miércoles 08 de junio de 2016
MACRI ADMITIÓ QUE INTRODUCIRÁN CAMBIOS EN EL
MEGAPROYECTO QUE IMPONE SANCIONES A QUIENES
DIFUNDAN INFORMACIÓN
Un ómnibus que viene con marcha atrás
Tras la revelación de Página/12 y las fuertes críticas de opositores, académicos y organizaciones periodísticas, el Presidente se vio obligado a revertir su intento de imponer penas de hasta dos años de prisión para los que revelen datos sobre el blanqueo.
Macri realizó ayer un brindis en la Casa Rosada por el Día del Periodista, del que participaron algunos acreditados en Casa de Gobierno.
Por Sebastian Abrevaya
Tras la nota publicada el último domingo en Página/12, que desencadenó la ola de cuestionamientos de distintos espacios políticos, académicos y gremiales, el Presidente anticipó que analizan cambios en el artículo 85 del proyecto de blanqueo de capitales, que amenaza con sanciones penales y económicas para cualquiera que difunda información relacionada con los adherentes al denominado "sinceramiento". En un brindis en Casa Rosada al que fueron invitados algunos periodistas, Macri deslizó que darán marcha atrás con la redacción original. "Es un instrumento para debatir, el Congreso lo tiene que aprobar en forma definitiva", señaló el mandatario, sin dar demasiadas precisiones. En paralelo, fuentes parlamentarias del oficialismo confirmaron que ya están trabajando en una nueva formulación, que mantendría sanciones para los funcionarios públicos que filtren información pero excluiría a los periodistas que eventualmente la difundan.
En el proyecto ómnibus enviado la semana pasada al Congreso, el Poder Ejecutivo incluyó el blanqueo de capitales, el pago a jubilados, la moratoria fiscal y el acuerdo con los gobernadores por la coparticipación, entre otras cuestiones. En su artículo 85 dice: "Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la AFIP, los declarantes del Título I de Libro II de la presente (ley) y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal". Esa redacción tan general, según alertaron referentes de distintas fuerzas políticas, especialistas en derecho a la información y organizaciones periodísticas, implica una amenaza a la libertad de expresión y afecta la tarea de los trabajadores de prensa, que podrían sufrir condenas de hasta 2 años de prisión. En otro párrafo de ese mismo artículo se establece, además, una fuerte sanción pecuniaria: "Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado", sostiene el texto.
La reacción del legisladores del FpV-PJ, el Frente Renovador, el GEN, el socialismo y – puertas adentro – de los propios integrantes de Cambiemos, obligó a revisar la iniciativa enviada por el Ejecutivo. El propio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña lo reconocieron hoy durante un contacto con un sector de la prensa con motivo del día del periodista. "Es todo un equilibrio que en la Argentina también tenemos que recorrer, porque hay actos que son públicos y otros que no lo son", afirmó Macri y pidió "que todos entendamos que también tenemos que respetar la privacidad de las personas". Un poco más preciso, Peña sostuvo que la norma "no tiene el espíritu de sancionar la libertad de expresión" sino que "es exactamente el mismo espíritu que está en el Código Penal" en la materia. "No es contra los periodistas, y tiene que ver con el secreto fiscal", completó el jefe de Gabinete.
Según fuentes del PRO, legisladores de Cambiemos advirtieron al Ejecutivo sobre la inconveniencia de mantener tal como estaba el artículo 85 y ante diferentes posiciones en Ejecutivo, Macri saldó la discusión habilitando que se introduzcan cambios. "Nosotros veníamos viéndolo y hicimos la consulta al Ejecutivo. Era una locura, además con una sanción pecuniaria enorme. Le correspondía de multa pagar la misma guita que el tipo blanqueó. En todo caso se hubieran remitido a la normativa vigente", expresó en reserva un legislador oficialista, quien recordó que el secreto fiscal ya está establecido en el artículo 101 de la ley de procedimientos fiscales.
Hasta los propios radicales, en la voz de su presidente, José Corral, criticaron ayer el texto: "No me parece feliz, va a haber una modificación, no es feliz esa disposición y ya hay reglas planteadas", afirmó Corral. Para la líder del GEN, Margarita Stolbizer, "Macri debe tener una mano negra que le escribe y le hace firmar cualquier cosa. Penalizar la divulgación de información es un pésimo indicador. Debe ser eliminado del proyecto".
Desde el kirchnerismo ya habían advertido en el mismo sentido. "El proyecto tiene una mirada absolutamente perversa porque busca sancionar con el mismo valor del blanqueador a aquel que difundiera la información", señaló el titular de la comisión de Libertad de Expresión, Remo Carlotto, quien relacionó esa redacción con un intento de proteger a los funcionarios de Cambiemos involucrados en casos de cuentas offshore.
La defensora del Público, Cynthia Ottaviano, les envió ayer una nota a los legisladores nacionales expresándo su "profunda preocupación y rechazo" y pidiendo la exclusión del artículo, que según consideró "restringe el derecho a informar y a informarse sobre asuntos de interés público y relevancia institucional".
Después de ensayar una defensa, el macrista Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, reconoció ayer que "el artículo tiene un problema". "Una cosa es la prohibición para los funcionarios y otra para los terceros. Hay que revisarlo y corregirlo", sostuvo.
Su compañero de bloque Daniel Lipovetsky adelantó que apuntarán a "conjugar la necesidad de que haya secreto fiscal, y por otro lado a la necesidad garantizar la libertad de expresión, que es un principio intocable". "Nosotros veníamos viéndolo y hicimos la consulta al Ejecutivo. Era una locura, además con una sanción pecuniaria enorme. Le correspondía de multa pagar la misma guita que el tipo blanqueó. En todo caso se hubieran remitido a la normativa vigente", expresó en reserva otro legislador oficialista, quien recordó que el secreto fiscal está establecido en el artículo 101 de la ley de procedimientos fiscales.
