lunes 19 de setiembre de 2016
Incógnita: quién ordenó el espionaje. Un agente de la AFI que espiaba e informaba a la policía y la Justicia fue citado a indagatoria por su
accionar ilegal.
Foto: Horacio Paone
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"Me mandé un cagadón." Con esas palabras el fiscal general esquel, Fernando Rivarola, le comunicó a su informante que un yerro suyo podría ponerlos en problemas. La presunción del procurador se hizo realidad. El error develó una oscura trama de espionaje ilegal que los tenía por protagonistas. El informante era un agente de la AFI (ex SIDE) que hizo inteligencia sin autorización judicial y se reunía con policías y fiscales provinciales. El espía, que integra la Delegación Provincial de Trelew, fue procesado en abril pasado. Rivarola, por su parte, será indagado el 19 de septiembre próximo.
El caso se utilizó como prueba para pedir la nulidad del juicio de extradición contra el jefe mapuche Facundo Jones Huala, a fines de agosto pasado. El joven lonko fue uno de la treintena de espiados ilegalmente. Junto a él figuran periodistas, abogados, un concejal de Esquel, un candidato a concejal de Trevelin, docentes, profesionales de la medicina y sindicalistas activos.
La historia se retrotrae al 28 de mayo de 2015, cuando el espía se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel para acercar datos sobre la toma de tierras que una comunidad mapuche – que integra Jones Huala – había iniciado en una estancia de la corporación Benetton, ubicada en la localidad de Leleque. El espía nunca ocultó su identidad: exhibió sus credenciales. Rivarola lo invitó a su despacho. Luego se sumaría la procuradora María Bottini. El encuentro duró una hora y fue grabado por los fiscales.
Durante la reunión, el espía aseguró que hacía unos años estaba realizando tareas de investigación y que tenía identificadas a "montones de personas". Aclaró que sus intervenciones no eran "judicializables" sino que debían ser corroboradas.
El agente de la AFI poseía un disco rígido externo con la información que había recabado en sus "investigaciones" y que copió a la computadora de Rivarola. Allí tenía fichas en las que se precisaba detalles de los espiados. Por ejemplo: "Autor ideológico de muchas de las acciones del No a la mina" que "en los eventos siempre se queda detrás" y "rara vez hace declaraciones o participa de las conferencias de prensa", escribió sobre una de sus víctimas. O "participa de las decisiones" de No a la mina y "fue promotor del conflicto docente de marzo de 2014". "Es preocupante y retrotrae a prácticas de la última dictadura militar", afirma el abogado querellante, Gustavo Macayo, a Veintitrés.
Aquel no fue el único contacto del espía con los fiscales. Hubo más encuentros con Rivarola y llamados telefónicos. Lo mismo sucedió con policías de la Brigada de Investigaciones de Esquel como Pablo Carrizo o el comisario Adrián Muñoz.
Ante la contundencia de las pruebas, el agente de la AFI – cuyo nombre permanece bajo reserva – fue procesado por el juez Guido Otranto por espionaje ilegal. Nunca tuvo autorización judicial para sus acciones. Tiene un embargo por 30 mil pesos y prohibida la salida del país. No se descarta que hayan acutado más espías.
La red de contactos espurios entre agentes, policías y fiscales se conoció en agosto de 2015 cuando por error las fichas llegaron a manos del Defensor Público, Fernando Radziwilowski, quien hizo público el material. - y se ganó muchos enemigos - El 31 de agosto de 2015, tras la difusión, los fiscales vinculados al agente (Rivarola, Bottini y Fernanda Révori) lo denunciaron por espionaje ilegal. Intentaron presentarse como víctimas. El juez parece no aceptar esa coartada. Por el momento tanto los procuradores como dos integrantes de la Policía de Chubut se encuentran imputados. Los dos primeros deberán prestar declaración indagatoria el 19 y 20 de septiembre.
Ante este escenario, la gran incógnita aún no fue revelada: quién y por qué le ordenó al espía la operación ilegal.
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