domingo 11 de setiembre de 2016
MANIOBRAS DE LAS GASÍFERAS PARA MOSTRAR PÉRDIDAS Y
JUSTIFICAR EL TARIFAZO
Costos inflados a gas
Un estudio elaborado especialmente para Página/12 demuestra las maniobras contables de firmas concesionarias para girar utilidades al exterior mostrando quebranto al mismo tiempo en los balances, para justificar el incumplimiento de inversiones y reclamar más tarifa.
Juan José Aranguren fue terminante: no abrirá la información sobre costos. Es razonable, la información invalidaría sus argumentos.
Por Raúl Dellatorre
La "falta de rentabilidad" para los prestadores de servicios públicos y la necesidad de "normalización" de precios y tarifas, es el argumento central que esgrimió el gobierno para impulsar el megatarifazo, única vía para evitar "una catástrofe" para el año próximo si no se corregían urgentemente las retribuciones a las concesionarias, según se dijo. Sin embargo, un exhaustivo estudio realizado por expertos a pedido de Página/12 sobre los balances de las empresas concesionarias del sector gasífero, deja en claro aspectos que desarticulan la argumentación oficial. Y explican, en buena medida, por qué el gobierno se resiste a abrir la información sobre los costos de producción, transporte y distribución del gas. Bajo la modalidad de los contratos de asistencia técnica con los propios accionistas de las concesionarias, se giró utilidades al exterior por miles de millones de dólares, mientras los balances que se presentaban en el país declaraban quebrantos. Se justificó, así, la "imposibilidad" de invertir y el reclamo de mayores tarifas o transferencias del Estado. Y ahora, para el gobierno, como argumento para sostener el tarifazo.
Según el estudio realizado por auditores con marcado prestigio en la industria, sólo en el caso de las dos transportistas de gas, TGN y TGS, se comprueban pagos por supuestos honorarios de asistencia técnica a sus propios accionistas por 63,2 millones de dólares en el primer caso, y 225,1 millones de dólares en el segundo, entre los años 1998 y 2015. De los primeros años de la concesión, de 1992 a 1997, no se pudo verificar la información, porque las concesionarias no estaban aún obligadas a presentar balance a la Bolsa de Comercio, pero se supone que es el período en el que las empresas obtuvieron su mejor resultado. Los especialistas estiman que las transferencias por el mismo mecanismo podrían haber ascendido, en esos años, a unos 40 millones de dólares para TGN y 135 millones en el caso de TGS, sumando en los 24 años de concesión más de 460 millones de dólares entre ambas empresas. En los balances, dichas salidas figuraron como "gastos operativos" deducibles de impuestos, y no como remisión de utilidades a las casas matrices de los accionistas. Una forma de eludir el pago de impuestos pero, además, justificar la no realización de inversiones.
Esta práctica, se sospecha con fundamentos, no sólo se aplicó al segmento del transporte sino que se reiteró en los otros eslabones de la cadena. Manteniendo esos números en las sombras, Aranguren marcha a la Audiencia Pública del próximo viernes enarbolando un tarifazo del 235 por ciento para el gas, y sólo como un primer paso de una recomposición que pretende continuar hasta octubre de 2019.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, pretendió cerrar la discusión en forma tajante: el gobierno no entregará información sobre los costos de la producción, transporte y distribución de gas antes de la Audiencia Pública del viernes 16, ni considera que tenga obligación de hacerlo. Sus dichos no sólo contradicen el reclamo de transparencia de las organizaciones de usuarios y consumidores, sino que también parecen ir en contra de lo establecido por la Corte Suprema en el fallo en el que ordenó hacer la audiencia pública antes de fijar un nuevo cuadro tarifario, y permitir que los usuarios pudieran acceder a la información sobre el aumento en cada uno de los segmentos: producción (gas en boca de pozo), transporte y distribución.
Según los especialistas en auditoría contable consultados por Página/12, del análisis de los balances de las empresas gasíferas surge, "como una primera curiosidad", que las concesionarias computen como pagos a beneficiarios del exterior, por cifras significativas, "honorarios por asesoramiento técnico" en favor de las propias empresas accionistas.
Señalan los expertos que "los concesionarios lograron la adjudicación del servicio mediante una licitación pública nacional e internacional, como consecuencia del respaldo técnico y capacidad patrimonial, sus antecedentes y experiencia técnica demostrada en la realización de la tarea, cuya comprobación fue jurídicamente exigida; resulta extraño que, pesar de ello, de manera sistemática y desde el mismo momento de inicio de la concesión, contraten servicios de transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y gerenciamiento, entre otros, con los propios accionistas que intervinieron en la oferta para su adjudicación".
En el caso de TGS, el principal accionista al momento de la adjudicación era el consorcio CIESA, controlada en un 50 por ciento por Pérez Companc y el 50 restante por el grupo Enron, dueños en conjunto del 70 por ciento del capital social de la concesionaria. Los balances de TGS destacaban el "sólido respaldo" que supone que Enron Pipeline Co, controlada por el grupo Enron, forme parte del consorcio, brindando "una importante experiencia en la operación de gasoductos".
Pero los mismos balances de TGS señalan que "la principal operación recurrente con las sociedades relacionadas se vincula con el Contrato de Asistencia Técnica que la Sociedad suscribió con el operador técnico Enron Pipeline Co. Argentina", que con el tiempo pasa a ser Petrobras Energía. A través del mismo, se le encomienda el asesoramiento técnico para la operación del sistema de transporte de gas, de las instalaciones de procesamiento de gas y de otras instalaciones y equipos conexos. Es decir, justamente la tarea para la que TGS fue concesionada, y la que se le adjudicó precisamente por la capacidad y experiencia demostrada en la materia. Por la tarea, Enron fue contratada por ocho años desde el mismo día de la concesión (28 de diciembre de 1992), con prórrogas automáticas y sucesivas por similar período. La última prórroga corresponde a diciembre de 2014, ya en favor de Petrobras Energía, siempre a cambio de un pago de un honorario mensual independientemente que la empresa obtuviera utilidades o no.
De acuerdo a los balances a los que se tuvo acceso (1998 en adelante), las sumas que pagó TGS por honorarios de este "contrato de asistencia técnica" fue creciendo de 22,5 millones de pesos en 1998, a 28,8 millones en 1999, 21,8 millones en el 2000 y 19,3 millones en 2001 (hasta ahí, con la paridad uno a uno, en dólares igual monto que en pesos). En los años siguientes, la cifra creció en pesos pero se redujo en dólares (valuada al tipo de cambio de diciembre de cada año), alcanzando sumas en torno a los 52 millones de pesos en 2012, 2013 y 2015, y de 70 millones de pesos en 2014. El monto acumulado equivalente en dólares alcanza, en los 18 años (desde 1998 hasta 2015) a 225,1 millones de dólares.
No son muy diferentes las conclusiones que surgen del análisis de los balances de TGN. En este caso, la empresa accionista principal era, al momento de la concesión, Gasinvest SA, sociedad integrada por TecGas (grupo Techint), Compañía General de Combustibles, Total Gas, Electricidad Argentina, y Petronas. Entre 1998 y 2015 recibió honorarios por asistencia técnica por 63,2 millones de dólares.
A criterio de los auditores que participaron del análisis de los balances, "lo que jurídicamente las concesionarias de gas denominan honorarios por asesoramiento técnico, el criterio de interpretación de la realidad económica sugeriría que se trata de dividendos encubiertos". No se trata sólo de los honorarios técnicos, sino que también se observaron en otros casos (otras concesionarias) la existencia de préstamos del exterior que, en realidad, encubren transferencias de dinero entre empresas controladas o vinculadas, con el fin de hace figurar como pago de intereses de esa deuda, lo que en realidad era giro de dividendos o utilidades sobre balances que no mostraban las ganancias.
Ese tratamiento contable de las operaciones con los socios o accionistas tendría varias consecuencias. Por un lado, el tratamiento impositivo: sobre el giro de utilidades al exterior (sobre rentas de fuente argentina) corresponde la retención de impuestos del 35 por ciento por Ganancias. Si, en cambio, sale como honorario vinculado a una supuesta transferencia tecnológica, inscripta en convenios bilaterales como el existente con España, sólo paga el 10 por ciento.
La otra consecuencia hace al debate de tarifas actual. Si lo que en realidad es remisión de utilidades al exterior, se computa como gastos (honorarios o intereses), ello reduce el resultado económico de la actividad, y permite a la concesionaria justificar el incumplimiento de los programas de inversión en función de una retribución insuficiente.
