lunes, 18 de julio de 2016

LA INVERSIÓN DE YPF

lunes 18 de julio de 2016





LA PETROLERA DISTRIBUYÓ 2,26 PESOS POR ACCIÓN, 

LA MAYOR CIFRA DESDE 2011


En vez de invertir, YPF reparte dividendos récord



El Gobierno sostiene que el tarifazo busca incentivar vía precios a las empresas para incrementar la oferta de gas y luz, pero la petrolera estatal prevé una reducción de 25 por ciento en su inversión anual al tiempo que reparte jugosos dividendos.
                      YPF es la empresa que debería marcar el rumbo en el sector                             energético a la hora de las inversiones.


Por      Cristian Carrillo


El gobierno sostiene que el tarifazo responde a la necesidad de incentivar vía precios a las generadoras y distribuidoras de energía para incrementar la oferta de gas y electricidad. La empresa que debería marcar el rumbo aumentando su inversión, tal como lo vino haciendo hasta el año pasado, es la petrolera estatal YPF. Sin embargo, la compañía adelantó en marzo que prevé una reducción de un 25 por ciento en sus niveles de inversión para este año. La decisión de desembolsar menos recursos para aumentar la producción contrasta con el jugoso reparto de dividendos que concretó el pasado 7 de julio, equivalente a 2,26 pesos por cada acción, la mayor cifra desde 2011, el último año en que YPF estuvo administrada por la española Repsol. La capitalización de la empresa se distribuye en 393,2 millones de acciones, de las cuales 200,5 millones (51 por ciento) están en manos del Estado, con lo cual podría demandar cerca de 1000 millones de pesos la distribución de utilidades a inversores, en vez de reinvertirlas para lograr más producción.

La estatización de la petrolera significó una fuerte reversión de la tendencia de vaciamiento que caracterizó la administración privada de la compañía a cargo de la ibérica Repsol hasta que se la expropió el Estado, situación por la cual el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, pidió disculpas en España. La nacionalización de YPF no sólo logró revertir la tendencia declinante en la producción de hidrocarburos, que había retrocedido un 7 por ciento en promedio durante 2003-2012, sino que también inició una curva ascendente para la inversión. Sólo en 2012 la empresa invirtió 3000 millones de dólares.

Al año siguiente, YPF obtuvo el record de producción de petróleo de 200 mil barriles diarios. Las mayores inversiones permitieron aumentar la actividad con 51 pozos perforados (junio de 2012 contra junio de 2013). Esa cifra triplicó el promedio de 18 pozos por año perforados entre 2007 y 2011. Y la tendencia se mantuvo en los años subsiguientes.

Si se analiza el desempeño de YPF hasta junio del año pasado con respecto a 2011, se observa que la producción de petróleo se expandió un 30 por ciento y la de gas en un 12 por ciento. Esta mejora se explicó por un crecimiento de la inversión en los tres últimos años en torno a un 177 por ciento, superando los 6800 millones de dólares en 2014 (el mejor año en inversiones para YPF). El incremento de la producción fue acompañado por el aumento de las reservas de gas y petróleo de la compañía que crecieron un 23,8 por ciento entre los años 2012 y 2014. A su vez, el proceso de incremento de la inversión y la producción registrado luego de la nacionalización le permitió al país ahorrar 9667 millones de dólares en importación de hidrocarburos. "El incremento de la producción de petróleo y gas desde la toma de control de la compañía por parte del Estado Nacional posibilitó disminuir las importaciones de petróleo en 4.476 millones de dólares y las de gas en 5.191 millones. Es decir, los ahorros alcanzados a través del incremento de la producción de petróleo y gas desde la adquisición de la mayoría accionaria de YPF por parte del Estado Nacional prácticamente duplicaron el costo de dicha adquisición", destacó el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, en septiembre del año pasado.

En contraste con lo ocurrido en los últimos años, la actual conducción busca mostrar a una YPF con una situación financiera delicada, la cual en parte fue auto-inflingida por las políticas económicas aplicadas por el propio gobierno. "YPF registró en el primer trimestre del año una caída interanual del 63,8 por ciento en su utilidad operativa, a causa del fuerte retroceso del precio internacional del crudo y por la devaluación de la moneda argentina dispuesta a mediados de diciembre pasado", publicó la petrolera que conduce Miguel Ángel Gutiérrez en una comunicación presentada a la Bolsa.

La empresa compensó la menor ganancia en lo que va del año ampliando su emisión de deuda en 750 millones de dólares respecto de los mil millones previstos y ejecutados para este año, según había afirmado la nueva conducción de la empresa. Lo extraño es que ese mayor endeudamiento no se haya reflejado en mayores niveles de inversión, la cual se reducirá en un 25 por ciento este año, según adelantaron las autoridades de la compañía en un encuentro con inversores realizado el pasado 4 de marzo. El COF (Chief Financial Officer o Ejecutivo Financiero), Daniel González, adelantó hace unos meses que la meta de inversión de YPF para todo 2016 será de 4500 millones de dólares, la más baja de los últimos dos años.

La inversión de YPF en los últimos años había estado centrada en la exploración del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, que podría permitir el autoabastecimiento energético del país en el mediano plazo y colocar a la Argentina como unos de los principales exportadores de petróleo y gas no convencional.

El argumento oficial es que los vencimientos de la deuda para inversión heredada reduce el margen para este año. Es un argumento falaz, ya que siempre se puede hacer rollover de la deuda, ya que la empresa encontraría pocas y nulos problemas conseguir mercado teniendo en cuenta el respaldo como garantía de contar con una de las mayores reservas de shale-gas y shale-oil del mundo.

De esta manera, la empresa, que debería encabezar el proceso de inversión en el área más sensible para el país, decide no hacerlo. En cambio, el 30 de junio pasado informó a la Bolsa, en una carta firmada por Diego Celaá, Responsable de Relaciones con el Mercado de YPF, que la compañía pagaría el 7 de julio subsiguiente 2,26 pesos por acción sin distinción de clases (A, B, C Y D), sobre un total de 393,2 millones que contabiliza la Bolsa. Este pago representa a un incremento de 76,6 por ciento respecto de lo distribuido el año pasado. Desde la nacionalización de la mayoría accionaria de YPF se pagó dividendos en 2012 por 0,77 pesos por acción; en 2013, 0,83 pesos; en 2014, 1,18 pesos; y el año pasado, 1,28 pesos. En esos años se incrementaron también las inversiones globales en hidrocarburos, en participación en otras empresas, que crecieron durante ese período 30 por ciento. Como resultado de esas inversiones, en el primer trimestre del año pasado esas empresas le redituaron dividendos a YPF por 150 millones de dólares, mientras que en el primer trimestre de este año no recibió utilidades, en un escenario de caída en el precio internacional del crudo.

