domingo, 18 de septiembre de 2016

LA CASUALIDAD PERMANENTE


domingo 18 de setiembre de 2016




LAS VIDAS PARALELAS DE LAS FIRMAS KARTER Y FLEG,  

RADICADAS  EN BAHAMAS


La offshore melliza de Macri



Cuando Fleg Trading fue descubierta por los Panama Papers, el Presidente dijo que la offshore familiar fue creada para hacer negocios en Brasil pero fue abandonada. Pero los Papers muestran que durante años Fleg estuvo activa y tuvo una melliza de una familia italiana muy amiga de los Macri. Poco antes de la creación de la gemela, la familia italiana recibió nueve millones de dólares que partieron de Fleg.
Pier Andrea Nocella, productor de cine y un amigo de la familia Macri.



 Por      Santiago O'DonnellTomás Lukin



A la sociedad en Bahamas del presidente Macri y su familia le salió una melliza. No tiene nada de malo, salvo que Macri dijo otra cosa. La melliza se llama Karter Properties Limited. Karter es Karter como Jimmy Carter pero con K. La otra melliza, la sociedad de los Macri, también desconocida hasta hace poco, es una sociedad llamada Fleg Trading Limited, o Fleg a secas.

En los papeles, Fleg y Karter tienen la estrutura legal de una empresa pero no son una empresa común. Se las conoce como "empresas offshore" y funcionan como cuentas, vehículos financieros secretos para mover dinero y activos. En eso, y en que pagan muy pocos impuestos, Fleg y Karter son similares a miles de empresas o sociedades radicadas en paraísos fiscales de todo el mundo. Esto incluye al de Bahamas, donde están las mellizas, en un archivo de computadora de un estudio de abogados muy cerquita de la costa de Estados Unidos.

Fleg y Karter pasaron gran parte de sus existencias comportándose con la discreción que caracteriza a todas las de su clase. Pero un día todo cambió. Fue como un terremoto. El 3 de abril aparecieron los llamados Panama Papers y ya nada fue igual. Más de cuatro millones de documentos de una megafiltración que salió al mismo tiempo en más de cien diarios del mundo. Muchísimos nombres de offshores que nadie conocía y un montón de documentos diciendo quiénes era los dueños de esas sociedades-empresas-cuentas y cómo movían sus fondos. Para peor, la filtración había salido del estudio de abogados panameño que manejaba a Karter y Fleg desde su fillial en Bahamas. De repente ninguna offshore podía sentirse segura por más que viviera en un paraíso.

Ese día de abril, el día de los Panamá Papers, Fleg y Karter tomaron distintos caminos. Karter siguió en la sombra, Fleg mutó en vedette y compitió por espacio en los noticieros del mundo con la offshore del padre del entonces primer ministro inglés David Cameron quien, Brexit mediante, se tuvo que ir. Compitió también con la del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien terminó renunciando. Macri no, pero el ruido de Fleg le trajo algún dolor de cabeza y una denuncia penal. Encima tuvo que salir a dar explicaciones.

"Me estuve interiorizando, porque la verdad es que no tenía ni idea de qué se trataba esa sociedad. Y era para cuando en ese momento quería extender Pago Fácil a Brasil pero que finalmente después no pudo. Ni siquiera tuvo cuenta corriente la sociedad, con lo cual fíjense lo poco que llegó a operar". Así declaró presidente argentino, con libreto estudiado pero dicho casi como al pasar, durante una entrevista con un medio cordobés un día después de que la megafiltración se hiciera pública. Ante la ocasional insistencia de algunos periodistas, los voceros del presidente completaron el relato oficial: Fleg se habría creado para realizar una inversión en Brasil, el grupo Macri pretendía desarrollar un Pago Fácil en ese país pero como la operación no se concretó, Fleg quedó inactiva y relegada al ostracismo durante una década. La familia sostiene que la empresa se cerró en 2007. Esa es la historia historia oficial de Fleg, basada en los dichos del presidente. La justicia desconfía. Investiga, entre otras cosas, por qué hizo falta una empresa nueva como Fleg en Brasil, donde el grupo Socma (Sociedades Macri) ya tenía una arraigada y diversificada presencia.

Más aún, una nueva serie de 51 documentos pone en duda la explicación del presidencial. Se trata de Panamá Papers que Página/12 detectó y analizó en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.


Vidas paralelas

Los documentos muestran la curiosa relación entre Fleg y Karter. Típicamente los dueños de offshore delegan su cuidado y mantenimiento en dos representantes: el abogado y el contador. El abogado de Karter y Fleg es el estudio Mossack Fonseca en Panamá. El contador de los Macri para estos menesteres es el estudio de Santiago Lussich Torrendel de Uruguay. Lussich y Mossack se encargaron de mantener a Karter y Fleg.

Según los Panamá papers Lussich tiene al menos otras 50 offshores a su cargo en Bahamas, Panamá, Seychelles y Nevada, pertenecientes a clientes que vienen de distintas partes del mundo. Mossak es un gran estudio especializado con sedes por todo el mundo. Mossack tiene a miles de clientes además del uruguayo Lussich Torrendel.

Pero entre todas esas offshores lo que distingue a Karter y Fleg es que hacen todo juntas. Por eso, porque hacen todo juntas, no tienen el mismo dueño pero parece.

Fleg está vinculada a la familia Macri, Karter a una familia italiana muy cercana que se llama Nocella. Dueños distintos, pero en los documentos Fleg y Karter aparecen juntas. Juntas contestan su correspondencia, juntas le facturan sus abogados, juntas hacen trámites, juntas pagan sellos y timbres.

