jueves 09 de junio de 2016
PRIMER FALLO JUDICIAL QUE ORDENA LA
REINCORPORACIÓN DE UNA EMPLEADA ESTATAL ECHADA
POR EL MACRISMO
El despido fue "una conducta infrahumana"
El juez Julio Armando Grisolas dictó una medida cautelar a favor de una empleada de la Superintendencia del Seguro. La mujer era contratada y el magistrado dijo que era un "faude laboral" del que ella fue víctima.
Por Laura Vales
La Justicia ordenó al Ministerio de Hacienda que reincorpore a una trabajadora que fue echada con los despidos masivos en el Estado. El juez Julio Armando Grisolia dictó una medida cautelar en la que señaló que el derecho a trabajar está protegido por la Constitución Nacional y por normas internacionales. Es un derecho que "no se agota en la libertad de trabajar, (sino que) supone también el derecho a (tener) un puesto de trabajo", puntualizó. Sobre que la trabajadora haya sido una contratada – es decir, que no integraba la planta permanente del estado – el juez señaló que se trata de un fraude laboral, del que ella fue víctima. Así, consideró a su despido como "una conducta infrahumana y abusiva".
La cautelar fue solicitada los abogados de ATE-Capital y es la primera resolución judicial sobre la aplicación del decreto 254/15 del presidente Macri, con el que instruyó a sus ministros y secretarios a "revisar" todos los contratos de los trabajadores públicos realizados durante los últimos tres años del gobierno anterior. Por esto, sienta un antecedente para el conjunto de los 11 mil despedidos.
En su escrito el juez Grisolia planteó un segundo argumento, el de que el despido también afectó "otro principio de rango superior: el derecho a la no conculcación del proyecto de vida, que ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversas ocasiones".
En este sentido, señaló que el Estado debió "evitar conductas o decisiones" que dañaran "innecesariamente" las "expectativas de desarrollo personal y profesional" de la demandante.
Johana Elizabeth Lezcano se presentará así a trabajar mañana en su puesto de la Superintendencia del Seguro. "Ella entró con un contrato de una facultad, facturando como monotributista", contó a Página/12 Pablo Guevara, delegado de ATE en el organismo. "Después de una serie de gestiones, logramos que en el año 2014 fuera pasada a un contrato de ley marco, que es una relación de dependencia pero sin estabilidad. Con el decreto 254, las nuevas autoridades de la Superintendencia, encabezadas por su titular Edgardo Podjarny, decidieron que acá había mucha gente y áreas que no les interesaban. Despidieron a 74 personas."
Lezcano trabajaba en una de esas áreas, "la de orientación al asegurado, destinada a defender a los consumidores de los abusos de la compañías de seguros: personas a las que venden seguros por teléfono y no se dan cuenta, y después se lo debitan, cláusula abusivas, excusas para cumplir con una cobertura... fue una área que se desmanteló", continuó Guevara. "La despidieron cuando se venció el plazo de revisión de los contratos, el 31 de marzo, Primero se lo comunicaron verbalmente, en la puerta de ingreso, y a los días le llegó el telegrama."
Para el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, el fallo "ratifica todos los argumentos que desde nuestro gremio venimos sosteniendo". El sindicato apuesta a que sirva, más que para judicializar de manera masiva los despidos, para impulsar la apertura de una mesa de negociación sobre los más de 11 mil despidos registrados en el estado nacional.
Los dirigentes tienen el lunes una audiencia con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en la que van a plantear el tema en estos términos.
"Tenemos muchos compañeros que quedaron en la calle y pueden dar fe de su trabajo. Es muy injusto que los hayan echado por tener una afinidad política, porque se descubrió que tenían una vida política", dijo Catalano; "tenemos la esperanza de poner negociar para que sean reincorporados. Y si no, seguiremos con medidas de fuerza. No vamos a abandonar a los compañeros que siguen con la expectativa de volver a trabajar".
Un dato no menor de la resolución que dictó del juez es que la despedida es delegada de ATE, por lo que tenía fueros gremiales, pero el fallo no lo tomó en cuenta al argumentar. Su reincorporación es un derecho que le asiste por el sólo hecho de ser trabajadora.
"El derecho al trabajo es una de las bases sobre las que se asienta jurídicamente nuestra sociedad democrática", remarcó el juez, "e incluye -entre otros - el derecho al reconocimiento de la formación profesional y la seguridad e higiene en el trabajo, constituyendo así la estructura de las relaciones laborales desde el punto de vista constitucional. Se trata de un derecho dinámico, que comprende no sólo el reconocimiento formal de derechos, sino también su realización efectiva. Así, el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos constitucionalmente".