Todavía en campaña, el presidente Mauricio Macri había asegurado que las tres banderas del kirchnerismo en materia de nacionalización – el sistema solidario de jubilaciones, Aerolíneas Argentinas e YPF – se mantendrían bajo su gestión. El desguace de la aerolínea de bandera, con pérdida de rutas y recorte de frecuencias, fue la primera señal contraria. Paradójicamente esas pérdidas fueron aprovechadas por su principal competidora, la chilena LAN, que además aportó varios de sus CEOs al Directorio de Aerolíneas. Los gremios aeronáuticos alertan sobre la posibilidad de que se venda la empresa o algunos de sus negocios. La segunda fue el sistema jubilatorio. Los cambios introducidos bajo el argumento de pago de sentencias y de actualización de haberes previsionales deja en situación de debilidad la sustentabilidad del sistema, lo que aumenta el riesgo de que la solución del macrismo sea una nueva privatización. La reducción de las inversiones de YPF, al tiempo que se incrementa el reparto de utilidades, también marca la retirada del Estado de un sector estratégico.
El tarifazo de luz y gas tuvo al empresario Nicolás Caputo, amigo íntimo, socio y acreedor del presidente Mauricio Macri, como uno de sus principales beneficiados. La familia Caputo tiene el 23 por ciento de la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), la segunda generadora del país, con intereses también en el eslabón de la distribución eléctrica y gasífera. En generación, la firma posee acciones en Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración, mientras que en distribución tiene intereses en Edesur y controla Ecogas, principal accionista de Gas Cuyana y de Gas del Centro. A su vez, otra de las grandes beneficiadas fue Pampa Energía, presidida en Argentina por Marcelo Mindlin, pero bajo la órbita del grupo Tavistock de John Lewis, el magnate británico en cuya casa Macri pasó el descanso de Semana Santa, ofertó y compró en febrero Petrobrás Argentina.
Entre los accionistas de Sadesa figuran además Carlos Miguens Bemberg, con el 33,9 por ciento de las acciones; Caputo con el 23, Guillermo Reca, con el 22,5; los empresarios Escasany, con el 13,6; y los hermanos Ruete Aguirre, con el 7 por ciento. El presidente de Sadesa es Miguel Reca, un ex ejecutivo de Merry Linch, otro amigo de Mauricio Macri que suele frecuentar la quinta de Los Abrojos para los partidos de fútbol con el equipo del Cardenal Newman, según recordó ayer la legisladora del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, en un informe sobre los empresarios cercanos a Macri que fueron beneficiados por el tarifazo, publicado en el sitio web nuestrasvoces.
Distribuidora de Gas Cuyana, la gasífera que presta servicios en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis promovió en diciembre una demanda contra el Estado Nacional para que las nuevas autoridades procedieran a otorgar los aumentos de tarifas que figuraban en las renegociaciones contractuales aprobadas por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner entre 2008 y 2010. La demanda presentada en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal exigió el cumplimiento del "Acuerdo Transitorio" de octubre de 2008, que fue ratificado por el decreto 235/2009, y del "Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral", que fue firmada en septiembre de 2009 y ratificada posteriormente por medio del decreto 483/2010.
"En el balance 2015, la empresa de Caputo plantea un panorama sobre el campo energético de la Argentina que dista bastante de la desolación y el caos que transmite ahora el gobierno. Sadesa participó en casi un veinte por ciento de la generación de energía mayorista, y tuvo un crecimiento en sus ganancias del 219 por ciento con respecto al año anterior", detalló Cerruti.
La legisladora del FpV aseguró además que el aumento de tarifas fue una condición acordada entre Macri y Pampa Energía para que esta última empresa desembarcara en Petrobas. "Mindlin viajó junto a Mauricio Macri al encuentro empresario de Davos, Suiza, en enero pasado y allí sellaron el acuerdo. Pampa Energía compraría Petrobras no sólo para seguir produciendo gasoil, sino para convertirla en una proveedora de gas. Para eso necesitaban un drástico aumento de los precios mayoristas. Macri cumplió su parte: cuando volvieron de Davos, instruyó al ministro Aranguren para que aumentaran de un golpe todas las tarifas, luz, agua y gas", aseguró Cerruti.
Pampa Energía, la mayor empresa del mercado eléctrico, es bien conocida para el gobierno machista: Luis Caputo, actual secretario de Finanzas, encargado de negociar el acuerdo con los fondos buitres, fue su gerente general durante diez años. La empresa presidida por Mindlin es controlada por Lewis, el excéntrico millonario que valló los ingresos al Lago Escondido luego de construir una mansión de 8 millones de dólares, alojó en su casa a Mauricio Macri y Juliana Awada cuando acompañaron al sur al presidente de Estados Unidos Barack Obama", agregó Cerrutti, quien además recordó que por esa época Lewis obtuvo una licitación del gobierno de Río Negro para construir una represa energética en el Río Escondido, que proveerá de electricidad monopólicamente a la zona de El Bolsón.
El tarifazo de luz y gas tuvo al empresario Nicolás Caputo, amigo íntimo, socio y acreedor del presidente Mauricio Macri, como uno de sus principales beneficiados. La familia Caputo tiene el 23 por ciento de la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), la segunda generadora del país, con intereses también en el eslabón de la distribución eléctrica y gasífera. En generación, la firma posee acciones en Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración, mientras que en distribución tiene intereses en Edesur y controla Ecogas, principal accionista de Gas Cuyana y de Gas del Centro. A su vez, otra de las grandes beneficiadas fue Pampa Energía, presidida en Argentina por Marcelo Mindlin, pero bajo la órbita del grupo Tavistock de John Lewis, el magnate británico en cuya casa Macri pasó el descanso de Semana Santa, ofertó y compró en febrero Petrobrás Argentina.
Entre los accionistas de Sadesa figuran además Carlos Miguens Bemberg, con el 33,9 por ciento de las acciones; Caputo con el 23, Guillermo Reca, con el 22,5; los empresarios Escasany, con el 13,6; y los hermanos Ruete Aguirre, con el 7 por ciento. El presidente de Sadesa es Miguel Reca, un ex ejecutivo de Merry Linch, otro amigo de Mauricio Macri que suele frecuentar la quinta de Los Abrojos para los partidos de fútbol con el equipo del Cardenal Newman, según recordó ayer la legisladora del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, en un informe sobre los empresarios cercanos a Macri que fueron beneficiados por el tarifazo, publicado en el sitio web nuestrasvoces.
Distribuidora de Gas Cuyana, la gasífera que presta servicios en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis promovió en diciembre una demanda contra el Estado Nacional para que las nuevas autoridades procedieran a otorgar los aumentos de tarifas que figuraban en las renegociaciones contractuales aprobadas por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner entre 2008 y 2010. La demanda presentada en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal exigió el cumplimiento del "Acuerdo Transitorio" de octubre de 2008, que fue ratificado por el decreto 235/2009, y del "Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral", que fue firmada en septiembre de 2009 y ratificada posteriormente por medio del decreto 483/2010.
"En el balance 2015, la empresa de Caputo plantea un panorama sobre el campo energético de la Argentina que dista bastante de la desolación y el caos que transmite ahora el gobierno. Sadesa participó en casi un veinte por ciento de la generación de energía mayorista, y tuvo un crecimiento en sus ganancias del 219 por ciento con respecto al año anterior", detalló Cerruti.
La legisladora del FpV aseguró además que el aumento de tarifas fue una condición acordada entre Macri y Pampa Energía para que esta última empresa desembarcara en Petrobas. "Mindlin viajó junto a Mauricio Macri al encuentro empresario de Davos, Suiza, en enero pasado y allí sellaron el acuerdo. Pampa Energía compraría Petrobras no sólo para seguir produciendo gasoil, sino para convertirla en una proveedora de gas. Para eso necesitaban un drástico aumento de los precios mayoristas. Macri cumplió su parte: cuando volvieron de Davos, instruyó al ministro Aranguren para que aumentaran de un golpe todas las tarifas, luz, agua y gas", aseguró Cerruti.
Pampa Energía, la mayor empresa del mercado eléctrico, es bien conocida para el gobierno machista: Luis Caputo, actual secretario de Finanzas, encargado de negociar el acuerdo con los fondos buitres, fue su gerente general durante diez años. La empresa presidida por Mindlin es controlada por Lewis, el excéntrico millonario que valló los ingresos al Lago Escondido luego de construir una mansión de 8 millones de dólares, alojó en su casa a Mauricio Macri y Juliana Awada cuando acompañaron al sur al presidente de Estados Unidos Barack Obama", agregó Cerrutti, quien además recordó que por esa época Lewis obtuvo una licitación del gobierno de Río Negro para construir una represa energética en el Río Escondido, que proveerá de electricidad monopólicamente a la zona de El Bolsón.
               El ministro Aranguren con Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de YPF.












DOS AMIGOS DE MACRI ENTRE LOS PRINCIPALES 

BENEFICIADOS


Los que ganan con el tarifazo



Nicolás Caputo, accionista de Sadesa, y John Lewis, el magnate británico con intereses en Pampa Energía, están en la lista de los que incrementaron su rentabilidad con la fuerte suba de tarifas que impulsó el Gobierno.
      Nicolás Caputo es amigo íntimo, socio y acreedor de Mauricio Macri.

El tarifazo de luz y gas tuvo al empresario Nicolás Caputo, amigo íntimo, socio y acreedor del presidente Mauricio Macri, como uno de sus principales beneficiados. La familia Caputo tiene el 23 por ciento de la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), la segunda generadora del país, con intereses también en el eslabón de la distribución eléctrica y gasífera. En generación, la firma posee acciones en Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración, mientras que en distribución tiene intereses en Edesur y controla Ecogas, principal accionista de Gas Cuyana y de Gas del Centro. A su vez, otra de las grandes beneficiadas fue Pampa Energía, presidida en Argentina por Marcelo Mindlin, pero bajo la órbita del grupo Tavistock de John Lewis, el magnate británico en cuya casa Macri pasó el descanso de Semana Santa, ofertó y compró en febrero Petrobrás Argentina.
Entre los accionistas de Sadesa figuran además Carlos Miguens Bemberg, con el 33,9 por ciento de las acciones; Caputo con el 23, Guillermo Reca, con el 22,5; los empresarios Escasany, con el 13,6; y los hermanos Ruete Aguirre, con el 7 por ciento. El presidente de Sadesa es Miguel Reca, un ex ejecutivo de Merry Linch, otro amigo de Mauricio Macri que suele frecuentar la quinta de Los Abrojos para los partidos de fútbol con el equipo del Cardenal Newman, según recordó ayer la legisladora del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, en un informe sobre los empresarios cercanos a Macri que fueron beneficiados por el tarifazo, publicado en el sitio web nuestrasvoces.
Distribuidora de Gas Cuyana, la gasífera que presta servicios en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis promovió en diciembre una demanda contra el Estado Nacional para que las nuevas autoridades procedieran a otorgar los aumentos de tarifas que figuraban en las renegociaciones contractuales aprobadas por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner entre 2008 y 2010. La demanda presentada en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal exigió el cumplimiento del "Acuerdo Transitorio" de octubre de 2008, que fue ratificado por el decreto 235/2009, y del "Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral", que fue firmada en septiembre de 2009 y ratificada posteriormente por medio del decreto 483/2010.
"En el balance 2015, la empresa de Caputo plantea un panorama sobre el campo energético de la Argentina que dista bastante de la desolación y el caos que transmite ahora el gobierno. Sadesa participó en casi un veinte por ciento de la generación de energía mayorista, y tuvo un crecimiento en sus ganancias del 219 por ciento con respecto al año anterior", detalló Cerruti.
La legisladora del FpV aseguró además que el aumento de tarifas fue una condición acordada entre Macri y Pampa Energía para que esta última empresa desembarcara en Petrobas. "Mindlin viajó junto a Mauricio Macri al encuentro empresario de Davos, Suiza, en enero pasado y allí sellaron el acuerdo. Pampa Energía compraría Petrobras no sólo para seguir produciendo gasoil, sino para convertirla en una proveedora de gas. Para eso necesitaban un drástico aumento de los precios mayoristas. Macri cumplió su parte: cuando volvieron de Davos, instruyó al ministro Aranguren para que aumentaran de un golpe todas las tarifas, luz, agua y gas", aseguró Cerruti.
Pampa Energía, la mayor empresa del mercado eléctrico, es bien conocida para el gobierno machista: Luis Caputo, actual secretario de Finanzas, encargado de negociar el acuerdo con los fondos buitres, fue su gerente general durante diez años. La empresa presidida por Mindlin es controlada por Lewis, el excéntrico millonario que valló los ingresos al Lago Escondido luego de construir una mansión de 8 millones de dólares, alojó en su casa a Mauricio Macri y Juliana Awada cuando acompañaron al sur al presidente de Estados Unidos Barack Obama", agregó Cerrutti, quien además recordó que por esa época Lewis obtuvo una licitación del gobierno de Río Negro para construir una represa energética en el Río Escondido, que proveerá de electricidad monopólicamente a la zona de El Bolsón.












