, es uno de los mojones de su política. A mediados de mayo, el secretario de Comercio, Miguel Braun, aseguró que "el país, a largo plazo, ingresará en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)". Lo aseguró en una charla en el Atlantic Council en Washington. "Estamos esperanzados en formar parte del Acuerdo tarde o temprano. Obviamente va a tomar tiempo", dijo y recordó que el Presidente quiere abrirse a "socios estratégicos" como los Estados Unidos con iniciativas como el TPP. El acercamiento a la Alianza del Pacífico es un paso en ese camino.
La pertenencia al Mercosur implica una limitación para los deseos del gobierno de Cambiemos de integrarse a la Alianza del Pacífico. El Tratado de Asunción y la resolución 32/00, constitutiva del Mercosur impide que los países miembros de ese mercado común puedan negociar en forma individual acuerdos de libre comercio. Nada impide que puedan constituirse en observadores, como ya lo son Uruguay y Paraguay. La Argentina durante la gestión kirchnerista no evaluó esa alternativa porque implicaba una señal positiva hacia la política de libre comercio de los Estados Unidos.
El triunfo de la derecha en la Argentina y la suspensión de Dilma Rousseff en Brasil abren un camino que puede derivar en el debilitamiento institucional del Mercosur. Cambiemos fue el primer gobierno que avaló la asunción de Michel Temer tras el impeachment. Su canciller interino José Serra ya expuso sobre la necesidad de flexibilizar las claúsulas constitutivas del bloque para permitir negociaciones bilaterales de libre comercio y evitar que sea condición sine qua non el acuerdo común.
Tres de los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico – México, Perú y Chile – integran el Acuerdo TransPacífico (TPP) junto con los Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile. El TPP involucra a 1000 millones de habitantes que representan el 25 por ciento de las exportaciones globales y el 40 por ciento del Producto Bruto Interno Mundial. La eliminación de barreras arancelarias, la resignación de las jurisdicciones nacionales para dirimir litigios, la garantía supranacional para que las corporaciones trasnacionales concreten sus negocios, la extensión de las patentes exclusivas durante más de una década para la industria farmacéutica y la flexibilización de toda legislación laboral son algunas de las cláusulas que trascendieron al firmarse el acuerdo secreto en octubre del año pasado.
El TPP surgió como continuación global del ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que en 2005 fracasó en la Cumbre de Mar del Plata por la resistencia de los entonces presidentes Hugo Chávez, Lula Da Silva y Néstor Kirchner ante la mirada atónita de George Bush hijo. Es la nueva criatura de los Estados Unidos para contraponer el poder creciente de China y en su momento también el de los Brics, el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora en retroceso por las crisis en Rusia y Brasil. La Argentina de Cambiemos hace todo lo necesario para ser tenida en cuenta.
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