El mecanismo no es novedoso. Los expertos que estudiaron los balances gasíferos sugieren que la metodología es "análoga a la que utilizaba TBA, la concesionaria de la línea Sarmiento", que tras la investigación de la masacre de Once (23 de febrero de 2012), tanto la Auditoría General de la Nación como la Justicia Federal, en su fallo, señalan "la centralidad del factor económico" que desencadena la tragedia: la escasa inversión por el dinero que "se escurrió o desapareció en el complejo entramado societario y contable conformado por la Concesionaria, sus accionistas y diversas empresas del grupo económico". Mientras la concesionaria reclamaba por el supuesto "retraso de los ajustes económicos y financieros de la tarifa", contrataba "de manera directa con sus accionistas, lo que posibilitó trasladar la ganancia en cabeza de estos actores y evidenciar rentabilidades nulas en cabeza de la concesionaria".
Cualquier similitud no es mera coincidencia: es una práctica perversa demasiado extendida.
OPINIÓN
Cajita feliz
Por Alfredo Zaiat
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema de jubilaciones entregó unos 6000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires hace diez días. Ese préstamo forma parte de un paquete global de 24.771 millones de pesos a las provincias que saldrá de esa caja en este año. Esa suma es sólo por la ventanilla abierta en el pacto entre la Nación y las provincias por la devolución en cuotas del 15 por ciento de la masa coparticipable que iba a financiar las jubilaciones. Pero esos montos millonarios no son los únicos que el FGS de la Anses esta destinando a auxiliar las finanzas provinciales. También está suscribiendo casi todos los meses papeles de deuda de corto plazo de provincias. Hasta agosto de este año había acumulado 5981 millones de pesos de esos documentos. La caja de respaldo del sistema previsional público y de reparto se ha convertido de ese modo en un canal alternativo de salvataje de las cuentas provinciales con un total de más de 30 mil millones de pesos hasta el momento. El propio descalabro fiscal que la Nación está financiando con un vertiginoso endeudamiento externo e interno, en dólares y en pesos, tiene su correlato así en las provincias. Varias de ellas también salieron al mercado internacional para conseguir fondos, reuniendo casi 6000 millones de dólares hasta ahora. Pero esa inmensa masa de dinero no es suficiente para cubrir los crecientes desequilibrios de las cuentas públicas. Desequilibrios que no están originados en inversiones en infraestructura o para la producción, sino para hacer frente a gastos corrientes, como salarios. Cualquiera sabe cuál es el desenlace de ese recorrido La innovación del gobierno de Macri es que se ha abalanzado sobre fondos de respaldo de las jubilaciones para ayudar a cubrir esos baches fiscales.
En la última reunión semanal informada del comité ejecutivo para evaluar la estrategia de inversión del FGS, del 14 de junio pasado realizada en el Ministerio de Finanzas, donde participaron el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, se detallaron las suscripciones de deuda más recientes:
- Letras de la Ciudad de Buenos Aires por 500 millones de pesos.
- Letras de Entre Ríos por 40 millones de pesos.
- Letras de Santa Fe por 60 millones de pesos.
- Letras del Tesoro en dólares por 526 millones.
- Lebac del Banco Central por un total de 5500 millones de pesos, a diferentes plazos, de 35 a 252 días.
Estas son las últimas operaciones reportadas oficialmente, tendencia que ha continuado en los meses siguiente. A lo largo del primer semestre el FGS ha estado muy activo como financista de las cuentas públicas nacionales y provinciales. El anterior gobierno también utilizaba el FGS como rueda de auxilio de las finanzas nacionales, pero no del Banco Central ni de las provincias. Ahora el FGS ha suscripto Lebac (BCRA), Letras de la Ciudad de Buenos Aires, de Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Chubut, Neuquén, Buenos Aires, entre otras, además de Letras del Tesoro Nacional. De este último tipo de deuda acumulaba 57.084 millones de pesos a fines de julio, mientras que de los papeles que emite el Banco Central para calmar a las bestias dolarizadoras de la city (Lebac) sumaba 13.802 millones de pesos. El financiamiento con recursos del FGS a provincias, CABA, municipalidades y Banco Central totalizaba 19.783 millones de pesos al séptimo mes del año.
El subdirector ejecutivo de operaciones del FGS, Luis María Blaquier (Grupo Ledesma, ex director del Grupo Clarín y ex ejecutivo de Goldman Sachs), informó en esa reunión las características de cada colocación. Además detalló la modificación del artículo 20 del Anexo II del Acta 1° del 5 de febrero de 2009, que estableció los criterios para elegir qué títulos de deuda incorporar a la cartera de inversión del FGS. Para facilitar ese financiamiento generoso fue propuesto y aprobado la flexibilización de los criterios de aceptación de papeles de deuda por parte del FGS: en caso de que un instrumento de deuda reciba varias calificaciones de riesgo con notas diferentes, "será tenida en cuenta la menor de ellas".
Préstamos
El FGS fue constituido para garantizar el pago de las jubilaciones ante eventualidades negativas que lo pongan en riesgo. Es un fondo contracíclico de la Anses para cuidar el dinero de trabajadores y jubilados. Uno de sus principales objetivos es la preservación de los activos y para ello debe buscar una rentabilidad que permita su sustentabilidad a futuro. La descapitalización de esa caja de respaldo o la liquidación de activos (un stock) para colaborar en el pago de retroactivos en haberes medios y altos (un flujo) como se aprobó en el Congreso violenta ese objetivo central del FGS
La venta de acciones y bonos por ahora fue frenada por una cautelar en la justicia. A la vez la pretensión oficial de que el FGS otorgue créditos a las provincias a tasas reales negativas fue frenada por las resistencias que provocó, y más aún por el temor de los funcionarios de Hacienda y Anses de ser denunciado por el mal manejo de recursos públicos del sistema previsional. Después de negociaciones con el Ministerio del Interior y Hacienda, se definió que los préstamos del FGS a las provincias devengarán una tasa equivalente a Badlar privada y amortizará íntegramente a su vencimiento (4 años desde el desembolso). El costo bruto del financiamiento es del 24 al 26 por ciento anual, pero el neto a las provincias será del 15 por ciento en éste y el próximo año, y del 12 por ciento en los dos años siguientes. La diferencia de tasa (subsidio) irá por cuenta del Tesoro Nacional.
Este financiamiento forma parte del pacto por la restitución del 15 por ciento de coparticipación correspondiente a las provincias que desde 1992 fue girado a la Anses. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ordenó la devolución total de esos recursos a Santa Fe, Córdoba y San Luis, provincias que habían iniciado el reclamo por vía judicial. Al resto, CFK había decretado la devolución total para preservar un criterio de equidad entre las provincias, mientras que el gobierno de Mauricio Macri primero anuló esa disposición para luego negociar un plan en cuotas complementado con préstamos del FGS–Anses.
El programa oficial consiste en el desembolso de tres puntos por año acumulables hasta el 2020 para completar ese 15 por ciento. Además el convenio prevé para este año créditos del FGS equivalente a 6 puntos de los 15 de la masa de recursos coparticipables que le hubiera correspondido a cada provincia (24.771 millones en total). En los años siguientes, los créditos serán equivalentes a 3 puntos del total. Para el período 2016-2020, el FGS habrá entregado entonces créditos a las provincias por un total de por lo menos 71 mil millones de pesos.
Mientras el FGS incorporó al menú de inversiones la tarea de bombero financiero de las castigadas cuentas fiscales debido a la recesión autoinfligida por el macrismo, el FGS no ha avanzado en el rubro inversión en infraestructura y sólo informa que está estudiando algunos proyectos. En la reunión del Consejo del FGS, el 5 de mayo pasado, Fernando Recalde, director de inversiones del fondo confirmó que no han destinado ni un peso en inversiones de infraestructura.
El FGS acumula activos (bonos, acciones, plazos fijos) equivalentes a 805.528 millones de pesos a julio, proyectando 933.700 millones a fin de este año. Los ingresos estimados suman 151.317 millones de pesos, de los cuales 62.469 millones corresponden al cobro de intereses. Es una caja de respaldo a las jubilaciones muy tentadora en términos políticos que el gobierno de Macri ha empezado a echar mano.
PERCEPTIBLE BAJA EN LA IMAGEN DEL PRESIDENTE MACRI A
NUEVE MESES DE GESTIÓN
Es la economía, estúpido
Los encuestadores coinciden en que perdió quince puntos de apoyo y que siete de cada diez personas ven la economía mal o muy mal. El tarifazo "imposible de pagar" y el débil optimismo sobre el futuro.
Por Raúl Kollmann
Casi la totalidad de los consultores en campañas electorales coinciden en que, al cumplirse nueve meses de la asunción de Mauricio Macri, el Presidente perdió unos quince puntos de imagen positiva. Por eso, hoy son más los que opinan mal del mandatario que los que opinan bien y siete de cada diez afirman que la economía está mal o muy mal, con una mayoría que sostiene que tuvieron que recortar sus consumos, especialmente en alimentos. En esa sintonía también son mayoría los que dicen que las tarifas son impagables y los encuestadores perciben un aumento de la pobreza y un deterioro del salario real.