Karter tuvo como único beneficiario a Pier Andrea Nocella, un productor cinematográfico italiano y nieto de Giorgio, el fallecido mejor amigo de Franco y Tonino Macri, padre y tío de Mauricio. El abuelo Nocella, además de íntimo amigo de la familia, fue directivo del grupo SOCMA y en Italia estaba a cargo de la firma Socma Finanziaria.

Estas nuevas evidencias se suman a las revelaciones de este diario en abril y mayo en base al análisis de registros contables y actas de la Junta Comercial del Estado de San Pablo. Esos documentos habían demostrado que, lejos de estar inactiva, Fleg desembarcó en San Pablo, tuvo cuentas bancarias, manejó una caja chica y participó de las transferencias millonarias hacia Italia que tuvieron como beneficiario a la familia Nocella.

Más allá de algunos detalles es difícil saber qué destino tuvieron y que función cumplieron las mellizas Karter y Fleg. Según los documentos filtrados, el proceso de creación de Fleg se extiende del 31 de Marzo al 11 de Septiembre de 1998. En el directorio de Fleg figuran Franco Macri como presidente, Mauricio Macri como vicepresidente y su hermano Mariano Macri como secretario. El domicilio de Fleg fue Saffrey Square Suite 205, Bank Lane, el mismo edificio donde funcionan las oficinas de algunos jueces de la corte suprema del país y un local de Gucci. Los Papers también dicen que Fleg fue legalizada para operar en Suiza.

No queda claro si Fleg llegó a operar en Suiza o no, pero no caben dudas de que actuó en Brasil. A mediados de septiembre de 1998 Fleg se quedó con el 99,9 por ciento de una sociedad brasileña llamada Owners do Brasil Participacoes. Fleg no compró las acciones sino que reemplazó a la socia mayoritaria Socma Americana, firma insignia del holding donde, además de Franco, Mauricio y Mariano, y otros dos hermanos Gianfranco y Sandra, ésta última fallecida en 2014, también figuraba como director un viejo amigo de la familia, el inefable Giorgio Nocella. En esa operación Fleg recibió la totalidad del capital social de Socma Americana: 11.715.449 reales. En ese momento, Owners dejó de estar controlada por los Macri paulistas para pasar a depender de los Macri bahameños.

A finales del activo septiembre de 1998, Fleg informó a las autoridades brasileñas una redistribución de sus acciones y la reducción de unos nueve millones de dólares en su capital, que pasó de 11,7 a 1,4 millones de reales. Según un acta de reunión de directorio de Fleg, el dinero no volvió a la Argentina ni fue reinvertido en Brasil, sino que partió raudamente a Italia: "Considerando excesivo para las operaciones de la sociedad el capital de la misma, los socios decidieron reducir el Capital Social por un monto de 10,3 millones de reales, entregando a título de devolución del capital de forma proporcional a la participación societaria, a los socios cuotistas los derechos del crédito que la sociedad posee, resultante del contrato celebrado el 6 de mayo de 1996 y sus aditamentos posteriores con la empresa Hotel Nuraghe Portorotondo", afirma la minuta de Fleg. El Hotel Nuraghe Portorotondo está ubicado en Cerdeña, Italia, y su propietario es Giorgio Nocella.

Tres meses después de esa millonaria transacción, Lussich, el contador uruguayo de los Macri, le pidió al panameño Mossack que le abra una nueva empresa offshore. Así nació Karter, la melliza de Fleg. Karter Properties Limited fue constituida el 5 de enero de 1999 y al comienzo tuvo como único directivo a Pier Andrea Nocella. El nieto de Giorgio entonces tenía apenas 27 años y todavía no había comenzado su carrera como productor cinematográfiico. Karter fue radicada en el mismo domicilio que Fleg: Saffrey Square Suite 205, Bank Lane, Bahamas.

Karter y Fleg eran administradas en simultáneo. Los correos electrónicos que pemitieron detectar la relación entre ambas, muchos caratulados KARTER PROPERTIES LTD. & FLEG TRADING LTD / CASE 1156969 & 1156970, son de 2004 y 2005. En ese período existe un prolífico intercambio entre diferentes empleados de Mossack en Bahamas y Uruguay para resolver una solicitud de Lussich, el cliente 9304. Es una cadena de mails que tiene como disparador el pedido conjunto del abogado por volver a dar de alta o "reactivar" a Fleg (Expediente 809627) y Karter (Expediente 810645).

Los mails que circulan entre las oficinas de Uruguay, Bahamas y Panamá del estudio de abogados comienzan el 28 de septiembre de 2004. "REACTIVACIONES - ESTUDIO CR. SANTIAGO LUSSICH TORRENDELL", reza el asunto del correo donde se informa que el cliente solicitó una cotización para reactivar ambas sociedades. La respuesta no demoró en llegar: "US$2,230.00 cada una por los costos de reactivación de las sociedades Fleg Trading Ltd. y Karter Properties Ltd., respectivamente". Tampoco tardó el visto bueno de los interesados y Fleg y Karter quedaron rehabilitados antes de fin de mes. Los recibos internos de Mossack Fonseca con fecha del 30 de septiembre de 2004 revelan que cada operación demandó 1510 dólares. "Luego de nuestro e-mail de esta mañana, te confirmamos que las sociedades en referencia fueron reactivadas en el Registro de Bahamas en el día de hoy", indica uno de los correos de ese día que intercambiarion las oficinas de la firma de abogados panameña.

Fleg y Karter son lo que se denomina International Bahamas Corporations (IBC, corporaciones internacionales bahameñas). Ese tipo de compañías debe pagar un impuesto anual para funcionar. En el caso de Fleg y Karter se pagaba en forma melliza. Los recibos emitidos por el Bahamas Company Registry, el registro oficial de sociedades de esa jurisdicción, muestran coincidencias en fecha, hora y montos abonados por ambas empresas para mantenerse operativas en ese paraíso fiscal. Con fecha del 18 de abril de 2001 las dos ingresaron el fee de 250 dólares, el monto correspondiente a firmas con un capital entre 5 y 50 mil dólares. El recibo de Fleg se emitió a las 10:51:51 y el de Karter se imprimió al minuto, más precisamente a las 10:52:57. Las coincidencias se repiten año a año hasta el pago de 2004 cuando el camino de las mellizas Fleg y Karter parece separarse.

