domingo 17 de julio de 2016
LOS JUECES QUE DEBEN DECIDIR EL TARIFAZO PODRÁN
VOLAR GRATIS EN PRIMERA
Una dádiva oportuna
El gobierno dispuso que los jueces de la Corte Suprema que deben decidir sobre el tarifazo podrán volar en primera sin pagar. Luego de ese regalo de bodas, Macrì recibió en la Casa Rosada al presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti, pese a que hay un litigio abierto que interesa al Poder Ejecutivo. El reglamento de la Corte sancionado durante la presidencia de Petracchi proscribe las audiencias con una sola parte. La respuesta social al tarifazo y el rol de CFK, en el corto y el largo plazo.
Las cabezas de los poderes Ejecutivo y Judicial, Maurizio Macrì y Ricardo Lorenzetti. A los besos.
Por Horacio Verbitsky
Mientras solicitaba a la Corte Suprema de Justicia que convalidara los desmesurados incrementos de las tarifas de los servicios públicos esenciales, contra los cuales el jueves se produjo una rotunda protesta en todo el país, el gobierno nacional dispuso una dádiva para los cinco miembros del tribunal que deben resolver su pedido. El 9 de julio el Gerente de Aeropuertos de Aerolíneas Argentinas, Ricardo Lehmacher, envió por correo electrónico una circular a todos los jefes de Escala de la compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido. Su texto, que se publica en facsímil aquí dice que los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, y Fernando (sic) Rosenkrantz "tendrán derecho a upgrade a clase ejecutiva sujeto a espacio en los vuelos de nuestra empresa". Rosenkrantz, quien aún no asumió su cargo, no se llama Fernando sino Carlos. Esto significa que los cinco jueces podrán comprar pasajes en clase turista y en cualquier lugar del mundo pasar a la clase ejecutiva sin abonar la diferencia, siempre que en ese vuelo haya asientos desocupados. Como la resolución no especifica la razón por la que se concede el beneficio ni el carácter de los viajes cubiertos, se aplicará no sólo a los de carácter oficial sino también a aquellos que forman parte de la vida privada de los jueces, es decir un fuero personal prohibido en forma explícita por el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Una cita furtiva
Lorenzetti es un apasionado viajero de clase mundial, que pasa varios meses por año fuera del país, participando en encuentros de colegas, recibiendo doctorados honoríficos, dictando conferencias o paseando con su novia, a la que desposó el viernes. Según la oficina CIJ, que atiende la imagen personal de Lorenzetti, desde noviembre de 2015 viajó a Porto Alegre (diferencia entre clase turista y ejecutiva a precios de hoy, 5.614 pesos), Salamanca (51.585 pesos de diferencia hasta y desde Madrid), Washington (139.000 pesos de diferencia), Asunción (4.772 pesos más), Roma (otros 32.000 pesos en clase ejecutiva) y Tucumán (3.833 pesos más). En total, un bonito sobresueldo de 236.804 pesos en poco más de seis meses. Según la revista Noticias, desde 2011 Lorenzetti viajó con su novia a Río de Janeiro (seis veces), Punta del Este (tres veces), Miami (dos veces), Madrid (dos veces), Italia, Dubai, Qatar e India. AA no tiene vuelos a Dubai, Qatar e India, aunque sí llega a Roma, como escala previa. Cotejando los precios en clase turista y ejecutiva, si volviera a realizar esos viajes aprovechando la merced de Aerolíneas Argentinas el ahorro para el presidente de la Corte sería de 732.000 pesos, que rondarían el millón y medio de pesos si incluyera como es de presumir a su compañera de viaje, salvo que él aceptara la poltrona doble y dejara a su consorte en la clase turista.
Mientras espera el fallo de la Corte Suprema sobre el tarifazo, el gobierno prodiga una graciosa cortesía a sus miembros.
El martes, el presidente de la Corte visitó en la Casa Rosada al presidente Maurizio Macrì, en un encuentro del que ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema informaron. Se comprende, ya que habiendo un caso en el que el gobierno nacional es parte, esa reunión viola el reglamento de la Corte, por el cual los jueces no pueden verse a solas con una parte del litigio y en ausencia de la otra. La razonable prevención de no reunirse nunca con una sola parte del litigio fue adoptada durante la presidencia de Enrique Petracchi luego de la crisis de fin de siglo, con el propósito de transparentar las actividades del tribunal y recuperar el prestigio perdido en los años de la mayoría automática. Era una de las recomendaciones formuladas en el verano de 2002 por seis organizaciones de la sociedad civil en el documento "Una Corte para la democracia", que inspiró las reformas adoptadas en los años siguientes por los tres poderes del Estado. Horas antes de la visita furtiva a la Casa Rosada, Lorenzetti y los demás ministros de la Corte firmaron un decreto en un expediente sobre el aumento de tarifas de gas, recabando informes a varios juzgados y al Estado Nacional sobre el nuevo cuadro tarifario y las causas en que fue impugnado, con lo cual la prohibición reglamentaria era de aplicación obligatoria. Distinto sería si se tratara de un encuentro protocolar, como la asunción de Macrì, la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y los festejos del Bicentenario en Tucumán, o programado para analizar cuestiones de interés institucional concernientes a ambos poderes del Estado. Pero la revista Noticias sostiene que el motivo de la reunión de Lorenzetti con Macrì en la Casa Rosada "fue la judicialización del tarifazo" y "la embestida de Elisa Carrió. La diputada prepara un juicio político para la segunda mitad del año y entre los documentos que analiza están los gastos del juez y sus viajes por el mundo", que de ahora en adelante serán menos onerosos.
Regalo de bodas
La notificación de Lehmacher no informa si el regalo de bodas fue una iniciativa del Poder Ejecutivo o de las autoridades de la empresa de bandera, lo cual no hace una diferencia, ya que AA es una compañía estatal y sus autoridades son designadas en forma discrecional por el gobierno, que en cuanto asumió dispuso el reemplazo de Mariano Recalde por la ex directiva de General Motors, Isela Costantini. Durante la campaña electoral el PRO había prometido terminar con los upgrades gratis y la nueva conducción lo oficializó, como recordaron empleados de la compañía en marzo, cuando el pase de cabina benefició a la esposa y el hijo del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en un vuelo a Barcelona. Dietrich explicó que ese upgrade sería pagado por Air France, que canceló el vuelo que habían comprado sus familiares. En el caso de los jueces de la Corte, por el contrario, la resolución no habla de compensación económica alguna, sino del ejercicio de un derecho, cuyo origen no fundamenta. Al cierre de esta edición Lehmacher no había respondido a un pedido de información para esta nota sobre "las actuaciones administrativas labradas para la toma de esa trascendente decisión y quiénes intervinieron antes de usted, dentro y fuera de la compañía". Pero es inimaginable que la responsabilidad resida en una instancia intermedia como el gerente de aeropuertos.
Las dádivas están contempladas en el Título XI del Código Penal sobre delitos contra la administración pública y se consideran una forma de cohecho. El artículo 257 amenaza con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua, al juez que las aceptara "para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia" y el 259 prevé prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, para "el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo". Por supuesto, antes sería necesario que los jueces fueran destituidos en juicio político, ocurrencia de alta improbabilidad en el actual contexto político.
El bolsillo y la boca
Pese al cortejo oficial, la Corte Suprema presentó al gobierno un cuestionario que vaticina dificultades. Como "medidas para mejor proveer", el tribunal quiso enterarse si se tuvieron en cuenta los "principios de gradualidad y progresividad" para determinar los aumentos (su desconocimiento fue citado en 2009 por el ahora Procurador del Tesoro Carlos Balbín para impugnar los aumentos de hasta el 30 por ciento dispuestos por el anterior gobierno). La Corte también pidió informes sobre la tarifa social, su número de beneficiarios y su incidencia sobre el monto final a pagar por cada usuario; acerca de los criterios con que se concede o se niega la tarifa social a entidades de bien público, sin fines de lucro, y pequeñas y medianas empresas, en particular en las economías regionales; si al calcular las tarifas se tomaron en cuenta y con qué fundamentos técnicos, la distancia de los centros de producción, transporte y distribución y si se han considerado los ingresos del usuario y su grupo familiar. Al Poder Ejecutivo le será muy difícil responder estas sencillas preguntas, porque sin mayores estudios sólo pensó en mejorar los ingresos de las empresas, mientras la Corte considera el punto de vista de los usuarios que el gobierno desdeña.