En otro tramo, el magistrado se refiere a los contratos como mecanismo de fraude laboral. "A la peticionante le costó pasar a pertenecer a la planta permanente del Estado, dado que la anterior administración la hizo blanco de fraude, al hacerla ingresar bajo una figura no laboral, y la actual decidió desprenderse de ella por decreto", señaló. Aludiendo a la persecución ideológica como motivo del despido, agregó después: "Este ser humano no puede ser víctima ni botín de guerra de nadie, por lo que se impone el cese de la conducta infrahumana y abusiva".
La cautelar fue pedida por el abogado Lucas Arakaki, del equipo de ATE Capital, y está en línea con otra serie de iniciativas que llevan adelante los asesores jurídicos del sindicato. Entre ella están una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo y al redacción de un proyecto de ley en favor de la reincorporación de todos los despedidos, que fue ingresado a Diputados. En ellas señalan que con los despidos masivos, el gobierno nacional ha violado la Constitución Nacional e instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, que coinciden en fijar "la obligación del Estado Argentino de promover políticas activas de empleo", con "el consecuente derecho subjetivo de todo ciudadano que quiera habitar el suelo argentino de obtener un trabajo decente".
"Eliminar la militancia"
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, repitió ayer que el Gobierno "eliminó la militancia partidaria y los ingresos sin sentido" de personal a la administración pública y anunció la realización de "concursos" a fin de que la "política tenga una parte mínima en la conducción del Estado". Para el funcionario, responsable de miles de despidos en el ámbito estatal, el proceso de modernización que lleva adelante en el gobierno del PRO "no sólo es introducir tecnología, sino brindar capacitación, jerarquizar el empleo público y eliminar la militancia partidaria, el mal financiamiento de la política y el concepto de ingreso al Estado sin ningún sentido ni planificación".
OPINIÓN
La Justicia del Trabajo está enferma
Por Ernesto Segal, Elida Pérez Carballo, Oscar Birgin y
Adrián Zylberberg *
Adrián Zylberberg *
La mayoría de los 80 Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo y las 10 Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, o sea, las dos instancias que tienen jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, funcionan desde hace un largo período de modo sumamente irregular.
Los principales perjudicados son los trabajadores, que deben aguardar años (un promedio de cinco) para obtener una sentencia que reconozca el pago de una indemnización por despido o de una incapacidad derivada de un accidente de trabajo.
Las principales causas de esta situación son:
1. Falta de jueces (concursos interminables en el Consejo de la Magistratura; falta de elevación por parte del Poder Ejecutivo de las ternas al Senado de concursos ya concluidos).
Al 02/06/2016 se encuentran vacantes 29 Juzgados de Primera Instancia sobre un total de 80 –los cuales son subrogados por magistrados que tienen su propio juzgado a cargo – y 8 vocalías de distintas salas de la Cámara sobre un total de 30, que también están siendo subrogadas por vocales que son titulares de otras.
Ante esta situación, la Asociacion de Abogados de Buenos Aires mantuvo reuniones pidiendo explicaciones en los distintos estamentos encargados de la prestación del servicio de justicia: Corte Suprema de Justicia de la Nación, Consejo de la Magistratura de la Nación y Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
2. Falta de personal. El asignado está trabajando en condiciones de extrema presión por la cantidad de expedientes en trámite y los nuevos ingresados que no se pueden despachar normalmente, lo que trae aparejado el pedido de numerosas licencias médicas. Esto es así por el número de nuevos casos y porque el sistema informático vigente Lex 100, que puso en vigencia la Corte, con la oposición manifestada por la Cámara, no fue adaptado al particular procedimiento laboral. El sistema, en lugar de agilizar, produce demoras en el movimiento de cada expediente y hoy por hoy con un 20 por ciento más de escritos por día, la productividad – por lo lento del sistema – bajó un 50 por ciento.
La designación de nuevos cargos recientemente informada, en cumplimiento de la partida que el presupuesto nacional aprobó para 2016, aún no se ha concretado y a todas luces el número de nuevos empleados asignados no alcanzará para aliviar la situación.
3. El incremento de expedientes que ingresan al fuero no fue acompañado del proporcional crecimiento de la infraestructura para atenderlos.
4. Por falta de luz, por falta de agua, o por carecer los edificios de adecuados servicios sanitarios y de evacuación se deben otorgar asuetos forzosos o declarar días inhábiles.