OPINIÓN

Con los López no alcanza


Por      Eduardo Aliverti

Es probable que el Gobierno haya encontrado una línea demarcatoria, que sería la primera de alcances sociales extendidos.
Lo anterior no significa necesariamente un problema severo para el macrismo, porque podría asistirlo su capacidad de conducción política (si es que la demuestra) y, sobre todo, la ausencia de una oposición activa, confiable, liderada. Pero habría quedado claro, a tan poco de asumido, que los versos de la herencia recibida no le son suficientes. De hecho, todo oficialismo sabe que reposar en acusaciones contra la gestión anterior es una estratagema con plazos acotados. En algún momento eso se termina y puede estar ocurriendo, justamente, que al macrismo haya comenzado a acabársele tal vez más rápido que lo esperado, luego de la conmoción causada por las escenas de López y la predicción de que eso le daba soga por largo rato. Vale un breve repaso. Durante sus primeros meses, el Gobierno usufructuó dos aspectos. Uno, natural, se correspondió con el crédito o la mansedumbre que, casi siempre, las mayorías le abren a toda administración nueva. El otro fue la necesidad de aparecer como una fuerza no peronista capaz de mostrar que no sería, ni por asomo, la Alianza de radicales y viudas del PJ cuyo limbo desembocó en la catástrofe anunciada de 2001. Fue así que produjeron la megadevaluación desmentida en campaña, a más de quitar retenciones al agro y arreglar con los buitres para desfinanciar al Estado, volver a endeudar el país con el exterior hasta límites desconocidos en un período tan corto y lograr la aceptación social que, en términos reales o simbólicos, se basó en la ficción de liberarse del cepo cambiario y de otros que los medios bien construyeron como imagen de un modelo asfixiante, el kirchnerista. En medio de esa movida estructural, que transfirió ingresos descomunales a los grupos del privilegio, el Gobierno aprovechó, sólo por citar dos ítems, para colar y liquidar de un plumazo la ley de medios audiovisuales que tanto trabajo costó, y para (intentar) meter por la ventana a dos jueces en la Corte Suprema. Lo primero fue logrado sin mayores resistencias y lo segundo sólo despertó lo que se llama "alerta institucional", que quiere decir llamados de atención por parte de familia judicial y prensa adicta preocupados por guardar ciertas formas. Este último ejemplo es particularmente válido para trasladarlo a lo ocurrido tras la sucesión de tarifazos.
Los referentes gubernamentales dicen que van aprendiendo a prueba de ensayo y error pretendiendo, de paso, una exhibición de humildad republicanista. Sabemos corregir, no tenemos anteojeras, no somos el kirchnerismo. Pero no aprenden, ni les importa: miden, que es muy diferente. El viejo y nunca bien ponderado "si pasa, pasa", y si no veremos. Es lo que hicieron, precisamente, con la jugada respecto de la Corte. Cuando no pasó la entrada por la ventana articularon con los barones peronistas del Senado, lograron la aprobación y de yapa quedaron como negociadores democráticos que saben retroceder si la República lo exige. En cambio, lo sucedido con las tarifas de servicios públicos no es notable, solamente, por el embrollo en que se metió el Gobierno, solito, sino por otras tres cuestiones que deberían llamar a la reflexión en torno de las verdades dadas por hechas. Una es la comunicacional, por aquello de que los grandes medios pueden tejer la realidad tanto como se les antoje. El tarifazo fue acompañado por el silencio mediático pero también por una lista de acciones movilizadoras y medidas cautelares, que los afectados diversos desplegaron en municipios y provincias hasta generar un clima que derivó en el fallo suspensivo de la Cámara Federal de la Plata. Ese dictamen fue consecuencia, no una bala perdida. Y esa consecuencia provino de un fastidio popular, por abajo y sobre todo por el medio, que podrá tener inorganicidad política porque nadie lo conduce, pero que de ninguna manera era para ignorar. De pronto, los medios y colegas amigos del Gobierno descubrieron que, aparte de López y las monjitas, hay bronca con la marcha de una economía que tiene cero de visos reactivadores, y unas pymes acogotadas, y un discurso oficial que, atento el tarifazo, reside en que Macri pide no andar por la casa invernal ni en patas ni en remera, o solicitando que bajen la calefacción en el festejo por los 150 años de la Sociedad Rural.
Una segunda materia pone en duda la certeza de que el macrismo dispone de grandes cuadros políticos, capaces de afrontar así nomás las adversidades populares inherentes a un gobierno de derechas, de ejecutivos hieráticos, de gerentes que se manejan cual si un país fuese una empresa en la que no hay voz que se levante, ni protesta que no se arregle acomodando al sindicato. ¿Dónde quedó que Aranguren es un eficientista inmejorable, y dónde que Prat Gay era el chico gradualista apto para imponer condiciones sensibles, y dónde que los radicales –o como gusten llamarse hoy, porque ya se perdió de vista qué cosa significan que le importe a quién– no se sientan despechados ni empiecen a reclamar mayor protagonismo (como Moyano, quien ahora avisa que está cerca el tiempo de la pelea una vez que arregló en la AFA)? Lo que importa no son las características morales de los que empiezan a correrse del macrismo, sino lo objetivo de que a menos de siete meses de gobierno parece faltar la tanta muñeca política adjudicada a los neoconservadores que gobiernan. Y tercer asunto: ¿qué cuentas sacaron acerca de que bastaría la voluntad de desnudarse, confiables, frente al mercado financiero internacional? Es que, si es por eso, la rapiña de los "inversores" consiste en exigir más ajustazo todavía; y la de algunos agentes locales también, de acuerdo con lo que se lee y escucha en las notas editoriales de La Nación y en las bocas de expendio de los idealistas más gurkas de las consultoras (Espert, Broda, su ruta). Todo esto sin contar las contradicciones secundarias hacia dentro del bloque dominante. El complejo agroexportador que pretende un dólar cercano a 20, la renovada patria financiera con aspiraciones de tasas de interés elevadas que chocan con el control del dólar y unos sectores industriales – ni hablar de sus pymes satelitales – ya afectados por la avalancha importadora que colisiona a su turno con los dos anteriores. Esa ensalada requiere del manejo político que el kirchnerismo tenía bien o más o menos, y que hoy no existe. Incluso en la faz estrictamente institucional tienen sus desconsuelos, como lo revela la patada para adelante de la Corte en el tema tarifario. Los supremos responden al bloque de poder expresado en el Gobierno, sin dudas, pero de ahí a comer vidrio hay bastante diferencia.
Los tarifazos son una conclusión de lo que el Gobierno pretendía socialmente inocuo. En uno de los artículos sustancialmente más claros que se hayan publicado sobre transferencia de ingresos a las grandes corporaciones, durante apenas lo que va del macrismo, Claudio Scaletta (Página/12, miércoles pasado) escribió sobre números concretos: "Por el gas entregado al sistema de transporte (boca de pozo), las gasíferas pasarán de facturar menos de 4 mil a 7 mil millones de dólares anuales. Luego, si se toma como referencia el costo de producción de YPF, reciben casi 5 dólares por la unidad que les cuesta 1,9 producir. (…) La síntesis de estos números no demanda grandes abstracciones: el tarifazo del gas empezó con una transferencia a las gasíferas por alrededor de 3 mil millones de dólares anuales. Un pase de manos gigantesco que el macrismo ni siquiera consideró necesario justificar más allá de algún balbuceo sobre las inversiones y que, a pesar de la reacción social provocada por las nuevas tarifas, continúa manteniéndose fuera de la discusión". Datos como ésos podrían sumarse al escenario de las economías regionales, didácticamente resumido en el suplemento "Biz" que Ámbito Financiero publicó también el miércoles pasado con la firma de Guillermo Gammacurta. Pesca, vino, peras y manzanas, yerba, lechería, mercado porcino, registran caídas interanuales impactantes que en la mayoría de los casos responden a descenso de las exportaciones y aumento de las importaciones. Una historia que debería ser archiconocida porque ya la sufrieron generaciones de argentinos cada vez que gobernaron "estos tipos", como tituló el escritor Mempo Giardinelli hace unas semanas.
Al macrismo le llega la hora de determinar cómo timonea el poder desde su ejercicio mismo y ya no, solamente, en cuanto a los intereses de clase que representa. Hasta aquí lo hizo favorecido por la plancha social, pero el consumo popular se desplomó por obra de programa económico semejante y no hay la contrapartida de esa lluvia de dólares inversores que se creyeron en la alegre campaña del PRO (otra falacia, respecto de los grandes estrategas de mercado que tendría la alianza gobernante. Publicitarios sí que los tuvo, pero el poder es otra cosa). El "ruidazo" del jueves es un síntoma del descontento, por más que no haya tenido la magnitud concentrada de los caceroleos anti K. Menos que menos merece el, prácticamente, ninguneo de los medios oficialistas. Se produjo a muy poco tiempo de iniciarse la gestión, no a larga distancia. Y entre quienes tocaron la bocina, golpearon cosas y se juntaron en muchos lugares de todo el país, hay una inmedible pero reveladora cantidad de muchos que votaron a Macri.
Un signo de que sólo con López, o los López, no les alcanza.