Con el olímpico desdén por la legalidad que lo caracteriza, el gobierno nacional desoyó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspendió el tarifazo porque no se realizó la audiencia pública previa obligatoria y dictó una nueva resolución, que pone un tope del 500 por ciento a los aumentos. La Cámara Federal debió recordarle que mientras no se realice la audiencia la suspensión sigue vigente. Por eso, el Poder Ejecutivo no puede aumentar las tarifas ni el 1000 ni el 500 ni el 10 por ciento. Al presentar el recurso extraordinario ante esa Cámara para llegar a la Corte Suprema, Aranguren cuestionó la constitucionalidad del requisito de la audiencia previa. Pero la columna vertebral de su recurso es el debate con el voto del juez Leopoldo Schiffrin, el único de la sala que no se limitó a las cuestiones formales. Este magistrado, de una cultura general y jurídica que excede la de cualquier juez de la Corte Suprema, de la que fue secretario penal, escribió que el "supuesto nuevo cuadro tarifario" es en realidad un cargo encubierto para que el Estado Nacional financie "los acuerdos de precios a los que llegó con las compañías de producción y transporte de gas", lo cual carece de base legal. En su respuesta Aranguren sostiene que un servicio público esencial está en una situación de extrema gravedad por diversas razones (escasez del recurso, falta de inversiones en exploración y producción de gas y en obras de infraestructura para la expansión y el mantenimiento de las redes de transporte y distribución), lo cual pone en riesgo el abastecimiento de gas. Pero el ministro excluye de la definición de servicio público la fijación del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), es decir en boca de pozo, por lo cual no habría obligación de llamar a una audiencia pública previa a la Resolución ministerial 28/16. Aranguren niega que los aumentos sean para financiar los gastos del Estado, pero admite que "son sumas que perciben las licenciatarias para comprar el gas que deben distribuir", es decir recomponer la tasa de ganancia de las petroleras que lo extraen y comercializan. El ministro también especifica que transporte y distribución sólo explican el 30 por ciento del monto de la factura. El 70 por ciento restante es el valor del gas en boca de pozo, lo cual pone de relieve la absoluta irracionalidad económica y política de excluir nada menos que esta cuestión del análisis. Una pregunta obvia es por qué deberían ser "justas y razonables" las tarifas y no el precio que las petroleras cobran por el gas. Si se admitiera ese razonamiento, las audiencias públicas (tanto la que deberá convocar la autoridad administrativa, como aquella que acaso cite la Corte Suprema antes de pronunciarse) girarían sólo sobre temas menores. El diputado camporista Rodolfo Tailhade recordó que el precio en boca de pozo "es el negocio que el ministro le garantizó a Shell", de la que es accionista. En su defensa, Macrì explicó que las acciones de Aranguren son una parte minúscula del capital de la transnacional anglo-holandesa, un argumento falaz que no sostendría en una reunión de negocios, ya que es obvio que una decisión que aumente la rentabilidad de la empresa no beneficia sólo a los accionistas principales sino a todos. Esos 16 millones de pesos en acciones podrán ser pocos para Shell, pero son muchos para cualquier argentino.
El costo de extracción es el agujero negro, que las petroleras ocultan y el gobierno nacional soslaya, sin que las provincias petroleras reclamen, porque cuanto mayor es el precio en boca de pozo, más se valoriza el 12 por ciento de regalías que perciben. La mayor perjudicada es la provincia de Buenos Aires, que no produce energía pero consume más del 40 por ciento del total nacional, pero la disciplina política amordaza al Hada Buena, que no dice esta boca es mía. En un artículo publicado en El Economista el ex subsecretario de Economía en el último gobierno de Perón, Carlos Leyba, sostiene que tanto "la política del secretismo y la sorpresa, característica del kirchnerismo" como la denominada "sabiduría del mercado en cuestiones estratégicas propias del menemismo", han operado "contra el bien común". A su juicio, "si el precio del gas en boca de pozo llegara a quedar fuera de las audiencias públicas, por la presión de la corporación de concesionarios petroleros, las mismas serán una farsa. El precio del gas es la cuestión principal". Desde la privatización de hace un cuarto de siglo, el Estado no audita el verdadero costo de la extracción, ni las reservas y la producción. Todos esos datos que el Estado da por buenos proceden de las declaraciones juradas de las petroleras. Por eso, "seguramente las reservas están subestimadas y los costos están sobreestimados. Si fuera así, la ausencia del Estado en la generación de información, tendería a aumentar el estado de colapso y deja al Estado y a la sociedad indefensos frente a la presión de las petroleras". Su conclusión es que "no podrá haber política energética ni política de precios y tarifas sostenible si no se pone en blanco y negro el precio del gas en boca de pozo. Sin esa información no podremos entender por qué con 7,50 dólares el MMBTU no aumenta la producción ni la exploración y por qué el precio promedio en boca de pozo que ha desatado la rebelión es mucho mayor al Henri Hub o al procedente de África aún en las últimas licitaciones que han aumentado casi el 40 por ciento por sobre las anteriores. Hay en juego 4 mil millones de dólares y un problema político de enorme gravedad".
Táctica y estrategia
Por Horacio Verbitsky
Pese a las objeciones del jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat-Gay y del de Obras Públicas e Interior, Rogelio Frigerio (n), Macrì sigue confiando en Aranguren, entre otras cosas porque todos saben que el presidente fue el primer entusiasta del tarifazo. Pero después de las manifestaciones del jueves, que el gobierno intentó atribuir al "kirchnerismo duro", el costo de sostener al ministro puede volverse insoportable. Si el gobierno realmente pensara que CFK conduce una diversidad tan apreciable, multisectorial y policlasista, extendida en todo el país y que incluye hasta votantes desilusionados del macrismo, se cuidaría de decirlo. Lo indudable es que la ex presidente supo prever como nadie ese efecto de las políticas oficiales. Lo anticipó al abrir las sesiones del Congreso del año pasado, cuando dijo que dejaba un país muy cómodo para la gente y muy incómodo para los gobernantes que la sucedieran. Lo reiteró al despedirse ante la Plaza de Mayo colmada como nunca la última noche de su gobierno, al proclamar a cada argentino como el dirigente de su destino y el constructor de su vida y jactarse de que lo que ella llama empoderamiento popular es su mejor legado al pueblo argentino. Y volvió a plantearlo el 13 de abril en Comodoro Py, cuando exhortó a la construcción de un Frente Ciudadano, plural, con el único punto de unidad de reclamar por los derechos perdidos, porque "la cuenta de luz, de gas, y el chango del supermercado lo tienen que llenar igual los k, los anti-k y todos" y propuso que si los dirigentes no responden, "tomen la bandera, y marchen adelante, no esperen salvadores ni mesías". Pero estas definiciones no sirven como orientación para quienes están ocupando posiciones con vistas a los primeros comicios de renovación legislativa durante este mandato, dentro de poco más de un año. Tampoco le sirvió a los descamisados de 1955 la explicación de Perón de que entre la sangre y el tiempo elegía el tiempo, ni a sus confundidos seguidores de 1974, su despedida comunicándoles que su único heredero sería el pueblo. Por encima de tales coyunturas adversas ese liderazgo se proyectó hacia el horizonte. Esa es la apuesta de Cristina, cuyo pensamiento estratégico no tiene una expresión táctica y apunta antes que a la generación de su hijo Máximo y de Wado de Pedro, a los pibes que hoy tienen entre 15 y 20 años. Esto puede ser un consuelo para Macrì, cuya competencia se reduciría así al Círculo Rojo de los grandes grupos económicos locales, encabezados por Techint y Clarín, cuya expresión política es el diputado nacional Sergio Massa, a quien ahora parecen subordinarse las doce tribus del justicialismo, como se aprecia en la excursión a Tigre de Juan Manuel Abal Medina, Oscar Romero, Miguel Pichetto, José Mayans, María Laura Leguizamón y Teresita Luna. De todos modos, no puede descartarse que la respuesta social al ajuste engendre una de las periódicas convulsiones que en este país trastornan cualquier cálculo político y que ese posible cuadro condicione a aquellos actores políticos que prefieren el opoficialismo a la denuncia y la resistencia y acelere las causas judiciales que por ahora con lentitud se ciernen sobre Macrì a partir de los Panama Papers. Pero esas son apenas conjeturas.
