sábado 30 de julio de 2016
UNA JUGADA DE LABORATORIO
LOS LABORATORIOS PIDEN FLEXIBILIZAR EL CONTROL EN
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
Buscan avanzar con una desregulación riesgosa
En 2011 se comenzó a implementar gradualmente un sistema de trazabilidad para monitorear la venta de remedios. Para reducir costos, los laboratorios piden reducir el número de productos a los que se les hace ese seguimiento. A cambio firmarían un acuerdo de precios.
Por Fernando Krakowiak
El acuerdo en el precio de los medicamentos que está negociando el gobierno con los laboratorios podría incluir una concesión polémica para abaratar los costos empresarios. Luego de haber subido fuerte el valor de la mayoría de sus productos, las principales firmas del sector ofrecen congelar precios hasta fin de año a cambio de una flexibilización del Sistema Nacional de Trazabilidad implementado en abril de 2011 para monitorear la distribución de remedios y evitar ventas en negro, adulteración de productos y fraude al Estado con la presentación de troqueles falsos destinados a cobrar subsidios.
El sistema de trazabilidad permite conocer el origen, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de toda la cadena de distribución, incluyendo laboratorios, distribuidoras, operadores logísticos, droguerías, farmacias y establecimiento asistenciales. El seguimiento se realiza a partir de la colocación de un código único por producto que es auditado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat). El envase puede tener un dispositivo electrónico, un código de barras o un código datamatrix, pues cualquiera de ellos cumple con la condición de que no pueden ser quitados sin dejar una marca evidente.
Este sistema de control tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los pacientes al evitar la comercialización de remedios adulterados o falsificados, pero además sirve para evitar ventas en negro y la estafa al Estado con la presentación de troqueles truchos, la porción del envase del remedio que se recorta para luego ingresar al mecanismo de reintegro de las obras sociales. El troquel es fácilmente falsificable porque, si bien funciona como un cheque al portador, no incluye ninguna medida de seguridad.
La causa conocida como "la mafia de los medicamentos" es uno de los antecedentes más resonantes que llevó a implementar el sistema de trazabilidad para reemplazar los troqueles. En 2010 la Justicia comprobó el fraude al Estado a través del cobro de subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE), con la presentación de troqueles falsos por tratamientos complejos que nunca se realizaron y medicación que nunca se suministró a los pacientes. Por esta causa fueron procesados y presos como integrantes de una asociación ilícita el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, y el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo. Además, en febrero de 2011, el entonces juez federal Norberto Oyarbide procesó a Juan Rinaldi, ex titular de la Superintendencia de Seguridad de la Salud y del APE, responsable de los reintegros a las obras sociales.
La primera etapa en la implementación del sistema de trazabilidad comenzó en mayo de 2011 e incluyó una serie de productos de alto costo, como oncológicos, HIV y hemoderivados. La implementación de esa disposición se completó en su totalidad. En marzo del año siguiente, Anmat amplió la lista incorporando principios activos de remedios que podían ir de 200 a 100.000 pesos. "De los 350 productos farmacéuticos que se expenden bajo receta incluidos en la primera etapa del Sistema de Trazabilidad, que comenzó a implementarse el año pasado, ahora pasarán a controlarse unos 2.300 medicamentos. Esto abarcará psicofármacos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos y antiparkinsonianos, entre otros productos", aseguró entonces el interventor de la ANMAT, Carlos Chiale. Fuentes del sector consultadas por Página/12 estimaron que la trazabilidad se aplicó a cerca del 75 por ciento de los productos de ese segundo listado.
En enero de 2013 hubo una nueva ampliación que sumó una serie de psicotrópicos aunque su cumplimiento hasta el momento ha sido relativamente bajo, en torno al 15 por ciento del listado. A su vez, en enero de 2015 Anmat concretó una última ampliación del listado al sumar principios activos de alto costo, con un cumplimiento hasta ahora cercano al 85 por ciento.
El objetivo final era reemplazar por completo el sistema de troqueles durante este año, pero los laboratorios han venido demorando su cumplimiento y presionan para flexibilizar el sistema circunscribiéndolo sólo a los medicamentos más costosos, como era al inicio. Así se lo manifestaron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) al ministro de Salud, Jorge Lemus, y a Carlos Chiale. A raíz del intenso lobby empresario, en mayo la senadora del Frente para la Victoria, Nancy González, presentó con otros colegas de su bloque un proyecto de comunicación en el Congreso solicitando informes al Ejecutivo sobre el estado de situación del sistema de trazabilidad de los medicamentos, pero todavía no fue tratado.