EL CEPA REGISTRÓ 11 MIL NUEVAS CESANTÍAS DURANTE 

EL MES DE JUNIO


Los despidos se siguen multiplicando



Con los nuevos datos, llegan a 160 mil los trabajadores despedidos en el primer semestre. La mayoría de los afectados en el último mes se desempeñaban en el sector privado, en particular en frigoríficos, electrónica y también servicios.
           Si a los cesanteados se suman los suspendidos, los trabajadores afectados                       son 180 mil en 2016.

Por       Laura Vales

En junio hubo otros 11 mil despidos, llevando a 160 mil el total de personas que se quedaron sin trabajo en lo que va del año. El número trepa a 180 mil si se le agregan las suspensiones. La mayor parte de las nuevas cesantías se produjeron en el sector privado, todo indica que como efecto de la baja del consumo. Los despidos golpearon con fuerza a los trabajadores de frigoríficos y a los vinculados con la fabricación de electrodomésticos, dos tipos de productos que con la suba de precios quedaron fuera de la canasta popular. En el mismo sentido, por primera vez desde el viraje económico, el sector de los servicios fue muy afectado y concentró el 25 por ciento de los despedidos del mes. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los autores del relevamiento que contiene estos datos señalaron que "reconocidas marcas de cada rubro" continúan ajustando sus planteles. Así, la destrucción de puestos de trabajo muestra una continuidad, "contradiciendo el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y los principales grupos económicos empresariales el pasado 9 de mayo, que suspendía los despidos por seis meses".
El CEPA viene relevando la caída del empleo desde el verano, con informes mensuales. "Luego del impacto inicial que tuvieron los despidos en los ministerios nacionales, provinciales y municipales, los despidos y suspensiones del sector privado superaron ampliamente a los del sector público. A su vez, dentro de los privados se está viendo una secuencia: primero se vio afectado sobre todo el sector industrial, que es el productivo; ahora se sumó el efecto de la recesión, que se ve en el sector más comercial y de servicios", explicó Hernán Letcher, director del CEPA.
Si se observa el mapa de los despidos según la actividad, en junio encabezaron el ranking los frigoríficos con más de mil echados. Lo siguió el sector de electrónica y electromésticos con 540 despidos.
Dos casos ilustrativos son el de Longvie – que prescindió de 60 trabajadores contratados, argumentando la falta de demanda de sus productos –  y el de KMG-Kodak, fabricante de cámaras de fotos que suspendió a todos sus trabajadores por seis meses, "hasta vender el exceso de stock".
Las empresas textiles, por su parte, continúan expulsando trabajadores: Alpargatas, – con 450 suspensiones – Puma, Kevingston, están entre las marcas conocidas que achicaron sus planteles de empleados.
En el área de servicios, los trabajadores de comercio sufrieron más de mil despidos y suspensiones. Otro sector que siguió achicándose fue el de medios de comunicación, con 620 puestos de trabajo perdidos, esta vez centrados en medios del interior como La Mañana de Córdoba, Canal Cablevisión Sur, La Nueva Provincia o Canal 9 de Comodoro Rivadavia. Entre los gastronómicos, los más afectados fueron los de Mar del Plata, donde en los últimos tres meses cerraron unos 30 locales.
Una lectura de los investigadores que siguen de cerca la arena movediza en que se ha convertido el mercado laboral es que la conflictividad sindical, así como la instalación del tema en la agenda política, sirvió para poner un freno al entusiasmo por achicar las plantas. En este sentido, el CEPA marcó por ejemplo que "el virulento debate público en torno a la ley antidespidos y la movilización de las cinco centrales sindicales permitieron, hacia fines de abril, una relativa mitigación de la avanzada empresarial". Pero también advirtió que numerosos casos de despidos están saliendo a la luz por la denuncia de trabajadores que señalan la connivencia de sus sindicatos con la patronal, y deben encarar sin el respaldo del gremio la pelea por defender sus empleos.
Además de los despidos, el CEPA incluyó en su informe de junio otras medidas que están tomando las empresas para reducir sus costos laborales. Un caso fue la decisión de Techint y Acindar de incumplir el acuerdo paritario metalúrgico de los siderúrgicos, "que eventualmente aceptaron un 29 por ciento contra el 35 que debían homologar". En el mismo listado se agregan la vuelta de los despidos encubiertos bajo la forma de retiros voluntarios y "la creciente política de suspensiones, que sólo en contadas situaciones se acuerda con pagos salariales al 85 por ciento y trabajo rotativo, ya que en muchos casos el salario de los suspendidos es más bajo, del 50 o el 60 por ciento, y en los hechos opera como una reducción de las plantillas laborales".
















ENTREVISTA A LA SOCIÓLOGA BRASILEÑA  

VERA MALAGUTI BATISTA


"El neoliberalismo se basa en políticas sociales penales"



Malaguti analiza los mecanismos a través de los cuales el régimen neoliberal desmonta el Estado de Bienestar y promueve la criminalización de la política y "discursos del miedo" para ejercer el control social.

Por      Javier Lorca

La obsesión social con la violencia criminal, las políticas represivas, la persistencia cultural del colonialismo, el control social y el neoliberalismo son los principales caminos que explora la socióloga brasileña Vera Malaguti Batista en El miedo en la ciudad de Río de Janeiro, su libro publicado por la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Si bien su trabajo se concentra en Brasil, sus reflexiones extienden su alcance entre las sociedades latinoamericanas. "El neoliberalismo se basa en políticas sociales penales: disuelve al Estado de bienestar y desarrolla un tratamiento de la pobreza desde la política penal", dice en esta entrevista con Página/12.
– ¿Por qué la violencia criminal es una de las grandes preocupaciones de las sociedades contemporáneas, al menos en América Latina?
– Creo que es una manera plástica de ejercer el control social sobre los sectores populares, criminalizando las estrategias de supervivencia de los pobres. En el período neoliberal, un período con mucha pobreza y desempleo, la criminalización fue una estrategia muy eficaz, incluso para la criminalización de la izquierda. Milo Batista dice que el criminal es un fetiche, porque tapa la conflictividad social que hay por detrás. Esta ha sido una estrategia tan eficaz que hoy en Brasil vemos una criminalización de la política. La criminalización se constituyó en el principal eje político. Ya no se discute un proyecto de país

–¿A qué denomina "discursos del miedo", cómo los caracteriza?
– El discurso del miedo generalmente es impulsado por quienes están más protegidos. Si uno ve las estadísticas de violencia, al menos en Brasil, la gente que más muere es aquella de la que se tiene más miedo. El peligro, la posibilidad de sufrir violencia, está mucho más en zonas como las favelas que en los barrios más ricos. Pero son esos sectores sociales más ricos los que están detrás de un discurso de larga duración que ha transformado al pueblo en un "gran otro". Esa estrategia tiene un origen europeo, comenzó con la colonización, es un discurso en contra del pueblo, de las minorías, las poblaciones originarias y afrodescendientes. Los discursos del miedo se agudizan siempre que hay protagonismo popular. Se construye una subjetividad que cree que el protagonismo popular va a generar el caos, el desorden. En Brasil eso es muy fuerte, por un enfrentamiento entre el orden colonial, blanco, y el vasto mundo de los pueblos originarios y afrodescendientes.

– Civilización o barbarie.
– Exactamente. Y esa es una estrategia que siempre es reconstruida cuando hay una disputa política en la que las fuerzas populares pueden alcanzar el poder. El miedo al caos, a los sucios, a los inmorales, es una construcción de larga tradición histórica, no es algo que sucede solamente desde los años 90.

– ¿Cuál es el atractivo de los discursos del miedo? ¿Por qué logran adhesión social y no sólo entre los sectores acomodados?
– En momentos sociales complejos, es atractivo identificar el peligro afuera y atribuírselo a alguien. Además del rol que cumplen los medios de comunicación, la política criminal de drogas impuesta por los Estados Unidos juega un papel fundamental, es también una forma de educación. Por ejemplo, ha construido la figura del narcotraficante como un gran enemigo. Pero, cuando uno observa el comercio al menudeo de drogas, encuentra que es protagonizado por jóvenes sin ningún tipo de organización. Pero ese discurso hace que se constituya un sistema de control de los barrios más pobres, con blancos selectivos.



–¿El discurso de la lucha contra las drogas legitima la violencia contra determinados sectores sociales?
– Claro, y en especial legitima la violencia geográficamente instalada. La guerra contra las drogas genera una espiral de violencia que está en constante crecimiento.