Hay, sin lugar a duda, responsabilidades concurrentes entre la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Ministerio de Justicia.
Los conflictos que se someten a los juzgados del trabajo son de trabajadores, quienes son sujetos particularmente vulnerables y según la Constitución Nacional deben ser especialmente protegidos.
"La Justicia lenta no es Justicia y si la Justicia del Trabajo es lenta es injusticia."
* En representación de la Comisión de Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
OPINIÓN
Segunda carta pública al Presidente
Por Mempo Giardinelli
Sr. Presidente:
Esta semana cumple usted seis meses en el máximo cargo del país y según parece el aniversario lo encuentra recuperado de su arritmia. Enhorabuena, sinceramente. Nosotros no somos de desear la muerte, ni vivamos el cáncer de nuestros adversarios ni los acusamos con ofensivas comparaciones equinas.
Dicho lo anterior le escribo disgustado por la suma de medidas antipopulares de su gobierno, que indican por lo menos una deshonestidad elemental: los argumentos que usted utilizó para lograr el poder fueron, como hoy se ve claro, una suma de mentiras sobre vivir mejor, un engaño masivo. Con todo el respeto que su investidura merece, y si acaso lee esto (digo, si lee, aunque seguramente alguno de sus lacayos lo hará) a muchísimos compatriotas nos parece indispensable que usted sepa que las personas decentes, o sea la gran mayoría de este país, estamos no sólo espantados por la insensibilidad de casi todos sus funcionarios, sino también alertados ante algunas medidas que sabemos que se cocinan en las sombras y de la manera más servil.
Una es, a mediano plazo, la reforma política que se rumorea ustedes planean imponer y que tendría como punto fundamental la eliminación del voto obligatorio consagrando a la vez el manipulable voto electrónico. Tal como en la madre patria de su gobierno.
Otro es el propósito de su gestión (todavía en secreto) de permitir que los laboratorios norteamericanos vuelvan a controlar el mercado argentino de medicamentos, en desmedro de la industria nacional y de la producción de genéricos. Sería un precio vil que usted nos haría pagar a todos los argentinos.
Y un tercero es la reconversión de la misión de las fuerzas armadas de la democracia en un instrumento de control social agravado. Ya se conoce su dizque "alianza estratégica" con el fundamentalista primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ambos, él y usted, con la bendición del Sr. Paul Singer. Basta recorrer la web para enterarse del plan de reponer en nuestras tropas toda la porquería ideológica de esa supuesta lucha contra el narcopoder que los Estados Unidos jamás combaten en su territorio. Y plan que las destinaría a ser otra vez gendarmes de la bestialidad para disciplinar a Nuestra América, lo que las llevaría de paso, como es presumible, a ser de hecho protectoras del Narcopoder.
No sé si usted es consciente de esto. Con toda franqueza y respeto a la investidura presidencial quiero creer que no, que quizás usted no se da cuenta de la gravedad de lo que hace, o le hacen hacer. Lo cual no lo exculparía en absoluto del juicio de la Historia.
Como fuere, en el arduo presente que vive nuestra nación es un hecho que la protección de que usted goza para todo esto es poderosísima. Los mentimedios que manejan los hilos del que usted quizá supone su poder, siguen machacando con el caso Báez y la llamada "corrupción K" sólo porque los obsesiona ocultar lo que en las calles ya se llama "corrupción M". Los esfuerzos de los tinterillos a sueldo no logran que ese circo sea exitoso. Por eso no consiguen que el Soberano ignore todo y no se enoje. Crece el repudio a la sucesión de asuntos turbios de su gobierno y de usted mismo, Sr. Presidente, y me refiero a sus negocios no declarados que ahora ya son de público conocimiento, igual que lo fueron las causas en que usted estuvo procesado, más todos los negocios de sus familiares y amigos íntimos, más las cuentas offshore y los millones de dólares que ahora quieren blanquear con esa especie de autoindulto fiscal. Todo eso no podrá ser tapado por más toneladas de mentiras que se arrojen sobre la pobre inocencia de la gente.