El argumento de los principales laboratorios, que también controlan distribuidoras y droguerías, es que la trazabilidad encarece sus costos por la logística que conlleva. Desde el gobierno, les hicieron saber a los empresarios que es muy complicado políticamente dar marcha atrás con este sistema porque no habría manera de justificarlo ante la opinión pública. Por lo tanto, lo que les ofertaron inicialmente es flexibilizar los plazos de cumplimiento de las distintas disposiciones vigentes al menos hasta 2017. A los laboratorios, esa propuesta les parece insuficiente y quieren que Anmat publique una nueva disposición reduciendo la cantidad de principios activos que deben ser monitoreados a través del sistema de trazabilidad. A cambio no sólo ofrecen sumarse al acuerdo de precios sino incluso condonar parte de las deudas que el PAMI tiene con ellos. "Parece que finalmente se va a avanzar con esta última opción. Ahora hay cerca de 600 principios activos y quedarían 450, pero además entre los principios eliminados se encuentran varios que tienen un volumen de ventas importante. Por lo tanto, si en lugar de contabilizar los principios activos se toman en cuenta los productos la reducción sería mucho mayor", señaló a Página/12 una fuente de la industria.
Dar marcha atrás con el sistema de trazabilidad, no sólo supone una reducción de costos para los laboratorios sino también la posibilidad de que continúen los fraudes contra el Estado que protagonizan las empresas del sector y las obras sociales. De hecho, la semana pasada se conoció que un grupo de farmacias de Santiago del Estero le facturaron al PAMI 154 millones de pesos por remedios para diabéticos entre julio de 2015 y febrero de este año, pese a que en esa provincia sólo hay unos 2000 insulinodependientes. El plan consistía en la falsificación de troqueles de diferentes marcas de insulina y de recetas a nombre de afiliados fallecidos o de otros que no padecen diabetes. Una de las farmacias de Santiago del Estero que participó de la estafa facturó sólo en un mes unos 500.000 pesos en insulinas y tiras reactivas para medir el nivel de glucosa. Fuentes de la investigación señalaron que en promedio la venta de los medicamentos para contrarrestar la diabetes suele ser el 1,5 por ciento de la facturación de las farmacias, pero en algunos de los comercios investigados era el 90 por ciento. "Estas redes de corrupción son las que están llevando al PAMI al colapso", aseguró el titular del organismo, Carlos Regazzoni. Sin embargo, la decisión oficial de flexibilizar el sistema de trazabilidad podría terminar siendo funcional a este tipo de estafas.
PANORAMA ECONÓMICO
Inflación
Por David Cufré
Ni la tasa de interés, ni el ajuste del gasto público, ni el shock de confianza, nada de eso impidió que la inflación se duplicara en lo que va del año. Hasta noviembre de 2015 la suba de precios era del 23,9 por ciento en doce meses, según el índice de la Ciudad de Buenos Aires. Pero solo entre enero y junio de este año ya marcó 29,2, y en los últimos doce meses escaló a 47,1 por ciento. Cualquier evaluación objetiva de esos resultados debería poner en revisión la credibilidad de los economistas del Gobierno, que aseguraban desafiantes antes de las elecciones que la apertura del "cepo" cambiario no traería consecuencias sobre los precios, así como tampoco la eliminación de retenciones a los alimentos, el tarifazo de los servicios públicos y el desmantelamiento de los controles a través de la Secretaría de Comercio. Esa afirmación de quienes hoy son funcionarios quedó desmentida de manera rotunda por la realidad. Y no era un tema menor, de escasa incidencia, sino un debate central sobre el rumbo que tomaría la política económica a partir del 10 de diciembre. El Gobierno impuso esas medidas contra las advertencias sobre el impacto que causarían en la inflación, y ahora que los efectos negativos están a la vista su única reacción es cambiar la versión de los hechos. Se olvida de los pronósticos y las promesas, como si no hubieran existido, y se ampara en el discurso de la pesada herencia o en la muletilla de que cualquiera que hubiera ganado las elecciones hubiera hecho lo mismo. No es cierto, por más que los economistas amigos y los medios hegemónicos le hagan el juego. Los hechos son los que son. Mauricio Macri y su equipo económico tomaron decisiones erradas que causaron graves daños a la mayoría. El riesgo de no reconocerlo y seguir por el mismo camino es que los resultados volverán a ser los mismos. El problema de la inflación no está resuelto sino que fue agudizado. La recesión y la apertura importadora no son una solución sustentable. En todo caso podrán moderar los aumentos un tiempo, y ni siquiera eso termina de pasar.