Los Panama Papers no ofrecen precisiones sobre por qué Lussich realiza el pedido para dejar operativas en Bahamas a ambas empresas en el 2004 aunque el resultado del proceso ofrece algunos indicios. Mientras que los Macri y el grupo Socma siguieron al frente de Fleg hasta su disolución, presumiblemente en el 2009, Pier Andrea Nocella dejó su lugar en el directorio de Karter en marzo del 2005. En su reemplazo aparece un gestor uruguayo, Luis Vieira Merola, directivo de al menos ocho empresas en Panamá, incuyendo la que habría usado para compra Karter, una offshore llamada Pafinet. Lo cual deja la duda de si Nocella efecivamente se desprendió de la empresa o si la mantuvo a través de un testaferro.

A diferencia de Fleg, no se conocen indicios que vinculen a Karter con las operaciones del grupo Macri en Brasil. Karter no aparece en las bases de datos de la Junta Comercial del Estado de San Pablo. Tampoco hay referencias en los Panamá Papers de cuentas o activos a cargo de Karter.

Pier Andrea Nocella tiene hoy 44 años y, como su abuelo, se dedicó a la producción cinematográfica. Estuvo casado con una finalista de Miss Mundo Italia y suma créditos de producción en ocho películas filmadas entre 2009 y 2013. La mayoría de sus trabajos conocidos fueron realizados por la empresa argentina Dock Sur Producciones. Los registros comerciales consultados para este artículo presentan a Nocella como único accionista de la empresa ubicada en Palermo Hollywood. La gran mayoría de sus trabajos recorren temáticas vinculadas a la Argentina como la última dictadura o el fútbol. Contaron con la participación de reconocidos actores locales como Hugo Arana, Victor Laplace, Julieta Cardinali y Jorge Marrale, entre otros. Este diario intentó contactarse con Nocella nieto en los telefonos de sus productoras en Buenos Aires y Roma pero no pudo ubicarlo. También dejó mensajes al jefe de prensa de Macri, Iván Pavlovsky, que fueron contestados con un saludo cordial.




























El cuento del contador



Por      Santiago O'DonnellTomás Lukin


"A pedido de Francisco Macri gestionamos la sociedad Fleg Trading Ltd para él", declaró el miércoles en la justicia Santiago Lussich Torrendell, el contador uruguayo que montó la firma offshore de la familia Macri en Bahamas. Durante su declaración testimonial ante el fiscal Federico Delgado, en la causa que instruye el juez federal Sebastián Casanello, el intermediario intentó despegar al presidente Mauricio Macri en reiteradas ocasiones. "Quiero dejar en claro que esta sociedad no es de Mauricio Macri, porque a mí me la pidió el Francisco Macri, y que en ningún momento tuve contacto con Mauricio Macri, en ese entonces ni hasta ahora", repitió. Ante la reiteración de ese argumento se vio en la obligación de aclarar que antes de presentarse en la fiscalía había mantenido una conversación con Ricardo Rosental, el letrado defensor del mandatario argentino.

Fleg Trading es una de las 52 empresas offshore que estructuró para sus clientes Lussich Torrendell. El estudio uruguayo era el cliente 9304 de Mossack Fonseca y, de acuerdo a los Panama Papers figura como intermediario para empresas radicadas en distintos paraísos fiscales además de Bahamas, donde estaban radicadas Fleg Trading y Karter Properties.

Según su declaración, "a los pocos meses [de la creación de Fleg] solicitamos a Mossack Fonseca que nos proporcionara un modelo de acta de directorio para hacer un cambio: la salida de los tres directores iniciales y el ingreso de empleados de Francisco Macri". Las personas incorporadas fueron Leonardo Maffioli (presidente), Miguel Sosa (vicepresidente) y Concepción Lioi (secretaria). La afirmación del contador uruguayo no se condice con los registros que constan en los Panamá Papers ni la documentación presentada por el holding Socma en Brasil, donde el nombre de Maffioli recién se menciona en 2007. Pero incluso cuando el intento de desvinculación de los Macri realizado por el contador estuviera probado, lo cierto es que la actividad de Fleg en Bahamas y Brasil estuvo concentrada en el mes de septiembre de 1998. Se estableció formalmente a principios de mes, desembarcó en Brasil a las dos semanas y antes de fin de mes, a través de una empresa pantalla le transfirió nueve millones de dólares al hotel de Giorgio Nocella en Italia.


























LA ÚLTIMA PROPUESTA DE ARANGUREN EMPEORA LAS 

RESOLUCIONES OBJETADAS POR LA CORTE


Buenas acciones




El gobierno montó una puesta en escena para convalidar el tarifazo. Antes de la audiencia anunció que Aranguren se desprendía de sus intereses en Shell, cosa hasta hoy incomprobable. Excluyó a los técnicos de las organizaciones populares que podían impugnar su propuesta y falseó los datos para engañar a los usuarios. En vez de reducir los subsidios los aumenta y al fijar el precio del gas en dólares vuelve a dolarizar la economía. El derecho penal de autor, de Aranguren a Zárate y San Martín.
Por      Horacio Verbitsky


