jueves 28 de julio de 2016
Para poner un tope al largo
brazo de la PROpaganda
LA OPOSICIÓN AVANZA EN EL CONGRESO Y EN TRIBUNALES
CONTRA EL USO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DEL
GOBIERNO
Doble estrategia contra la
PROpaganda macrista
El kirchnerismo presentó una denuncia en el fuero Penal federal y otra en el Contencioso Administrativo. El massismo presentará la suya para la semana próxima. En Diputados prevén derogar por ley la resolución del Ejecutivo.
Marcos Peña y Emiliano Basavilbaso, los principales acusados
por la oposición.
Por Miguel Jorquera
La resistencia opositora a la utilización de la base de datos de la Anses – con información de 16 millones de personas donde figuran dirección, teléfonos y email – para difundir propaganda del Gobierno a través de las redes sociales ya tiene varios expedientes judiciales abiertos en los tribunales federales y otros en preparación, además de propiciar una batalla parlamentaria en la Cámara de Diputados que unificaría a toda la oposición para derogar por ley la resolución del Ejecutivo (ver aparte).
Los diputados del Frente para la Victoria presentaron ayer un amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal contra la transferencia de los datos de la Anses a la Jefatura de Gabinete "porque viola la Constitución y la ley de Protección de Datos Personales". Otros dos legisladores del kirchnerismo denunciaron penalmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, su secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y violación de secretos y de la privacidad" y al director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; y el subdirector del instituto de previsión, Federico Braun, por haber firmado la resolución para la transferencia de la base de datos de la Anses. Acusaron a Peña de pretender "utilizar los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública", según dice el escrito que los diputados presentaron en los tribunales federales.
A ellos se sumará la semana próxima una denuncia de habeas data que diputados del Frente Renovador presentarán ante la Justicia, para "proteger a los beneficiarios del sistema de seguridad social no sean instrumento de propaganda del Gobierno". Y la abogada Valeria Carreras, que presentó un amparo el martes, ayer amplió los fundamentos de su planteo a la espera de que el fuero Contencioso Administrativo habilite la feria para tratarlo.
El escrito firmado por los diputados FpV Héctor Recalde, Carolina Gaillard y Teresa García solicita como medida cautelar la suspensión de la aplicación del convenio marco firmado entre la Anses y a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación, que depende de la jefatura de Gabinete y que "si la información ya ha sido total o parcialmente transferida, que se prohíba a la Secretaría de Comunicación Pública utilizarla de cualquier forma, hasta tanto se dicte sentencia de fondo" en la causa.
En sus fundamentos, los legisladores sostienen que la ley de protección de datos, establece que los mismos "no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención". Allí advierten que la Resolución 166/16 habilita que los datos suministrados por las personas a la Anses – nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, CUIT/CUIL, estado civil, fecha de nacimiento, estudios y direcciones de e-mail de cada persona – "sean usadas" por la secretaría de Comunicación para otros fines, como llamados telefónicos a su domicilio personal o hasta su teléfono celular o reciban correos electrónicos a su cuenta personal por parte de un órgano del Estado que accedió a esta información sin ser suministrada por los individuos para este fin. "Claramente, se altera la intimidad del ciudadano que no brindó esta información para ser molestado o importunado por el Estado", afirman.
"Esta práctica remite a estrategias empresariales (propias de los CEOs que integran el gobierno) que a cambio de un 'regalo' obtienen los datos personales de los consumidores y los someten, posteriormente, a un permanente asedio por vía telefónica o por el envío de correos electrónicos", dice el escrito que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo de la jueza Liliana Heiland, quien tendrá que definir si habilita la feria judicial para analizarlo.
En tanto, los también diputados del FpV Juan Cabandié Rodolfo Tailhade apuntaron a las responsabilidades penales de los funcionarios que rubricaron el convenio. "Tenemos todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del jefe de Gabinete será ilegal, en violación a la ley 25.236 de protección de datos personales", advirtieron los legisladores en su denuncia y acusaron a Peña de pretender "utilizar los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública".