La redacción final de ese artículo todavía no está terminada, y se espera que mañana haya precisiones. La idea del oficialismo es emitir dictamen sobre todos los temas este jueves, luego del trabajo en el plenario de comisiones que comenzó a finales de la semana pasada. De esta forma, el proyecto ómnibus podría obtener media sanción de Diputados la semana próxima y comenzar rápidamente su tratamiento en la Cámara alta.
Definiciones copa en mano
El presidente Mauricio Macri, copa de espumante en mano en el marco del tradicional brindis con los periodistas acreditados en la sala de prensa de la Casa de Gobierno, dijo que su gobierno está contribuyendo a pacificar el país y pidió a los reporteros colaboración en esa tarea: "Estamos transitando este enorme desafío de ejercer la libertad, el respeto por el otro, el valor de la palabra y en esto último el periodismo tiene que ser el ejemplo, como elemento central en la construcción de consensos para hacer crecer a la Argentina", dijo. Además, el primer mandatario, que había prometido volver a redactar un polémico artículo de la ley de blanqueo que podía resultar lesivo de la libertad de expresión, manifestó su deseo de que los periodistas tuvieran "un feliz día", y de que "puedan seguir trabajando con comodidad" en la Casa Rosada. "Nuestro Gobierno cree en el rol fundamental que tienen en la defensa de las libertades y una central que es la libertad de expresión", concluyó.
MACRI HABLÓ DE SU SALUD
Relato de la arritmia
El Presidente relevó ayer detalles sobre el cuadro de arritmia que sufrió el viernes pasado y por el cual debió ser internado para realizarse estudios cardíacos. Macri contó que a las tres de la tarde, estando en la Casa Rosada, sintió "agitación" en el pecho y "como no se pasaba" le dijo a su secretaria privada: "¿Podés llamar al médico de guardia que me haga un electrocardiograma? Porque va como rápido", relató. La internación, explicó, se produjo recién cuatro horas y media más tarde, lapso durante el cual corrieron las primeras versiones sobre su estado de salud e incluso hubo una desmentida oficial a través de la cuenta de Twitter de una asistenta del área de prensa de presidencia. "La realidad es que no le conté a nadie que me había hecho un electrocardiograma a las 15", dijo Macri.
Durante un brindis de agasajo que ofreció a los periodistas acreditados en Casa Rosada, Macri intentó bromear sobre el episodio: "No me termino de acostumbrar a que he perdido grados incrementales (sic) de libertad", afirmó. "Ese chiste ya lo había escuchado", contestó luego con sorna al ser consultado sobre si la arritmia tuvo alguna relación con el rechazo general al tarifazo en los servicios dictado por su gobierno.
Macri aprovechó una pregunta acerca de si los siete meses que lleva en la presidencia lo llevaron a un cuadro de estrés para insistir con las críticas al gobierno anterior: "Exageran, no me salieron más canas, usan Photoshop en contra, es mentira que tengo más canas. Pasa que también, poner en marcha un gobierno con un país parado desde hace cinco años, no es fácil", dijo.
Mas allá de las bromas, el Presidente admitió que el episodio generó entre sus asesores "un enorme debate sobre si disminuir la agenda o no" y agregó: "Subestimé el tema, pero es mi personalidad." "El chico que estaba de guardia me dijo: tenés una arritmia, sería bueno que guardes reposo y yo le dije: tengo un off justo con 4 periodistas, esto es una pavada", relató.
LA CORTE SUPREMA ESTABLECIÓ QUE LAS MEDIDAS DE
FUERZA DEBEN SER CONVOCADAS POR LOS SINDICATOS
PARA SER RECONOCIDAS
Un fallo que limita el derecho a huelga
El máximo tribunal avaló el despido de un empleado del Correo porque participó en protestas que no tenían una convocatoria sindical formal. Hay quejas desde las dos CTA: "Es un fallo de época".
La sentencia lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
Por Irina Hauser
A contramano de la tendencia a ampliar derechos que la caracterizó en los años previos a quedar reducida a sólo tres miembros, la Corte Suprema firmó ayer un fallo que establece que el derecho a huelga no es de todos sino únicamente de los trabajadores sindicalizados. Según el máximo tribunal "no son legítimas las medidas de fuerza promovidas por grupos informales". Para llegar a esta conclusión hizo una lectura lineal y restrictiva del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que - señala - reconoce formalmente el derecho a declarar una huelga únicamente a los gremios. La decisión deja en una evidente situación de desprotección a los trabajadores tercerizados, o los que no tienen representación sindical o bien a quienes tienen la de sindicatos de otras áreas. En esta lectura que habla de un "retroceso" que atenta contra el proceso de democratización sindical, coinciden dirigentes de ambas CTA, ATE y juristas.
Con su sentencia, que lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco,la Corte avaló el despido de Francisco Daniel Orellano, empleado del Correo Argentino, en función de su participación en medidas de protesta que no tenían una convocatoria sindical formal. Había estado en asambleas e hizo retención de tareas sin que el sindicato proclamara la medida de fuerza. La empresa fundamentó la desvinculación en que durante dos semanas Orellano había participado de sucesivas "reuniones en el lugar de trabajo y durante la jornada habitual" y que habían "afectado" el desarrollo de las tareas en el centro operativo de Monte Grande y que eso se redundó en "demora, retardo y retención en las imposiciones postales…" y que quedó comprometida la entrega de "6.000.000 de piezas postales".