Claves
El 4 de julio la Cámara Federal de Córdoba suspendió por tres meses el tarifazo en esa provincia y ordenó a la distribuidora Ecogas refacturar y no cortar el servicio.
- El 5 de julio el ministro de Justicia Germán Garavano urgió a la Corte Suprema a "generar certidumbre" sobre las tarifas de gas y electricidad.
- El mismo 5 de julio el asesor presidencial Ernesto Sanz, amigo personal de Lorenzetti, dijo en un almuerzo en la Bolsa de Comercio de Córdoba que la Corte Suprema resolvería en pocos días la cuestión de fondo de las tarifas.
- También el 5 de julio se dio por concluido el convenio "Plan Viaje por el País con Anses y Aerolíneas Argentinas" que permitía a los jubilados la compra de pasajes a pagar en tres años y medio.
- El 7 de julio la Cámara Federal de La Plata declaró nulo en todo el país el tarifazo del gas.
- El 9 de julio, Aerolíneas Argentinas dispuso que los ministros de la Corte Suprema podrán viajar en clase ejecutiva sin pagar por ello.
- El 12 de julio, la Corte presentó al gobierno nacional un cuestionario sobre la fundamentación y racionalidad del tarifazo.
- Ese mismo día, Lorenzetti realizó una visita furtiva a Macrì en la Casa Rosada. El viernes se casó.
Escala de valores
Por Horacio Verbitsky
Al mismo tiempo que hizo la gracia a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Aerolíneas Argentinas dio de baja los créditos para jubilados y pensionados, que regían desde junio de 2012 y les permitían comprar pasajes en Aerolíneas Argentinas con su tarjeta Argenta por hasta 10.000 pesos de entonces, con dos meses de gracia para empezar los pagos y cuarenta cuotas en pesos. Una circular de la Dirección de Procesos Administrativos y Técnicos de Anses del primer día de este mes informó que el 5 de julio "finaliza el convenio Plan Viaje por el País con Anses y Aerolíneas Argentinas". Estas prerrogativas excepcionales para los más poderosos y la simultánea privación de derechos adquiridos para los más débiles exponen la escala de valores con que se maneja la administración que teme ser considerada el gobierno de los ricos, porque sabe que lo es y le inquietan sus consecuencias políticas y electorales.
OPINIÓN
El regreso de Cacho y doña María
El cacerolazo y las protestas que lo precedieron, cambio de escenario. Impacto en Tribunales y en la oposición. Retroceso forzado del Gobierno. La acción directa, historia y gravitación. Violencia institucional redoblada en Jujuy. La imagen posada de Macri le juega en contra. Tortugas prófugas, con rumbo a derecha. Y algo más.
Por Mario Wainfeld
El cacerolazo metió bulla y gente en todo el país, con modalidades ligeramente variadas. Cualquier protesta multitudinaria causa debates acerca de la cantidad de participantes. Con mayor razón sucede en éstas, en las que la concentración física en calles o plazas es apenas parte de la jugada. Decenas de miles, cientos de miles… como fuera, solo un necio (en los gobiernos siempre los hay) podría negar su magnitud e incidencia.
Se reprodujo en ciudades grandes o pequeñas, varias en las que Cambiemos arrasó en la segunda vuelta electoral de 2015. Un abanico de edades y sectores sociales, con cierto énfasis en sectores de medios hacia abajo. La profusión de imágenes del jueves no fue una sorpresa ni un hecho aislado: hace secuencia con la catarata de movilizaciones que se sucedieron contra el tarifazo en su versión inicial. El presidente Mauricio Macri y su equipo pueden ningunearlos, achacarlos a comandos K… o empezar a preguntarse por qué salieron pese al frío (o cacerolearon desde las ventanas o los balcones) miles de personas no habituadas a hacerlo. La primera respuesta, accesible si no se tapan los oídos, es que metieron ruido de corazón porque les agredieron el bolsillo.
El Gobierno se empecinó en defender la medida con argumentos pueriles o insultantes para la inteligencia media. Solo la revisó cuando no le quedó otra porque la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata la anuló para todo el país. La "corrección" ulterior (el tarifazo acotado, oxímoron flamante) reincide en la ilegalidad que vicia al tarifazo inicial: la falta de audiencias públicas impuestas por la Constitución y las leyes. Puesto en latín, idioma tan caro a los juristas: el escollo no es el quantum de la suba sino el "comum".
La Corte Suprema deberá hacerse cargo a disgusto y en agosto. Pero lo más importante se sustancia en otro terreno: el de la opinión pública y la acción directa, que tanto influyó en la historia cercana.
Los medios dominantes asordinaron el ruidazo tanto como pudieron, en la previa y en los días después. El deleznable atentado terrorista en Niza vale como tapa en cualquier diario del mundo pero el afán de esconder la movida fue manifiesto: se la relegó a un recuadrito o a la nada por no hablar de la cobertura en páginas interiores, en radio o la tele.
El negacionismo no bastó. La revuelta despertó y activó a la dirigencia política, en especial a la oposición light. El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, es una muestra del fenómeno. Transigente con el macrismo, abdicante en la votación del acuerdo con los fondos buitres, se desmarca ahora y pide la renuncia del ministro de Energía Juan José Aranguren. Los senadores no oficialistas, en pleno, votan una resolución enfrentando la política oficial. Varios gobernadores patagónicos habían primereado interpelando al Gobierno y promoviendo demandas judiciales. Son reflejos de conservadores populares de mirada corta en materia nacional pero muy perspicaces para registrar los estados de ánimo colectivos en sus territorios. Si hay bronca o desazón no "garpa" pegarse automáticamente al macrismo: es astuto tomar distancia.
Los jueces más decentes se pusieron las pilas, miembros del gabinete se recriminan entre sí y filtran sus cuitas en off a los periodistas amicales. La recaudación fiscal disminuirá, aún si la Corte le da una manito al oficialismo y convalida el aumento del 400 por ciento.
Un largo camino: La gravitación de la acción directa en el sistema político argentino desde la recuperación democrática es grande, seguramente superior a la que registran otras comarcas.
Tal vez abrieron camino o clavaron un hito las Marchas del silencio en Catamarca pidiendo justicia respecto del asesinato de María Soledad Morales. Sacudieron la apatía o impotencia del movimiento social en los noventa, domesticado por el fracaso del gobierno alfonsinista, la hiperinflación, el peso de la deuda externa. Los catamarqueños nacionalizaron un crimen encubierto por los poderes provinciales, doblegaron a la impunidad. Las consecuencias trascendieron al juicio penal mismo: el desprestigio le valió la pérdida de la gobernación a la dinastía de los Saadi.
Los cacerolazos y las salidas a la calle contra el estado de sitio decretado por el ex presidente Fernando de la Rúa concausaron su renuncia y consiguiente fuga, conjugados con otros factores tremendos. El ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, "el breve", también sufrió los embates de la ciudadanía embravecida.
Los familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón suscitaron un clima de opinión que, también entreverado con otras causas, contribuyó al juicio político que destituyó a Aníbal Ibarra, Jefe de Gobierno porteño y aliado del oficialismo nacional de ese entonces.