– ¿Cuál es la relación particular de estos discursos con el neoliberalismo? En su libro se refiere a "la política penal como la gran política social del neoliberalismo".
– Es un poco la tesis del sociólogo Loïc Wacquant, que ha rectificado la comprensión que teníamos del neoliberalismo como algo que destruye las redes colectivas de amparo... La ha rectificado del siguiente modo: el neoliberalismo destruye esas redes de apoyo, pero aumenta exponencialmente el tratamiento penal de los problemas sociales. En ese sentido, es increíble cómo se ha incrementado la población carcelaria. En el caso de Brasil, Fernando Enrique Cardoso ha sido el presidente neoliberal más eficaz: llegó en 1994 y bajo su presidencia se dio un incremento del 500 por ciento de la población carcelaria. Pero, principalmente, lo que consigue el neoliberalismo es producir una adhesión subjetiva al poder punitivo, una fe muy grande en que la política penal puede resolver los problemas sociales. Si hay un problema agrario, se aumentan las penas para delitos relacionados con el modelo agrario. Si hay un problema de salud pública con las adicciones, se aumentan las penas para delitos relacionados con las drogas. Esto no solamente aumenta la población carcelaria, también aumenta la violencia, porque el sistema penal produce violencia. Pero a la vez mantiene "en orden" a vastos sectores populares. Establece vínculos simbióticos entre las favelas y las prisiones. El neoliberalismo se basa en políticas sociales penales: disuelve al Estado de bienestar y desarrolla un tratamiento de la pobreza desde la política penal. Y lo hace inculcando esta fe en lo penal.



– ¿Qué función cumplen los medios de comunicación hegemónicos en la configuración de los discursos del miedo?
– Hay una educación inculcada por los grandes medios, en el largo plazo, que va constituyendo un flanco muy nítido de peligro. El sociólogo brasileño Gilberto Vasconcellos habla de un "capitalismo video-financiero". En Brasil, el monopolio mediático tiene nombre y es Globo, una red de televisión que extiende por todo el país una educación comunicacional, subjetiva, de lenguaje, y además tiene el periódico, con una influencia política enorme, desde donde se pautan las políticas públicas en general, y las políticas penales en particular. Zaffaroni dice que para que haya genocidios antes tiene que haber discursos legitimantes... Las políticas criminales en Brasil tienen un grado de letalidad increíble, el esfuerzo de demonizar por ejemplo las redes de venta al menudeo de sustancias ilícitas ha generado una naturalización increíble del exterminio y de la existencia de milicias civiles. Esa construcción de que el gran enemigo está localizado entre los jóvenes de las favelas, es como si fuera una pena de muerte natural. El discurso del miedo al crimen es un fenómeno continental, que ha producido legislaciones, aumento de penas, incremento de las poblaciones carcelarias, la industria de la seguridad... Con un goteo cotidiano, se ha ido produciendo una mentalidad por la que los ricos se atrincheran en fortalezas, en condominios cerrados, un modelo de seguridad total montado en contra del vecino.
















OPINIÓN



La desazón y la esperanza



Por     Mempo Giardinelli


Hoy lunes 18 de julio se cumplen 22 años del feroz atentado contra la AMIA y nuevas paradojas están a la vista: las dirigencias comunitarias judías no se pronuncian contra la invitación a neonazis a la Casa Rosada, de igual modo que en tiempos de Menem hacían la vista gorda frente a la tramada confusión que buscaba, y encontró, garantizar impunidad a los asesinos. Como ayer el Sr. Beraja, hoy el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y muchos legisladores y funcionarios macristas judíos practican el mismo silencio inexplicable, inmoral.

La perplejidad y la rabia que eso produce en millones de buenas personas que son simples ciudadanos y ciudadanas que trabajan honradamente, coincide, de modo contundente, doloroso y atemorizado, con los múltiples datos y amenazas de lo que solemos llamar la realidad. Es un sentimiento que de diversos modos viene ganando al pueblo argentino, y sobre todo a quienes viven en las provincias, lejos del siempre exasperado microclima porteño. Amigos, colegas, lectores, gente de las más diversas extracciones, orígenes y residencias, informan a esta columna acerca de sus sentimientos: desánimo, desesperanza, desasosiego, bronca, frustración e incluso deseos de emigrar, como pareciera que está condenada a sucederle a una de cada dos generaciones argentinas.

La dirección ideológica que imponen los llamados "grandes medios", que son los verdaderos enemigos de la democracia y la civilidad, viene triunfando en su perverso propósito: desalentar, desmotivar, sumir en la impotencia y la inacción. Esos sentimientos, perfectamente funcionales al gobierno macrista y a los intereses transnacionales, están destruyendo en pocos meses las pymes, el empleo y la producción nacional, sustituida día a día con basura importada.

La desazón que se expande, pegajosa, e impregna la piel de tantos argentinos y argentinas de bien, está siendo fabricada en usinas y redes sociales, en la telebasura cada vez más asquerosa y en la mentira sistemática del poder. Y lo hacen tan hábilmente que producen en la sociedad pasividad y pasmo en lugar de hastío y rebeldía. ¡Y vaya que lo saben hacer! Estos también leyeron a Chomsky, y aprendieron a joderlo.

Son maestros en la instalación de condenas mediáticas. Así confunden a la gente decente, la de trabajo y esfuerzo, el pueblo jodido y estafado mil veces que no logra saber en qué se diferencian, realmente, los millones de dólares del Sr. López, del Sr. Báez o de la familia Kirchner, de los millones de dólares del presidente Macri, el Sr. Caputo o el Sr. Calcaterra. ¿En que unos son mostrados en fotos en la primera plana de Clarín y La Nación, y los otros, seguramente muchísimos más, incalculables, están escondidos en Panamá, Bahamas y Suiza y aquí el aparato mediático los protege con silencio o minimizándolos?

La ciudadanía honesta sabe que la Justicia en la Argentina no condena, y si acaso alguna vez lo hace siempre hay cámaras amigas, o la mismísima Corte Suprema, para des-condenar. En cambio, acá los que sí condenan son los mentimedios. Los Sres. Lanata y Morales Solá sí condenan, como condenan los Sres. Wiñaszky y Majul y tantos más. Pero eso no es justicia. Aunque se crean o comporten como si fuesen jueces republicanos, en realidad son sólo, y apenas, operadores a sueldo de intereses antinacionales y antipopulares.

Claro que, aunque la desinformación y la reinstalada censura es la causa principal (en el Chaco, por ejemplo, Radio del Plata fue eliminada del dial hace dos semanas, y en todo el país se desinforma sobre la brutalidad en Jujuy), la verdad es que la desazón que se está generalizando es producto también de lo que esta columna sostiene desde hace varios meses: el incomprensible, absurdo y ahora se ve que suicida silencio de quien condujo el entusiasmante proceso nacional y popular de los últimos años. Silencio que ha provocado que las mejores figuras democráticas de recambio cedieran espacios a dirigentes desgastados y de nulo prestigio como los que hoy conducen el PJ y el Senado. E incluso dio pie a que sectores importantes de la militancia de base ahora estén desperdigados y algunos ilusionándose... ¡con el Sr. Massa!

El silencio, la desinformación y la mediocridad publicitada en la tele a toda hora hacen que la ciudadanía no se sienta representada por quienes votó. Ni los derrotados que hoy parecen un hormiguero pateado, ni los vencedores que se abroquelan detrás de vallas, policías y represiones porque en esencia, es obvio, no sólo desprecian a las clases medias y bajas sino que además les temen.

Lo que nos queda, ahora y apenas, es la nostalgia de un país que durante algunos años se pareció, o buscó parecerse, al que soñaron nuestros padres fundadores de 1810 y 1816. No era poco ni fue chico ese sueño, como tampoco fue perfecto, pero ahí en su durísima derrota está, piensa esta columna, la razón misma de la desazón actual del pueblo argentino.

Por eso es en la conciencia de ello y en la gravedad misma de la constatación – que es sano reconocer – donde está la posibilidad de recuperarnos como pueblo. No hay mucho que inventar en la política argentina. El camino no será otro que recuperar lo mejor del peronismo en sus ideales de Patria Justa, Libre y Soberana; lo mejor del radicalismo combativo capaz de romperse pero no doblarse como ahora; lo mejor del socialismo que enseñó Alfredo Palacios e incluso lo mejor del conservadorismo popular. Es decir, la inmensa mayoría del pueblo argentino que es trabajador, honrado, pacífico y está harto de chorros y mentirosos.

La frustración existe y es nuestra. De ahí la desazón. Entonces hay que asumirla, llegar hasta el fondo y tocarlo para dar la patada que nos reponga en la superficie. Sólo así se puede volver a nadar y a remar.














TEMAS DE DEBATE LAS CLAVES QUE DEBERÍA PRIORIZAR 

LA POLÍTICA PÚBLICA


Cómo alcanzar el desarrollo tecnológico



Los especialistas destacan la necesidad de fortalecer la capacidad estatal para consolidar la soberanía económica y así avanzar en un desarrollo con equidad e inclusión. Dudas sobre los verdaderos planes del macrismo.