Las polémicas entre los consultores surgen cuando se habla de las expectativas de los ciudadanos. Algunos piensan que la mitad de la población tiene expectativas de que las cosas mejoren e incluso quieren creer que las cosas van a mejorar. En parte porque votaron a Macri en la segunda vuelta, en parte porque son críticos del anterior gobierno y reciben el bombardeo de las denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios.
Sin embargo, la mayoría de los consultores consideran que también las expectativas están bajando, porque hay una franja importante que no cree que las cosas mejoren y, por ejemplo, la mayor parte de los consultados piensa que no vendrán las inversiones prometidas por el gobierno. El panorama se presenta preocupante para el Poder Ejecutivo de cara a las elecciones de 2017: dependerá de las divisiones en el peronismo y de la economía. Cambiemos necesita revertir el grave cuadro de la economía (ver aparte).
Página/12 dialogó con siete de los más conocidos consultores. Se trata de profesionales que tienen miradas muy distintas entre sí y que trabajaron y trabajan para candidatos de diferentes signos.
Datos
"El gobierno comenzó su mandato con una muy fuerte expectativa de mejoras en lo económico tanto en relación al país como en el hogar." – señala Hugo Haime, titular de Haime y Asociados – "En agosto de este año en lugar de que las expectativas mejoren y que se perciban mejorías tanto a nivel del país como en el hogar, la situación empeoró. La expectativa a futuro se ubicó en agosto en 5,3 puntos en una escala de 1 a 10 y la percepción de que las cosas en el país están peor creció 14 puntos. Más grave aún, 19 por ciento más de los consultados dijeron que las cosas en su propia casa empeoraron. Hoy un 56 por ciento de los encuestados nos dice que las cosas están peor en el país y un 42 por ciento nos dice que están peor en su hogar".
"Claramente para la opinión pública las cosas empeoraron. Según nuestros datos, el kirchnerismo dejó treinta por ciento de pobres y más de veinte por ciento de hogares viviendo de planes. Hoy la situación en lugar de corregirse se agravó. Con estos condicionantes, claramente el humor social no puede ser de gran alegría. Por el contrario es de incertidumbre y enojo. A su vez no llega a la mitad de la población quienes creen que entre este año y el próximo llegaran inversiones que generen trabajo".
Para Manuel Mora y Araujo, de Ipsos-Mora y Araujo, "la situación económica no ha mejorado, pero para el último trimestre del año puede computarse que la inflación se viene desacelerando, las expectativas generales son levemente mejores y las expectativas de los economistas son mejores. En la política se registran esas señales ambiguas y sigue prevaleciendo una actitud de precaución y cautela. La opiniòn pública refleja eso mostrando dos caras: una es la de la insatisfacciòn con la situación económica, otra la de la relativamente buena aceptación del presidente Macri y la gobernadora Vidal. La gestión es evaluada de manera desigual, en general más acorde con la mala valoraciòn de la economía que con la buena valoración del presidente".
"Las encuestas dejan al descubierto un dato alarmante para la actual gestión:" – afirma Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) - " el 72 por ciento afirma que la marcha de la economía en la actualidad es abiertamente negativa. Aunque la imagen del presidente Macri no tiene valores tan profundamente negativos, todo parece indicar que por estos tiempos la realidad frente a la economía es más fuerte que el deseo y ante tal situación la esperanza, al menos, se pone en tela de juicio. Ocurre que el nivel de aprobación de lo actuado por el gobierno en el ámbito económico solo recibe la aprobación del Núcleo Duro Macrista".
"En encuestas que hicimos recientemente, ocho de cada diez argentinos señalan que debieron recortar gastos de su presupuesto familiar. En cuanto a los recortes propiamente dichos un 38 por ciento resignó en alimentos y bebidas (menos consumos de carnes y lácteos, más de harinas y polentas, pases a segundas y terceras marcas). El 27 por ciento cortó en servicios, un quince en ocio y entretenimiento, un diez por ciento en vestimenta y calzado, y hasta casi un tres por ciento en salud y medicamentos. Alrededor del 55 por ciento está abiertamente en desa- cuerdo con el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, para las tres cuartas partes los aumentos son excesivos e imposibles de pagar".
Optimismo/pesimismo
Para Eduardo Fidanza, de Poliarquía, "las opiniones sobre la situación económica y las expectativas sobre el país se caracterizan por una peculiaridad: una porción significativa de la opinión pública hace una evaluación negativa de estos aspectos en la coyuntura, mientras estima que la situación mejorará en los próximos meses. Eso permite diferenciar tres segmentos. Uno es el de los optimistas absolutos, que afirman que la situación actual es buena y mejorará aun en el futuro. Otro es de optimistas realistas, que afirman que la situación es mala pero mejorará. Y otro son los pesimistas que sostienen que la situación actual es mala y empeorará. Según los datos de Poliarquía, los dos primeros grupos conforman aproximadamente el 55 por ciento de la población, mientras que los pesimistas alcanzan a alrededor del 35 por ciento. En términos generales, y a nivel nacional, los primeros apoyan al gobierno, los otros lo impugnan".
Federico Aurelio, de Aresco, piensa que "la mitad de los argentinos valoran negativamente su situación económica personal y el 68 por ciento valora negativamente la situación económica del país. Estas evaluaciones que se deterioraron sustancialmente en los primeros cuatro meses del Gobierno se mantienen estables en los últimos meses. Las expectativas de la situación económica son equilibradas entre los que consideran que la situación va a mejorar y los que son pesimistas al respecto. El principal factor del deterioro de la situación económica es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios producto de la inflación y el empeoramiento de la situación laboral".
"Si hace un trimestre" – analiza Artemio López, de Equis – "el 50 por ciento de los consultados a nivel metropolitano por el conjunto de las consultoras en promedio, consideraban que su situación económica no había variado respecto al año 2015, hoy el 70 por ciento considera que está peor. En línea con la percepción de empeoramiento de la situación personal, la evaluación de positiva de la gestión del gobierno nacional cae de manera notable. Mientras el 50 por ciento consideraba "buena o muy buena" la gestión de gobierno nacional hace un trimestre, hoy solo el 35 por ciento la sigue considerando positiva mientras que el restante 65 por ciento la observa 'regular o mala', con el agregado de que está evaluación negativa atraviesa también a un 30 por ciento de aquellos que dicen haber votado al oficialismo. Sucede que la persistente inflación y las últimas medidas económicas, en particular el tarifazo, son consideradas negativas por el 80 por ciento de la población metropolitana".
Divisiones
"La opinión pública está dividida." – evalúa Ricardo Rouvier, de Rouvier y Asociados – "La caída de la imagen del Presidente y de su gestión fue el reflejo inicial de los sectores que se agregaron al envión que tienen los mandatarios al principio de sus gestiones. Son ciudadanos que no habían votado a Macri. Luego, durante el correr de los meses, empezó a erosionarse el apoyo de los propios votantes de Macri en el ballotage. No obstante, para nosotros conserva alrededor de cuatro de cada diez ciudadanos, lo que corresponde al voto duro de Cambiemos. En las PASO Macri había obtenido el 30 por ciento de los votos, en la primera vuelta tuvo 34 por ciento y en el ballotage un poco más del 51. Hoy, cuando se evalúa su gestión, el saldo es negativo: 54 por ciento opina mal contra un 44 que opina bien".
"En síntesis, descenso de su imagen, mayor caída en la percepción de la gobernabilidad, y mantenimiento de un capital fundado principalmente en sus votantes previos a la segunda vuelta. Habrá que ver como evoluciona la situación socioeconómica y el nivel de conflictividad para que el gobierno logre recuperar o mantener un nivel aceptable de opiniones positivas hasta las elecciones legislativas".
Como se ve, no hay demasiadas discrepancias entre los consultores: están de acuerdo en que la percepción de la economía es mala, que la aprobación de Macri viene bajando, aunque tal vez ya encontró su piso. Queda entonces la polémica sobre los que creen o los que no creen, los que todavía le dan un plazo al Ejecutivo. Según Aurelio, el plazo es a fin de año. Diciembre ha sido un mes clave en varios años del anterior gobierno y sería clave también en este.
UN ENSAYO ELECTORAL CON RESULTADO A TRES PUNTAS
Mirando a 2017
Por Raúl Kollmann
Dos de las consultoras – Hugo Haime y Asociados y Poliarquía – hicieron algún tipo de simulacro sobre cuál sería el resultado de una confrontación electoral entre Elisa Carrió (Cambiemos); Cristina Kirchner (Frente para la Victoria) y Sergio Massa (Frente Renovador). Poliarquía habla de un triple empate. Haime no quiso hacer público el resultado, pero trascendió que tiene un empate entre CFK y Massa, con Cambiemos algo más atrás. Como es obvio, se trata de escenarios trazados muy prematuramente, pero ya se exhiben las miradas puestas en la elección de 2017. Un punto clave es el nivel de unidad que puedan lograr las fuerzas peronistas. Nadie piensa que todos los que se reivindican peronistas puedan ir en una sola lista, pero habrá que ver si el nivel de dispersión es grande o no.