Como suelen hacer los gobiernos neoliberales, Cambiemos va corriendo la fecha en la que supuestamente llegarán los resultados virtuosos. En Grecia todavía están esperando, por no hablar de Brasil. Pero mientras tanto va agregando nuevas condiciones. Las últimas que planteó el Presidente son que la justicia laboral deje de fallar a favor de los trabajadores y que el peronismo se comprometa a acompañar las políticas de ajuste. De lo contrario, dijo, no llegarán las inversiones. Antes el requisito era el pago a los fondos buitre, pero eso ya no es suficiente. El mismo argumento se utilizará cuando se remitan al Congreso las reformas previsional, impositiva, de riesgos del trabajo y de flexibilización laboral. El diario La Nación anticipó esta semana las líneas centrales de este último proyecto, con una vuelta de los contratos basura y el descuento salarial para un fondo que cubra indemnizaciones por despido. Cada una de esas transformaciones irá quitando derechos a los trabajadores, como ya ocurrió con experiencias neoliberales anteriores en los '90 y los '2000. Y siempre el planteo será que si no se aprueban, no vendrán las inversiones.
El termómetro que utiliza el Gobierno para medir si las cosas van bien o mal es la inflación. Pero no la acumulada en estos siete meses, que como se indicó al principio duplica la tasa del año pasado, sino la que vendrá. Y sobre este punto hay que decir que las noticias no son buenas. En el mejor de los casos, la inflación volverá hacia fin de año a los niveles mensuales que tenía hasta octubre del año pasado, antes de que Alfonso Prat Gay dijera livianamente que una suba del dólar oficial no afectaría a nadie. Si el ritmo del alza de precios se modera será esencialmente por la imposibilidad de las empresas de seguir descargando aumentos sobre los bolsillos flacos de los consumidores, que en su gran mayoría sufrieron una depreciación del poder adquisitivo de los salarios. Sectores industriales y del comercio advierten que el incremento de costos generalizado por la devaluación y el aumento de las tarifas no pudo ser trasladado íntegramente al valor de sus productos, por lo cual los márgenes de rentabilidad se contrajeron de manera sustancial, y no son pocos los que pasaron a operar en rojo. Esto sucede en especial entre las pymes, que no son formadoras de precios. También ocurre con grandes empresas, como las petroleras. Fuentes de ese sector sostienen que habían acordado con el Gobierno una suba de los combustibles del 40 por ciento para el año, aunque ahora el mensaje de las autoridades es que deberán conformarse con el 30 por ciento ya producido, por la dificultad política para hacer pasar otro ajuste después de las tensiones y críticas que provocaron la última corrección de principios de mayo. Difícilmente el ex presidente de Shell, Juan José Aranguren, podría justificar otro incremento del 10 por ciento. De todos modos, las refinadoras no dejan de reclamar.
Esa situación de "atraso" en aumentos empresarios y caída del salario real, por paritarias que cerraron por debajo de la inflación, preanuncia que la puja distributiva del año que viene será intensa. Hasta las grandes cadenas de supermercados se quejan por el achicamiento de las ganancias, a pesar de que no son justamente quienes más padecen la crisis. Esa fuente de tensión inflacionaria, que fue central durante el kirchnerismo, se verá potenciada en 2017. Y volverán a estar presentes otras que puso en escena el actual gobierno, como el achicamiento de los subsidios a los servicios públicos. Un factor adicional es un eventual nuevo salto del tipo de cambio. La ganancia de competitividad que buscaba el equipo económico con el aumento del dólar se va diluyendo por la suba de precios. El alza de la divisa desde diciembre es del 56 por ciento, mientras que la inflación alcanza el 47. Eso genera presiones de sectores exportadores para ubicar el dólar otra vez más arriba. A todo ello se agrega que el Palacio de Hacienda desmontó los controles sobre la formación de precios que la gestión de Augusto Costa en la Secretaría de Comercio estaba logrado consolidar, lo mismo que el programa Precios Cuidados, aún vigente, pero ya sin vocación estatal para hacerlo cumplir. Los abusos de posición dominante de proveedores de insumos difundidos son otro generador potente de inflación que no figura en el radar de las autoridades nacionales.