El trabajador sostuvo que el despido era una represalia y tanto en primera instancia como en la Cámara Laboral le dieron la razón en fallos que señalaron que fue una medida discriminatoria, por la que se ordenó su reincorporación. Pero la Corte tomó por bueno el planteo del Correo y sostuvo:
- Las medidas de acción directa "no sólo perjudican al empleador, también afectan a los destinatarios de bienes y servicios, es decir a los consumidores o usuarios". Por lo tanto el derecho a huelga genera una "tensión" con los derechos de la patronal y los de terceros que es de "difícil armonización" y según la Corte "ha sido resuelta subordinando el ejercicio del derecho de huelga al cumplimiento de determinadas condiciones y recaudos", en ese caso, que la huelga sea decidida por una organización gremial (la Corte, años atrás, equiparó las que tienen personería con las simplemente inscriptas).
- El fallo señala que el artículo 14 bis de la Constitución dice que todo trabajador tiene derecho a la organización sindical libre y democrática reconocida por "la simple inscripción en un registro especial" pero aclara que el derecho a huelga, según el segundo párrafo, está garantizado para los gremios, no para cualquier trabajador. "Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho a huelga", dice el texto constitucional. Según los supremos no se le puede dar a la palabra "gremios" un "alcance mayor al indicado que la haga comprensiva de cualquier grupo informal de trabajadores". El requisito de inscripción en un registro, dicen los jueces, pretende garantizar la libertad sindical y la democracia interna.
- Según la Corte, los tratados internacionales de derechos humanos y la doctirna de la Organización Internacional del Trabajo a partir del convenio 87 sobre libertad sindical "contemplan el derecho de declarar una huelga como un derecho que le corresponde a la asociación profesional de trabajadores".
"Es un fallo de época" - protestó Hugo Yasky, titular de la CTA de los Argentinos - "un retroceso tomando como referencia la propia ley sindical argentina y los tratados internacionales a los que en fallos anteriores este mismo tribunal se remitió a favor de los trabajadores. Son normas, igual que las del Mercosur, que ponen como titulares del derecho a huelga tanto a trabajadores como sindicatos". Entre las consecuencias posibles, Yasky señaló a Página/12 que "en un conflicto en que una asamblea convoca una huelga, si no cuenta con el aval del sindicato puede ser considerada ilegal por las patronales, y dar lugar a un despido con causa. El fallo está desguarneciendo a los trabajadores en hipotéticas situaciones de conflicto, en que el sindicato no va en el mismo sentido que los trabajadores". El secretario de la CTA Autónoma Pablo Micheli, sostuvo en el mismo sentido que el fallo es regresivo "en un momento tan difícil para los trabajadores", "tanto en la Argentina como en el mundo, los patrones y los gobiernos antidemocráticos cuestionan el derecho a huelga, incluso en el marco de la OIT".
Hugo Godoy, secretario general de ATE, contó que el despido de Orellano y otros empleados sucedió tras un conflicto salarial en el Correo Argentino que derivó en su incorporación a la asociación. "Pero no fue porque hubiera un paro sino porque los trabajadores empezaron a elegir delegados", le dijo a este diario. Godoy asistió el año pasado a la audiencia pública convocada por la Corte en la causa. "La postura que sostuvimos es que el derecho a huelga es anterior a la organización gremial", explicó. "Uno de los riesgos del fallo es que consolida el modelo del unicato, de representación única, muy común en el sector privado, donde cualquier posibilidad de expresión por fuera, no tiene otro sindicato con simple inscripción y esto genera que cualquier brote de resistencia pueda ser rápida y fuertemente reprimido. Así, congela el proceso de libertad y democracia sindical". Agregó que existe el riesgo de que a Orellano lo vuelvan a desvincular de su trabajo en función de la decisión judicial. Daniel Catalano, de ATE Capital, sostuvo que la Corte "deja en tensión a los trabajadores y las patronales, con un debilitamiento al movimiento obrero".
El constitucionalista Gustavo Arballo sostuvo que "el fallo tiene una hermenéutica regresiva; impacta sobre el sistema sindical porque su visión formalista obtura a grupos que estén al margen la estructura gremial; e ignora la vida real donde miles de medidas de fuerza de alta o baja intensidad surgen espontáneamente". "Esto empodera a la burocracia sindical y al Estado que maneja el sistema de asociaciones", agrega Arballo. El camarista laboral Enrique Arias Gibert alertó a Página/12: "el criterio sustantivo de la Corte es la más grave afectación de la libertad sindical desde la democracia. Sólo los jueces de la dictadura ratificados en democracia sostuvieron esa posición. Contradice la Declaración Internacional de Derechos Humanos e incluso la ley de asociaciones sindicales, así como la doctrina de la propia Corte".
Rechazos al fallo
El Cels, la CTA, dirigentes y militantes gremiales calificaron al fallo de la Corte como retroceso en los derechos de los trabajadores. El dictamen "impide que los los trabajadores no registrados o tercerizados puedan ejercer el derecho a huelga", advirtió en ese sentido el Cels. El organismo recordó que en abril, "el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló que el derecho a la huelga no está subordinado a la sindicalización de los trabajadores". Para el Observatorio del Derecho Social de la CTA, "pone en una situación de indefensión total a aquellos trabajadores que más necesitan de la tutela normativa, como los integrantes de sindicatos en formación, los grupos de trabajadores que reaccionan frente a injusticias en sus lugares de trabajo a pesar de la inexistencia de un sindicato, los miembros de las oposiciones internas dentro de las organizaciones sindicales". "Parece que Lorenzetti y compañía no se enteraron. Primero existió la lucha y después el sindicato. ¡El derecho de huelga es de los trabajadores!", se quejó el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
EL OFICIALISMO NEGOCIA LA LEY ÓMNIBUS DE BLANQUEO Y
PAGO A JUBILADOS
Maniobras contra la resistencia
Cambiemos acepta limitar la venta de acciones del fondo de garantía de la Anses para superar resistencias de la oposición. También haría otras concesiones puntuales. Busca que el dictamen salga mañana.