"Poliarquía acaba de cerrar una macro encuesta de 14.000 casos en el Gran Buenos Aires, un territorio históricamente adverso a los gobiernos no peronistas", revela Eduardo Fidanza. "El diagnóstico electoral preliminar que se desprende de allí es que la torta está repartida en tres porciones, entre el Gobierno, Cristina y Massa. Ese resultado no constituye una novedad, sino más bien la confirmación de un dato estructural que la coalición de gobierno tiene que remontar: desde hace años el peronismo reúne dos tercios de los votos en la provincia de Buenos Aires. Si María Eugenia Vidal pudo ganar allí fue por una conjunción excepcional de circunstancias: la impopularidad de Aníbal Fernández, su propio carisma y la división del peronismo. Estos son los datos que habrá que monitorear, entonces: la calidad de las candidaturas, el consenso al interior de los partidos o coaliciones y, por cierto, la marcha de la situación económica, que si es favorable ayu
Para Ricardo Rouvier "el gobierno tiene una situación minoritaria a nivel legislativo y necesita revertirla. Hay que ver si el oficialismo puede usar como eje de campaña la cuestión económica o solo se centralizará en presentarse como una etapa mejor a la anterior, focalizando su mensaje negativo en relación a la herencia. Este último mensaje ya se va debilitando".
"El otro espacio que contribuye al escenario electoral es la fragmentación del peronismo. La necesidad de unificación para agregar consensos, determina que haya un flujo horizontal en las conversaciones entre las diversas unidades de poder: Cristina y el Kichnerismo; el PJ, los grupos Esmeralda y Fénix, el movimiento Evita y otros, la CGT/CTA y el Frente Renovador. Es imposible pensar en una alianza de todos, pero sí de algunos que intentarán presentarse en forma competitiva en el próximo turno electoral. Mientras algunos se alejan del kichnerismo otros como Scioli intentan ser bisagra entre el peronismo y el kichnerismo, tratando de restaurar la unión que dio sus frutos entre el 2003/15. No hay que descartar de que en algunos distritos como la Provincia de Buenos Aires, se intente que el PRO abra una puerta hacia intendentes peronistas que no encuentren satisfacción en las otras alternativas. Pero, esta jugada tiene sus inconvenientes funcionales por la oposición del sector más antiperonista de Cambiemos; o por la decisión protagónica de los poderes locales".
Para Roberto Bacman, una clave está en la oposición. "Un peronismo dividido en tres partes (FpV o kirchnerismo, PJ no kirchnerista y Frente Renovador o massismo) implica, ni más ni menos, que una ventaja competitiva fundamental para Cambiemos. Es cierto que faltan once meses para la elección, pero no es tanto tiempo. Y este comicio de medio término será crucial para el actual oficialismo: la gobernabilidad está en juego y el síndrome del pato rengo para transitar los dos últimos años de gestión, pende sobre Cambiemos cual espada de Damocles.. Aunque será una contienda que se librará en la totalidad del territorio nacional, tendrá su epicentro en la madre de todas las batallas: la provincia de Buenos Aires. En tal dirección, el principal desafío para este gobierno consiste en que la economía mejore y prospere, y de tal modo demostrarle a los argentinos que el cambio propuesto valió la pena. Es evidente que el relato basado en la pesada herencia recibida de cara a los próximos comicios no será suficiente: la gente necesitará un próximo año de hechos concretos. Esa es una clave. La otra, para Cambiemos, es la división del peronismo".
"En las elecciones de medio termino – afirma Hugo Haime – los electores por lo general o buscan fortalecer el gobierno en el parlamento o debilitarlo. Si la gente vota por debilitar al gobierno, eso puede expresarse de dos modos. O a través de una oposición totalmente confrontativa o a través de una alternativa opositora, no de tanta confrontación, que garantice gobernabilidad, pero que a su vez alerte de que el camino elegido no es el correcto. Entonces si bien falta casi un año para el proceso electoral, podemos prefigurar hoy claramente tres posiciones. Un oficialismo que intentara conservar los votos obtenidos en primera vuelta (alrededor de 30 por ciento) e intentara dividir a la oposición. Una oposición confrontativa constituida por sectores del kircherismo y de la izquierda – los que no suelen ser aliados electorales – y un amplio arco de dirigencia que planteara la necesidad de un voto de control que le dé una alerta al gobierno de que el camino emprendido es erróneo pero que a su vez garantice acuerdos parlamentarios que reafirmen la gobernabilidad. Esta tercera posición hoy aparece expresada por un arco no homogéneo en donde se expresa el Frente Renovador de Sergio Massa, el GEN de Margarita Stolbizer, el bloque peronista de Diego Bossio, gobernadores e intendentes del peronismo no K, el socialismo en sus distintas vertientes, entre otros. Demasiado hay en juego y falta demasiado tiempo como para definir con claridad porcentuales electorales".
Artemio López es categórico: "Se van consolidando tres espacios electorales a nivel nacional con tres liderazgos definidos: Mauricio Macri, Sergio Massa y Cristina Kirchner. Mauricio Macri y Sergio Massa compiten dentro de un espacio electoral común y está claro que la caída de imagen del presidente es capitalizada hoy por el diputado renovador de manera privilegiada. Por otra parte, el electorado que acompaña a Cristina Kirchner que supone un treinta por ciento de los electores nacionales, constituye un núcleo duro que permanece inalterado a pesar de la grosera campaña mediática en su contra y la notable persecución judicial que sufre la ex presidente. Predecir la dinámica electoral en vista al año 2017 hoy es una tarea imposible. Sin embargo sí hay un indicio fuerte respecto a la evolución futura de los tres liderazgos nacionales predominantes. Si se estabiliza la situación inflacionaria y el país retoma el crecimiento, la figura de Mauricio Macri está hoy aún con el suficiente nivel de popularidad para predominar sobre el resto. Si la situación económico-social empeora pero sin mayores sobresaltos, de manera administrable, la figura de Sergio Massa parece ser la que mejor capacidad de capitalizar esta situación manifiesta hoy. Si por el contrario, la profundización de la crisis socioeconómica toma velocidad y profundidad, es el liderazgo de Cristina Kirchner el que toma ventaja sobre el resto. El juego está en pleno desarrollo y el final, abierto".
DUDAS SOBRE EL PRIMER PARO GENERAL A MACRÌ EN UN DENSO
CLIMA SOCIAL
Disciplin-AR
La transferencia de recursos de los más a los menos es el objetivo central de la política económica y el disciplinamiento de los trabajadores para que se resignen a la pérdida de 12 por ciento de sus ingresos, la principal estrategia política. Pero la profundidad de la crisis y la magnitud de la resistencia social son inocultables y aproximan el primer paro general. La tentación teológica ante el vacío de la política. Tras el tarifazo energético, la nueva dolarización de la economía.
Por Horacio Verbitsky
El reconocimiento de que se preparan nuevos despidos de trabajadores estatales, encubierto como búsqueda de una dotación óptima; la negativa a la reapertura de paritarias aunque la inflación duplica los pronósticos oficiales y la ausencia de cualquier ofrecimiento del Ministerio de Trabajo ante los reclamos de la CGT y las CTA; la importación, inclusive puerta a puerta, de productos que se fabrican en el país, lo cual está destruyendo industrias y puestos de trabajo; el incremento de la desocupación que alcanzó el 10,5 por ciento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Dirección General de Estadística y Censos nunca fue vandalizada por Guillermo Moreno; el proyecto de ley de precarización laboral que con el pretexto del empleo joven crea una subespecie de trabajadores inferiores, con menor remuneración y derechos; la continuidad de la detención arbitraria de Milagro Sala y otros diez militantes de la Organización Tupac Amaru y la instalación de un equipo de trabajo en el Ministerio de Defensa que busca habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior forman parte del proyecto oficial de disciplinar a los trabajadores para que consientan la pérdida del valor adquisitivo de su salario, que ya llega al 12 por ciento desde la asunción del presidente Maurizio Macrì.