La estrategia oficial para contener los precios se limita a la aplicación del esquema de metas de inflación. Consiste básicamente en mover la tasa de interés de referencia del Banco Central en función de cómo se acomoden los precios. A más inflación, más tasa. Eso se combina con la política fiscal, que deberá ser más austera mientras mayores sean las tensiones inflacionarias, y con la política monetaria, también más contractiva cuando los precios sean más altos. Esto es en esencia lo que se propuso el Gobierno desde un principio, y promete darle mayor formalidad a partir de septiembre. Con esa lógica fue que Prat Gay arriesgó en enero que la inflación de este año se ubicaría entre 20 y 25 por ciento. Los resultados lo dejan en evidencia. No solo en materia de precios, que marchan al doble de lo previsto, sino también por lo que ocurre con el nivel de actividad, el consumo y las expectativas. El Gobierno condujo al país a un escenario de estanflación, pero sigue diciendo que la salida del "cepo" fue exitosa. Después de haber provocado una devaluación abrupta, una recesión galopante, una caída de la inversión y un aumento de la pobreza como no se veía desde la crisis de 2001, la pregunta es qué más debería pasar para que se lo califique como fracaso.
EL "SINCERAMIENTO FISCAL" ARRANCA EL LUNES. EXPECTATIVAS OFICIALES ALCANZAN A 60 MIL MILLONES DE DÓLARES
Todo listo para recibir a los blanqueadores
El titular de la AFIP, Alberto Abad, afirmó que el Gobierno ve "mucho interés en participar" del blanqueo, aunque no arriesgó cifras. La expectativa está puesta en lo que puedan declarar los particulares, a quienes se les ofrecieron las mayores facilidades.
Alberto Abad: "Contactamos inmobiliarias en Uruguay y Estados Unidos
para corroborar los valores que se declaren".
Por Tomás Lukin
Los individuos y empresas interesados en regularizar cuentas, dinero en efectivo, inmuebles y otros activos no declarados podrán empezar a blanquear pasado mañana. El "sinceramiento fiscal" fue habilitado con la publicación de la reglamentación de la AFIP. Si bien el proceso estará operativo a partir del lunes, la totalidad de las vías de blanqueo e instrumentos que ofrece la iniciativa recién estarán operativas cuando la Comisión Nacional de Valores, la Secretaría de Finanzas y la Unidad de Información Financiera difundan las normativas correspondientes. "No sabemos cuántos son los fondos que están en la oscuridad y tampoco sabemos qué es lo que va a emerger con este régimen, pero vemos que hay mucho interés en participar", expresó ayer el titular del organismo recaudador, Alberto Abad.
El recaudador evitó ayer hacer pronósticos pero en el Gobierno esperan que se regularicen activos por un valor entre 40 y 60 mil millones de dólares que no necesariamente deben ingresar al país. Las penalidades para los evasores van de 0 a 15 por ciento. Los ingresos fiscales producidos en el blanqueo serán destinados a financiar el aumento de las prestaciones de los jubilados de mayores ingresos y el pago de los acuerdos que alcance la Anses con quienes reclaman por la mala liquidación de sus haberes. Además del blanqueo, una de las dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial implementa la moratoria tributaria aprobada en la misma ley ómnibus.
La expectativa oficial es que el blanqueo sea encabezado por individuos antes que por sociedades. A partir del lunes los blanqueadores deberán realizar una declaración especial en la página web de la AFIP donde identifiquen los bienes a exteriorizar, demuestren su valuación y adjunten la documentación requerida. Finalizada la registración, se deberá indicar la opción de pago y el sistema confeccionará una liquidación. No será necesario sincerar todo al mismo tiempo sino que podrán realizar distintas declaraciones. Efectivo oculto debajo del colchón, cajas de seguridad, cuentas mal declaradas en el sistema financiero local, depósitos en bancos suizos, departamentos en Miami, casas en Punta del Este y objetos de arte son algunos de los bienes que podrán regularizarse hasta el 31 de marzo de 2017. Cuando se trate de personas, el sinceramiento estará disponible para los bienes acreditados hasta el 22 de julio pasado (en el caso de las empresas, la preexistencia la determinan los activos presentes en el último balance presentado al 31 de diciembre de 2015). Eso significa, indicaron las autoridades del organismo recaudador, que el tipo de cambio utilizado para las operaciones y el pago de impuestos será de 14,70 pesos.