Hablamos, claro, de los picos más altos de instrumentos que se usan cotidianamente con efectos menos rotundos y llamativos pero a menudo muy gravitantes. Los gobiernos kirchneristas consiguieron lo que no se veía desde casi veinte años, en tiempos de Alfonsín: movilizaciones masivas a favor del oficialismo. Pero también afrontaron marchas, piquetes, actos en contra. Juan Carlos Blumberg hizo punta, consiguiendo arrancar un puñado de leyes procesales y penales espantosas, que andando el tiempo fueron derogadas.
El conflicto con "el campo" fue el desafío más severo para el kirchnerismo: puso en vilo la gobernabilidad, obtuvo el rechazo de las retenciones móviles, influyó en la derrota electoral del Frente para la Victoria en 2009. La metodología fue la más brutal y destituyente que se recuerde desde 1983: cortes totales de rutas durante meses, desabastecimiento de productos básicos, dilapidación de alimentos arrojados por los productores levantiscos o requisados por los piqueteros VIP.
Los vecinos de Gualeguaychú sostuvieron por años la protesta activa contra la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos, Uruguay. Mantuvieron cortado un puente internacional durante un lapso inimaginable en casi cualquier país del mundo. Condicionaron la política exterior e influyeron en la mayor contradicción de la política regional integracionista de los presidentes Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Nadie está exento ni puede presumirse que ese recurso de los sectores populares cesará, aunque es claro que se adecuará a cada etapa y circunstancia. El macrismo llegó prevenido al poder y recién aterrizado produjo dos movimientos para frenar, disuadir o reprimir la protesta social. Hablamos del Protocolo anti piquetes creado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del escandaloso encarcelamiento de Milagro Sala, sin condena ni proceso.
El Protocolo aspiraba a amedrentar o enredar a los manifestantes en una maraña de requisitos burocráticos-autoritarios cuyo incumplimiento facultaría a prohibir sus convocatorias, reprimirlos o sancionarlos. El mecanismo está, en general, frizado aunque es una amenaza pendiente, una espada de Damocles M. Era desde el vamos imposible exigir que los organizadores de cualquier convocatoria preavisaran su realización, alcance y magnitud numérica. ¿Cómo hubieran podido cumplir las variadas organizaciones y los espontáneos que dieron rienda suelta a su crítica y a la alegría de lo colectivo el jueves 14? ¿Qué podría haberles sucedido a los dirigentes sindicales que organizaron el acto de las cuatro centrales obreras del 29 de abril si intuían "a menos" la asistencia? ¿Habrían consumado una contravención, un delito, un pecado? ¿Deberían haber sido detenidos o pagar una multa, calculando el monto en función del "exceso" de laburantes, "x" pesos per cápita "excedente"?
Más grave, sostenida y creciente es la violencia institucional en Jujuy.
Tristes aniversarios: Coinciden en este mes dos aniversarios aciagos: cuarenta años del "apagón" de Ledesma, ejemplo cabal de la complicidad civil y empresaria con la dictadura y el semestre de detención de Milagro Sala. El gobernador radical Gerardo Morales los celebró de manera doble. Se apresó a Raúl Noro, esposo de Milagro Sala mientras se redobla la persecución ilegal a la militante social y a sus abogados. En Ledesma, la Guardia de Infantería jujeña se ensañó con trabajadores que hacían huelga en defensa de derechos laborales que consideran conculcados. Por enésima vez desde las asunciones de Macri y Morales se dispararon balas de goma contra personas inermes, a menudo por la espalda y a corta distancia.
Por fortuna o por sensata autocontención el macrismo no aplicó la metodología contra manifestantes no encuadrados el jueves 14.La presencia policial fue escasa, motivando que campearan la tranquilidad ciudadana, el batifondo fervoroso, el respeto por los demás, la ausencia de disturbios. La intervención uniformada a menudo funciona como provocación fogoneando lo que, en teoría, aspira a prevenir.
Avances y retrocesos: Las movilizaciones y actos del movimiento obrero, de la comunidad universitaria, de docentes – entre tantos – o la renuncia del ex Ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido comprueban que el macrismo no gobierna sin resistencias y que éstas tienen eficacia cuando se organizan bien y con constancia. Todos esos movimientos son transversales, minorías intensas que se agrupan en defensa de intereses propios, específicos. Son el pilar más sólido de la oposición real, en un contorno de crisis de los partidos opositores y de las cúpulas gremiales.
El Gobierno sufrió un revés que aumentó la radicalidad de dirigentes opositores. Y le valió reprimendas ceñudas de medios y formadores de opinión que saben actuar, según el momento, como su claque o su vanguardia. Los disensos en el Gabinete comprueban que se acusó el golpe.
No es, más vale, "el fin de la historia" ni de la primacía e iniciativa oficiales. El Estado nacional es fuerte y dotado de recursos que el Gobierno puede capitalizar en provecho propio. Es un legado de la herencia kirchnerista que Macri utiliza con frecuencia. La crisis del gas no termina con la preeminencia de la Casa Rosada pero alteró el cuadro de situación.
Cacho y Doña María, pasado y presente: El macrismo no pudo sostener el tarifazo en toda su magnitud ni persuadir a la ciudadanía de la bondad de sus designios. Falló en un terreno que cultiva con denuedo y le es muy propicio: la publicidad y "la comunicación". Traspapeló un principio básico de la aldea global: las imágenes quedan en la memoria o en los archivos de muchos actores. Macri quiso vestirse de asceta ecologista aconsejando restringir el consumo de gas farfullando banalidades sobre el medio ambiente, tema que desconoce de modo flagrante. Se dio de bruces con la foto que su equipo de asesores produjo mostrándolo de entrecasa junto a la primera dama Juliana Awada, pocos días ha, ataviados con la liviana camiseta de la selección de AFA. El afán original era transmitir la idea de una pareja común futbolera, engendrando empatía con la audiencia. Y, acaso, se logró en una franja apreciable de argentinos. Pero se le hizo búmeran cuando despotricó contra los que pasan el invierno "en patas y camiseta" en sus casas. Tal parece que se enteró de esos hábitos malsanos durante los timbreos de campaña. Quizás, el hombre que le contó sus costumbres derrochonas fue "Cacho", el arquetipo que los asesores de imagen le inventaron a Macri. El interlocutor-vecino que junto a "Doña María" verbalizaban el sentido común del discurso de campaña.
Por ahí, quién sabe, Cacho y Doña María se espantaron con las facturas de gas y cacerolearon el jueves. "La gente" conoce bien el metro cuadrado que la rodea y reacciona cuando se la perjudica brutalmente. Con este dato incorporado, la historia continuará.
Tortugas en fuga, secretismos
Por Mario Wainfeld
El carapintada y ex intendente Aldo Rico participó en el desfile de veteranos de Malvinas, suscitando reacciones críticas de varios sectores, incluyendo a dirigentes radicales como el diputado Ricardo Alfonsín. El Ministro de Defensa, Julio Martínez, un correligionario de la UCR, se excusó lo mejor que pudo: patéticamente. Adujo que no estaba anoticiado de la presencia del golpista Rico, que hay muchas agrupaciones de voluntarios, que es complicado conocerlas a todas. Lo es, ciertamente, pero estar al tanto es responsabilidad del ministro que alega su propia torpeza.
El subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo, recibió en la Casa Rosada a militantes del partido neonazi que conduce Alejandro Biondini. "Peter" Robledo, un joven dirigente macrista, argumentó por twitter lo mismo que Martínez. No sabía quién participaba, dejó la impresión de que los neonazis se habían colado… poco serio.
Cuesta pensar que lo hayan hecho adrede, tal vez es más verosímil que se les hayan escapado sendas tortugas gigantes. Aún si así fuera, es chocante la impericia y falta de información de que hicieron gala. Hace juego con la del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien confiesa que desconoce aspectos básicos de su labor, que va aprendiendo a costa de los contribuyentes.
La chocante magnitud de sus ignorancias sumadas se agrava porque las tortugas siempre se fugan para el mismo lado: a la derecha sea ésta militar, ideológica o económica.