Agua y masas secas
La pérdida de empleos y de valor de los salarios es la contracara buscada de la transferencia de ingresos dispuesta por los decretos oficiales que redujeron o eliminaron retenciones a las ventas externas de productos mineros y agropecuarios y reanudaron el ciclo del endeudamiento externo, que no financia la inversión productiva sino la fuga de capitales, el consumo suntuario y gastos corrientes de los gobiernos de la Nación y de las provincias. El ministro de Trabajo Jorge Triaca recibió en audiencias sucesivas a la conducción tripartita de la CGT y al liderazgo bifronte de la CTA. Esta política de puertas abiertas se agota en agua y masas secas pero no ofrece respuestas. Hace una semana, Triaca dijo que la imponente Marcha Federal era política, un discurso que evoca los de Juan Carlos Onganía. Al dejar el despacho ministerial tanto cegetistas como ceteistas anunciaron medidas de fuerza a corto plazo. Este viernes marcharán sobre la Usina del Arte al comenzar la audiencia pública por las tarifas del gas y el viernes siguiente el Congreso Central Confederal de la CGT dispondrá la fecha y modalidad de la respuesta. Las CTA instalaron la propuesta de paro general pero como dijo Hugo Yasky sólo lo harán en coordinación con la CGT para que no permita interpretaciones capciosas por parte del gobierno sobre el porcentaje de adherentes. Con el mismo propósito la CGT dispuso una serie de reuniones con distintos sectores, comenzando por los movimientos sociales de influencia eclesiástica que protagonizaron la marcha de San Cayetano y sus aliados chinoistas. También las CTA analizaron con los mismos movimientos sociales la convergencia de la convocatoria. La CGT también se verá con el ministro político de la Iglesia Católica, Jorge Lozano, y no se descarta que participe su segundo, Alcides Jorge Pedro Casaretto. Ambos han sido los operadores del Papa Francisco para instalar la cuestión del narcotráfico como el eje de la problemática argentina, a lo que adhirió primero el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti (quien esta semana volvió a Roma para otro encuentro con Jorge Bergoglio), y luego con creciente entusiasmo el presidente Macrì, con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos. El vicepresidente Joe Biden planteó esta semana que los puntos centrales del acercamiento de su país con la Argentina son energía y seguridad. El asesor de la Conferencia Episcopal en la materia que designó Bergoglio es el vicealmirante (R) Horacio Florencio Néstor Reyser, ex agregado naval en Washington, cuyo enfoque sobre las drogas es el que predica el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, donde tomó cursos, es decir una cuestión de seguridad. Su hijo Horacio Reyser Travers es el secretario de relaciones económicas internacionales de Macrì. Con zalamerías y millones de dólares pagados en cancelación de deudas a las obras sociales, el gobierno consiguió retrasar la respuesta sindical a sus decisiones, que ya parecía inminente en abril, pero el caldeado clima social no deja demasiado espacio para vacilaciones, si la nueva dirigencia no quiere poner a prueba uno de los más famosos apotegmas juanperonistas sobre la ubicación de sus cabezas durante la marcha. Luego de la reunificación se ha ido fortaleciendo un eje interno constituido por Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, que han alcanzado un apreciable entendimiento. Además, los dos hijos de Hugo Moyano asistieron al cierre de la Marcha Federal y el que conduce el sindicato de camioneros, Pablo, quien también es secretario gremial de la CGT, anunció que propondrá el paro para octubre, si bien dejó abierta la posibilidad de que sea una movilización sobre la Plaza de Mayo. Pero su hermano Fcuendo dijo que la CGT no se dejaría arrastrar por la CTA, a la que envió al rincón del maldito kirchnerismo. Las centrales sindicales son sensibles a un malestar social que también inquieta a los intendentes y gobernadores, temerosos de que sus interminables roscas políticas por alianzas, bloques y candidaturas sean interrumpidas por los resplandores y el estrépito de lo que ocurre afuera, una experiencia que varios vivieron y nadie olvida. La crisis de los partidos y los liderazgos, que no dan respuesta a esa problemática, abre el camino para el desplazamiento de la política por la teología, una ensoñación medieval sin destino duradero.
Los bloopers del securitismo
En su afán por naturalizar el desplazamiento de las necesarias políticas de seguridad por la obsesión con el narcotráfico y el terrorismo, el oficialismo no perdona bloopers. La ministra federal Patricia Bullrich, quien disputa su espacio a brazo partido y golpes bajos con el suspendido aduanero castrense Juan José Gómez Centurión, anunció la detención en la Triple Frontera de un narcoterrorista libanés con pasaporte falso, que resultó ser apenas un consumidor libio experto en cheques sin fondos y con un documento auténtico. Su segundo, Gerardo Milman, y el ministro bonaerense Cristian Ritondo informaron la detención de una banda internacional de narcotraficantes de la Mara Salvatrucha de El Salvador. Esto fue desmentido por el periodista Carlos Martínez, de la prestigiosa revista salvadoreña El Faro, quien explicó que no se conoce caso alguno de vinculación de ninguna mara con ese delito, que a lo sumo sus miembros reclutados en los sectores marginales de la sociedad son consumidores que revenden al menudeo. Estas hipérboles no son casuales, sino parte del plan oficial por tornar creíble el paradigma de las Nuevas Amenazas diseñado por el Comando Sur que, por supuesto, ofrece toda la colaboración que el gobierno acepte, porque esa política permite a Estados Unidos supervisar a los países de la región y al gobierno argentino controlar a los sectores sociales y políticos golpeados por sus decisiones. No es algo original: en la edición de abril de este año, la revista Harper's publicó una entrevista que el periodista Dan Baum realizó con quien fue el principal asesor de Richard Nixon cuando instalaron la nefasta "guerra contra las drogas". Richard Haldeman fue condenado por Watergate y luego desapareció. Baum lo encontró en 1994 en una empresa de ingeniería en Atlanta. Sin vueltas Haldeman le dijo que los enemigos de Nixon eran "la izquierda que se oponía a la guerra [en Vietnam] y los negros [que luchaban por sus derechos civiles]. Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o el ser negro, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego las criminalizáramos con dureza. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, interrumpir sus reuniones y vilipendiarlos día tras día en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que lo sabíamos". El primero que recitó aquí el discurso de las nuevas amenazas fue Ricardo López Murphy en 2000: ellas serían la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales. Esto ha "revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles", dijo en cuanto De la Rúa le encomendó el ministerio de Defensa.
Las reiteradas referencias de Macrì a las Fuerzas Armadas y su rol en relación con esos mitos son parte de una programación diseñada con cuidado para vencer resistencias y anular las disposiciones de la ley de Defensa Nacional, de 1988, promulgada por Raúl Alfonsín, su decreto reglamentario de 2006, de Néstor Kirchner, y las leyes de Seguridad Interior, sancionada en 1991 bajo el gobierno de Carlos Menem, y de Inteligencia Nacional, que Fernando De la Rúa promulgó en 2001. Si pasaron 18 años antes de que se reglamentara la ley de Defensa, ello se debió a que Horacio Jaunarena, quien fue ministro de Alfonsín, De la Rúa y el senador Eduardo Duhalde durante su interinato, no estaba de acuerdo con la tajante separación que establece entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior. Así lo confesó el propio Jaunarena durante una conferencia que dictó en 2002 en la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina que creó Roberto Dromi. Acompañado por el jefe del Ejército Roberto Brinzoni, ambos plantearon la intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas y vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes. Identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven 10 millones de pobres. Jaunarena consideró anacrónica la distinción entre defensa y seguridad. "Pedirle a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad interior si las fuerzas policiales y de seguridad son desbordadas, pero no permitirles que se entrenen y capaciten para ello es como decirle a un cirujano que debe operar pero sin dejarle que se ejercite". En realidad, este punto forma parte de la ley de seguridad interior, en la que las Fuerzas Armadas sólo pueden actuar:
- dentro de la propia "jurisdicción militar" en caso de una agresión armada;
- prestando apoyo logístico, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa.
- con unidades de combate, y previa declaración por el Congreso del estado de sitio, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior policial. Aun así, este empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará "excepcional" y no incidirá en la "doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas".
Es decir, no se trata del médico que debe operar, sino de los bomberos que vienen a rescatar a médico y paciente si se incendia el hospital.
Ahora que el radicalismo ha vuelto a formar parte del gobierno, Jaunarena ha conseguido que se forme en el ministerio de Defensa una comisión que debe proponer modificaciones no a la ley, dado que la Alianza Cambiemos no tiene fuerza política para tanto, sino al decreto reglamentario de 2006, en el que Kirchner y su entonces Ministra Nilda Garré incluyeron la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según la cual por agresión externa sólo puede entenderse un ataque armado por fuerzas regulares de un país extranjero. Nadie piensa en eso en el gobierno, donde cada conflicto social es atribuido a lo que ahora llaman el kircherismo extremo (sic), al que se le atribuyen propósitos desestabilizadores para mejor disciplinar al conjunto de una sociedad que debe despertar de un placentero espejismo y resignarse a la amarga realidad.