Desde el equipo de la AFIP precisaron que quienes vayan a regularizar tenencias en efectivo no declaradas, una de las alternativas disponibles, están obligados a depositar en su banco esos fondos antes del 31 de octubre. Esos pesos, dólares o euros quedarán inmovilizados durante seis meses en una cuenta especial que, entre otras características, está exenta del pago del impuesto al cheque. Cuando se trate de evasores que ya tienen cuentas en el país que no fueron debidamente declaradas, deberán acreditar los montos con sus resúmenes. Cuentas en el exterior solo podrán blanquearse cuando estén radicadas en jurisdicciones consideradas cooperantes –excluye países como Irán, Irak y Siria– y los contribuyentes deberán adjuntar un resumen bancario en el sitio web de la AFIP. La operatoria no exige el ingreso del dinero al país sino sólo su declaración.
Las sumas de dinero blanqueadas hasta 305.000 pesos pagarán 0 por ciento, hasta 800.000 pesos el 5 por ciento y los montos superiores abonarán 10 por ciento. Cuando se trate de inmuebles, los impuestos serán del 5 por ciento. En ese caso, la valuación de la propiedad deberá ser hecha a valores de mercado presentando tasaciones. "Contamos con servicios de información de las distintas plazas pero además contactamos inmobiliarias en Uruguay, Miami y Nueva York para corroborar que los valores declarados sean correctos", expresó ayer Abad. Para sincerar departamentos o casas fuera del país, los propietarios deberán presentar dos tasaciones realizadas por un corredor público, compañía aseguradora o una entidad bancaria.
Los punitorios desaparecen cuando la regularización se realiza a través de la compra de bonos a tres y siete años. Para suscribir los títulos de corto plazo, los interesados tienen hasta finales de septiembre pero quienes se lancen a los papeles de mediano plazo, el período se extiende durante todo lo que resta de 2016. La apuesta de la Secretaría de Finanzas, promotora de esos instrumentos, es que los interesados se vuelquen a los bonos a siete años. Quienes opten por esa vía deberán suscribir un monto equivalente a un tercio de lo que vayan a exteriorizar mientras que con los títulos de corto plazo se exige comprar una cantidad equivalente a los fondos regularizados.
Secreto bien guardado
El titular de la AFIP, Alberto Abad, adelantó que están trabajando con el Banco Central para evitar que los contribuyentes que solicitan créditos deban presentarle su declaración jurada a los bancos. Pretenden evitar que haya "filtraciones" de información sensible desde las entidades financieras. La normativa para garantizar el secreto fiscal que todavía está en elaboración determinará qué documentación deben requerir las entidades financieras a la hora de entregar un préstamo.
En reemplazo de las declaraciones juradas, los interesados podrán presentar títulos de propiedad o una manifestación de bienes. En tanto, las autoridades tributarias aseguraron ayer que su red de intercambio de información y las mejoras en las herramientas de investigación operarán como un estímulo para ingresar al "sinceramiento fiscal". Quienes participen del blanqueo se liberarán de la presunción de incrementos patrimoniales no justificados y de acciones legales siempre y cuando detrás de los fondos sólo exista un delito de evasión fiscal.
Macri, Peña Nieto y el narco
MACRI MENCIONÓ EL NARCOTRÁFICO COMO PREOCUPACIÓN
COMPARTIDA EN LA VISITA DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO
Narco, objetivo común justo con México
El Presidente argentino mencionó desafíos similares en narcotráfico, derechos humanos y pobreza en sus reuniones con Peña Nieto, jefe de un Estado cuestionado por las matanzas y la exclusión.
Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri coincidieron también en la necesidad
de avazar en un área de libre comercio.