Otro cantar fue el encuentro clandestino que mantuvieron, semanas ha, el ministro de Justicia, Germán Garavano, con la apologista de genocidas Cecilia Pando. El cónclave se ocultó y fue develado por Página/12. Garavano dijo, recién entonces, que Pando fue a reclamarle por las condiciones en que están encarcelados distintos represores. No aclaró si tiene abierta su agenda para cualquier ciudadano del común pariente de presos sin condena ni procesamiento como Milagro Sala, sin ir más lejos (ver nota principal).
Más grave fue el palique entre el presidente Mauricio Macri y el titular de la Corte Ricardo Lorenzetti que no se anunció ni fue fotografiado por las solícitas cámaras de la Casa Rosada. La tenida tampoco fue informada en el portal Centro de Información Judicial que maneja la Corte, que acostumbra ser prolífico en anuncios sobre cualquier charla de Lorenzetti. O por reseñar asuntos tan acuciantes como la visita del senador mexicano Raúl Cervantes Andrade a la jueza Elena Highton de Nolasco.
El silencio acrecienta la ínsita gravedad de la reunión entre el titular del Ejecutivo y el del Poder Judicial justo cuando la Corte debe hacerse cargo del juicio en el que se dejó sin efecto el tarifazo por el servicio de gas. Tener contacto con una de las partes viola las reglas escritas fijadas por la Corte.
La necesidad de un fallo serio como el de la Cámara de La Plata exigía otro comportamiento. Y arroja un velo de sospecha respecto de un caso de importancia institucional.
OPINIÓN
¿Secretos de alcoba?
Por Julio Maier
Un presidente – de la Corte Suprema – visitó a otro presidente – del Poder Ejecutivo – en su despacho de la Casa de Gobierno, apodada "Casa Rosada", de Balcarce 50, CABA. Nadie sabe quién invitó a quién o bien quién requirió la audiencia, ni el motivo de la visita o el contenido de la conversación. Nadie fue testigo de la visita y tampoco hubo aclaraciones posteriores sobre su razón de ser o contenido, como producto de las sospechas que tal encuentro promovió. Tal encuentro sucedió, precisamente, cuando en un litigio el visitado había demandado del visitador, supuestamente jefe de un poder estatal independiente, una decisión acerca de la validez de una orden administrativa previa del visitado, muy cuestionada por los administrados, que ya había sido objeto de decisión en sentido contrario a su validez, oportunidad y proporcionalidad, por varios actores regulares del poder de decisión independiente, en procedimientos judiciales también regulares.
Se justifica, entonces, la sorpresa y la sospecha de la visita, más aún cuando un amanuense del anfitrión había presionado al tribunal que preside el huésped para que ejerciera su poder vertical y decidiera a favor del demandante y en tiempo oportuno para él, con uso de amenazas veladas de descalabro institucional y práctico en caso contrario.
Se comprenderá la gravedad de la visita y del secreto de su contenido, hasta hoy desconocido, si se repara en que ya existía una decisión judicial general sobre la cuestión, elaborada por un tribunal de justicia, "superior" conforme al sistema de control de las decisiones judiciales vigente, cuestionada por el anfitrión del encuentro por la vía regular correspondiente; – recurso extraordinario ante la corte del huésped – y la comprensión excederá el límite de gravedad inteligible si se repara en las reglas de proceder que la misma Corte Suprema impulsó oportunamente, v. gr., la necesidad de que los pedidos de audiencia en asuntos litigiosos (¿lobby?) puedan complacerse pero con citación a las demás partes interesadas, esto es, sin audiencias secretas.
¿República? ¿poderes estatales independientes? ¿tarifas y decisiones administrativas autoritarias e irrecurribles? ¿mercado libre?
Todo el episodio me remite a una anécdota de mi vida como juez y presidente del TSJ de la CABA. El conocido CEO – como hoy se denomina al mandamás – del grupo que edita el gran diario argentino, en ese caso con interés en una demanda por la TV de cable – otra de sus empresas – solicitó una audiencia para conocerme (había escrito algún artículo para su diario pero él no sabía quién era yo). Se aclaró luego entre secretarias su interés por una causa tramitada en el tribunal que presidía. Concedí la audiencia, pero en presencia de los demás litigantes, y, más aún, la audiencia, pública, ya estaba prevista según el procedimiento regular que, conforme a la ley, utiliza el TSJ de la CABA. Así se lo hice saber y él contestó, vía su secretaria, que ya no le interesaba conocerme.
EL TITULAR DEL PJ, JOSÉ LUIS GIOJA, ADVIRTIÓ SOBRE EL
RUMBO DEL GOBIERNO DE MACRI
"Hay intranquilidad social"
En diálogo con Página/12, el diputado y ex gobernador de San Juan destacó la protesta contra el tarifazo y reiteró el pedido para que Aranguren "se vaya a la casa". Dijo que el peronismo debe compatibilizar oposición y gobernabilidad.
"Tenemos que armar una estructura partidaria que sea de lo mejor y lo más amplia posible", afirmó Gioja.
Por Fernando Cibeira
"La verdad que no es fácil", dice José Luis Gioja acerca del momento en que le tocó ser presidente del Partido Justicialista. Con el peronismo en la inusual situación de ser oposición y en medio del natural tironeo entre los diferentes sectores internos acerca de cuál debe ser su postura frente a un gobierno que no muestra muchos reparos en llevar adelante su plan, de signo totalmente opuesto a la gestión anterior. "Pero de todo se sale", añade Gioja en su tono campechano desde San Juan donde dice estar disfrutando de unos días fantásticos. Fantásticos en lo que se refiere al clima, claro, porque lo que es la situación política el panorama es muy diferente.
– ¿Cómo evalúa el "ruidazo" que se realizó el jueves contra el aumento de las tarifas?
– Ha sido una movilización importante. Obviamente había militantes, pero también había muchas amas de casa, muchos independientes, mucha gente preocupada por lo que está pasando y por lo que ve. Me parece que hay que poner una oreja ahí, porque es una muestra de que hay intranquilidad social.
– ¿Nota intranquilidad social?
– Sí, porque no es sólo las tarifas. Es también la inflación, el desempleo, la pobreza, no llegar a fin de mes. Son los problemas que plantea este ajuste económico hoy en la Argentina.
– ¿Y cómo evalúa la reacción de la clase política frente a eso? El miércoles hubo por primera vez una posición conjunta de toda la oposición en el Senado.
– Eso está en línea con todo lo que venimos hablando desde distintos sectores del justicialismo. Lo del Senado fue contundente, con una mayoría aplastante. No quiero entrometerme, porque por ahí escuché decir "¿Quién es Gioja para decir que se vaya tal o cual ministro?", pero la verdad es que sería bueno que se vaya a la casa.
– Está hablando del ministro de Energía, Juan José Aranguren, ¿no? ¿Usted plantea su renuncia desde una posición personal o es de todo el justicialismo?
– Es la posición mía hablada con muchos compañeros. Es la preocupación de todos los que tienen alguna responsabilidad institucional, como son los gobernadores e intendentes. Ellos ven que estas cosas pasan en cada uno de sus distritos. No me atribuyo la representación de ninguno de ellos, pero por las charlas que mantengo veo que es una preocupación común.
– ¿Cree que este aumento de las tarifas fue un error técnico, que no se dieron cuenta cuánto aumentaban, o fue un error político porque no imaginaron la reacción que generaría?
– Se da todo. Se da la impericia y el poco interés por la política que han demostrado tener. Ellos también juegan a la antipolítica. No les interesa la gente, les interesan los números. Toman una planilla de cálculo y ven que el resultado da y entonces lo hacen. No saben que atrás de ese número hay una familia que tiene que aguantar. Hay imprevisión, y también los temas se toman livianamente. El interés está por el lado de los números, del capital y de los grupos concentrados.
– El viernes la Cámara de La Plata ratificó la validez de su fallo suspendiendo la suba de tarifas, pero el Gobierno ya había sacado una nueva resolución con un tope para las tarifas. ¿Esa resolución cambió algo para usted?
– Me parece que el Gobierno no entendió que lo de la Cámara tenía vigencia. Y el Senado, con abrumadora mayoría, también se expidió en ese sentido. Por eso es hora de que pongan una oreja y escuchen lo que pasa en la sociedad porque todos estamos preocupados por el país.