El presidente Maurizio Macrì anunció que su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, se desprendió de sus acciones por más 1,2 millones de dólares en la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell antes de la audiencia en la que se trata el aumento de las tarifas del gas para los usuarios residenciales, bajo imponentes medidas de seguridad y con exclusión de los técnicos de organizaciones populares con capacidad de argumentar, como el Instituto de Energía Scalabrini Ortíz. Según el IESO la propuesta oficial es una burla, que empeora las resoluciones rechazas por la Corte Suprema de Justicia e incrementa los subsidios en vez de reducirlos. De acuerdo con el manual de estilo de la Alianza Cambiemos, Macrì presentó el revés como un espontáneo gesto de buena fe de su ministro, aunque su inconsciente locuaz lo traicionó y dijo que "a veces las formas también cuentan". Pero las contradicciones fueron inocultables. La Oficina Anticorrupción había aconsejado que Aranguren vendiera sus acciones, por el deber de prudencia del Código de Ética en la Función Pública, pero Macrì lo apartó por decreto de cualquier actuación relacionada con la filial argentina, Shell Compañía Argentina de Petróleo, y transfirió la competencia al ministro de Producción Francisco Cabrera. Por supuesto, dijo que aceptaba esa excusación "a pedido" de Aranguren. Horas antes, Aranguren había informado que no se desprendería de sus acciones. Tanto él como Macrì acudieron a un curioso razonamiento:

1. La participación accionaria de Aranguren en la casa matriz es insignificante y

2. las decisiones de la Argentina no inciden sobre el precio de las acciones de Shell en la bolsa de Amsterdam.


La propina

Es cierto que para Royal Dutch Shell las acciones de Aranguren son desdeñables, y de hecho una parte fue la propina que le dieron cuando se jubiló como presidente de la filial argentina en 2015. Apenas meses después asumió como secretario de Estado en el ramo específico de la empresa que presidió, cuando recién en junio de 2018 se cerrará la ventana de tres años de incompatibilidad que establece para su caso el artículo 15 de la Ley de Ética Pública. Pero para Aranguren esas acciones constituyen el 18,8 por ciento de su patrimonio total, el más alto del gobierno de los CEOs. Y no es evidente que las decisiones de su cartera hayan carecido de efectos sobre las ganancias globales de la Royal Dutch Shell, según surge del cotejo de esas medidas del gobierno argentino con la capitalización bursátil de la compañía. En diciembre de 2015, cuando Aranguren fue designado y asumió el ministerio no hubo cambios significativos. Pero cuando anunció el aumento en la tarifa del gas, las acciones de la empresa internacional en la bolsa de Amsterdam saltaron de 20,53 euros el 5 de abril a 23,42 euros el 21 de abril, un 14,07 por ciento de ganancia, en lo que constituyó la mayor suba ininterrumpida de esos papeles en este año. El 4 de mayo habían descendido a 21,84 euros. Ese día se dispuso la compra de gas licuado a Chile, donde el proveedor es una subsidiaria de Shell. El 5 de mayo la acción aumentó un 1,73 por ciento, a 22,22 euros. A raíz de esa operación el fiscal federal Carlos Stornelli imputó a Aranguren por comprar sin licitación y pagando sobreprecios. El 29 de agosto fue citado a declarar en esa causa el sucesor de Aranguren como CEO de Shell CAPSA, Teófilo Lacroze. Ese día la acción cotizó a 22,25 euros y el 1º de septiembre cayó un 2,33 por ciento, a 21,73 euros. Si bien no hay forma de determinar con exactitud qué factores incidieron tanto en las subas como en las bajas de la cotización de una compañía global, tampoco es posible afirmar como hizo Macrì que las decisiones de la política energética argentina no tuvieron nada que ver con las oscilaciones de su capitalización bursátil, sobre todo cuando su coincidencia con lo acontecido en la Argentina es tan llamativa. Aranguren informó que había vendido la totalidad de las acciones de Royal Dutch Shell de las que era titular, en una operación electrónica constatada por un escribano público. Pero se negó a revelar a qué precio las vendió ni a exhibir la documentación respaldatoria. Agregó que la insistencia periodística era una intromisión en su libre albedrío pero enseguida se contradijo y agregó que había decidido la venta con total libertad y sin ninguna presión. Sin posibilidad de verificación, porque las pruebas no se pusieron hasta ahora a disposición, se trata de confiar o no en la palabra de Macrì y Aranguren.


Un precedente

La delegación de la competencia en Cabrera tampoco garantiza que Aranguren no intervenga por debajo de la mesa, como se desprende de un precedente histórico. El 27 de abril de 1976, el dictador Jorge Videla y su Ministro de Economía José Martínez de Hoz crearon nueve comisiones asesoras honorarias encargadas de proponer soluciones a los litigios del Estado con grandes empresas, la mayoría extranjeras, lo cual según el discurso oficial atraería inversiones. Hasta su designación como ministro de Economía, Martínez de Hoz presidió una de esas empresas en litigio, la compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE). Por esa razón se excusó de intervenir. Sin embargo, la comisión del Congreso que al concluir la dictadura investigó la ruinosa estatización de la empresa (con el asesoramiento del gran periodista Rogelio García Lupo, fallecido este mes en Buenos Aires), demostró que el ministro impartió directivas y orientó el trabajo del que por razones éticas no podía participar. Según la comisión, Martínez de Hoz es el "ejemplo de venalidad más grave que ha puesto en descubierto" ya que "directivo de la empresa por largos años, al llegar a la cúspide del poder no ahorró empeños en llevar a cabo la intención de la empresa de transferir las instalaciones al Estado Nacional, cuando no existía por parte del mismo la necesidad", dado que las recuperaría de todos modos a la inminente conclusión del contrato. Añade que pese a su excusación, Martínez de Hoz "no sólo movió sus influencias directas e indirectas para lograr el fin buscado por la CIAE, sino que cuando las tratativas parecieron estancarse, trazó el camino que debía seguir la compañía, y comprometió el ejercicio de su injerencia personal sobre los miembros de la Junta Militar". Estando vigente su excusación, Martínez de Hoz firmó una resolución, seis decretos y una ley vinculadas con el caso; intentó introducir en la Comisión a dos funcionarios de alto rango del ministerio de Economía, a raíz de lo cual sus integrantes protestaron ante el Poder Ejecutivo, y se reunió en su domicilio particular con el vicepresidente de la CIAE, Horacio Beccar Varela, "en donde el propio Martínez de Hoz diseñó la estrategia que debía seguir la compañía". A raíz de ello fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. En 1984, la comisión allanó el estudio de Guillermo Walter Klein y Héctor Mairal (Klein había sido secretario de Planificación de Martínez de Hoz). Por la puerta y la escalera de servicio escaparon José Alfredo Martínez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h) con dos valijas cargadas de documentación. La Comisión también estableció que el funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, porque la concesión estaba al vencer. El Estado terminó pagando por la empresa 400 millones de dólares y Casariego desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con Klein. Dos centenares de carpetas sustraídas por Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas luego en el domicilio de un familiar y permitieron reconstruir también la operatoria de fuga de capitales realizada a través de ése y de otros estudios jurídicos, por la que el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa que condicionó el desenvolvimiento de la economía al concluir la dictadura. Las Sociedades Macrì (SOCMA) fueron uno de los principales beneficiarios.