La nueva dolarización
Por Horacio Verbitsky
En 1953, el presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower designó al presidente y accionista de General Motors, Charles E. Wilson, como Secretario de Defensa. Durante las audiencias de confirmación, el Senado lo intimó a desprenderse de sus acciones e indagó en su subjetividad. Cuando le preguntaron si tomaría decisiones que perjudicaran a GM si fuera necesario, asintió, pero dijo que "no puedo imaginarme en qué situación podría ocurrir, ya que siempre pensé que lo que era bueno para el país era bueno para General Motors, y a la inversa". En 1989 el primer presidente George Bush ofreció el mismo cargo al ex senador y presidente de la Comisión de Defensa John G. Tower, quien luego de terminar su mandato fue consultor de empresas de la especialidad. Al llegar a la audiencia ya se había desprendido de esa participación, pero sin embargo sus ex colegas le negaron la confirmación por razones subjetivas. Como explicó el senador Carl Levin "le sería muy difícil manejar los serios problemas de la puerta giratoria y el conflicto de intereses". La frase de Wilson es una de las más célebres del siglo XX porque retrata una de las características esenciales del capitalismo en su fase imperialista. Por las dudas, a Tower también lo acusaron de borracho y mujeriego, algo que nadie diría de Juan José Aranguren. Pero tampoco es imaginable que el ministro de Energía dijera que lo bueno para el país es bueno para Shell, y a la inversa, porque la Argentina no practica el imperialismo sino sufre una especie de colonialismo pasivo, donde las decisiones sobre la política energética están en manos de un funcionario que sigue siendo accionista de la petrolera anglo-holandesa y que se justifica con respuestas formales que justifican todos los recelos. Aranguren pretende que no hay incompatibilidad porque no es accionista de la filial argentina sino de la casa central y que en cualquier tema que concierna a Shell delega la firma en otros funcionarios. En las reuniones previas a la audiencia pública en la que a partir del viernes se analizarán las tarifas del gas para los usuarios residenciales, Aranguren insistió en ocultar cuáles son los costos de producción del gas en boca de pozo, que constituye el 70 por ciento de la tarifa final. De este modo, el único parámetro de comparación es el precio internacional del gas, lo cual es una resignación de la soberanía energética, reemplazada por el caprichoso concepto de seguridad energética que sostienen los asesores de Aranguren, Alieto Guadagni, Secretario de Energía del último dictador Benito Bignone, y Daniel Montamat, de Fernando De la Rúa. Consiste en considerar la energía como un commodity, sin atender a su carácter estratégico para la economía nacional, al contrario de lo que hacen las grandes potencias. Es un criterio similar al del ex secretario de Comercio Alejandro de Estrada, para quien daba lo mismo producir caramelos que acero. El gobierno se jacta de acatar sin discusión las decisiones de la justicia, pero esa retórica no se verifica en los hechos. La propuesta presentada por el Ministerio de Energía luego del fallo de la Corte que anuló el tarifazo comienza con una foja que dice: "Gas natural. Precio + Tarifa de Transporte y Distribución", coherente con la convocatoria del ente regulador Enargas a la audiencia pública para discutir "el traslado a tarifas de los precios de gas". Pero la Corte no se refirió al "traslado a tarifas" sino al propio precio del gas en boca de pozo. La improvisación con que el gobierno encaró el tema generó reacciones sociales y un fallo judicial que lo obligó a retroceder y a sustituir el diktat imperial por la negociación política y la búsqueda de alianzas. En etapas sucesivas, redujo la imposición del 1000 al 500 por ciento, luego al 400 por ciento y en la nueva propuesta al 203 por ciento (sólo para los usuarios residenciales), y lo presentó como muestra de flexibilidad y capacidad de diálogo. Este curioso gradualismo contempla un nuevo aumento el mes próximo para los tramos de transporte y distribución y sucesivos ajustes semestrales del precio en boca de pozo, que lo llevarán de 1,29 dólares el millón de BTU ahora a 6,78 dólares al culminar el mandato del presidente Macrì. Aranguren pretende que así se incentivará la inversión. Esto contradice la experiencia histórica, según la cual el alza de la retribución acelera el agotamiento de las reservas, salvo que se imponga a las productoras un compromiso contractual con penalidades en caso de que no inviertan. El Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) avanzó sobre el secreto del costo de producción a partir de los informes de los principales productores a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC). Total declaró un costo de producción de gas promedio en boca de pozo de 1,46 dólares por millón de BTU, por el que dijo percibir un precio promedio de 2,46 dólares, e YPF informó costos de producción de 1,90 y precio promedio de 3,46 dólares por millón de BTU. Estos costos ya incluyen impuestos, beneficios y regalías. Un beneficio adicional nada desdeñable es que el nuevo precio no será pagado a 90 días, como ocurre con el subsidio estatal, sino a 30, lo cual implica una ganancia financiera de dos meses de intereses sobre miles de millones de dólares. Lo peor es que según los cálculos del IESO los aumentos semestrales en dólares constituyen una forma de dolarización de la economía, "dada la importancia del precio del gas en su incidencia en la producción industrial y general del país".
OPINIÓN
La nueva etapa
Por Edgardo Mocca
Una de las primeras frases de Hugo Yasky en su discurso de cierre de la Marcha Federal fue la afirmación de la existencia de un nuevo momento político en el país. Acaso el propio acto multitudinario que lo rodeó esa tarde es parte, producto y factor importante en ese nuevo momento.
Se trata, claro, de la apertura de una etapa distinta de la expectativa y la experiencia social frente al gobierno de Macri. Los jalones que van abriendo paso a esta etapa son, entre muchos otros, el acto conjunto del movimiento obrero el 29 de abril y las diversas expresiones de protesta popular que recorrieron todo el país en contra de los tarifazos. Lo primero que conviene comprender para orientarse ahora es que la conflictividad contra las políticas oficiales es el fruto de una dinámica política y no una escena producida artificialmente desde las oficinas de algún partido o espacio político. La necesidad de aclarar este punto de partida es, sin duda, insólita: hace rato que el volumen, amplitud y significado de las movilizaciones sociales está lejos del alcance de las dirigencias partidarias y de cualquier otro centro de generación. Su alimento principal, lo que ensancha su significación política en relación a los actos orgánicos de las fuerzas políticas es un cierto clima social y político. En este caso, el clima es el del final de la etapa fácil del gobierno de Cambiemos: del tiempo en que las lógicas expectativas de todo comienzo, la pirotecnia mediática contra la pesada herencia y la disposición complaciente de una parte de la dirigencia opositora alcanzaban para que las veloces y regresivas medidas del Gobierno hicieran pie sin dificultad. Las expectativas se fueron gastando y, en consecuencia los otros dos frenos a la conflictividad perdieron eficacia. El circuito de operaciones de inteligencia, abusos judiciales y estigmatización mediática del kirchnerismo sigue siendo incesante y creciente, pero su eficacia política ha caído visiblemente. Lo testimonian las encuestas y también la calle. El cuadro interpretativo que presenta las cosas como el producto de la agitación kirchnerista actúa en la doble dirección de atacar a esa fuerza política y darle aire a una respuesta oficial centrada en la represión. Es pura propaganda y no tiene ningún punto de apoyo en la realidad.
Puede considerarse entonces que entramos en un período de tensiones y de conflictos. Es muy visible que el Frente Renovador y los sectores internos del justicialismo que votaron favorablemente leyes vergonzosas como la que aprobó el acuerdo con los fondos buitre y las que legitimaron decretos presidenciales que borran de un plumazo, entre otras, la ley de democratización de los medios de comunicación, se han ido deslizando progresivamente a una actitud más crítica. El telón de fondo, públicamente disimulado de estas novedades son las próximas elecciones. Es lógico, en la democracia el sufragio es la manera principal en la que se expresa la voluntad popular, la que convierte el juicio sobre las fuerzas políticas en instrumento de redistribución del poder. Entonces entre quienes conforman la oposición hay cada vez menos dirigentes dispuestos a aparecer pegados a un gobierno que viene perdiendo apoyos. Pero al mismo tiempo, para la elección falta mucho todavía. Queda por ver cuáles son los recursos que puede poner en juego el Gobierno, el efecto social que éstos puedan alcanzar y los movimientos que puedan producirse en el realineamiento de las fuerzas políticas. Pero lo fundamental será el clima social y político con el que lleguemos a las elecciones. Una de las preguntas que naturalmente circula en estos días es la de si finalmente habrá en octubre próximo una unidad de la oposición. Y no cabe duda de que el nuevo clima de activación popular aumenta la demanda de esa unidad. Si de hecho se encuentran en la calle gentes que vienen teniendo importantes diferencias en los últimos años, ¿por qué no puede lograrse que esa confluencia se exprese electoralmente? En principio hay que dar por supuesta la posibilidad de que ese encuentro se produzca y, enseguida después, observar rigurosamente los obstáculos para que eso ocurra.