Además de señalar las dificultades con que se encontraría la Jefatura de Gabinete para manejar esos datos sensibles. "O generan un ingreso masivo de miles de nuevos trabajadores a la Secretaría, o contratan distintas consultoras para que realicen la tarea. No parece muy difícil conocer la respuesta: los datos personales de todos los argentinos que Anses remitirá periódicamente al licenciado Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas", aseguran los diputados. La denuncia recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo, y deberá ser investigada por el fiscal Guillermo Marijuan si se habilita el receso invernal en el fuero penal federal.
"Resulta conveniente recordar que el artículo 5 inciso 2c sólo exime de consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando 'se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio', es decir que excluye de esta concesión a datos personales como el estado civil, estudios y, fundamentalmente, teléfono y correo electrónico", argumentan los diputados, al tiempo que sostienen que "un simple razonamiento permitiría sospechar que esta maniobra ilegal fue planificada con antelación y ejecutada oportunamente".
No escapa a los legisladores, que el jefe de Gabinete ya había intentado sin suerte acceder a la base de datos de la AFIP y de la Tarjeta Sube a cargo del Ministerio de Transporte, quienes se habrían negado a cederlas hasta que la Anses le facilitó la propia para que Peña difunda la propaganda de Gobierno.
El resto del arco opositor tampoco aprueba que el Gobierno maneje la base de datos de la seguridad social para difundir propaganda oficial a través de las redes sociales. La jefa del bloque de diputados massistas, Graciela Camaño, no dudó en cuestionar la medida del Gobierno y anticipó su decisión – previamente consultada con Sergio Massa antes que el líder renovador partiera a los Estados Unidos – de recurrir a la Justicia.
El Frente Renovador acudiría a una presentación judicial de habeas data "proteger a los beneficiarios del sistema de seguridad social no sean instrumento de propaganda del Gobierno". Por las características del tema, que deberá ser a título personal, el massismo le encomendó a su aliado del interbloque de UNA, el diputado cordobés y abogado constitucionalista Juan Fernando Brugge que prepare el escrito. Brugge, o algún otro diputado, hará la presentación la semana próxima cuando ya concluya la feria judicial.
Todo un frente jurídico que el oficialismo tendrá que abordar para intentar hacerse de una base de datos que le permitiría expandir en forma selecta y dirigida su propaganda de Gobierno.
Proyecto opositor para derogar el convenio
Por Miguel Jorquera
El interbloque de diputados nacionales de Progresistas – Partido Socialista, GEN y Libres del Sur – presentó ayer en la Cámara de Diputados un proyecto de la socialista Alicia Ciciliani para derogar por ley la resolución 166/16 del Poder Ejecutivo, que promueve el traspaso de la base de datos de la Anses a través de un convenio de la Jefatura de Gabinete y el instituto de seguridad social para difundir propaganda de gobierno. "No quisimos perder tiempo y que el proyecto ya esté en la Cámara la semana que viene cuando termine el receso. Pero contamos con el respaldo del Frente Renovador y consideramos que también de todos los que se expresaron públicamente contra la medida del Gobierno", afirmó Ciciliani a Página/12. Un tema que volvería a unificar a todo el arco opositor parlamentario en la Cámara baja como cuando se impulsó y aprobó la ley antidespidos que terminó vetando el presidente Mauricio Macri. "Considero que es un error muy grueso del oficialismo que provocó una reacción espontánea" de toda la oposición, insistió Ciciliani al tiempo que volvió a cuestionar la medida: "No queremos que quien brinde datos a Anses sea obligado a perder su privacidad. Es una irregularidad demasiado obvia que intentaron blanquear legalmente con el convenio". Ahora, el presidente del cuerpo, el macrista Emilio Monzó, deberá decidir a que comisiones legislativas gira el proyecto, aunque seguramente lo hará con el criterio oficialista de que recaiga en las comisiones que presiden sus propios diputados para marcar los tiempos del debate parlamentario. De todas maneras, si toda la oposición acuerda en darle curso a la iniciativa podría convocar a una sesión especial para la que tendría número propio para tratarla y sancionarla. Una posibilidad que rompería inesperadamente el delicado equilibrio parlamentario con que la alianza oficialista Cambiemos logró hasta ahora avanzar con todas las propuestas legislativas del Gobierno.