Ellos y nosotros

Desde que comenzaron los cuestionamientos, sea por el ostensible conflicto de intereses o por la abrupta suba de tarifas y los argumentos con que Aranguren la defendió ("si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en comparación a otros gastos de su economía, dejará de consumir"), el presidente nunca vaciló en la defensa de su ministro. "Frente a un tipo de la honestidad y la capacidad de Aranguren, los ataques que ha recibido no son justos", dijo. Macrì ama a ese prójimo como a sí mismo. Cuando se revelaron sus empresas no declaradas en guaridas fiscales lo atribuyó a un olvido sin importancia y, casi ofendido, dijo que él era "el político que más transparencia ha tenido sobre su situación personal, siempre he declarado todo". Tampoco se sintió obligado a explicar cómo pudo poner el Banco Central bajo la conducción de Federico Sturzenegger, quien en ese momento estaba procesado por su intervención en el megacanje de hace quince años. Consiguió un pronto sobreseimiento cuando ya ocupaba el cargo, lo mismo que el propio Macrì, en la causa por las escuchas ilegales. Idéntica pose de virginidad ultrajada asumió ante el dinero robado de la casa de su vicepresidente Gabriela Michetti. Ese razonamiento es afín al que Macrì dedicó al homicidio de un hombre joven acusado de un robo en Zárate, quien fue insultado y golpeado por una turba mientras agonizaba. "Es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar sobre todo lo que pasó, mientras la justicia decide por qué sucedió la muerte que hemos tenido" dijo Macrì, no en referencia a la víctima del atroz crimen sino del carnicero que apretó el acelerador hasta aplastarlo con su auto contra un semáforo. Similar fue la reacción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre otro caso reciente, en que un hombre que intentó robar a otro que salía de su casa, terminó muerto con varios disparos por la espalda. Para Bullrich quién abrió fuego era la víctima y quien perdió la vida el victimario, una formulación tan brutalmente lombrosiana que su colega de Justicia, Germán Garavano, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le ajustaron el foco y dijeron que tanto el asaltante como el médico que lo mató eran víctimas. La doctrina presidencial es conocida por los penalistas como Derecho Penal de Autor, que Claus Roxin explicó en su tratado de Derecho Penal General, en oposición al Derecho Penal del Hecho. En el Derecho penal del hecho, que expresa la tradición liberal reconocida en la Constitución argentina, la punibilidad se vincula a una acción concreta descrita con anterioridad en una ley o un código; en el de autor, que llegó a su apoteosis en Alemania a partir de 1933, se centra en la personalidad de quien ha realizado el hecho. Entonces no se pena un acto individual sino a una persona, con el propósito de impedir los futuros delitos que cometerá, como el médico que no espera la enfermedad sino la previene, según la definición de Franz von Liszt a fines del siglo XIX. No se castiga un hecho sino toda la vida, que su autor, real o potencial, condujo en forma corrompida. Por eso es disparatado pensar que Macrì, Sturzenegger, Michetti, Aranguren, el cirujano de San Martín o el carnicero de Zárate puedan cometer algún delito o incurrir en alguna conducta reprobable. En cambio no puede dudarse de la culpabilidad de guanacas, víboras, taradas, pibes chorros o negritos, antes de cualquier investigación o prueba. Pensando en ellos, la Legislatura de Neuquén trató un proyecto oficial que obstruye la posibilidad de permanecer en libertad durante el proceso, al sumar una causal para negarlo basada en el subjetivo riesgo para la integridad de la víctima o de su familia, un camino que ya transitaron este año Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Neuquén es la principal productora de gas, donde la audiencia pública no pudo realizarse porque la policía reprimió a los manifestantes de protesta.



