Producción: Tomás Lukin


Tecnología y empleo


Por     Fernando Peirano    *


A lo largo de los últimos años se multiplicaron las voces que señalan al desarrollo tecnológico como una amenaza para el futuro del trabajo. Se aventura que, en pocos años más, una ola de automatización de tareas terminará con la mayoría de los empleos de la clase media. Frente a esto, la fórmula liberal pasa por enunciar la necesidad de repensar la educación y un decidido impulso a los emprendedores. Ambas cuestiones son de gran importancia, pero, en términos prácticos, están lejos de ofrecer una respuesta efectiva. Más bien, para evitar que el mercado de trabajo se divida en ganadores y perdedores del cambio tecnológico, se requiere darle continuidad al fortalecimiento del sistema productivo que la Argentina ha logrado constituir a pesar de su zigzagueante desarrollo.
Desde el mismo inicio de la Revolución Industrial, la mecanización-automatización destruye y crea oficios y profesiones. En estos últimos años, el avance de la informática abrió nuevos horizontes y, se predice, que los robots realizarán las tareas más repetitivas, tanto en la industria como también en los servicios. En 2013, desde la Universidad de Oxford, se estimó que, por esta causa, el 47 por ciento de los empleos de Estados Unidos podrían desaparecer en un futuro cercano.
Este año, el Banco Mundial dedicó buena parte de su Informe sobre el Desarrollo Mundial a este tema y estimó que la Argentina podría sufrir una pérdida aún mayor: consideró que el 60 por ciento de las labores eran vulnerables frente a una nueva fase de automatización. Más allá de mencionar algunas dudas sobre los métodos utilizados para llegar a estas cifras, estos datos se repiten cada vez con más frecuencia.
Sin embargo, se menciona poco que ese mismo informe del Banco Mundial permite apreciar que la Argentina ha sido uno de los pocos países que ha logrado trazar una trayectoria distinta a la general. En la mayoría de las economías, el mercado de trabajo se polarizó favoreciendo las oportunidades laborales de los más calificados (los talentosos) mientras que el resto de la población se disputa empleos de bajos salarios, en un escenario mundial donde China concentró la creación de empleos industriales.
En contraste, Argentina se distingue por la expansión, entre 1995 y 2012, de los puestos de trabajo de mediana complejidad junto con un balance general de creación de empleo y un mercado de trabajo que no ha sufrido una fragmentación por razones tecnológicas. Si bien el informe no profundiza sobre las causas de estos resultados, nuestra singularidad, muy probablemente, se explique por la notable expansión del valor agregado industrial y la vigencia de mecanismos institucionales como las paritarias durante el período reciente.
En este sentido, resulta útil consultar la Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación. Uno de los resultados más interesantes indica que las pymes que fueron más activas en materia de tecnología e innovación, son las mismas que crearon más puestos de trabajo, en especial de alta y mediana calificación. Estas mismas empresas lograron incrementar de forma conjunta productividad, rentabilidad y salarios. Es decir, en la Argentina de los últimos años, al contrario de las predicciones más alarmantes, el empleo se vio favorecido por el cambio tecnológico.
Desde luego, la innovación de estas pymes ha asumido formas diferentes a las que emergen del modelo Silicon Valley. Los caminos han sido variados: puede ser a través de la incorporación de nuevas máquinas y equipos, por medio de la aplicación de las TIC a los procesos productivos y a la logística, a partir de la capacitación laboral y nuevos esquemas de gestión, gracias al avance hacia gamas más sofisticadas de productos o sobre la base de proyectos de I+D en vinculación con el sistema público de ciencia y tecnología. Cada una de estas alternativas ha sido una de vía probada para combinar tecnología y empleo por un conjunto de empresas que podría ampliarse aún más. Requiere de instrumentos específicos, pero que fundamentalmente cobra sentido si las perspectivas productivas son de expansión y crecimiento.
Las tendencias globales existen, pero no son inapelables. Se pueden moldear y es, desde las políticas públicas, donde se define qué margen de acción logramos construir para trazar nuestro propio rumbo. En nuestro caso, si el desarrollo tecnológico encierra algún riesgo para el empleo, la mejor manera de enfrentarlo es redoblando la apuesta por hacer de la innovación el motor del valor agregado. Cuidando al entramado pyme y apoyando su transformación. Este es el espacio donde nace y muere el empleo. Por eso, una macro que no priorice la expansión de la producción y el trabajo, que debilite al mercado interno, es lisa y llanamente una mala macro. Y todo proyecto político que debilite la capacidad estatal y sus políticas públicas va a contramano de la soberanía económica y de las posibilidades de avanzar en un desarrollo con equidad e inclusión.
*    Economista especializado en Innovación y Desarrollo - Docente de la UNQ y UBA.




El riesgo McKinsey


Por     Diego Hurtado    **


Para buena parte del sector científico argentino el ciclo 2006-2015 de la empresa Arsat fue virtuoso por donde se lo mire. Si bien puede entenderse que el gobierno de Cambiemos piense diferente y que se proponga reorientar la gestión de esta empresa pública, es incomprensible que contrate a la consultora estadounidense McKinsey para que le explique qué tiene que hacer. En primer lugar, porque parece haber duplicación de pagos. Si se contrata una consultora, entonces inferimos que el actual Directorio de Arsat no sabe qué hacer con la empresa. En segundo lugar, porque en la Argentina sobran capacidades para explicarle al Directorio de Arsat qué cosas puede hacer con la empresa que conduce. Por 16 semanas de trabajo McKinsey le cobra a Arsat 12,5 millones de pesos, algo así como el equivalente a 5 profesionales argentinos trabajando los cuatro años del período presidencial de Macri por un sueldo de 50 mil pesos cada uno.
Argentina dio su primer paso en el sector satelital durante la primera presidencia de Menem. A fines de 1993, se creó la empresa NahuelSat. Totalmente privada, su composición accionaria tenía la siguiente estructura: Daimler-Benz Aerospace (11 por ciento), Aerospatiale (10), Alenia Spazio (10), Richefore Satellite Holding Ltd (23,75), Lampebank International (11,5), International Finance Corporation (Grupo del Banco Mundial, 5), Grupo Banco de la Provincia (11,5), Grupo BISA/Bemberg (11,5) y Publicom (5,75 por ciento). Por esos años, en las proyecciones de los think tanks neoliberales todo era optimismo. América Latina era una mina de oro en las proyecciones del mercado de las comunicaciones satelitales. Un tercio de la inversión extranjera directa norteamericana que se estimaba para la Argentina entre 1997 y 2004 –alrededor de 2500 millones de dólares– se orientaría al sector.
Y a pesar de todo, la trayectoria de NahuelSat fue una calamidad. Además de implementar una concepción puramente rentística de corto plazo en un área donde son cruciales el factor sistémico, la proyección de mediano plazo y la acumulación de capacidades, también asumió que toda la tecnología debería ser importada. Así no se potenciaron todos los eslabonamientos que hacen de las políticas satelitales un sector estratégico de las economías desarrolladas. NahuelSat ignoró a la CONAE –agencia civil a cargo del plan espacial argentino– y no cumplió con el compromiso de la puesta en órbita de dos satélites. Solo puso en órbita el Nahuel 1, comprado en el exterior. De esta forma, puso en riesgo una de las dos posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU. Posiciones que, además de valor geopolítico, son condición necesaria para disponer de satélites con los cuales hacer negocios.
Moraleja: hacer negocios con satélites no es vender soja. Para el neoliberalismo del norte es claro que el Estado debe acompañar los negocios tecnológicos de sus empresas, que son los negocios de retornos crecientes. Los negocios con satélites necesitan de un Estado inteligente, activo y soberano. El panorama desolador que dejó NahuelSat debió ser solucionado, como siempre, por el Estado argentino, que en 2006 creó la empresa pública Arsat, que adquirió Nahuelsat por el valor simbólico de un peso. Allí se inicia el proceso que hizo posible que el gobierno de Cambiemos recibiera hoy la pesada herencia de la Estación Terrena de Benavídez, dos satélites geoestacionarios en órbita construidos 100% en la Argentina, 25 mil kilómetros de fibra óptica, un data center con certificación internacional Tier III, personal calificado, etc.
Una forma de "entrar al mundo", suponiendo que estamos afuera, es continuar poniendo satélites propios en órbita, prestar servicios de comunicación satelital a la región, vender satélites a países en desarrollo. De hecho, la industria de satélites -servicios satelitales, equipos de tierra, manufactura de satélites e industria de lanzamientos- muestra una tendencia creciente, con un incremento del 4 por ciento en el período 2013-2014. Incluso, entre 2005 y 2014, sus ingresos globales pasaron de 89 mil millones de dólares en 2005 a 203 mil millones de dólares en 2014, con una tasa de crecimiento promedio del 9,5 por ciento anual, según informe de la Satellite Industry Association de 2015.
Otra forma de "entrar al mundo" es visitar Davos, atraer inversiones especulativas, pagar a los buitres, pedir perdón a España, contratar una consultora norteamericana para que aconseje el desguace de Arsat y la clausura del Arsat 3. Es decir, sabiendo cómo hacer satélites, parece que es posible elegir entrar al mundo comprándolos (con las divisas de la venta de soja o con deuda). Todavía queda una esperanza: que el MINCyT, que está a cargo de la política espacial y de las políticas de I+D del sector TICs, tome cartas en el asunto y le muestre al gobierno que entiende mucho mejor el tema que una consultora norteamericana.
**    Miembro del directorio de la ANPCyT del MINCyT.













EL ESPECIALISTA EN MEDIOS PHILIP KITZBERGER ANALIZA 

LA POLÍTICA COMUNICACIONAL DE MACRI


"Para este gobierno, la concentración 

no es un problema"



Es investigador del Conicet y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Lleva años estudiando la relación entre la prensa y los gobiernos progresistas de América latina. Aquí, advierte sobre las efectos negativos de los pasos dados por la actual gestión en esa materia y analiza el impacto de esas medidas en otros países de la región.

Por       Natalia Aruguete

La política de comunicación impulsada por el gobierno de Mauricio Macri tendrá "consecuencias de difícil reversión": restituye la posibilidad de los grandes medios de consolidar e incrementar sus niveles de concentración y vulnera el derecho a la libertad de expresión. Así lo definió Philip Kitzberger en esta entrevista de Página/12. El investigador del Conicet y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella analiza los pasos dados por la actual gestión y sus efectos negativos tanto para la Argentina como para otros países de la región.
– ¿Qué análisis hace de la política de medios del actual gobierno y, más concretamente, de la filosofía que subyace al proyecto de ley de comunicaciones que está impulsando?
Lo que uno puede advertir a partir de las declaraciones de algunos funcionarios ejecutivos, de los considerandos de los decretos y conociendo a algunos de los personajes que forman parte de la comisión redactora del anteproyecto, es que para ellos la concentración no es un problema; podría ser un problema en el caso de los medios que utilizan el espectro, que es finito y escaso, pero no lo es en los demás sectores. De allí que se haya quitado todo límite a la concentración en el cable o en los servicios por suscripción.