– ¿La Corte Suprema tiene que intervenir?
– La Corte lo va tener que tomar, pero no es un tema que tenga que resolver la Corte. Es un tema político que se resuelve con decisiones políticas. Hay que tomar decisiones, no ignorar los problemas. Además, no hay que pasarse por el traste el tema de las audiencias públicas, que es algo que está contemplado en la ley que está vigente.
– Por lo menos este tema le sirvió al justicialismo para mostrar una posición común. ¿Hay todavía una discusión acerca del rol que debe jugar como principal oposición?
– El justicialismo tiene diversidades y queremos respetarlas. Pero hay lenguajes comunes y se pueden coordinar tareas comunes. Esto que se hizo en el Senado se puede hacer en Diputados. También con los otros partidos de la oposición que interpretan lo mismo que nosotros sobre lo que está pasando en la sociedad.
– El jueves hubo un acto en el que se mostraron juntos Sergio Massa, los senadores Miguel Angel Pichetto y Juan Abal Medina y el sindicalista Oscar Romero, del disidente Bloque Justicialista, entre otros. ¿Cómo ve las reuniones de ese tipo?
– Me parece bien que se junten, que vayan viendo. Nosotros aspiramos a que se pueda armar una gran cobertura para que adentro puedan jugar todos. Ya lo hemos dicho, no somos dueños de la verdad. Todos los diálogos que puedan aparecer, sirven. Si en su momento hay acuerdos, bárbaro, si no están las primarias abiertas. Pero no podemos desperdiciar esfuerzos.
– ¿Imagina a Massa adentro del justicialismo en la próxima elección?
– Yo no imagino ni dejo de imaginar. Tenemos que tener un justicialismo lo más institucionalizado posible como partido. La preocupación nuestra es conseguir un justicialismo que sea lo más abarcativo posible, sabiendo que la unidad no es uniformidad.
– ¿En qué quedó la convocatoria a una reunión del Consejo Nacional del PJ? Se había dicho que allí se iba a tratar la conformación de nuevos bloques legislativos, pero después se suspendió y se anunció la creación de una Comisión de Acción Política integrada principalmente por los gobernadores.
– Es probable que la hagamos cuando pase todo esto. Está pendiente una charla con esta comisión que por ahora funciona telefónicamente, pero tiene que funcionar. Hay que analizar algunas cosas y someterla al resto de la conducción nacional.
– ¿Una de esas charlas pendientes es sobre el funcionamiento del bloque de diputados que usted integra?
– Son cosas que tenemos que conversar ahí. Creo que tenemos que sacarnos el sectarismo de encima y ponernos a trabajar rápido en generar esperanzas en nuestra gente.
– ¿Considera que el ciclo del Frente para la Victoria está cumplido?
– El Frente para la Victoria fue una estructura que se armó para la elección pasada. La elección que viene se llamará Frente para la Victoria o frente para lo que sea. Pero las fuerzas populares y progresistas tienen que unirse, esa es la tarea. Lo que tenemos enfrente no es poco. Enfrente fueron capaces de reunirse una diversidad de partidos que hasta hacía poquito se decían de todo y fueron juntos a una elección. Si no nos miramos en ese espejo, a las fuerzas populares no nos va a ir bien.
– Pero aún con esa idea las miradas de cada dirigente deben ser diferentes. No debe pensar igual un gobernador que tiene a su cargo una provincia que un diputado que prioriza qué posición plantear ante los proyectos que envía el Ejecutivo.
– Tenemos que armar una estructura partidaria que sea de lo mejor y lo más amplia posible. Tenemos que ser oposición, porque es el lugar que nos dio la gente, y tenemos que tener en claro que la gobernabilidad también es interés nuestro porque gobernamos una decena de provincias y centenares de municipios. Hay que compatibilizar esto, sin sectarismos y con una visión abierta. Nos toca ser oposición y estamos aprendiendo a serlo. Para salir de esto hay que enamorar de vuelta y generar nuevos sueños. Creo en la renovación, pero también tengo claro que renovar no es tirar todos los días un viejo por la ventana, como decía el general Perón.
– Unos días atrás el Movimiento Evita anunció su separación del bloque del FpV. ¿Le preocupa que esto pueda repetirse?
– Esté donde se esté, lo importante es poder coordinar y hacer tareas en conjunto con todos los que tengan que ver con la doctrina que crearon el general Perón y Evita.
– Desde hace tiempo las principales noticias de algunos medios tienen que ver con supuestas novedades judiciales que involucran a integrantes del gobierno anterior. El viernes, Florencia Kirchner publicó una carta denunciando la persecución que sufría su familia. ¿Cómo ve esta situación?
– Es un tema que se tiene que terminar definitivamente. Se hace como en capítulos. Pareciera que el oxígeno de los que gobiernan es el pasado. Obviamente que nosotros hemos cometido algunos errores y esos errores hay que autocriticarlos y corregirlos. Pero los que gobiernan tienen que tener propuestas, objetivos, y que eso tiene que estar dirigido a beneficio de la gente y no a que viva cada día un poquito peor.
– ¿Qué rol debería ocupar Cristina Kirchner?
– Hay que ver qué quiere hacer ella. Por lo que hemos podido hablar, lo partidario nunca le interesó. Alguna vez ella habló de armar un frente cívico, habrá que ver de qué se trata. Creo que son planos distintos. Lo cierto es que en la reorganización de la estructura del Partido Justicialista ella no ha intervenido. Pero nadie puede dudar de que es una referente de la política nacional.
– ¿Cuando habla de una crear una estructura amplia incluye a La Cámpora?
– Ellos no entraron en la reestructuración que hicimos en el PJ. No quisieron. Pero, reitero, la verdad no la tiene nadie. Nosotros tenemos que trabajar en la idea de ser opositores y también ayudar a los que tienen responsabilidades de gobierno para que les vaya bien.
OPINIÓN
La discusión moral, de López al ruidazo
Por Edgardo Mocca
La derecha argentina tiene hoy una tarea fundamental: la de la construcción social del "estallido moral" o el "derrumbe moral" del kirchnerismo. Toda construcción social es un hecho de guerra, no el resultado de un limpio debate público que aporte argumentos a favor o en contra de su objetivo. Que esa sea la tarea en la que están obsesivamente empeñados los grandes emporios de la comunicación, parte de los sectores más descompuestos del poder judicial y el gobierno nacional, no puede dejar de ser un objeto de análisis político. Del mismo modo, tampoco puede dejar de repararse en que lo "moral" sea el recurso central de la lucha.
El principio explicativo más fácil sería pensar que el antagonismo con el kirchnerismo permitiría debilitar al peronismo en su conjunto y de ese modo favorecer las posibilidades electorales del oficialismo. Esto es totalmente lógico pero también incompleto. Porque esa es una mirada desde el "sistema de partidos" que, en consecuencia, separa el mundo de las instituciones del mundo de las fuerzas políticas en pugna, que desbordan largamente las fronteras partidarias. El macrismo no es hoy el "poder real" en la Argentina. Por supuesto es una fuerza muy activa e influyente en el interior del bloque político neoliberal, pero no está (o todavía no está) en condiciones de ejercer en plenitud su conducción. Digamos de paso que en la historia argentina de muchas décadas hasta acá, ninguna fuerza de derecha en el gobierno pudo lograr ese grado de conducción, lo que hace dudar de que esa conducción sea posible. El macrismo podría intentar la construcción de un antagonismo excluyente con el kirchnerismo pero difícilmente pudiera imponer ese dilema sin el concurso de la persecución judicial y el bombardeo mediático que hoy ha alcanzado una potencia y un sesgo violento y revanchista, que pone en tensión a la democracia.