En apenas seis meses, Sr. Presidente, las principales medidas económicas de su gobierno significaron un fabuloso beneficio para decenas de compañías mineras, agroexportadoras, alimentarias, bancos y grupos industriales. Gente muy seria calcula que su gobierno ya transfirió unos 20.000 millones de dólares que obviamente se retacearon a destinos sociales. Y eso a la par de tarifazos que, además de a millones de usuarios individuales, afectan a varios miles de clubes de barrio, sociedades de fomento y todo el riquísimo, histórico entramado social de las clases medias bajas de nuestro país, sectores a los que ustedes supieron atraer con promesas falsas. Y hay además, aunque lo nieguen, por lo menos 150 mil argentinos que usted dejó en la calle con argumentos tan reaccionarios como racistas. Los dejó y deja usted, Señor, por más que las bocas las abran sus Chirolitas de doble apellido.
Ya es notoria la debilidad de latiguillos como "herencia recibida", "sinceramiento de la economía" o las promesas de futuros venturosos que se dilatan de a seis meses. Es por eso que fastidian tanto la eliminación de retenciones, la inflación y sobre todo la bicicleta financiera del dólar barato para que sus sostenedores se forren como siempre y fuguen divisas del país. Sólo faltaría que se les ocurra un día de estos un corralito, aunque no creo que sean tan torpes, Sr. Presidente. Porque torpes no son, y ése es un mérito que hay que reconocerles: que les sobra astucia, audacia, muñeca y falsedad.
Reciba un respetuoso saludo, con el sincero deseo de que esté bien de salud.
A 60 AÑOS DE LOS FUSILAMIENTOS
Héroes, villanos y gente común
Por Eduardo Jozami
Opinión
El general Juan José Valle era un hombre honorable. Así lo destacan las cartas que envía a su familia horas antes de ser fusilado. Quizás haya pensado que los golpistas del 16 de setiembre seguían teniendo ese mismo sentido del honor y por eso, ingenuamente, creyó en la promesa de que su vida sería respetada, como lo aseguraron el almirante Isaac Rojas y el capitán de navío Francisco Manrique, uno de los participantes en el secuestro del cadáver de Evita. Pero, aunque el mismo Perón haya dicho que los sublevados del 9 de junio actuaron con ingenuidad, lo cierto es que Valle aceptó entregarse porque quería detener los fusilamientos.
No sabemos mucho sobre el jefe de la rebelión. Una muy exitosa carrera militar lo había llevado al grado de general de división y a integrar la Junta de altos mandos a quienes Perón presentó una renuncia – que no podía considerarse definitiva – dos días después del golpe de septiembre. Tras la asunción del general Lonardi, Valle será detenido, primero en un buque de guerra y más tarde en una casaquinta de sus suegros. En marzo de 1956, cuando deja ese arresto domiciliario y pasa a la clandestinidad, empieza una paciente tarea de preparación del levantamiento que, previsto para fines de mayo, estallará finalmente en la noche del 9 de junio.
El movimiento cuya proclama firman Valle y el general Raúl Tanco reunía un grupo no muy numeroso de oficiales pero se apoyaba en la masiva adhesión al peronismo de los suboficiales y en la participación de importantes núcleos civiles de la resistencia. Esta incorporación de muchos grupos de la militancia peronista dio al movimiento su carácter popular pero también lo alejó de la lógica clandestina de la conspiración y facilitó la tarea de los servicios de informaciones. La dictadura de Aramburu y Rojas estaba al tanto del levantamiento y, aunque las principales cabezas del gobierno simularan sorpresa, lo cierto es que dejaron que se produjera para dar un escarmiento. Cuando comenzaron los fusilamientos, en la madrugada del 10 de junio, todos los focos de la rebelión habían sido controlados. En consecuencia, la ejecución de Valle, fusilado el día 12 en la Penitenciaría Nacional, resulta aún más difícil de explicar. Para sembrar el terror había que mostrarse inflexible; Aramburu no dudó en matar a un general con el que tenía una conocida relación de amistad.
Un Consejo de Guerra había decidido que no se aplicara la pena de muerte al coronel Ricardo Ibazzeta. A pesar de ello, un decreto decidiría igualmente su fusilamiento. Ante la trágica noticia, su mujer, con los seis hijos del matrimonio, corrió a entrevistarse con Aramburu. Se le dijo que era imposible: "el presidente duerme". La misma respuesta tuvo el general que presidía el Consejo que había desestimado la pena de muerte. El presidente seguía durmiendo y tal vez no tuviera todavía motivos para inquietarse: La gran mayoría de los partidos políticos, la FUBA, las organizaciones empresarias, casi toda la prensa, muchos intelectuales, condenaron el alzamiento de Valle y no objetaron los fusilamientos. "Tanto lío porque mataron a unos malevos", decía a Adolfo Bioy Casares, su gran amigo, Jorge Luis Borges, quien ese año, en lo que consideró la más decidida expresión de rechazo al peronismo, se afilió al conservador Partido Demócrata Nacional.