Por Martín Granovsky
El Presidente deslizó ayer una novedad en el marco de la cumbre con su colega mexicano Enrique Peña Nieto. Dijo Mauricio Macri que la Argentina y México comparten retos parecidos en "derechos humanos, cuidado del medio ambiente, combate al crimen organizado" y también en "innovación tecnológica".
Macri precisó aún más su idea cuando habló del narcotráfico. En el almuerzo que ofreció a Peña Nieto dijo que "tenemos como objetivo, junto a todos los que tenemos responsabilidades de gobierno en este país – y hoy me acompañan muchos gobernadores, ya saludaste a algunos y después a lo largo del almuerzo te presentaré a otros – no sólo desarrollar esa Argentina federal, sino lograrlo reduciendo definitivamente la pobreza, la exclusión que afecta a más de un tercio de nuestros compatriotas". Y añadió que otra de sus metas es "también enfrentar ese flagelo que también ustedes sufren, que es el flagelo del narcotráfico, que es una batalla que hay que dar no sólo dentro del país, codo a codo con cada gobernador, cada intendente, sino también junto al mundo entero".
Desde que Felipe Calderón, antecesor de Peña Nieto, resolvió que la batalla contra el narco sería militar, México sufrió una cifra imprecisa de muertes que de todos modos para ningún organismo baja de las 70 mil personas. El registro marca además un número mínimo de 20 mil desaparecidos.
Calderón era del PAN. Peña Nieto marcó la vuelta del PRI, el Partido Revolucionario Institucional que en la historia contemporánea de México encarnó todos los ciclos, desde la nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas hasta las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari.
Con Peña Nieto, cercano a Salinas y no a Cárdenas en esa tradición del PRI, a las muertes en el cuadro de la lucha militar contra el narco y la disputa de territorios se sumaron los caídos por matanzas estatales o paraestatales de estudiantes de magisterio y maestros. La noticia más resonante son los 43 desaparecidos de Ayotxinapa. Todos ellos ligados al movimiento agrario y educativo que viene de los años '20. La más reciente, los 13 maestros asesinados en Oaxaca.
La intensidad de las protestas de ayer contra Peña Nieto confirmó que la pésima calidad institucional de México – sin duda la peor entre los países más grandes de América latina – es una preocupación que excede a los entes especializados como Amnistía Internacional.
Por eso, igual que en México, Peña Nieto aprovechó la ventaja de un espacio cerrado como el Museo del Bicentenario para el autoelogio institucional: "Creemos firmemente en nuestra democracia, creemos en los valores fundamentales de respeto a la libertad, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la diversidad y a la libre expresión; y a partir de esa diversidad que vemos como una fortaleza, es que construimos y encontramos, o buscamos la vía para encontrar consensos, conciliar posiciones y avanzar en esta ruta que ambos gobiernos compartimos a partir de una misma visión".
En rigor, la política del Estado argentino muestra una continuidad en el hecho de privilegiar las relaciones comerciales y políticas y no incluir reclamos sobre violaciones a los derechos humanos ni siquiera en privado. Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una relación cordial con Felipe Calderón. Luego, ya con Peña Nieto en el gobierno, estrechó lazos a tal punto que en 2013 pidió a México colaboración para sellar el acuerdo de indemnización a Repsol por la expropiación de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La estatal Pemex, Petróleos Mexicanos, integraba el directorio de YPF-Repsol con el 9,5 por ciento de las acciones. Peña Nieto cumplió el pedido y la entonces presidenta le agradeció el gesto y después lo hizo trascender.
Todo eso ocurrió antes de la matanza de Ayotzinapa, en 2014, que fue un elemento de enorme visualización internacional de la situación mexicana y el nivel de interacción entre los narcos, las bandas paramilitares y los servicios de inteligencia a nivel de los municipios, los Estados y el Estado nacional. Dos años después, ayer mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó un sistema de envío de relatores especiales para monitorear el caso un caso que combinó el asesinato con el encubrimiento y la falta de una pesquisa en el plano federal.
En términos económicos Macri se mostró esperanzado en avanzar con el intercambio y lograr un área de libre comercio. México integra desde 1994 el Nafta, el bloque de América del Norte junto con los Estados Unidos y Canadá.
