miércoles 20 de julio de 2016
Echale la culpa al Estado
El relato de los "hombres de negocios" a quienes les habla el presidente, se centra, para justificar la fuga de capitales, en la intervención del Estado sobre áreas específicas del mercado, lo cual genera gastos e inflación. Según los fugadores, el cobro excesivo de impuestos, producto de estas dos variables, es lo que origina la fuga y la elusión tributaria.
La semana pasada el presidente Mauricio Macri aprovechó su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para pedirles a los empresarios que adhieran al blanqueo de capitales lanzado por el gobierno. "Todos debemos poner el hombro, todos debemos sincerar nuestra situación" dijo Macri, para luego señalar: "hemos entendido que el Estado tiene que estar al servicio de la gente y no de la política, con lo cual no vamos a tener que protegernos ni escondernos más".
La frase de Macri forma parte de una larga lista de declaraciones de miembros del gabinete nacional – muchos, hombres de negocios - que grafican bastante bien la visión de una parte del empresariado y los sectores de mayores ingresos del país sobre la fuga de capitales. Hace unas semanas, en el programa de Mirtha Legrand, el presidente del Banco Nación Carlos Melconian comenzó relativizando que sea tan malo "tener plata afuera" (mientras que esté declarada) para luego, ante la pregunta de los periodistas, terminar confesando que él también tenía gran parte de su fortuna fuera del país. "Como todos los argentinos… muchos de nosotros tenemos dinero guardado en el exterior", dijo.
Entre los hombres de negocios suele escucharse – con los micrófonos apagados - que la fuga es, en gran medida, consecuencia de un Estado que, "por ponerse al servicio de la política", interviene demasiado en el funcionamiento del mercado, gasta mucho y mal, y por ende, genera inflación y necesita cobrar muchos impuestos. En este relato, las implicancias éticas – e incuso legales - de "los fugadores" se ven diluidas, ya que la responsabilidad principal está en las políticas públicas que "los obligan a esconder su patrimonio". De las declaraciones de Macri y Melconian parecen desprenderse justificaciones más directas: "no es lo ideal pero tampoco está mal", "lo hacemos todos", "no lo haríamos si se aplicasen políticas serias". Por eso no es casual el tipo de medidas que el gobierno viene lanzando para lidiar con la fuga de capitales, debilitando las funciones de investigación sobre salidas de capitales por parte del sector empresarial que implican evasión o delitos cambiarios, y focalizándose en el relacionado con narcotráfico y corrupción política.
Lo primero fue poner al frente de la Unidad de Información Financiera - principal organismo antilavado – a dos profesionales vinculados al sector financiero: Mariano Federici y María Eugenia Talerico. El primero es un abogado vinculado al estudio de Félix Marteau, que patrocinó bancos acusados de lavado. La segunda se desempeñó como abogada del HSBC, justamente, en causas por fuga de capitales iniciadas durante la gestión anterior.
Las expectativas del gobierno se centran hoy en el blanqueo de capitales. Será el quinto desde el regreso de la democracia (y tercero en una década), lo que muestra no sólo la magnitud de la fuga, sino la impotencia/complicidad de los distintos gobiernos para detectar y sancionar a los evasores. Probablemente la principal diferencia de éste con el último del kirchnerismo es que para acceder al perdón no será necesario ingresar los capitales al país: bastará con declararlos y pagar una tasa (que va del 5% al 15%, dependiendo del monto), aunque también puede evitarse gran parte del pago si se suscriben bonos. Por otro lado, mientras que el blanqueo de 2013 sólo tenía por objetivo moneda extranjera (a la cual no se le cobraba nada a condición de que se repatriara), en este caso también se pueden declarar inmuebles y otros activos financieros.
Como parte de la ley de blanqueo el oficialismo introdujo -a último momento, luego de que la norma fuera aprobada en general - un artículo que transfiere a la UIF del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio de Hacienda. De esta forma, las investigaciones sobre lavado –que forman parte de las políticas de lucha contra el delito- pasan a depender de un ministerio cuya meta prioritaria hoy es atraer inversiones, lo cual ha generado críticas entre muchos especialistas. Para el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, la medida "se enmarca en el proceso más amplio por el cual la UIF ha relegado a un segundo plano la persecución del lavado vinculado a delitos económicos y financieros". Y señala: "así, al enfocar el discurso exclusivamente en corrupción y narcotráfico, se deja de lado la incidencia sobre los fenómenos criminales donde se genera la mayor cantidad de dinero ilícito, según los pocos estudios existentes. No es casual que las nuevas autoridades de la UIF, al asumir, hubieran adelantado que la tarea del organismo sería 'buscar inversiones internacionales'. Así, en lugar de controlar la ilicitud del Poder Económico, el organismo parece más bien alinearse con él, evitando el desarrollo de acciones que puedan molestar al establishment".
Como parte del "cambio de paradigma", la semana pasada el Banco Central anunció una amnistía para 60.000 personas investigadas por infligir el régimen penal cambiario, principalmente durante las restricciones a la compra de divisas. Entre otras, se refieren a casos tales como comprar moneda extranjera para turismo sin demostrar el viaje, extraer dólares de un cajero del exterior por encima de lo entonces permitido, excederse en los límites del envío de remesas por ayuda familiar o mostrar inconsistencias en los códigos de validación. El argumento es que la amnistía alcanzará al 80% de las personas bajo proceso – en general, por montos pequeños - lo cual permitirá liberar recursos para continuar las investigaciones más relevantes. Sin embargo, a otra escala, la medida está alineada con la visión más general que se describió al inicio de la nota: ser indulgentes con el delito económico cuando se considera que éste es resultado de una intervención estatal desmedida.
* Doctor en Ciencias Sociales e investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM) y del CONICET
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