TRAS EL CONFLICTO POR EL JEFE DE LA BONAERENSE,
VIDAL VISITÓ A CARRIÓ EN SU CASA
Cena y política con Lilita
La gobernadora y la líder de la Coalición Cívica compartieron un pescado a la cacerola. El encuentro duró poco menos de tres horas. Fue un gesto de acercamiento luego del pedido de renuncia a Bressi que incomodó a la mandataria.
Carrió recibió en su casa a Vidal luego de las críticas a su jefe de Policía.
Por Werner Pertot
Si Mahoma no va a la montaña, entonces, viceversa. Eso parece haber sucedido con la gobernadora María Eugenia Vidal, que visitó anoche a Elisa Carrió en la casa de la líder de la Coalición Cívica, en Exaltación de la Cruz. El encuentro fue en busca de un acercamiento luego de que la diputada había denunciado al jefe de la Policía bonaerense, Pablo Bressi, por su presunta vinculación con el narcotráfico y había demandado que Vidal lo apartase del cargo. La gobernadora, en su momento, respondió que no lo removería hasta que hubiese pruebas. Las dirigentes cenaron un pescado a la cacerola (preparado por Carrió) y tuvieron una reunión de dos horas y cuarenta minutos en la que "intercambiaron información", según ambas partes. "Fue una reunión fructífera", indicaron en el entorno de la diputada.
El entredicho – por decirle de alguna forma – entre Carrió y Vidal comenzó cuando la líder de la Coalición Cívica aseguró que el jefe de la Bonaerense estaba vinculado a capo narco Miguel Angel "Mameluco" Villalba. Además, Lilita remarcó que durante los últimos cinco meses había tratado de convencer en privado a Vidal de que lo separara del cargo, pero ya no podía guardar silencio. La denuncia dejó offside a la gobernadora, quien se ocupó de aclarar que no existían evidencias que permitieran corroborar lo que decía Carrió.
Ante esto, la aliada en Cambiemos le envió una carta a la gobernadora en la que buscó preservar su figura, al tiempo que cuestionaba a Bressi e incluso al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. En la carta, sostuvo que "Ritondo pactó el control de esa fuerza con su antecesor Alejandro Granados. Por eso no puede ofrecer soluciones a Vidal, quien es intimidada con episodios extrañísimos cada semana". "O Bressi es una brillante mente criminal o es un idiota que no puede dirigir ni siquiera a la gente que él conoce y así mucho menos dirigir el combate contra el delito organizado", indicó Carrió, que brindó como prueba una serie de testimonios de personas condenadas.
"No tengo dudas que desde el 10 de diciembre los famosos sobres y bolsos con dinero se siguieron entregando en los distintos destinos que correspondían para aquel sistema de recaudación ilegal. ¿Su receptor final? No puede ser otro que el flamante Jefe de Policía, comisario general Pablo Alberto Bressi. Este sistema no fue diseñado por Bressi; sinceramente, no posee tanto ingenio", insistió en esa carta.
Vidal le contestó ese mismo día: "Si hay alguna prueba o elemento concreto que vincule al jefe de la policía de la Provincia o a cualquier otro funcionario con cualquier delito, yo voy a tomar las decisiones que tenga que tomar, mientras eso no suceda no voy a tomar decisiones", remarcó la gobernadora.
"Lo que tenga que decirle a Lilita se lo voy a decir personalmente", aseguró Vidal, que la llamó a Carrió ese mismo día. En el entorno de la gobernadora, indicaron que fue para ofrecerle una mayor custodia luego de una amenaza de muerte que denunció Lilita. Desde el círculo cercano a Carrió, en cambio, indicaron que se conversó sobre el tema del narcotráfico y mostraron coincidencias.
En la gobernación no se les escapa que la denuncia contra Bressi sucede mientras se disputa quién será el candidato a senador en la provincia de Buenos Aires por Cambiemos. Lilita tiene pensado ocupar ese cargo, aunque también tiene esa intención el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que contaría con el respaldo de Vidal. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, podría terciar en esa controversia.
Tras unas semanas de relativa calma, Vidal fue ayer, pasadas las 19, a la casa de Carrió en Exaltación de la Cruz. Mientras ocurría el encuentro, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense ratificaron a Bressi en el cargo. "Está limpio", aseguraron. "No hay nada de lo que denunció ella", dijeron.