El primer obstáculo es el antikirchnerismo. Para un sector del justicialismo y del massismo el aislamiento del kirchnerismo tiene más importancia estratégica que la derrota del macrismo. Hay dos órdenes de cuestiones que explican esta prioridad: una corresponde a las inevitables querellas internas entre dirigentes que intentan abrevar en las mismas fuentes electorales. Pero se agrega otro elemento: algunos de los dirigentes de esos espacios consideran – lamentablemente en la misma línea que el establishment – que el único orden posible en la Argentina es un orden que excluya la irrupción de fuerzas "anormales". Es decir, que ponga nuevamente en escena los conflictos críticos que tocan cuestiones de la propiedad y la distribución de los recursos materiales y simbólicos que, en consecuencia, coloque al país en una tensión política insoportable. Tienen una idea de orden político exclusivamente asociado a la ausencia de conflicto. Curiosamente la más grande crisis política de las últimas décadas, la de fines de 2001, fue la consecuencia de una línea de acción política que se presentaba como el gran consenso nacional. Un consenso tan amplio que admitía la sucesión de gobiernos justicialistas y radicales sin ningún costo de orden político. Pero así y todo, a pesar del derrumbe de esa experiencia, el proyecto de crear un sistema de partidos "de centro", es decir igualmente amigables con el capital concentrado, sigue teniendo fervientes adhesiones. No es ajena a este hecho la enorme presión que sobre esos campamentos políticos ejerce el poder económico concentrado y sus maquinarias propagandísticas: una ruptura de ese pacto consensualista convierte a quien la produce en un agitador populista y progresivamente, con seguridad, en un corrupto, un violento o todas esas cosas a la vez. Por supuesto que las posiciones políticas no son estáticas ni invulnerables a la realidad. Como estamos viendo en estas horas, la activación popular produce cambios posicionales. Solemos encontrarnos frecuentemente con la afirmación de que estos cambios son pura cosmética política, que quienes los producen quieren "engañar al pueblo". Estos juicios presuponen la posibilidad de un tipo de representación política transparente, cristalina y siempre igual a sí misma. Un tipo de suposición que no soporta la prueba de fuego de la comprobación histórica. La biografía de cualquier gran hombre de la política – si es biografía y no hagiografía – está poblada de contradicciones, de vacilaciones, de negaciones. Porque lo que puede permanecer siempre igual a sí mismo es una idea petrificada, impotente, inevitablemente condenada a la derrota política. En cualquier caso, la orientación crítica de quienes apoyaban entusiastas el ajuste neoliberal es un activo de las fuerzas comprometidas con proyectos transformadoras y no un problema para ellas.
El campo kirchnerista tiene frente a sí el desafío de recomponerse y poner también su mirada en consonancia con este nuevo momento. Hay que partir, claro, de que los cambios de clima –incomparablemente más rápidos que los que enfrentaron Menem y De la Rúa, aún cuando éste asumió después de varios años de neoliberalismo – no son comprensibles por fuera de la experiencia política realizada en los gobiernos kirchneristas. La comparación entre los tiempos previos al 10 de diciembre y los actuales, que en su momento propusiera Cristina, alcanza para explicar lo que pasa en las calles. Hay una memoria sobre la que se proyectan los tiempos actuales; una memoria que no tiene en el pasado inmediato ni el empobrecimiento, ni el achicamiento de la economía ni el caos social sino una experiencia de avances importantes aún en el contexto de problemas que subsistieron. La memoria es para el kirchnerismo un arma a la que no debería renunciar. Pero hay una memoria crítica que mira hacia el futuro y una memoria melancólica anclada en el pasado. En el segundo tipo de memoria se fija una escena muy intensa, asociada al sabotaje permanente y creciente que los gobiernos de esa etapa sufrieron de parte de los grupos poderosos. Y fijada la memoria en esa escena, el juicio moral sobre los dirigentes políticos que formaron parte de uno u otro modo en esa escalada se convierte en un obstáculo político; cuando la enemistad política queda encerrada en el juicio moral, la mirada no puede sino anclarse sobre la propia identidad, idealizada y depurada, claro está, de aspectos críticos y de contradicciones. Se llega así al sectarismo.
El sectarismo convierte la fe política en la capacidad de un pueblo para revertir situaciones difíciles y dolorosas como la actual en una obsesión por el retorno de lo mismo. Es decir no una recuperación política de posiciones en el terreno de un presente cargado de contradicciones y amenazas, sino el imposible deseo de que lo que ocurrió no hubiera ocurrido. Esto es un problema que conspira contra un reconocimiento de las propias oportunidades actuales. Deja de ver, incluso, que en la reactivación popular de estos días hay un mérito enorme de la militancia. Es muy difícil comprender los ruidazos y las grandes movilizaciones obreras y populares sin incluir en su explicación las plazas del pueblo, la gran convocatoria del 24 de marzo y los episodios multitudinarios alrededor de la figura de Cristina. Si se arrincona al sectarismo, se reconoce la existencia de una importante oportunidad y se logra combinar la firmeza en la defensa de sus propias convicciones con una gran amplitud y flexibilidad política, el kirchnerismo, lejos de cumplir la profecía del establishment sobre su inevitable extinción, puede constituirse en un aporte central al avance popular en esta nueva etapa.
EL PROYECTO QUE BUSCA LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL
CONGRESO NACIONAL
Fifty-fifty
La propuesta es que haya un 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de varones, alternado, en las listas electorales. Reunidas por Página/12, las diputadas que lo impulsan, de cinco partidos distintos, argumentaron la iniciativa.
De izquierda a derecha, Cornelia Schmidt Liermann, Carla Pitiot, Carla Carrizo, Cristina Álvarez Rodríguez y Victoria Donda.
Por Sonia Santoro
Diputadas de los partidos mayoritarios en el Congreso Nacional trabajan para lograr la paridad de género en la política. Consiguieron que el tema esté en debate en el marco de la Reforma Electoral que propone el Ejecutivo Nacional y tienen el apoyo del movimiento de mujeres. Algunos sectores reaccionaron con una oposición virulenta, argumentando que llegar a esos cargos es cuestión de mérito y de tiempo. Página/12 reunió a las parlamentarias que encabezan este entramado de género para analizar la situación. Ellas son Cristina Álvarez Rodríguez (FPV), Victoria Donda (Libres del Sur), Carla Carrizo (UCR), Carla Pitiot (Frente Renovador) y Cornelia Schmidt Liermann (PRO).
"Es una mirada conservadora la idea de exigir capacidad a las mujeres, que no se exige a los hombres; y también penalizadora de la ambición de la mujer. Nosotras queremos los mismos derechos para competir, no es que queremos los resultados predeterminados. Queremos las mismas oportunidades para acceder", planteó Carrizo.
"Me animo a decir que tienen miedo", dijo Schmidth Liermann, quien no pudo quedarse al diálogo posterior.
¿Qué proponen las diputadas? El 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de varones, alternado, en las listas electorales para diputados/as y senadores/as nacionales. Una y uno, o viceversa, alternado y consecutivo. "No podemos seguir teniendo instituciones donde las mujeres, que somos el 51 por ciento de la población estemos subrepresentadas. Y esto no tiene que ver con que todas las mujeres que llegan a espacios de poder tengan una mirada feminista. El simple acto de ocupar ese espacio ya simbólicamente transforma la sociedad", dijo Victoria Donda.
Cristina Álvarez Rodríguez planteó además que "todas las leyes que tuvieron que ver con el cuerpo femenino – la ley de violencia de género, la ley de lactancia materna, la ley de salud sexual y reproductiva – estuvieron encaradas con mujeres legisladoras. Entonces, es una perspectiva complementaria a la de los varones y que nutre de gran riqueza, con las leyes que produce, a toda la sociedad".
Las parlamentarias lograron un borrador de dictamen consensuado entre los partidos UCR, PRO, FR, FpV, Socialismo y Gen para la inclusión de la paridad, que modifica los artículos 13, 14, 70 y 75 del Proyecto de Reforma Electoral del PEN.
El artículo 13 propone modificar el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional que plantea los requisitos de las listas, para que quede redactado de la siguiente forma: "Las listas que se presenten deberán tener contener porcentajes iguales equivalentes de hombres y mujeres candidato/as de cada género, debiendo integrarse de manera intercalada, en forma alternada y consecutiva de uno en uno, desde el primer candidato/a o candidata titular hasta el último suplente. En el caso de las categorías de senadores nacionales para cumplir con dicho cupo mínimo, las listas deberán estar conformadas por dos personas de diferente sexo, tanto para candidatos titulares como suplentes".
El artículo 14 modifica el 61 del Código Electoral, que se refiere a lo que sucede cuando una lista no cumple con los requisitos establecidos por la norma. La nueva redacción propone que "si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias, o no cumpliera con la integración equitativa de género del art. 60 bis el juez electoral procederá a ordenarla, desplazando al o los candidatos de la lista interna que no cumplen con el requisito e integrando a la lista al o los candidatos que siguen de la misma lista." Los artículos 70 y 71 modifican la Ley N° 26.571 de Partidos políticos, para establecer los mismos criterios que en los anteriores.
El dictamen estaba en el orden del día el martes pasado, en una reunión conjunta entre las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que finalmente se suspendió, sin nueva fecha en agenda.
–¿Por qué se levantó la reunión?
Cristina Álvarez Rodríguez: Es que la reforma, que es lo que a ellos les importa, no tiene consensos todavía. El tema de la paridad, nosotras vimos la oportunidad de meterlo en el marco de la Reforma. Eso convertiría a esta reforma electoral en una reforma política, que hoy no es.