Los excluídos



Por       Horacio Verbitsky


Entre los excluidos sin fundamentación de la Audiencia Publica por el tarifazo del gas estuvo el Instituto de Energía Scalabrini Ortíz, una de las organizaciones populares con capacidad técnica en la materia. El IESO hizo llegar una síntesis de las posiciones que no pudo exponer, tal como lo autoriza el Reglamento de la Audiencia, pero no es seguro que esa presentación haya sido incluida en el expediente. El IESO entiende que la audiencia no es válida porque el gobierno no suministró información suficiente que justifique el aumento de las tarifas de gas, sino apenas un conjunto confuso de datos y estadísticas cuyo resultado final es peor aún que el de las resoluciones cuestionadas por el fallo de la CSJ. Los incrementos semestrales en las facturas simulan un sendero gradual y previsible para los usuarios residenciales, pero sus montos no tienen fundamento lógico ni sostenible y significan una generación de renta en las empresas productoras en perjuicio de los usuarios, sin ninguna relación con el precio real del gas y de su costo en boca de pozo. "Por eso consideramos la propuesta del gobierno una burla a los usuarios ya que con el pretexto de la gradualidad incrementa la tarifa anulada por la Corte y además la dolariza en una sociedad que vive y cobra en pesos". Según declaración de las propias empresas, el costo del gas en boca de pozo oscila entre 1,50 y 2 dólares por millón de BTU y de acuerdo con la investigación del IESO esto ya incluye impuestos y regalías. Con ese costo, y el precio recibido por él, las petroleras obtuvieron importantes ganancias durante los últimos años. El traslado a precio de ese costo a todos los compradores –industrias, comercios, generadoras eléctricas y residenciales– promedia 2,60 dólares por millón de BTU, sin ningún subsidio. Los pagos del gas existentes a cargo del Estado se relacionan con el gas importado y con los planes promocionales establecidos en 2013 para promover inversiones en nuevas técnicas de extracción, como el shale gas y el tight gas, y nuevos desarrollos productivos de gas convencional, los que tenían garantizado un precio de hasta 7,50 dólares por millón de BTU. Esta modalidad ha distorsionado los precios de producción del gas argentino, a punto tal que significa el mayor aporte del Estado a las empresas petroleras y premia no sólo a quienes invierten. De hecho, durante 2016 las empresas productoras han retirado equipos de perforación y reducido sus planes de inversión. El Estado también paga una parte importante del gas importado a Bolivia y del gas natural licuado que llega en barco, que constituyen un 10 por ciento del consumo total cada uno. El gobierno pretende que los usuarios asuman el pago de esos subsidios promocionales de gas nuevo así como los provenientes de la compra a Bolivia y del gas natural licuado (GNL). "Los usuarios no deben pagar por el gas precios incrementales que no están relacionados con el valor del fluido sino con políticas especiales instituidas por el Estado a su cargo, como política económica", sostiene el IESO. El gobierno ha formulado un sistema compensatorio, un mix, entre el precio del gas en boca de pozo existente antes del tarifazo (2,50 dólares, que remuneraba adecuadamente a las petroleras por el gas viejo o convencional), y el precio resultante de los mecanismos promocionales, fijado en 7,33. El resultado es un precio objetivo de 6,78 dólares por millón de BTU, pero en dólares. Pero además, en su nueva propuesta "el gobierno miente sobre los subsidios que paga", calculados sobre el precio internacional de 2015, "ocultando que en este año 2016 se están pagando miles de millones de dólares menos. "En realidad la propuesta del gobierno aumenta los subsidios en lugar de disminuirlos". El precio objetivo de 6,78 dólares el millón de BTU, al que se llegaría en 2019, no tiene ningún fundamento válido y duplica el que correspondería, de 3,15 dólares el millón de BTU, de no incluirse en el mix el valor del gas de las llamadas "producciones incrementales", ni el del GNL, que se importa líquido y se regasifica en el país, ni el del gas oil, que no guarda relación con la cadena de valores del gas. La peligrosa propuesta del gobierno implica consolidar una tendencia a la dolarización de la economía, lo que provocará una caída de la competitividad de la industria argentina, un encarecimiento innecesario de la economía y de todo su aparato productivo.






































EDUCADORES Y ARTISTAS CUESTIONARON DURAMENTE LA 
METÁFORA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN


Los repudios a la "campaña" de Bullrich




El viernes inauguró el Hospital Escuela Veterinario de Choele Choel y no tuvo mejor idea que comparar la guerra de Roca a los indígenas con su gestión. Un aluvión de críticas a la ideología detrás de un comentario aparentemente liviano.
                 Bullrich dijo que "esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la                     espada, sino con la educación".



Por       Carlos Rodríguez


Con la "delicadeza" que define la vieja metáfora del elefante en el bazar, el ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich no tuvo mejor idea que comparar el genocidio de los pueblos indígenas con los avances en materia educativa. En un acto realizado el viernes en Choele Choel, donde quedó inaugurado el Hospital Escuela Veterinario de la Universidad Nacional de Río Negro, el funcionario nacional dijo sin anestesia: "Esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación". La frase despertó "el malestar general de los presentes", según señaló en su edición de ayer el diario Río Negro. Los repudios enviados a Página/12 por entidades académicas, educadores, intelectuales y artistas como Víctor Heredia y Liliana Herrero, entre otros, suman una lista interminable que le demanda a Bullrich una rectificación de sus palabras o directamente la renuncia por reivindicar "crímenes de lesa humanidad que siguen impunes".

El Centro Universitario de Idiomas, con sede en la misma casa de estudios de Choele Choel donde habló Bullrich, expresó su rechazo a esas expresiones mediante las cuales "compara el avance de nuestra universidad en términos de una 'nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación'". A través de su programa de Lenguas Originarias, afirmó en un comunicado que "el Centro se ve obligado a expresar el asombro y la preocupación que causan las expresiones" del ministro Bullrich.

"La apelación a la figura del 'desierto', una vez más, para referirse a los pueblos de la Patagonia nos trae a la memoria el aparato discursivo e ideológico que sostuvo y sostiene, y justifica sin más, la ocupación violenta de sus territorios, la matanza indiscriminada y la disgregación y el aislamiento cultural y social a la que fueron sometidos los pueblos originarios (...) en el nombre de una supuesta civilización a la que otra vez se vuelve a aludir", afirma la declaración.