Al cónclave con Carrió, Vidal llegó acompañada de su secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, y de su secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand. El encuentro duró dos horas con 40 minutos e incluyó una prolongada cena. Carrió los agasajó con un pescado a la olla con verduras, regado por un vino que fue aportado por los invitados. "Fue una reunión buena y fructifera de trabajo y de intercambio de información", indicaron cerca de Lilita, una versión que coincidió con lo que contaron desde la gobernación. Según los invitados, Carrió cocina muy bien.
"Quedaron en seguir trabajando juntas, compartiendo los mismos valores", señalaron cerca de la gobernadora. Uno de los comensales indicó a Página/12 que ni el narcotráfico ni Bressi fueron los temas principales de la charla: "Se habló, sobre todo, de política internacional. Discutimos sobre Turquía, la situación de Europa y Latinoamérica. Coincidimos en que es importante articular a nivel internacional en un momento de crisis." – señaló – "Quedamos en seguir trabajando en conjunto e ir ordenando cuestiones de política en general".
FIN DE LA TREGUA PETROLERA Y AMENAZA DE EXPLOSIÓN
DE UN NUEVO CONFLICTO EN EL SUR
Una ola de despidos que brota del pozo
Los sindicatos acusan al gobierno nacional de haber roto la paz social y advierten: "de acá en adelante, los conflictos serán más graves". El 31 vence la tregua de seis meses, sigue cayendo la actividad y hay más suspendidos. Hoy, reunión en Trabajo.
Los gremios petroleros siguen en asamblea ante un panorama que presagia la vuelta al conflicto.
Por Raúl Dellatorre
A cuatro días del fin de la tregua petrolera entre empresas y sindicatos de la Patagonia, el día 31, ambas partes se preparan para una negociación crucial que debería comenzar hoy, en Buenos Aires, más precisamente en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Con más de 50 equipos de perforación dados de baja, según fuentes gremiales, el tema central a discutir es la reestructuración productiva, a propuesta del sector empresario, y las alternativas para evitar despidos, según la demanda sindical. El sector empresario propondrá adaptar el pago de las remuneraciones a indicadores de productividad, según señalaron a Página/12 fuentes empresarias. Del costado sindical, denunciaron que algunas empresas de servicios ya empezaron a enviar telegramas anunciando la suspensión de su personal a partir del 1º de septiembre, lo cual complicaría el clima de las negociaciones. En este mismo escenario, ayer se concretó el traspaso de los activos de Petrobras Argentina a la empresa Pampa Energía, liderada por Marcelo Mindlin, operación que le demandó un desembolso de 892 millones de dólares. La operación involucra la transferencia de una red de 247 estaciones de servicio, áreas de exploración y producción de hidrocarburos, una refinería e instalaciones petroquímicas y de generación eléctrica. Además del edificio de Maipú 1, sede de Petrobras en la CABA, del que ayer mismo tomaron posesión sus nuevas autoridades.
Las negociaciones entre trabajadores petroleros y empresas asentadas en la Patagonia, fundamentalmente en Chubut y Santa Cruz, habían alcanzado un grado de máxima tensión a fines del año pasado, que logró ser salvado luego de intensas negociaciones con una tregua de seis meses, a partir del 1º de febrero, que tiene fecha de vencimiento este fin de semana. La actividad no ha dejado de caer desde entonces y, a esta altura, suma 51 equipos de perforación fuera de operación en toda la cuenca del Golfo San Jorge, según el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge "Loma" Avila. El dirigente computó que, sobre 18 equipos parados ya declarados por las principales empresas productoras (diez de Pan American Energy, seis de Tecpetrol y dos de Enap Sipetrol), se le agregó "la bajada de equipos que anunció YPF por carta documento, que en total ya son 15". Los demás equipos perforadores retirados corresponden a empresas de servicios. "Esto hace que la situación al 31 de julio (fecha de fin de la tregua) cambie. Hay 500 personas que se sumarían a las que ya están en su casa sin trabajo", advirtió Avila. Para algunos dirigentes, la actitud de YPF equivale a una ruptura del acuerdo de paz social cuatro días antes de vencer su vigencia. A ello se suma la actitud de la firma San Antonio, de Comodoro Rivadavia, que el lunes pasado envió telegramas a su personal, comunicándole que "queda suspendido sin goce de salarios por el término de 30 días a partir del 1º de septiembre del corriente año".