Las cartas dirigidas por el general Valle a su madre, su mujer y su hija no abundan en reflexiones políticas. Quien escribe es un hombre preocupado por confortar a su familia en momento tan difícil, que muestra una fe religiosa que debe ayudarlo a pasar el trance y que, frente a los infundios que hace circular la dictadura, reafirma a cada paso que nada lo ha alejado del camino del honor. Quizás no haya mucha afinidad en este retrato del personaje, más bien tradicional, y el de los jóvenes revolucionarios del '70. Pese a ello, cuando leo que Valle dice a su mujer: "Nunca te avergüences de tu esposo, pues la causa por la que he luchado es la más humana y justa: la del Pueblo de mi Patria", no puedo sino recordar los mensajes de quienes desde las cárceles y los centros clandestinos nos esforzábamos por explicar a nuestras familias el sentido de nuestra lucha. Aunque sentimos como más propio el recuerdo de los activistas de la Resistencia, cómo negar que este general pundonoroso y los militantes que sufrieron y enfrentaron a la dictadura de Videla y a un ejército que no era ya el de Valle, se integran en una tradición que sigue siendo potente y actual precisamente por su diversidad.
En la 3er. edición de Operación Masacre, en la Argentina convulsionada posterior al Cordobazo, Rodolfo Walsh contrapone la proclama del 9 de junio – reclamo de elecciones, devolución de los sindicatos a los trabajadores, libertad a los presos políticos, un difuso nacionalismo económico – con las definiciones avanzadas del peronismo revolucionario de fines de los '60, lo que no le impide afirmar que la figura de Valle "crecerá justicieramente en la memoria del pueblo, junto con la convicción de que el triunfo de su movimiento hubiera ahorrado al país la vergonzosa etapa que le siguió".
El profesor Américo Ghioldi fue una de las principales figuras del Partido Socialista, donde siempre se destacó por un antiperonismo que superó todas las marcas en junio de 1956 cuando escribió el editorial del periódico La Vanguardia, justificando los fusilamientos. Será vano buscar el texto de Ghioldi en la Biblioteca Obrera Juan B. Justo que tiene una muy importante colección de La Vanguardia, porque ha sido cortado el artículo del semanario correspondiente al 14 de junio. No parece que deba atribuirse la falta a un lector ávido por coleccionarlo, considero más probable que alguien haya querido eliminar las pruebas de lo que, afortunadamente, la mayoría de los socialistas viven como un escándalo ya desde algunas décadas.
La violencia política en el país fue siempre importante y muchos habían sido los muertos en el siglo y medio precedente. Sin embargo, la reacción generalizada contra el fusilamiento de Dorrego seguramente tuvo mucho que ver en que no se repitieran ejecuciones políticas dispuestas por la autoridad nacional. No hubo fusilamientos en las revoluciones radicales previas a la ley Sáenz Peña, ni tampoco en Paso de los Libres y los otros levantamientos contra el fraude en la Década Infame. Tampoco Perón fusiló a ninguno de los militares alzados en 1951. En junio de 1955 se repitió el mismo trato, sólo murió el almirante Gargiulo que se quitó la vida por su propia mano.
Consciente de esa tradición, el dirigente socialista, lejos de condenar los fusilamientos, aprovechó ese dato histórico para señalar que esta vez sí era necesario hacerlos, para mostrar la gravedad inusitada del intento de restauración peronista. Dos frases de ese editorial, difíciles de compatibilizar con el siempre invocado humanismo socialista quedarán en la historia del discurso antipopular. La primera, curiosa en alguien que se consideraba un educador, sostiene que la letra con sangre entra; la segunda no es menos intimidante: "se acabó la leche de la clemencia". Ghioldi que ya había elegido un camino de no retorno escribió cada vez más para consumo de los militares golpistas, porque fue gradualmente perdiendo peso en el socialismo y en cualquier espacio democrático. No sorprendió que tanta devoción fuera premiada por Videla quien lo nombró embajador en Portugal. El ascenso del general Valle a teniente general dispuesto en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner, en un gobierno en que participaban dirigentes socialistas, fue otro episodio de reencuentro para superar diferencias históricas en la confluencia hacia un proyecto popular.