Victoria Donda: Nosotras discutimos eso y esa es la transversalidad a la que llegamos. Ellos también tienen otra transversalidad y es que no están muy de acuerdo con esto. Hombres de casi todos los bloques, te diría, no están de acuerdo. En todos lados escuchás el comentario "con lo inteligente que sos, ¿a vos te hace falta el cupo?".
–¿El eje de quienes se oponen es la cuestión del mérito para llegar?
CAR: –Quieren instalar algo muy primitivo: que mérito es igual a género. Y la verdad que el mérito no tiene nada que ver con el género. En el año 94, un personaje que hoy no está moda decía: "cuando haya en el recinto tantas retardadas sentadas como retardados hay hoy, yo voy a estar en paz". La realidad es esa. Temen a eso.
VD: –Acá hay una falta de sensibilidad y de mirada sobre el mundo en que vivimos. Algunas cosas se subestiman. Como la enorme capacidad que tiene que tener hoy una mujer para seguir haciéndose cargo de su rol en una sociedad injusta, mientras trata de transformar ese rol y a la vez seguir siendo parte de la sociedad. Por ejemplo, yo discutía el tema de la paridad en la última sesión, que fue a las once de la mañana. Hasta las dos de la tarde, Trilce (su hija) no entra a la guardería y el padre está de viaje. Entonces la traje para dar quórum. Y, mientras, discutí con tres diputados de tres bloques distintos, que decían que somos todos iguales, y yo le daba la mamadera en la sesión…
CC: –Cuando se habla de esto molesta. Y sorprende porque uno cree que la lucha por la equidad tendría que ser un valor común. Eso demuestra que la Argentina todavía es una sociedad con una estructura política absolutamente conservadora. Se cuestiona la presumible sospecha de la incapacidad de la mujer pero se legitima la discriminación de facto de hombres incapaces contra mujeres capaces. Incomoda porque es una disputa de poder.
CAR: –También suelen decir "pero si hubo una presidenta mujer, si hay una gobernadora de la provincia mujer, si hay una vicepresidenta mujer, ¿para qué piden esto?". Y yo les digo: María Eugenia Vidal en la provincia tiene diecinueve ministerios y tiene una mujer nada más.
Carla Pitiot: –Y Macri tiene tres ministras.
VD: –Son 23 provincias, y hay cuatro gobernadoras.
CAR: –Intendentes de la provincia de Buenos Aires son 135, hay cuatro mujeres. Entonces, es cierto, pero el poder femenino en esos lugares… cuando se llega, no derrama. Para conquistarlo hay que hacer acciones positivas que ayuden a igualar para que todas tengamos las mismas posibilidades.
VD: –Esto hay que trasladarlo a todos los ámbitos. Cuando se ve la cúpula empresarial de nuestro país, los empresarios son todos hombres….
CP: –La CGT, de 24 secretarios, tiene solo dos mujeres. Yo, siendo sindicalista, se lo marqué a mis compañeros y me parece que es algo para alertar: qué cambio tenemos que dar para adentro. No se cumple ni siquiera con el cupo sindical que está instaurado desde 2002.
–¿Y cómo leen las críticas desde algunos medios?
CC: –Hay dos cuestiones por aclarar. Cuando se cuestiona este derecho de equidad entre hombres y mujeres se está cuestionando el derecho a la ambición de las mujeres. Las mujeres también tenemos derecho a la ambición. Las mujeres no tenemos carrera política en la Argentina. En general son las líderes de partidos, pero en el resto de las diputadas, la tasa de reelección es nula. Segundo, la idoneidad es válida en la administración pública, en la universidad, en la función pública… pero la representación pública no tiene que ver con la idoneidad, sino con lo social. No es que hay que tener un título universitario para ser diputado, si fuera así estaríamos defendiendo democracias elitistas. Por eso realmente es una mirada conservadora la idea de exigir capacidad a las mujeres, que no se exige a los hombres; y también penalizadora de la ambición de la mujer. Nosotras queremos los mismos derechos para competir, no los resultados predeterminados. Queremos las mismas oportunidades para acceder.
VD: –Hay un estudio que se hizo en la Legislatura de Misiones que muestra que la mayoría de las mujeres tienen títulos universitarios, cuando la mayoría de los hombres no (ver aparte). Esto quiere decir que hoy el sistema cristaliza una desigualdad de hecho que hace que a las mujeres se nos exija mucho más. Para ser representante del pueblo, lo que exige la Constitución es que te voten.
–La diputada Juliana Di Tullio criticó hace unos días que en los temas de género se deje libertad de conciencia a los diputados…
CC: –Como si fuera una cuestión moral. Lo equiparan a temas que atraviesan una posición de conciencia. No. Los derechos no se agradecen, se exigen.
CP: –Se dice que se va a llegar al 50 por ciento en forma natural. Y no, no llegamos.
CC: –Para eso está la ley en la democracia, para que no esperemos 40 o 50 años.
MARIA ELENA MARTÍN, POLITÓLOGA
"Pacto de ciudadanía"
Por Sonia Santoro
"La paridad no es un aumento del cupo, que por definición es una medida transitoria orientada a fortalecer la presencia de colectivos sociales con problemas crónicos de exclusión, sino que la paridad se trata del reconocimiento de la ciudadanía femenina en igualdad de condiciones con los varones", dijo María Elena Martin, doctora en Ciencia Política, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad del Salvador, consultada sobre la necesidad de que se consiga la paridad de género.
Martin hizo su tesis de doctorado con un estudio de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones entre 1983 y 2003, comparando las etapas precupo y poscupo, así como las carreras políticas y la producción parlamentaria por género.
La síntesis de ese trabajo, "Diez años sin cupo, diez años con cupo: ¿qué cambió con la cuota de género? Un análisis a partir del caso de la Provincia de Misiones 1983-2003" fue publicada en el libro de Nélida Archenti y María Inés Tula (compiladoras) La representación imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas, en 2014.
Allí plantea que durante los primeros diez años desde la recuperación democrática en 1983, "la presencia de mujeres nunca superó el 15 por ciento de los miembros de la Cámara de representantes. A partir de la sanción de la ley de cupo provincial 3.011/93, esta proporción alcanzó un 25 por ciento y progresivamente un 30 por ciento".
Pero "el "treinta por ciento" parece haberse constituido en un nuevo "techo de cristal" para la representación femenina en la Cámara de Representantes de Misiones. Esto es así porque los dos partidos principales del período estudiado, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), han aplicado la cuota de género con un criterio "minimalista"", dice el documento.
Señala también que cuando las mujeres acceden al Poder Legislativo, "se encuentran con una institución fuertemente 'generizada'. La distribución de las funciones jerárquicas está casi exclusivamente en manos masculinas. Solamente una mujer ocupó la Presidencia de la Cámara y no se registran casos en que una legisladora haya ejercido la presidencia de alguno de los bloques partidarios. Tampoco han presidido las Comisiones que tratan cuestiones 'relevantes', que las pondría en roles protagónicos y con mayor capacidad de incidencia en las políticas públicas".
En cuanto a las carreras políticas de mujeres y varones, entre otras cuestiones, observó qué pasa luego de que los/as parlamentarios/as concluyen su mandato. "Los datos permiten afirmar que el 58 por ciento de los varones continúa su trayectoria política en alguno de los tres poderes del Estado" mientras que en el caso de las diputadas, apenas "un 35,58 por ciento de las legisladoras accedió a otro cargo político"
Una de las conclusiones principales a las que llega el trabajo es que la ley de cupo no avanzó "sobre las causas que producen la subordinación social de las mujeres". Porque, "a pesar de su mayor presencia en los espacios legislativos, éstas registran un déficit de autoridad en relación con los varones, que debe rastrearse en su propia conformación como ciudadanas". Además, "los varones continúan siendo preeminentes en la ocupación de los espacios de poder al interior del cuerpo y se erigen como los principales productores de la ley. En el mismo sentido operan los mecanismos de reclutamiento político, por tanto a través de estrategias de cooptación familiar, los varones amplían sus propios espacios de poder a través de 'sus' mujeres".
Eso la lleva a postular que "las mujeres no podrán tomar decisiones y hacer efectiva su capacidad de representación de los intereses colectivos sin mediación masculina, mientras no sea realidad la participación igualitaria en las decisiones del Estado".
Consultada por este diario, se explayó sobre ese punto: "Si las mujeres tuvimos que luchar para ser parte de la sociedad política, que nació y se desarrolló masculina," – explicó – "nuestra ciudadanía siempre fue considerada de un orden inferior a quienes se autoinstituyeron como los representantes de 'lo humano'. Por ello la paridad puede significar un nuevo pacto de ciudadanía. Parafraseando a Marcela Lagarde, puede entenderse como 'la construcción radical de la equivalencia humana', en tanto se trata de una garantía del principio de igualdad que cambia el pacto fundante de la democracia".
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