Para la dirigencia sindical, esta acción representa la amenaza de que se inicie una ola de despidos masivos una vez terminada la tregua. En una declaración difundida a última hora de ayer por el sindicato petrolero, Jorge Avila denunció a las empresas operadoras y al gobierno nacional de presionar a los trabajadores petroleros, en lo que consideró "un atropello que no vamos a permitir; no vamos a ser rehenes de una flexibilización laboral encubierta". "Está todo mal, como lo veníamos anticipando, vamos a llegar al 31 de julio y empresas como San Antonio han suspendido 120 trabajadores en Comodoro Rivadavia del personal convencional, 40 jerárquicos más 30 trabajadores en Santa Cruz".
Para la tarde de hoy, está prevista una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que debió realizarse el martes pero que fue postergada por 48 horas. En ella participarán los sindicatos petroleros y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Empresaria de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE). "Va a ser durísima", anticipó Avila. "Nos vamos directamente a un conflicto que va a ser interminable con una de las empresas del Estado, que es YPF, la que está empujando hacia este tipo de conflictos", acusó. PAE, la principal empresa productora de la cuenca, lleva al encuentro de hoy la intención de promover un cambio en las condiciones de trabajo, buscando atar las retribuciones a la productividad. Pero la situación de otras empresas es diferente, y no sólo las operadoras de servicios especiales ponen en duda la continuidad de su actividad en la zona.
"Vamos a defender los puestos laborales sean de la empresa que sean, porque no somos de una u otra empresa: somos todos petroleros", disparó Avila ayer. "Y que les quede claro al Gobierno nacional y a los empresarios que, de acá en adelante, los conflictos serán más graves, más agudos, pero no seremos los trabajadores los que hemos roto la paz social, sino el propio Gobierno nacional que cada día nos obliga a tomar decisiones en contra de esta circunstancia", advirtió.
IMPULSAN QUE SE PERMITA FUMIGAR CASI AL LADO DE LAS
VIVIENDAS
Con el glifosato a diez metros
Un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense achica las distancias de uso del herbicida respecto de las casas habitadas. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian que la iniciativa es inconstitucional.
La Corte Suprema de Buenos Aires prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas.
Por Darío Aranda
La Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta sólo diez metros de las viviendas, reduce al mínimo las distancias de utilización de agroquímicos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno provincial privilegió a las empresas del sector, nucleadas en la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara de empresas de agroquímicos (Casafe) por sobre la población.
El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, lo anunció a días de asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroquímicos. El 6 de julio, y sin discusión mediante, el Senado bonaerense dio media sanción a una ley en línea con los pedidos empresarios: "Se prohíbe toda aplicación utilizando la técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual está delimitada por diez metros contados desde el límite de la zona urbana".
Entre los productos que podrán fumigarse hasta pasos de las viviendas están el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como "probable cancerígeno", ubicado en el segundo escalón de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el también cuestionado herbicida 2,4-D.
"Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el país respecto a las fumigaciones y también ignora las evidencias científicas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la población. No existe argumento ni técnico ni científico que justifique esta ley", denunció Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, productor de alimentos sin venenos e integrante de la organización Ecos de Saladillo.
Arisnabarreta afirmó que lo único que privilegia este proyecto en la "búsqueda de mayor rentabilidad" de empresas. Precisó que detrás de la iniciativa están la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), Casafe (cámara empresaria de agroquímicos, donde están todas las grandes compañías del sector), la Mesa de Enlace, "sectores del INTA" y el Ministerio de Agroindustria de Nación.
El Senasa clasifica los químicos en cinco categorías: IA (sumamente peligroso, muy tóxico, banda roja), IB (sumamente peligroso, tóxico, banda roja), II (moderadamente peligroso, banda amarilla), III (poco peligroso, banda azul) y IV (normalmente no ofrece peligro, banda verde).
La clasificación es muy cuestionada a nivel nacional e internacional porque está realizada en base a estudios de las propias empresas que comercializan los venenos y porque solo considera la toxicidad aguda (producida en el momento de la manipulación) y deja de lado la afectación crónica (por largos periodos de tiempos, por ejemplo no contempla a las familias expuestas a continuas fumigaciones, donde los químicos son más nocivos).