Luciano Laspina (izquierda) es uno de los negociadores por el bloque oficialista.
Por Cristian Carrillo
El oficialismo analiza la posibilidad de hacer cambios menores al proyecto de ley ómnibus de blaqueo de capitales y pago a jubilados. El macrismo está dispuesto a acordar una limitación a la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), fijando un tope a las tenencias en cartera del organismo. La venta de activos del FGS fue rechazada por los bloques del Frente para la Victoria, Justicialista y el Frente Renovador. También se eliminarán las penas para quienes publiquen datos de empresas o particulares que blanqueen fondos (ver aparte). Sobre el tema blanqueo, además se eliminará el acceso a funcionarios o terceros. Otros temas que recibieron críticas responden al cambio de índices para actualizar los haberes y la quita implícita en esa modificación para los jubilados, así como la disminución al 80 por ciento del haber mínimo para la pensión a la vejez. Sobre este punto, el Gobierno no estaría dispuesto a ceder. Sólo acepta concesiones puntuales que le permitirían contar mañana con dictamen de mayoría del plenario de comisiones de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para que la ley ómnibus pueda tratarse el miércoles próximo en la Cámara baja.
Desde el oficialismo se muestran confiados en que el proyecto contará con el apoyo necesario para conseguir dictamen. La jugada de poner detrás del cumplimiento de sentencias y actualización de haberes para jubilados un paquete de leyes con serios problemas de implementación parece haber tenido el efecto buscado. Desde el FpV apuntan que el objetivo del gobierno de Mauricio Macri es conseguir el blanqueo, que catalogan de una autoamnistía para amigos.
Cambiemos
El proyecto establece una serie de condiciones en materia previsional que implican un deterioro a los derechos adquiridos por los jubilados con sus respectivas sentencias. A los que tienen sentencia firme se les ofrece un acuerdo menos conveniente que el obtenido en el fallo por el cambio en el índice de actualización, del Isbic (de Comercio y Construcción) al Ripte. Esto implicaría que la mayoría elija continuar por la vía legal. La pensión por vejez pagará el 80 por ciento de la jubilación mínima, lo que implica una pérdida de ingresos para los adultos mayores en comparación con las moratorias vigentes, a lo que se suma que las mujeres deberán esperar cinco años más para acceder al beneficio hasta los 65 años al igual que los hombres.
Pese a estos problemas, el oficialismo no está dispuesto a hacer cambios de fondo y sólo se muestra abierto a discutir una limitación a la venta de acciones del FGS de la Anses. Este punto es muy resistido por la oposición, ya que estos activos no son sólo estratégicos para el Estado sino que son parte de la cobertura del sistema previsional. El oficialismo adelantó que está dispuesto a tratar el punto, aunque mantendrá abierta la posibilidad de rematar las acciones bajo ciertas circunstancias. El diputado y titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, adelantó que podría establecerse que ante situaciones de crisis estructural de una empresa se pueda permitir el desprendimiento de esas acciones.
Desde el Frente Renovador se mostraron conformes con la posibilidad de flexibilizar la venta bajo ciertos parámetros, pero piden garantías para que no se malvendan. Lo mismo sucede con el Bloque Justicialista, que pretende que esas condiciones sean claras. Desde el FpV adelantaron que ese punto no es negociable y debería eliminarse. "Es una privatización encubierta", señaló a este diario un diputado de ese espacio, que estudia si rechaza el paquete de leyes o si ofrece un dictamen de minoría con los cambios que considere necesarios. También rechazan el blanqueo y que se permita rehacer las declaraciones juradas con el perdón fiscal. El oficialismo promete exceptuar del blanqueo a funcionarios y terceros de los tres poderes.
Sobreestimado
En paralelo a esas negociaciones, se llevó a cabo ayer la segunda jornada de debate del plenario de comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, con la presencia de especialistas en derecho tributario y de representantes de asociaciones de jubilados. Los alcances del blanqueo de capitales, la cantidad de beneficiarios de la actualización de los haberes jubilatorios y del mínimo, el pago de las sentencias previsionales y el resguardo de los ahorros en el FGS fueron los ejes de la discusión. Los especialistas en materia previsional consideraron que el cálculo del oficialismo respecto a la cantidad de beneficiarios está sobreestimado – de 2,5 millones de mayores – luego de lo cual se acordó que la Anses enviará a los diputados un detalle de esa estimación para conocer los parámetros utilizados.
El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, consideró que debería haber una revisión sobre el índice de actualización que se aplicará, y advirtió que la falta de certeza sobre el tiempo que llevará al jubilado cobrar el retroactivo luego de desistir de la acción legal puede desalentar el ingreso a la transacción. En ese punto coincidió con el director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (Ciess), Miguel Pastor, quien consideró que es ridículo que se plantee una emergencia previsional y que el proceso para cumplir con las sentencias y la actualización de los haberes tarde hasta siete años en ejecutarse.
Pastor también alertó sobre las disminuciones que surgen en las prestaciones debido al cambio de índice de actualización y que no se puede quitarle una porción de lo que le corresponde a un jubilado por la sentencia en firme que ya tiene. "Es peor el remedio que la enfermedad. Un abogado nunca puede recomendar acogerse a esta propuesta", sostuvo el director del Ciess.
Los diputados Axel Kicillof (por el FpV) y Diego Bossio (del Bloque Justicialista) exigieron que se aclare cuál es el verdadero alcance del beneficio para los jubilados. El oficialismo sostiene que incluye a 2,5 millones de abuelos y abuelas, pero los cálculos de los expertos que expusieron ayer no es mayor a 1,5 millones. Eduardo Santin, ex diputado especialista en temas previsionales, sostuvo que sólo beneficia al 15 por ciento de los jubilados. "Hablar de reparación histórica es un poco ampuloso, lo que pasa es que les da vergüenza decir que trabajan para grupos chiquitos de jubilados", concluyó. El titular de la Comisión de Previsión Social, el massista Héctor Daer, informó que hoy se girará a los distintos bloques el cálculo realizado por la Anses para determinar la cantidad de potenciales beneficiarios con el proyecto.