– ¿Por qué tan especialmente en esos sectores?
– Porque allí la filosofía es que la acumulación de licencias o suscripción de audiencias no es un problema. El hecho de transferir el régimen de servicios de comunicación por suscripción al régimen de telecomunicaciones con una licencia única supone asumir que en ese sector no hay un problema de concentración. El otro punto importante es creer que la concentración en el sector de los medios es equivalente a la concentración de otros sectores de la economía y, por lo tanto, puede ser resuelta por una ley de Defensa a la Competencia o por una legislación anti-monopólica.



– ¿Qué riesgos conlleva ello en términos de derecho a la libertad de expresión?
– La comunicación es un tipo de bien especial que ofrece un servicio a la ciudadanía, no se trata solamente de bienes de consumo sino de la producción de un bien público que tiene que ver con la democracia, la ciudadanía, la circulación de la información. Ellos (los actuales funcionarios del sector) ven a las audiencias como consumidores, sólo advierten una dimensión económica, no ven la dimensión cívico-democrática y cultural.



– ¿Qué impresión le deja la audiencia que tuvo lugar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en cuanto a las consecuencias en materia comunicacional?
– La audiencia que tuvo lugar en la CIDH deja un sabor agridulce, para aquellos que creen que los peticionarios tenían un reclamo importante hacia el Estado argentino por los decretos que tiraron abajo los aspectos más esenciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Algunos de los partícipes hablaban de un empate; yo creo que respecto de algunos aspectos fue decepcionante y en cuanto a otros, hubo algún resultado positivo. El Gobierno envió una comitiva cuyos integrantes fueron seleccionados en forma muy inteligente. Uno de los que formó parte de la representación del Gobierno había sido ex comisionado de la CIDH y el otro, relator de la Libertad de Expresión. Eso marcó la cancha en la audiencia. Quien presidía la Comisión destacó la notoriedad y el prestigio de los representantes del Gobierno argentino: eso les confirió legitimidad y los puso en una situación más cómoda.



– ¿Cómo evalúa los argumentos de los peticionarios?
– Los peticionarios fueron muy claros en los puntos en los cuales la nueva situación regulatoria, que se inicia con los decretos del gobierno de Macri, vulnera derechos y estándares del sistema interamericano. La respuesta del Gobierno fue, precisamente, no responder en absoluto a esos planteos. Se limitaron a, por un lado, narrar las violaciones a los derechos que habrían ocurrido durante el pasado gobierno y justificar los decretos como una necesidad del escenario dejado por la administración anterior y, por el otro, hacer unas promesas muy vagas hacia el futuro, en relación al proyecto de ley que – según prometen – se va a sancionar en un futuro "próximo", pero eso es poco claro. En definitiva, la delegación del Gobierno esquivó de manera muy hábil los puntos que se estaban discutiendo en la Comisión: hablaron de no mostrar una foto sino una película, de que en Argentina se vive una situación violatoria y de otras situaciones relativas a la libertad de expresión que se habían producido en el gobierno anterior.



– ¿Y cómo ve la reacción de la Comisión frente a la falta de respuestas a las peticiones?
– Me parece que la Comisión fue muy benevolente y condescendiente con el Gobierno. Hasta uno de los comisionados lo dijo: "Es un gobierno nuevo, que está en sus inicios y por lo tanto no se puede evaluar". El relator de la libertad de expresión, el uruguayo Edison Lanza, sí marcó los planteos de manera amable, pero a su vez fue llamado al orden por quien presidía pidiéndole que fuera breve. No quiero decir que en la audiencia hubiera un sesgo, un favoritismo, pero estaba planteado el escenario de una forma tal que no se quería ir más allá de una conversación amable. Aun así, más allá de ese tono amable, me parece que sí quedó claro que el Gobierno está bajo observación y que estas medidas que ha colocado como transitorias serán observadas en el futuro. Y por último, hubo situaciones curiosas.



– ¿Como cuáles?
– Ante uno de los reclamos del peticionario de que el decreto deroga las obligaciones de must carry, el funcionario Miguel de Godoy mintió diciendo que ya existía una Resolución del Enacom donde se restablecían esas obligaciones, y afirmó que esa resolución era del 1° de abril; finalmente esa Resolución salió pero con fecha posterior a la audiencia, lo cual muestra también el saldo positivo: el reclamo ejerce cierta presión sobre el Estado. La agenda de los derechos en relación a la libertad de expresión está a la defensiva, pero hay algunas cosas que se pueden hacer. La activación de actores, peticiones y otras instancias valen la pena, porque hay mucho por defender. Hubo retrocesos importantes, algunos irrecuperables.



– ¿Cuáles son irrecuperables?
– Lo relativo a las disposiciones del límite a la concentración a la propiedad de medios de comunicación, me parece que allí sufrimos un retroceso que va a ser difícil de revertir. El DNU 267 anula la mayor parte de las limitaciones a la concentración de licencias, a la propiedad cruzada. Los grandes grupos de medios pasan de una situación de adecuación a otra donde ya no tienen esa obligación.



– Todo ello con la vulneración del artículo de la LSCA que no reconocía los derechos adquiridos, precisamente uno de los puntos de posible reversión de la concentración en el sector, si se hubiera terminado de implementar.
– Exactamente. Las consecuencias materiales de los DNU, por más que el gobierno los haya planteado como situación transitoria a la que "se vio obligado", van a tener consecuencias de difícil reversión.



– Dentro de esa agenda defensiva de los derechos a la libertad de expresión, ¿cómo evalúa el artículo 85 de la Ley de Blanqueo de Capitales, que penaba con hasta dos años de cárcel a todo aquel que publique datos sobre los patrimonios de las personas involucradas?
– Uno supondría que un proyecto de ley de esa relevancia pasa por varios pares de ojos calificados antes de salir de los despachos del Poder Ejecutivo. Más que la falta de la proclamada sensibilidad frente a libertad de expresión por parte de sectores gubernamentales, lo que llama mucho la atención es que no advirtieran que una tan grosera invocación del derecho penal para restringir la difusión de información de interés público no tiene chances, afortunadamente, de convertirse en norma en la Argentina actual. La inmediata reacción pública fue ejemplar en ese sentido.



– Por poner un ejemplo, Telesur ha salido de la grilla de algunos planes de empresas de cable. ¿Qué previsiones tiene de este tipo de acciones?
– El otro caso es el canal de noticias de la Universidad de Córdoba, que Cablevisión quiere sacar de su grilla. La filosofía de la nueva regulación sostiene que quien presta un servicio de televisión por suscripción tiene un negocio legítimo y puede maximizar beneficios, no se piensa en un servicio que es esencial para la comunidad en términos culturales, cívicos, democráticos. Por lo tanto, puede decidir autónomamente qué poner y qué no en su grilla, consecuencia de haber sacado las obligaciones del deber de transportar, que ahora han repuesto, luego de haber sido presionados. En un país donde el 83 por ciento de los hogares recibe televisión a través del cable, la idea de que quienes prestan ese servicio tienen la obligación de incluir las señales públicas, locales, estatales, para garantizar el acceso a ciertos contenidos, no está contemplado en quienes manejan la política de comunicación en este gobierno.



– Dentro del concepto de interés público, hay una mirada "reflectiva" vinculada con la competencia, la búsqueda de mayores audiencias y el mercado, y otra "abierta" orientada a garantizar la diversidad y el acceso por fuera de la lógica del mercado. ¿Cómo ve la noción de interés público frente a la propuesta del reparto de la pauta oficial según criterios de rating? ¿Qué consecuencias tendrá en un evidente escenario de fragilidad de los medios para subsistir?
– Hasta ahora hubo insinuaciones de parte del gobierno en el sentido de que ellos tendrán una política distinta en cuanto a la distribución de la pauta oficial. Las declaraciones de los funcionarios advirtiendo que la pauta se debe ajustar al rating tienen un argumento tramposo: si la pauta oficial se compone por la comunicación de campañas de concientización o asuntos de interés publicado, debe llegar a los medios de mayor audiencia.



– ¿Por qué dice que el argumento es tramposo?
– Porque sólo ve una cara del problema. En primer lugar, si prevalece ese criterio serán favorecidos los grandes medios en detrimento de los más pequeños, y eso afectará la sustentabilidad de una cantidad enorme de medios en la Argentina. En mi opinión, debería haber una política que separe la publicidad oficial de mecanismos de subsidio estatal a medios alternativos, más pequeños; que el criterio no responda a la lógica de las audiencias. De una vez por todas necesitaríamos una separación clara. Es cierto que en un mercado de medios que depende fuertemente del Estado, tanto el gobierno nacional como el de la ciudad y los gobiernos provinciales, han utilizado esa dependencia. Eso debe ser repensado, debe haber un sistema de subsidios que garantice una diversidad y pluralidad de medios que exceda la lógica de audiencia y de tamaño. La visión predominante de los funcionarios es que si el gobierno debe comunicar algo, lo haga a través de los medios de mayor número de audiencia.