Diana González, de la Asamblea por la Protección de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, consideró que la clasificación del Senasa "es falaz porque excluye de la discusión la exposición crónica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados".
En el proyecto se mencionan prohibiciones o "zonas de exclusión". Fija distancias de 500 metros para fumigaciones aéreas y las reduce a 100 metros (para productos de clase IA, IB y II) y diez metros para las categorías III y IV. "Es una burla. Los más usados hoy están en las categorías III y IV, sobre ellos hay numerosos estudios científicos que tienen efectos crónicos que afectan la salud pero igual te lo echarán hasta la puerta de tu casa", alertó Arisnabarreta.
La Corte Suprema de Buenos Aires falló en 2012 y prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Fue una sentencia que protegió a María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de la localidad de Alberti), que sufrían las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de un campo de soja vecino. El máximo tribunal de Buenos Aires citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El proyecto con media sanción desoye el fallo judicial de la Corte Suprema. Fue impulsado por el senador Alfonso Coll Areco (del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisión de Ambiente) y su fundamentación no cita ningún trabajo técnico ni científico que justifique las mínimas distancias. Por contraposición, en Argentina existen más de cien trabajos científicos de universidades públicas (Río Cuarto, La Plata, el Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias de los agrotóxicos en poblaciones.
Lucas Landívar y Juan Ignacio Pereyra son parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido de las comunidades afectadas por la consecuencias de la agricultura química. Afirmaron que el proyecto de ley es "inconstitucional" porque desoye legislaciones que protegen la salud y el ambiente, y explicaron que es un proyecto "regresivo" (reduce protecciones ambientales que ya están vigente en leyes anteriores). "Eso solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad", aseguraron los abogados y resaltaron que tampoco hubo audiencias públicas como establece la normativa vigente.
González, de la Asamblea de Pergamino, no tiene dudas: "El proyecto de ley tiene como única meta proteger los intereses empresariales del agronegocio".
OPINIÓN
El olvido
Por Ricardo Forster
¿Cuánta memoria resiste una sociedad? ¿Es posible hacer la crítica destemplada del ciclo político que acaba de cerrarse dirigiendo la mirada cargada de prejuicio y resentimiento hacia el pasado reciente pero al precio del inmediato olvido de ese otro pasado, algo más lejano, del cual es hijo el proyecto actual? ¿Es acaso el olvido un recurso para seguir viviendo que nos alivia de nuestras pesadillas? ¿Puede el discurso político dominante sostenerse en la interrelación de lo contingente y lo acontecido o necesita abandonar, por inactual, cualquier referencia a lo que ha quedado a nuestras espaldas, en especial a aquellas que remiten a prácticas de gobierno socialmente terribles como las que definieron la economía del país hasta el 2003? Preguntas que no puedo dejar de hacerme en estos complejos y difíciles días argentinos en los que una maquinaria mediática implacable, y en alianza con una restauración neoliberal encabezada por Macri, busca convertir los años kirchneristas en un tiempo de corrupción y de fabulación impostora, a la vez que trabaja para desvanecer los recuerdos traumáticos que dejaron su marca en el final de los 90 y en el estallido del 2001.
Se esfuman las imágenes de aquella crisis de finales del siglo XX al mismo tiempo que el día a día se convierte en el núcleo absoluto de vivencias y sensaciones que no pueden o no quieren mirarse en el espejo de esa otra época en la que tantas cosas se corrompieron en el interior de una vida social dañada. Quizás el peso de lo traumático, la oscura ofensa que atraviesa el alma de muchos compatriotas, el deseo de no mirar hacia atrás para no hundirse en la culpa de complicidades diversas, refuerza la tendencia al "piadoso" olvido. Es comprensible y justificable que quien ha sufrido un daño en su vida intente borrar ese recuerdo angustioso, es cínico e hipócrita que quien ha sido responsable de ese daño se dedique a borrar toda referencia que lo compromete. Es doloroso y preocupante que los dañados se dejen convencer por quienes buscan sustraerse a su responsabilidad política, ideológica y económica.