AVANZA LA POLÍTICA DE DESPROTECCIÓN OFICIAL DE LOS
TRABAJADORES EN EMPRESAS EN CRISIS. FUERTE
REDUCCIÓN DEL REPRO
Los empleos lanzados a la suerte del mercado
El Ministerio de Trabajo sólo otorgó el 12,5 por ciento de los pedidos de empresas para ingresar al Programa de Recuperación Productiva (Repro) por la crisis. Apenas 23 firmas fueron aceptadas en ese plan oficial que paga una porción del salario de los trabajadores.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), adelantó en la UIA el objetivo de licuar la importancia del Repro.
Por Cristian Carrillo
En pleno proceso de destrucción de las fuentes laborales, el gobierno de Mauricio Macri endurece los requisitos para acceder a los programas de sostenimiento del empleo. Dentro del Programa de Recuperación Productiva (Repro), el Ministerio de Trabajo convalidó apenas el 12,5 por ciento de los pedidos de empresas para acogerse al beneficio, que permite recibir una suma fija mensual por trabajador para solventar salarios por un plazo de doce meses, prorrogable por otros doce.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les había adelantado a los popes de la Unión Industrial que se evaluaría la viabilidad de la empresa antes de otorgar el beneficio. Según fuentes de la cartera que conduce Triaca, en lo que va del año lograron reunir la documentación y los requisitos un total de 184 empresas pero sólo se otorgó el subsidio 23 firmas de gran tamaño. En ese lapso se incorporaron por el Repro 10.346 trabajadores, a lo que deben sumarse otras 41.699 personas incluidas en otros programas transitorios para cuidar las fuentes laborales. Las pymes enfrentan además muchos inconvenientes para acceder a los programas.
Si bien el gobierno niega que haya una crisis laboral, los propios números oficiales dan cuenta de un grave proceso de destrucción de puestos de trabajo. En sólo los primeros dos meses del año se acogieron al beneficio de seguro contra desempleo 68.922 despedidos, un 40 por ciento de los poco más de 175.092 desocupados que habían ingresado durante todo el año pasado. Sólo en febrero último 60.914 personas pasaron a cobrar el seguro por desempleo. A esto se suman unos 107.241 desempleados que computa el Ministerio de Trabajo por Seguro de Capacitación y Empleo, "un esquema integrado de prestaciones por desempleo no contributivo para apoyar a diferentes públicos en la búsqueda activa de un empleo, a través de la actualización de sus competencias laborales y de su inserción en empleos de calidad". Estos reciben 225 pesos durante 18 meses y 200 durante por otros 6 meses. Para este programa el año pasado hubo 157.273 inscriptos y en apenas los primeros dos meses de 2016 se alcanzó a un 68 por ciento de esa total.
Menos salvavidas
El paquete de sostenimiento del empleo incluye un conjunto de políticas que intervienen para evitar la pérdida de empleos en empresas en crisis o con interrupciones estacionales o en emergencia climática. Los principales planes, creados a partir de 2002 – y se fueron incorporando otros – consta de programas estacionales, como el interzafra, u otros de más largo plazo y atomizados (incluidos en otros programas de mantenimiento de puestos de trabajo). El más representativo de estos programas es el Repro, que comenzó a funcionar a principios de 2002 y es solicitado por el empleador y no por el trabajador.
En 2009 el kirchnerismo reflotó con fuerza este programa, debido a la crisis financiera global, momento en que se asistió 142.634 asalariados en 2750 firmas textiles, metalúrgicas, autopartistas, comercios, frigoríficos, alimentarias y curtiembres, entre otros sectores. En los años siguientes el uso del beneficio fue declinando: 130.306 trabajadores en 2010, 78.329 (2011), 46.326 (2012), 39.209 (2013), 58.501 (2014) y 76.529 (2015), según cifras oficiales. El grueso de los pedidos del año pasado tuvo lugar en los últimos dos meses, más precisamente durante todo diciembre pasado. El gobierno prorrogó este programa hasta el 31 de diciembre de este año en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional – que se mantiene hasta diciembre de 2017 – pero con condiciones más inflexibles para su acceso.
En un almuerzo organizado por la Unión Industrial, el ministro de Trabajo les había adelantado que el Repro estaba en revisión y que se incluiría una evaluación de la viabilidad de las empresas que soliciten acogerse al beneficio. "En toda economía existen empresas que mueren y empresas que nacen", había justificado. En la práctica esa idea determinó que se otorguen menos programas y sólo a firmas de gran tamaño. Según datos de la Secretaría de la cartera laboral hay 23 empresas que están cobrando los subsidios del Repro para un total de 10.346 trabajadores, por una suma de 29,4 millones de pesos. El dato de trabajadores alcanzados permite inferir también que se trató en su mayoría de grandes empresas, ya que el promedio sería de unas 450 personas por cada una de las 23 empresas beneficiadas. El límite para ser considerada mediana una empresa es de 250 trabajadores para el sector industria y de hasta 100 empleados para los rubros de comercio y servicios.
Inviables
Sin embargo, en total se presentaron en Trabajo 184 empresas, de las cuales quedaron sin el beneficio el 87,5 por ciento. Según fuentes oficiales, de ese universo, en 28 empresas supuestamente no se verificó crisis, en 62 no pudo evaluarse esa situación por falta de documentación económica, 71 se encuentran en evaluación y 23 en proceso de cobro. Esto sucede porque se endurecieron las condiciones. "Para las pymes es muy difícil conseguir actualmente ese beneficio, porque el proceso de inscripción es engorroso y no es director", explicó a este diario un empresario del sector.