– Ese reparto de pauta es presentado por el gobierno nacional como un criterio "objetivo" y de "calidad". ¿Qué análisis hace de los términos "objetividad" y "calidad" para referirse a este reparto?
– Es un enorme problema porque la medición de audiencia, llevada a cabo por Ibope en Argentina, recoge una muestra no representativa, de población urbana y sólo de algunos medios, lo cual conlleva una gran cantidad de sesgos y problemas. Además, lo que subyace es la idea de que el ciudadano elige, si los ciudadanos ven mayoritariamente más un medio que otro es lo que quieren, esto es la idea de que la oferta satisface las demandas de los ciudadanos. Ese argumento no contempla que la libertad de expresión requiere también que la ciudadanía esté expuesta a diferentes puntos de vista, más allá de sus preferencias inmediatas en relación al consumo. En una esfera pública deben ser audibles diferentes opiniones y verse representados diferentes intereses. Ahí hay un argumento perverso que limita la idea de qué quiere decir pluralismo, libertad y libertad de expresión.



– ¿Cómo cree que impactará la política de comunicación el gobierno de Macri en el resto de la región?
– La LSCA, en 2009, fue para toda la región una referencia muy importante y un caso inspirador. Por ese motivo es que uno recibe muchas adhesiones de solidaridad, de inquietudes por parte de figuras comprometidas que ven con mucha preocupación lo que está pasando en Argentina. Dado que la LSCA ha sido considerada un precedente importante – incluso por las relatorías de libertad de expresión del CIDH y Naciones Unidas –  frente al virtual giro a la derecha hay temor de que se produzca un efecto contagio. Y así como abre temores en sectores comprometidos con agendas de ampliación de derechos en esta materia, también genera expectativas en quienes quieren revertir estos procesos.



– ¿Por ejemplo?
– Los sectores empresariales, los grandes conglomerados de medios en la región, ven con simpatía lo que está ocurriendo en Argentina. Asimismo, la oposición ecuatoriana, Mauricio Rodas y Guillermo Lasso, prometen revertir todo lo hecho por la revolución ciudadana de Correa si llegan al poder. El Partido Blanco uruguayo también ha declarado públicamente que cuanto tengan mayoría legislativa derogará la ley de servicios de comunicación audiovisual que se aprobó a fines de 2014 en Uruguay. Una buena noticia es que luego de los decretos dictados en Argentina – que generaban esta sensación de efecto dominó en un sentido inverso –  la Corte Suprema uruguaya ratificó la constitucionalidad de casi todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales, que se encontraba judicializada. Allí hay una decisión positiva con la esperanza de que algunas cosas queden y se mantengan.



– Esa judicialización detuvo cualquier avance en la implementación, de hecho.
– Luego de la sanción de la ley, los avances han sido bastante exiguos. Al iniciar su segunda presidencia, Tabaré Vázquez afirmó que no quería reglamentar la ley hasta tanto la Corte Suprema no se expidiera. Por lo tanto, el fallo ha sido importante, porque compromete al gobierno a avanzar. Quiero remarcar que todos los avances que se produjeron en este campo de la mano de los gobiernos progresistas de América Latina no han estado exentos de tensiones; por un lado, están las agendas de democratización de la comunicación y de los medios, promovidas por coaliciones o movimientos reformista dentro de la sociedad y, por otro lado, están los gobierno cuyos integrantes comparten en parte estas agendas.



– ¿Cómo se traducen esas tensiones en el campo de la comunicación?
– Esas tensiones se expresan en la propia redacción de la ley orgánica de comunicación, como en el caso de Ecuador, donde el gobierno ha metido la cuchara en la redacción de la ley para establecer ciertas disposiciones que no tienen que ver con defender la libertad de expresión sino con controlar voces opositoras. La implementación de estas leyes requiere de una aplicación universalista y no selectiva de todo aquello que estipulaban las nuevas leyes. Entonces, me parece que hay ahí unas tensiones importantes que han sido un problema en estos procesos y que han tenido ciertos costos.



– ¿Es posible establecer un paralelismo entre la ley argentina y la uruguaya, como ejemplos de la región que ha seguido parámetros similares?
– Si bien desde las voces críticas se ha puesto a todas las reformas en la misma bolsa, hay una diferencia muy importante en los tipos de reformas legales que se han llevado a cabo en la región. Se puede establecer un grupo formado por los países de la cuenca del Plata y otro compuesto por los países andinos. Las leyes argentina y uruguaya no por casualidad se llaman igual; son leyes cuyo principal foco regulatorio es la estructura de propiedad, poner ciertos límites a la concentración de los monopolios, diversificar el tipo de propiedad de medios, que no haya medios sólo privado-comerciales sino público-estatales y sectores privados sin fines de lucro. Aquello que han regulado en términos de contenido, de establecer cuotas de producción local o ciertas restricciones a la programación, siempre estuvo en función de estándares internacionalmente aceptados tales como la protección a los derechos del niño, la restricción en términos de la protección a los menores o de la integridad de las personas.



– ¿En qué se diferencian estas normas de las implementadas en los países andinos?
– Los países andinos, especialmente Venezuela y Ecuador, impulsaron leyes cuyo foco principal ha sido la regulación de los contenidos, y han sido regulaciones polémicas. En primer lugar, establecen ciertas adjetivaciones, los contenidos deben ser objetivos, probados, verificados, la Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana se refiere a la prohibición al linchamiento mediático, es decir, estipulan sanciones para cierto tipo de contenidos y alguien debe evaluar si esos contenidos responden a esa naturaleza, y además las definiciones acerca de cuáles son los contenidos no admitidos son interpretables. A eso se suma que las agencias creadas para evaluar esos contenidos no ofrecen, en buena medida, garantías de que tales interpretaciones sean imparciales, ecuánimes. En el caso de Venezuela, es muy claro cómo la Ley Resorte de 2004 respondía a la crisis de 2002/2003, al paro de petroleros, el golpe de abril de 2002, donde sin duda los grandes medios privados opositores tuvieron un comportamiento muy cuestionable sobre cómo cubrieron esos acontecimientos, esa crisis. Pero a partir de esas preocupaciones muy coyunturales, los reguladores establecieron algunas restricciones para evitar que volvieran a pasar estas cosas, y crearon así instrumentos que se prestan a un uso discrecional. Entonces en América Latina hay regulaciones muy distintas, en el caso de Argentina y Uruguay tiene que ver también con su historia, con cómo han surgido y del peso de las coaliciones de la sociedad civil que han participado, comprometidas con ciertos principios de derechos humanos y estándares y que los gobiernos han hecho suya y, en otros casos, han prestado otros factores, no casualmente en Venezuela y Ecuador los procesos de sanción de las leyes han sido menos participativos que en Argentina y Uruguay. Esas diferencias merecen destacarse.



– En Brasil hubo un intento fallido de regular el sistema de medios. ¿Qué rol jugaron las grandes corporaciones mediáticas en esta frustración? ¿Qué rol observa en esos mismos medios en el impeachment de Dilma Rousseff?
– En Brasil, bajo los gobiernos del PT – sectores del gobierno y de la sociedad civil ligados al gobierno, integrantes de una coalición llamada Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación – hubo intenciones de llevar adelante reformas legales; aunque estas iniciativas fracasaron por razones políticas y mediáticas. Políticas porque, a diferencia del caso argentino, el gobierno del PT ha sido siempre un gobierno minoritario en coalición con partidos que no comparten sus posiciones programáticas, el PMDB y los partidos evangélicos. El PT siempre ha gobernado en coaliciones muy heterogéneas y nunca ha tenido mayorías propias que le pudieran permitir pasar una legislación de medios similar a la de otros países de la región, eso habla de sus propias limitaciones políticas. Muchos de sus aliados están comprometidos con intereses de grandes medios, famosos coroneles mediáticos ligados a las grandes redes como Globo. En segundo lugar, también hay un poder simbólico por parte de los grandes medios, especialmente por la Globo, a quienes es más difícil cuestionar, y por lo tanto los dos gobiernos, tanto el de Lula como el de Dilma, han sido más tímidos en sus iniciativas reformistas. De hecho, los proyectos de ley impulsados nunca llegaron al Parlamento. En Brasil, nunca hubo un cuestionamiento sistemático por parte del gobierno sobre cómo los medios construyen sus agendas, los puntos de vistas que forjan, los encuadres que establecen. El gobierno fue mucho más deferente. El caso de Argentina y otros de la región no sólo hubo reformas legales sino que se politizó la cuestión de cómo los medios son actores que disputan poder, ha habido una desnaturalización y algo de eso ha quedado. La sociedad hoy mira a los medios de otra forma, los considera actores de poder, actores que no reflejan una realidad objetiva sino que tienen intereses y, en función de ello, construyen sus agendas.













¿POR QUE PHILIP KITZBERGER?



Una mirada crítica al papel de los medios



Por       Natalia Aruguete


Años de estudio sobre los conflictos desatados entre la prensa y la política en los gobiernos progresistas de América Latina le dan a Philip Kitzberger autoridad intelectual para un análisis crítico de las políticas de comunicación del gobierno de Mauricio Macri y sus consecuencias en términos de concentración de la propiedad y del derecho a la libertad de expresión. Su trabajo de campo en distintos países de la región y sus largas estadías de investigación en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo (Alemania), dan consistencia a su mirada comparada de la regulación en este campo.

Politólogo y doctor en Filosofía, una combinación que enriquece su mirada crítica del rol de los medios como actores políticos que, lejos de reflejar una realidad inmaculada, disputan poder simbólico y despliegan sus intereses políticos, económicos y socio-culturales en el enfoque interpretativo que caracteriza sus coberturas.





































































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