Olvidar, ese parece ser el reflejo inmediato de una parte significativa de la sociedad. Olvidar, una vez más, para desresponzabilizarse, para proyectar todos los males bien lejos en el mismo instante en que, como en otros tramos de nuestra historia, buscamos arrojarnos en las aguas purificadoras del virtuosismo republicano sin siquiera percibir que terminaríamos por precipitarnos en la noche dictatorial o en el vaciamiento de la vida democrática. Olvidar como una estrategia para despojar al kirchnerismo de su papel inequívoco y decisivo a la hora de rescatar a un país desmadrado y precipitado hacia una carrera autodestructiva impulsada por quienes hoy se ofrecen como los salvadores de la patria. Olvidar para distanciarse de sus propias opacidades, esa zona gris por la que circula la moral "real" de aquellos que se desgarran las vestiduras ante el supuesto vaciamiento de la República mientras ocultan la expoliación que realizaron y realizan del ahorro de los argentinos regresando a prácticas económicas que sólo benefician a las grandes corporaciones. Grageas para limpiar la memoria de todo aquello que incomoda la buena conciencia de quienes nunca acabaron de abandonar esa tradición prejuiciosa proveniente del antiguo cualunquismo que sus abuelos trajeron de Europa y que hoy asume los rasgos de una sorprendente alquimia de liberal conservadurismo y neoprogresismo reaccionario que va dibujando la silueta de "la nueva derecha" que decide el presente y el futuro inmediato de los argentinos.
Nada más engañoso que dirigir los peores dardos críticos contra el kirchnerismo desde las tribunas de opinión regenteadas desde siempre por los dueños del poder y de las riquezas. Se ensañan con el "populismo" del gobierno saliente (convertido ahora, por gracia de la infamia que lleva el nombre de "López" y la sobreexposición espectacularizante de los medios, en la quintaesencia de "la" corrupción) ocultando la responsabilidad de las corporaciones económicas representadas impúdicamente por los principales funcionarios del macrismo en la expoliación que se está llevando a cabo en el país. Su novedad es que ahora la administración y gestión de la República ha quedado en las manos de sus "verdaderos y genuinos" dueños. Los ceos de las grandes empresas multinacionales han tomado por asalto los ministerios para cerrar el "infame ciclo populista" que osó distribuir más equitativamente el ingreso al mismo tiempo que se ampliaban derechos sociales y civiles como no se hacía desde hace décadas. Un revanchismo de viejos reflejos comenzó a desplegarse en el interior de una democracia cada día más condicionada.
¿Comparar… para qué? Extraña paradoja la que lleva a una amplia franja de la clase media a incursionar, otra vez, en el ejercicio de la repetición. Fue la que enloqueció de pánico – en ese alucinante principio de siglo – ante la certeza de la caída en el abismo de la indigencia económica cuando toda idea de futuro había sido devorada por un presente que parecía prolongarse hasta la realización de lo infausto. Aquella clase media que a partir de 2003 inició una sistemática recuperación y que, ahora, cuando el tiempo ha hecho su trabajo de limpieza y olvido, critica salvajemente a un gobierno que implementó el giro político-económico que le permitió recuperarse de sus terrores y de sus indigencias materiales y "morales", para abrazar la estrategia de quienes volverán a someterla. Extrañas vueltas de la vida que nos ofrece el panorama de una sociedad, o al menos de una parte importante de ella, que se instala en el fervor de un virtuosismo de nuevo rico que descubrió, no sin "inocencia", que la República estaba en manos de una banda de facinerosos dedicada a expoliar los últimos restos de una moral pública definitivamente extraviada entre las risotadas demoníacas del populismo que goza con sus bóvedas llenas de oro, mientras que no se sonroja con los millones y millones que tienen el presidente y varios de sus funcionarios en los paraísos fiscales. Ni tampoco, claro, con los negociados del dólar futuro, las cuantiosas comisiones bancarias emanadas del arreglo con los fondos buitres o la compra de gas a una subsidiaria de la Shell de Chile (país no productor) por el doble del valor que el proveniente de Bolivia, empresa de la cual fue gerente y es accionista el ministro de energía Aranguren. La doble moral sigue dominando la conciencia de una parte de la sociedad al mismo tiempo que los grandes medios se ocupan de blindar y proteger al macrismo.