Para que una empresa reciba el Repro debe presentar copia certificada de los estatutos, inscripciones impositivas AFIP, acta de designación de autoridades, cuatro últimos balances, últimas 24 facturas de energía eléctrica y gas, entre otra documentación. A esto se sumó la presentación de un informe a través de un contador certificado por el Consejo de Ciencias Económicas, en el que indique la situación de la empresa y las medidas que realizará a fin de superar la crisis y el impacto del programa en la economía de la firma. Pese a todas estas exigencias, hay que sumarle la discrecionalidad de las autoridades de Trabajo para definir si la empresa es viable.
También se mantiene vigente el Programa Interzafra, el cual está dirigido a trabajadores de temporada. Estos trabajadores deben realizar funciones dentro de la producción primaria y la agroindustria, y pueden desempeñarse en muchos tipos de producciones. El beneficio ofrece una compensación adicional para fomentar el trabajo en la agroindustria, específicamente en el limón y la caña de azúcar durante el período de interzafra. En los dos primeros meses del año accedieron a este programa 29.192 trabajadores, un 40,8 por ciento del total que ingresó el año pasado (71.474 personas). En el rubro "Otros programas de mantenimiento de puestos de trabajo" se incluyen distintos planes de subsidio para el sector empresario. Por este concepto ingresaron 12.507 trabajadores, el 55,9 por ciento del total otorgado durante el año pasado (22.346 planes), según cifras difundidas por el Ministerio de Trabajo.
EN MAYO SE REGISTRARON 15 MIL CESANTÍAS, LA MAYORÍA
EN EL SECTOR PRIVADO
Sin ley, arrecian los despidos
El pico anterior de desvinculaciones se había dado en mayo de 2014, con 5 mil. Ahora fueron el triple. Sin doble indemnización, se acelera la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en la industria y la construcción.
Trabajadores despedidos de la autopartista Kromberg & Schubert manifestaron ayer.
Después del veto a la ley antidespidos, en mayo se produjeron 15.174 cesantías casi exclusivamente en el sector privado, lo que supone un fuerte incremento en relación al mismo mes de años anteriores: desde 2010, el pico de despidos se produjo en mayo de 2014, con 5 mil. Ahora fueron el triple. El mes pasado se registraron despidos de empleados del sector textil, plástico, bebidas y alimentos, transporte, construcción, metalurgia, gastronomía, autopartes, prensa, del Renatea y de la Anses. También se registró un sensible aumento de la conflictividad laboral. Los datos surgen del último informe de la consultora Tendencias Económicas. Además, los gremios denuncian que más allá de los telegramas de despidos hay desvinculaciones "por goteo" a través de retiros voluntarios y despidos indirectos (ver aparte).
En el acumulado del año, el informe contabiliza 154.570 trabajadores despedidos y otros 47.933 suspendidos. Ese panorama tiene como protagonistas a los empleados estatales, que sufrieron una purga de unas 33 mil personas entre el Estado nacional, las provincias y los municipios y al sector de la construcción, afectado por el parate de las obras públicas como parte del severo ajuste fiscal. La Uocra denuncia que hubo un total de 40 mil despedidos en el sector.
El resto de las ramas industriales y los comercios están afectados por el combo que conforman la fuerte caída del consumo interno, el encarecimiento del crédito bancario, el tarifazo a los servicios públicos, el mayor ingreso de importaciones y el desplome de Brasil como mercado de exportación. Prácticamente el único sector de la producción de bienes beneficiado por el macrismo es el agropecuario, que tradicionalmente se caracterizó por utilizar poca mano de obra. El impacto sobre el empleo formal se multiplica en el informal, que no cuenta con la protección de la indemnización y la organización gremial.
El informe de Tendencias Económicas detalla que el mes pasado hubo 20 trabajadores despedidos en la fábrica de calzado de Alpargatas en Tucumán y 30 en la planta de Berazategui de Argul, empresa de inyección plástica. También 21 despidos en bodegas Lucchesi en Villa del Rosario (Córdoba), 120 empleados despedidos en la alimenticia Canale y 70 en Cerámica San Juan. En el sector de salud, la Clínica Macial despidió a 17 trabajadores y la metalúrgica Eitar, que fabrica accesorios para artefactos a gas en la ciudad de Quilmes, echó a 70.
La autopartista Kromberg & Schubert despidió a 56 empleados de su planta de Pilar, incluso con el visto bueno del intendente Nicolás Ducoté, quien hizo referencia a la crisis económica en Brasil. También la fábrica de motos KTM, empresa de capitales austríacos radicada hace dos años en el parque industrial de Campana, despidió a 25 empleados. La destilería Metal 1, contratista directa de la petrolera nacional YPF, despidió a 150 trabajadores de la Uocra en Luján de Cuyo, Mendoza, y la empresa de seguridad privada Securitas hizo lo propio con 21 empleados, lo que motivó una protesta que terminó a los palazos por parte de la Gendarmería en la autopista Riccheri.
El frigorífico Swift echó en mayo a 9 trabajadores de su planta de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, a pesar de haber firmado el compromiso con el Gobierno nacional de no despedir personal. A su vez, Terminal Puerto Zárate despidió a 50 trabajadores y profundizó el conflicto con el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y el Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines (SEAMARA). La empresa Vialco Construcciones, contratista de la obra de las centrales nucleares Atucha en Zárate echó a 100 personas en mayo. La aceitera Viluco, ubicada en Frías (Santiago del Estero) despidió a 7 trabajadores, conflicto por el cual estuvo cortada días atrás la ruta nacional 157. Además, están los 800 despedidos a raíz de la entrega del Renatea en manos de Gerónimo "Momo" Venegas y otros 200 trabajadores de la Anses, unos 1000 despedidos del sector de comercios minoristas y 750 gastronómicos.