Según estudios de la Comisión Económica para América Latina de la ONU, la Cepal, la pobreza aumentó aún más desde que Peña Nieto asumió la Presidencia en 2012. En México quienes viven por debajo de la línea de pobreza superan las 50 millones de personas. El 60 por ciento de los mexicanos carece de seguridad social y esta misma semana el país de Pancho Villa y la revolución mexicana iniciada en 1910 discute la validez de un nuevo sistema de medición por el que Peña Nieto trata, según sus críticos, de disfrazar la situación de injusticia crónica. Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, oposición de centroizquierda) señalaron que a su juicio el nuevo índice subvalora la medición de la riqueza, con lo cual disimularía la desigualdad.
Macri y Peña Nieto ya se encontraron tres veces en los últimos siete meses. México integra la Alianza del Pacífico junto con Colombia, Perú y Chile, de la que la Argentina se convirtió en Estado observador a comienzos de este mes.
En la lista sigue John Kerry
La semana que viene continuarán las visitas internacionales con la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien se verá con el presidente Mauricio Macri el próximo jueves 4 de agosto. "El objetivo es continuar la relación" bilateral generada a partir de la visita en marzo del presidente Barack Obama, explicaron en la Casa Rosada. Kerry, justamente, no participó de esa visita por cuestiones de agenda. Luego del secretario de Estado está pautada la llegada a Buenos Aires del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, agendada para el 8 y 9 de agosto. Ban Ki-moon fue jefe de Susana Malcorra en las Naciones Unidas y la canciller argentina se postula para sucederlo a fin de año, aunque, según el resultado que arrojó la primera votación en el Consejo de Seguridad, sus chances son escasas. Entre una y otra visita, Macri viajará a Río de Janeiro para participar de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el viernes 5 de agosto. La ceremonia será en el estadio Maracaná y la encabezará el cuestionado presidente interino Michel Temer.
EL FISCAL ZONI PIDIO QUE SE INVESTIGUE A CARLOS
GEMINIANI, ACUSADO POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA
LIBERTAD
Un camarista denunciado por secuestro
El magistrado había ordenado detener a una secretaria de Casación por no hacer un inventario. Ayer buscó justificar la medida, pero el fiscal dictaminó que no hubo delito y pidió que se lo denuncie penalmente. Repudio judicial y gremial.
Los tribunales de Comodoro Py se vieron convulsionados por el
episodio en plena feria judicial.
Por Irina Hauser
El fiscal federal Juan Pedro Zoni sostuvo que se debe desestimar por inexistencia de delito la denuncia que el camarista de Casación Juan Carlos Gemignani usó para justificar el arresto de la secretaria del tribunal María Amelia Expucci por negarse a inventariar el contenido de unas cajas.
En el mismo dictamen le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi – a cargo del caso – que lo denuncie penalmente en la causa donde ya se lo investiga por privación de la libertad agravada y también ante el Consejo de la Magistratura. En la mañana de ayer, los camaristas presentes se preguntaban dónde estaría Gemignani que no había ido a trabajar. Y estaba dando entrevistas a TN y radio Mitre en las que intentó correr el foco de la cuestión al decir que el verdadero problema era el contenido de las cajas que él pretendía inventariar, ya que habían monitores y material de telecomunicaciones enviados por el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, que a su entender "eran una especie de dádiva para los integrantes de la Cámara".
Gemignani consiguió que los portales de Clarín y La Nación instalaran ayer como título-catástrofe que él denunciaba a la secretaria y que "la vincula con dádivas de De Vido". A lo largo del día, sin embargo, hasta la tradicional Asociación de Magistrados, que suele moverse con espíritu de cuerpo, expresó su "solidaridad" con Expucci "dada la gravedad" de la situación, que puso en conocimiento de la mesa directiva "para evaluar el curso de acción que corresponda adoptar". La lista Bordó de la entidad (el oficialismo), que lidera Ricardo Recondo, calificó la detención como "ilegítima" y dijo que era un hecho "contrario a la confianza pública". La titular de la Asociación de Mujeres Juezas, Susana Medina, caracterizó el episodio como un hecho de "violencia laboral e institucional", se solidarizó con Expucci y abogó por "un pronto esclarecimiento porque la sociedad tiene derecho a una justicia libre de estereotipos culturales y patriarcales".