No le importa, mientras descubre fascinada y complacida, el horroroso espectáculo – astutamente pergeñado desde las usinas mediáticas – de la corrupción "generalizada y a manos llenas", entregarse de cuerpo y alma a quienes se dedicaron y se dedican, con especial fruición, a desvirgar, una y otra vez, su existencia real mientras le dejaban la posibilidad de volver a sentirse virtuosa. Hoy, cuando la polvoreda de la historia se entromete entre el pasado aciago y el presente, no le preocupa dejar el recuerdo de lo acontecido al trabajo de oscuros eruditos enclaustrados en penumbrosas academias que un día nos recordarán las ruindades de una época felizmente superada, cuando ese recuerdo ya no tenga ninguna significación ni ponga en peligro ningún poder. Empachada de olvido reparador prefiere volver a escuchar las ofertas salvadoras de quienes, al final del siglo pasado, la dejaron en la ruina o simplemente la arrojaron a la indigencia material y moral. Elige, porque es libre de hacerlo y porque cree a rajatablas en el mito de su autonomía, a los mismos que disfrutaron mientras hundían a la Argentina en la penuria económica, social, política, cultural e institucional. Regresa, presurosa, al lecho de un amante sádico siempre dispuesto para recibirla con los brazos abiertos. ¿Cuánta repetición soporta un país? ¿Volveremos a ver una película que ya vimos pero con nuevos efectos especiales adaptados a esta época?
Es la desmemoria la que permite "el retorno de los dioses dormidos" utilizando libremente la famosa sentencia de Max Weber y adaptándola a un síntoma instalado en nuestra sociedad? ¿Es la pérdida de toda referencialidad histórica la que habilita para que regresen a la escena del presente los causantes de tanto daño sin que los que lo sufrieron siquiera lo perciban? ¿Acaso la experiencia vivida no alcanza para alertar respecto a esos retornos disfrazados de novedad? Algo oscuro y viscoso se despliega entre los pliegues de una sociedad capaz de lanzarse, una vez más, a la peor de las repeticiones, esa misma que terminará por ofrecerle de nuevo la brutal experiencia de la bancarrota. El deseo de la repetición anida en una subjetividad que sigue viendo la realidad a partir de los paradigmas culturales hegemónicos desde los años 1980 y 1990 cuando se inició la época neoliberal y que siguen marcando el ritmo del anarcocapitalismo financiero; como si lo vivido en el pasado se hubiese convertido en una bruma que apenas si nos devuelve figuras borrosas e indiscernibles mientras lo viejo-nuevo regresa para reactualizar su dominio.
Una subjetividad que no ha querido o no ha podido desprenderse de las impregnaciones de un sistema-mundo capaz de imponer, a lo largo y ancho del planeta, su lógica y su gramática. Un dispositivo cultural, afianzado en y por la maquinaria mediática y por la industria del espectáculo, que ejerce un tremendo disciplinamiento social fecundando el miedo en la certeza de un orden inexorable y eterno del que ya no se podrá escapar pero enmascarándolo en el llamado al puro goce individualista propio del ciudadano-consumidor al que suele apelar la nueva derecha. La economía global de mercado se ha ofrecido, y lo sigue haciendo, como el único norte de sociedades que ya no aspiran a otra cosa que no sea a permanecer, al costo que fuera, en el interior de esas coordenadas que les prometen la felicidad al precio de la más absoluta de las cegueras y, claro, de hipotecar el futuro.
Pero, tal vez, lo que se está hipotecando sea una alquimia que une los tres tiempos verbales ya que, como escribía Walter Benjamin, cuando vuelven a triunfar los dominadores de siempre lo que queda atrapado en la amenaza de la repetición y del relato único es la conjunción de pasado-presente-futuro. El pasado porque la memoria se convierte en un botín de guerra de los vencedores que se apropian de todos los bienes culturales fijando el sentido de un relato que sólo les conviene a ellos; el presente porque ejercen su hegemonía apropiándose, una vez más, de las riquezas socialmente producidas; el futuro porque queda borrado el sueño justiciero que todas las generaciones guardan y que proyectan hacia adelante. Lo que se impone, con la fuerza de una violencia material y simbólica, es un modelo de sociedad en el que la textura monocorde de los vencedores de ayer y de hoy se ofrece como la forma última de la vida nacional. Ese era el cambio que prometía el macrismo y que con ingenuidad rayana en el suicidio votó una parte de la sociedad.
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