En total se registraron 15.174 despidos en mayo. El número contrasta con los despidos del mismo mes de años anteriores. El año pasado fueron 1569 despedidos y en 2014, 5005. En 2013 se contabilizaron 1845 y en 2012, 4826. En mayo de 2011 fueron despedidas 1345 personas y el año anterior, 1552 trabajadores. Los números muestran una vinculación entre el panorama laboral y el contexto económico: el recrudecimiento de la crisis global en 2012 y la depresión posterior a la devaluación del verano de 2014 explican la suba de los despidos esos años, que siguen lejos de la magnitud del mes pasado.
La tendencia descripta en los despidos no se replica para las suspensiones. En mayo se registraron 9832 trabajadores suspendidos, una cifra alta pero que está por debajo de los 19.387 empleados suspendidos en mayo de 2014 y de los 17.110 de 2010 y que presenta una distancia más chica frente a los números de mayo de 2015 (4885 suspendidos), mayo 2012 (5056) y los 4603 de 2011. La diferencia entre le evolución de los despidos y de las suspensiones tiene que ver con la profundidad del desplome económico pero también con el clima político: el Gobierno nacional fue el empleador que más despidos tiene en el haber, además de que no reaccionó con la entrega de subsidios Repro del Ministerio de Trabajo, que permitieron años atrás contener el aumento del desempleo.
"El acuerdo no se cumplió"
La UOCRA denunció que no se cumplió el acuerdo para reincorporar empleados en Atucha, en donde se había desafectado a 1100 personas. El secretario general de la regional Zárate-Campana, Julio González, aseguró que "el acuerdo era un ingreso paulatino de 600 personas en mayo, de 300 en junio y de 200 en julio. Sin embargo, a la fecha sólo fueron 297 los ingresantes". El pacto para la reincorporación había sido acordado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
TORCUATO DI TELLA FALLECIÓ AYER A LAS 86 AÑOS
Pensamiento, sociología y mecenazgo
Además de su obra como intelectual, Torcuato Di Tella fue secretario de Cultura y era embajador en Italia. Sus ideas influyeron en la propuesta de transversalidad del kirchnerismo. Con su familia, había creado en 1958 el Instituto Di Tella.
Por Javier Lorca
Su idea de reordenar al sistema de partidos políticos vertebró de alguna manera gran parte del devenir nacional en la última década y media: la transversalidad del primer kirchnerismo le debe mucho, le debe más que el macrismo, al que asesoró – no sin marcar sus diferencias ideológicas – en su arribo a la política profesional. Torcuato Di Tella, fino ironista y provocador, un dandy de gesto aristocrático y pensamiento socialista, graduado en ingeniería pero dedicado a la sociología y el mecenazgo, dueño de un apellido italiano que todavía evoca la infrecuente reunión del sueño de una Argentina industrializada y la vanguardia cultural, falleció ayer, a los 86 años.
Di Tella escribió libros que hoy ya son clásicos de las ciencias sociales, como Sociología de los procesos políticos e Historia de los partidos políticos en la Argentina, y también obras "menores", como el simpático Diccionario del político exquisito.
Aunque fue secretario de Cultura de la Nación entre 2003 y 2004, y desde 2010 era embajador en Italia, quizá su gran contribución a la cosa pública provino de su promoción de la necesidad de "normalizar" el sistema político argentino a través de la conformación de dos grandes coaliciones de partidos, una de centroizquierda y otra de centroderecha – siguiendo el modelo de varias naciones europeas – dos grandes constelaciones que permitirían agrupar los votos detrás de su origen social y de agendas ideológicas definidas. Originalmente, pensaba en el peronismo y sus aliados en el espacio de centroizquierda – "el peronismo es la única fuerza progresista real del país", decía – y en el radicalismo y sus aliados en el espacio de centroderecha. El año pasado, antes de las elecciones, imaginó un cambio en el esquema político que definiría dos fuerzas de derecha, "la liberal empresaria del PRO y la conservadora popular" del massismo, y dos izquierdas, la socialdemócrata y "la nacional popular del kirchnerismo".
Su cercanía con Néstor Kirchner quedó impresa en el libro Después del derrumbe, un atractivo diálogo entre ambos publicado en 2002, en plena campaña electoral. Tempranamente, en octubre de 2003, se atrevió a definir al kirchnerismo como "un peronismo más limpio, que eliminó la parte neoliberal y corrupta, así como a los extremistas de derecha e izquierda". Había llegado al lugar del funcionario tras un largo proceso de reflexión sobre el peronismo, siempre en busca de claves para pensarlo. "Para entender el peronismo" – ensayó alguna vez – "hay que apelar a la teoría del rabanito: si uno quiere sacarlo de la tierra no hay que tirarlo de las hojas, porque se rompe. Hay que cavar en la tierra, pero sin dañar las hojas, porque por ahí el rabanito respira. Las hojas del rabanito pueden no parecerse, pero el rabanito es rojo."
La relación con Mauricio Macri fue distinta. Fue el actual presidente quien lo buscó. "En 2001, una amiga mía que lo asesoraba a él y a Francisco de Narváez me preguntó si no quería tener alguna charla con ellos, como entrenamiento sociológico. Entonces expliqué que no coincidía ideológicamente con él, pero si quería, podía hacerlo como cosa técnica, y la verdad es que me pagaron bastante bien durante esos cuatro meses – contó Di Tella en 2009 –. Ellos estaban con la teoría de que el país se incendiaba, y tenían bastante razón. No les daba clases de sociología, simplemente conversábamos sobre cómo se pueden interpretar las cosas y yo les decía 'miren que ustedes tienen como destino ser una cosa de derecha, que es algo que se necesita en el país', y a ellos no les gustaba."