El increíble hecho ocurrió el jueves cuando Gemignani, quien presidía la Cámara de Casación durante la feria judicial, le informó a Expucci que quería liberar una sala de audiencias para hacer una videoconferencia a pedido de un tribunal de Catamarca. Le dijo que allí había cajas con elementos que no pertenecían al Poder Judicial y le ordenó hacer un inventario. La joven le contestó que para eso quería consultar al juez a quien ella reportaba estos días, Eduardo Riggi, ya que ese tipo de tareas no forman parte de las que se hacen en la feria, que son excepcionales y urgentes, como analizar pedidos de excarcelación. Le sugirió incluso que mejor se lo indicaran por escrito. Gemignani tuvo un rapto de ira, la acusó de desobedecerlo, llamó a los policías de la custodia y ordenó detenerla sin más. Los uniformados le quitaron el celular y la llevaron al destacamento de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py donde estuvo encerrada e incomunicada una hora y media. Luego la denunció por no acatar su orden en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, quien mandó a liberarla de inmediato y le pidió al fiscal Zoni que dictamine. Expucci, conmocionada, lo denunció a él, por privación ilegítima de la libertad agravada, causa que quedó a cargo de Daniel Rafecas.
A lo largo del día de ayer, el camarista intentó convertir el hecho en un escándalo para introducir el nombre de Julio De Vido y acusar de recibir dádivas a su colega Ana María Figueroa, con quien tiene una pulseada de política desde tiempos inmemoriales. Trató de justificar la detención de Expucci con el argumento de que "cualquier civil en una circunstancia de flagrancia tiene derecho a detener a una persona y someterlo a la autoridad competente". Eso fue lo que dijo en TN: Para él, la secretaria estaba desobedeciéndolo y eso era un delito. En Radio Mitre, señaló que "lo que había en las cajas eran televisores, computadoras, todo lo que tiene que ver con cuestiones de telecomunicaciones identificado al Plan Argentina Conectar. Un plan que desarrolló el Ministerio de Planificación de Julio de Vido". Agregó que Figueroa, en su presidencia del tribunal el año pasado, había propuesto recibir ese material pero que le habían dicho sus pares que no correspondía. Además, Gemignani concluyó que deducía que "la negativa" de Expucci a inventariar "era una expresión de encubrimiento".
El día de la detención de la chica, el presidente de Casación, Alejandro Slokar, atravesó más de 100 kilómetros raudamente y convocó a una reunión de emergencia a los casadores, en la que quedó claro que todo el mundo en el tribunal sabía de la existencia de "las cajas" y acusaron a Gemignani – radical de origen alineado con Ernesto Sanz – de haber intentado armar un escándalo público subiéndose a la máquina de denunciar al gobierno anterior, lo que quedó confirmado en sus declaraciones posteriores a los medios. Ayer, cuando habló de dádivas, en tribunales se preguntaban por qué no las había denunciado antes, ya que como funcionario tendría la obligación.
El fiscal Zoni finalmente dijo que la reacción de Expucci ante Gemignani "en modo alguno puede ser calificada como una conducta delictiva" y que "carece de entidad como para lesionar algún bien jurídico tutelado en nuestro Código Penal". El dictamen agrega que a nadie se le puede ocurrir que la negativa a hacer el inventario "puede lesionar el normal y diligente funcionamiento del tribunal de Casación". "Resulta claramente excesivo el reproche penal que se pretende sostener con la denuncia (de Gemignani) ya que se advierte que los sucesos relatados se han generado en una simple cuestión de índole laboral que debería haberse resuelto, cuanto mucho, administrativamente", sostuvo. Recordó que debe haber "proporcionalidad entre la lesión y la punición". Además de pedirle a Martínez de Giorgi que desestime la causa, le requirió que denuncie al juez ante el juzgado de Rafecas, donde Expucci lo imputó por privación ilegal de la libertad, y que le de intervención al Consejo de la Magistratura, hoy dominado por el macrismo.
Expucci es afiliada a la Unión de Empleados de la Justicia. Julio Piumato, titular del gremio, hizo notar que ninguna entidad ni colega había respaldado a Gemignani. Que la detención había sido una "locura" y un "disparate", a la que se fueron sumando "especulaciones sobre la alineación política de esta chica, todo mentira. Es una persona querida y este hombre abusó de su autoridad". Martínez de Giorgi resolverá la semana que viene. Rafecas espera dictamen de la fiscal Paloma Ochoa. Y en la Casación se espera una reunión caliente.
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