De manera que la construcción del estallido moral del kirchnerismo parece ir más allá de las urgencias tácticas de una maquinaria política. Además sería imposible negar la participación de muchos líderes y espacios opositores en esta cruzada ética; sería pensar que un sector de justicialistas y partidarios de Massa se conforman con un rol secundario en la estrategia del Pro, lo que claramente los pondría fuera de combate electoral por algún tiempo. Es mucho más productivo pensar en un interés más estratégico, más estructural, que corresponde a una necesidad del bloque de poder real de borrar drásticamente la experiencia de una época política y encerrarla en la memoria de un ciclo de oscuridad y mentira política. En esa estrategia, el macrismo es un protagonista central pero no el único, ni necesariamente el principal. Lo ilustra fielmente el tono presuntuoso y descalificador que adoptan en estos días algunos miembros del staff de la comunicación monopólica en sus referencias a Macri y a muchos de sus funcionarios. La ofensiva antikirchnerista no es una táctica partidaria sino la necesidad principal de un proyecto de violenta reestructuración neoliberal y de reconfiguración geoestratégica de la Argentina.
¿Por qué el registro principalmente moral de la condena? Ante todo sobresale una falta, la de una profunda crisis política, sostenida en el caos económico, durante el gobierno de Cristina. Todo lo contrario: la contracción económica, el vertiginoso endeudamiento, la caída del nivel de vida de muy amplios sectores de la población, la devaluación, el tarifazo… son todas creaciones exclusivas del actual gobierno. Ni una sola de estas calamidades es consecuencia necesaria de la situación previa al 10 de diciembre. Claro está, había muchos problemas por resolver. Pero no hay ninguna relación lógica y necesaria entre esos problemas y una "solución" basada sobre una violenta redistribución de riqueza desde abajo hacia arriba: el argumento de la "necesidad" de lo que se hizo es ideología pura. Entonces como la línea de la pesada herencia tiene los pies de barro y deja en pie la argumentación contraria, hay que encontrar un golpe más efectivo y más contundente. La moral asume ese registro. Permite saltar la discusión política entre un rumbo y el otro, sobre todo cuando las invernales consecuencias del ajuste neoliberal se hacen más rigurosas: es un poco difícil explicarle a quien sufre frío en su casa que ese frío es la consecuencia necesaria del calor con que contaba antes. Para que la moral adquiera entidad de argumento político hay que convertirla en fuente del establecimiento de un antagonismo central: los inmorales son los adversarios. No es nada nuevo: los que quieran profundizar históricamente el tema pueden averiguar cómo fueron las cosas después del derrocamiento de Yrigoyen y del de Perón. En todos los casos en que se interrumpieron procesos que la historia señala como de ruptura del orden previamente establecido, la moral y su contrario, la corrupción, fueron, después de su derrocamiento, el santo y seña del antagonismo, casi siempre empleados en nombre de la reconciliación y la unidad entre los argentinos. Como al pasar, digamos que la "nueva derecha" no es tan nueva como parecía.
De lo que se está discutiendo en la Argentina mediática no es la corrupción. Si de lo que se tratara fuera de un impulso de la moral pública no se hablaría hasta el hartazgo de las bolsas de López y se hablaría un poco más, de Macri y su participación en empresas off shore. No son ilegales, dijo la jefa de la Oficina Anticorrupción; y el dictamen es revelador. Apoyado en él podemos distinguir la cuestión jurídica – que debe ser resuelta estrictamente en los tribunales – de la cuestión moral que es materia de la comunidad en su conjunto. Este último aspecto es el que puede ser sometido a un debate público, con independencia del dictamen de los jueces; es lo que puede alcanzar el estatuto de problema político, en un sentido amplio de la palabra. Como tal la corrupción es un problema político en la medida en que es un debilitamiento de la esfera pública, un deterioro del lugar del Estado, y también un daño a la propia causa en nombre de la cual el implicado ocupa un cargo público. Lógicamente también es político el problema de la existencia o no de una matriz en esas prácticas que involucren instancias colectivas. Pero el salto en calidad se produce cuando se intenta hacer de la corrupción un problema político en un sentido más estricto de la palabra: como gestor de una división del espacio político entre dos posiciones antagónicas. Para eso se coloca a la corrupción como un componente articulador de un sistema de decisiones políticas. Todo lo que hace (en este caso, lo que se hizo en los últimos años), se convierte en accesorio funcional al plan de la corrupción. Eso es la construcción de un enemigo simbólico identificado con un determinado partido o sector político. Es el más terrible de los antagonismos políticos que se pueda construir porque no admite mediaciones ni compromisos. Se trata estrictamente de los buenos y los malos. El objetivo es siempre aislar a un determinado elenco de cuadros políticos convertidos en chivos expiatorios y fomentar la desafección y la dispersión de cuanto rodea a la manzana podrida. Es el reemplazo político-mediático-judicial de la crisis ausente del gobierno de Cristina.
Claro que en cualquier tiempo y lugar, la división del campo político entre decentes y corruptos tiene algunos prerrequisitos básicos. En principio si no se sesga la información, es imposible demarcar al antagonista porque eso presupondría la creencia en el carácter impoluto de las fuerzas que encabezan y protagonizan la campaña "moralizadora". Pero además es necesario acotar las materias que deben ser incluidas en el campo de la contradicción moral. Hace falta, por ejemplo, postular la indiferencia moral frente al hecho de que hay varios centenares de miles de nuevos pobres en los meses pasados desde que asumió Macri. Es no someter a un juicio moral la contracción económica, la pérdida del empleo, la caída de la producción industrial, el imparable aumento de la carestía, el cierre de instituciones culturales, deportivas y recreativas, el freno de procesos de desarrollo científico-técnicos soberanos. Es separar la moral de la persecución política, de la cárcel para luchadores sociales, de las agresiones estatales y paraestatales a colectivos de trabajadores, la presión contra las empresas recuperadas y otros fenómenos de estos meses cuya enunciación detallada llevaría muchas páginas.
El aspecto moral de lo político se refiere a los fines. No a los fines declamados sobre la base de los estudios del "marketing político" sino los fines reales, los que se materializan en hechos concretos. La gran discusión moral entre nosotros tomó cuerpo la noche del último jueves: allí tuvo lugar un pronunciamiento ciudadano amplio y multitudinario que cuestiona moral y políticamente el abuso de poder utilizado para avanzar sobre conquistas populares alcanzadas en estos últimos años. Allí lo que se cuestionó no es solamente los medios – terribles algunos de ellos, como el tarifazo del gas – sino los fines que se insinúan en toda una política. Fue una respuesta político-moral a un proyecto de país dentro del cual el aumento de la desigualdad no es una consecuencia no deseada, sino el fin último: es necesario que los argentinos seamos más desiguales para que seamos más productivos y exitosos. El viejo cuento capitalista de la riqueza como producto exclusivo del mérito y el esfuerzo individual. Tarde o temprano, la política tendrá que dar cuenta del dilema político-moral entre ese proyecto y el que, bajo diferentes perspectivas y banderías políticas, cree en la existencia de un bien común a defender, incompatible con la hiperconcentración de la riqueza.
OPINIÓN
La configuración del Estado policial
Por Declaración de Carta Abierta ante los sucesos de Jujuy
Dos hechos de enorme gravedad se produjeron en las últimas horas en la provincia de Jujuy: la violenta represión a los obreros en huelga del ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, por parte de la Guardia de Infantería, con un saldo de 80 heridos; y nuevas detenciones de integrantes de la organización barrial Tupac Amaru, que incluyen a Raúl Noro, su Secretario de Prensa y compañero de Milagro Sala.
Ambos acontecimientos, cuyo repudio masivo, enérgico y urgente resulta imprescindible, se encuentran ligados íntimamente al ensayo territorial de un Estado policial. Su promoción desde el gobierno del radical de la Alianza Cambiemos Gerardo Morales pareciera surgir como único modelo estatal viable ante el programa de ajuste y acelerada concentración de riqueza del actual giro neoliberal en el país. Son sus rasgos principales la persecución judicial de militantes sociales y políticos a través de causas armadas a medida por magistrados y fiscales afines; campañas mediáticas de demonización y prejuzgamiento convenientemente editadas y coordinadas; represión violenta de movilizaciones y protestas, incluyendo disparos de armas de fuego y golpizas; accionar de grupos parapoliciales con aparente cobertura oficial (como en el caso de ataque a la redacción de Tiempo Argentino y al Centro Educativo Isauro Arancibia); y un despliegue sistemático de las acciones disciplinantes por parte de las fuerzas de seguridad, como el hostigamiento, las requisas y el amedrentamiento de acciones cívicas en la vía pública.