Más adelante sostiene que "en los últimos meses hemos asistido a una suerte de escalada mediática expresada en editoriales, opiniones y declaraciones de conocidos conductores y periodistas televisivos y radiales, formadores de opinión, referida a los pueblos originarios". En todos los casos "primaron los conceptos de 'civilización, desierto, barbarie, incapacidad' propios del Siglo XIX , y hasta llegó a dudarse de su ciudadanía y su derechos civiles".

El texto recuerda que Argentina "fue construida y poblada sobre un territorio en el que habitaban sociedades de pueblos originarios cada uno con su historia y su cultura y todas ellas fueron parte activa de la historia de nuestro país". Agrega que "sus hombres y mujeres pusieron su compromiso y su sangre para construir nuestra Nación y mantener viva a la vez sus tradiciones y cosmovisiones". Recalca que "los hombres de Mayo lo tuvieron muy claro al incluirlos como ciudadanos desde los comienzos de nuestra historia como territorio independiente y soberano".

El comunicado precisa que "hoy existen 40 pueblos y cerca de dos mil comunidades originarias en todo el territorio de la Argentina y basta solo querer ver para reconocer su herencia e influencia en los rostros de millones y en las expresiones culturales, artística e idiomáticas que forman parte indisoluble de la identidad de los argentinos". En ese mismo sentido "el Programa de Lenguas Originarias del CUI cumple en octubre 10 años y en todo este tiempo se propuso sostener un espacio de aprendizaje y visibilización del panorama completo del patrimonio cultural argentino en su diversidad y complejidad histórica".

Por todo lo expuesto, señala el CUI que "la figura del desierto que sólo puede ser conquistado, a la vez que una ofensa a la memoria de los pueblos originarios, víctimas de una masacre, es insistir en una concepción histórica cristalizada en el tiempo que solo contribuye a mantener la invisibilización y la ignorancia sobre la Argentina originaria, sobre su pasado y su presente y su importancia en la conformación de la identidad y la cultura de la Argentina de hoy".

La declaración lleva la firma de Roberto Villarruel, director general; Mónica Thompson, coordinadora del Programa de Lenguas Originarias; Carmelo Sardinas Ullpu , profesor e investigador del Idioma quechua; Ignacio Báez, profesor e investigador del idioma guaraní; Verónica Gómez, profesora de idioma guaraní; Daniel Huircapan, profesor de idiomas mapuche y tehuelche; Víctor González, profesor de idiomas toba y qom; Roberto Díaz, profesor del idioma wichi.

Las palabras de Bullrich fueron también cuestionadas por becarios, investigadores, docentes y personal del Instituto de Investigación en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad Nacional de Río Negro y del Conicet. Los firmantes aseguran que las afirmaciones del funcionario anunciando "una nueva campaña del desierto" se produce cuando "la investigación científica ha establecido rigurosamente" que dicha "'campaña del desierto' fue un genocidio".

En el comunicado señalan que "comparar un crimen de lesa humanidad con una política actual del Estado sólo puede explicarse por desconocer los hechos históricos, por pretender tergiversarlos o por buscar imponer una visión autoritaria y antidemocrática a los procesos educativos argentinos". Por lo expuesto, como habitantes del territorio nacional rechazan "todas las formas de violencia, desde el sometimiento y exterminio de pueblos, pasando por la apropiación de sus tierras, hasta las formas de discriminación que caracterizaron al sistema educativo argentino durante tanto tiempo".

Frente a lo dicho por el ministro Bullrich, exigen que "rectifique sus palabras que no hacen más que ahondar gravemente la división entre los argentinos". Y concluyen: "Es nuestro derecho y nuestro deber reclamar que la educación no esté a cargo de alguien que reivindique un crimen de lesa humanidad, ni literal ni metafóricamente". Entre muchos otros, firman el documento Alejandro Grimson, Maristela Svampa, Noé Jitrik, Elizabeth Jelin, Waldo Ansaldi, Dora Barrancos, Jorge Gelman, Luisa Valenzuela, Mabel Grimberg, Ezequiel Adamovsky, Nathalie Goldwaser, Raquel Gil Montero, Diego Escolar, Gastón Gordillo, Héctor Hugo Trinchero, Sergio Wischñevsky, Florencia Abbate, Carlos Gonella, Miguel Ángel Osorio y Mabel Thwaites Rey.

Con una declaración titulada "Señor ministro Esteban Bullrich: La Campaña del Desierto fue un Genocidio, también expresaron su rechazo a las declaraciones del funcionario docentes mapuches y no mapuches, "organizados en la construcción de una educación intercultural". En el escrito expresan su "profundo repudio a las declaraciones" de Bullrich dado que su afirmación "no puede ser entendida como una frase inocente, ni tampoco como producto de la ignorancia". Por el contrario en sus palabras "hay premeditación, hay intencionalidad de reivindicar a la clase que representa y a sus intereses".

Luego recuerdan que "en Choele Choel fue donde, por primera vez, el Estado argentino, izó la bandera argentina un 25 de Mayo de 1879, al dar comienzo a la mal llamada Campaña del Desierto", que fue "el genocidio fundante del Estado argentino". Por tal motivo, "con sus declaraciones este funcionario no hace más que reivindicar un delito de lesa humanidad, el cual todavía goza de impunidad".

Resaltan que "Bullrich representa los intereses de la misma clase, que allá por 1879 financió la campaña genocida: la de los campos de concentración en Valcheta, Chichinales, Martin García; la de las marchas de la muerte, la de los desmembramientos familiares". Por todo eso, las expresiones "dan cuenta que la Campaña no terminó, continúa en la ideología y accionar de funcionarios que avalan la muerte, el sometimiento y la invisibilización de pueblos que seguimos resistiendo, y proyectando un nuevo devenir".