En el peronismo, la reacción generalizada fue de apoyo al levantamiento y según los testimonios recogidos por Enrique Arrosagaray se advierte que muchos militantes comprometidos no llegaron a participar. Sin embargo, la Correspondencia entre Perón y Cooke – este último estaba preso y varias veces en esos días le hicieron simulacros de fusilamiento – registra una manifestación de desconfianza del ex presidente hacia los jefes militares a quienes parece reprocharles cierta debilidad frente al levantamiento del 16 de septiembre. Para sostener que Perón tenía motivos para desconfiar se ha señalado que la proclama del 9 de junio no mencionaba al líder derrocado. Sin embargo, dada la notable adhesión que mantenía entre los sectores más populares, es muy difícil imaginar que de haber triunfado el movimiento de junio, con la consiguiente convocatoria a elecciones, el candidato presidencial hubiera podido ser otro que el dirigente exiliado.
Pero más allá de estos cuestionamientos, lo importante es que el general expresa entonces una línea política que se habrá de fortalecer con los años: aunque no desautorizará plenamente los amagues e intentos de alzamiento militar, la resistencia se basará más en el activismo político y en los trabajadores. "Yo vengo repitiendo a los peronistas precipitados" – escribe Perón a Cooke – "que no haremos camino detrás de los militares que nos prometen revoluciones cada fin de semana".
La historia del 9 de junio tiene, como todas, héroes y villanos, pero también hombres comunes que no parecían predeterminados a ser grandes protagonistas. Entre los involuntarios participantes en la Operación Masacre, hay militantes como Julio Troxler que sabía muy bien porqué estaba en la casa donde fueron detenidos o cómo Nicolás Carranza a quien cada vez le cuesta más arrastrar a la política a su vecino Garibotti, pero también otros que quizás ignoren que la convocatoria responde al propósito de sumarse al movimiento. La escritura de Walsh cuenta magistralmente el episodio que tuvo final trágico en los basurales, con esa capacidad suya para hablar a través de sus personajes, esa polifonía de voces que permite al autor quedar muchas veces en un segundo plano.
El mismo Walsh muestra cierta inocencia: como quienes son llevados a fusilar le cuesta aceptar la realidad del crimen y transmite esto a sus lectores. No es peronista como para compartir la perspectiva de la resistencia ni la esperanza de los amotinados. Seis meses después, cuando inicia su investigación, no imagina, como la mayoría de los reunidos en Vicente López, que encuentros como ese puedan terminar con muertes. Se interesa en el caso por lo que éste tiene de raro, de excepcional – un fusilado que vive – aunque después sentirá que se ha involucrado y lo suyo ya es una lucha contra el autoritarismo, que gradualmente, como lo muestran las sucesivas ediciones de Operación Masacre, se convertirá en una más integral propuesta de liberación.
El inspector Rodríguez Moreno acumula algunas denuncias por maltratos a detenidos y tiene el tipo del viejo funcionario formado en las prácticas tradicionales de las policías bravas; cómo serán las cosas para que también se sienta excedido por la situación, al punto de hacerse repetir una orden que "salía de todas las funciones específicas de la policía". Como ocurrió con los bombardeos del 16 de junio, los fusilamientos implicaron un salto de calidad en la represión. No todos estaban preparados para el baño de sangre. Por eso puede explicarse lo que de otro modo resulta inconcebible: un fusilamiento con menos muertos que sobrevivientes.
Con el correr de los años, la represión se hizo más sofisticada y, en el 76, dispuso orgánicamente de toda la fuerza del Estado. Los alzados del 9 de junio, los activistas de los primeros tiempos de la Resistencia, avanzaron también hasta conformar las grandes organizaciones político militares. Sin embargo, sería equivocado ver esta evolución necesariamente como un avance en todos los sentidos. Tal vez las fuerzas organizadas celosamente en la clandestinidad en los '70 hayan perdido algo de esa representatividad social, esa participación e iniciativa popular. Cooke había previsto, poco después del 9 de junio, otras formas de acción revolucionaria que se apoyaran más en el protagonismo de los trabajadores. Veinte años más tarde, Walsh en su diálogo de sordos con la conducción montonera, para cuestionar el predominio de los aparatos militares sobre la política también encontraba inspiración en los tiempos de la Resistencia.
Hoy cuando este término no se asocia a la acción armada sino con la lucha social y política para frenar el avance del proyecto reaccionario, la consecuencia de Valle y sus compañeros, el compromiso de tanto militante, la comprensión de que la derrota de la Restauración Oligárquica exige la más amplia unidad y participación popular son legados del 9 de junio que no sería bueno olvidar.
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