No se trata tan sólo de una impronta sobre la superficie del entramado jurídico e institucional, sino de un verdadero ensayo de trasmutación simbólica en los cimientos de la vida democrática argentina, como quedó evidenciado en los raquíticos festejos del Bicentenario de la Independencia. Las celebraciones de las fechas patrias, que en la última década recuperaron el sentido popular, independentista y antimonárquico de las gestas principales de la configuración de la Argentina, estuvieron caracterizadas por imágenes militaristas, por una vergonzosa genuflexión pro imperial y la reivindicación de figuras claves del golpismo. En el mismo sentido puede considerarse la preocupante invitación oficial a referentes neonazis para conformar una "Mesa Nacional de Juventudes" en la Casa Rosada.
El Estado policial, la fisura del Estado de Derecho, puede constituirse en el reemplazo del cotillón electoral de la concordia, el diálogo y la felicidad cuando este sucumba bajo el peso del desempleo y la pobreza crecientes. El ensañamiento con militantes sociales y políticos que emerjan de una realidad acuciante, como el caso de Milagro Sala, puede convertirse en la moneda corriente de una sociedad irreconocible si las fuerzas democráticas y populares no avanzan en acciones contundentes.
Por ello, nos sumamos a las iniciativas colectivas de repudio a la represión y encarcelamiento de militantes y trabajadores, y a la vulneración del Estado de Derecho en la Argentina.
OPINIÓN
LA JUSTICIA LE DIÓ LA RAZÓN A OSVALDO BAYER EN LA
DEMANDA DE LOS MARTÍNEZ DE HOZ
Un fallo por la verdad histórica
Los nietos del ministro de la dictadura se sintieron "lesados" por el documental Awka Liwen, donde se contaba la compra de tierras indígenas por su ancestro. En un fallo durísimo, la Cámara rechazó censurar la película. Su director cuenta la historia.
Por Mariano Aiello
La Cámara Nacional Civil acaba de desestimar la fantasiosa y temeraria acusación de los nietos de José Alfredo Martínez de Hoz contra la película Awka Liwen, que hicimos con Osvaldo Bayer. Fueron cinco años de juicio, miles de papeles, millones de pesos malgastados en sueldos de camaristas, jueces, secretarios y demás empleados para tratar inútilmente de callar la verdad. El problema para nuestros acusadores fue que no es posible censurar la historia bien documentada, por lo que tuvieron una derrota que va a pasar a los manuales de derecho.
Nuestra película cuenta la participación del abuelo del ministro civil de la dictadura genocida en ese otro genocidio, el que se cometió contra los indígenas de la Patagonia. Los nietos del cómplice se sintieron tocados, pero las juezas María Isabel Benavente, Mabel Alicia de los Santos y Elisa Díaz de Vivar citaron en su fallo jurisprudencia de Raúl Zaffaroni que dice que "la mera invocación de honor de la familia, en casos de parentesco más lejano que el de primer grado o de hermanos, no puede ser suficiente para acreditar el daño moral del deudo, porque de lo contrario nos hallaríamos frente a un verdadero desplazamiento de los ámbitos naturales de discusión: el revisionismo histórico pasaría a ser materia judiciable, con la consiguiente limitación a la libertad de investigación histórica".
La sentencia también expresa que "desde que los actores pretenden la supresión y modificaciónn de ciertos fragmentos de la película realizada por los demandados, el caso compromete el ejercicio de facultades cuyo ejercicio tutela de manera expresa nuestra Constitución Nacional". Por ejemplo, se prohíbe hasta al mismo Congreso que restrinja la libertad de prensa, por lo que "la trascendencia de la tutela de ese derecho ha sido reiteradamente puesta de manifiesto por la Corte al señalar que entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen más entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal". ¡Que triste que los nietos del ministro genocida no hayan realizado una profunda autocrítica del actuar de su abuelo y recontratatara abuelo, sino que sigan buscando atacar a la democracia que tanta sangre nos costó recuperar! Porque la culpa no está en ser nieto o recontratataranieto de un genocida, sino en continuar defendiendo el actuar criminal de sus antepasados y tratar de ocultar la verdad.
El fallo asimismo señala que la petición produciría "verdaderos tribunales de censura" y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que "la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática." También reza que "escapa a los jueces imponer una tesis histórica que tendría el valor de una historia oficial o, aun simplemente, de marcar una preferencia tentativa de participar de tal o cual tesis en función de una concepción declarada de la que ellos serían protectores o de una pretendida objetividad de la que serían detentadores".
Con respecto a la apropiación de 2.5 millones de hectáreas por el recontratatara abuelo de los demandantes, en el juicio de censura se solicitó que los demandados deberían acompañar documentos que acrediten que José Martínez de Hoz fue suscriptor de un bono bajo la ley Avellaneda y que así haya adquirido 2.500.000 de hectáreas en la Patagonia. Las camaristas expresaron que "los demandados se presentaron en autos y acompañaron el material considerado para la producción de la película." Era nada menos que el hallazgo sobre la autoría intelectual del genocidio más grande de la historia de nuestro país a cargo de José Martínez de Hoz, el ejemplar del diario La Prensa del día 19 de diciembre de 1878 en el cual se señala que "el Gobierno Nacional ha vendido al señor Martínez de Hoz mil leguas (equivalentes a 2.5 millones de hectáreas) de la tierra que va a conquistarse, una vez trasladada la línea militar de fronteras, sobre las márgenes del Río Negro". Esta es la prueba irrefutable de la verdad histórica y, también, de la mendacidad de los herederos Martínez de Hoz.
Sobre la verdad histórica las magistradas expresan que "en esas condiciones, no parece razonable que sea este Tribuna quien dirima aquí y ahora, una contienda de esa naturaleza respecto de hechos acontecidos hace alrededor de ciento cincuenta años, porque la pretensión de los accionantes implica el cercenamiento de derechos tutelados por nuestra Constitución Nacional y por la Convención Americana de Derechos Humanos con el máximo alcance que se desprende de la doctrina y jurisprudencia citados".
Por último, las juezas señalan que "resulta importante destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la libertad ideológica indisolublemente unida al pluralismo político, que como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico propugna la Constitución, exige la máxima amplitud en el ejercicio de aquella y, naturalmente, no sólo en lo coincidente con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico, sino también en lo que resulta contrapuesto a los valores y bienes que en ellos se consagran, excluida siempre la violencia para imponer los propios criterios, pero permitiendo la libre exposición de los mismos en los términos que impone una democracia avanzada. De ahí la indispensable interpretación restrictiva de las limitaciones a la libertad ideológica del derecho a expresarla, sin el cual carecería aquella de toda efectividad" ¡Qué oportuno, justamente cuando José Alfredo Martínez de Hoz (n) se presentó al juzgado para la audiencia de absolución de posiciones con cinco matones armados para hacer valer el peso de su historia familiar!
La sentencia es extensa y ejemplar, y se puede leer completa en la página www.martinezdehoz.eu http://www.martinezdehoz.eu/ en la cual hay una reproducción escaneada de las 18 páginas del escrito.
En estos tiempos de tristeza por el enorme retroceso histórico político con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, este fallo nos llena, a Osvaldo y a mi, de alegría y esperanza. No todo está perdido. No es como dijo el entonces jefe de gobierno Macri que "en historia hay siempre que mirar hacia adelante". En estos tiempos de mentiras institucionalizadas, debemos recordar que la lucha y el minucioso trabajo de investigación histórica están del lado de la verdad. Sin vueltas. La verdad, al fin, siempre gana. Y eso deberían también tenerlo en cuenta los actuales responsables del cambio para atrás que está sufriendo nuestra nación.
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