Los firmantes afirman que "intentaron construir un desierto que nunca existió" porque "hubo y hay pueblos que continuamos luchando por defender los espacios territoriales robados, con la dignidad que nos da la lucha de nuestros antepasados para reconst
ruir otro modo de entender la vida y ser parte del mundo". Se definen como "trabajadoras y trabajadores de la educación" que no pueden "permanecer indiferentes ante semejante hecho, ante la total falta de ética de este funcionario, que vulnera uno de los derechos básicos, de nuestros niños, niñas y adolescentes, el de la identidad" porque "una amplia mayoría" de ellos "se reconocen mapuches".

Ellos exigen "la renuncia" de Bullrich porque sus dichos "atentan contra leyes nacionales, provinciales e internacionales que resguardan los derechos de los pueblos indígenas" preexistentes al Estado, entre ellas la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17. También le reclaman a la ministra de Educación de Río Negro, Mónica Silva, que "se expida al respecto porque su silencio se entiende como cómplice de esta ideología genocida".























SANDRA RUSSO RECIBIÓ EL PREMIO LOLA MORA A LA 

TRAYECTORIA, VOTADO POR EL PÚBLICO


"Estoy en una lista negra"




La columnista de Página/12 agradeció la distinción en un momento que "me encuentra sin poder trabajar en televisión" porque "6-7-8 nos costó caro". Un pedido por Milagro Sala.

Russo, al recibir el premio en la Legislatura porteña, habló de periodismo y género.


"Este reconocimiento es importante en cualquier momento pero yo lo recibo ahora, que después de 38 años de carrera como periodista me encuentra sin poder trabajar en ciertos medios. 678 nos costó caro. Se han cerrado las puertas de los medios electrónicos". Sandra Russo, columnista de Página/12, recibía así el Premio Lola Mora a la Trayectoria, por sus aportes a la producción de una imagen positiva de las mujeres en los medios, durante toda su carrera periodística. Antes de irse, aplaudida por el público, pidió la libertad de Milagro Sala.
El reconocimiento, que otorga la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad y un jurado compuesto por una veintena de organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres y organismos públicos, se entregó esta semana en la Legislatura porteña en el marco del Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios de Comunicación.
Ya habían pasado una decena de condecoraciones (ver aparte), también homenajes a históricas militantes feministas como Lohana Berkins, Liliana Chernajowski y Cristina Reges, y casi dos horas de ceremonia, cuando Sandra Russo se llevó el máximo premio de la noche.
"Quiero aprovechar este momento para llamar a la reflexión porque la censura, las listas negras, no le hacen bien a ningún pueblo", retomó Russo, y desde el fondo llegó el grito del público ("Aguante 678") y un aplauso ruidoso.
Luego se refirió a su recorrido, un tanto atípico, en relación con las cuestiones de género: "A lo largo de estos años de periodismo me ocupé a veces de manera frontal como en los cinco primeros años de Las/12 y otras de una forma lateral. Cuando uno tiene la mirada de género la lleva puesta. Una vez que uno abre los ojos no los puede volver a cerrar ante esas diferencias. Y nuestra obligación como comunicadoras, como comunicadores es llevar ese estado de alerta frente a la discriminación de las mujeres, frente al sexismo".
En sus comienzos, recordaron las organizadoras, transitó por las revistas "El Expreso Imaginario" y la mítica "Humor Registrado" de difusión masiva. Más tarde fue prosecretaria de redacción de "Superhumor". En Radio se desempeñó en Belgrano, Splendid, Mitre, Del Plata. Y en Radio Nacional, en el 2010, con el programa "El Nombre de las Cosas" recibió el "Premio Lola Mora" elegido por el veredicto del público.
En televisión pasó por varios programas, entre ellos, en los 80 por "Cable a Tierra" y en 2007 por "Dejámelo Pensar". Pero no fue hasta 2009 cuando desde la pantalla de Canal 7 se consolidó como una de las principales panelistas del programa 678, cuando su popularidad creció.
Muchos la conocieron entonces, pero ya tenía una frondosa carrera en gráfica, especialmente en el diario Página/12, en el que desde 1987 transitó distintas secciones como redactora y editora. Fue durante los primeros cinco años editora del suplemento Las/12.
"Impulsora del llamado periodismo de autor, de la pluma exquisita, del lenguaje sencillo capaz de llegar a públicos amplios, hizo escuela en sus contratapas publicadas regularmente en el diario Página/12", argumentaron desde el jurado.
Como escritora publicó más de una docena de libros. Entre ellos: No sabés lo que me hizo, Arquetipos, Crónicas del naufragio, Perdonen nuestros placeres, Jallalla, La Presidenta, Fuerza propia y este año, Lo femenino, aproximaciones a las mujeres como enigma.
"Mi trabajo de mayor exposición en los últimos años, como saben, fue 678 –retomó Russo–. Eso es lo que me tiene alejada del periodismo televisivo en este momento porque es parte de la revancha. Hay una pequeña lista negra y yo formo parte. Pero en mi trabajo editorial, me he ocupado de vidas de mujeres cuyas feminidades han sido y son discriminadas, atacadas. Cuando una mujer llega al poder hay muchos mecanismos patriarcales que hacen que sobre su figura, su femineidad, caiga un castigo. Yo trabajé en los libros tanto en la vida de Cristina Kirchner como de Milagro Sala. Son dos femineidades completamente distintas pero en ambos casos había una voluntad inclusiva".
"Por eso ya que las mujeres estamos tan alertas siempre, tan en lucha por la inclusión. Yo creo que esa inclusión hay que hacerla extensiva a todos los géneros, a todos los sectores, a todas las femineidades", agregó. Hacia el final, se llevó el aplauso del salón San Martín lleno cuando dijo que "la mujer es una abstracción que no existe, porque no hay una mujer hay mujeres. La mujer es un invento patriarcal. Nosotras somos múltiples. Y somos del estilo que tengamos ganas".




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