A Di Tella le gustaba polemizar y generar polémica. "El país es una casa que se quema y la cultura es el gallinero del fondo", dijo, con previsible escándalo, mientras estaba a cargo de la Secretaría de Cultura. Ya fuera de la función, admitió: "Estoy contento de haber estado, y más contento aún de haberme ido". Después de irse, lector de Roberto Arlt, tipificó al culturrito – "aquel que considera que la cultura vive en el triángulo comprendido entre avenida Libertador, Sarmiento y Figueroa Alcorta, y cree que allí está lo importante" – y también al culturraje – "el zurdaje culto".
Linajes y símbolos
Torcuato Di Tella había nacido en 1929. Su padre, un inmigrante italiano, fue el fundador de la empresa Siam, que llegaría a fabricar desde electrodomésticos hasta autos y equipos industriales, y a simbolizar para la Argentina un futuro que no fue. Acaso por el peso de la tradición familiar, el hijo mayor del empresario se recibió de ingeniero industrial en la Universidad de Buenos Aires, en 1951. Pero apenas dos años más tarde su vocación lo llevó a obtener un Master of Arts en Sociología en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Desde entonces, se dedicó a la sociología y a la ciencia política; escribió y fue profesor universitario en la UBA, también en Chile y ocasionalmente, como invitado, en Oxford y en California.
El otro gran símbolo cultural asociado a su apellido fue el Instituto Di Tella, que Torcuato creó en 1958 junto a su hermano Guido – ya fallecido, llegó a ser canciller bajo el menemismo – y su madre, María Robiola. El instituto se constituyó en los 60 en un polo para el arte de vanguardia y la producción de saber crítico, mientras sufría los embates de la censura y el pensamiento conservador. "A tres cuadras de un Jockey Club que no se resolvía a resurgir de sus cenizas, una institución que llevaba el más célebre de los nombres surgidos de la nueva burguesía industrial ejercía en el más alto nivel el arbitraje de las modernas elegancias", definió, con estilo, el historiador Tulio Halperín Donghi, uno de los tantos intelectuales y artistas que se formaron en el Di Tella.
OPINIÓN
Breve imagen de Torcuato
Por Horacio González *
No fui su amigo, ni su discípulo; apenas, distraídamente fui su alumno, como se es generalmente alumno, con una ligera despreocupación respecto a quién es el profesor. Torcuato era tenido como una suerte de cofundador de la Carrera de Sociología, cuya figura central era la de Gino Germani, que a diferencia de Torcuato, mostró un rasgo final escéptico en su pensamiento y desenraizado en su actuación universitaria. El apellido Di Tella pesaba desde la fábrica enclavada en las orillas del Riachuelo, con extrañeza metalmecánica: su nombre estaba en los autos, en las heladeras y en otros electrodomésticos. Entre tantas otras que no mencionaremos, los Germani y los Di Tella eran dos corrientes diferentes de la presencia italiana en la arcilla de la historia nacional. En sus clases, espero no recordar mal, Torcuato decía que la democracia argentina se garantizaba específicamente por el hecho de que los sindicatos no tuvieran el mismo régimen de rotación de sus dirigentes. Eran otros tiempos, pero Torcuato mantuvo siempre esa idea, como comprobé muchos años después, cuando siendo secretario de Cultura de Kirchner, volvió a decirla, y la dijo en una reunión de sindicalistas. La decía con ironía, un tanto sobrador, sabía que con eso desafiaba otros pensamientos más exigentes.
Evidentemente, le gustaba incomodar con sus ligeros exotismos. Un libro suyo poco leído cuenta la historia de su padre, el fundador del linaje industrial de la familia que tenía su mismo nombre, y deja entrever que recaería en él, y no en el otro hijo, su hermano Guido, más abierto hacia la política y hacia las exigencias del Instituto Di Tella, el resguardo de la memoria industrialista, sometida a tantas vicisitudes y problemas. Hacía gala Torcuato de un irónico realismo del industrial ya sin industria, de ese lugar que tenía sólidos cimientos y de los que al cabo de un ciclo iban quedando ruinas. El nombre Di Tella, nombre de la industria, se mantiene ahora en la historia de las instituciones artísticas, y luego universitarias. Recuerdo a Torcuato en un homenaje a Romero Brest, en el Bellas Artes. Concurría con su media sonrisa de siempre. Aquel crítico de arte, como tantos otros críticos y artistas, había rondado bajo el nombre auspicioso de Di Tella, mixto de industria liviana, investigación social académica y arte experimental. Solo ahí coincidió este infrecuente esbozo.
Torcuato, me parecía, cuidaba el nombre con tino y secreto desparpajo. Su visión política, expresada con la sorna del caballero que no le temía a lo ilimitado de sus desenfados, solía ubicarla en el "centro izquierda". Cuando Kirchner, casi un desconocido, presenta su programa en 2003, lo hace en un libro cuya armazón había dispuesto el propio Torcuato. Kirchner, torcuatamente, se proclama allí de centroizquierda. Pude notar que Torcuato escribía como un apreciable cronista y que jugaba con fuertes paradojas. Una de ellas lo obligó a renunciar a su cargo: "al gobierno no le interesa la cultura". El funcionario del ramo era él. Pero para entender esta frase había que entender al aristócrata-plebeyo Torcuato. Para quien quiso fundar un Museo de la Industria en Jujuy, y que al mismo tiempo escribía crónicas de agudo ironista, un pensamiento de esa índole mostraba por su reverso todo lo que le incumbía y que a cualquiera le cuesta definir, dónde fijar los intereses culturales en el vértigo de la historia.
* Sociólogo, ensayista.
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